El día 21 de septiembre a las 10 de la mañana, pobladores de la Antigua Morococha decidieron realizar una marcha hasta la ex Municipalidad como protesta contra la Minera Chinalco y su desconocimiento de los aún pobladores de esta zona en conflicto. Un desconocimiento que llevó a la empresa minera, bloquear las vías de ingreso y salida haciendo uso de enormes cantidades de piedras y tierra además de utilizar efectivos policiales para asegurar que los pobladores no impidan dicho bloqueo.

La Antigua Morococha es un pueblo hasta el día de hoy habitado por 40 familias integradas por niños, mujeres y ancianos que aparte de ser hostigados con acciones como el bloqueo de sus vías de tránsito; no cuentan con un ambiente urbano social digno, ni con energía eléctrica a causa de la destrucción de la infraestructura de electrificación.

Fueron 10 pobladores los designados para realizar ésta marcha simbólica en la cual llevaron el documento firmado por todos los representantes de la Antigua Morococha, con el Habeas Corpus presentado contra la empresa minera Chinalco. Una medida legal que tiene como objetivo que dicha empresa limpie las vías bloqueadas y garantice el respeto al libre tránsito de los pobladores de la Antigua Morococha.

¿En qué se ampara la minera Chinalco?

La empresa minera Chinalco compró de las 34 hectáreas por 5,9 millones de soles* a finales del 2018 a la empresa Activos Mineros quien, a su vez, obtuvo este terreno gracias al rápido y conveniente trabajo del ex viceministro de Energías y Minas, Ricardo Labó. Este último, invocó el artículo 49 de la ley para sustentar el pedido de expropiación de las 34 hectáreas y llevar a cabo la transferencia a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).

Sin embargo, la ley de expropiaciones señala explícitamente que el beneficiario de una propiedad expropiada solo puede ser otra entidad del Estado y nunca un privado como lo es Activos Mineros SAC.

A ellos se suma el hecho de que la empresa minera no reconoce a los pobladores en el documento de Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que busca la ampliación del proyecto Toromocho el cual no se llevará a cabo sin antes deshacerse de las familias que aún habitan 34 hectáreas de la Antigua Morococha.

Hasta el día de hoy, las vías de acceso y salida siguen bloqueadas desde el sábado 12 de septiembre sin tener responsables por ello, viendo afectadas sus actividades comerciales y abastecimiento alimentario. Por tal motivo, de no tener respuesta por parte de la minera, los pobladores han decidido organizarse el martes 29 de septiembre para remover las piedras y desmontes y poder transitar libremente como cualquier ciudadano.

Una situación que se agrava por la falta de autoridades que asuman la responsabilidad por todos los atropellos contra ciudadanos peruanos que viven una crisis que nadie quiere atender.

(1*) https://operacionchina.convoca.pe/morococha/

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Esta semana ha debido ser una de las más grises para los gremios empresariales en el Perú y particularmente para las empresas mineras, debido a que el pasado martes 22 de setiembre el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de la Libertad contra el Decreto Legislativo 1421, que buscaba prescribir más de 9 mil millones de soles en deudas tributarias a la SUNAT, deuda que ahora se mantiene y que deberán pagar un promedio de 158 grandes empresas. Al respecto la presidenta del TC Marienella Ledesma antes de emitir su voto de rechazo a la demanda señaló que: «Las grandes empresas deberán pagar sus impuestos igual que los contribuyentes de este país, sin ninguna distinción» dejando zanjado de esta forma la postura mayoritaria del TC en relación a esta demanda.

 

Al respecto un dato importante sobre este tema es que las grandes empresas mineras concentran el 50% del total de deudas, según el portal Ojo Publico un total de 22 empresas mineras adeudan S/5 mil 76 millones a la SUNAT, dentro de este grupo de empresas mineras tenemos a Las Bambas, Glencore Antapaccay, Cerro Verde, Volcán, Antamina, Buenaventura, entre otros. El caso de la mina Buenaventura debe ser uno de los más escandalosos, debido a que adeuda a la SUNAT más de 2 mil millones de soles y porque uno de sus dueños, Roque Benavides es un activo empresario minero que siempre esta hablando de las bondades de la minería, sin reconocer los impactos ambientales y sociales que genera esta actividad. Curiosamente el día que se pronuncia el TC sobre la improcedencia de la prescripción de las deudas, el empresario Benavides anunciaba que se inscribía en las filas del partido aprista peruano (APRA). Sin duda no fueron buenas noticias para los gremios mineros lo ocurrido esta semana en el TC. Quizá por ello buscan tener un candidato propio a la presidencia de la República, como parece ser la intención del señor Roque Benavides.

 

Finalmente, las deudas de las empresas mineras no solo son económicas, también tienen deudas e infracciones laborales y ambientales, el portal periodístico Convoca.pe “identificó a 10 empresas mineras que se dedican a la exploración y explotación de metales y que adeudan más de 4,707 millones de soles a la SUNAT, también fueron beneficiadas con la reducción y exoneración de multas ambientales y laborales por más de 11 millones 400 mil soles”. Estas empresas son minera Buenaventura, Antapaccay, Las Bambas, Cerro Verde, Los Quenuales, Volcan, Antamina, Southern, Ares y Titán del Perú. Lamentablemente el gobierno del expresidente Ollanta Humala y el congreso de aquel entonces (2014) promovieron normas como la Ley 30230 (paquetazo ambiental) que exoneraban y reducían multas impuestas por OEFA y SUNAFIL a una decena de empresas mineras. Desde la Red Muqui creemos que los gremios mineros y las empresas mineras le hacen un flaco favor al país tratando de evadir sus responsabilidades, cuando es ahora, en plena crisis sanitaria por la pandemia que se requiere responsabilidad y transparencia, algo que al parecer han olvidado algunas empresas mineras.

