Comunidades aimaras de Puno presentan demanda contra 7 concesiones mineras inconsultas

Las comunidades campesinas aimaras del distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, región Puno, presentaron una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (Ingemmet) y una empresa minera con inversión extranjera frente a la imposición de siete concesiones mineras ubicadas en sus territorios.

Esta acción legal es una respuesta organizada a la autorización de derechos mineros realizada por el régimen de Dina Boluarte, apenas seis días después de asumir la presidencia del Perú. Fueron otorgadas en favor de la empresa minera Consolidated Copper Corporation, que posteriormente cambió su nombre a Nueva Energía Metales S.A.C. De esta manera, las 6400 hectáreas que abarcan las concesiones mineras tituladas representan una amenaza para la identidad cultural y la espiritualidad.

Estos derechos mineros de tipo metálica, que se encuentran en las cuencas transfronterizas de Callaccame, Pusuma y Mauri Chico y las cuales son compartidas entre Perú y Bolivia, impactan directamente a las comunidades indígenas de Alto Aracachi Queluyo, Centro Aracachi Chiaraqui, Pérez y Maycu Phujo. Dichas concesiones afectan sus derechos fundamentales a la consulta previa, al territorio y a la autodeterminación como pueblos indígenas aimaras, conforme lo garantiza la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT.

Por ello, el Segundo Juzgado Mixto de Desaguadero admitió la demanda de amparo interpuesta por las comunidades de Alto Aracachi Quelluyo, Chacocollo y anexo Isca Chacocollo con el patrocinio de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), institución asociada a la Red Muqui. 

Con ello se busca anular estas concesiones mineras en conformidad con el numeral 2 del artículo 200° de la Constitución Política del Perú, los artículos 6° y 7° del Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Así también  en la demanda se solicita que se ordene al Viceministerio de Interculturalidad realizar un proceso de consulta previa en forma adecuada, con la participación de todas las comunidades afectadas.

Además, de las siete concesiones mineras otorgadas a Nueva Energía Metales S.A.C., hay nuevos petitorios mineros presentados por la empresa Energy Craft America S.A.C., evidenciando un acelerado avance en la expansión de la actividad minera en las cuencas transfronterizas gracias a una política prominera de Dina Boluarte.

TESTIMONIOS

La lucha por defender su territorio y medio ambiente de las comunidades del altiplano no es nueva. Hace once años resistieron al proyecto minero Santa Ana, impulsado por la canadiense Bear Creek Mining Company.  A continuación testimonio de los representantes:

“Mediante la georreferenciación con GPS, hemos identificado que las concesiones mineras se superponen a zonas de vivienda, áreas agrícolas y ganaderas esenciales para nuestra subsistencia, e incluso abarcan la plaza de armas del distrito de Kelluyo”, expresó Daniel Limache Illacutipa, presidente de la comunidad de Alto Aracachi Quelluyo. 

Seguidamente explicó que su preocupación se centran en que la actividad minera pueda contaminar sus tierras y fuentes de agua. “Tenemos conocimiento de que, en otras regiones del país donde opera la minería, se han generado problemas graves como delincuencia, trata de personas y destrucción del medio ambiente. Además, estas actividades han afectado gravemente la convivencia social y cultural de las comunidades”.

De igual manera, el presidente de la comunidad Chacocollo y anexo Isca Chacocollo, Rubén Primitivo Llave Gómez, recordó que, durante las protestas de 2011 contra el proyecto minero Santa Ana, muchas autoridades y dirigentes de las comunidades fueron criminalizados y judicializados. “Ante esta situación, hemos decidido interponer una demanda de amparo contra el Estado peruano y la empresa minera, buscando que las instancias judiciales protejan nuestros derechos reconocidos tanto por la constitución como por el Convenio 169 de la OIT. No es posible que, para el Estado peruano, quienes habitamos y cuidamos nuestras comunidades, vigilando nuestras fronteras, seamos tratados como invisibles e ignorados en las decisiones de las políticas del gobierno. El Estado nunca estuvo presente en nuestras comunidades, pero cuando se trata de concesiones mineras, se otorgan con facilidad, sin respetar nuestra decisión”.

Nota elaborada a partir de la nota de prensa de DHUMA