En el marco del inicio de las actividades por el 17 aniversario de fundación de la Red Muqui, el lunes 19 de octubre a las 6pm se desarrolló el Foro: “Minería en el Perú: ¿Cambios o más de lo mismo?”, en el que diversos especialistas: Roxana Barrantes, ex presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible; Gerardo Damone, investigador de Grade y docente de la PUCP; Juan Aste, investigador y consultor de Red Muqui; Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos; y Jorge Juárez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros; comentaron la situación actual de la minería y los cambios que debe impulsar el Estado para reducir sus efectos dañinos y se aproveche los recursos económicos que genera para transitar hacia otro modelo económico sostenible que no dependa de una actividad que genera contaminación ambiental y daños a la salud ambiental, entre otros problemas que narraron los comentaristas.

Compartimos un breve resumen de las intervenciones:

Roxana Barrantes

  • Hay expectativas no satisfechas así que como estamos no podemos seguir. Por eso se debe fortalecer las políticas sobre la base de fortalecer la competitividad del país.
  • La minería es importante para el crecimiento económica y la reducción de la pobreza. La minería puede ser una palanca en los territorios donde opera.
  • Hay fallas de gestión pública, para generar desarrollo minero. ¿El Perú no puede depender de la minería? Lamentablemente en este momento si depende y dada la dependencia necesitamos de los recursos, pero teniendo otras miradas de desarrollo en la economía social de mercado. Por lo menos 10años que recorrer para no depender de la minería
  • La Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible trabajó en base a 5 ejes: Entorno social, gestión ambiental, mejora regulatoria, aporte fiscal y uso de recursos mineros y minería informal e ilegal. La idea es mejorar las fallas de la gestión pública.

Juan Aste

Estamos pasando por un momento crucial donde hay temor de iniciar cosas nuevas. Red Muqui ha tenido dos estrategias una de hacer incidencia en el estado y otra de acompañar procesos y experiencias alternativas como el caso de Tambogrande. Unos de los aportes de la Comisión para el desarrollo minero sostenible es que plantean un acompañamiento en las etapas tempranas para convencer a las comunidades y agricultores para que acepten la actividad. Por ejemplo, el gobierno quiere reactivar el programa de exploración en Rio Blanco a pesar de que la gente se opone a este.

En medio de esta pandemia de crisis social económica global necesitamos hacer un giro tenemos que salir del extractivismo y una manera es defendiendo los espacios agroalimentarios como Tmabogrande, Valle de Tambo, Huancabamba ese es el tema de fondo, pero no aparece por ningún lado en la propuesta de la Comisión, más bien lo que quieren es en acompañar a la población para facilitar la exploración minera. Sobre todo, ahora que hay demanda de mineras por eso las mineras hablan de la competitividad para avanzar rápido y copar el territorio. Pero nosotros no necesitamos más expansión minera sino lo que se necesita es ordenar el territorio y redistribuir el ingreso, eso lo tiene que hacer las propias organizaciones.

El gobierno está restando competencias al estado y apelando a la responsabilidad social empresarial, como en el Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros con los silencios administrativos positivos.Esto solo va a traer problemas sociales y ambientales.

Gerardo Damonte

Se necesita una Visión territorial frente a la desigualdad en el acceso del agua, tenemos un problema de gobernanzas por eso hay que cambiar el modelo de gobernanza. ¿Cuáles son los cuellos de botella?

  • Descentralización, la mayoría de entidades que regulan el territorio y el agua son entidades que se desconcentran, pero no se descentralizan. Si quieres un ajuste territorial tienes que hacer descentralización: mirada territorial.
  • Priorización minera, se necesita una gestión de cuenca de manera integral, el uso de agua en minería no pasa en lo local. Hay mecanismos de la empresa que le dan la posibilidad de tener una autorregulación hídrica, lo que haces es fragmentar la visión de cuenta. GIR. La gestión minera debe ser pública no separado.
  • Los saberes locales no son integrados en la gestión del agua, hay un saber implícito no son incorporados en la gestión a una escala mayor. Separa el territorio vivido de la forma como se planifica ese territorio. Ejem: la infraestructura hídrica tiene problemas, hay uan planificación externa.

