¿Los paquetazos alimentan la conflictividad en el país?

Durante los últimos dos años del gobierno de Humala, son tres los paquetazos que han sido aprobados por el Congreso de la República o mediante decretos supremos por el Poder Ejecutivo. Es claro que también juegan un papel central en estas políticas los Ministerios de Energía y Minas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En este momento el Congreso evalúa la aprobación de un nuevo paquete normativo (proyecto de ley 3941), y el actual presidente del Consejo de Ministros ha anunciado que buscaría obtener facultades especiales para que la aprobación de los futuros paquetazos no requiera involucrar al Congreso.

César Ipenza, especialista en Derecho Ambiental, cuestionó el progresivo debilitamiento que está sufriendo el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), y aseguró que este Ministerio “no está para garantizar la inversión, sino para garantizar que los ecosistemas sean viables”. Asimismo, citó el caso del Parque Nacional Cerros de Amotape, en Tumbes, como ejemplo del debilitamiento al que ha sido sometido el sector ambiental, al pretender recortar hectáreas de esta área para que pasen a formar parte de un proyecto de irrigación. Esto es posible desde el momento en que la Ley 30230 permite al Consejo de Ministros legislar sobre áreas naturales protegidas.

Estas normas deberían haber sido consultadas en tanto afectan directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas como el territorio, el aprovechamiento de sus recursos naturales y a la autodeterminación.

Debilitamiento de la propiedad comunal

“De implementarse la ley 30230, se podrían aplicar “procedimientos especiales” -los cuales no han sido definidos- para quitar las tierras de las comunidades, y entregarlas a las compañías mineras, petroleras y grandes inversionistas, como los interesados en el monocultivo de palma africana”, explicó Richard Smith, director del IBC. A pesar de que el borrador del reglamento de la ley 30230 excluye a las tierras de las comunidades campesinas y nativas, deja abierta la posibilidad de que las tierras no tituladas y eriazas sí estén sujetas a lo dispuesto por esta ley, al no especificarlo de manera clara. “Hemos recomendado cambiar la expresión que usan para que se exceptúe a todos los territorios de las comunidades”, precisa el director del IBC.

Silvana Baldovino, de la SPDA, mencionó que estos paquetazos se orientan a las comunidades campesinas  y a las tierras eriazas, e hizo un paralelo con la causas que generaron el Baguazo, como la promulgación de una serie  de decretos (Decreto legislativo 1064, entre otros) que flexibilizaba la toma de decisiones en el interior de las comunidades para disponer (y poder vender) las tierras.

Hay que recordar que aún quedan por titular casi 4.000 comunidades. Además, El 47,8% del territorio de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras, mientras el 75% de la Amazonía tiene concesiones petrolíferas.

Abandono del modelo primario-exportador

El economista Humberto Campodónico no augura éxito a los paquetes normativos que pretenden atraer la inversión y reactivar la economía a través de la flexibilización de los estándares ambientales y sociales. Remarcó la necesidad de pasar de un modelo económico primario-exportador hacia una economía que apueste por la diversificación productiva y la industrialización. El ex presidente de Petroperú señaló la alta dependencia que tiene la economía peruana de la exportación de las materias primas que alcanza hasta el 65% de las mismas. Superando ampliamente lo que señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera a un país dependiente cuando depende más del 25% de su economía de la exportación de los “commodities” (productos básicos).

Campodónico comentó que este modelo económico, de acuerdo a estudios internacionales, termina por perjudicar a la industria nacional, deviene en corrupción, favorece el rentismo o la “pereza fiscal” –desde todos los niveles de gobierno no existe preocupación por generar recursos propios pues reciben unos ingresos fijos por estas actividades extractivas-, inflación, concesión de las tierras del país, gerenando conflictos. “No hay instituciones sólidas para una gobernanza de los recursos naturales”, afirmó.

Aumento de la conflictividad

Según la Defensoría del Pueblo en el Perú, se registraron en el mes de abril 229 conflictos, de los cuales, 175 están activos y 154 (es decir, el 67,2%) se deben a cuestiones socioambientales, la mayoría  de los cuales son por la minería (112) e hidrocarburos (20). Laureano del Castillo, de CEPES, señala que muchos de los conflictos socioambientales se deben a la presencia de actividades extractivas en tierras comunales, y que las normas elaboradas desde el Poder Ejecutivo vulneran convenios internacionales como el 169 de la OIT. “Las comunidades campesinas y nativas tienen más del 60% del total de las tierras agropecuarias.  Vamos  a afectar su sustento, pero no solo eso. Alrededor del 70% de los alimentos que consumimos en las ciudades provienen de  la agricultura familiar. Quitar tierras para poner proyectos minas, carreteras u otros proyectos de inversión solo alimentará la conflictividad en el país”, señaló.

El evento de desayuno y conversatorio con la prensa fue organizado por el Colectivo “Territorios Seguros para las Comunidades del Perú”, que está compuesto por organizaciones indígenas y de la sociedad civil.

Campaña “Territorios Seguros para las Comunidades del Perú