Vigilantes y Monitores ambientales del país realizaron su III Encuentro y monitorearon el río Moche

En Trujillo se desarrolló desde el miércoles 23 hasta el viernes 25 de marzo el III Encuentro Internacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios. Entre sus objetivos estuvo analizar los impactos de las actividades extractivas en los recursos hídricos en los países de América Latina y elaborar propuestas de acción conjunta ante el Estado y la sociedad en general. 

El encuentro arrancó con un análisis de renombrados activistas, científicos sociales y políticos latinoamericanos, que trazaron un análisis sobre el momento momento político, social y ambiental en el que nos encontramos más allá de las fronteras del Perú

Más de lo mismo que conducirá a más de los peor en el planeta

Alberto Acosta, economista y reconocida figura política de Ecuador, ya que fue presidente de la Asamblea Constituyente de su país, inició su intervención recordando al recientemente fallecido fundador de la Universidad de la Tierra (Unitierra) en Oaxaca México, Gustavo Esteva, que poco antes de morir dijo que el mundo se cae a pedazos a nuestro alrededor. Para Acosta eso queda en evidencia con las crisis que vivimos actualmente “Caen las ideas que formaron el mundo moderno de los últimos 200 años. Y eso es lo que estamos viviendo este rato en el planeta. El mundo se cae a pedazos por una serie de acciones, por una serie de omisiones y sobre todo por una voracidad desatada por la acumulación del capital”. Es en ese contexto que aparecen las pandemias, no sólo la pandemia del Coronavirus, explica quien fuera ministro de energía del primer gobierno de Rafael Correa: ”Sabemos que el 70 por ciento de los virus que ha padecido la humanidad en los últimos treinta años, son de origen zoonótico, porque hemos roto el equilibrio ecológico, hemos destruido la biodiversidad y esos virus comienzan a transmitirse a los seres humanos”.

También enmarca en ese escenario las guerras que avanzan en el planeta. “Esta rato estamos concentrados en una guerra que es la que interesa a los poderosos y que tiene que ver con la agresión de Rusia a Ucrania, pero hay otras guerras simultáneamente, que no aparecen en los grandes medios de comunicación” relata y enumera algunas: “la guerra en Libia, la guerra en Irak, la guerra en Sudán, la guerra permanente contra el pueblo palestino y esta es la realidad de este planeta.

En términos medioambientales, explica que el panel de expertos climáticos de Naciones Unidas conocido por las siglas en inglés IPCC nos dice que ninguna región, ninguna población, ningún mar en la tierra está ya a salvo de los daños que provoca el cambio climático. Para Acosta el mayor peligro es que se normalice una realidad que ya antes de la pandemia era de anormalidad para la mayor parte de la población humana y quienes nos gobiernan quieren devolvernos a esa normalidad.

“Se repiten las mismas propuestas para resolver los problemas, problemas que estaban presentes desde antes, problemas estructurales, problemas que se habían agudizado antes de la aparición del coronavirus y problemas que ahora son mucho más graves producto del coronavirus y también efecto de las políticas que han adoptado nuestros gobernantes para enfrentar esta pandemia y naturalmente esta situación se va hacer más crítica efecto de la guerra en Ucrania”, dice. 

Entonces qué es lo que propone: más crecimiento económico para superar el bache de la crisis, lo que demanda más exportaciones, más inversiones, más extractivismo, y de la mano viene también la flexibilización laboral.

O como dice en pocas palabras “Es más de lo mismo que conducirá a más de los peor”.

Para Acosta tenemos que hacer una valoración muy detenida sobre lo que representan los extractivismos: “Estos extractivismos nos permiten entender mejor los procesos de saqueos, los procesos de devastación, el mismo proceso de empobrecimiento de nuestros países que van recreando la colonialidad. Con economías que vive de la renta, la renta de la naturaleza. Estados rentistas, sociedades con prácticas clientelares, violencia generalizada, corrupción y gobiernos autoritarios y todo esto con empresas transnacionales como hemos visto tanto en gobiernos con gobiernos neoliberales como en países con gobiernos progresistas”.   

Según su palabras, la violencia no es solo una consecuencia de estos procesos. No es que la minería o el petróleo provoquen violencia, la violencia es una condición necesaria para necesaria para que se lleven a cabo los proyectos extractivistas.

Por eso a su juicio “ se sigue ahondando en la explotación de recursos naturales, se sigue ahondando en la pérdida de condiciones de vida para las comunidades. 

Se va viendo como el agua ha sido transformada más y más en una mercancía. Ya no solo para que las empresas mineras puedan extraer los minerales, o para que las empresas petroleras inyecten agua para seguir sacando petróleo sino que el agua ahora entra a la bolsa de valores”. 

Ese extractivismo, para Acosta, es cada vez más una opción de muerte y destrucción, encuentra respuestas cada vez más brutales a través de la mercantilización de la vida.

