Tribunal de segunda instancia ordena liberar a detenidos por protestas en Huarmey contra Antamina

En horas de la tarde de este martes 7 de diciembre, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chimbote ha revocado la prisión preventiva y ordenado la liberación inmediata de los cinco pobladores de Huarmey detenidos hace un mes, tras las protestas ocurridas el 1 de noviembre en dicho puerto.

Angelo Andree Vilchez Cerna, Luis Rufino Guerrero Virhues, Rufino Juan Tarazona Vega, Adolfo Moreno Rojas y Jehiel Moreno Alejo habían sido detenidos y trasladados a prisión, acusados por el Ministerio Público de haber cometido delitos de violencia contra la autoridad, al oponerse al desarrollo de las funciones de los miembros de la Policía Nacional.

En conversación con Red Muqui, el abogado defensor de los pobladores, Dr. Rommel Colonia Quispe, desestimó esas acusaciones que calificó de injustas y explicó que el tribunal consideró que no había suficiencia de pruebas contra los acusados, por lo que ordenó su liberación, contra el pago de una fianza de 1000 soles y la orden de comparecencias mensuales ante las autoridades. Para el señor Rommel, los hechos se desataron cuando la policía disparó injustificadamente bombas lacrimógenas contra varios centenares de manifestantes que protestaban contra la contaminación causada por la minera Antamina en el puerto de Huarmey. La policía aprovechó el pánico de la gente por los efectos de los gases y detuvo a las personas que no lograron huir del lugar y contra quienes posteriormente formularon las acusaciones señaladas.

La acción penal es interpretada por el abogado de Red Muqui, Rodrigo Lauracio más como una acción de amedrentamiento a través de las herramientas penales antes que la persecución de eventuales desmanes ocurridos durante las protestas.

Desde la Red Muqui saludamos esta decisión que se ajusta a la verdad y la justicia, ya que las imputaciones del Ministerio Público no estaban acompañadas de medios probatorios que vinculen a los cinco pobladores con la comisión de delitos. Debemos resaltar que toda persona tiene el derecho constitucional a la protesta, para cuestionar cualquier actuación del Estado o de actores privados.