El 29 y 30 de noviembre se realizó el III Encuentro de Mujeres de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PNAMPMOSQT) con la participación de lideresas provenientes de 13 regiones del país, en Lima.

El objetivo de este evento fue promover el autocuidado, fortalecer la organización y liderazgo de mujeres, así como elegir la primera Secretaría de Mujeres de la Plataforma.

Como parte de sus actividades, se llevaron a cabo talleres de autocuidado, cuidado colectivo y fortalecimiento de la organización a cargo de las facilitadoras Nancy Cifuentes y Gladys Vila.

A través de esta actividad, se viene fortaleciendo la organización interna y participación de las mujeres afectadas por metales en la Plataforma.

Además, OXFAM presentó la investigación “Contaminación por metales pesados en el Perú: Impactos y costos sobre la salud, la economía y el cuidado doméstico”.

Asimismo, se realizó un taller sobre el impacto de metales pesados a cargo de las especialistas Paula Meza y Ana Leyva. Dicha actividad fue acompañada con la presentación de la versión amigable del Plan Multisectorial Especial Para la Atención Integral a Favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PEM).

Durante el Encuentro, Karla Eroyla fue elegida la primera Secretaria de Mujeres de la Plataforma, representando a la región Cajamarca, y como subsecretaria fue electa Rudy Sajami, representante de Loreto.

“Este encuentro ha sido muy importante especialmente para las mujeres que estamos pasando momentos difíciles en nuestros territorios, afectados por metales pesados, ya que psicológicamente lo pasamos mal y también luchamos por el medio ambiente y en defensa de nuestras comunidades”, señaló Elsa Merma, representante de Espinar, Cusco.

El Encuentro es parte de las actividades programadas en la Semana de Salud Ambiental y Humana coordinada entre la Plataforma Nacional de Afectados y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, que va del 29 de noviembre al 03 de diciembre.

En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el mes de noviembre se buscó que el Congreso de la República aprobara la designación de un presupuesto adecuado para la implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta que permite establecer obligaciones para distintos sectores del Estado con competencias que aseguren la protección de defensores y defensoras.

El mencionado mecanismo representa una herramienta fundamental considerando la constante situación de amenaza que viven las personas defensoras en el Perú por su labor de protección del medioambiente y la vida. Recordemos que, desde el 2019 a la fecha,  26 defensores y defensoras han sido asesinados en el país, lo que convierte al país en uno de los países de mayor riesgo para realizar esta labor.

A pesar de lo señalado, para el 2022, en el Presupuesto Público, sólo se establecieron S/. 45 mil soles para el mecanismo, presupuesto que no fue suficiente para cumplir su objetivo de proteger a defensores y defensoras en situaciones de riesgo.

El pasado 30 de noviembre fue el día clave para la campaña porque fue el último en que se podía hacer incidencia y exigir al congreso que apruebe un presupuesto mayor para el mecanismo en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Las organizaciones que conforman la campaña Defensores y Defensoras del Perú solicitaron concretamente, a través de la congresista Ruth Luque Ibarra, que sean asignados S/ 50’000,000 (cincuenta millones de soles) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos; y S/ 20’000,000 (veinte millones de soles) al Ministerio del Interior, para la protección de las personas defensoras.

Sin embargo, a pesar de lo señalado y de las acciones realizadas por parte de las organizaciones que conforman la campaña, como por ejemplo, un plantón llevado a cabo el mismo 30 de noviembre que contó con la participación de de defensores de Cusco, Junín y de la Amazonia, no se aprobó el presupuesto que se requería, lo cual tendrá como consecuencia que defensores y defensoras del ambiente sigan sin tener el apoyo adecuado del Estado cuando reciban amenazas, sean criminalizados o violentados.

Ahora, desde la campaña, se buscará que se asigne un presupuesto para el mecanismo en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el cual es una modificación del presupuesto que se realizará entre enero y febrero del 2023. Defensores y defensoras del Perú necesitan presupuesto para que haya más protección a sus derechos y a sus vidas.

