Red Muqui - MAPE: formalizar sin cambiar el modelo no resuelve los problemas de fondo

La formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) lleva más de dos décadas sin resolver los principales problemas de esta actividad. Mientras la discusión continúa concentrándose en el Reinfo y en los trámites para formalizarse, en los territorios persisten los impactos ambientales y los conflictos sociales.

Esta fue una de las principales preocupaciones planteadas durante el evento “Lo que está en juego: MAPE, democracia y economías del oro”, organizado por el Grupo MAPE de la Red Muqui, donde especialistas, organizaciones y representantes de los territorios analizaron los desafíos de la formalización minera, el escenario post Reinfo y el sistema de trazabilidad de la cadena de suministro de minerales.

Durante el encuentro también se evidenciaron distintas posturas sobre cómo abordar la minería informal e ilegal y el papel que debe asumir el Estado frente a esta problemática.

Desde el territorio, un agricultor y rondero de Cajamarca señaló que, para las poblaciones afectadas, la diferencia entre minería informal e ilegal es casi inexistente:

“Para nosotros ambas son iguales y contaminan. No hay una que contamine menos o más. Todas contaminan. La contaminación está afectando directamente los recursos hídricos y la agricultura. El agua se vuelve color anaranjada, tiene una acidez mayor a la permitida y seca a las plantas de manera inmediata, afectando nuestros cultivos”. Jilmer Paredes - Defensor ambiental de Cajamarca

¿Formalización o punitivismo?

Uno de los debates estuvo relacionado con las distintas formas de intervención del Estado. Por un lado, se discutió el proceso de formalización y sus limitaciones ambientales; por otro, las estrategias punitivas y de interdicción frente a las actividades ilegales.

Para Alberto Castro, de Grupo Propuesta Ciudadana, una política basada principalmente en la interdicción y punitivismo puede terminar generando un efecto contrario al buscado y empujar a los mineros hacia mercados negros y más clandestinidad.

“El enfoque punitivo nos puede llevar a tener estrategias erróneas que nos permita solucionar el problema, que nos lleve a enfrentamientos que pueden eliminar la vida”.

Castro también cuestionó que la formalización se concentre principalmente en documentos, sin mirar cómo se extrae, comercializa y vende el mineral. Además, advirtió que las estrategias no pueden ser las mismas para todos los territorios: “Hay distintos actores dentro de la cadena de la MAPE. No es lo mismo un comunero de una comunidad andina que utiliza la minería artesanal como medio de subsistencia que una planta procesadora o un facturador con mayores recursos, capacidad de negociación y poder económico.”

César Ipenza, del Observatorio de Minería Ilegal, por su parte, cuestionó que el proceso de formalización lleve más de 23 años y que se siga presentando como un proceso permanente bajo el argumento del derecho al trabajo.

“El proceso de formalización tiene más de 23 años. Se nos quiere presentar como un proceso permanente, bajo la excusa del derecho al trabajo. Sin embargo, si este proceso ha cobrado vidas humanas, no podríamos hablar plenamente de derechos laborales. La corriente de los “verdes” no tiene sentido. Si vemos cómo esta actividad ha calado en la sociedad, debería ser considerada un problema de inseguridad.”.

En ese sentido, señaló que el Reinfo no debería convertirse en un mecanismo que permita continuar contaminando o realizando actividades ilegales mientras se permanece dentro de un proceso de formalización.

El rol de los gobiernos regionales

Otro de los puntos señalados fue el papel de los gobiernos regionales. Víctor Hugo Pachas, del Laboratorio de Economías de Pequeña Escala, sostuvo que durante los últimos años las responsabilidades se han concentrado en el Gobierno nacional, dejando a los gobiernos regionales sin tareas concretas dentro de la política de formalización.

“El proceso de formalización debe regresar a las regiones, con tareas concretas”.

Para Pachas, el problema no se encuentra únicamente en el Reinfo. Uno de los principales obstáculos está en los contratos de explotación y en la falta de una política pública integral que permita conducir el proceso de formalización.

“El problema no es el REINFO, sino el contrato de explotación. El segundo problema es la aprobación del IGAFOM. El proceso de formalización no avanza. El error es que no estamos mirando la política de fondo”

También señaló que una nueva ley MAPE no será suficiente si no existe una política pública que articule el proceso de formalización y defina responsabilidades claras para las instituciones.

Una MAPE con distintas realidades

Durante el evento también se destacó que no es posible aplicar una misma política a todas las actividades de la MAPE. Giselle Vila, investigadora de la Universidad El Pacífico, explicó que las escalas mineras pueden diferenciarse por la capacidad productiva, la sofisticación tecnológica, y las necesidades de empleo que generan.

“La MAPE en el Perú es realmente grande. Sus características no pueden entenderse de la misma manera que en otros países. Las categorías mineras responden a procesos históricos, políticos, tecnológicos y sociales particulares.”

También se cuestionó el enfoque excesivamente centrado en el oro. La MAPE no se limita a este mineral y existen actividades vinculadas al cobre, plata, zinc y otros minerales, por lo que las políticas de formalización y trazabilidad deberían considerar las distintas cadenas productivas.

Trazabilidad: seguir la cadena del mineral

Otro de los temas centrales fue la trazabilidad de la cadena de suministro. Los participantes señalaron que no basta con conocer quién figura en un registro, sino que es necesario saber qué se produce, cómo se extrae, quién compra el mineral, dónde se procesa y hacia qué mercados llega.

“La trazabilidad del oro no es solo responsabilidad del Estado peruano: es un ciclo compartido entre mineros, empresas, bancos y compradores finales (...) Cuando el mercado solo exige ‘papeles limpios’, nace un mercado de falsificación de documentos.” Giselle Vila

César Ipenza señaló que el Estado aún tiene dificultades para hacer seguimiento a la cadena de valor y advirtió que los documentos del Reinfo pueden ser utilizados para facilitar el lavado de oro.

El evento dejó una conclusión importante: una nueva ley MAPE no va a solucionar por sí sola los problemas de la minería artesanal y de pequeña escala.

La discusión debe ir más allá de ampliar o renovar el Reinfo. Se necesita revisar el sistema de concesiones, fortalecer la fiscalización, garantizar la protección de las fuentes de agua y de las actividades agrícolas, establecer responsabilidades ambientales, mejorar la trazabilidad y reconocer las diferencias entre los territorios.

También es necesario discutir qué alternativas económicas existen para las poblaciones y comunidades. Si la minería continúa siendo presentada como la única respuesta frente a las necesidades económicas, otras actividades y alternativas de desarrollo seguirán estando en el abandono e invisibilizadas.