NUESTRAS PROPUESTAS

Nuestra AGENDA MUQUI 2018 – 2021, es fruto de un proceso de trabajo en el que desde los espacios macro regionales (norte, centro y sur) de RED MUQUI, y recogiendo aportes de las organizaciones sociales que acompañan nuestras instituciones miembro, se ha definido y explicitado los ejes programáticos que como RED MUQUI en su conjunto hemos identificado como prioritarios en la labor que realizamos. La Agenda 2018-2021, propone ocho ejes temáticos para la discusión a nivel nacional. Plantea cambios sustanciales en el tratamiento de la actividad minera a nivel nacional, sosteniendo que se ponga a “la economía al servicio de los pueblos” como lo ha dicho el Papa Francisco en su Mensaje a los Movimientos Populares el año 2015; y no se siga poniendo a la persona al servicio de la economía.

En las últimas décadas se ha puesto especial atención a la presencia de metales pesados en el ambiente como el origen de serios problemas de salud pública regional y global. Se dispone de información científica suficiente que demuestra que dichos elementos afectan el funcionamiento normal del estado de salud ambiental y humana. Red Muqui propone una normativa que priorice la remediación de pasivos ambientales mineros a nivel nacional, estableciendo el presupuesto y políticas necesarias para su implementación.

Los conflictos en el Perú han mostrado una clara ausencia de herramientas que ayuden a prevenirlos o que permitan su resolución de manera adecuada. Como se conoce, en la mayoría de ellos, la población exige la presencia del gobierno central; sin embargo, este tan solo se hace presente cuando los conflictos ya han estallado y como consecuencia de ello, han habido heridos o muertos. En el caso de las mesas de diálogo, casi siempre se convocan luego de un proceso intenso de conflictividad. En los últimos años, desde diversas instancias del Estado, se han ido elaborando mecanismos de diálogo, pues de ese modo, se pretende atender mejor los intereses de las partes involucradas en un determinado conflicto.

La expansión minera e hidrocarburífera no ha tenido precedentes en su actual magnitud en la historia previa de la economía peruana. Esta expansión tiene impactos directos y negativos en los territorios y los llamados recursos naturales. Cada incremento del crecimiento y de la producción supone presión y deterioro en los ecosistemas de los cuales forman parte los territorios, los bienes comunes y los recursos naturales. Territorialmente, 28 las concesiones se concentran fuertemente en la sierra donde encontramos regiones con la mayoría de su territorio concesionado: Moquegua (73.3%), Tacna (56.8%), Apurímac (56.5%), Arequipa (49.4%) y Cajamarca (48.5%).

La criminalización de la protesta se ha mantenido como una estrategia del Estado frente a los conflictos sociales generados por la minería, abriendo diversos procesos de investigación a las y los defensores del territorio por delitos contra la seguridad pública, apología al delito, y recientemente aplicando la figura delictiva de asociación ilícita para delinquir a las legítimas protestas sociales pacíficas, planteando con ello, que los diversos actores vinculados a una problemática social en la que puede estar inmersa la defensa de derechos, buscarían en todos los casos intereses particulares que los benefician, y por ello se generan las protestas sociales.

El poder económico, en especial el vinculado con las industrias extractivas, se ha logrado involucrar en las diversas esferas del poder político, y de esa manera ha logrado ser partícipe de sus principales decisiones. Las denominadas “puertas giratorias” que no son otra cosa que el ingreso de personajes, tecnócratas y profesionales, vinculados o que han trabajado para o con las empresas mineras, a las instituciones del Estado como funcionarios públicos, les permite ocupar cargos de decisión y dirección, en cuya gestión facilitan el dictado de normas que desregulan éstas actividades económicas, y además aprueban estudios o proyectos para los intereses de empresas con las que han tenido vinculación, o de otras empresas que luego de culminar su gestión, los premian brindándoles cargos de dirección en dichas empresas

El Perú es un país mega-diverso que, a través de sus tres zonas, las tierras altas (sierra), la selva tropical (selva) y la costa, tiene diferentes climas con condiciones naturales ideales para una economía diversificada. Hasta mediados del siglo pasado, la agricultura era la principal actividad económica del país. En la sierra peruana, una de las actividades económicas más importante es la agricultura familiar que contribuye significativamente a la seguridad alimentaria del país. Alrededor del 70% de los alimentos consumidos en el Perú son producidos por pequeños agricultores. Además, los productores de pequeña escala contribuyen a la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad en el país. Este sector que es la principal fuente de empleo e ingresos para la población rural del Perú ha venido disminuyendo en importancia debido al abandono por parte del Estado. Pese a ello sigue teniendo valor económico, ambiental, social y cultural, tanto así que incluso las Naciones Unidas ha reconocido su importancia en la erradicación del hambre y la pobreza, declarando los años 2019-2028 como el “Decenio de la Agricultura Familiar”.

La Consulta Previa, es una obligación prevista en el Convenio 169-OIT suscrito por el Perú. Sus alcances están desarrollados por la propia Ley de Consulta Previa. Siendo un derecho de los Pueblos Indígenas, no obstante, es considerada como una traba para las inversiones por el sector empresarial privado y algunos funcionarios del Estado. En el Perú, hasta el momento se han realizado formalmente 15 procesos de consulta previa en la actividad minera. No obstante, hubieron muchas deficiencias, pues se ha aplicado el derecho a la consulta previa, fundamentalmente cuando ya había acuerdo previo entre comunidades y poblaciones con empresas extractivas.

El agua es un recurso natural, indispensable para la vida. Es además un recurso vulnerable, indispensable para el desarrollo humano y para el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que lo sustentan, así como para la seguridad del país. Es un bien de uso público, patrimonio de todos los peruanos y peruanas, su uso y manejo deben ser efectivamente regulados y no debe haber propiedad privada sobre el agua. El uso sólo puede y debe ser otorgado y ejercido de manera sostenible, en armonía con el bien común, con el interés de la población y con el desarrollo económico del país. Por esto Red Muqui exige que las autoridades establezcan adecuadamente y con prontitud las condiciones para que las cabeceras de cuenca sean protegidas de actividades extractivas como la minería.