Nota elaborada por la institución Aklla Pacha de Chiclayo

En los últimos meses se ha incrementado la violencia y acciones de criminalización contra los directivos y comuneros defensores de Chaparrí en Chongoyape, hecho que respondería a un sospechoso patrón que coincide con anuncios de avances en las negociaciones para la Construcción de la Represa Montería por parte del GORE Lambayeque. Hecho casi corroborado con el reciente anuncio del Gobernador Anselmo Lozano Centurión quien habría expuesto ante el presidente Pedro Castillo la suscripción del convenio interinstitucional entre el MIDAGRI, Proinversión, y el GORE Lambayeque, para la próxima ejecución de la Iniciativa Privada Cofinanciada-IPC “Sistema Hídrico integral del Valle Chancay-Lambayeque”. Es decir, la Presa Montería, con una inversión estimada de unos 700 millones de dólares.

Así, en este contexto la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, representada por su presidente Sr. Edivar Juan Carrasco Vásquez, anuncia que se ha presentado una demanda de amparo, para frenar de una vez por todas el proyecto La Montería, el mismo, que desde que el GORE Lambayeque anunciara propuesta y avances de negociación, solo han traído tráfico de tierras, falsos comuneros, usurpación, agresión, criminalización y muerte a esta emblemática comunidad. Entre los demandados se encuentran el MIDAGRI, el GORE Lambayeque representado por el señor Anselmo Lozano Centurión y al PEOT.

El abogado Marco Chung Ramos de la ONG Aklla Pacha, detalla que “en esta demanda de acción de amparo se solicitó la nulidad de todos los actuales proyectos y la aplicación de la consulta previa, ya que la construcción del Mega Proyecto IPC LA MONTERIA constituiría amenaza inminente para el ACP Chaparrí, ya que pretende construirse en suelo reconocido como Área Natural Protegida por el propio Estado peruano, afectándose así a la más grande reserva ecológica del departamento de Lambayeque”. Además, hace énfasis en que “esta demanda busca proteger a la reserva ecológica que alberga a especies en peligro de extinción como el oso de anteojos”.

 

*Para mayor información contactar: *
Edivar Carrasco – presidente de la Comunidad – 943807937
Marco Chung – asesor legal – 931 773 160 (wsp)

La Junta de Usuarios del Valle de Tambo, el 19 de setiembre pasado presentó su recurso de apelación contra la resolución Nº 624, dentro de los 15 días hábiles que señalaba la norma, pero hasta el momento no tienen respuesta a pesar que ya han transcurrido más de 2 meses. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) señaló que en 30 días iban a resolver las apelaciones de acuerdo a la norma.

Asimismo, el martes 11 de octubre, en declaraciones a los medios de comunicación, la ministra del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Ocampo, señaló que en dos semanas se podría conocer el pronunciamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), respecto a las apelaciones que se presentaron por parte de diversas instituciones y organizaciones de agricultores contra la resolución Nº 624, que otorga derechos de uso de agua a favor del proyecto minero Quellaveco de la empresa Southern.

A pesar de esta pasada declaración de la ministra y el plazo vencido, no se sabe en que etapa se encuentran las apelaciones y cómo los miembros del Tribunal las resolverán.

Cabe recordar que, después que la ANA emitiera la Resolución Directoral Nº 0624-2022 en que se le permite a Quellaveco el uso de 22 millones de metros cúbicos de agua de los ríos Titire y Vizcachas, los representantes del valle de Tambo se mostraron en desacuerdo con la decisión y apelaron.

El abogado Ivan Díaz, quien es asesor de las 3 juntas de usuarios del valle de Tambo, señala que él tiene varios procesos en dicho Tribunal y que ya han pasado varios meses y no tienen respuesta alguna. “La ANA dice que una apelación se resuelve en 30 días ante el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, mire, yo he tenido y tengo procesos en el Tribunal que ya llevan 6 u 8 meses en trámite, no son 30 días, eso lo dirá la norma, pero no es así en la práctica”, precisa el abogado.

Si el Tribunal deniega las apelaciones “vamos a ir todos al proceso contencioso administrativo, ahí también se puede plantear una medida cautelar de suspensión”, dijo.