 

Yolanda Zurita

Si la minería fuese una palanca del desarrollo nosotros tendríamos salud, pero nosotros no tenemos salud ¿Dónde está la responsabilidad social de las mineras? La población no estamos ajenos a los impactos en la salud, tenemos presencia de metales en nuestro organismo. Como representante de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales tóxicos nosotros tenemos una propuesta de poder tener una política nacional intersectorial e inter- gubernamental que garantice una atención a la salud. Y que esto sea una atención integral e integrado sin embargo la PCM se opone a reconocer esto aún estamos a la espera que nos convoquen para la construcción de un Plan de atención integral e integrado, nosotros no solo creemos que es la contaminación a la salud humana sino también a la salud ambiental.

Jorge Juárez

Tenemos el problema de contagios por COVID-19 donde hay altos números de contagios y de fallecidos, no se están respetando los planes de vigilancia que el gobierno aprobó a las empresas mineras. Nosotros hemos venido difundiendo esta situación y exigimos que las empresas no están brindando la información necesaria. Las empresas mineras no están respetando los derechos laborales, es claro que la política de gobierno es solo garantizar los beneficios de las empresas con una reactivación económica que es carta abierta a los empleadores, no hay seguridad jurídica para los trabajadores.

 

Por: Jaime Borda, Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Ha pasado mucho tiempo desde aquel 2003 cuando la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) convocó a diferentes instituciones que acompañaban a comunidades y poblaciones afectadas por la minería en el país. La mayoría de estas organizaciones promueven la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en nuestro país. El nombre de RED MUQUI lo adoptamos de la leyenda andina de “el Muqui”, personaje mítico que habitaba en los antiguos socavones donde se extraía minerales y al cual había que rendirles ciertos pagos. En ese sentido, el objetivo de Muqui fue conformar un espacio censor de la actividad minera ante la gran cantidad de casos de afectaciones de derechos por impactos del “boom minero” que se agudizó en los años 90, por el elevado precio de los minerales.

Es en este marco que esta semana hemos desarrollado una serie de actividades al que hemos denominado #SemanaMuqui. Una de estas actividades ha sido el que hemos desarrollado el pasado lunes y cuyo nombre fue: “Minería en el Perú: ¿cambios o más de lo mismo?”. El objetivo de este evento es el de colocar nuevamente en la discusión pública el rol de la minería en el país, para ello se invito a una serie de especialistas y personas directamente involucrados en la temática. Entre los varios temas que ha salido en esta discusión, la mayoría coincide en que la forma como está organizado desde el gobierno el sector minero debe cambiar, y mucho más en un escenario de pandemia y de reactivación de la conflictividad social. Estos cambios deben incluir sin lugar a dudas a las poblaciones afectadas por las actividades mineras, así como a los sindicatos de trabajadores mineros. Estos actores hoy en día, por ejemplo, no son tomados en cuenta en las modificaciones normativas en el sector minero; por el contrario, en los últimos meses han salido más normas que flexibilizan más el aspecto socioambiental, priorizando solo las inversiones mineras.

Es innegable el aporte económico del sector minero en nuestro país, pero esto no significa que pueda desarrollarse en cualquier lugar, o inclusive intentar imponerlo como lo han querido hacer en el valle de Tambo en Arequipa o en Tambogrande en Piura, solo por mencionar. Durante la pandemia hemos escuchado varias voces del gobierno y de los gremios empresariales mineros afirmando que solo la actividad minera nos salvaría de esta crisis económica, y que por ello era importante reactivar varios proyectos mineros paralizados. Desde la Red Muqui creemos que ya no se puede seguir gestionando este sector de la misma forma, y mucho menos se puede depender solo de esta actividad; es hora de hablar sobre la diversificación, el ordenamiento territorial y la participación real de la gente en la toma de estas decisiones. El Perú es un país megadiverso y pluricultural, no se puede pretender encasillarlo solo en el sector minero, es hora de abrir el debate de manera más seria sobre el rol que debe cumplir la minería en el país, y hacia ese debate quiere aportar la Red Muqui.

La Red Muqui, miembros de las redes macroregionales de Muqui Centro, Muqui Norte y el Colectivo de Abogados y Abogadas de Muqui Sur, expresamos nuestro rechazo y preocupación frente a las opiniones vertidas por el archivamiento de la Resolución Legislativa que busca ratificar el acuerdo de Escazú denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Al respecto señalamos lo siguiente:

1.- Rechazamos el adelanto de decisión de no ratificar el Acuerdo de Escazú por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Consideramos que no ratificar dicho acuerdo sería un grave retroceso del Estado peruano en la línea de promover la vigencia y garantía de los derechos humanos, territoriales y ambientales.

