El 11 de febrero del presente año, Familiares de Defensores criminalizados del caso de Valle de Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz (Arequipa), el presidente del Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata y el Lago Titicaca, Félix Suasaca (Puno), y miembros de las organizaciones de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz-Fedepaz, Derechos Humanos Sin Fronteras-DHSF y Derechos Humanos y Medio Ambiente-DHUMA sostuvieron una reunión con la Relatora de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor  con la finalidad de poder poner en conocimiento los procesos de criminalización que vienen afrontando, la falta de garantía en su seguridad en sus labor como defensores de derechos humanos, y se pueda exhortarse al Estado peruano para su protección.

Mary Lawlor es la predecesora  del relator Michel Forst que en el año 2020[1], visitó nuestro país concluyendo que el Perú enfrenta actualmente un desafío en la protección y promoción de la labor de los defensores de DDHH, ambientales y territoriales, empezando por el reconocimiento de los desafíos actuales por parte de las instituciones del Estado y del sector privado y la lucha contra su estigmatización.  De la misma forma se recomienda al Gobierno a poner fin a la práctica de la criminalización de los defensores de los derechos humanos, e implementar los procedimientos establecidos en los protocolos de la protección.

En los casos presentados en esta reunión se resaltó las investigaciones y procesos penales que enfrentan injustamente los representantes de las organizaciones sociales y comunidades campesinas. En el caso de los defensores criminalizados de Valle de Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz, fueron sentenciados injustamente y sin medios probatorios suficientes[2] que demostraran la supuesta comisión de los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín. Respecto al defensor Félix Suasaca, denuncio que en su labor de exigir al Estado peruano la atención a la salud de las personas afectadas por metales pesados en la cuenca del Rio Coata, y el ejercicio de la protesta social, ha recibido denuncias preventivas e resoluciones del Ministerio Público que lo “exhortan” a no convocar y organizar movilizaciones. Estos hechos son evidencia de que en el Sur Andino del Perú actualmente muchos defensores enfrentan procesos judiciales y riesgos en su labor de defensa de los derechos humanos.

Los defensores y familiares solicitaron se pueda tomar estos casos y exhortar al Estado peruano cesen los procesos de criminalización; al igual que, se haga un seguimiento a las recomendaciones dadas al Perú en el informe del año 2020.

[1] Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst. Marzo del 2021. https://undocs.org/es/A/HRC/46/35/ADD.2

[2] Red Muqui. CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA: JUZGADO DE AREQUIPA CONDENA A 3 DIRIGENTES DE VALLE DE TAMBO Y ABSUELVE A 11. https://muqui.org/noticias/criminalizacion-de-la-protesta-juzgado-de-arequipa-condena-a-3-dirigentes-de-valle-de-tambo-y-absuelve-a-11/