También se preguntó: ¿por qué la ANA tuvo que comunicar inmediatamente la resolución Nº 624 al Ministerio de Energía y Minas si todavía no quedó consentida porque estaba en apelación?.

Lo que llama seriamente la atención es que el MINEM en base a esta resolución de la ANA, inmediatamente le otorgó a Quellaveco la autorización de la operación comercial, es decir, para que inicie su operación de explotación propiamente dicha. De acuerdo a la información oficial, Quellaveco ya habría realizado hasta hace alguna semanas, dos embarques de concentrado de cobre al extranjero; y curiosamente, el primer cargamento se embarcó el 26 de setiembre, un día después que el MINEM le otorgará la autorización para sus operaciones comerciales.

Tampoco hay explicación alguna sobre el por qué no se instaló la Mesa Técnica que iba a revisar la resolución Nº 624 por parte del Gobierno, tras los acuerdos de la reunión en Lima en que participaron autoridades de la región de Arequipa, de la provincia de Islay, y de la Junta de Usuarios del valle de Tambo. Frente a este hecho, los congresistas por Arequipa, Jaime Quito y María Agüero, le recordaron hace dos semanas al presidente Castillo que cumpla los acuerdos sostenidos con las autoridades y dirigentes.

 

 

 

 

El 16 y 17 de noviembre del presente año, se llevó a cabo el Encuentro de Vigilantes y  Monitores Ambientales, que reunió a más de 40 participantes de las regiones de Cusco, Puno y Apurímac. 

Este encuentro promovió el análisis del contexto internacional y nacional, con la participación  de especialistas de la Global Water Watch de EE.UU e instituciones que acompañan a los  vigilantes y monitores ambientales. Además se intercambiaron experiencias, forma de  organización, metodología y conocimiento para fortalecer el proceso de articulación de los comités de vigilancia y monitoreo ambiental en la macro región sur y promover propuestas de  políticas públicas reconocidas por el Estado. 

Las participantes de este encuentro, visitaron la cuenca del río Coata para realizar monitoreo ambiental físico-químico en el agua, e identificaron los niveles de contaminación a través de los parámetros de temperatura, pH, oxígeno disuelto, alcalinidad total, dureza total y turbidez.  

Cabe señalar que los vigilantes y monitores ambientales vienen de territorios cuyos recursos hídricos, principalmente cabeceras de cuenca, son afectados por actividades mineras, que cada vez demandan más agua en sus procesos de concentración y producción. En el Perú – donde las actividades extractivas causan impactos sin un adecuado monitoreo por parte del  Estado o las empresas – existen importantes experiencias de vigilancia de la contaminación desde las propias comunidades. Las y los vigilantes y monitores ambientales promueven la calidad del agua, la protección de las cabeceras de cuenca y fuentes de agua de los ríos, lagos y manantes. También son actores en zonas de operación minera, que provoca afectaciones al ambientes y a la salud humana y que limita el acceso al y uso del agua, lo que afecta su derecho a vivir en un ambiente adecuado y saludable. 

Jueves, 17 de noviembre de 2022

 

 

Ser defensor o defensora ambiental representa una labor de mucho riesgo en el Perú, ya que, constantemente, son amenazados, criminalizados, violentados e incluso asesinados por defender el medio ambiente, nuestro territorio y la vida, y esto se da con impunidad y por la ausencia del Estado.

De acuerdo al registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), desde el 2019, se han registrado 30 casos de asesinatos a defensores y defensoras en el Perú. La Amazonía es la región con más defensores/as asesinados por personas vinculadas a actividades ilegales como tala de árboles o invasión de territorios. Pero en otras regiones, los derechos de las personas defensoras son vulnerados y la violencia que sufren es ejercida por parte de actividades de empresas formales y por el propio Estado.

En cuanto al Norte del Perú, según la CNDDHH, la cantidad de ataques que sufren suman más de 700 hasta el presente año, siendo el departamento de Cajamarca en el que se han registrado el mayor número (342 ataques). Otros departamentos en los que se ha registrado una gran cantidad de ataques han sido Piura (156); Áncash (128); y Lambayeque (82).