2.- Precisamos que el Acuerdo de Escazú no contraviene los principios y valores del Estado Peruano. Todo lo contrario, el Acuerdo es un instrumento internacional que busca fortalecer la protección de los derechos, en especial el medio ambiente, la vida de los defensores y defensoras y la vigencia de la democracia a través de la participación y fiscalización ciudadana en materia ambiental.

3.- Resaltamos que la ratificación del Acuerdo de Escazú no implica que el Perú pierda su soberanía sobre sus recursos naturales, bienes comunes o la jurisdicción interna. El artículo 3ro de dicho Acuerdo establece claramente que se rige por el irrestricto respecto de la “soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”. El Perú, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoce las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que ello haya significado el menoscabo a nuestro sistema de justicia interna; al contrario, la cooperación entre las cortes ha fortalecido nuestra democracia.

4.- La labor de defensa de derechos ambientales en nuestro país enfrenta muchos riesgos como asesinatos y criminalización de defensores y defensoras ambientales, tal como lo hemos constatado en las ultimos meses en nuestro país. Por ello es importante reforzar los mecanismos para acceder a información, desplegar mecanismos reales de protección de defensores y garantizar el acceso a la justicia en caso de daños. El Acuerdo de Escazú otorga estos y otros estándares de protección y así lo reconocen la mayoria de paises que la han suscrito.

Finalmente, por todo lo señalado INSTAMOS a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú, pues permitirá asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

19 de octubre del 2020.

En el marco del inicio de la «#SemanaMuqui: 17 años defendiendo derechos», las y los invitamos a nuestro Foro virtual: Minería en el Perú: ¿Cambios o más de lo mismo?». Un espacio de discusión sobre la situación actual de la minería y los cambios normativos ocurridos a lo largo de la pandemia; la agenda de las comunidades y gremios sindicales afectados por las actividades mineras; y el rol que debe asumir el Estado frente a esta actividad.
Participarán: Roxana Barrantes, ex presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible; Gerardo Damone, investigador de Grade y docente de la PUCP; Juan Aste, investigador y consultor de Red Muqui; Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos; y Jorge Juárez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Moderará el Foro, el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda.
🗓️ Lunes 19 de Octubre
⏰ 6:00 pm

Frente a las protestas de los dirigentes y pobladores de la cuenca del Coata y la carta que enviaron las autoridades locales y los dirigentes a la PCM; el secretario de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eddy Alexis Ormeño Caycho, emitió un oficio de invitación el 6 de octubre a representantes de los Ministerios de Salud, Ambiente, Vivienda y Energía y Minas; gobernador regional y alcaldes provinciales de Puno y Juliaca; y de los distritos: Coata, Caracoto, Huapa, Capachica y Chilla de la cuenca del Coata, para sostener una reunión el 13 de octubre con el objetivo de tratar la problemática de salud humana y ambiental, tras la confirmación de 34 personas con arsénico y mercurio por haber ingerido agua contaminada proveniente de la cuenca del río Coata. Sin embargo, solo llegaron a la reunión representantes del Ministerio de Salud; ninguno era funcionario de alto nivel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a este hecho, los dirigentes suspendieron la reunión porque los funcionarios que llegaron no tenían poder de decisión y ejecución, que es lo que urgentemente están solicitando los dirigentes y pobladores para conformar la mesa de salud que pueda implementar acciones urgentes, tanto en la atención especializada a las familias afectadas por metales tóxicos, como en la remediación de la cuenca del Coata, y otro tipo de acciones que garanticen un monitoreo adecuado de las personas.

El presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata, Felix Suasaca, señaló a Red Muqui que le están dando plazo a la PCM hasta el próximo martes 20 de octubre, para que convoquen a una nueva reunión con la presencia de algún ministro y funcionario de alto nivel de la PCM. De lo contrario, iniciarán una huelga indefinida con los 5 Frentes de Defensa de los distritos de Coata, Caracoto, Huapa, Capachica, y Chilla, que son parte del Frente Unificado contra la contaminación de la cuenca del Coata.

