El sur de Ayacucho y el cierre de minas: Mucho más en juego que las inversiones

El anuncio de la premier Mirtha Vásquez en la comunidad de Cora Cora el pasado viernes 19 de noviembre, de hacer cumplir la programación de cierre de cuatro proyectos mineros, en respuesta a los reclamos de las comunidades en tres provincias del sur de Ayacucho generó molestias en el gremio minero y el conglomerado de empresarios de la CONFIEP. Después ha habido una aclaración de la premier, que muchos comentaristas han interpretado como una media vuelta para esquivar los ataques empresariales. Al menos han sido palabras que intentan matizar algo que los empresarios, por un lado, han hecho ver como un ataque a las inversiones y, las comunidades, por su parte, han asumido como un avance en el reconocimiento de derechos humanos fundamentales.

Por eso, estas últimas agrupadas en el Comité de Lucha Central de Ayacucho Sur Contra la Contaminación Ambiental aseguraron el martes 23 a través de un comunicado que esperan el cumplimiento por parte del Ejecutivo de los acuerdos firmados solemnemente en Cora Cora y que incluye la negociación de los plazos y términos del retiro con las empresas y la participación de las comunidades y el cierre de las cuatro unidades mineras de las cabeceras de cuenca. A través del mismo comunicado han advertido, que el paro indefinido se podría reactivar si el Ejecutivo incumple el acta firmada. Un acuerdo que según el mencionado comunicado expresa un paso importante para la solución del conflicto minero ambiental, tras más de 10 años de lucha.

En cuanto al conflicto ambiental el gerente general de la empresa Ares, Ignacio Bustamante, dueña de las unidades mineras Inmaculada y Pallancata, y a su vez subsidiaria del consorcio de capitales británicos Hochschild Mining plc. afectadas por el anuncio, rechazó rotundamente que sus operaciones contaminen el medio ambiente. “Operamos bajo los estándares ambientales más altos, tanto nacionales como internacionales, aplicando las mejores prácticas de la industria minera.”,

Prácticas que son cuestionadas justamente por las comunidades que respaldaron el acuerdo de Cora Cora en el manifiesto del mencionado Comité de Lucha del pasado martes: “Las corporaciones mineras se han posicionado sobre yacimientos minerales ubicadas exactamente sobre las cabeceras de cuenca con las consecuencias de graves contaminación de agua”

Para el ingeniero ambiental Edwin Alejandro de Red Muqui, el gran potencial que tiene esta región es la enorme cantidad de fuentes hídricas que están ubicadas en estas cabeceras de cuencas en Páucar del Sara Sara, Lucanas y Parinacochas. “En la zona hay más de 587 fuentes que están en riesgo por estas actividades extractivas, no sólo por las minas que ya están siendo explotadas y por los proyectos en exploración con perforaciones que se han dado en plena pandemia para examinar el potencial minero dentro del territorio”.

Las comunidades de las tres provincias basan su rechazo en los documentos técnicos de dos entidades oficiales que han analizado la calidad del agua y han encontrado metales pesados. Como resume el medio de investigación periodístico, Epicentro TV, “El primero es un informe técnico del Ministerio de Salud que contiene los resultados de una evaluación realizada al agua que consumen los pueblos del sur de Ayacucho, y el otro, un informe técnico de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, con las conclusiones de varios monitoreos realizados a cuencas, ríos, quebradas y riachuelos ubicados en el ámbito de acción de las mineras”.

Hasta aquí la evidencia. Más difícil, porque requiere de muchos otros estudios, es establecer la causalidad entre la minería y esos metales pesados en las fuentes de agua.

En otra arista de los conceptos en disputa, el jefe del gremio empresarial CONFIEP, Oscar Caipo, en la conferencia de prensa del pasado sábado sentenció que el gobierno actuaba “desconociendo el Estado de Derecho y todos sus principios y constituye un atropello a la inversión privada y a la estabilidad del país”. En una afirmación que puede interpretarse como una amenaza hacia el gobierno y que desconoce las atribuciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, el representante de la CONFIEP añadió  que “ la Primera Ministra está pasando por encima del Estado de Derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley, asumiendo funciones que por ley corresponden a otras instancias del Estado, sin el mandato legal y competencias para tomarlas”.

Para el abogado Rodrigo Lauracio se podría argumentar también la seguridad jurídica desde el punto de vista de la importancia que tiene el cumplimiento de los planes de cierre para las comunidades afectadas y explica “Al igual que garantizar la seguridad jurídica de las empresas mientras, el Estado también tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos (ambiente, agua, salud, territorio). Cuando una actividad minera pone en riesgo estos derechos, conforme al art. 4 del reglamento de la ley 28090, el Estado puede ordenar su cierre adelantado".

En cuanto al relato del beneficio económico que traería la actividad minera para el país que han reiterado desde el gremio de los empresarios mineros, tanto para las contribuciones al fisco como para la generación de empleo, Juan Aste pone en entredicho esos argumentos. Para el economista  las únicas que ganan principalmente son las empresas mineras, que en un primer momento  solo aportan en tributos entre el 8 y el 10 por ciento del total que recauda el Estado. Sin embargo, y si se descuentan las devoluciones que ese mismo Estado entrega a las mineras, su aporte neto para el periodo 2015 a 1019  fue de apenas el  tres por ciento. Únicamente durante los superciclos de altos precios de los metales, como el que estamos presenciando actualmente, esa proporción aumenta. Así, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha subido al 14.4 por ciento.

Para el economista y consultor de Red Muqui lo que han intentado los empresarios con su tono confrontacional hacia el Gobierno es frenar cualquier acuerdo del Gobierno con las organizaciones sociales.

Según su punto de vista “Se ha llegado casi al punto cero, pero sí se ha abierto un debate que es muy fructífero y que hay que aprovechar para garantizar las condiciones básicas, para que exista la actividad minera en estas cuencas. Creo que ahí hay un elemento clave. Porque si se cierran mal estas minas, como ha ido ocurriendo, nos econtramos con un incremento de los pasivos ambientales (PAM). Estamos en 7668 de estos pasivos (montañas de residuos y relaves tóxicos, muchas veces expuestas a la intemperie N.d.R) ahora. Lo que hay que hacer es evaluar con las comunidades que están en riesgo,  la implementación de estos planes de cierre en esos sitios. Hay una extensa actividad agropecuaria y hay mucha gente que está empleada porque hay una amplia cadena productiva y de comercialización que se extiende de esas tres o cuatro provincias, claves en la zona”.