Una de las principales formas de agresión contra los defensores del medio ambiente en el Perú es la criminalización. En el Norte, concretamente en Lambayeque, ocurrió uno de los últimos hechos de criminalización contra defensores. Y es que defensores y defensoras de la Reserva Ecológica Chaparrí fueron llevados a juicio en el mes de agosto por, supuestamente, haber cometido delitos contra los recursos naturales en la modalidad de “alteración del ambiente o paisaje”. Sin embargo, se considera que la denuncia fue parte de una estrategia de criminalización en contra de los defensores de la zona.

A pesar de la ausencia del Estado, sí existen medidas como el Mecanismo Intersectorial de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos que pueden proteger los derechos de las personas defensoras. El caso del mencionado mecanismo, representa una medida a la cual se puede recurrir cuando las personas defensoras se encuentran en situación de riesgo, sin embargo, esta no cuenta con el presupuesto adecuado para ser implementada, por lo cual, sin un presupuesto adecuado, las personas defensoras seguirán siendo atacadas, criminalizadas, amenazadas y asesinadas.

 

Por esa razón y frente a las constantes amenazas y situaciones de violencia que sufren, defensores y defensoras diferentes regiones del norte del Perú se reunirán el próximo 17 y 18 de noviembre en Chiclayo para participar del II Encuentro Macrorregional del Norte que tendrá como objetivo principal fortalecer las capacidades, promoción y defensa de derechos para las personas defensora/es de derechos humanos.

Otros objetivos que se buscan alcanzar en este encuentro son identificar el marco nacional e internacional para la protección de defensoras y defensores; y fortalecer capacidades sobre vocerías e incidencia a defensoras y defensores de la Macro Norte.

Hacemos un llamamiento a los medios de prensa locales, nacionales e internacionales para visibilizar el evento y las problemáticas que sufren defensores y defensoras en el Perú por proteger el medio ambiente, su territorio y la vida. El día viernes 18 de noviembre se realizará un plantón a las 10:30 am en la Plazuela Elías Aguirre – Chiclayo, y una rueda de prensa para alcanzar el objetivo mencionado

¡Protege a quienes nos protegen!

 

Con la participación de los miembros de la Sociedad Civil de Morococha, gremios y asociaciones con el apoyo de la Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) y Red Muqui, se llevó a cabo un foro el 26 de octubre en la región de Junín donde se realizó un análisis y balance sobre los posibles avances de la instalación de la Mesa de Diálogo hace 12 años para facilitar y transparentar el proceso de reasentamiento de la población de Morococha como también la firma del Convenio Marco con la empresa minera Chinalco. Los líderes de la sociedad civil expresaron su malestar sobre la inconsistencia y poco avance de la Mesa de Diálogo, dando a conocer que la empresa minera sí está avanzando en su explotación del recurso mineral y  negociando posibles ampliaciones con el Estado para seguir con su explotación de minerales por muchos años más  mientras que la población tiene que salir a buscar oportunidades laborales fuera de la antigua y nueva Morococha, lugar al que fueron desplazados desde el 2012, puesto que no existe el dinamismo económico que existía hasta antes de la llegada de la empresa minera, además de los riesgos ambientales a los que se exponen.

Anteriormente la ciudad tradicional de Morococha tenía mucho dinamismo económico porque los trabajadores mineros de diferentes empresas pasaban por allí antes de ir a su trabajo y también visitaban la ciudad para descansar, luego de su jornada laboral. Sin embargo, hoy la realidad es totalmente diferente. En la antigua Morococha todo está destruido y solo algunas familias resisten al hostigamiento de la minera Chinalco para que dejen sus casas. En lo que era la ciudad, la minera Chinalco pretende ampliar su proyecto minero para extraer más minerales. Y en la nueva Morococha – Carhuacoto- no hay dinamismo económico. Los trabajadores del proyecto minero se alimentan y descansan en el campamento minero y no tienen necesidad de ir a la nueva Morococha, y la mayoría de trabajadores no provienen de la zona. Cuándo la empresa minera inició el proceso de desplazamiento de las casi 1200 familias de la antigua Morococha a la nueva Morococha (Carhuacoto), lo hicieron ofreciendo trabajo a las familias en la empresa minera, una vivienda, generar economía en la nueva ciudad y apoyar al desarrollo del distrito. Cada año, varias familias se mudan a otra ciudad porque en la nueva Morococha no hay actividad económica. Es una ciudad fantasma, relataron los expositores.

