La Ruta de los Pueblos: Gobierno de Fujimori plantea una disputa por el Estado, la democracia y los territorios

Apenas a dos días de iniciado el nuevo gobierno es posible confirmar algunas preocupaciones previas y razonables sobre la naturaleza del gobierno de Keiko Fujimori. El mensaje presidencial del 28 de julio, la composición del primer gabinete ministerial y el reciente pedido de facultades legislativas constituyen tres piezas de un mismo proyecto político. Vistas en conjunto, revelan una propuesta de profundización de un Estado que coloca en el centro el orden, la seguridad, la desregulación y la promoción de la inversión privada como motores del desarrollo. No estamos frente a un conjunto de decisiones aisladas, sino ante la definición de un modelo de gobierno que profundiza el papel del Estado garante de los intereses económicos de las empresas y deja de lado la relación entre economía, democracia y derechos.

La narrativa del mensaje

El mensaje presidencial deja claro que Fujimori está pensando en un país cuya principal prioridad es profundizar la vía de las políticas neoliberales de su padre, sin ninguna vacilación para quebrar sus propias normas constitucionales, si se requiere. En esa narrativa, el cambio climático, las problemáticas ambientales, los derechos laborales, los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, así como la defensa de los territorios, aparecen únicamente como un factor que amenaza la infraestructura y la productividad, mientras la respuesta estatal se concentra sólo en obras de prevención y asistencia frente al Fenómeno El Niño, que es importante, pero no es lo único que acontece en el país.

La protección del ambiente, las falsas soluciones, la nuevas tecnologías y la transición energética con enfoques de justicia, la descarbonización y sus riesgos, la gobernanza del agua y los riesgos de privatización, el ordenamiento territorial, la protección de las personas defensoras ambientales y de los territorios o los derechos de hombres y mujeres de los pueblos indígenas u originarios, no ocupan un lugar estructural dentro de la propuesta de gobierno. No se trata de simples ausencias, la agenda
ambiental y climática no es entendida como un componente del desarrollo y queda subordinada a una lógica donde la prioridad es remover obstáculos al “crecimiento” económico y garantizar condiciones para la inversión, como única salida.

Gabinete del “orden”

La conformación del gabinete profundiza esa propuesta. Los nombramientos en sectores estratégicos como Ambiente, Energía y Minas, Economía, Relaciones Exteriores y Cultura expresan una orientación favorable a la flexibilización regulatoria, la expansión de las actividades extractivas, el debilitamiento de instrumentos de protección ambiental y participación ciudadana, y el acercamiento a prioridades de políticas armamentistas, que facilitan la implementación de falsas soluciones que imponen el extractivismo minero frente al cambio climático y las problemáticas ambientales, y respecto de las nuevas tecnologías.

Los antecedentes y posiciones públicas de varios ministros generan legítimas preocupaciones respecto al futuro de la consulta previa libre e informada, la ratificación del Acuerdo de Escazú, el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), la institucionalidad ambiental y la independencia de las entidades encargadas de la fiscalización. Más que perfiles individuales, el gabinete representa una visión del Estado donde la regulación ambiental es percibida como un costo para la competitividad y no como una garantía para los derechos humanos y territoriales.

Facultades plenas

El borrador del proyecto de ley que solicita facultades legislativas confirma esta orientación. Bajo el argumento de promover la competitividad, la formalización y la modernización del Estado, el Ejecutivo solicita amplias facultades para modificar normas laborales, administrativas, ambientales, tributarias y de organización estatal.

La cereza del pastel está en las disposiciones complementarias que con impunidad atentan contra el Estado de derecho al eximir de consulta pública y previa, control ciudadano y evaluación técnica a los decretos legislativos que deriven de este período.

Sobre todo, cuando hay intención de reformar el marco ambiental simplificando los procesos de aprobación de instrumentos de gestión ambiental, reduciendo requisitos y fortaleciendo mecanismos como el silencio administrativo positivo y la estabilidad de permisos y autorizaciones para actividades productivas, así como la superposición de las inversiones empresariales sobre la protección de áreas naturales protegidas.

A ello se suma la posibilidad de modificar el régimen aplicable a recursos naturales, áreas naturales protegidas, la propiedad de la superficie, la simplificación y aprobación expedita de los procedimientos en minería e hidrocarburos, infraestructura y asociaciones público-privadas, todo ello acompañado de una disposición que exceptúa los futuros decretos legislativos de procesos de consulta pública, análisis de impacto regulatorio y otros mecanismos de evaluación técnica. No se trata únicamente de acelerar inversiones; se trata de trasladar el equilibrio entre protección de derechos e intereses económicos hacia un modelo claramente favorable a la desregulación.

¿Qué hacer?

Desde la perspectiva de la plataforma de la Ruta de los Pueblos lo que hoy está en disputa es el modelo de democracia que nuestro país necesita para enfrentar la crisis climática, las desigualdades territoriales y la creciente conflictividad socioambiental. El nuevo gobierno propone un Estado, cuya función principal es garantizar seguridad jurídica para la inversión de las empresas nacionales y
extranjeras, y reducir regulaciones.

Las organizaciones sociales han construido una agenda que plantea exactamente lo opuesto: fortalecer la democracia territorial, garantizar la gobernanza del agua, proteger a quienes defienden el ambiente y los territorios, reconocer a los pueblos indígenas u originarios, mujeres y juventudes como sujetos políticos, naturaleza como sujeto de derecho, y avanzar hacia soluciones verdaderas y sostenibles, una transición energética justa sin explotación de minerales estratégicos, que coloquen la vida y los derechos por encima de la rentabilidad de corto plazo.

En este sentido, el debate que comienza no se reduce a una discusión técnica sobre decretos legislativos o procedimientos administrativos. Lo que está en juego es quién decide sobre los territorios, bajo qué reglas y en beneficio de quién. Por eso hacemos un llamado a las y los diputados del bloque democrático a no dar estas facultades legislativas al gobierno bajo la excusa de que son medidas necesarias para enfrentar el Fenómeno de El Niño y la inseguridad, pese a que el borrador del proyecto de Ley no menciona el Fenómeno de El Niño. Emplazamos a los diputados y diputadas a priorizar el goce de los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza, por encima de este pedido de facultades que instrumentaliza el bienestar de los peruanos y peruanas.

La democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones; también se expresa en la capacidad de la ciudadanía para participar en las decisiones que afectan sus vidas, en la fortaleza de las instituciones que protegen el interés público y el bien común, y en el reconocimiento de que el ambiente y los bienes comunes no son obstáculos para el desarrollo, sino las condiciones que hacen posible un futuro compartido. En ese escenario, la Ruta de los Pueblos seguirá ejerciendo vigilancia, articulación e incidencia para defender una visión de país donde la justicia climática y ambiental, de género, la democracia y los derechos colectivos constituyen el horizonte del desarrollo y no su principal barrera.