Tía María reactiva el conflicto histórico en el Valle de Tambo con paro de 48 horas

Desde hoy, la población del Valle de Tambo, en la provincia de Islay (Arequipa), acata un paro de 48 horas en rechazo al inicio del proyecto Tía María, operado por la empresa Southern Perú. Se trata de un proyecto minero de cobre sin aceptación social desde 2009, pero que cuenta con autorización estatal para iniciar actividades de explotación tras la emisión de la Resolución Directoral N.° 0692-2025-MINEM/DGM, aprobada en octubre por el gobierno de José Jerí. Esta decisión ha reactivado uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos y prolongados del sur del país.

La medida de protesta fue acordada en asamblea popular con el objetivo de detener las obras preliminares, como el movimiento de tierras, el desbroce inicial y la habilitación del campamento minero en el área de influencia del proyecto, según informó la misma minera. El Valle de Tambo es un territorio agrícola fértil donde se produce ajo, arroz, maíz, cebolla y otros alimentos que abastecen al sur del país y a Lima, además de ser fuente de empleo para miles de familias agricultoras. Por ello, la principal demanda es la cancelación inmediata e indefinida de Tía María, ya que la empresa Southern Perú no ha demostrado que sus operaciones no pondrán en riesgo la agricultura ni las fuentes de agua de la zona.

Pese a este escenario, dos días antes del inicio del paro, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que el proyecto Tía María no debía paralizarse porque afectaría la “imagen del país” frente a los inversionistas. Incluso, señaló que la oposición al proyecto estaría impulsada por “grupos organizados financiados desde el extranjero”, declaraciones que han sido rechazadas por la población local por estigmatizar la protesta social y desconocer la trayectoria histórica del conflicto.

En transmisiones en vivo desde el Valle de Tambo se observa a decenas de agricultores congregados en la plaza San Francisco de Cocachacra, portando banderas verdes con la consigna “Agro sí, mina no”, mientras organizaban una olla común. Posteriormente, se movilizaron hacia la Panamericana Sur, vía que conecta el valle con la ciudad de Arequipa, lo que anticipa una posible escalada de las protestas, debido a que se ha detenido el tránsito. 

A pesar de que el paro fue anunciado con anticipación, hasta el momento el Ejecutivo no ha abierto canales de diálogo con las organizaciones y dirigencias del Valle de Tambo, quienes han reiterado públicamente su disposición a conversar con los principales tomadores de decisión del gobierno. 

En marzo de este año, voceros del Valle de Tambo interpusieron una demanda de amparo contra autoridades ambientales y la empresa Southern Perú, con el objetivo de que el Poder Judicial declare la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María. Dicho instrumento fue aprobado en 2014 y, de acuerdo con la Ley N.° 27446 y su reglamento, perdió vigencia en 2019. La audiencia de vista de la causa está programada para el jueves 18 de diciembre y se realizará de manera virtual.

Asimismo, en octubre, una delegación del Valle de Tambo viajó a Lima para anunciar la presentación de una medida cautelar ante el Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima frente a la autorización otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para el inicio de la explotación minera, pese a la pérdida de vigencia del EIA. 

Un conflicto con raíces históricas

La oposición sostenida al proyecto Tía María responde a un modelo económico local basado en la agricultura, incompatible con la actividad minera que se pretende imponer en el territorio. Por esta razón, el conflicto se mantiene latente y se reactiva cada vez que el Estado intenta avanzar sin consentimiento social.

A lo largo de más de 15 años de resistencia, la actuación estatal ha estado marcada por la represión, la criminalización de la protesta y la declaratoria de estados de emergencia. El costo es altísimo: siete personas fallecidas, varios dirigentes judicializados y dos líderes sociales que se encuentran injustamente sentenciados (Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo).

En 2009, una consulta vecinal organizada por los propios agricultores registró un 97 % de rechazo al proyecto Tía María, convirtiéndose en un hito en la defensa del agua, la agricultura y el territorio frente al avance del extractivismo. A más de una década de resistencia, este conflicto evidencia la persistente deuda del Estado peruano con el derecho a la participación ciudadana, la consulta y la protección de los territorios que sostienen la vida.

Fotos: captura de las transmisiones en vivo de La República Sur y Mollendo al Día