Defensoría del Pueblo de Puno se pronuncia

Frente a esta situación, el jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona, señaló que hace dos semanas emitieron oficios al gobernador regional de Puno, Agustín Luque, para que desarrolle un Plan de acción integral de salud frente a la problemática de las 34 familias afectadas por metales tóxicos. Sin embargo, el gobernador regional tampoco asistió a la reunión pasada del 13 de octubre.

Remarcó que el Plan y respuesta a la problemática debe involucrar a los 3 niveles de gobierno: municipios, gobierno regional y ejecutivo.

El presidente del Frente de Defensa de la cuenca del Coata precisó que es urgente la conformación de la mesa de salud porque varias personas se encuentran mal de salud y están gastando dinero que no tienen para comprar medicamentos.

Además, señala que los centros de salud de la región no les están haciendo análisis ni estudios a las personas afectadas por metales tóxicos. “Solamente les han hecho la prueba del covid, y han salido negativo, pero no les han hecho ningún otro tipo de prueba para saber que enfermedad podrían estar desarrollando las personas”, finalizó.

 

 

Recientemente el presidente de CONVEAGRO, Clímaco Cárdenas, ha señalado en una entrevista que nuestro país se encuentra camino a una crisis alimentaria frente al inminente fracaso de la campaña agrícola para el 2021. Esto debido a que el anunciado Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro) del gobierno nunca llegó a quienes más lo necesitaban. Cárdenas menciona que no solo tendremos crisis alimentaria, sino que calcula que unos 600 mil productores pasarán a condición de pobreza extrema en los próximos meses. Una de las principales causas de este problema es la descapitalización de los agricultores, manifiesta el presidente de Conveagro. Esta noticia es más que alarmante, no solo por la afectación que van a sufrir miles de familias campesinas, agricultores y agricultoras, si no porque podemos quedarnos sin alimentación para el próximo año.

Uno de los principales problemas para colocar los prestamos en los pequeños agricultores es que las entidades bancarias y las cajas de ahorro y crédito simplemente no quieren aplicar estos prestamos debido a las pocas ganancias que generaría el préstamo y porque además quieren mover su propio capital y no el dinero del Estado, por ello la importancia de fortalecer Agrobanco, señalan los gremios agrarios. Otro tema relevante es la poca capacidad y voluntad que tiene el Ministerio de Agricultura y Riego para gestionar la demanda de los pequeños agricultores, y que por el contrario este ministerio solo busca priorizar el apoyo a las empresas agroexportadoras. Si bien en este momento en el país tenemos una relativa calma debido a la disminución de los casos de contagio y fallecidos por la Covid-19, esto no significa que los problemas en los demás sectores estén resueltos, como es el caso del agro. Más de 2 millones de familias producen el 70% de los alimentos que se consume en nuestro país, un dato más que relevante para que el gobierno y las instancias competentes hagan algo.

Finalmente, un tema que no queremos dejar pasar es la conmemoración del Día Internacional de las mujeres rurales: el 15 de octubre, las Naciones Unidas ha establecido como fecha simbólica para reconocer el trabajo y aporte de millones de mujeres rurales en el mundo entero. Naciones Unidas señala que una cuarta parte de la población mundial son mujeres rurales y trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias, además garantizan la seguridad alimentaria; sin embargo, siguen sufriendo de la pobreza, discriminación por género y la violencia estructural de nuestra sociedad. En nuestro país recientemente un Juzgado de Cusco ha señalado que programas televisivos como el de “La Paisana Jacinta”, que ridiculizaban a la mujer andina, sean retiradas definitivamente de la TV peruana. Aunque muchos se oponen a tal medida, lo cierto es que es una sentencia justa que reivindica los derechos de miles de mujeres andinas rurales en nuestro país, a propósito del internacional de la mujer rural.

 

La crisis sanitaria mundial por la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) no solo está causando graves problemas para la salud, sino también está poniendo en grave riesgo la alimentación y el medio amiente de todos los peruanos y peruanas. En especial, los más afectados son los más de 2.2 millones de pequeños productores agropecuarios que tienen una gran responsabilidad de producir alimentos para el país debido a que son excluidos de las políticas públicas, el abandono de los gobiernos de turno y la política de reactivación económica que prioriza el extractivismo en desmedro del medio ambiente.

