Mientras el Congreso busca ampliar el Reinfo, las comunidades afectadas por la gran minería internacionalizan su lucha

Por: Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui

La discusión sobre una nueva prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vuelve a evidenciar la falta de una política integral del Estado frente a la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Mientras el Ejecutivo anuncia una extensión “menor a dos años” y descarta reincorporaciones masivas, el proceso de formalización continúa paralizado: más de 31 000 expedientes siguen sin resolverse y no existe una institucionalidad capaz de atenderlos. Apostar por prórrogas indefinidas no resuelve el problema; por el contrario, perpetúa la informalidad e incluso facilita que economías ilegales se beneficien del vacío estatal. El país necesita una reforma técnica e institucional de fondo que establezca reglas claras, plazos realistas y mecanismos efectivos de participación de las comunidades.

Desde 2016, el Reinfo —creado como un mecanismo excepcional y temporal— se ha convertido en un sistema que se extiende una y otra vez. Ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni los gremios empresariales o mineros han enfrentado el reto de construir una Ley MAPE integral, ni de reformar el régimen de concesiones y el marco ambiental que sostienen la informalidad. Cada vencimiento de plazo se transforma así en una nueva excusa para evitar cambios de fondo y optar por la salida más sencilla: volver a ampliar el Reinfo. El costo lo pagan los territorios, donde los impactos ambientales y sociales siguen acumulándose.

Mientras la política pública se estanca, los daños de la gran minería continúan. La reciente multa de 5,75 millones de soles impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a Antapaccay en Espinar—por incumplir medidas ambientales en el Tajo Sur— es un avance institucional importante, pero insuficiente frente a más de tres décadas de afectaciones en Espinar. El discurso “sostenible” de Glencore Antapaccay, con energía renovable y certificaciones ISO, contrasta con la realidad de comunidades que siguen perdiendo fuentes de agua, respirando aire contaminado y viendo degradarse sus suelos, en tanto, la empresa ya anuncia la ampliación de sus operaciones hasta 2040.

Frente a esta inacción del Estado peruano y la ausencia de garantías efectivas, las comunidades empiezan a llevar su lucha más allá de las fronteras. Afectados por Antamina (Glencore, BHP Billiton, Teck y Mitsubishi) en Áncash y por Quellaveco (Anglo American) en Moquegua han presentado una denuncia ante la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de Exportaciones de Alemania (BAFA) en Alemania contra Aurubis, la mayor fundición de cobre de ese país, por incumplir su deber de debida diligencia en una cadena de suministro marcada por la contaminación del agua, del aire y de los suelos, así como por afectaciones a la salud humana. Con el acompañamiento de Misereor, Red Muqui, el Instituto Ambientalista Natura y DHUMA, y respaldados por estudios oficiales de la DIRESA y OEFA, estas comunidades demandan que Alemania asuma su responsabilidad en una cadena del cobre que enriquece a Europa, pero deja daños profundos en el Perú. Su mensaje es contundente: no seguirán esperando pasivamente; defenderán sus territorios con todas las herramientas disponibles, dentro y fuera del país.