Desde que asumió la cartera del Ministerio de Energía y Minas, el nuevo ministro Miguel Incháustegui, tras la crisis del gabinete Cateriano, ha dado varios anuncios de un supuesto viraje en su sector.

Ha señalado que van a priorizar 9 proyectos mineros que se encuentra en la última etapa y que están avanzando en permisos y financiamiento. Aunque señaló que su gestión, a diferencia de las anteriores, no pretenderá imponer proyectos mineros que tienen rechazo de la población como Tía María, Conga y Río Blanco; el proyecto minero Toromocho, que anunció se priorizará, actualmente tiene el rechazo de las familias que aún viven en Morococha.

También ha señalado, a diferencia de las anteriores gestiones, que generará consensos y espacios de diálogo tripartitos con los gobiernos regionales, provinciales, municipales y las comunidades. Sobre el corredor minero del sur aguarda el mineroducto del proyecto Las Bambas o un tren que pueda sacar los minerales sin afectar a la gente que vive alrededor y soporta el paso de más de 300 camiones diarios.

Asimismo, ha señalado sobre Espinar que respetara los acuerdos de la mesa de diálogo. Afirmó también en una entrevista que no se han relajado las normas ambientales y que tendrán la intervención del MINEM para que no ocurran fallas en las normas que se han modificado como el de exploración minera y el nuevo reglamento de procedimientos mineros.

Además, durante esta semana, las empresas de su sector están en el ojo público porque el Tribunal Constitucional resolvió que la SUNAT debe seguir cobrando las deudas tributarias que las empresas no quieren pagar. De estas empresas privadas, 22 son empresas mineras que deben más de 5 mil millones de soles.

¿Estamos en un nuevo escenario con el nuevo ministro?

Recabamos la opinión de 2 economistas, especialistas en minería.

Juan Aste:

El nuevo ministro ha mostrado un perfil más institucional sustentada en los informes de Rimay y la Comisión de Desarrollo Minero sostenible. No propiciar los conflictos, no darle prioridad a Tía María y otros proyectos. Sin embargo, ha coincidido su entrada con la publicación del nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que es un peligro por todos los impactos ambientales que significa, estableciendo el silencio administrativo positivo; o aprobar en un solo procedimiento la concesión de beneficio y la licencia de construcción que favorece a la empresa minera Southern con su proyecto Tía María, por ejemplo.

También está la aprobación del reglamento de protección ambiental de la exploración minera y ahí hay otro problema porque se han sacado los componentes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Exploración y se han pasado al cateo y prospección, haciendo aparecer como si la exploración no tuviera impacto. Avalar eso para dinamizar la exploración, que era objetivo del gran empresariado, es preocupante.

Institucionalmente, él nuevo ministro, está respaldando la desregulación de los procedimientos, que tendrá impactos para dinamizar la inversión.

Ha coincidido su entrada con la flexibilización del reglamento interno de trabajo en las minas en el contexto del Covid para que la producción recupere sus niveles de producción al 100%. Sobre esto ha señalado que la Sunafil es quien tiene que actuar, evadiendo responsabilidad de su sector.

En conclusión, con la nueva gestión se le ha dado continuidad a la política minera que va a traer sus consecuencias en las cuencas hídricas al expandir la exploración y ampliar esta capacidad de producción con la menor cantidad de requerimientos y en los plazos mas cortos, ahí habrá impacto en la agroalimentación y las cuencas hídricas.

José De Echave:

El nuevo ministro tiene un período corto hasta julio del próximo año. Ya empieza la campaña electoral. Es un período corto para pensar en cambios significativos. Va a ser una gestión de salida, son los últimos meses del gobierno.

En relación a los mensajes que ha dado, ni él ni el gobierno pretenden sacar adelante proyectos mineros que tengan fuerte resistencia como es el caso de Tía María, Conga, y Río Blanco. Van a dejar que los proyectos que están más o menos encaminados: Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho y otros proyectos muevan la inversión minera.

Lo que sí hay que ver son los cambios normativos, porque sigue habiendo la tendencia de desregulación ambiental y social para el sector. Eso debe monitorearse.

Habrá que ver cuál es su posición frente a los cambios normativos. Lo cierto es que la acción del Ministerio de Energía y Minas y el Estado en su conjunto frente a estos procesos de flexibilización van a ser muy limitados. Tenía limitaciones antes de la pandemia y ahora mucho más. La capacidad de fiscalizar, dar seguimiento es mucho más limitado de lo que ya era. La sensación que tengo es que el ministro está sentando posición sobre unos temas y sobre otros no.

Por ejemplo, en el sector laboral, la Federación de Trabajadores Mineros le está pidiendo al MINEM que sincere las cifras de contagios y que junto al Ministerio de Trabajo sienten posición sobre las condiciones laborales que están implementando las mineras. Las jornadas laborales se han extendido hasta 40 días de trabajo continuo. Esto también implica riesgos a las poblaciones vecinas por la exposición al contagio.