La actividad agrícola cayó (-1.72% y – 9.52%) en los últimos meses de Junio – Agosto[1] por la pandemia y algunos productos como el café cayo hasta un 10% y, en general, existe el riesgo de perder sus cosechas porque muchos productores se han quedado endeudados. Lo mismo ocurre  con la actividad pecuaria que fue afectada por la pandemia: “los ganaderos han tenido que botar su leche y quesos”, porque las políticas públicas excluyen a los pequeños productores agropecuarios, tal como lo señala el presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) que han solicitado a Qali Warma para que puedan comprar alimentos directamente a los pequeños productores, pero hay varios candados legales que los impiden o dificultan. El gobierno lejos de atender estas demandas continua debilitando los estándares ambientales (por presión de la CONFIEP para favorecer alas grandes empresas mineras que ya han dejado más de 8,448 pasivos ambientales mineros y en estos tiempos de pandemia la actividad minera continúa trabajando sin control ambiental, con licencia para contaminar las principales fuentes de agua del país

La crisis sanitaria que venimos atravesando se ha convertido ya en una crisis alimentaria y ambiental y requiere la urgente atención del gobierno. Este 16 de octubre,“día mundial de la alimentación” , no hay nada que celebrar porque nos encontramos en medio de una de las peores crisis en la historia del Perú. Una crisis sanitaria que va impactando directamente en la seguridad alimentaria del país y agravando a gran velocidad nuestro medio ambiente.

En estos tiempos de incertidumbre, es de prioridad urgente que el gobierno asuma su responsabilidad y organice un comando de seguridad alimentaria para articular a los diferentes sectores del gobierno y de esta manera atender de inmediato el problema de la crisis alimentaria y ambiental. Además, el Estado debe reconstruir el tejido social para fortalecer a las principales organizaciones sociales (comunidades campesinas y nativas, organizaciones de mujeres, rondas campesinas, organizaciones amazónicas, a los pequeños productores, etc) para evitar que una crisis resulte siendo la puerta para muchas otras que tuvieron que ser evitadas desde antes. La alimentación es un derecho humano y ahora más que nunca es importante reconocer la necesidad de apoyar a nuestros héroes de la alimentación, a los pequeños productores agropecuarios y los trabajadores de todo el sistema alimentario, que garantizan que los alimentos lleguen de la chacra a la mesa, incluso en medio de esta crisis actual de COVID-19. El congreso de la Republica tiene un deber indispensable de elaborar políticas adecuadas para reconocer a los héroes de la alimentación y enfrentar la crisis alimentaria y ambiental del país.

[1] INEI 2020

Red Muqui se inició hace 17 años tras la convocatoria de diversas instituciones para la defensa de derechos ambientales y humanos debido a la expansión de las industrias extractivas en el país. Con presencia en las distintas regiones para tener una mirada macroregional, nuestro objetivo es plantear propuestas sostenibles.

Por eso, los invitamos a ser parte de nuestra semana Muqui!

Fecha: del 19 al 23 de octubre.

Organiza: miembros de Muqui y equipo de Muqui Nacional.

Objetivos:

  • Conmemorar los 17 años del trabajo institucional de Red Muqui, así como compartir y fortalecer los lazos de articulación y de identidad en los miembros de Muqui.
  • Promover espacios de discusión y debate sobre la situación de la minería y las agendas de las comunidades y poblaciones locales en el contexto de la pandemia, la reactivación económica y las elecciones presidenciales.

Actividades en la semana:

 

Fecha Actividad Participan Organizan
Lunes 19 de octubre Foro virtual: “Minería en el Perú: ¿Cambios o más de lo mismo?

Hora: 6.00 PM.

Miembros de Muqui y publico en general que se conecta por las redes sociales Muqui Nacional
Martes 20 de octubre Difusión de video de la campaña “ElAgroParaLaOlla” y del “ValleDetambo”

Hora: 7:00 AM

Participan miembros y aliados de Muqui Muqui nacional
Miércoles 21 de octubre Programa de capacitación Muqui Virtual. 2da unidad (2da clase)

Hora: 4:30 PM.

Participan lideres/as de 8 regiones del país y miembros de Muqui Muqui Nacional, sus miembros y participantes de OSB
Seminario virtual ¿Desarrollo con Litio y Uranio en Puno?

Hora: 5.30 PM.

Miembros de Muqui, plataforma y redes aliadas y publico en general Muqui Sur, Muqui Nacional, y Wayka.
Jueves 22 de octubre Asamblea virtual de los miembros de Red Muqui

Hora:  3:00 a 6:00 PM.

