Valles agrícolas en resistencia: Piura y Arequipa se movilizan contra proyectos mineros sin aceptación social

La producción de los valles agrícolas de Piura y Arequipa es fundamental para alimentar a las ciudades del interior del país. La agricultura familiar es una forma de desarrollo económico local que contribuye a la seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, es un modo de vida en las zonas rurales. Sin embargo, bajo la lógica prominera, los metales parecen tener más valor que los alimentos y el agua, una visión que contradice a las demandas de la movilización social, por lo cual se han reactivado conflictos ambientales.

PIURA

Tambogrande es uno de los distritos que conforman la provincia de Piura, en el departamento de Piura. Es una de las zonas más fértiles del norte peruano gracias a sus extensos valles agrícolas que producen alimentos y frutales como mangos y limones.

La economía local se basa en la actividad agropecuaria. Existen alrededor de 21 mil 134 habitantes dedicados a las labores agropecuarias, según el Diagnóstico de Brechas de Infraestructura y/o Acceso a Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. PMI 2023-2025. Con relación a los principales cultivos que se siembran en el distrito: mango, limón, arroz, maíz, uva, maracuyá, palta, etc.

El Valle de San Lorenzo utiliza agua del río Quiróz a través de la represa San Lorenzo. La ruta del agua es más amplia de lo que uno se imagina, puesto que el río nace en Ayabaca, entre las comunidades campesinas Yanta y Aranza, zonas de páramos y bosques de neblina que captan el agua para la agricultura y la vida en general de la población urbana y rural de Piura y dos provincias de Cajamarca.

En 2002, Tambogrande se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica en realizar una consulta vecinal frente a un proyecto minero: 95% rechazó el ingreso de la minería. No obstante, más de veinte años después, el régimen de Dina Boluarte y sector minero pretenden imponer el proyecto subterráneo El Algarrobo para extraer cobre, zinc y plata bajo la adjudicación a la empresa Buenaventura.

El viernes último, la población respondió con una masiva movilización que fue reprimida por la Policía Nacional del Perú y dejó a cinco personas detenidas y dos heridos. La defensa del territorio, el agua y la agricultura no es nueva en Tambogrande, donde la minería no ha conseguido la aceptación social debido a que la apuesta es por el agro, los alimentos y el agua antes que los metales.

AREQUIPA

El Valle de Tambo destaca por su producción de arroz, ajo y cebolla, con destino a Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y para el consumo local de Islay. Es una área agrícola de 15 mil 218.3 hectáreas de terreno de calidad agroecológica alta para cultivos, que comprende en un 90% los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Mejía y Punto de Bombón, considerados parte del proyecto Tía María. La principal fuente de agua para la agricultura y para el consumo humano proviene del ecosistema del río Tambo.

Frente a las presiones políticas del gobierno y de la empresa Southern Perú para lograr el inicio de operaciones mineras sin haberse subsanado las observaciones técnicas y ambientales planteadas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), desde el 17 de febrero, cientos de pobladores iniciaron un paro indefinido en el Valle de Tambo. Lejos de gestionar un proceso de diálogo y mecanismo de participación ciudadana, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció la construcción del controvertido proyecto pese al rechazo y protesta social.

Este conflicto social lleva más de 15 años y cada cierto tiempo se encuentra en estado latente o activo. En 2009, los habitantes realizaron una consulta vecinal para decidir si permitían o no el ingreso de la minería en su territorio: más del 90% rechazó el proyecto minero. Desde entonces, la represión de los gobiernos de turno ha sido violenta y con consecuencias lamentables: 8 fallecidos, cientos de heridos y dos dirigentes presos (Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo).

En su última editorial, el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, precisó que ambos casos, Tambogrande y Valle de Tambo, reflejan una preocupante tendencia en la política nacional: la imposición de proyectos extractivos por encima del agua, la agricultura y el bienestar de la población y comunidades.

“Esta postura no solo vulnera derechos fundamentales, sino que perpetúa un ciclo de conflictos sociales que podrían evitarse con un verdadero proceso de diálogo y participación ciudadana”, puntualizó.