El ministro dice que es un tema laboral, pero también le corresponde a su sector. En el protocolo de salud y seguridad ha participado el Ministerio antes de que entre él a la cartera. Las modificaciones del distanciamiento en el trabajo, la potestad del viceministro para aprobar los protocolos por cada empresa ha sido cambiado y las consecuencias de ello las estamos viendo en el aumento de contagios.

Sobre las deudas tributarias, el presidente ha señalado que está de acuerdo en que las deudas no prescriban. Esperaría que los ministros estén alineados. Ya que las deudas corresponden en una gran cantidad, más de 5 mil millones, a las empresas mineras, esperemos que haya un posicionamiento claro del actual ministro.

Sobre las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, veo difícil que se vaya a implementar. La Comisión ha planteado varias cosas, sobre la exploración minera, el gobierno ha tomado ello y ha flexibilizado la protección ambiental para la exploración minera. Asimismo, tiene varios vacíos el informe, por ejemplo: el tema laboral.

Me da la sensación que en el poco tiempo que tiene el ministro va a ser difícil implementar esas recomendaciones y lo que está intentando relanzar el gobierno es Rimay, donde estaban construyendo una visión de la minería al 2030.

 

 

Tras décadas de actividad minera en La Libertad, la Asociación Marianistas de Acción Social – Amas Perú presentará su experiencia de monitoreo ambiental con análisis físico químico y biológico con macroinvertebrados en la identificación de la contaminación minera en varias microcuencas de la región entre el 2005-2019, analizando el impacto de la empresa minera Barrick.

– ¿Esta metodología puede ser replicada en todo el país?

– ¿Cómo se puede proteger desde el Estado las cuencas hídricas y de la producción agroalimentaria?

– ¿Cuál es la situación del dictamen sobre vigilancia y monitoreo ambiental comunitario y ciudadano que se encuentra en el Congreso?

Estas son algunas de las preguntas que responderán los panelistas tras la exposición de la experiencia de investigación. Walter Pereda, antropólogo y director de AMAS; Manuel Horna, biólogo y microbiólogo de AMAS; el Dr. César Medina de la Universidad Nacional de Trujillo; y Juan Aste Daffós, economista y especialista en gestión ambiental.

Este foro se realizará este jueves 24 de septiembre a las 10am y será transmitido vía facebook.com/redmuqui.

 

 

Tras las denuncias realizadas en medios locales el 17 de septiembre en Huamachuco, los dirigentes de la Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS) del caserío de Shiracmaca, pertenecientes al distrito de Huamachuco, en la sierra de La Libertad, presentaron un oficio el 21 de septiembre al jefe de la Autoridad Local del Agua (ALA Huamachuco) – que no fue recibido, porque tiene que ser vía virtual debido a la pandemia-, precisando que en su caserío vienen sufriendo una serie de daños a la infraestructura hidráulica por parte de la empresa minera Summa Gold Corporation SAC.

Entre los daños generados, señalan que la empresa ha «averiado en reiteradas oportunidades y sin consentimiento y o autorización de nuestra Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASSS), se ha tomado la libertad de cambiar el curso de tendido de nuestra red matriz o red de conducción». Actualmente la empresa minera ha cortado el ducto de agua potable que se usa para el consumo humano, precisan en otra carta enviada al presidente del Frente de Defensa de la provincia de Sánchez Carrión. En comunicación con el dirigente Delmer Alva Ballena de la JASS, también presidente de Gestion de Agua y Alcantarillado de Shiracmaca (COGAASH)  señaló que ya van cinco veces que la empresa minera corta el ducto de agua.

En la carta enviada a la Autoridad Local del Agua, agregan que, producto de las voladuras indiscriminadas para la extracción de mineral, el reservorio de agua ha sufrido roturas y fisuras originando filtraciones de agua. El reservorio de agua se alimentaba de 5 vertientes de agua.

Ahora, precisan que «por efectos de excavaciones y explotación de la minera se ha desaparecido otro manantial denominado Los Alisos que alimentaba a la red matriz de nuestro sistema de agua».

La junta directiva del Caserío de Shiracmaca también denuncian que se ven afectados por la «sectorización de agua una hora cada 4 días», y piden que ello sea constatado por las autoridades ya que no llega la cantidad de agua completa al reservorio. Actualmente solo llega 1 lito y medio por segundo al reservorio, señala Delmer Alva, y no 2 litros por segundo como llegaba con anterioridad. El ducto de agua  pasa por donde la empresa minera realiza sus actividades y temen que la empresa minera esté usando el agua. Esto sumado a las afectaciones que tiene el reservorio y la red matriz de agua.

Producto de estos hechos, la empresa minera ha clausurado y obstruido los caminos de vigilancia de la red de agua, amontonando relaves mineros en un tramo aproximado de 500 metros, para que las personas no puedan acercarse, denuncian en el oficio.

El dirigente Delmer Alva Ballena mostró su preocupación a Red Muqui debido a que hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la denuncia. La Autoridad Local del Agua no les recibió la denuncia física y les indicó que lo hagan vía virtual por la pandemia en la que estamos. Asimismo, les indicaron que la Municipalidad es la encargada de inspeccionar la infraestructura física del agua. La JASS ha enviado un oficio a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión y se encuentran preparando un oficio dirigido al Gobierno Regional y el Ministerio de Energía y Minas.

