Vizcarra: ¿Uso de la emergencia del coronavirus para intereses mineros?

Artículo de opinión

Ing. Juan Aste Daffós                                            

Para los mineros no hay emergencia, piden a través de María Isabel León, Presidenta de la Confiep, que la actividad minera no se paralice y que los 15 días de la emergencia sean sin goce de haber o a cuenta de vacaciones de los trabajadores, pero se agrava cuando junto con la aprobación del Estado de Emergencia por el coronavirus, se publica el reglamento del decreto legislativo 1095 sobre el empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas, luego de 9 años de búsqueda del momento oportuno, como para que pase por “agua tibia”.

Efectivamente, el objetivo del DS 003-2020 del sector defensa es “establecer los lineamientos y procedimientos que regulen el empleo y uso de la fuerza durante las operaciones y acciones militares de las fuerzas armadas en el territorio nacional”, y donde se define ataque “como un acto de violencia, en el que existe una expectativa razonable de que puedan generarse muertes, perjuicio a la integridad física de las personas, o daños a la propiedad en el marco de la aplicación del derecho internacional humanitario (DIH)”. También define fuerza letal como “el empleo de la fuerza a través de medios lícitos, por el cual resulta probable causar el deceso de miembros del grupo hostil, siendo su empleo regulado por el DIH”. Es decir, establece el ámbito y las situaciones en que intervienen las fuerzas armadas en estados de emergencia o en casos donde estos no se dan.

Profundización de la represión 

Esta norma otorga la base legal para situaciones en que las FFAA y la PNP disparen y hieran o maten y realicen detenciones, tanto en movilizaciones donde identifiquen grupos organizados de protesta social que se protegen y defienden del ataque de las fuerzas del Estado y a los cuales la norma llama “grupos hostiles” o cuando atacan a manifestantes en casos de movilización esporádica o aislada donde no hay un enfrentamiento.

Para ello, la norma crea la figura del Asesor Jurídico Operacional (AJO), encargado de analizar y darle la base legal a las acciones u operativos militares, nombre que paradójicamente representa al alimento que el Valle de Tambo está aportando para fortalecer el sistema inmunológico de la población del país frente al coronavirus. De esta manera, se garantiza, dice la norma, “la protección de la sociedad, en defensa del estado de derecho y a fin de asegurar la paz y el orden interno en el territorio nacional”. El mundo al revés, porque nunca se consulta sobre los proyectos mineros a las poblaciones locales y, por el contrario, se imponen a cualquier costo porque “es lo mejor para el país” o para las transnacionales que dominan la minería “peruana”.

Se nota que con “grupos hostiles” se refieren a las familias de los agricultores del Valle de Tambo, del Valle de San Lorenzo en Tambogrande y a las comunidades y rondas campesinas organizadas de Huancabamba y Ayabaca, y a las comunidades, poblaciones locales y pequeños agricultores del corredor minero del sur (Espinar, Chumbivilcas, Paruro, Cotabambas, Grau, Arequipa, Moquegua y Tacna). Las más de 20 muertes en los conflictos en estos lugares siguen impunes.  Los estados de emergencia no han resuelto nada, solo identifican comuneros, agricultores y pobladores como “terroristas antimineros” o “agitadores profesionales que alteran el orden público”, postergando los conflictos y agravando la situación de inestabilidad. Está claro que este decreto debe ser cuestionado desde el movimiento social y el congreso de la república, dado que es una norma legal inconstitucional porque ampara que las FFAA violen los derechos humanos y causen la muerte “a nombre del estado de derecho y la sociedad”.

¿Este apoyo a la minería, señor Vizcarra, es a cambio de reducir o eliminar el respaldo popular que aún tiene como activo en la lucha contra la corrupción y el inicio de las reformas política y de justicia pensando en su próxima candidatura?

Ganancia minera en época de coronavirus

Después de la emergencia por el coronavirus, la Confiep y los mineros a la cabeza, no quieren ninguna protesta o paralización que frene la recuperación de sus ganancias y, por el contrario, quieren sacar adelante sus proyectos, con apoyo del Estado, para que las empresas impongan temporalmente “capacitaciones y donaciones” en el marco de su “responsabilidad social empresarial” para lograr la licencia social y luego desplazar o dominar a las poblaciones locales y así contribuir a “reactivar” la economía peruana. Por eso, ahora son “tan solidarios” que quieren seguir ganando en medio de la emergencia por el coronavirus, lo que les permitirá ahorrar para invertir en nuevos candidatos que los apoyen desde el 2021, año del bicentenario.

En base a la experiencia del apoyo “solidario” de la Confiep, los aportes “desinteresados” de la ong “Reflexión Democrática” de Roque Benavides; las donaciones “sin pedir nada a cambio” de Dionisio Romero y Vito Rodríguez; las “comisiones” de Graña y Montero, Odebrecht, y otros amigos del club de la construcción como Obrainsa, Superconcreto, Iccgsa y Alpha Consult, en apoyo a Keiko y el fujimorismo; es posible pensar que así como invirtieron en el fujimorismo a cambio de apoyar sus intereses desde el congreso o en el ejecutivo para asegurar sobreganancias en las adendas, ahora tienen la oportunidad de reivindicarse y duplicar el monto perdido en keiko y reintegrar lo ganado demás, en beneficio de la salud del pueblo peruano, y lo podemos hacer legal e inmediatamente con la eliminación de las exoneraciones tributarias y un adelanto de su pago hoy.

Irresponsabilidad con afectados

Claro, a las niñas y niños con metales pesados en sus cuerpos en todo el país, que el Estado Peruano se encargue de su atención con la plata de los peruanos y peruanas, porque las empresas mineras no pueden perder imagen al aceptar que su actividad afecta la salud de las poblaciones locales de su entorno y tengan que pagar una indemnización, porque sus acciones en bolsa bajarían y con ello su liquidez y se afectarían sus ganancias.   

Lima, 17 de marzo 2020