Vivimos una coyuntura complicada. El fujimorismo no quiere aceptar los resultados que darían como ganador al profesor Pedro Castillo con 100% de actas procesadas y buscan la nulidad de 802 actas que representan 200 mil votos. Gran parte de estos votos se encuentran en los pueblos andinos, donde hay  proyectos mineros desarrollándose o buscan imponerse. ¿Por qué las poblaciones que viven en entornos mineros no votaron por Keiko Fujimori que ofreció plata directa del canon y bonos, además de otros ofrecimientos?

Conversamos con tres dirigentes de comunidades, rondas campesinas y Frentes de Defensa que son parte de estos territorios:

El ex presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de la región de Cerro de Pasco, Kalmex, señaló que uno de los motivos principales de la desconfianza de la población hacia Keiko es que se señala que es accionista de una empresa minera y hasta ahora no deslinda claramente de ello. En Pasco hay más de 10 proyectos mineros y en las dos provincias – Pasco y Alcides Carrión- que concentra estos proyectos, Pedro Castillo ganó con más del 75%.

Otra de las razones que señaló Kalmex es que «los trabajadores mineros y sus familias saben que el sistema crítico de trabajo lo ha impuesto el fujimorismo desde los 90s.  Actualmente laboran 20 días seguidos y descansan una semana. El régimen laboral tiene que cambiar por eso han votado por Pedro Castillo. De 55 años para arriba ya no te reciben en las empresas mineras, y ya no hay jubilación ni nada. Terminas tu contrato y te vas. Este sistema laboral fue impuesto durante la dictadura fujimorista y en estos años desde el Congreso fujimorista, sus parlamentarios no han hecho nada por cambiar esta situación».

«Los parámetros ambientales, la vigilancia ambiental, ¿por qué no se mejoran a nivel del congreso? porque no le interesa al fujimorismo»

¿Las promesas de entrega directa de plata del canon minero no hicieron efecto?

La gente no les cree. Es mentira. El canon ya ni llega.

Algo que no se ha señalado, eso le puedes contar a un limeño que no conoce la mina; por ejemplo: un distrito pequeño, tu sabes que allí esta funcionando la mina, que no paga impuestos, que el canon es una barbaridad, y peor, decir que va a llegar el canon directo a las comunidades campesinas, es ilógico. La gente no atraca.

El fujimorismo ha tenido votos de la selva central en Cerro de Pasco, no es propiamente de la zona minera. Eso también pasa en Junín. Dicen que hay un rechazo a Cerrón, pero el voto histórico de Junín siempre ha tirado para el fujimorismo o el Apra. En Junín siempre el Apra ha tenido congresistas.

En Daniel Alcides Carrión operan Ricoposo, Volcan, Milpu, Nexa, Atacocha, Brocal, Panamerican Silver y Buenaventura.

¿Y como ven ahora que el fujimorismo quiere impugnar las actas?

La gente está un poco apática. Lo de Ollanta, Toledo, todavía persiste esa desafección con la política.

Por su parte, Isaac Huamán, ex dirigente de las rondas campesinas de Huancabamba de la sierra piurana donde quiere imponerse el proyecto minero chino Río Blanco, y donde Pedro Castillo sacó más del 68%, señala:

Como sabemos a través de las organizaciones de base, de las luchas sociales que se vienen gestando por años, hay un rechazo y exigencias al Estado y las empresas mineras. Cajamarca, Cerro de Pasco, donde están los proyectos mineros, la gente se ha dado cuenta que no siente ese desarrollo del que hablan las transnacionales. Donde hay presencia minera, la gente ha dado el respaldo a Castillo porque habla de rescatar los recursos naturales, que paguen los impuestos que debe ser.

A pesar de los ofrecimientos de Keiko de bonos y canon directo ¿Por qué no logró cambiar su votación?

Es accionista de una empresa minera y la gente no le cree con sus ofrecimientos.

Los diversos gobiernos han querido imponer proyectos mineros acá, pero la razón es que las organizaciones campesinas han dicho a os gobiernos, Congresos, que no queremos minería porque perjudicaría nuestra agricultura, y la gente relaciona que Keiko apoyaría para que se impongan los proyectos mineros.

¿Cómo están viendo el escenario actual?

Un 77% han apoyado en Huancabamba al profesor Pedro Castillo. La gente, las organizaciones decimos que la señora K aduce que tuvo un cierto respaldo con sus candidatos aliados que la apoyaron, que tuvieron votación ahí, pero la gente ha cambiado de voto porque conocen que el fujimorismo desde el Congreso ha petardeado todo en estos años.

Los ciudadanos no van a seguir a un candidato porque sus ex candidatos le respaldan. La gente es libre e independiente para definir sus votos.

¿El fujimorismo ha hecho campaña en su zona?

Sus simpatizantes, congresistas, pero no han hecho campaña fuerte porque las rondan ya tienen una posición de defender sus recursos, por eso la gente no ha apoyado al fujimorismo.

¿Las empresas mineras han jugado un rol en la campaña en su región?

En la primera etapa las empresas mineras apoyaron a Leacano, pero ahora nos hemos dado cuenta que han hecho campaña por Keiko, metiendo temor de que la empresa puede cerrar, que ya no va  haber minería. En Pasco ha habido paneles grandazos y han entregado periódicos.

Finamente, a través de sus encargados de relaciones comunitarias, le decían a las comunidades que ya no habrían proyectos o apoyos si ganase Castillo.

Declaraciones de Luciano Ataucuri, dirigente de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio de las provincias apurimeñas y cusqueñas de Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Grau:

La población sabe que las empresas mineras actualmente están así por el fujimorismo. El fujimorismo con su mayoría congresal han aprobado las leyes en beneficio de las empresas mineras. Las empresas han entrado en los 90s con el fujimorismo y su nueva ley general de minería que les permitió las exoneraciones tributarias, debilitamiento de la institucionalidad ambiental, etc.