 

Organizaciones del norte se pronuncian

Frente a estos hechos y la denuncia pública en medios de comunicación de que el agua que llega a los reservorios ha cambiado de coloración, pudiendo contener sustancias tóxicas;  la Red Muqui – Norte, la Coordinadora de Derechos Humanos- Macro Norte, Proyecto Amigo-La Libertad, Cañi-Quimit-Sembrando comunidad, el Centro Cultural Sangre de Halcón-Sánchez Carrión-La Libertad, REDAD-Red Regional Agua y Desarrollo-Piura, Comisión de Justicia Social de Chimbote-Ancash, COSDEJ- Lambayeque, la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC)-Cajamarca, SEDYS- Trujillo- La Libertad, GRUFIDES-Cajamarca, Codispas-Ancash; la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y el Consejo de Educación Popular de América Latina-Región Perú, emitieron un pronunciamiento llamando a las autoridades competentes a hacer respetar el derecho a una vida y territorio sanos.

Recursos hídricos deben ser protegidos

«De acuerdo a la ley de los recursos hídricos, el agua de consumo humano tiene prioridad sobre las demás actividades y se debe respetar sin ninguna excepción. En esta situación de emergencia sanitaria dicho recurso se hace aún más necesario, así como su resguardo, por lo que debe corregirse de inmediato», precisan en el comunicado.

Finalmente, las organizaciones se suman las denuncias y pedido de inmediata solución que hacen las organizaciones de la población afectada por la minería en Huamachuco, e instan a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, a la DIGESA, la Autoridad Nacional del Agua, la Fiscalía especializada en materia ambiental, el Ministerio de energía y minas y la Defensoría del Pueblo «a tomar en cuenta este problema que se viene arrastrando desde hace tiempo y que no puede postergarse más».

En el caserío de Shiracmaca viven aproximadamente 2 mil familias y el tener escaso acceso al agua no les permite responder adecuadamente a la pandemia.

 

Los afectados y afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas, reunidos en una Plataforma que agrupa a representantes de 13 regiones del país, denuncian que en las tres reuniones que han sostenido con la Comisión nombrada por el Gobierno se viene ignorando sistemáticamente sus propuestas y demandas.

El pasado 02 de julio se emitió la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM que crea la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Al respecto, la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, a pesar de no haber sido consultada para la emisión de dicha resolución, en su momento saludó la creación de esta Comisión ya que desde hace más de 2 años se viene luchando para que las autoridades nacionales atiendan, desde los distintos niveles y competencias, las demandas de los afectados y afectadas por
metales tóxicos en nuestro país.

En ese marco, la Plataforma con sus voceros y voceras y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana vienen participando activamente en las discusiones en la Comisión, sin embargo, en las últimas reuniones se ha llegado a un estancamiento en el diálogo, debido a que el gobierno no está fundamentando adecuadamente su oposición a propuestas como la inclusión de sustancias contaminantes que no se están tomando en cuenta.

Desde la primera reunión con las autoridades, la Plataforma expresó su preocupación porque la Comisión no incluye ni en su nombre ni en sus objetivos a los metaloides, como el arsénico y otras sustancias químicas, como los contaminantes producidos por los hidrocarburos o el dióxido de azufre. Ello pese a que estas sustancias habían sido
identificadas en los estudios previos realizados por las propias entidades del Estado en las poblaciones contaminadas. Esta discusión fue postergada a pedido de los funcionarios de los ministerios, siendo este un tema central y fundamental para un abordaje integral al problema.

En ese sentido, a pesar de los diversos antecedentes y estudios realizados, la Plataforma alerta de la intención de excluir la atención a las personas expuestas a metaloides, hidrocarburos y otras sustancias tóxicas, de los alcances del Plan Multisectorial Integral e Integrado, como lo dictan los considerandos de la Resolución Suprema 034-2020/PCM.

Por otro lado, los principios de transparencia y de no coerción han sido afectados sistemáticamente en las tres sesiones que hasta ahora se han llevado a cabo; postergándose, además, la solicitud de participación de la Defensoría del Pueblo, como veedor del proceso.

La Plataforma denuncia que, en las tres sesiones desarrolladas, los representantes del gobierno han recortado iniciativas y propuestas técnicas realizadas para garantizar la calidad mínima de un plan integral multisectorial que atienda la problemática de salud ambiental y humana, que afecta las vidas de las poblaciones, sus territorios, recursos y derechos fundamentales.

Por ello, la Plataforma invoca a que los titulares de los sectores críticos, que deben encabezar el trabajo para construir un plan integral e integrado, asuman con una clara voluntad política y disposición a buscar salidas viables y sostenidas a esta problemática. Las medidas y acciones que los afectados y afectadas solicitan al Estado, no solo tienen fundamento en el marco jurídico nacional, sino que también están respaldadas por las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Finalmente, la Plataforma hace un llamado a la continuidad responsable de las reuniones y la ampliación de los plazos de vigencia de la Comisión, toda vez que a este ritmo no se logrará concluir a diciembre con los propósitos encargados por la Resolución Suprema. La Plataforma invocamos a un trabajo compartido fructífero en beneficio de las poblaciones expuestas, que por décadas vienen siendo vulneradas y afectadas en sus derechos a la salud
y la vida.

Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Mesa de Salud Ambiental y Humana

¿Cuál es la situación de la agricultura familiar a 6 meses de la pandemia?

Hemos evidenciado en estos 6 meses que las y los agricultores han vivido con la imposibilidad de colocar las producciones como la papa, queso, granos andinos y leche.

Al inicio hubo el problema del traslado de productos, de poder generar acciones de cosecha, encarecimiento de fletes, los camiones triplicaron el costo. Las pérdidas de esos costos han sido trasladados para los agricultores. La papa es un caso emblemático.
Muchas economías de la ciudad no han sentido este problema, pero hoy resulta indignante que se pague S/0.20 céntimos por 1 kilo de papa y luego encuentres en el mercado por S/1.50 el kilo. Ello ha generado la quiebra económica para miles de familias del país.

Y todas estas cosas ha puesto en riesgo la siguiente campaña agrícola. Tenemos regiones que han sido declaradas en quiebra. Varias regiones con sus autoridades han tomado el acuerdo de declarar en emergencia la agricultura: Huánuco, Huancavelica, Cusco Ayacucho y Apurímac están en ese camino.

¿Cuál es el balance de las políticas del gobierno respecto a la agricultura familiar en estos 6 meses?

Las medidas desde el Estado han sido pobres y marginales. Ha resultado penoso que esa reacción ha nacido por la reacción de CONVEAGRO y sus gremios agrarios, quienes han tenido que hacer muchos esfuerzos para que, también apoyados por el Congreso, se comprenda nuestra situación.

Se pudo lograr la medida más importante, la única que tiene alcance universal, que es el «FAE AGRO» (Financiamiento Agrario Empresarial). Pero este FAE AGRO fue promulgado el 9 de Julio y hasta el día de hoy no se ha subestado. Las campañas de siempre se han iniciado pero no llega este FAE AGRO a las comunidades, anexos, distritos y provincias. Esto genera desanimo y malestar que va también reflejando un Estado de espalas a la agricultura familiar. No desde ahora sino históricamente. Y a su vez: un Minagri que no sirve a la realidad del peruano ni al grueso de las familias porque no las entiende. No esta el acompañamiento, eje de desarrollo de los agricultores como fin supremo, este ministerio.

¿Qué otra medidas ha tomado el Gobierno?

El programa FAE AGRO al inicio no incluía ganaderos. Hicimos propuesta técnica y recién en Julio el Gobierno compartió nuestro análisis que hicimos con mucha anterioridad.

Siempre es así la incidencia: los gremios agrarios tienen que estar exigiendo porque de lo contrario no nacen las políticas de fondo inclusivas. Y posteriormente a ello, el Ministerio de Economía, quien hace gala de los abuso del Minagri, puso condiciones difíciles para acceder a dicho programa, excluyendo a los muchos otros agricultores.

Una vez que tuvimos al viceministro del Ministerio de Economía, se hizo ver el sesgo de estos funcionarios que no conocen el campo. Logramos que se convoque a los 2 ministros (MEF y Minagri) y se pueda generar una interpelación y con todo este movimiento recién nació el nuevo Decreto de Urgencia que permite q todos los agricultores y ganaderos de las comunidades accedan, pues además estaba en la ley 30335. Y nuevamente este funcionarios que no conocen el Perú de las mayorías quisieron excluir a 1200 millones de 200 mil agricultores de subsistencia. A pesar que el Decreto de Urgencia mencionaba a la agricultura familiar, el Gobierno dió preferencia a la agricultura consolidada.

Los fondos para todos no alcanzaron. Es una medida insuficiente en sí. Hay el compromiso de colocar 2 mil millones más, pero no está en un documento.

¿Se van al paro agrario?

Nuestra posición no ha cambiado. Hemos sido responsables al hacerlo publico. Es siempre el gremio el que esta cautelando que las medidas sean oportunas y accesibles. El gobierno nos paga para hacer medidas, son los funcionarios quienes tiene que hacerlo y esto tiene que cambiar.

Nuestras organizaciones están en un compromiso no solo con gremios de CONVEAGRO, también con las juntas  de usuarios, con las comunidades campesinas, con las rondas y comunidades nativas.

No hay medidas para protección agropecuaria como los aranceles, ese compromiso hasta la fecha no se ha implementado. Nos ven como la última rueda del coche.

De cada 4 puestos 1 es de la agricultura. No somos poco. Hay intención de desaparecer a los agricultores, se prioriza a los grandes. Eso ha destruido a la agricultura familiar.

Para este Paro Agrario habrá que reunirnos si es que el Presidente de la nación no nos da reunión para solucionar en el corto plazo todos estos problemas. No estamos exigiendo ventajas que nos den favoritismo o que nos regale dinero. Si no que protejan nuestra actividad:  el desarrollo rural no ha sido discutido en el Perú.

Uno puede pensar que en el campo hay comida, pero la verdad es que hay más pobreza: hay gente que come un 1/3 de lo que comía anteriormente. CONVEAGRO en el acuerdo nacional logró sacar un acuerdo para el hambre y/o medidas de reactivación, para que fuera aprobado por gobiernos regionales, partidos o Gobierno pero entenderán que no son medidas vinculantes. Inclusive tuve la suerte de decirle al Premier sobre la importancia de contactarnos con las juntas vecinales y ollas comunes para llegar directamente.

