El gobierno debe respetar la decisión y el derecho a consulta de las comunidades de la zona de influencia del proyecto Río Blanco

RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú que acompaña a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1.Saludamos a las comunidades y rondas campesinas, organizaciones sociales, autoridades y pobladores/as en general de los distritos de El Carmen de la Frontera en Huancabamba, y los distritos de Ayabaca y Pacaipampa en Ayabaca en la región Piura,  en ocasión de conmemorarse el 10° aniversario de las Consultas Vecinales realizadas el 16 de setiembre del año 2007 donde el 97% de los votantes manifestaron su decisión de hacer respetar sus ecosistemas de páramos y bosques de neblina, y su modelo de desarrollo basado en la agricultura, ganadería y el turismo, frente al riesgo que generaría la de la actividad minera en sus tierras.

2.Las Consultas Vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional, que fue en aquella oportunidad refrendado por instituciones como la Defensoría del Pueblo, Transparencia de la región Piura, y el Ministerio de Justicia y los observadores internacionales que participaron, y cuya institucionalización aportaría como mecanismo que podría aplicarse para prevenir y evitar conflictos sociales.

3.La decisión de los pueblos de Piura, a la que se suman los pueblos de las provincias de San Ignacio y Jaén en Cajamarca, que están directamente afectados por los impactos del proyecto minero Río Blanco, se sostiene también en su derecho como pueblos indígenas y originarios, amparados en el Convenio 169 de la OIT, por lo que les asiste el derecho a la consulta previa. Este nunca ha sido aplicado a las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, cuyas Asambleas Comunales, en reiteradas ocasiones se han reafirmado en la defensa de su modelo de desarrollo y de la protección de sus páramos y bosques de neblina, rechazando toda actividad humana que los ponga en riesgo.

4.Lamentamos que personas sin ninguna representatividad, acompañadas por funcionarios de la empresa, estén presentando firmas a diversas entidades públicas, muchas de ellas, de dudosa procedencia o tomadas de personas que recibían regalos, sin saber para qué fin serían utilizadas, con el fin de demandar un “diálogo” con la empresa minera, que no es otra cosa que buscar una negociación.

5.Consideramos que cualquier espacio de diálogo o decisión sobre éste caso debe pasar por los actores locales debidamente representados que son propietarios del territorio, como son las comunidades campesinas. El interlocutor sólo puede ser el Estado que es el que debe velar por los derechos de las comunidades a la propiedad, al medio ambiente adecuado y equilibrado, a la salud y vida, y al desarrollo. La empresa minera Rio Blanco Copper S.A. no tiene ningún permiso de operaciones otorgado por el Estado, ni de las comunidades para acceder a sus tierras, por lo que su presencia en dichos territorios resulta ilegal.

6.Esperamos que el Estado no cometa los mismos errores que en el pasado, y respete la decisión de las comunidades campesinas propietarias y de la mayoría de pobladores de Ayabaca y Huancabamba, que ya hace 10 años, reafirmaron su compromiso de priorizar la defensa de los páramos y bosques de neblina, ecosistemas que permiten que la mayor parte de la región Piura cuente con recursos hídricos que necesita para su consumo y actividades económicas.