Las Bambas: Sala Penal de Apurímac confirma archivo del proceso judicial contra 19 comuneros y defensores ambientales

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac confirmó el sobreseimiento a favor de 19 comuneros y defensores de derechos humanos y ambientales procesados en el contexto de las protestas contra el proyecto minero Las Bambas. Con esta decisión, quedó confirmado el archivo de la investigación en la vía penal, luego de más de una década de proceso judicial.

En junio de 2026, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas-Tambobamba había declarado fundado el pedido de sobreseimiento respecto de dos delitos contra la seguridad pública, en la modalidad de producción de peligro común con medios catastróficos, y contra el patrimonio, en la modalidad de daños agravados.

Sin embargo, MMG Las Bambas S.A., en su condición de actor civil, apeló esta decisión. En respuesta, mediante una resolución de fecha 1 de octubre de 2026, la Sala Penal de Apelaciones declaró infundado el recurso y confirmó el archivamiento respecto de la responsabilidad penal por ambos delitos. Además, estableció que la empresa, en su calidad de actor civil, no se encontraba legitimada para cuestionar la decisión de archivo en el extremo penal.

La resolución precisa que las facultades del actor civil están vinculadas a la protección de sus intereses civiles y a la reparación civil derivada del delito, pero no comprenden atribuciones propias del Ministerio Público en materia de persecución penal. Por ello, el archivo de la investigación respecto de la responsabilidad penal quedó confirmado. Lo que permanece pendiente es un nuevo pronunciamiento judicial sobre la reparación civil.

Antecedentes: más de una década de proceso judicial

El caso se remonta a las movilizaciones de septiembre de 2015, cuando comunidades y organizaciones de las provincias de Cotabambas y Grau expresaron su oposición a decisiones vinculadas al proyecto minero Las Bambas. Tras las protestas, 19 comuneros fueron incorporados a un proceso penal que se prolongó durante más de una década.

En junio de 2019, la Fiscalía formuló acusación contra los procesados. En febrero de 2020, el Juzgado Unipersonal de Cotabambas-Tambobamba absolvió a todos los acusados de los delitos por los que habían sido procesados.

Sin embargo, en julio de 2021, la Sala Penal de Apelaciones de Apurímac anuló la sentencia absolutoria. Entre sus argumentos señaló que no se había respetado el principio de imputación necesaria, es decir, la exigencia de precisar en la acusación fiscal cuáles eran las acciones concretas atribuidas a cada persona procesada. La anulación implicó que el proceso volviera a etapas anteriores y prolongó la situación judicial de los comuneros. 

La confirmación del sobreseimiento cierra la vía penal de este proceso para los 19 comuneros y defensores. Al mismo tiempo, abre un debate más amplio sobre el uso del sistema judicial en contextos de protesta social y defensa del territorio. Asimismo, evidencia el desgaste y los altos costos que estos procesos prolongados generan en los defensores ambientales y sus comunidades, quienes continúan exigiendo justicia y atención a sus demandas sociales frente a las operaciones mineras que ponen en riesgo el medio ambiente, los medios de vida y el territorio. 

Foto: Archivo del caso