Unión Europea expresa preocupación por incumplimientos del Acuerdo Comercial de parte del Perú en materia ambiental

En la foto  la Comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmstiröm y Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia

Una carta de la Unión Europea (UE) llama la atención al Perú sobre el cumplimiento del acuerdo comercial en materia ambiental y laboral. El 30 de julio, la Comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmstiröm, envió una carta al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia donde expresa sus preocupaciones sobre varios puntos del acuerdo comercial con UE que se refieren a medio ambiente. Así, el Perú estaría incumpliendo con el acuerdo comercial en el Título IX sobre Comercio y desarrollo Sostenible (TSD).

La comisaria afirma en la misiva que la Unión Europea desea garantizar una actividad económica que contribuya al Desarrollo Sostenible. En un punto de documento señala que no hay participación de parte de la sociedad civil en la implementación del TSD. Con ello, reafirma el pedido que las organizaciones de sociedad civil en el Perú han realizado, de participar de los espacios de seguimiento en materia ambiental y laboral. Esto ante la necesidad de transparencia y garantizar el cumplimiento de derechos.

En la carta también se afirma que “en materia de protección ambiental, como se discutió el pasado noviembre en Lima (con delegación de UE que llegó al Perú), la simplificación de procedimientos administrativos en materia ambiental no debería conducir a una disminución del nivel de protección ambiental”. Esto se debe a que el Estado peruano ha dictado una serie de paquetes normativos y de políticas públicas que han disminuido los estándares de calidad ambiental en pro de atraer inversiones, lo que justamente el Acuerdo Comercial prohíbe en su artículo 277.

Cabe recordar, que el Estado Peruano ha dictado normas que redujeron el estándar de calidad de aire (ECA) para posibilitar la venta del Complejo metalúrgico de La Oroya y el funcionamiento de la refinería de Ilo para facilitar el proyecto minero Quellaveco. Ello ha sido señalado reiteradas veces por organizaciones sociales entre las que se encuentra Red Muqui. También, se han pasado por alto sanciones respecto de la situación de los pasivos ambientales de San Mateo, que involucró en su momento a la empresa minera Nyrstar de capitales belgas.

Recientes normas emitidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), ya en el Gobierno del Presidente Vizcarra, han dado facultades para facilitar expropiaciones, las que se han aplicado en el caso del proyecto Toromocho, otorgando tierras a la empresa minera china Chinalco, y afectando los derechos de las familias que aún no habían sido reasentadas de la ciudad de Morococha antigua, facilitando el proyecto con la agudización de una nueva situación de imposición y conflicto.

Estas mismas normas que favorecen expropiaciones en favor de la SBN, también ponen en peligro a comunidades y poblaciones con tierras no tituladas, que no hayan inscrito sus títulos o que éstos tengan “errores”. También, mediante el Decreto Legislativo Nro. 1360 se deslegitima el rol de gobiernos regionales en el reconocimiento de pueblos indígenas u originarios, lo que afecta el respecto a sus derechos colectivos, en especial a que sus territorios ancestrales no sean otorgados en favor de otros intereses, fundamentalmente económicos, condenándolos a su desaparición.

Frente a todo este panorama, la comisaria de comercio de la UE indica en la misiva dirigida al MINCETUR, que realizará una visita de investigación a Lima “en otoño para seguir discutiendo las preocupaciones de la Unión Europea”. En dicha reunión se convocarán autoridades y sociedad civil, en la que desde Red Muqui esperamos participar.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Janhcke comento que se “ espera que hasta entonces que el gobierno responda a las preocupaciones de la UE, con acciones concretas, sobre la “disminución de la protección ambiental”, la “regulación de actividades industriales para lograr la protección efectiva del medio ambiente, y la necesidad de garantizar la capacidad institucional (en materia ambiental), resquebrajada con los paquetes normativos que han limitado sus funciones, además de generar espacios de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Comercial en materia ambiental y laboral con participación de la sociedad civil”.