Por estos factores, Liliana Angélica Rojas Torres (Coordinadora de la Sociedad Civil del Morococha), Lourdes Valentín Cuba (Representantes de personas vulnerables de Morococha), Iven Cangahuala Dávila (Alcalde del Distrito de Morococha), Alexander Javier Atachahua Ursua (Presidente de la JVC Duvas) exhortaron la celeridad del proceso de la firma del Convenio Marco con la empresa minera, y la intervención oportuna de las instituciones públicas competentes, emitiendo un pronunciamiento para que se dignifique la calidad de vida de los pobladores priorizando lo aspectos económicos, sociales y ambientales para impulsar el anhelado desarrollo del distrito, a través del Convenio.

Entre otros acuerdos firmados, exigen la anulación de la denuncia constitucional realizada por la empresa minera Chinalco a los dirigentes y pobladores del distrito de Morococha. Asimismo, demanda la reactivación económica inmediata del distrito.

Por lo que requieren una reunión con suma urgencia con el presidente Pedro Castillo Terrones y ministerios involucrados en las distintas problemáticas generadas.

Debemos resaltar que en el evento realizado el pasado 26 de octubre hubo una concurrencia masiva de la población, dando espacio a un trabajo articulado y organizado entre los distintos gremios, sociedad civil, población de la Antigua Morocha y participación del alcalde Distrital. Expresando que no existirá más una población que no este unida y que hará frente a los incumplimientos de parte de la empresa minera.

Pronunciamiento:

Pronunciamiento de la socie… by prensamuqui

En paralelo al CADE, sindicatos, organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil en general exigen que empresas implementen buenas prácticas y políticas de debida diligencia para garantizar el respeto de los derechos humanos.

 

“Por un diálogo verdadero para salir de la crisis”. Es el lema que reunirá a más de 30 organizaciones en la primera “Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos” del 7 al 11 de noviembre en Lima. Esta semana se realizará en las mismas fechas que el CADE Ejecutivos, tradicional encuentro anual que reune a los principales empresarios del país. El objetivo: que se escuchen también las voces de los actores sociales para permitir un diálogo más inclusivo.

 

Entre las organizaciones convocantes de la primera “Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos” se encuentran las cuatro centrales sindicales del Perú (CGTP, CUT, CTP y CATP), organizaciones indígenas como Onamiap, ORAU y Fredipco, así como la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos que reúne a más de 20 instituciones y redes.

 

Durante esta semana se presentará los resultados de seis investigaciones sobre casos de afectación a los derechos humanos por parte de actividades empresariales en el país. Entre los casos a presentar se encuentran los derrames de petróleo de Repsol, Petroperú y otras empresas; los conflictos vinculados a empresas mineras como Las Bambas; y las vulneraciones a los derechos laborales en la agroexportación; entre otros. Estas investigaciones se presentarán en un coloquio que tendrá lugar el martes 8 de noviembre por la tarde.

 

Uno de los temas centrales de discusión será la propuesta de una Ley de Debida Diligencia que establezca la obligación de las empresas de actuar oportunamente para prever y evitar posibles afectaciones a los derechos humanos en sus actividades y en las de sus proveedores. Este proyecto de Ley será presentado públicamente por las organizaciones en un foro público el miércoles a las 6:00 p.m. Esta propuesta se enmarca en la tendencia que ya se está marcandoa nivel global con iniciativas similares en Alemania, Suiza y otros países. Además, en el contexto de esta semana las organizaciones que convocan se reunirán con congresistas a fin de que hagan suya la propuesta y sea presentada en el legislativo.

 

Esta primera “Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos” culmina el viernes con una reunión -por confirmar- con los gremios empresariales.

