El caso de la minera Río Blanco en Piura y la reactivación de un conflicto anunciado

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Recientemente el alcalde del distrito de El Carmen de la Frontera de Piura, Sebastián Melendres, ha hecho público la notificación de una carta del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en el que se le informa la aprobación de la Segunda Modificación de la Actualización del Plan de Rehabilitación de la exploración minera del proyecto Río Blanco. Esta noticia ha caído como un baldazo de agua fría a los pobladores de Ayabaca y Huancabamba de Piura, ya que se desconocía del avance de estos tramites administrativos de la empresa China Zijin Mining Group ante el MINEM. Como es de público conocimiento, el 2007 a través de una consulta popular vecinal, más del 95% de los pobladores y comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba rechazaron el ingreso de este proyecto minero. Demás esta decir que el costo social fue muy alto para los pobladores, ya que hubo personas fallecidas, heridos y una decena de lideres y dirigentes denunciados y criminalizados.

En relación a la Resolución Directoral 057-2020-MINEM-DGAAM que aprueba el referido plan, hay una serie de cuestionamientos, entre ellos que el MINEM ha hecho llegar la resolución recién el 16 de octubre del presente año a los alcaldes de El Carmen de la Frontera y Huancabamba, cuando esta fue emitida en el mes de marzo; es decir, con más de 7 meses de retraso, tiempo en el cual la empresa ha seguido con ofrecimientos de apoyo a la población. En la mayoría de casos los apoyos son condicionados y buscan dividir a los dirigentes, los ronderos y comuneros de la zona. El gobierno nacional sabe que el proyecto minero Río Blanco no cuenta con la licencia social desde hace muchos años atrás, insistir con un proyecto que no toma en cuenta la opinión y los modos de vida de la población local es un acto de provocación. Ya las autoridades locales y las organizaciones sociales y comunales se han manifestado en contra de estas acciones de la empresa y el gobierno nacional, y han anunciado algunas medidas de movilización. Lo más probable es que el conflicto social se reactive y la responsabilidad va a ser del gobierno y la empresa minera.

Por otro lado, una noticia que merece ser resaltada y que ha sucedido esta semana, es la absolución de 19 dirigentes sociales de Cotabambas en Apurímac, quienes el año 2015 fueron acusados de participar en las movilizaciones sociales en contra de la empresa minera Las Bambas. El Juez de Cotabambas ha señalado que no existen pruebas para proseguir con las acusaciones e investigaciones, y que, por el contrario, la PNP ha usado un acta de incautación falsa, porque el jefe de la Región Policial de Apurímac reconoció que firmó el acta para “refrendar el trabajado de sus subalternos”, y porque no se probó que las armas incautadas eran de los dos acusados, quienes manifestaron que fueron sembrados por la PNP. Estas prácticas también se vieron en el conflicto de Tía María.

Esta sentencia es importante porque una vez más queda demostrado que existe un patrón de criminalización y persecución judicial contra los dirigentes sociales en los conflictos sociales y que buscan acallar las demandas de estas poblaciones. Desde Red Muqui saludamos la sentencia de Cotabambas y exhortamos que se investiguen los casos de los fallecidos y heridos de los conflictos sociales, no solo en el caso de Las Bambas, si no en Tía María, en Espinar, en Cajamarca y en muchos otros lugares. Estas muertes no pueden quedar impunes.