Sociedad civil inicia resistencia legal contra leyes que vulneran la libertad de asociación y favorecen la impunidad

Diversas organizaciones de la sociedad civil, junto a la congresista Ruth Luque, ofrecieron hoy una conferencia de prensa en el Congreso de la República para anunciar la presentación de acciones legales contra la Ley 32301, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo.

Esta norma modifica la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y tiene como fin
restringir y controlar el trabajo de organizaciones no gubernamentales, colectivos ciudadanos, gremios, ENIEX e IPREDAS, así como limitar la defensa de casos de violaciones de derechos humanos, favoreciendo la impunidad.

Desde el hall de los Pasos Perdidos, voceros de organizaciones sociales, gremios agrarios, ambientales, de derechos humanos y de víctimas de violencia estatal alertaron sobre los graves retrocesos que esta ley representa para la democracia y el Estado de derecho en el Perú.

La congresista Ruth Luque denunció que el Congreso impulsa un conjunto de normas antidemocráticas, que perpetúan la impunidad y protegen a violadores de derechos humanos. “El Congreso pretende callar las voces críticas de la sociedad civil… busca restringir el derecho a la asociación, a la reunión y a la participación política. Vivimos un momento grave para la democracia”, declaró Javier Azpur, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC), al anunciar la presentación de una acción de amparo contra esta norma, el Congreso y el Poder Ejecutivo.

Para Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), esta ley impide que las organizaciones de derechos humanos litiguen contra el Estado, lo que beneficia directamente a los perpetradores de crímenes y profundiza la impunidad.

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Tania Pariona expresó su firme rechazo a las normas que buscan borrar la memoria histórica y debilitar la lucha por la justicia que miles de familia han sostenido durante décadas. “Los derechos humanos se defienden”, enfatizó.

Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, advirtió sobre una clara intención política del Congreso y el Ejecutivo de restringir los derechos ambientales y de los pueblos indígenas.

Por su parte, Betty Águila, hermana de una víctima de la represión en Puno, exigió justicia y cuestionó a los congresistas por “legislan a favor de los asesinos, mientras las madres seguimos luchando con niños huérfanos y sin justicia”.

Desde el sector agrario, Eusebio Vásquez, representante de pequeños agricultores, recordó que los sectores más vulnerables son los más afectados: “Gracias a la cooperación internacional podemos organizarnos y producir alimentos”, afirmó.

Finalmente, las organizaciones reafirmaron que seguirán emprendiendo acciones legales y de movilización para defender la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales.

“No nos van a callar. Vamos a hacer respetar nuestros derechos”, concluyeron.