Familias no reasentadas de Morococha exigen intervención del Ejecutivo ante resolución del Poder Judicial

Luego de casi un año desde que los pobladores de la antigua ciudad de Morococha presentaron una demanda de Habeas Corpus contra la minera Chinalco, el Poder Judicial les dio la razón y reconoce sus derechos constitucionales “a vivir dignamente, a su integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar “. De esta manera, el juez contradijo lo esgrimido reiteradamente por la empresa minera Chinalco, que señalaba que eran merodeadores de la antigua Morococha e incluso personas ilegales que estarían viviendo a cuenta y riesgo propio.

Asimismo, con dicha resolución el Poder Judicial también reconoce el derecho al libre tránsito de los pobladores, luego que la minera les cerrara el acceso a sus propias viviendas.

Cuando en el 2012 se inició el proceso de reasentamiento poblacional de la ciudad de Morococha, un grupo de familias no aceptaron las condiciones que daba la empresa para el traslado. Ahí empezó el problema para este grupo poblacional que incluso fue acusado de ilegales y tuvo, durante este tiempo, convivir con la hostilidad de la minera.

Según precisa, Elvis Fuster Calderón, representante del Frente de Defensa de los Intereses de  Morococha, a las familias que se quedaron la minera les cerró el paso y tuvieron que aprender a vivir entre los desechos.

“Las escuelas y numerosas casas han sido reducidas a escombros. Tampoco hay posta médica ni comisaría, y las viviendas que quedan en pie están expuestas a las vibraciones y los cascajos que provocan las explosiones controladas de Chinalco”, comentó.

Para el Dr. Carlos Castro, asesor legal de los pobladores, con la resolución del Poder Judicial se le devolvió los derechos a este grupo poblacional. Incluso resaltó que el juez constato el estado en que vivían los pobladores que se negaron al traslado

“El propio juez ha dicho que se vive en escombros. Han verificado la inexistencia de energía eléctrica, no tienen acceso a la tecnología, se ha verificado que destruyeron las vías de acceso y los mismos pobladores tuvieron que arreglarlo”, dijo el letrado.

Antecedentes

Cuando se inició la etapa de exploración del megaproyecto Toromocho a cargo de la Minera Chinalco Perú, subsidiaria de Aluminium Corporation of China, se empezó a planificar y diseñar el reasentamiento poblacional de los habitantes del distrito de Morococha puesto que dicha actividad de extracción a tajo abierto y tratamiento inicial de 117,200 toneladas diarias de mineral de cobre y algo de molibdeno se desarrollaría en una extensa área de las microcuencas de Yauli y Huascacocha comprometiendo la salud y la vida de la población de la hoy Morococha antigua.

Para el 2009 se estaba culminando el Estudio de impacto ambiental, en el cual se incluía el Plan de reasentamiento poblacional. Según el estudio de impacto ambiental del proyecto (Knight Piésold, 2009), el reasentamiento era un proceso sumamente necesario, no solo para dar paso a la ejecución del proyecto Toromocho, sino también para salvaguardar la salud y seguridad de los habitantes del distrito de Morococha. Sin embargo, la empresa minera no viene cumpliendo con lo acordado en su plan ambiental.

Solo cuatro años después de que los primeros vecinos comenzaran a vivir en la Nueva Morococha, el balance del reasentamiento es desalentador y la supervivencia misma del pueblo está en riesgo el aire.

Por otro lado, los que aceptaron el reasentamiento denuncian el incumplimiento de las promesas de la minera y ven inviable seguir en la situación en la que están, por responsabilidad del Estado y la minera en un pueblo moribundo: sin posibilidad de una demanda que sostenga la economía de la ciudad y con muy limitadas oportunidades de trabajo, en una zona principalmente de bofedal y de riesgosa cercanía con las aguas contaminadas que proceden de la laguna Huascacocha, las malas condiciones de salubridad y las posibilidades de un desastre en el territorio donde se ubica la nueva ciudad, sus habitantes la consideran no apta para vivir, y con una población decreciente en retiro.

Entre los incumplimientos de la minera están la construcción de un campamento minero para 500 trabajadores. Estos, según los pobladores, hubieran ayudado al dinamismo de Nueva Morococha.

Según, Juan Aste, consultor de Red Muqui, llama la atención el incumplimiento de Minera Chinalco respecto a sus compromisos en el EIA para lograr el reasentamiento, entre los que está la construcción de un campamento para 500 trabajadores trabajadores en la nueva ciudad, y una demanda de empleo de parte de Minera Chinalco cuyo nivel permita lograr ingresos suficientes para hacer viable la permanencia de la población en Morococha.

Estos incumplimientos tienen un gran efecto en la dinámica económica y social del distrito de Morococha, donde los bienes y mercancías adquiridos por los trabajadores impulsan la actividad económica y contribuyen a generar posibilidades para las alternativas al desarrollo de la población local. Sin embargo, el poco volumen de ventas generadas actualmente diezma el bienestar material de las personas que optan por emigrar a localidades aledañas, reduciendo aún más la dinámica económica del distrito.

Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), lo resuelto por el Poder Judicial no hace más que restablecer los derechos de los pobladores de Morococha, generando posibilidades para lograr un adecuado reasentamiento, previo convenio marco, cuya firma incluye al Estado Peruano como garante de los derechos de la población de Morococha.

“Se necesita una mira en conjunto y un estado que cumpla con sus funciones regulatorias. Si la minera no cumple, el Estado debe hacerlo cumplir”, concluyó la representante de la CNDDHH.

Acciones

Esta tarde, representantes de la población organizada de Morococha acudieron a la PCM a dejar una carta a la Primera Ministra, Mirtha Vásquez, solicitándole reciban a la delegación de Morococha a fin de tratar sobre el restablecimiento de los servicios básicos (salud, educación, y otros), la culminación del reasentamiento, el convenio marco, y sobre la implementación de un plan alternativo al desarrollo de las poblaciones de los distritos de Morococha y Yauli. También se incorporaría la demanda para que se institucionalice el monitoreo y la vigilancia ambiental del territorio con la participación autónoma y protagónica de las comunidades y centros poblados de dichos distritos.