Pariahuanca – Junín: la contaminación por cianuro reabre el debate sobre quién decide en los territorios  

La contaminación por cianuro del río Yuracyacu, en el distrito de Pariahuanca, región Junín, que provocó la muerte de más de 2.5 millones de truchas y afectó tierras de cultivo, volvió a poner en evidencia los impactos de un modelo extractivo que continúa expandiéndose sin garantizar la protección del agua, los territorios y los derechos de las comunidades.

Las protestas de la población frente a la sede del Gobierno Regional de Junín, que terminaron con la represión de la Policía Nacional del Perú, expresan una preocupación legítima: la defensa del agua y de las condiciones que hacen posible la vida. Detrás de este conflicto existe un debate de fondo que merece ocupar un lugar central en la agenda pública: los alcances y límites de la política de concesiones mineras en el país.

Cerca de la cuenca del río Yuracyacu, donde se reportó la contaminación el pasado 27 de abril, existirían, al menos, 16 concesiones inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), aunque el número sería mayor. Una pericia policial realizada en mayo detectó la presencia de cianuro en los peces muertos, sustancia empleada en actividades mineras. Según informó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en la parte alta de la zona del incidente, se ubica la unidad minera Oro Negro.

A casi dos meses de ocurrido el desastre ambiental, las comunidades continúan exigiendo respuestas. Entre sus principales demandas se encuentra la aprobación de una ordenanza regional que declare la intangibilidad de la cuenca alta del río Yuracyacu y la ampliación del área de conservación regional del nevado Huaytapallana. El objetivo es proteger las fuentes de agua para consumo humano y los medios de vida, especialmente considerando que muchas familias desconocían la existencia de concesiones mineras en su territorio.

Tras las últimas movilizaciones, el Gobierno Regional de Junín anunció que solicitará al Ministerio de Energía y Minas la exclusión definitiva de ocho registros mineros del Reinfo por encontrarse inoperativos o sin actividad comprobada en la microcuenca del río Yuracyacu, en Pariahuanca, publicó Huanca York Times.

Un modelo de concesiones mineras a favor de algunos

La Ley General de Minería permite el otorgamiento de concesiones mineras sin procesos efectivos de ordenamiento territorial, consulta ni participación ciudadana. Lo ocurrido en Pariahuanca no es un hecho aislado. La superposición de concesiones se repite en distintas regiones del país. Por ejemplo, la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado, en La Libertad, tiene más del 99 % de su territorio concesionado, mientras que comunidades de Atuncolla y Pichacani, en Puno, lograron que determinadas concesiones fueran declaradas inconstitucionales. A nivel nacional, la gran y mediana minería concentra el 63.06 % del área concesionada y apenas diez titulares controlan cerca del 13 % del total de las concesiones mineras. 

Pariahuanca demuestra que el debate sobre las concesiones mineras no es únicamente técnico sino también económico y ambiental. Se trata de decidir quiénes tienen derecho a definir el futuro de los territorios, del agua y de las formas de vida que sostienen las comunidades.

Desde la Red Muqui consideramos indispensable prohibir las concesiones mineras en territorios indígenas y ecosistemas vulnerables como cabeceras de cuenca, glaciares, áreas naturales protegidas y la Amazonía. Estas propuestas forman parte de la Agenda Muqui 2026-2027, una herramienta política construida desde los territorios para la defensa de los derechos humanos, ambientales y colectivos, así como para la construcción de alternativas al modelo extractivo.

 Si deseas conocer más propuestas, puedes ingresar aquí: https://muqui.org/wp-content/uploads/2026/06/FINAL-Agenda_Muqui_2026_2027.pdf