La gran minería y su doble discurso frente a la problemática de la MAPE

Por: Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui

La problemática de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) es compleja y no debe abordarse desde la generalización ni la estigmatización de los actores locales involucrados. En un país marcado por profundas desigualdades sociales y económicas, las inversiones mineras suelen impulsarse de espaldas a las demandas sociales, incluso en territorios donde se ha comprobado la contaminación minera.

Desde la Red Muqui, el año pasado publicamos la Agenda sobre la problemática de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), con el objetivo de contribuir al debate público mediante propuestas que permitan un análisis más profundo de esta problemática. La minería artesanal y de pequeña escala no solo plantea un desafío social, sino que se superpone a una crisis ambiental minera que no es nueva y que requiere, entre otras cosas, escuchar a las comunidades y poblaciones locales. Por ello, este documento fue elaborado desde diversas perspectivas, enfoques y propuestas.

Sin embargo, ciertos medios de comunicación, aliados de los grupos de poder, buscan desacreditar nuestro trabajo en la defensa de los derechos, difundiendo la falsa narrativa de que nunca nos pronunciamos sobre la minería artesanal, informal e ilegal. Esta acusación es completamente falsa y puede refutarse fácilmente revisando nuestras redes sociales, nuestra página web o solicitando una entrevista con nuestra organización, como hacen los medios que realmente buscan profundizar en los casos que acompañamos a nivel nacional.

Pero los ataques mediáticos y la difamación no se limitan a la Red Muqui; su verdadero objetivo es socavar la lucha ambiental y social de las comunidades afectadas que hemos venido impulsando y acompañando. Se pretende imponer una visión simplista y manipulada de la minería, creando una falsa dicotomía entre “minería buena” y “minería mala”, donde la gran minería es presentada como limpia y responsable, mientras que, la MAPE es demonizada como informal e ilegal. La realidad es mucho más compleja que esta; la expansión de la MAPE responde, en gran medida, a la pobreza y desigualdad, a la falta de oportunidades laborales, al abandono de la actividad agrícola por parte del Estado, entre otros factores. 

Este enfoque sesgado, promovido desde el Congreso, el sector minero y el Gobierno, impide abordar de manera integral la situación de la MAPE y construir soluciones viables a través de un ordenamiento territorial con enfoque ecosistémico y de cuenca. Cada territorio del país tiene características y necesidades particulares, distintas a las de la capital e incluso a las de otras regiones. Por ello, el rol de la sociedad civil organizada cobra aún más relevancia. En un escenario político y social cada vez más adverso para el ejercicio de los derechos, la defensa del medio ambiente y del agua, es fundamental promover espacios de debate y acción que permitan soluciones justas y sostenibles para todos los actores involucrados.

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