PCM no demuestra avances para la atención de personas afectadas por metales tóxicos

En octubre del 2018 el Ministerio de Salud emitió la Resolución Ministerial N° 979-2018/MINSA que aprueban los “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”. Como ya se había señalado desde la “Plataforma Nacional de afectados y afectadas por metales tóxicos”, esta norma es importante porque es un paso hacia la construcción de una Política Nacional de atención integral a los afectados y afectadas por contaminación con metales tóxicos en contextos de extracción de minerales; sin embargo, a pesar de haber pasado 6 meses de la emisión de esta política sectorial, no se están teniendo avances concretos para salvaguardar el derecho a la salud de las y los afectados.

Como lo viene informando el Ministerio de Salud ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afrodescendientes, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República; este ministerio ha presentado ante la PCM una propuesta de decreto supremo para la conformación de la “Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para proponer el abordaje integral a favor de la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas”. Sin embargo, hasta la fecha, no hay respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es así que el miércoles 15 de mayo, los representantes de la Plataforma de afectados que aglutina casos de contaminación de las regiones de Cuzco, Cajamarca, Junín, Cerro de Pasco, Lima y Amazonas, se hicieron presentes ante la CPAAAAE; el Viceministerio de Salud del Ministerio de Salud; y la Defensoría del Pueblo, para buscar respuestas concretas de parte del gobierno central ante esta problemática generalizada en el país. Sin embargo, la respuesta de instituciones como la Defensoría del Pueblo muestran que no hay prioridad para una política ambiental específica para el tema de salud ambiental por contaminación por metales tóxicos. El argumento de Alicia Abanto, de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas; es que no tienen presupuesto para impulsar un informe defensorial en esta temática, cuando para los afectados por este tipo de contaminación sería un gran respaldo contar con un informe de ésta institución.

Reunión con el MINSA y Congreso

De la reunión con el Viceministro de Salud Pública, el doctor Neptalí Santillan; el Viceministerio se ha mostrado con la predisposición de impulsar una política pública nacional intersectorial y especializada, pero no han mostrado claridad en cómo se va a lograr ello si no se tiene un plan de cómo gestionar el presupuesto para esta política, que si bien tiene alcance nacional también tiene que ver con la función que vienen desarrollando las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS) en cada territorio afectado.

Por su parte, la CPAAAAE, a cargo del congresista del Frente Amplio, Wilbert Rozas; a pesar de la ausencia constante de la bancada fujimorista; en función a su rol de control político viene dando seguimiento a la construcción de una política intersectorial que garantice atención efectiva a los afectados y afectadas. La próxima semana con la coordinación de Red Uniendo Manos, CEAS Y Red Muqui, se estará desarrollando la Audiencia Pública temática en Junín con la participación de comunidades y organizaciones afectadas e interesadas.

En palabras de una de las voceras de la plataforma de afectados, Yolanda Zurita: “hemos venido para exigir una atención integral al Ministerio de Salud, con profesionales especializados, con presupuesto asignado por región y Planes de Salud efectivos, así como mecanismos de prevención para que no sigamos expuestos a esta contaminación. Hay regiones como Cerro de Pasco que llevan casi 80 años contaminadas; el 2017 ellos han venido a encadenarse y no es posible que a la fecha no exista una política nacional intersectorial y efectiva: solo respuestas limitadas, aisladas y a corto plazo”

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