El próximo fenómeno El Niño llegará a territorios más vulnerables por el avance del extractivismo

El próximo fenómeno El Niño Costero no encontrará territorios intactos. Llegará a cuencas degradadas, fuentes de agua contaminadas, ecosistemas fragmentados y comunidades que desde hace años denuncian los impactos de la expansión de la minería formal, informal e ilegal. En este escenario, la crisis climática no actúa sola: se agrava allí donde las decisiones políticas han debilitado la protección ambiental y favorecido un modelo extractivo minero que incrementa la vulnerabilidad de los territorios.

El Niño Costero ya comenzó a manifestarse y, aunque sus efectos aún son moderados, especialistas nacionales e internacionales advierten que podría intensificarse en los próximos meses debido a su coincidencia con El Niño Global.

Mientras El Niño Costero incrementa el riesgo de lluvias intensas e inundaciones en la costa, El Niño Global puede generar sequías prolongadas y afectar la disponibilidad de agua y la producción agrícola en la sierra y la selva.  El aumento de la temperatura del mar también altera la distribución de especies como la anchoveta, que migra hacia aguas más profundas, afectando la pesca y prolongando los periodos de veda.

La preocupación aumenta ante los pronósticos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que elevó al 81 % la probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y noviembre. Asimismo, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) advirtió que 22 departamentos y 209 distritos presentan un riesgo muy alto de inundaciones y huaicos. Entre las regiones en situación más vulnerable figuran La Libertad, Piura, Lambayeque y Lima.

Sin embargo, para las comunidades estos riesgos no son una proyección científica, sino una realidad que ya conocen.

Lucio Flores, presidente de la Federación Agraria y Ambiental de Moquegua (FACAREMOQ), recordó que anteriores episodios de El Niño redujeron la disponibilidad de especies marinas en el puerto de Ilo, afectando los ingresos de las familias pescadoras y elevando el precio de los alimentos.

En Piura la preocupación también se vive en el campo. Liliana Alzamora, la productora agrícola de San Lorenzo, Piura, sostiene que las pérdidas ya comenzaron. El año pasado, las lluvias destruyeron más de la mitad de los cultivos de palta y los desbordes de los ríos arrasaron terrenos agrícolas. Además, cuestionó la falta de inversión pública para rehabilitar el reservorio de San Lorenzo, infraestructura que abastece unas 35 mil hectáreas donde se producen mango, limón, plátanos y arroz.

El extractivismo agrava la crisis climática en los territorios

El riesgo no depende solo de la intensidad de los fenómenos climáticos. En muchas de las regiones más expuestas, la expansión de la minería formal, informal e ilegal ya ha deteriorado cuencas, contaminado fuentes de agua y afectado ecosistemas fundamentales para la regulación hídrica, reduciendo la capacidad de los territorios para enfrentar eventos extremos.

En Piura, el proyecto minero Río Blanco, de la empresa china Zijin, amenaza páramos y bosques de neblina que almacenan y regulan el agua para gran parte de la región y zonas de Cajamarca. 

Los páramos cumplen funciones esenciales para enfrentar la crisis climática. Además de regular el ciclo del agua y alimentar los ríos durante las épocas secas, capturan importantes cantidades de carbono, contribuyendo a mitigar el calentamiento global. Su degradación  compromete la seguridad hídrica y los medios de vida de millones de familias.  

Durante más de dos décadas, las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba han defendido estos ecosistemas, argumentando que la actividad minera es incompatible con la protección de las fuentes de agua y de la agricultura del territorio.

En La Libertad, la investigación "Informe histórico de monitoreo de la calidad del agua superficial en las cuencas Perejil, Chuyugual y Caballo Moro", elaborado por AMAS Marianistas y Red Muqui, confirmó altos niveles de contaminación asociadas a la actividad minera en la zona.

En la cuenca de Chuyugual, por ejemplo, se registraron concentraciones de cianuro superiores en más del 1000 % a los estándares de calidad ambiental para agua, además de metales pesados como mercurio y cadmio. La presencia de cianuro constituye un indicador de contaminación vinculado al procesamiento industrial del oro y la plata.

En Lima, diversos estudios, entre ellos el informe de “Análisis de riesgos e impactos ambientales de la actividad minera en la cuenca alta del río Rímac, alertan sobre la presencia de metales pesados, residuos industriales y otros contaminantes vinculados a la actividad minera en la cuenca alta del río Rímac, principal fuente de agua para más de diez millones de personas.

En este contexto, los efectos de El Niño Costero y El Niño Global podrían agravar problemas ya existentes. Las lluvias intensas pueden movilizar relaves, sedimentos contaminados y metales pesados hacia ríos y quebradas, mientras que las sequías reducirían aún más la disponibilidad de agua en cuencas ya afectadas por actividades extractivas.

Sin justicia ambiental no habrá justicia climática

Aunque el gobierno del presidente José Balcázar anunció la asignación de más de S/4.200 millones para acciones de prevención y reducción de riesgos del fenómeno El Niño, la prevención no puede limitarse a la construcción de infraestructura o atender emergencias cuando el desastre ya ocurrió.

Para Lucio Flores, las prioridades del Estado siguen estando lejos de las necesidades de los territorios.  “Las autoridades públicas están más concentradas en las reelecciones que en preparar al país para lo que se viene. Y si bien hay iniciativas de las propias comunidades para contener los impactos del evento climático en sus propios territorios, necesitamos que el Estado oriente el ingreso económico en los temas prioritarios, ya que quienes serán los más afectados son los agricultores, ganaderos y pescadores”, afirmó

Liliana Alzamora coincide en que los pequeños productores requieren de mayor apoyo económico y logístico para afrontar los impactos del fenómeno climático y poder recuperarse cuando las pérdidas se profundicen. 

La verdadera prevención también implica proteger páramos, bosques de neblina, cabeceras de cuenca y territorios comunales frente a la presión extractiva, fortalecer la fiscalización ambiental, garantizar el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que afectan sus territorios. De igual manera, proteger a las personas defensoras ambientales e incorporar criterios de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres en las políticas públicas. Porque proteger los ecosistemas también es proteger la vida. Sin justicia ambiental no habrá justicia climática. Y sin comunidades organizadas no habrá territorios capaces de enfrentar la crisis que viene.