Red Muqui - Empresa que pretende explotar litio en Puno aboga por irrespetar acuerdos de las comunidades donde se encuentran los yacimientos

Elaborado por: Bladimir Martínez – Ing. Ambiental del area socioambiental de Red Muqui

Recientemente Ulises Solís, gerente general de Macusani Yellowcake, manifestó en una entrevista que previosacuerdos alcanzados el 27 de marzo durante una masiva reunión entre comunidades aimaras y quechuas en el distrito de Ilave, Puno, no se respetarán. En sus palabras: “Por qué ellos [aimaras y quechuas] hayan acordado algo, no tenemos que respetarlo. Entonces que gobiernen ellos el país. (…) Si ellos acuerdan que el beneficio sea para los 110 distritos, como quieran llamarlo, tiene que haber una ley. (…)”^[1].

Puno zona de resistencia

Desde diciembre de 2022, pobladores aimaras y quechuas de Puno mantienen movilizaciones en contra del régimen de Boluarte, situación que podrían extender durante todo el 2023^[2], según el último anuncio de dirigentes sobre el tema.

Estas acciones se intensificaron luego del trágico saldo de las movilizaciones en contra del régimen de Boluarte, que cobró la vida de 17 civiles, quienes fueron asesinados con disparos en la espalda y la cabeza el pasado 9 de enero en la provincia de San Román^[3]. A ello se suman otras tres personas, que fueron heridas producto de la brutal represión policial y que fallecieron en los días siguientes^[4]. La estela de víctimas mortales de la represión continuó en las provincias de El Collao y Carabaya, con siete^[5]^[6] y dos^[7] muertos respectivamente. No es casual que esta última provincia sea a la vez la zona donde se ubican los proyectos de litio y uranio de la empresa Macusani Yellowcake.

En el marco de las movilizaciones y los acuerdos regionales para mantener las acciones de protesta, alrededor de 3,000 pobladores aimaras y quechuas se reunieron en el distrito de Ilave, zona aimara, donde acordaron ejercer su derecho por la soberanía del litio, para beneficiar a los 110 distritos de Puno, amparados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), continuar con las movilizaciones por la renuncia de Dina Boluarte y rechazar a las autoridades designadas por su gobierno, a las que calificaron de ilegítimas y a las que acusaron de traición al pueblo^[8].

Apegados a la ley

Específicamente el acuerdo sobre el litio generó reacciones adversas por parte del gerente Solís, quien expresó que “la ley señala áreas de influencia para proyectos mineros, esto debe respetarse, como el yacimiento se encontró en suelos quechuas, los aimaras no deben involucrarse, así como si el mineral se hubiera encontrado en suelo aimara, los quechuas no tendrían que involucrarse. Ese es el destino del país”^[9].

Sin embargo, Macusani Yellowcake fue sancionada por el OEFA por realizar actividades mineras en sus concesiones sin contar previamente con la debida certificación ambiental por parte de la autoridad competente^[10]. De hecho durante el 2020 el OEFA sancionó administrativamente a la empresa con multas equivalentes a 2.301.962 soles por:realizar actividades de exploración del uranio y litio sin acreditar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debidamente aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE); por no acreditar la inexistencia de restos arqueológicos; por no contar con la autorización de uso de agua emitida por el ANA; por no cumplir las medidas preventivas dispuestas por el OEFA y finalmente por no paralizar sus actividades de perforación de diamantina, entre otros^[11].

Asimismo, Macusani Yellowcake mantiene concesiones sobre el glaciar tropical Quelccaya, sin hacer públicos sus planes y sin aclarar si la intervención de este masivo bloque de hielo afectaría la disponibilidad del agua y la integridad del glaciar, información relevante en medio de la crisis climática que atraviesa el país.

Fuente: informe “𝑬𝒍 𝒓𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒕𝒊𝒐 𝒚 𝒆𝒍 𝒖𝒓𝒂𝒏𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝑷𝒖𝒏𝒐: 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂, 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅, 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐”. Disponible en: https://bit.ly/42g2HSf

También debemos señalar que existen concesiones que se superponen sobre un área aproximada de 36 mil 978 hectáreas correspondientes al Paisaje Arqueológico Pinturas Rupestres de Corani-Macusani^[12].

Fuente: informe “𝑬𝒍 𝒓𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒕𝒊𝒐 𝒚 𝒆𝒍 𝒖𝒓𝒂𝒏𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝑷𝒖𝒏𝒐: 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂, 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅, 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐”. Disponible en: https://bit.ly/42g2HSf

Solo litio ¿y el uranio?

Si bien las discusiones mediáticas giran en torno al litio, no se debe olvidar que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) manifestó su preocupación debido a que la explotación del litio podría ser compleja por la presencia de uranio, un mineral altamente radiactivo. Este hecho fue confirmado por Solís, quien reconoció que en la zona donde se encontró el litio, existe uranio en la superficie, concluyendo que “en todas las concesiones de litio hay uranio”^[13].

Inclusive el Congreso de la República busca separar la discusión entre el litio y uranio, así lo hicieron con la Ley N.º 31283, a través de la cual se declaró de necesidad pública e interés nacional la exploración, explotación e industrialización del litio y sus derivados, sin mencionar el uranio^[14].

Sin respuestas desde Canadá

Macusani Yellowcake, antes conocida como Global Gold, dueña de las concesiones mineras que involucran a los proyectos Falchani (litio) y Macusani (uranio) es propiedad en un 99.5% de Plateau Energy, que en mayo de 2021 fue adquirida al 100% por American Lithium, empresa con sede en Canadá, siendo esta última la actual propietaria de los proyectos Falchani y Macusani en Puno. Sin embargo, no se registran pronunciamientos públicos que hayan sido emitidos desde la sede de la empresa respecto de la problemática mencionada.

Nuevas formas de realizar minería en el Perú

Por lo anterior, según numerosos analistas urge escuchar a la población de los territorios afectados, en este caso el sur andino, desde donde se propone que la explotación e industrialización del litio sea estratégica y beneficie a las poblaciones quechuas y aimaras por igual. Una propuesta que contraviene la visión actual meramente enfocada en lo legal y de aprovechamiento económico, que propone solo beneficios para las áreas de influencia directa e indirecta. Este nuevo modelo que se erige desde los pueblos, cuestiona una vez más la centralización de las decisiones en el Perú, las normativas vigentes y hasta la propia Constitución, buscando incrementar el rol, participación y responsabilidad colectiva de los pueblos aimaras y quechuas sobre un mineral estratégico ubicado en su territorio.