Por eso exclama “Quienes defendemos la vida estamos convocados a oponernos a ello, a reivindicar el derecho a existir y me parece fundamental rescatar en estos momentos la importancia del agua. El agua es vida, no puede ser un negocio”. 

Para él, hay que trabajar este concepto desde dos ángulos fundamentales: El primero el agua como un derecho humano que no puede ser mercantilizado. El otro desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza, el derecho que tiene el agua a que se garantice su ciclo vital.  Explica “Hay que levantar la defensa del agua como una bandera de vida. Hay que generar la capacidad para ir desmercantilizando el agua, (esto) tiene que avanzar hacia a la desprivatización del agua, que no significa que tiene que ser estatizado. Hay que dar paso a que las comunidades, a través de sus múltiples formas de organización, controlen y vigilen el uso adecuado del agua”.

Concluye que en esa lucha por el agua se debe priorizar entonces, primero: el agua para los seres humanos, en segundo lugar, agua para la soberanía alimentaria, para la producción de alimentos por el campesinado,  en tercero es vital garantizar el ciclo del agua. Si no tenemos agua en calidad y abundancia, las condiciones de vida serán cada vez más precarias. Y sólo en cuarto lugar el agua para procesos productivos. 

“No podemos seguir sacrificando la vida, la vida de nuestros hijos e hijas, de nuestros nietos y nietas en clave de acumulación permanente”. 

Para él, a pesar de que Chile es uno de los países de la región que vive una situación de crisis hídrica permanente en amplias franjas de su territorio al mismo tiempo vive un proceso en que se está enfrentando un debate constitucional para que el agua sea un derecho de la naturaleza.

El proceso constituyente en Chile y la lucha por el agua

El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, Lucio Cuenca coincide con Alberto Acosta en que las discusiones en torno a los derechos humanos y de la naturaleza relacionados con el agua ha sido uno de los ejes fundamentales en la revuelta popular y el estallido social que abrió camino a un proceso constituyente encausado por las instituciones.  

El activista ambiental expone que “Ha habido un proceso en Chile  que viene movilizando voluntades desde hace más de 10 años a través de diferentes movimientos sociales que se acelera con el estallido social y la revuelta popular que se inicia en octubre de 2019 en el contexto de un gobierno de derecha que pretendía profundizar el modelo neoliberal y el extractivismo en nuestro país. Eso nos coloca hoy quizás con algunas señales esperanzadoras de avanzar en un camino que pueda erradicar los pilares que fueron instalados en la Constitución chilena aún vigente. La constitución de Pinochet, que se ideó en dictadura y que tiene en su esencia elementos que están en función y nos amarran a una economía neoliberal extractivista que se ha profundizado en los últimos cuarenta anos y que han generado muchas situaciones de injusticia y desigualdad como nunca se habían visto en nuestro país” Para el ingeniero, si bien Chile aparece como una economía con indicadores macroeconómicos muy auspiciosos ante el mundo, la realidad del país que evidencia es la profunda desigualdad, la situación de precarización de la vida de muchos sectores.  

Una situación que no daba para más “Llegamos al punto de inflexión que abre una nueva etapa política que enrostra a la clase política las demandas no cumplidas, no satisfechas que se traduce en la precarización de la vida de territorios y poblaciones urbanos y rurales, fruto de un neoliberalismo a ultranza, una economía extractivista, basada en la extracción de grandes volúmenes de la naturaleza a lo largo de la geografía del país y que también habla de muchos conflictos resistencias en los últimos 25 a 30 años”.  Explica que hay actividades como la exportación minera, forestal, agroindustrial que han hecho concentrar la riqueza en pocas manos y donde el agua pasa a ser un tema fundamental. “Llegamos al estallido social en Chile con demandas muy sentidas como el sistema de pensiones, educación, derechos de las mujeres, el agua” Para Acosta es importante señalar cómo la dictadura de Pinochet posibilitó la privatización del agua y la blindó en la Constitución que hizo a gusto de los inversores:

“Se dejó amarrado el mecanismo para la privatización del agua pero también para la privatización de las concesiones mineras. Eso lleva a que el uno por ciento de todas las personas que tienen derecho de usos de agua, concentran el 79% del agua disponible. Eso es minería y agroexportación. Eso significa depredación e injusticia, profundizando la fragilidad del territorio” En consecuencia para Cuenca “por eso en la revuelta popular, surge la demanda por la desprivatización del agua. Se ha vuelto a levantar la medida de la nacionalización minera. El 41% de todo el territorio está concesionado a la minería y el 90% le corresponde a las transnacionales. La desprivatización del agua está en la raíz del combate al modelo neoliberal. No solo reconocer el agua como derecho humano en la constitución, nosotros estamos levantando que se declare el agua como un bien común inapropiable”.  

Si bien a juicio del director de OLCA los movimientos sociales llegaron muy desarticulados y con mucha debilidad al momento del estallido social, en el proceso que se ha ido desarrollando desde entonces ha habido un aprendizaje acelerado con la posibilidad de encuentros programáticos entre diversos movimientos.