Recordemos que nosotros hemos planteado las compras estatales. Es paradójico que los fondos del Gobierno se estén dando en algunas partes y en otros no.

En CONVEAGRO vamos a un proceso eleccionario. Felizmente dirigentes no recibimos sueldo, no somos brazos políticos de gobiernos de turno. Nos hemos enfrentado al gobierno de Vizcarra y hemos estado diciendo «Oigan, esto es lo que no hay que hacer». No para para complotar o destruir sino para hacerles entender.

El 03 de julio del presente año, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM que crea la “Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la población expuesta a Metales Pesados” e incorpora la participación de los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales tóxicos. El encargo de esta “Comisión Temporal” es la de elaborar un informe técnico que contenga la propuesta del “Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados”.

La Plataforma Nacional de afectados junto a sus asesores y asesoras han venido participando en las convocatorias de la Comisión Multisectorial, cuya secretaría técnica recae en Luis Alberto Bravo Barrientos, Director General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y, actualmente, se encuentra en la etapa de elaboración y aprobación del Reglamento interno de la Comisión. Sin embargo, desde el primer momento la respuesta de diversos sectores del Ejecutivo ha sido discrepante frente a las propuestas de las y los afectados, en temas principales como la definición del nombre de la Comisión y por tanto su ámbito de protección.

Desde la primera reunión que tuvimos con los funcionarios y funcionarias del gobierno expresamos nuestra preocupación porque el nombre de la Comisión no incluye a los metaloides, como el arsénico y otras sustancias químicas, como los contaminantes producidos por los hidrocarburos o el dióxido de azufre dentro de los objetivos y el alcance de la comisión. Esa discusión fue postergada a pedido de los funcionarios de los ministerios, dejándose de discutirse como tema central y fundamental (…).” Señala la nota de prensa de la Plataforma y la Mesa técnica de Salud Humana y Ambiental.

Conrado Olivera de la institución “Red Uniendo Manos”, integrante de la Mesa Técnica, manifiesta su preocupación por la falta de articulación de los diversos sectores del Ejecutivo para llegar a consensos de forma rápida en la elaboración del Plan Multisectorial, siendo el componente de articulación multisectorial fundamental para abordar adecuadamente esta problemática. Sobre el ámbito de protección de la Comisión Multisectorial señala que “el nombre de la Comisión es importante porque determina el ámbito de aplicación de las medidas del Plan multisectorial y por tanto el ámbito de protección. PCM no ha consultado a los afectados en el momento en que emitió la Resolución Suprema y ha retirado los términos “metaloides” y “otros compuestos químicos tóxicos”, esto es preocupante porque excluye a otros agentes tóxicos como el dióxido de azufre, el arsénico y el material particulado. Estos agentes son los principales contaminadores en zonas mineras como La Oroya en Junín y el Corredor Minero del Sur.”

Desde la perspectiva de Olivera, esta reducción del ámbito de aplicación en el nombre de la Comisión es un retroceso en las políticas de atención a las personas afectadas por contaminación de las industrias extractivas; señala también que la PCM no ha dado hasta ahora ningún fundamento técnico para la reducción del ámbito de protección, además que las propuestas de los diversos sectores incluso han sido contradictorias entre sí.

Por otro lado, Yolanda Zurita de la Plataforma Nacional señala: “nosotros consideramos un avance la creación de esta Comisión Multisectorial porque es en respuesta a una lucha que nosotros venimos llevando hace años, pero el problema surge cuando no se ha tomado en cuenta la voz de la sociedad civil en la definición del nombre la Comisión, y ahora ellos no quieren reconocer la totalidad de contaminantes a pesar de que nosotros hemos explicado sobre sus diferentes  afectaciones en nuestra salud y vida y como esta contaminación se da en diferentes zonas de nuestro país, e incluso órganos del Estado han reconocido la presencia de estos contaminantes en el ambiente. Ellos se limitan en ampararse en lo señalado en la norma (la resolución suprema) y no nos dan mayor fundamentación de su negativa.” Zurita también señala que hasta la fecha no se ha incorporado a la Defensoría del Pueblo como observador del proceso, así también que se está a la espera de que la Comisión acepte la participación del Congresista Lenin Bazán de la CPAAAAE del Congreso.

Desde Red Muqui se exhorta a los representantes de las entidades estatales en la Comisión Multisectorial a retomar el diálogo y la construcción de propuestas de forma concertada con los representantes de la sociedad civil, ello es imprescindible para dar continuidad a las acciones y propuestas de atención a la salud de las personas afectadas por metales pesados.

Nota de prensa de la Plataforma y la Mesa técnica de Salud Humana y Ambiental:

Afectados por metales tóxicos denuncian que Gobierno no escucha sus demandas by prensamuqui on Scribd

Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Como es sabido, esta semana la coyuntura política sigue centrada en la moción de la vacancia presidencial de Martin Vizcarra por parte del Congreso de la República. Está casi confirmado que el presidente tendrá que ir a responder por sus actos este viernes 18 de septiembre al Congreso. Sin embargo, cada día aparecen nuevos elementos que evidencian que detrás del pedido de vacancia existen otros intereses subalternos a los audios del presidente y sus asistentes. Se ha sumado las llamadas nada santas que ha realizado el presidente del Congreso, Manuel Merino, al comandante general de la Marina; dice Merino, para dar tranquilidad al país, así como las últimas denuncias del ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaústegui, quien ha hecho público unos chats donde allegados a Acción Popular le insinuaban sobre los cambios y la crisis que se avecinaban. Al final, se trata de “una burda comedia en medio de una tragedia” en nuestro país, como ha señalado acertadamente Javier Torres de NoticiasSer.

No solo de crisis política vivimos en nuestro país, a parte de la crisis sanitaria que tenemos que enfrentar, esta semana hemos conocido de una lamentable noticia, se trata del asesinato a balazos del defensor ambiental: Roberto Carlos Pacheco Villanueva, en Madre de Dios. Con esta muerte en nuestro país, ya suman 5 defensores ambientales asesinados, según la Defensoría del Pueblo. “En lo que va del 2020, además del señor Pacheco, otros cuatro defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente han sido asesinados por tratar de proteger los recursos naturales”. Estos datos son más que alarmantes debido a que la defensa de los derechos humanos y los líderes/as defensores están en riesgo. Por ello, es urgente implementar medidas más eficaces de protección desde el MINJUSDH, El Ministerio Publico y las autoridades competentes en favor de los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país.

Finalmente, en medio de esta crisis, un tema que espera algún nivel de atención desde hace mucho atrás es la situación de los afectados/as por metales tóxicos en nuestro país. Siempre que los gremios mineros y el gobierno hablan de la importancia de la minería se olvidan de la otra parte, de los impactos y los daños que genera esta actividad. El caso de los afectados, entre ellos niños y niñas de Cerro de Pasco es el más dramático, ya que la presencia de metales pesados en sus cuerpos les genera un sinnúmero de enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. En relación a este tema, el Centro Labor de Pasco en alianza con el Instituto Source de Italia han elaborado una investigación denominada: «Condiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco». El estudio profundiza el análisis ambiental y de salud pública que aquejan a las poblaciones de Cerro de Pasco, y da cuenta de la situación de los niños y niñas en poblaciones cercanas al proyecto minero. El estudio fue presentado está siendo presentado este jueves 17 de septiembre en un evento virtual organizado en alianza con la Red Muqui.

Un día como hoy, 16 de septiembre, hace 13 años, se realizó una consulta vecinal a las poblaciones de los distritos Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba,  frente a la pretensión del proyecto minero Majaz, hoy Río Blanco – de la minera Zijin-, de instalarse en los territorios de las dos provincias señaladas. Frente a las protestas realizadas por las rondas campesinas, profesores, comités vecinales, autoridades, debido a que los páramos, bosques de neblina, que nutren de agua a la región serían afectados por la minería, así como el desarrollo agrícola; los alcaldes de esos municipios realizaron una consulta vecinal, de acuerdo al artículo 197  de la Constitución que señala: “las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local”;  dando como resultado que más del 90% de la población votó a favor de la conservación de los ecosistemas y la agricultura y en contra de la explotación minera.

En ese entonces, la Defensoría del Pueblo respaldo la consulta vecinal realizada por los municipios y la importancia de la participación ciudadana para la toma de decisiones de la gente que vive en sus territorios. Sin embargo; hasta el día de hoy, la empresa minera, ahora de capitales chinos, continúa empleando estrategias de división de las comunidades para instalarse en la región y desarrollar su proyecto minero Río Blanco. El año pasado, la municipalidad provincial de Ayabaca le denegó el permiso a la minera Zijin para que instale sus oficinas en la provincia de Ayabaca. Hasta ahora la empresa minera continúa actuando en la región, a pesar de no tener ningún aval del Estado a todo nivel, ni en la localidad, ni por el Ministerio de Energía y Minas.

A continuación compartimos el pronunciamiento completo del Colectivo por Ayabaca, que reúne a profesores, dirigentes ronderos, profesionales, etc.

 

Pronunciamiento

¡AGUA SI,MINA NO!

Colectivo Por Ayabaca

 

¡VIVA EL 16 DE SEPTIEMBRE!

¡VIVA LA CONSULTA VECINAL!

¡VIVA AYABACA Y HUANCABAMBA !

 

1.- El año 2003 las comunidades campesinas de la sierra de Piura encararon  las políticas Neoliberales   impuestas por el estado peruano con el » Proyecto Minero Rio Blanco»

2.- El proyecto Minero Río Blanco antes Majas obtuvo ocho concesiones mineras  en 6,472 ha, para explotar cobre molibdeno y oro dentro de los territorios de las comunidades campesinas de «Yanta » Ayabaca y Segunda y Cajas » Huancabamba, afectando las  nacientes de agua de las cuencas de los ríos Quiroz (que irrigan la región de Piura ) y del Chinchipe (región Cajamarca )

3.- El proyecto Minero Río Blanco nunca ha contado con el permiso de las comunidades campesinas de la zona , al contrario ha recibido un rechazo rotundo de la poblacion, más cuando esté   pretende imponerse con  descrimacion,  corrupción y violencia.

4.- En el 2004 y el  2005, miles de campesinos se movilizaron hacia al campamento minero  ilegal y fueron reprimidos brutalmente dentro de su territorio  por la policía, dejando a comuneros muertos, mutilados, decenas de torturados, judicializados, y un pueblo movilizado.

