Incidencia internacional lleva al Parlamento alemán casos de contaminación minera en el Perú

La denuncia internacional impulsada por delegaciones de Puerto Huarmey (Áncash) y el Valle de Tumilaca (Moquegua), en articulación con la Red Muqui, el Instituto Natura, DHUMA y MISEREOR, llegó al Bundestag, Cámara Baja del Parlamento alemán, como parte de una acción de incidencia para visibilizar la vulneración de derechos humanos y los impactos en el agua y ambiente asociados a la cadena global de suministro del cobre.

El pasado 18 de marzo se realizó una sesión semipresencial con participación de diputados y representantes de ministerios, donde se invitó a Lilian Oscco, secretaria de la Red Muqui, con el objetivo de analizar la situación de la minería en el Perú a partir de la queja presentada ante la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de las Exportaciones (BAFA) contra la empresa transnacional Aurubis, compradora del concentrado de cobre proveniente de Antamina en Áncash y Anglo American en Moquegua. 

En noviembre de 2025, la queja fue presentada por Estela Rojas, representante del Comité de Salud de Puerto Huarmey y persona afectada por metales pesados, así como por Lucio Flores, integrante de la Federación Agraria y Ambiental de Moquegua, quienes realizaron una gira de incidencia en Alemania para exponer los impactos ambientales y sanitarios que enfrentan en sus territorios. En febrero de este año, la BAFA informó oficialmente el inicio de un proceso de investigación sobre el caso de Puerto Huarmey, lo que dio lugar a que el tema sea discutido en el Parlamento alemán. En marzo dicha oficina también anunció que empezaría el análisis del caso del Valle de Tumilaca.

Una ley clave para la responsabilidad empresarial

El interés del Bundestag en estos casos se enmarca en la Ley de Debida Diligencia en las Cadenas de Suministro, vigente desde 2023, que obliga a las empresas con operaciones internacionales a prevenir, identificar y remediar riesgos de vulneración de derechos humanos y daños a la salud y al ambiente en toda su cadena de proveedores. Bajo esta normativa, Aurubis tiene la obligación de garantizar que el cobre que adquiere no esté vinculado a contaminación ni a afectaciones a comunidades.

La audiencia también se desarrolló en un contexto de debate político en Alemania sobre el futuro de esta ley, luego de que algunos sectores hayan planteado modificarla o debilitarla. En ese escenario, los casos de Puerto Huarmey y Valle de Tumilaca fueron presentados como ejemplos concretos de por qué es necesario mantener mecanismos de control sobre las cadenas globales de suministro.

Durante la sesión, la intervención de la secretaria ejecutiva de la Red Muqui, Lilian Oscco, permitió ampliar la discusión sobre los impactos del modelo extractivo en el Perú, en relación con la contaminación que afecta a poblaciones rurales dedicadas a la agricultura y comunidades pesqueras. Los parlamentarios formularon preguntas sobre los daños ambientales, la exposición a metales pesados y la responsabilidad de las empresas involucradas.

El debate en el Parlamento representa un paso importante en la incidencia internacional de las organizaciones y comunidades afectadas, que ante la falta de atención adecuada por parte del Estado peruano han recurrido a mecanismos internacionales para exigir justicia y protección de sus derechos.

“Las comunidades no pueden seguir asumiendo los costos de un modelo que genera beneficios en otros países mientras deja contaminación y daños a la salud en el Perú”, afirmó Lilian Oscco, al cierre de la sesión virtual.

Foto: Captura de pantalla del debate en Zoom