Pronunciamiento de defensores y defensoras del norte: Camino al encuentro nacional

Declaración de Chaparrí

Por el respeto a las personas defensoras de derechos humanos

Nosotros los defensores y las defensoras de derechos humanos y ambientales del norte del país, reunidos en la Reserva Ecológica de Chaparrí de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape en la región de Lambayeque, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

Somos pescadores/as, comuneros/as, campesinos/as, ambientalistas, activistas y ciudadanos/as de las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Áncash que vivimos y protegemos una de las zonas de mayor biodiversidad y que al mismo tiempo presenta algunos de los ecosistemas más frágiles en el Perú, en un contexto en que Naciones Unidas anuncia que la humanidad se encuentra en código rojo por el cambio climático. 

Denunciamos que, debido a nuestro compromiso con la defensa del ambiente, la cultura, la salud, el trabajo y el agua de nuestros pueblos y territorios, venimos siendo acosados/as, criminalizados/as, hostigados/as e inclusive privados/as de nuestra libertad. Acciones que forman parte de una estrategia sistemática para desalentar nuestra labor e imponer las actividades extractivas, que priorizan el lucro, mercantilizando la naturaleza y trastocando nuestra identidad y formas de vida en el norte del Perú.

Se trata de una imposición ilegal, abusiva y arbitraria, que recurre incluso el uso de la fuerza pública a través de las instituciones que deberían garantizar nuestro acceso a la justicia y la salvaguarda de nuestros derechos. Entre ellos el Ministerio del Interior, Ministerio Público y el Poder Judicial,  así como otras instituciones del Estado como el SERFOR, SERNANP, SUNARP, SUNAT, etc.

Denunciamos asimismo fenómenos como la criminalidad organizada y el sicariato que a través de la amenaza y el asesinato de las y los defensores pretenden demoler y destruir toda forma de resistencia u oposición que ejercemos como defensores ante la inacción, complacencia y posible complicidad de funcionarios del Estado.

La expresión de la violencia en nuestro territorio y ambiente contra las y los defensores de derechos humanos y ambientales,  es más evidente en el caso de concesiones y operaciones de actividades extractivas. Que incluyen la extracción de minerales e hidrocarburos, la imposición de proyectos gasíferos e hidráulicos, la ampliación ilegal de la frontera agrícola, la amenaza de invasores a zonas protegidas por el Estado. También se expresan en la vulneración de derechos laborales, la desatención de pasivos ambientales mineros, pesqueros y petroleros, las restricciónes del derecho de la protesta y a la libre determinación.

Esta violencia en escalada contra nosotros y nosotras ha llegado incluso a arrebatar la vida de Napoleón Tarrillo Astonitas en Chaparrí (2017), héroe defensor de los bosques de Chaparrí y otros como Felicita Cherre Garrido, Yrineo Martínez Purihuman y José Jesús Guerrero Becerra asesinados por la defensa de sus territorios en la Comunidad Campesina San Francisco de Asís de Salas (2016), a los que se suman las muertes de Jorge Muñoz Saavedra defensor de los bosques y el patrimonio cultural de Batangrande (2020), los de Antonio Sánchez Huamán, Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez y el menor de edad César Merino Aguilar en Cajamarca por el conflicto minero Conga,  entre otros  defensores/as asesinado/as por la defensa del ambiente y la vida que también esperan justicia.

Por lo tanto:

Demandamos al Estado peruano: 

El cumplimiento de su rol, de garante del respeto y la salvaguarda de nuestros derechos humanos y ambientales, nuestra seguridad y destierre la política de criminalización de la protesta social y otras formas de violencia, que impiden ejercer nuestro derecho a la defensa de derechos.

Derogar los dispositivos legales que habilitan que la Policía Nacional del Perú sea contratada al servicio de empresas privadas. 

Que se prohíban las declaratorias de estados de emergencia, cuyo propósito es impedir el derecho a la protesta y el derecho a la reunión y organización de las y los defensores de derechos humanos y ambientales. 

Exigimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la mejora del mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, que incorpore a otros sectores como el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía y Finanzas. Así también es necesario que se asignen presupuestos suficientes para garantizar las medidas de protección para las y los defensores y una estrategia descentralizada que vincule a los gobiernos regionales y locales.  

Requerimos que las empresas privadas y el Estado peruano respeten, protejan y valoren las economías locales y formas de producción comunitarias valiosas e importantes que recogen miles de años de experiencia de convivencia armónica y equilibrada con el ambiente y territorio.

Exigimos el cese inmediato del hostigamiento, la estigmatización y el uso de la violencia en cualquiera de sus formas que pone en riesgo la integridad física, psicológica y seguridad de las y los defensores y organizaciones que asumen la defensa de los derechos humanos y ambientales. Así también que se repare de forma integral a las y los defensores criminalizados/as y perseguidos injustamente y que el Estado desarrolle un programa de defensa legal especializada para las y los defensores criminalizados/as. 

Que el gobierno de Pedro Castillo, elegido democráticamente y por mandato popular cumpla con respetar, proteger y valorar las economías locales y formas de producción comunitarias que recogen miles de años de experiencia de convivencia armónica y equilibrada con el ambiente y territorio. Economías que venimos defendiendo y que el Estado sacrifica en nombre de la promoción de un modelo económico neoliberal y extractivista, por lo cual declaramos la necesidad imperante de cambiar la Constitución Política. 

Los (as) abajo firmantes declaramos nuestra voluntad de articularnos en una red de defensores y defensoras de la macro Norte, con la iniciativa de la campaña nacional de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales que haga viable el ejercicio pleno de nuestro derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano y equilibrado.

Chaparrí, 20 de mayo del 2022.

Frente de Defensa Salvemos Chaparrí

Organizaciones Puerto Huarmey

Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape

CVA Campo Alegre

Frente de Defensa de cuenca Río Cajamarquino

FEPUN Norte

Defensores y Defensoras de Choropampa – Cajamarca

CVA de Huancabamba 

CECOBOSQUE Sechura

Defensores y Defensoras de Jaén – Cajamarca