 

El dato

El Perú aprobó su Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en junio del 2021, tras un largo proceso de diálogo entre los actores sociales, los gremios empresariales y el Estado. Este Plan se enmarca en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. En los últimos años, se viene discutiendo leyes de debida diligencia en diversos países del mundo, así como un Tratado Vinculante sobre el tema que se viene elaborando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

 

FECHA: del 7 al 11 de noviembre de 2022

PROGRAMA: https://bit.ly/3fCyDwP

LUGAR: Hotel INNSIDE (Calle Diez Canseco 344, Miraflores)

Con el impulso de la bancada de Podemos y el apoyo de la bancada fujimorista, el Congreso de la República aprobó el jueves 20 de octubre el proyecto de ley 1210/2021-CR que formaliza las invasiones constituidas del 01 de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2015 sobre las tierras de las comunidades campesinas.

La iniciativa legislativa aprobada modifica un único artículo de la Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas, Ley 24657:

Artículo único. Modificación del artículo 2 de la Ley 24657, Ley que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas

Se modifica el inciso b) del 2 artículo de la Ley 24657, modificado por las leyes 26845 y 27046, en los siguientes términos.

«Artículo 2. El territorio comunal está integrado por las tierras originarias de la Comunidad, las tierras adquiridas de acuerdo al derecho común y agrario, y las adjudicadas con fines de Reforma Agraria. Las tierras originarias comprenden: las que la Comunidad viene poseyendo, incluyendo las eriazas, y las que indican sus títulos. En caso de controversia sobre esos títulos, el Juez competente calificará dichos de instrumentos.

No se consideran tierras de la Comunidad:

  1. b) Las tierras que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos al 31 de diciembre de 2015, salvo aquellas sobre las que se haya interpuesto acciones de reivindicación por parte de las Comunidades Campesinas antes de dicha fecha Las autoridades pertinentes procederán a formalizar y registrar las tierras ocupadas por los asentamientos humanos, con el fin de adjudicar y registrar la propiedad individual de los lotes a sus ocupantes.

El dictamen del proyecto aprobado fue presentado por la Comisión de Vivienda y Construcción. El dictamen no fue discutido en la Comisión de Pueblos Andinos a pesar que se solicitó ello con anterioridad; fue rechazado por mayoría en la sesión plenaria.

El día de la aprobación, la congresista Digna Calle sustentó su Proyecto señalando que con esta ley se beneficiarían a 65 mil familias de Manchay, que actualmente viven sobre tierras campesinas y no pueden acceder a títulos a pesar de vivir varios años allí. Sin embargo, no especificó que con esta modificación se deja abierta la puerta para el despojo de territorios campesinos por traficantes de tierras y poblaciones que necesitan vivienda, que están abandonados por el Estado por no existir una política de vivienda social como en otros países.

La congresista Noelia Herrera Medina de Renovación Popular se mostró de acuerdo con la ley y fue más allá, pidió a la Mesa Directiva poner en agenda su Proyecto de Ley N.° 580, que contempla la titulación automática para posesiones informales en asentamientos humanos.

Reacciones

Para el especialista legal y director ejecutivo de Cepes, Laureano del Castillo, el problema de la modificación de este artículo “es que por esta vía excepcional se vienen haciendo perforaciones al derecho de propiedad comunal reiteradas veces. Una situación de emergencia no puede ser eterna”. Señaló que la modificación de este artículo ya se ha hecho en años anteriores para beneficiar a las invasiones en tierras comunales.

También precisó que en algunos casos son los mismos comuneros, quiénes viendo su interés personal familiar por encima de la comunidad, promueven estas invasiones.

“La perspectiva a futuro será los que los que hayan invadido del 2015 hasta el 2022, también tendrán su artículo modificado para que se legalice su invasión, y así luego hasta el 2040, etc”.

Para la comunidad nativa Centro Arenal del pueblo Huitoto Murui en Amazonas, la ley afecta a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, por lo que debió ser objeto de debate con la sociedad y de consulta previa con los pueblos indígenas.

Recuerdan que el artículo 14 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que es obligación del Estado proteger y titular las tierras indígenas porque estas garanticen la subsistencia de estas poblaciones.