En nada se beneficia la población de la minería. Sacan toneladas de oro, cobre, y no hay responsabilidad del Estado y eso es gracias a quien, gracias al fujimorismo. En la provincia de Chumbivilcas, Cusco, Pedro Castillo ha sacado más del 96% de los votos.

¿Y los ofrecimientos de plata directa del canon a las poblaciones?

No hay confianza, sus propuestas eran populistas. Lo que queremos es que debe cambiarse la Constitución para que estas empresas dejen mínimamente el 50% o al menos el 30%, no como ahora que solo dejan el 3%, por eso la gente ha votado así. Encima lo recuperan con la devolución del IGV para que sigan invirtiendo.

Nuestra exigencia también es una nueva Constitución,  para que haya una relación de iguales entre la inversión extranjera y las comunidades. Por ejemplo hay 30 años de minería en Espinar Nosotros hemos puesto en la agenda, yendo al TC, porque quienes han hecho las leyes ha sido la Confiep. Y es justamente la respuesta que ha dado Chumbivilcas con su voto a favor del profesor Castillo que también levanta la nueva constitución.

¿Cómo evalúan la nulidad de actas de Chumbivilcas de parte del fujimorismo?

Hay dos mesas que se han observado en el distrito de Llusco, mañana van a responder contundentemente rechazando esa actividad delictiva del fujimorismo

Las empresas mineras se han movido a favor del fujimorismo, han puesto paneles. Han salido a regalar arroz, azúcar, hacer campañas medica, señalando que si entra Fujimori eso se duplicaría. Lo han hecho con las camionetas de las mismas empresas.

Por: Gladys Huamán /Área de incidencia político legal de Red Muqui

¿Cuál es la situación de las y los defensores ambientales?

Como antecedente, se les reconoce legalmente en la Asamblea General de Naciones Unidas, en diciembre de 1998, donde se aprueba la “Declaración de los defensores de derechos humanos”, marco internacional para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los defensores/as de derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo trabajan a través de medios no violentos para defender o promover los derechos humanos[1]. En estos últimos años se ha conocido casos de defensores/as procesados, hostigados y criminalizados por defender derechos, cuyos procesos judiciales incluso han llegado a espacios internacionales.

Michel Forst[2], el entonces relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, después de su visita (del 21 de enero al 03 de febrero de 2020) al Perú y luego de haberse reunido con unos 450 defensores y defensoras señaló: “sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales”, además emitió la “Declaración de Fin de Misión” en la que expone recomendaciones al Gobierno peruano, entre ellas “poner fin a la criminalización imperante de los defensores”“asegurar la participación pública activa de las defensoras de derechos humanos, incluyendo a las mujeres indígenas y rurales, en el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas y protocolos que les afectan a sus comunidades”, entre otras. Además propuso 7 principios que se debería tener en cuenta en la elaboración de políticas y estrategias para proteger a los defensores/as de los derechos humanos, del cual destacamos que el Estado peruano debe “adoptar un enfoque de protección, que permita a los activistas conocer y reclamar sus derechos y aumente la capacidad y la responsabilidad de aquellos encargados de hacer respetar, proteger y cumplir los derechos”.

Por ello, nos preguntamos ¿Qué avances tenemos en el Perú en relación a la protección de defensores de derechos humanos?

Desde el gobierno nacional, el 31 de enero del 2018, a través del decreto supremo 002-2018-JUS, se aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. El tercer lineamiento estratégico dispone el diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección, entre ellos, de los defensores/as de derechos humanos.
Se planteó “garantizar el ejercicio seguro y en igualdad de condiciones de las labores de las defensoras/es de derechos humanos”, y como meta al 2021 “Un mecanismo implementado para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos” .  Es decir, ya debería estar implementando el mecanismo. Sin embargo, a pocos meses de culminar el año, aún no se aprueba el protocolo para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección.

Al año siguiente (2019) aprobaron desde el Ministerio de Justicia el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos”, a través de la Resolución Ministerial N° 0159-2019-JUS. Y en octubre de año 2020, crearon el “Registro sobre situaciones de riesgos de personas defensoras de derechos humanos” y aprueban los “Lineamientos para el funcionamiento del registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos”.

Hace poco, el 22 de abril de 2021, publicaron el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, que crea el “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, este mecanismo está constituido por principios, medidas y procedimientos que buscan garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades, señala el artículo 1° del mencionado decreto.

Este mecanismo contiene además los principios, medidas y procedimientos que deben ser implementados por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos; Interior; Ambiente; Cultura; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Relaciones Exteriores; Energía y Minas; y Desarrollo Agrario y Riego.

Otro aspecto fundamental, es que en la primera semana de este mes de Junio debería haberse aprobado el “protocolo para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección”. Esperamos que puedan pre publicar el texto para que los defensores/as emitan su opinión antes de su aprobación. Es fundamental que este protocolo garantice la protección a los defensores/as de derechos humanos y mucho más en un contexto donde se insiste en criminalizar y estigmatizar a los lideres/as y dirigentes sociales.

[1] Valiente. Una receta para criminalizar a personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú. Amnistía Internacional.

[2] Noticias ONU, 3 febrero 2020. https://news.un.org/es/story/2020/02/1468992

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

La ONPE ha dado a conocer al 100% las actas procesadas, y que da como ganador a Pedro Castillo; sin embargo, el JNE todavía tiene que resolver las actas observadas, así como los recursos de nulidad[1] que ha presentado Keiko Fujimori y sus abogados. Este es un hecho sin precedentes ya que prolonga la proclamación de Pedro Castillo como presidente y lamentablemente confirma lo que ya sabíamos; Keiko y el fujimorismo no han cambiado, no les interesa la estabilidad ni la democracia en el país, están intentando llevarnos nuevamente a un escenario de inestabilidad política donde todo puede pasar.

De otro lado, un tema que nos parece relevante y que es necesario analizar, es el triunfo de Pedro Castillo en varias regiones y provincias mineras del país. Inclusive en algunas de estas regiones, Castillo gana con un poco más del 90%, frente a un porcentaje mínimo de Keiko Fujimori. Los motivos pueden ser múltiples, ya que erróneamente se asume que al tener mucho dinero en los erarios municipales la gente esta tranquila, y que, frente al anuncio de entregar el canon minero directamente a la población, esta votaría por el fujimorismo, nada más alejado de la realidad. Estas poblaciones y comunidades no gozan de manera directa de estos beneficios económicos, en algunos casos los proyectos mineros que tienen en sus territorios han sido impuestos, los acuerdos y compromisos que firma la minera y el Estado no se cumplen, generan contaminación ambiental y de la salud de sus poblaciones, y cuando intentan reclamar o protestar, el gobierno y la minera los criminalizan y estigmatizan. Queda claro porque votaron mayoritariamente por Castillo.

Por ello, pretender desconocer estos votos por parte del fujimorismo es francamente vergonzoso, además de propalar frases discriminatorias señalando que “en la serranía se ha votado como quieren”, y que por eso presentan el recurso de nulidad de estos votos. Keiko sabe muy bien el rechazo que tiene en las regiones del sur, así como de las comunidades y poblaciones andinos amazónicas. Intentar decir que no saben votar o que sus votos no valen es un insulto a nuestras comunidades indígenas. Al respecto, diversas organizaciones sociales, andinas y amazónicas, ya sea en el nivel local, regional y nacional se han pronunciado rechazando estas declaraciones y el intento de torcer la voluntad popular de nuestros comunidades andinas y amazónicas.

Desde la Red Muqui rechazamos estas declaraciones e intentos de cambiar la voluntad de los pueblos por parte del fujimorismo, esta en juego la defensa y la afirmación de la democracia en el país nuevamente, la población se encuentra vigilante y atento a cualquier intento de desconocer estas elecciones.

[1] Pedro Castillo según ONPE obtiene el 50.199% de votos frente a la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori que saco el 49.801%. La diferencia en favor de Castillo es de 69,546 votos. Ademas Keiko Fujimori y sus aliados han presentado un recurso de nulidad para anular 200 mil votos (802 actas).

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Llegamos a la parte final de un proceso electoral cargado de mucha tensión y polarización entre ambos partidos. Lamentablemente esta campaña nos ha confrontado como sociedad en varios niveles, en nuestros espacios laborales y culturales, incluso familiares. Lo cierto es que en el año del bicentenario esperábamos tener otro escenario, donde la justicia social, la igualdad, los derechos humanos, la democracia y a lucha contra la corrupción fueran los temas centrales a discutir y reivindicar. Está claro que en medio de una de las peores crisis sanitarias y económicas que nos ha tocado vivir -y que todavía no termina-, la población exige cambios. Cambios en la política económica, cambios en el acceso a la salud, la educación, vivienda, entre otras demandas. La mayoría coincide en que el actual modelo económico y político está agotado, y por tanto urgen cambios que solo uno de los candidatos ha planteado. Por ello, este domingo debemos asumir el compromiso de ejercer un voto con memoria y con dignidad. Un voto vigilante que no es un cheque en blanco.

Esta semana coincide también con el Día Mundial del Ambiente. Este sábado 05 de junio se conmemora esta importante fecha, justo un día antes de las elecciones, y lamentablemente tenemos que confirmar que nuevamente la agenda ambiental ha sido la ultima rueda del coche en los debates que hemos presenciado. Pensábamos que luego de pasar por la pandemia seríamos más conscientes por cuidar y proteger nuestro ambiente, pero no fue así. Por el contrario, pareciera que hemos vuelto a la vieja normalidad de manera muy rápida. Un ejemplo de ello es lo que acaba de pasar en el Congreso de la Republica esta semana. Al final, el pedido de un pleno de pueblos y ambiente fue rechazado por la junta de portavoces. A pocas semanas de terminar su mandato, este Congreso no ha sabido estar a la altura de las circunstancias en cuanto a derechos de pueblos indígenas y medio ambiente se refiere.

Finalmente, estos días desde la Red Muqui hemos organizado un foro virtual denominado «Futuro de la minería y el medio ambiente” en el actual contexto electoral. El objetivo fue generar un espacio de diálogo abierto entre diversos actores sociales y especialistas sobre la agenda ambiental, las políticas mineras y sus implicancias en los territorios. Algunas de las conclusiones que quisiéramos remarcar de este evento son: 1) Se confirma el agotamiento del modelo económico, y de modo particular el extractivismo minero. Urge la discusión de un nuevo marco normativo minero en el país que revise, entre otros asuntos, la política de concesiones mineras y revisión de EIAs. 2) Los impactos que genera la actividad minera son más que evidentes. No solo son ambientales, si no también a la salud humana y a los derechos humanos. Así tenemos a decenas de líderes indígenas y dirigentes sociales estigmatizados y criminalizados y los mismos trabajadores mineros precarizados y 3) El próximo gobierno debe respetar las autonomías de los territorios. No se puede imponer más proyectos mineros como Conga, Tía María, Rio Blanco, entre otros. Se debe potenciar las alternativas que se vienen construyendo desde los territorios, como la actividad agrícola en el Valle de Tambo en Arequipa.

Con estas reflexiones, el compromiso electoral de este domingo nos desafía a contribuir a la consolidación de la democracia y las instituciones de nuestro país. Con una mirada hacia una plenitud de derechos Firme y Feliz por la Unión, como reza el lema de los albores de nuestra República.

Por: Área socioambiental de Red Muqui

La crisis ambiental y la pandemia amenazan a nuestro planeta por las sequías, la escasez del agua, la contaminación ambiental, degradación de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, cambio climático, entre otros problemas que ponen en grave riesgo el equilibrio de nuestra naturaleza y la producción de alimentos.

Llegamos al bicentenario y pesar de que el Perú es uno de los países más vulnerables a la degradación ambiental, ninguno de los candidatos presidenciales en segunda vuelta presenta una propuesta clara para la protección del medio ambiente. Por un lado, la candidata Keiko Fujmori, indicó que el medio ambiente es un tema que los jóvenes han puesto en el “tapete”, y señaló la necesidad de mejorar políticas públicas para asegurar los proyectos de inversión, pero respetando el “medio ambiente”, que en la práctica es la misma política extractivista que acompañó al país durante siglos. Asimismo, su propuesta “Minería para el agro”, sería un aporte solidario de las empresas mineras para financiar la construcción de canales de irrigación y reservorios destinados a los agricultores. Sin embargo, esto no tiene correlato con la realidad, dado que esta supuesta convivencia entre agro y minería en varios lugares no es posible, el Valle de Tambo (Arequipa) puede ser un ejemplo de esto último. Además una segunda propuesta denominada “Canon para el pueblo”, que busca destinar el 40% de los presupuestos producto del canon minero directamente a las familias, se posiciona como un discurso populista pues en vez de presentar una forma de hacerle frente a las problemáticas mineras, podría acrecentar la desigualdad y los conflictos sociales en las regiones mineras del país.

En cuanto a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, quien señaló que en su posición de campesino y rondero ha “luchado defendiendo el medio ambiente”, ratificó su propuesta sobre la inviabilidad de los proyectos mineros Tía María y Conga. Además, indicó que velaría por el cuidado del medio ambiente, los ríos y la salud integral de la población. Pero sin dar mayores detalles de cómo se realizarán dichos ofrecimientos.

Ambos candidatos muestran propuestas débiles en materia ambiental, siendo lo más preocupante que sus planes de gobierno no tienen planteamientos concretos para proteger y preservar el medio ambiente y por el contrario, se sigue imponiendo el mismo modelo de desarrollo económico. En algunos casos se plantea impulsar la infraestructura física como por ejemplo la “siembra y cosecha de agua” que es un paso importante, pero se requiere de un cambio estructural, un cambio de pensamiento del gobierno sobre la realidad ambiental del país.

Alternativas a la expansión minera desde la sociedad civil

En ese sentido desde la «Agenda Muqui 2021: Construyendo alternativas» (agenda fruto del continuo debate y que recoje demandas y preocupaciones de las organizaciones y comunidades afectadas por la actividad minera) se plantea de cara al bicentenario una política estricta de protección de las cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles con el objetivo de garantizar la disponibilidad del agua como un derecho para las comunidades campesinas y poblaciones, que lamentablemente están ausentes en la propuesta de ambos candidatos. Además, planteamos la prohibición de ejecución de proyectos mineros u otras actividades productivas que pongan en riesgo la capacidad de resiliencia (sostenibilidad ambiental) de los ecosistemas, la conectividad hidrológica de las corrientes de agua, su buen estado y capacidad de recarga hídrica, además de los servicios ambientales que presta, como los glaciares, lagunas, manantiales, bofedales, etc.

Nuestra Agenda Muqui 2021* (www.agendamuqui2021.org) plantea una política de ordenamiento territorial participativo a fin de construir un acuerdo social sobre los usos del territorio teniendo en cuenta sus potencialidades, límites, enfoques sociales y ecosistémicos desde una mirada del territorio, y sobre la base de esta política deben organizarse las actividades económicas. Además, las concesiones mineras se deben otorgar según los planes de ordenamiento territorial, prohibiéndose en zonas ambientalmente vulnerables y garantizando  el pleno derecho sobre la propiedad de las tierras comunales para la producción de alimentos.

En esa misma línea, la agenda ambiental de los candidatos presidenciales a la segunda vuelta debe contemplar la inmediata remediación de los pasivos ambientales mineros que vienen contaminando las principales fuentes hídricas y los recursos naturales. Las propuestas deben plantearse buscando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático con políticas, estrategias, planes, y proyectos del Estado, en el marco de un proceso de participación transparente e inclusivo del sector privado y de la sociedad civil.

Finalmente, la agricultura Familiar, la cual juega un rol fundamental en la conservación de estos ecosistemas y el medio ambiente, debe ser incluido en las políticas públicas del gobierno para garantizar la producción de alimentos. Ya es hora de darle el lugar que se merece a la pequeña agricultura y la agricultura familiar, que finalmente son las que nos vienen sosteniendo durante la pandemia del Coronavirus.

* Puedes leer nuestra Agenda Muqui 2021 – Versión resumida y graficada aquí: https://bit.ly/3z4zX0s

Este jueves, a pocos días de las elecciones en Perú, especialistas y dirigenta/es indígenas y sindicalistas analizarán las propuestas electorales de los partidos contrincantes Fuerza Popular y Perú Libre, en materia de minería y medio ambiente.

Minería en Debate

En el tramo final de estas elecciones el tema minero se ha puesto en debate. Por un lado Perú libre plantea renegociar contratos y recaudar más impuestos a mineras, y por el otro Fuerza Popular insiste en continuar y profundizar el modelo minero. En ambos casos no se habla con claridad sobre los impactos de la minería en el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

Ante ello, Red Muqui llevará a cabo el Foro denominado “Futuro de la minería y medio ambiente” con la participación de dirigentes, dirigentas y profesionales que analizarán las propuestas de estos dos partidos de la contienda electoral 2021.

Se contará con un panel de destacados especialistas, entre ellos: Jaime Borda, secretario Ejecutivo de Red Muqui, quien estará a cargo de la moderación. José de Echave, doctor en economía y miembro de la ONG CooperAcción – Acción Solidaria para el desarrollo. Beatriz Cortez, abogada de Red Muqui. Así como de Melania Canales, presidenta de ONAMIAP (Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú) y Edmer Bartolo Santamaría, Secretario de Organización de la Federación nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú – FNTMMSP.

Foro: «Futuro de la minería y medio ambiente»

La cita es este Jueves 03 de Junio a las 5 P.M.

El Foro se trasmitirá en vivo a través del medio de comunicación Wayka y por medio de la página de facebook de Red Muqui.

➡️ Sintoniza la trasmisión en vivo aquí: https://t.co/34lhm5hqrE?amp=1 

 

 

COMUNICADO PÚBLICO: LA PEP EXHORTA A GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES IMPARCIALES Y NEUTRALES EN EL PERÚ

La Plataforma Europa Perú (PEP) expresa su preocupación por el reciente clima de polarización y crispación que el Perú está viviendo en torno a la segunda vuelta electoral presidencial. A solo unos días de celebrarse las elecciones, la PEP exhorta a la candidata y al candidato a la presidencia, a los medios de comunicación y a todas las partes a evitar utilizar un lenguaje difamatorio y politizar cualquier hecho sucedido que afecte a la población peruana con el fin de obtener un beneficio electoral. Solicitamos también a los medios de comunicación garantizar una cobertura electoral imparcial y que no se difunda información parcializada que no haya sido expuesta a escrutinio e investigaciones debidas.

A las organizaciones que integramos la PEP nos parecen de suma gravedad las declaraciones públicas que apuntan a minimizar violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno, como las que han demeritado la lucha por justicia y reparación de las miles de mujeres que fueron esterilizadas forzosamente durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tal como lo dijo el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, la cobertura electoral, con información parcializada, ha provocado un clima de miedo con el fin de beneficiar a la candidata Fujimori. El Tribunal a su vez advirtió sobre la necesidad de “diferenciar claramente la opinión de la información y a cumplir con la cobertura imparcial y objetiva de los hechos noticiosos que la ética periodística demanda”.

1) Lamentamos también el uso político que se viene haciendo del trágico suceso del 23 de mayo, el atentado en el VRAEM donde murieron 16 peruanas y peruanos. Las personas responsables de estas muertes tienen que ser identificadas y sancionadas tomando en consideración la gravedad de sus actos; así mismo, esa tragedia no puede ser instrumentalizada con fines electorales. Coincidimos con declaraciones de la sociedad civil peruana que añade que las “estrategias ‘políticas’ de esta naturaleza cuestionan los fundamentos democráticos y ponen en riesgo el actual proceso electoral”.

2) La PEP reafirma su compromiso al respeto y promoción de los derechos humanos de todas y todos los peruanos y exhorta al gobierno peruano, los partidos políticos y medios de comunicación a que se garantice la defensa de la verdad, la memoria y la justicia a lo largo del proceso electoral.

Esperamos que cesen los cuestionamientos indebidos a los organismos electorales y que las elecciones se lleven a cabo de manera pacífica y con plena garantía del sistema democrático y el estado de derecho. Demandamos a las misiones electorales internacionales presentes en el Perú que tengan bajo consideración los graves hechos antes señalados, y que estén vigilantes a irregularidades antes y durante el día de las elecciones.

Firman:

Plataforma Europa Perú
– Action Solidarité Tiers-Monde – ASTM (Luxemburgo)
– Asociación Pro Derecho Humanos de España (España)
– Broederlijk Delen (Bélgica)
– Catapa (Bélgica)
– Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania)
– Commission Justice et Paix (Bélgica)
– Entraide et Fraternité (Francia)
– Entrepueblos (España)
– FOS (Bélgica)
– Informationsstelle Peru e.V. (Alemania)
– Kampagne “Bergwerk Peru-Reichtum geht Armut Bleibt”, Campaña Perú País Minero
(Alemania)
– Peru Support Group (Reino Unido)
– Peru Kommiten för MR (Suecia)
– Secours Catholique (Francia)
– 11.11.11 (Bélgica)

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Hemos empezado la semana con una noticia muy dolorosa, y es que el lunes 24 de mayo se ha conocido del asesinato de 16 personas, entre ellas 2 menores de edad, en el centro poblado de San Miguel del Ene, distrito de Vizcatán del Ene, Junín. Hasta el momento, las versiones oficiales señalan que los responsables serían grupos de narcoterroristas instalados en la zona. Desde la Red Muqui expresamos toda nuestra solidaridad con las familias de las personas asesinadas, y esperemos que se investigue de manera seria esta masacre y que caiga todo el peso de la ley a los responsables de estos hechos. Así mismo, lamentamos el uso y aprovechamiento político que se pretende hacer sobre esta tragedia, y lo mínimo que deberían hacer ambos candidatos y los medios de comunicación es que respeten el dolor de los familiares y que se les garantice justicia para las victimas.

De otro lado, en la medida en que nos acercamos al 06 de junio, día de las elecciones presidenciales, el escenario electoral se torna cada vez más polarizado, y por más llamado que se hace a la exposición de propuestas y planteamientos concretos de los candidatos, los ataques de uno y de otro lado no han cambiado, y lamentablemente los medios de comunicación nacional se siguen prestando para ello, favoreciendo de manera muy evidente a una sola candidatura. En ese marco, el pasado fin de semana hemos asistido al primer debate de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre, y más que un debate técnico finalmente terminó siendo un debate político, ya que la mayoría de propuestas presentadas han sido muy generales.  Al respecto, un tema que nos genera preocupación es el referido a la protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas ya que no hemos escuchado planteamientos concretos al respecto.

Durante la primera vuelta, diversas organizaciones hemos alcanzando una serie de propuestas y preocupaciones sobre la agenda ambiental y ecológica en el país, resumido en el “Pacto Ecosocial”, que fuera presentado a los candidatos presidenciales. La premisa de esta alianza por el pacto es porque: “El Perú es uno de los diez países más afectados por los efectos del cambio climático. Si el calentamiento global se agrava y la deforestación de nuestra Amazonía y zonas altoandinas continúa, en 25 años tendremos solo 40% del agua disponible, desaparecerán los glaciares andinos impactando a poblaciones y ecosistemas de nuestras tres regiones naturales…”; si no se toman medidas inmediatas de cara a este escenario lamentablemente el futuro que nos espera es desolador e incierto.

Dentro del llamado que se hace en el pacto Ecosocial está la cuestión del extractivismo, principalmente los impactos de la minería, no solo en materia ambiental, si no de la salud de las personas expuestas a metales pesados, así como de los derechos de los pueblos indígenas. Agendas casi ausentes hoy en día en los debates y propuestas de los candidatos, así que esperamos que esta ausencia sea incluida en el debate presidencial del próximo domingo 06 de junio organizado por el JNE en la ciudad de Arequipa.

Por: Bladimir Martínez – Equipo técnico de DHUMA-Puno

La contaminación de la cuenca del río Coata es una problemática socio-ambiental que involucra al gobierno, Empresas Prestadoras de Servicios, industrias como la minería y otras, residuos sólidos, entre otros. Esta problemática se encuentra estrechamente relacionada a la del Lago Titicaca.

Las evidencias de la contaminación de la cuenca del río Coata son refrendadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Dirección Regional de Salud Puno (DIRESA). Quienes muestran resultados alarmantes de los monitoreos de agua, evidenciando que los valores encontrados superan los Límites Máximos Permisibles (LMP)[1]y[2] y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua[3] en parámetros como el boro, hierro, manganeso, sodio, arsénico, plomo, coliformes termotolerantes Escherichia Coli,  bicarbonatos, cloruros,  aceites y grasas[4].

La ANA (2019), evidenció que las fuentes de contaminación provendrían de 21 vertimientos (8 municipales, 4 industriales, 7 botaderos de residuos sólidos y 3 descargas in situ). Los parámetros que sobrepasan los valores establecidos en el ECA agua categoría 4 son: oxígeno disuelto, pH, Conductividad Eléctrica, Fósforo Total, Nitrógeno, Mercurio, Plomo total, y Zinc total en 19 puntos de monitoreo ubicados en la cuenca Coata, que tiene una superficie de 5,548.5 km2 y alberga alrededor de 221,097 habitantes, de los cuales el 70.49% vive en el área urbana y 29.51% en el área rural; y las principales actividades económicas son la pecuaria y agrícola[5].

La evidencia de exposición de personas a metales tóxicos en la cuenca del río Coata se da luego de los análisis de sangre y orina realizados por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente del Instituto Nacional de Salud (CENSOPAS) cuyos resultados fueron que 34 personas presentan niveles de arsénico en sangre y orina, y 2 arsénico y mercurio, dentro de los cuales se encuentran niños y niñas de entre 4 y 14 años de edad[6]. Además, en un segundo estudio llevado a cabo en enero del 2021, se muestra que 223 personas habrían superado las concentraciones de arsénico en orina.

Como consecuencia de las concentraciones de metales tóxicos y microorganismos que superan los LMP en pozos de agua para consumo humano, se declaró en reiteradas ocasiones el Estado de Emergencia por Peligro Inminente, ante contaminación de agua para consumo humano, los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca desde el 2019[7]. El INDECI (2021) considera a estos distritos como de Muy Alto Riesgo; sin embargo, a pesar de que no existen mecanismos claros para la reducción de la categoría de Muy Alto Riesgo, se ha concluido la prórroga de la Declaratoria de Estados de Emergencia en los cuatro distritos.[8]

Como consecuencia de lo anterior, pobladores de los distritos afectados protestaron pacíficamente durante el noviembre y diciembre del 2020, solicitando la atención integral de salud, y el cese definitivo de las fuentes contaminantes, razón por la cual los pliegos de ministerios correspondientes se constituyeron en Puno el 15 de diciembre y firmaron un acta con 12 acuerdos, encontrándose dentro de estos la conformación de la mesa de diálogo denominada “Articulación de las acciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local para la atención de la problemática de la cuenca del río Coata , a favor de los distritos de Capachica, Coata, Huata y Caracoto”, cuyo objeto es concertar y elaborar un Plan de Acción Integral conducente a desarrollar labores de articulación orientadas a atender la problemática de la cuenca del río Coata, cuyo periodo de vigencia culmina el 15 de julio del 2021[9].

Sin embargo, ante el aparente retraso en el cumplimiento de acuerdos y compromisos por parte del pliego de ministerios, Gobierno Regional de Puno, y la Municipalidad Provincial de San Román, se anunció una movilización social para el 15 de junio. Cabe señalar que, es preocupante la evidencia de actos intimidatorios y de criminalización en contra de integrantes de los Frentes de Defensa, esto último a pesar de que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos[10] solicitó acciones al gobierno peruano poner fin a cualquier acto de criminalización en contra de los defensores de derechos humanos de la cuenca del río Coata.

En conclusión, si bien la contaminación se evidenció en estudios desde el 2015, la problemática socio ambiental inicia mucho antes. Además, se observa que la respuesta del gobierno a los resultados alarmantes de la contaminación se da luego de cuatro años, y recién después de cinco se realizan análisis en sangre y orina de las personas expuestas. Cabe señalar que, las fuentes contaminantes podrían estar distribuidas en la zona alta, media y baja de la cuenca Coata cuya extensión es de 5,548.5 km2 y alberga alrededor de 221,097 habitantes, lo que indicaría que la población expuesta podría superar los 50,000 habitantes que solo viven en la parte baja. Adicionalmente, se evidenciaron actos de criminalización en contra de los dirigentes principales de los Frentes de Defensa, con la aparente intención de paralizar el pliego de reclamos de la población expuesta a metales pesados.

Por último, a pesar de que no se tienen claros los mecanismos para la reducción del Muy Alto Riesgo existente, las declaratorias de estado de emergencia se dejaron de emitir. Y el proceso para la elaboración de un Plan de Acción Integral para atender la problemática aún es incipiente, y la garantía que este plan aborde problemas estructurales de la contaminación ambiental, aún es un tema que requiere una discusión amplia, y la participación de sectores privados (ONGs) y estatales que garanticen un abordaje integral y consecuente de la problemática.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Informe N° 027-2018-DSB/DESA/DIRESA/GR-PUNO

[2] Informe N°244-2015-OEFA/DE-SDCA

[3] Límites Máximos Permisibles, D.S N° 031-2010 – SA y Estándares de Calidad Ambiental para agua D.S. N° 015-2015-MINAM

[4] Informe técnico N° 172 – 2015 – ANA -AAA.TIT-SDGCRH

[5] Informe Técnico N° 055-2019-ANA-AAA.TIT-AT/RWAA. Resultados del monitoreo participativo de la calidad del agua superficial en la Unidad Hidrográfica Coata (23 al 30 de septiembre del 2019).

[6] Informe de Resultados N° 585G-2020-CENSOPAS

[7] DS N° 081-2020-PCM, DS N° 204-2019-PCM, DS N° 153-2019-PCM y DS N° 123-2019-PCM

[8] Reporte de Peligro Inminente N° 106 – 02/05/2021/ COEN – INDECI/22:55 HORAS (Reporte N° 34)

[9] Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 002 – 2021-PCM/SGSD. Lima, 19 de febrero del 2021.

[10] Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la situación de criminalización del Sr. Félix Suasaca Suasaca y el Sr. Claudio García Choqueluque, ambos miembros de frentes de defensa en contra de la contaminación. PER 003 / 1120 / OBS 129 del 20 de noviembre del 2020.

Entrevista a periodista Nicole Maron: «A veces me da vergüenza decir que soy de Suiza»
La periodista suiza Nicole Maron vive en el Perú y tiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente y un mundo más justo. Denuncia el estilo de vida globalizado del Norte Global como un sistema neocolonialista que explota al resto del mundo, escribió una carta abierta al Ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, y toca puntos delicados en muchas de sus publicaciones.

Nicole Maron, usted llama al estilo de vida supuestamente «civilizado» del Norte Global neocolonialista explotador. ¿Qué exactamente quiere decir con esto?

En América Latina y otras regiones del Sur Global, los efectos de la globalización se pueden sentir muy claramente. Las relaciones económicas a nivel global siguen basándose en la explotación, a pesar de que la era del colonialismo supuestamente ya ha terminado. Pero lo que vivimos hoy en día, es una forma extrema de neocolonialismo, sostenido no por la fuerza de armas sino por la presión económica y política. Los y las habitantes de países como Perú o Bolivia sufren por las consecuencias negativas de este modelo, el cual permite el estilo de vida lujoso y bien asegurado en países como Suiza.

¿A qué consecuencias negativas se refiere?

Por ejemplo, a la deforestación de la selva o la contaminación por la minería. A nivel mundial, cada minuto se tala una superficie de selva tropical del tamaño de 30 campos de fútbol, un diez por ciento de esto en Brasil. Gran parte de las zonas deforestadas se destinan a la producción de soja, es decir, a la alimentación del ganado cuya carne se exporta a China, Estados Unidos o Europa. Por otro lado, las actividades mineras contaminan el agua, el suelo y el aire, destruyendo la base de vida de la población local.

¿Conoce algún caso concreto de contaminación?

Por supuesto. En lugares como Espinar o Cerro de Pasco estamos hablando de personas que tienen hasta 17 metales pesados en la sangre y cuyos animales mueren porque beben agua de ríos envenenados.

¿Hay empresas suizas que son involucrados en esta situación?

Hay muchas empresas mineras transnacionales que operan en el Perú. En Cerro de Pasco y también en Espinar, la empresa suiza Glencore maneja tres minas que ya llevan casi 40 años causando graves daños al medio ambiente y a la salud de la población. La empresa actúa con una indiferencia y arrogancia increíble. Lo único que le interesa es su ganancia.

¿Cuál es la actitud del gobierno peruano?

El gobierno peruano tanto como el gobierno suizo están apoyando a las empresas porque el Estado se beneficia de estas actividades a través de los impuestos. En el mes de noviembre del año pasado, el gobierno suizo recomendó rechazar la iniciativa para mayor responsabilidad empresarial por temor a los daños económicos para Suiza. Con esta actitud, Suiza ha declarado oficialmente que la economía tiene prioridad sobre los derechos humanos.

¿Fue esa la razón por la que escribió una carta al Ministro Ignazio Cassis el 28 de febrero de 2021?

El motivo de esta carta fue un pronunciamiento de Cassis en diciembre, en el cual anunció que, de aquí en adelante, las ONGs ya no podrán utilizar fondos de la COSUDE -la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación- para campañas de información y sensibilización en Suiza.

¿Qué significa eso en lenguaje sencillo?

Que la cooperación al desarrollo debería concentrarse en sus proyectos en el Sur Global y no puede evidenciar los daños que la política y las empresas suizas causan en el extranjero. Se ignora la destrucción del medio ambiente, la crisis climática y la muerte de personas para que la población suiza pueda mantener su estilo de vida orientado al consumo. Los metales que se extraen aquí en el Perú y en otros países, se utilizan para baterías y dispositivos electrónicos que compramos en Suiza a montones.

En su carta, usted exige un gobierno que asuma su responsabilidad y ponga la ética por encima de los intereses económicos, para que ya no tenga que avergonzarse cuando diga que es de Suiza.¿Siente vergüenza de su país?

Desgraciadamente, sí. Porque, me guste o no, soy parte del sistema que se base en la explotación y resulta en la injusticia global. Con mi pasaporte y un sueldo mayor al sueldo promedio peruano o boliviana, tengo privilegios – no sólo en Suiza-, sino también aquí. Por ejemplo, el acceso a una buena atención sanitaria.

¿Cómo se percibe a Suiza en países como Perú o Bolivia, que -según la lista de la Fundación Alemana para el Desarrollo en cooperación con la OCDE- se consideran países en desarrollo?

Depende a quién se le pregunte. Muchos empleados estatales la perciben de manera muy positiva, a Suiza y a los otros países que invierten aquí, porque aportan al crecimiento económico. Pero si se habla con la población indígena que sufre directamente por las decisiones políticas y las actividades económicas de Suiza, la percepción es muy diferente.

¿Tiene un ejemplo?

Si. En enero hice entrevistas en comunidades indígenas de Espinar para un documental sobre las minas de Glencore. Una señora mayor me pidió que hiciera un llamado a Suiza y a los directores de Glencore.

¿Qué dijo exactamente?

Dijo: «Yo sufrí desde mi niñez por la minería. Mi papa trabajaba en una mina hasta su muerte, pero ahora mi pobre mamá no recibe ni seguro ni renta. Se han comprometido en educarnos, pero por ser gente humilde, gente originaria, aquí no hay justicia. Por eso ya hago un llamado a los dueños de la mina. Seguramente no soy la única a quien les pasan estas cosas. En todo el mundo, cuantos niños estarán sufriendo por la minería, cuantas madres estarán golpeadas, cuantas despojadas de sus terrenos. ¿Por qué tenemos que sufrir? Pregunto también al Estado peruano y a los congresistas, ¿por qué no nos manda sus abogados? A todos ellos hago este llamado, con mi tanto sufrimiento.»

Usted señala que el consumismo de la población del Norte Global es corresponsable por esta situación. ¿Qué podemos hacer para cambiarla?

Cada uno puede cambiar su comportamiento como consumidor. Por ejemplo, ¿realmente necesitamos un nuevo celular cada año, o cada nuevo dispositivo? Hay que ser más consciente de nuestra huella ecológica, la cual en Suiza es mayor que en muchos otros países. Pero creo que hay algo con lo que se puede lograr mucho más: el compromiso político. En Suiza tenemos la oportunidad de participar e influir en las decisiones de nuestro gobierno hasta cierto punto, y deberíamos aprovechar este derecho.

¿Por qué vive en el Perú actualmente?

Después de vivir en Kurdistán por un año de 2010 al 2011, quise conocer a América Latina como otra región del mundo con fuertes movimientos sociales que luchan contra el sistema de opresión y explotación. Aquí y también en Bolivia donde vivía antes, he aprendido mucho, incluso culturalmente y espiritualmente.

¿Por ejemplo?

En la región andina y también en la amazónica la gente tiene otras formas de pensar y vive realidades que son completamente diferentes, los cuales cuestionan el llamado «progreso» y la visión académica del mundo. Hablo del «llamado progreso» porque un estilo de vida que resulta en la destrucción de nuestro planeta no debería ser llamado desarrollado, sino primitivo y estúpido. Al fin y al cabo, estamos destruyendo poco a poco nuestra propia base de vida. Sin embargo, los países que se autodenominan «desarrollados» presumen enseñar al resto del mundo como se puede vivir mejor.

Entonces, ¿la vida en los países desarrollados no es mejor que en los países en desarrollo?

No necesariamente, porque son los países desarrollados que definen lo que significa una vida mejor, y esta definición se basa principalmente en tener más plata. Pero este modelo principalmente sirve a la economía y a las empresas. Conozco a muchas personas en Suiza que se han enfermado o han caído en depresión entre los 30 y los 40 años, porque ya no podían soportar las presiones del mundo laboral. Incluso hay niños y niñas de la primaria en Suiza que sufren de depresión debido a la presión por el rendimiento. Ahora, ¿un sistema que hace que la gente enferme, realmente puede ser un buen sistema?

¿Usted quiere cambiar el sistema?

Mi compromiso es compartir las experiencias que hago aquí con personas en Suiza y otros países del norte, esperando que esto ayude que ellos reflexionen más sobre los efectos de su estilo de vida. Tal vez de esta manera, se pueda impulsar un cambio de conciencia que es muy necesario. Porque el sistema económico actual ha creado una sociedad de consumo que acabará llevándonos a todos y todas al borde del colapso.

Podría tener un trabajo bien pagado en Suiza o en otro país del llamado primer mundo, mientras que las oportunidades de ganar dinero en el Perú probablemente sean menores. ¿No le importa eso?

Para nada. Nunca he hecho depender mis actividades profesionales o mi compromiso de mis ingresos, sino únicamente de lo que hago vale la pena. Mientras pueda sustentarme con mi sueldo, seguiré trabajando en proyectos no remunerados, sea en Suiza o en el extranjero.

 

Entrevista: Kerem S. Maurer
Publicado en: Anzeiger von Saanen, Suiza, 23. de abril 2021

Nicole Maron Oscamayta es una escritora y periodista suiza. Desde 2017, vive en Bolivia y el Perú. Trabaja para diferentes medios de Suiza y Alemania y realiza documentales, con un enfoque en temáticas socio-políticas y medio-ambientales como migración, (in)justicia global, descolonización, derechos humanos, y espiritualidad.

www.maron.ch