Entre la “ociosidad” y el despojo:  el Congreso evade el debate de fondo sobre las concesiones mineras

Por: Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui

A raíz de la aprobación del dictamen que introduce cambios a la Ley General de Minería, orientados a reducir la presencia de concesiones “sin actividad”, por parte de la Comisión de Energía y Minas del Congreso el pasado 18 de marzo, el debate sobre las concesiones mineras vuelve a instalarse en la agenda pública. Sin embargo, lo hace desde una mirada parcial e insuficiente. 

Mientras se discute la reducción de plazos de caducidad y ajustes al régimen de concesiones, se evita tocar el núcleo del problema: la concentración del territorio, la superposición sobre comunidades y ecosistemas vulnerables, y la persistencia de un modelo extractivo que normaliza el despojo.

El dictamen propone reducir de 30 a 15 años el plazo para que una concesión caduque si no entra en producción, además de exigir mayores niveles de inversión y actividad. En el papel, puede parecer una medida para enfrentar la llamada “ociosidad”. No obstante, como han advertido diversas voces, incluyendo el propio Ministerio de Energía y Minas, esta reforma podría generar incentivos perversos sin resolver el problema de fondo: el acaparamiento estructural del territorio.

El problema no es solo la inactividad, es la acumulación

Hoy, más del 16% del territorio del Perú está concesionado (IBC, 2025), y una parte significativa se superponen con territorios comunales, cabeceras de cuenca, glaciares y áreas naturales protegidas. Según el 37° informe del Observatorio de Conflictos Mineros, el grueso de estas concesiones está en manos de la gran y mediana minería. No estamos, entonces, ante un problema técnico, sino ante un problema profundamente político.

Desde Red Muqui insistimos en que hablar de “concesiones ociosas” sin cuestionar el modelo de ocupación del territorio es insuficiente. Más aún cuando entidades como INGEMMET han llegado a negar la existencia misma de estas concesiones, reduciendo el debate a una discusión semántica que no refleja lo que ocurre en los territorios.

Y desde aquí no solo se discute eficiencia económica. Se discute el sentido mismo del territorio. La concesión minera separa el subsuelo del suelo, imponiendo una lógica extractiva sobre espacios donde existen comunidades, sistemas de producción agrícola, economías locales y ecosistemas que sostienen la vida. En ese contexto, la pregunta clave es: ¿las comunidades están dentro de las concesiones o son las concesiones las que se imponen sobre ellas?

Frente a este escenario, existen alternativas claras que el Congreso parece decidido a ignorar.

En primer lugar, es necesario avanzar hacia la desconcentración de concesiones, evitando que grandes extensiones del país permanezcan bajo control de pocas empresas. No se puede seguir aplicando medidas parciales que no modifican quién decide sobre el territorio.

En segundo lugar, las comunidades campesinas y nativas deben participar en las decisiones sobre sus territorios y en los beneficios de la actividad minera, como un derecho y no como una concesión. Esto requiere de mecanismos claros que reconozcan su rol y su relación histórica con el territorio y el respeto del derecho a la consulta previa. 

En tercer lugar —y quizás lo más urgente—, es indispensable establecer límites claros al sistema de concesiones, prohibiendo su otorgamiento en territorios vulnerables como glaciares y cabeceras de cuenca, e incorporando criterios ambientales estrictos como condición para su vigencia. No es razonable que una concesión pueda mantenerse activa sin contar siquiera con certificación ambiental.

Asimismo, es clave fortalecer las causales de caducidad, incluyendo el incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental, y mejorar la capacidad del Estado para supervisar lo que ocurre en el terreno. Porque no basta con exigir planes; se necesita capacidad institucional para hacerlos cumplir.

El riesgo es evidente: se está legislando para corregir síntomas, no las causas

Mientras tanto, en los territorios, las comunidades continúan enfrentando los impactos acumulativos de la actividad minera: contaminación, afectación a la salud, pérdida de medios de vida y conflictos sociales que luego son abordados como si fueran únicamente problemas de orden público.

La discusión sobre concesiones no puede reducirse a plazos ni a pagos de vigencia. Debe replantear la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades, en un país atravesado por profundas desigualdades territoriales.

Porque, si algo queda claro, es que no hay “ociosidad” más grave que la del propio Estado cuando decide no mirar el fondo del problema.

Fuentes bibliográficas

 IBC (2025). Cartilla: Minería en Territorios Indígenas de comunidades campesinas.

Observatorio de Conflictos Mineros (2025). Informe N.° 37. https://conflictosmineros.org.pe/wp-content/uploads/2025/12/Revista-Informe-de-Conflictos-Mineros-37.pdf