Morococha: familias fueron desalojadas para ampliar proyecto minero y hoy la propia justicia denuncia a Chinalco

Cinco familias fueron desalojadas para favorecer la ampliación del proyecto minero Toromocho, operado por la empresa china Chinalco. Meses después, el mismo juez que autorizó el desalojo terminó denunciando a la minera por desacatar su orden judicial. El caso revela cómo, en nombre del “desarrollo”, el Estado, la justicia y el poder político terminan actuando más rápido para garantizar inversiones extractivas que para proteger derechos humanos.

Lo ocurrido en Morococha, en la región Junín, no es un hecho aislado. Es parte de un modelo que presenta la minería como inevitable y convierte a las comunidades en obstáculos para el progreso. Detrás del discurso del crecimiento económico, familias enteras enfrentan desplazamiento, pérdida de vivienda, exclusión y vulneración de derechos fundamentales.

Antecedentes del caso 

El 19 de septiembre de 2025, por orden del Juzgado Civil de La Oroya y en favor de la empresa minera Chinalco, un contingente policial desalojó a las últimas cinco familias que permanecían en la Antigua Morococha, ubicada a pocos metros del tajo minero del proyecto Toromocho.

Durante el operativo, las viviendas fueron demolidas y las pertenencias de las familias, junto con sus animales domésticos, fueron incautadas. Todo para despejar el territorio y permitir la ampliación del proyecto de cobre.

Sin embargo, meses después, el juez Jesús Santana Socualaya, quien había autorizado la medida cautelar de desalojo anticipado, solicitó al Ministerio Público investigar a la propia empresa minera. Según informó el medio Huanca York Times, Chinalco habría desacatado la orden judicial que impedía destruir o modificar las viviendas mientras el proceso seguía en curso.

El despojo como forma de gobernar el territorio

Para las familias afectadas, lo ocurrido confirma una realidad que denuncian desde hace años: el Estado y el sistema de justicia actúan con mayor rapidez para proteger inversiones mineras que para garantizar derechos como la vivienda digna, la participación o el debido proceso.

Este hecho muestra cómo el despojo territorial no ocurre únicamente mediante la fuerza policial. También se sostiene a través de decisiones judiciales, respaldo político y narrativas que presentan la expansión minera como una necesidad inevitable para el país.

Posteriormente, la Sala Mixta Descentralizada de Tarma confirmó la decisión judicial y ordenó remitir copias certificadas al Ministerio Público para investigar a representantes de Chinalco por presunta desobediencia a la autoridad. 

Aunque la empresa intentó justificar lo ocurrido, la Sala recordó que ninguna autoridad administrativa puede colocarse por encima de una resolución judicial vigente. 

Reuniones con la empresa y exclusión para las familias

Tras el desalojo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), promovió reuniones con autoridades y dirigentes de Nueva Morococha junto a representantes de Chinalco, con el objetivo de avanzar un Convenio Marco que permitiera consolidar la ampliación del proyecto minero. No obstante, las familias directamente afectadas por el reasentamiento quedaron fuera de estos espacios de diálogo. 

La exclusión resulta aún más grave si se considera que el propio Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Chinalco de 2009 reconocía que el territorio donde se construyó Nueva Morococha presentaba niveles de arsénico y plomo que superaban hasta once veces los estándares ambientales permitidos.

Mucho más que un conflicto minero

Morococha no representa únicamente un conflicto alrededor de un proyecto extractivo. Lo que está en disputa es el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio y sus formas de vida. Por eso, la resistencia de las familias se ha convertido en un símbolo frente a un modelo que continúa priorizando la rentabilidad minera sobre la vida y los derechos de las comunidades.