Valle de Tambo – Arequipa a la espera de decisión judicial sobre el futuro del proyecto minero Tía María

El pasado 7 de mayo, agricultores y representantes sociales del Valle de Tambo, en Arequipa, viajaron a Lima para realizar un plantón frente al Poder Judicial y reafirmar su rechazo al proyecto minero Tía María. La población sostiene que el proyecto representa una amenaza para el agua, la agricultura y la salud de las comunidades de la provincia de Islay.

La movilización coincidió con la audiencia principal del proceso de amparo presentado por agricultores del valle contra el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y la empresa Southern Perú, titular del proyecto minero. La demanda solicita que se declare la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María y se suspendan sus actividades.

Según los demandantes, el EIA, instrumento clave para prevenir y mitigar impactos ambientales, perdió vigencia en 2019, conforme a lo establecido por la Ley N.° 27446 y su reglamento. Además, sostienen que, desde su última actualización hace más de cinco años, la provincia de Islay ha experimentado cambios demográficos, sociales y territoriales que vuelven inviable continuar el proyecto con un estudio desactualizado.

Para los agricultores no se puede poner en riesgo el agua, la agricultura, el medio ambiente y la salud de la población para imponer un proyecto minero respaldado por un instrumento ambiental que ya no respondería a las condiciones actuales del territorio. 

Durante la audiencia participaron agricultores del Valle de Tambo, sus abogados y representantes del Minem, Senace y de Southern Perú, con el objetivo de que el juzgado escuche los argumentos de todas las partes involucradas.

Por su parte, la empresa minera y el Estado (Ministerio de Energía y Minas  y SENACE)  señalaron que el EIA no ha caducado y que el procedimiento administrativo se realizó conforme a la normativa vigente, por lo que consideran que no corresponde declarar la nulidad del estudio ambiental. Sin embargo, no profundizaron sus argumentos respecto al vencimiento de los plazos de caducidad.

Frente a ello, el abogado de los demandantes, David Velazco, argumentó que la controversia no gira en torno al procedimiento administrativo, sino al vencimiento de los plazos legales del EIA. Según indicó, no puede mantenerse vigente un estudio que ya no garantiza una adecuada evaluación de los impactos ambientales, sociales y territoriales del proyecto.

Una audiencia postergada en tres ocasiones

La acción de amparo fue presentada en marzo de 2025. Sin embargo, el proceso se ha prolongado más de lo previsto, generando preocupación e incertidumbre entre la población demandante.

Aunque la audiencia fue programada inicialmente para marzo, terminó siendo reprogramada en tres oportunidades bajo el argumento de que no todas las partes habían sido notificadas con anticipación.

Las demoras y reprogramaciones constantes no solo afectan el acceso oportuno a la justicia, sino que también profundizan la desconfianza de la población hacia las instituciones del Estado y aumentan las tensiones sociales en torno a uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos del Perú. l

Valle de Tambo se organiza para defender la vida y el territorio 

La población del Valle de Tambo continúa organizándose frente al avance de los proyectos mineros Tía María y La Tapada. En los últimos meses, agricultores, juntas de usuarios y  organizaciones sociales han realizado diversas movilizaciones en Arequipa y Lima para exigir que se respeten sus derechos y decisiones sobre el territorio. 

Una de las protestas más recientes ocurrió en marzo, cuando agricultores bloquearon un tramo de la carretera Panamericana Sur, en el sector de Ventillata. Los manifestantes advirtieron sobre el riesgo de contaminación del río Tambo y las posibles afectaciones a la agricultura, principal actividad económica y sustento de miles de familias de la provincia de Islay.

Más allá del conflicto minero, este caso refleja una disputa más profunda sobre quién decide el futuro de los territorios, qué modelo de desarrollo se impone y cuánto pesan realmente las voces de las comunidades y pueblos frente al poder político y económico. 

El Poder Judicial deberá emitir un pronunciamiento

Tras la audiencia, las partes deberán presentar informes complementarios para sustentar sus posiciones. Posteriormente, el juzgado emitirá un pronunciamiento. Según indicó el juez a cargo, la decisión podría conocerse aproximadamente cinco días después de realizada la audiencia.