Además, el proyecto cuestionado sería inconstitucional al contravenir el artículo 89 de la Constitución Política del Estado peruano el cual establece que la propiedad comunal es imprescriptible. Estos argumentos fueron enviados mediante una carta al Congreso, al Poder Ejecutivo y a la Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades para que no se pueda implementar esta ley. En la carta piden que el presidente de la República, Pedro Castillo, observe el Proyecto de Ley y no lo promulgue.

Para el especialista Laureano del Castillo el problema es que estamos en presencia de dos derechos que entran en conflicto: “el derecho de las comunidades campesinas de mantener su territorio y el derecho de los pobladores de tener su casa”. Sin embargo, precisó que se debería hacer una denuncia ante el Tribunal Constitucional amparados en el convenio 169 de la OIT, tal como lo señala la comunidad amazónica en mención.

Tribunal Constitucional reconoce vigencia de tratados internacionales

Para el también especialista legal Juan Carlos Ruiz de IDL, el proyecto de ley aprobado es inconstitucional no solo porque viola lo señalado en el Convenio 169 de la OIT a nivel internacional, sino porque también transgrede la jurisprudencia de la Corte IDH respecto al derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Esta jurisprudencia se basa en el caso del pueblo indígena Xucuru vs Brasil, en que la sentencia internacional establece:

  • La posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado.

Además, el especialista legal agrega que el derecho de propiedad no prescribe y que ha habido omisión de consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades campesinas respecto a la modificación de esta ley que trata sobre sus derechos, en este caso al territorio.

Juan Carlos Ruiz agregó que el Tribunal Constitucional ya ha reconocido anteriormente que el Convenio 169 de la OIT y los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional:

 “En el caso del Convenio N.° 169 de la OIT, la situación es distinta. Como ya ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la STC 03343-2007-PA/TC [fundamento 31], tal convenio forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, como cualquier otra norma debe ser acatada. De otro lado, los “tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, ostentan rango constitucional” [STC N.° 0025-2005-PI/TC, Fundamento 33]”. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado internacional viene a complementar -normativa e interpretativamente- las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes”. (STC 00022-2009-PI, f.j. 9)

Finalmente, consultada por Red Muqui, la actual presidenta de ONAMIAP, Ketty Marcelo, señaló que emitirán un pronunciamiento rechazando la aprobación de esta ley por el Congreso de la República y exigiendo al gobierno que no promulgue esta ley, además de otras acciones.

La sociedad civil organizada, recordamos este mes de octubre del 2022 como un tiempo contra el olvido y por la búsqueda de justicia; este me se cumplen 500 más 30 años de la invasión a nuestros territorios, también se cumple 10 años de la aprobación de la ley de consulta previa y un año en que el gobierno peruano no ha querido ratificar el Acuerdo de Escazú.

Revaloramos estas fechas para hacer memoria, para no olvidar las deudas históricas que el país tiene con los pueblos originarios, defensores de derechos humanos y ambientales.

En éste mismo mes, el Congreso ha aprobado el proyecto de Ley 01210 2021 que modifica ley de deslinde y titulación de comunidades Campesinas sin cumplir con la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. Este mismo año, seguimos viendo la indiferencia del Estado para la aprobación del Acuerdo de Escazú y la mejora efectiva del sistema de fiscalización y sanción ambiental, así como, del sistema de protección a los defensores de derechos humanos y ambientales.

Seguimos viendo en las noticias los pronunciamientos incesantes de las comunidades afectadas por los derrames petroleros en la Amazonía; por otra parte, encontramos a los deudos de los dirigentes indígenas asesinados exigiendo una justicia que nunca llega.

En estos últimos días y aún en éste mismo instante, vemos a las comunidades del departamento de Amazonas, en la zona del río Cenepa, exigiendo que la declaratoria de emergencia de la zona no sea tan solo una declaración sino, que se convierta en acciones contundentes para acabar con la minería informal y la contaminación de toda esta cuenca, poniendo fin a las acciones de amedrentamiento a los dirigentes indígenas por parte de las mafias alrededor de esta actividad ilegal.

Justicia para las víctimas de la defensa del medio ambiente, basta de indiferencia, exigimos respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

 

Amazonia, Ande y Costa peruana, 26 de octubre del 2022.

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas

de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos