Declaración Pública: No a la criminalización y violencia contra defensores ambientales en Perú

La empresa Southern, del grupo México, apoyada por el gobierno peruano y los grandes medios de comunicación hacen que la seguridad de la resistencia ciudadana pueda ser peligrosa. El día jueves pasado la policía asesinó al campesino Valeriano Huayna Nina cuando participaba en las protestas contra el proyecto Tía María.

Los métodos utilizados en países como el Perú para imponer proyectos mineros ha ido mas allá de todo lo razonable.

La desesperación por el rechazo comunitario que ha llevado a actores políticos a acusar de “terrorismo antiminero” la legítima defensa de derechos por parte de campesinos es calumniosa, peligrosa e inaceptable.

Se entiende como un llamado a destruir por medios no democráticos la expresión genuina que contrapone modelos de desarrollo locales a un extractivismo depredador, excluyente y benefactor de empresas transnacionales con costos socioambientales probadamente irreversibles.

Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, rechazamos la persecución y criminalización de las comunidades campesinas que defienden su derecho a proteger el medio ambiente y su fuente de sustento basado en la agricultura.

Consideramos extremadamente peligroso el señalamiento de líderes ambientales y miembros de nuestra red, como lo es Marco Arana, premiado nacional e internacionalmente por organismos de Derechos Humanos por la defensa del ambiente y las comunidades más afectadas por la depredación ambiental en el Perú.

Rechazamos los esfuerzos por tergiversar las luchas por la defensa de los Derechos Humanos y los intentos por deslegitimar el importante trabajo que realizan muchas instituciones de la sociedad civil de Perú como GRUFIDES, LA RED MUQUI, COOPERACCION Y LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, en aras de la armonía y convivencia de los seres humanos con la naturaleza.

Exigimos la investigación y sanción para los policías que asesinaron al agricultor Valeriano Huayna Nina el jueves pasado, sumándose así a las 41 muertes de defensores ambientales que se han producido durante el gobierno de Ollanta Humala. Todas ellas están quedando hasta el momento en la más absoluta impunidad.

Exigimos la rectificación y justa valoración de los esfuerzos de las comunidades campesinas de Valle del Tambo, de sus representantes, así como de defensoras y defensores de derechos humanos como Marco Arana.

Exigimos la investigación y pública difusión de los intereses existentes tras las acusaciones infundadas y temerarias que pretenden falazmente desacreditar la defensa de la madre tierra, asumida valientemente por comunidades y figuras públicas en el hermano país del Perú.

Responsabilizamos al gobierno central por la protección de quienes hoy, cobardemente, son tratados como terroristas y delincuentes por el solo hecho de defender los derechos sociales y ambientales de una comunidad amenazada por el extractivismo minero.

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL