PRONUNCIAMIENTO: En defensa del Protocolo de defensoras y defensores de derechos humanos

RED MUQUI saluda la publicación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

Reconocemos que ha sido un proceso amplio el que ha sido llevado adelante por el MINJUS, con la participación de diversos sectores, incluida la sociedad civil y la academia, y si bien es perfectible, lo consideramos un gran avance en la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos.

Es importante aclarar a quiénes alcanza la definición de las personas defensoras de derechos humanos en el Protocolo. Se señala que son aquellas “personas naturales que actúan de manera individual o como integrantes de un grupo, organización, institución pública o movimiento social, así como personas jurídicas, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad es la promoción, protección, o defensa de os derechos humanos, dentro del marco del derecho nacional e internacional.”

En el campo que aborda la Red Muqui, sentimos un gran avance, al ver recogidos en dicha definición a las y los dirigentes sociales de comunidades campesinas y nativas, pueblos originarios o indígenas, y de frentes locales y otras articulaciones representativas de poblaciones, que en la mayor parte de los casos, sufren de persecución y criminalización de su protesta pacífica, ante la pasividad de un Estado que no cumple con los acuerdos suscritos en los procesos de diálogo, o que impone decisiones sin mecanismos de consulta y participación adecuados, que sólo sirven como meros trámites o “requisitos” que cumplir para que en el caso de la minería los proyectos se lleven adelante.

Además de ello, la política de los gobiernos en los últimos 25 años ha buscado abordar los conflictos socio ambientales con estados de emergencia “preventivos”; convenios de la Policía Nacional con las empresas mineras para posibilitar la “represión” de las protestas sociales; criminalización de la protesta creando nuevos delitos en el Código Penal, aplicando figuras delictivas como la “asociación ilícita para delinquir” y el “crimen organizado” en casos como los proyectos “Tía María” en Arequipa y en el propio “Las Bambas”, impulsando la aplicación del delito de terrorismo en casos como el del Proyecto “Río Blanco” en Piura; esas son las estrategias de los gobiernos que sufren las y los defensores y defensoras de derechos humanos, y que esperamos con una aplicación efectiva del protocolo puedan generar acciones de protección efectivas en los casos que corresponda.

Lima, 06 mayo de 2019