5.- Posteriormente se inició  diálogo con el gobierno central que fracasó en mayo del 2006, por falta de voluntad  del Ministerio de Energía y Minas, que dejo al caso sin ningún canal institucional que facilitara  una salida pacífica al conflicto con el poder central.

6.- Ante esta situación, las Comunidades Campesinas recurren, al poder más cercano, los gobiernos locales para hacer uso del “mecanismo de participación ciudadana” a fin de consultar a la población sobre el desarrollo de actividades mineras en sus  territorios.

7.- La participación ciudadana  es un derecho reconocido por la Constitución y las leyes nacionales, y faculta a las municipalidades a través de ordenanzas , crear mecanismos  para su ejercicio,  sobre: planificación, desarrollo y  medio ambiente enmarcado por la Constitución Política del Perú, la Ley General del Ambiente y el Convenio Internacional 169-OIT.

8.- Fue así que los pueblos de la sierra norte conscientes de su realidad y de la presencia de un conjunto de concesiones mineras en las nacientes de las agua, respondieron con un rotundo “NO” el 16 DE DE SEPTIEMBRE  DEL 2007 ,  que coincide con  dictámenes oficiales sobre la necesaria conservación de la biodiversidad, del corredor biológico Tabaconas Namballe-Podocarpus y de la cuenca Binacional Catamayo-Chira.

9.- La consulta vecinal es un rotundo NO al proyecto Río Blanco el cual se ubica dentro de la zona denominada ‘bosque de neblina’, y “zona de paramos” que según  especialistas es una especie de ’esponja que captura, filtra y distribuye el agua, del que depende la costa desértica de Piura.

10.-   Los posibles impactos del proyecto minero en el ambiente, en particular en el agua, y el desarrollo agrícola es un tema de agenda de las poblaciones de la región Piura y las provincias de Jaén y San Ignacio en la región de Cajamarca.

11.- Estás preocupaciones han sido recogidas por Perú Support Group (PSG) en el Informe “Minería y Desarrollo en Perú sobre Proyecto Río Blanco en Piura”,  afirmándose que “buena parte del territorio de Piura está constituido por tierras desérticas o semi desérticas, y su agricultura depende mucho de la cantidad y calidad del agua de la sierra  donde se ubica el proyecto Río Blanco” y que dicho proyecto constituiría el inicio de un “distrito minero” más grande en la región.

12.- El resultado de la Consulta significa un NO AL DISTRITO MINERO que el Proyecto Río Blanco ante Majas ha pretendido ocultar. Hace años ha venido desinformando a las Comunidades Campesinas de Yanta (Ayabaca) y de Segunda y Cajas (Huancabamba) sobre sus reales pretensiones de explotación minera en el yacimiento del cerro Huamaní, publicitándose como un proyecto focalizado solo en el cerro Henry Hill (cuenca del río Chinchipe) pero ocultando su extensión a la vertiente occidental del yacimiento (cuenca del río Quiroz).

13.- El significado del “NO” es una afirmación por el derecho de los pueblos a orientar su modelo de desarrollo sustentable, en tiempos de descentralización y democracia, y de un contexto de acelerado cambio climático que convierte al AGUA en el recurso estratégico para la vida, derecho fundamental de las generaciones actuales y venideras.

14.- El “NO” para una región como Piura significa no aceptar un escenario de ALTO RIESGO para las nacientes de aguas que discurren desde las alturas, pasando por los valles hasta las ciudades, de la que dependen nuestra economía y salud pública, así, este resultado protege verdaderamente el BIEN COMÚN REGIONAL.

15.- La Consulta Vecinal del 16 de septiembre de 2007, fue un ejercicio democrático y descentralista de  mujeres y varones por la protección de las cabeceras de cuencas de aguas en la zona andina de nuestra región, quienes dando muestras de civismo ejemplar participamos en la CONSULTA VECINAL de manera voluntaria y no obligatoria, ni multada como los  procesos electorales del JNE, que a pesar del boicot masivo promovido por el gobierno central, , declarándola de ilegal, amenazas judiciales, prohibición del uso de locales escolares;  a pesar de las distancias y dificultades propias de la geografía andina; del alineamiento del gobierno central y de la mayoría de los medios de comunicación en la defensa a ultranza de la gran actividad  minera transnacional, la  Defensoría del Pueblo declaro a la Consulta Vecinal como un hecho legítimo.

16.- El “NO”a la minería que han expresado más del 90 por ciento de la población de los tres distritos piuranos  el 16 septiembre del 2007 se traduce en un explícito y contundente SÍ  a la agricultura y la  defensa de la  Biodiversidad.

17.-  Por ende, esto se traduce en la defensa de una política de seguridad alimentaria, y la  necesidad de potenciación de la agricultura familiar,  una actividad primordial para vida en medio de está  pandemia.

18.- La consulta contó con la observación de la Asociación Civil Transparencia y más de 22 observadores internacionales de Alemania, Bolivia, Canadá, Ecuador, España, Inglaterra y Suiza.

19.- El gobierno central ha señalado que la consulta no es vinculante legalmente,  por ello las Rondas Campesinas se mantienen en  pie lucha   hasta que el  Congreso de la  República emita el carácter de ley de la  «Consulta Vecinal» en  concordancia con los convenios internacionales.

 

¡AGUA SI,  MINA NO!

¡VIVA EL 16 SEPTIEMBRE!

Colectivo por Ayabaca