Morococha sin tiempo: pobladores no reasentados de Morococha presentan recurso de oposición contra desalojo exprés impulsado por minera China Chinalco

• Pobladores denuncian que la minera China busca desalojar de sus viviendas o desterrar de su ciudad a las familias no reasentadas de Antigua Morococha, violando el derecho a ser reasentado dignamente y pese a las persistentes denuncias de contaminación en la “Nueva ciudad”.
• El Arzobispado de Huancayo demanda protección para quienes rechazan abandonar Morococha tras años de hostigamiento por parte de la minera. 
• El plazo otorgado para que los pobladores desalojen sus viviendas de la Antigua Morococha vence el 12 de agosto.

El pasado viernes 08 de agosto, familias de la Antigua Morococha, ubicada en la provincia de Yauli, Junín, presentaron ante el Poder Judicial un recurso de oposición contra la medida cautelar que ordena su desalojo. La resolución, emitida por el Juzgado Mixto de La Oroya, responde a una solicitud de la empresa minera China Chinalco que interpuso una acción judicial para recuperar la posesión del terreno mediante un proceso de “desalojo de ocupante”. El objetivo de la empresa es realizar actividades mineras y ampliar su proyecto de cobre Toromocho, a pesar de que aún hay familias que no han sido reubicadas.

Carlos Castro, abogado representante de las familias afectadas, sostiene que la medida judicial se habría emitido sin Competencia del Juzgado Civil pues afirma que el artículo 49° de la Ley 30680 restringe la acción judicial sobre posesión en la zona de riesgo no mitigable, también sostiene que los efectos de la medida es gravosa y transgrede la normativa nacional e internacional de derechos humanos. Castro explicó que, pese a estar vigente la Ley N.º 29869 —que declara de necesidad pública e interés nacional el reasentamiento de poblaciones ubicadas en zonas de riesgo no mitigable—, la empresa interpuso una cautelar en un proceso civil exprés para que se desaloje a las familias, vía una Cautelar fuera del proceso que se concede sin Demanda, sin Sentencia firme y sin ofrecer una solución habitacional.

“Se está violando claramente el marco normativo que protege a esta población”, remarcó Castro. Detalló que la resolución judicial omite la aplicación del artículo 49 de la Ley 30680, el cual prohíbe ejecutar desalojos o acciones de recuperación posesoria en zonas consideradas de riesgo y la Ley 29869 prioriza de manera expresa el reasentamiento de los habitantes. Además, indicó que esta decisión contradice lo establecido en la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano.

Chinalco: medidas judiciales y hostigamiento contra los habitantes

La acción de Chinalco deja a las familias en situación de extrema vulnerabilidad, obligándolas a sobrevivir entre ruinas, sin servicios básicos y expuestas a riesgos sanitarios, climáticos y sociales. Ningún informe técnico ni sanitario respalda la expulsión forzada de los habitantes y que más bien concluyen en recomendar su Reubicación Temporal o su Reasentamiento legal, pues sobre la “Nueva Morococha”, donde la empresa promete reasentarlos, existen informes de graves problemas de seguridad y contaminación y falta de condiciones dignas, conforme a informes del colegio profesional y reportes de salud local que alertan sobre presencia de metales pesados.

Para Castro, el fallo del juzgado constituye un grave precedente y vulnera los derechos fundamentales de las familias de Morococha reconocidos no solo en la legislación nacional, sino también en el marco de los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Las familias buscarán agotar todos los recursos legales ante los tribunales peruanos y, de ser necesario, acudirán a instancias internacionales para salvaguardar sus derechos.

Las condiciones en la “Nueva Morococha”: contaminación y precariedad

En primera línea de este reclamo se encuentran los propios afectados. Elvis Atachahua, uno de los voceros, describe la carga constante que supone para las familias vivir bajo la amenaza permanente del desalojo. El temor, el estrés y la preocupación son permanentes en la ciudad, donde la mayoría de los aún residentes permanecen sin servicios básicos y rodeadas de escombros y ruinas; e incluso a explosiones mineras. Los habitantes recuerdan los orígenes de esta problemática: la transferencia de la mina a Chinalco en 2008 y el inicio del proceso de traslado en 2012 marcaron el comienzo de múltiples reuniones formales, promesas de atención personalizada y supuestos acuerdos que nunca se materializaron. Las familias subrayan que continúan organizadas y mantienen su unidad, convencidas de que es la única forma de resistir y defender su derecho a no ser expulsadas de manera forzosa y sin alternativas. 

Yolit Espinoza, también representante de los pobladores, señala que la incertidumbre se ha profundizado ante la falta de respuestas efectivas. Relata que, si bien la empresa asumió en reuniones recientes el compromiso de un diálogo individualizado para tratar cada caso, eso no se ha concretado y solo recibieron notificaciones formales que reactivan el miedo a perderlo todo. Los vecinos denuncian que el Estado está ausente, que las condiciones de vida se deterioran día a día y que la llamada “Nueva Morococha” nunca fue una solución real: los informes técnicos señalan riesgos ambientales, presencia de metales pesados en la población infantil y la imposibilidad de proyectar un desarrollo económico sostenible.

Intervención de la Iglesia suma presión ante la amenaza de desalojo

Por su parte, Widmar Ávila, responsable de la Comisión de Ecología del Arzobispado de Huancayo, manifestó la preocupación de la Iglesia local ante la situación de vulnerabilidad e incertidumbre que enfrentan los pobladores, y reafirmó el acompañamiento pastoral en la búsqueda de soluciones justas. Señaló que la Iglesia mantiene un llamado permanente a no ser indiferentes y a exigir que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas en Morococha.

De esta manera, las familias insisten en que el único camino es el reasentamiento digno, respaldado por la ley y por las obligaciones internacionales del Estado peruano, y rechazan todo intento de desalojo forzoso sin soluciones reales ni garantías legales. Su reclamo es el resultado de una década de resistencia pacífica y de la lucha por un derecho básico: el acceso a una vivienda y un entorno seguro, ahora amenazados por un nuevo proceso judicial promovido por intereses mineros.

Ahora, el plazo otorgado por el Poder Judicial para que las 15 familias de la Antiagua Morococha desalojen sus viviendas es de 6 días, es decir, el plazo vence este martes 12 de agosto.