 

Miembros de Muqui y el equipo de Muqui. Asamblea Muqui Nacional
Viernes 23 de octubre Noche cultural virtual para miembros de Muqui y conmemoración en memoria de Rosa Quedena/Fedepaz. Miembros y amigos/as de Muqui Muqui Nacional

El miércoles 7 de octubre a las 5 y 30pm, la institución Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) presentó la guía de Monitoreo Ambiental Comunitario basada en el reconocimiento de los indicadores biológicos de los macroinvertebrados en el río Cañipía, zona de influencia de la empresa minera Glencore Antapaccay en Espinar, Cusco.

Tras realizarse la experiencia de monitoreo ambiental comunitario entre DHSF y la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE) el  2017 y 2018, se hizo un balance respecto a las diferencias de la calidad del agua entre un año y otro. «El objetivo de la presentación de la guía es que de ahora en adelante, estos estudios lo realicen la propias comunidades, comparando los análisis de cada año y emitiendo informes para que generen su propia información a las comunidades y al Estado peruano», señaló Karem Luque, responsable de la guía de DHSF.

En esta experiencia han participado aproximadamente 20 espinarenses de Huisa Collana y Huisa.

En la presentación participaron el presidente de la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE), Santos Chuchullo, quien contó como seleccionaron sus puntos de monitoreo y la importancia de esta labor en una zona donde hay presencia minera desde hace décadas. Actualmente opera la empresa Glencore Antapaccay, que quiere ampliar su explotación a través del proyecto minero Coroccohuayco.

En la presentación, además de Karem Luque de DHSF, encargada del proyecto de monitoreo y la guía, participaron: Diana Flores, MG. Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas, quien también fue parte de la elaboración de la guía; la Dra. Ana Huamantinco, zoóloga, especialista en Taxonomía y Ecología de Insectos; y el congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, que informó que su Comisión aprobó el dictamen de la iniciativa legislativa denominada “Ley para la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental ciudadano e indígena en el sistema nacional de gestión ambiental”, que busca reconocer la labor de los vigilantes y monitores ambientales ciudadanos y comunales.

Ahora falta que el dictamen se agende y apruebe por el pleno del Congreso.

Descargar la Guía AQUÍ

 

 

Nota elaborada por el Instituto Natura – miembro de la Red Muqui-

El día 14 de octubre de 2020 se presentó la demanda de acción popular contra los decretos supremos N° 016-2020-EM y 017-2020-EM, los cuales aprueban el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en los Lotes Z-67 y Z-68 ubicados en la región de Ancash. El objetivo de esta demanda es que el Poder Judicial declare la nulidad de ambos decretos y detenga la exploración y explotación petrolera en el mar ancashino por parte de la empresa Tullow Oil.

Como recordaremos, estos lotes ya fueron adjudicados en el 2018 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para posteriormente ser declarados nulos por el gobierno de Martín Vizcarra, quien ahora en el 2020 vuelve a adjudicarlos a la misma empresa trasnacional. El motivo de la demanda de acción popular es la violación a los derechos a la participación ciudadana y seguridad alimentaria que conlleva la adjudicación de estos lotes petroleros.

El derecho a la participación ciudadana se ve lesionado debido a que no se realizó de manera adecuada la ronda de talleres informativos sobre lo que implica la exploración y explotación de los lotes petroleros en cuestión, contando con poca convocatoria de los gremios pesqueros y con un déficit clamoroso por parte del Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas a la hora de dar respuesta a las interrogantes de la sociedad civil ancashina.

El derecho a la seguridad alimentaria se ve violentado debido a que la exploración y explotación petrolera del mar ancashino como tal ya genera una afectación a las cadenas de reproducción y captura de especies marinas del litoral, elementos fundamentales para el desarrollo del comercio y alimentación de la población de Santa, Casma y Huarmey.

La demanda ha sido interpuesta en el primer juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima mediante expediente 00090-2020-0-1801-SP-DC-01 y esperemos que siga su trámite para absolver este problema jurídico cuanto antes. Los demandantes son un grupo de representantes de organizaciones y expertos regionales, el Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, con el soporte y acompañamiento del Instituto Natura y el, Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático – MOCICC.

Perú, 14 de octubre de 2020