Minam publica guía de espacios de diálogo en conflictos sociales en un escenario de conflictividad minera y crisis de legitimidad de Boluarte

El pasado 13 de agosto, se ha publicado la Resolución Ministerial N° 00230-2024-MINAM, que aprueba la Guía para el Seguimiento de Compromisos del Sector Ambiental Asumidos en Espacios de Diálogo de Conflictos Socioambientales. Este documento tiene como objetivo proporcionar pautas y orientaciones sobre la prevención y gestión de los conflictos socioambientales en el marco de las competencias del Ministerio del Ambiente (Minam) dentro del Sistema de Gestión Ambiental del país.

Los conflictos sociales representan una de las tareas más complejas para el Estado y las entidades públicas, debido a la diversidad de actores y problemas estructurales presentes. La Defensoría del Pueblo, en su último Reporte de Conflictos Sociales N° 244, identificó, hasta junio de 2024, la existencia de 212 conflictos sociales en todo el país, de los cuales 117 son de tipo socioambiental, representando el 55.2% del total. Del conjunto de conflictos socioambientales, el 63.2% (74 casos) está relacionado con la actividad minera, seguido por los conflictos vinculados a actividades de hidrocarburos con un 25.6% (30 casos). Los diversos informes de la Defensoría del Pueblo evidencian que la disminución o resolución de los conflictos socioambientales no es constante, y en algunos meses, incluso, se incrementan. Estos datos subrayan la necesidad de generar respuestas efectivas para la resolución de estos conflictos, especialmente aquellos relacionados con la minería, y que lamentablemente el régimen de Dina Boluarte no ha sabido gestionar.

PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE FONDO

Sobre la incapacidad del Estado peruano en gestionar y resolver los conflictos, el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, hizo hincapié en los constantes conflictos socioambientales entre las empresas mineras y las comunidades originarias en el corredor minero del sur, el cual atraviesa las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa. 

“En realidad la mayoría de gobiernos en los últimos 20 años no han logrado establecer mecanismos adecuados para gestionar los conflictos socioambientales en zonas mineras. Tenemos un sin número de mesas de diálogo que no han resuelto las demandas de las comunidades como beneficios económicos directos, atención a la contaminación ambiental, a la salud, convenios marcos, justicia y reparación a las víctimas de los conflictos, entre otros. Se firman actas y acuerdos en las mesas de diálogo por el Estado, las empresas y la población local, pero muchas de estos (acuerdos) ni se implementan, por eso hoy las comunidades locales ya no creen en las mesas de diálogo que instala el gobierno”, analizó sobre este tema.

Precisamente, entre las demandas de las comunidades figuran la atención integral a la salud de personas afectadas, entre ellos niños y adolescentes, por la contaminación por metales pesados, fiscalización y sanción a las empresas contaminantes del agua y del ambiente en territorios donde preexisten dinámicas sociales, económicas y culturales, así como el cumplimiento de las mineras con los acuerdos en las mesas de diálogo y con los convenios marco. 

Según Borda, un ejemplo de la nula respuesta oportuna del régimen de Boluarte es lo ocurrido hace días en la mesa de diálogo en Espinar, de acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros, fue suspendida ante la inasistencia de funcionarios, por lo cual se ha anunciado una paralización en el corredor minero del sur. Otro caso en el país es el paro acatado por comunidades campesinas, organizaciones sociales y jóvenes de Ayacucho en rechazo de la actividad minera en la cordillera Razuhuillca, medida tomada al no ser atendidas sus demandas por parte de sus autoridades en la región y a nivel nacional. 

¿QUÉ DICE LA GUÍA?

No obstante, es importante destacar que la Guía de Prevención y Gestión de Conflictos Socioambientales representa un avance significativo en el ordenamiento de los procedimientos e instrumentos metodológicos propuestos en el Sistema de Gestión Ambiental, a cargo del Minam. Esta guía se ha construido a partir de las herramientas desarrolladas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Defensoría del Pueblo para abordar los conflictos sociales en general, adaptándolas específicamente a los conflictos socioambientales. El eje central de la guía son las “mesas de diálogo, mesas de desarrollo, y mesas técnicas", que actúan como espacios para la identificación de problemas ambientales, la participación de los actores involucrados, el proceso de diálogo, los acuerdos alcanzados, y su seguimiento.

A la vez, es fundamental señalar que muchas organizaciones sociales y comunidades campesinas que han participado en estas mesas de diálogo no tienen una evaluación positiva de ellas, ya que consideran que, en lugar de atender de manera rápida sus demandas, estos espacios tienden a dilatar los procesos y los acuerdos alcanzados no siempre se cumplen, especialmente cuando hay cambios en las autoridades políticas. Las mesas de diálogo, desarrollo y técnicas presentan dificultades y limitaciones para abordar y resolver los conflictos de manera plena.

Finalmente, el espacio de seguimiento propuesto es una buena iniciativa. Todo el proceso de diálogo concluirá con un informe final que contendrá, entre otros aspectos, los acuerdos alcanzados y los compromisos que deberán ser objeto de seguimiento para garantizar su cumplimiento, informando a las partes en conflicto y a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la PCM. No obstante, una cosa es el discurso del Ejecutivo y otro lo que pasa en la realidad, mucho más en un régimen que tienen cero legitimidad, y que en vez de canalizar vías de diálogo los conflictos, busca imponer los proyectos mineros como es el caso de Tía María en Arequipa.

Fecha de publicación: 15 de agosto de 2024