Si bien la nueva constitución no nos va a generar un nuevo país al día siguiente de su aprobación, si va a sentar las bases para seguir luchando por un país plurinacional donde se garanticen los derechos. En la constitución ya se sigue construyendo desde los territorios. Nos permite repensar las leyes que vienen, el país en su sistema político, territorial, de descentralización. 

Crisis política interna crea inercia y no permite debatir el modelo

Mirtha Vásquez, ex presidenta del Consejo de Ministros y otra de las figuras políticas invitadas a este encuentro coincide con el diagnóstico de Alberto Acosta en relación al  efecto rebote de la pandemia que llevará a una intensificación de la producción nociva.

También hay un incentivo para el aceleramiento de los concreción de proyectos mineros, por la alta demanda de minerales

En cuanto a los factores internos Vásquez dice que “el país está funcionando casi, casi en modo automático. No hay ningún replanteo para un funcionamiento diferente o generar una propuesta de desarrollo para el país que no sea la tradicional basada en el extractivismo. Y no preveo que haya una reflexión al respecto mientras la crisis política continúe”.

Dice que pese a que puede sonar muy duro, “hay que admitir que en nuestro país, y no sólo afecta al Perú, no solo estamos retornando a esta política extractivista, sino que este modelo extractivista se va a profundizar. Con unas consecuencias, que en palabras de Alberto Acosta, para la biopolítica trae afectación para los territorios, es decir se toma control sobre todo aquello que está al interior de esos espacios excluyendo a las personas que los habitan”. 

En ese sentido para la ex premier en el Perú siguen los problemas con la minería. “En estos momentos, los conflictos siguen aumentando. El último reporte de la Defensoría del Pueblo dice que tenemos 203 conflictos en el país y de ellos 132 están relacionados con el agua y territorio, conflictos eco territoriales, lo que nos muestra un contexto muy preocupante”.

Una situación que no tiene visos de cambiar: “en el tema del agua hay que decir que lamentablemente la demanda hídrica va a incrementarse y eso se da no solo por la reactivación de actividades como la minería por ejemplo, sino por otras actividades que son muy nocivas. Acá en el Perú se está reactivando la agroexportación. Pese al anuncio que vamos a tener una reforma agraria, lo primero que ha hecho el actual ministro (del MINAGRI) es darle incentivos a los agroexportadores para que puedan seguir con esa dinámica de explotar territorios y normalmente aquí están ubicadas estas actividades en la costa y eso va a demandar un uso aún mayor del recurso hídrico”

Para Vásquez resulta muy preocupante asimismo la corrupción que se está impregnando a nivel institucional. “Por ejemplo la Autoridad Nacional del Agua y otros organismos, donde los funcionarios son capaces de asignar los recursos hídricos a quienes pueden pagar más”. Para concluir que hay una ausencia de políticas ambientales:  “no tenemos nada para solucionar la crisis de fondo”.

Visita a zonas contaminadas de La Libertad en la localidad de Shorey

Durante el día 2 del III Encuentro de vigilantes y monitores ambientales, los representantes de 12 comités de vigilancia y monitoreo ambiental de diferentes partes del Perú, visitaron el pasivo ambiental de la empresa minera Panamerican Silver ubicado en el distrito de Shorey. Al mismo tiempo, se divisió como la minería artesanal informal viene operando en los cerros de la misma localidad. La minería artesanal inició cuando las empresas mineras formales abandonaron el pasivo ambiental y las concesiones que tienen en esta parte de la sierra liberteña. 

Tras divisar esta realidad, una fuerte granizada impidió monitorear los recursos hídricos que se ubican en esta zona, y se decidió ir a monitorear la zona baja del río Moche, que es afectado por este pasivo ambiental y la minería artesanal.

Formados en 3 grandes grupos, los vigilantes y monitores ambientales de todo el país intercambiaron técnicas de medición de parámetros de contaminación con los equipos con los que cuentan las instituciones que acompañan a estos comités de vigilancia y monitoreo ambiental. Encontrando que el río Moche está contaminado en la parte baja, donde inicia la provincia de Trujillo.

Durante el día, antes de la granizada, los vigilantes y monitores ambientales pudieron hacer una ofrenda a la tierra, más arriba de la zona contaminada, agradeciéndole por brindar el agua, el aire y tierras productivas que ellos defienden ante el avance de las actividades mineras legales e ilegales, así como las empresas industriales y desechos de las personas en las diferentes localidades del país.

Durante el último día los vigilantes y monitores ambientales discutieron sus propuestas de incidencia al Estado. Está pendiente la aprobación del proyecto de ley que reconoce a los vigilantes y monitores ambientales, para que sus informes sean parte del Sistema Nacional Ambiental, entre otras propuestas que darán a conocer a través de un manifiesto.