Chumbivilcas

Tras 8 días de paralización de las comunidades de la provincia de Chumbivilcas agrupadas en el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH); el día de hoy, viernes 22 de enero, llegaría un representante del Ministerio de Energía y Minas para abordar las exigencias de la provincia:

  • Acuerdo de un Convenio Marco Provincial con la empresa minera Hudbay para que destine el 7 % de las utilidades anuales y se incorpore el monitoreo ambiental comunitario del medio ambiente y salud humana.
  • Nulidad de la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Constancia de Hudbay debido a que el instrumento ambiental en participación ciudadana se realizó solo a través de sesiones virtuales y llamadas telefónicas, vulnerando los derechos colectivos a la participación ciudadana oportuna, intercultural y con transparencia.
  • Fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en los distritos afectados por la minería.

La medida de paralización se tomó debido al desplante de la empresa minera, que convocó a los dirigentes y autoridades a una reunión. “El 7 de diciembre, Chumbivilcas ha terminado con las vías de diálogo y muy a pesar de ello cuando Hudbay envió una carta para reunirnos el 15 de enero, Chumbivilcas ha aceptado (mediante oficios) y hemos estado presentes dirigentes y autoridades. Todo para escuchar la propuesta de la empresa minera… Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas y Hudbay no se presentaron en Chilloroya, por eso el pueblo chumbivilcano ha decidido levantarse en pie de lucha”, señaló el presidente del FUDICH, Wilbert Fuentes.

Espinar

Las organizaciones sociales de la provincia cusqueña de Espinar: el Frente Único de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE) y la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), entre otras organizaciones, anunciaron que retomarán la huelga indefinida el 28 de enero a través de un comunicado, tras tener una asamblea el 14 de enero.

Señalan en su comunicado que el gobierno y la empresa minera abandonaron la mesa de diálogo que tenía como agenda la reformulación del Convenio Marco, la consulta previa del proyecto minero Coroccohuayco, la reparación a los afectados por metales tóxicos de Espinar y la remediación de los lugares contaminados.

Además, rechazan que el ministerio de Energía y Minas sea el facilitador de las reuniones con el gobierno central debido a que estaría parcializado con la empresa minera.

Asimismo, rechazan que el gobierno y el Ministerio Público estén desarrollando procesos penales contra los dirigentes sociales que han liderado los legítimos reclamos de la población, criminalizando así la protesta social.

Finalizan su comunicado saludando el fallo del Poder Judicial que exige al Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Cusco a atender a la población afectada por metales tóxicos de la provincia.

Las Bambas

Ante el paro iniciado el 23 de noviembre del año pasado que fue suspendido  el 7 de diciembre ante la propuesta del gobierno de retomar las mesas de diálogo que había abandonado la empresa y el mismo gobierno; el 20 de enero se desarolló la reunión entre representantes del MINEM, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantaron; el congresista Lenin Checco; autoridades municipales; dirigentes sociales; y representantes de MMG Las Bambas, para que la empresa minera informe sobre las transferencias por canon minero que recibió la región entre el 2012 y el 2020. Los dirigentes sociales de la Federación Campesina del distrito de Chalhuahuacho y Frente Único de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Chalhuahuacho exigen que la empresa minera pague el canon del segundo semestre del 2017 a la fecha, debido a que la empresa no ha reportado utilidades y por ello no ha habido canon, que en la situación actual es clave debido a la crisis económica producto de la pandemia.

El 10 de febrero continuarán la reunión y se abordarán otros puntos como la afectación ambiental en la región producto de la actividad minera. Los dirigentes pidieron la presencia de funcionarios del Ministerio del Ambiente, OEFA y ANA.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

La pandemia y la segunda ola ya es inevitable en nuestro país, las cifras del número de contagios y fallecidos reportados por el MINSA son evidentes. Al momento, según la sala situacional de la Covid-19, tenemos 1.078.675 de casos positivos en el país; en las ultimas 24 horas tuvimos 3.406 casos de contagios, y a la fecha desde que inicio la pandemia se tiene registrado más de 39 mil fallecidos, y lo peor de todo es que las medidas anunciadas por el gobierno de Sagasti son insuficientes. Las camas UCI ya están colapsadas, hay colas para buscar oxigeno y la vacuna esta lejos de llegar a tiempo. Lamentablemente no hemos aprendido nada de los cuidados y las acciones preventivas de la primera ola, ni el gobierno ni la ciudadanía, y nuevamente entramos a la lógica del sálvense quien pueda.

Mientras la pandemia de la Covid-19 está entrando a su momento pico, los conflictos sociales también se han reactivado, y de modo particular en el corredor minero del sur andino. Las comunidades y la población local en Cotabambas reclaman atención sobre los compromisos no cumplidos en la mesa de dialogo de Las Bambas; los mismos reclamos se han hecho publico en el caso de Velille – Chumbivilcas, por donde pasa la carretera del corredor minero, y donde los impactos ambientales y sociales son cada vez más evidentes. En Chumbivilcas no solamente tenemos el caso de Las Bambas, en las últimas semanas las comunidades del entorno minero de la canadiense HudBay y su proyecto Constancia han denunciado que la empresa minera busca ampliar su proyecto minero sin respetar la consulta previa y sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades afectadas; al momento la población sostiene un paro indefinido mientras aguarda la llegada de representantes del gobierno nacional.

Del mismo modo, en Espinar las comunidades afectadas por el nuevo proyecto minero de Coroccohuayco han denunciado que no se esta respetando la consulta previa y que además las autoridades nacionales han abandonado la mesa de diálogo y que buscan desconocer los acuerdos previos arribados meses atrás. En el caso de Espinar, además, hay una sentencia que ha sido ratificada por la Sala Mixta de Canchis que obliga al Estado Peruano a través del MINSA y sus órganos competentes a atender de manera integral la salud de las personas afectadas por metales tóxicos. Esta situación no solo pasa en Espinar; a nivel nacional existen miles de personas expuestas a la presencia de metales tóxicos en sus cuerpos y muchos de ellos se encuentran ubicados en zonas de actividad minera.

Desde la Red Muqui advertimos y alertamos de la situación de tensión que se vive en este momento en el corredor minero, muchas de las demandas planteadas por las comunidades afectadas y la población local ya han sido planteadas en mesas de dialogo pasadas. Lamentablemente estas nos se han cumplido, tanto por el gobierno nacional como por las empresas mineras. Urge que el gobierno atienda de manera seria e integral estas demandas, lo contrario significara la suma y reactivación de conflictos sociales inminentes.

El día de ayer, 21 de enero del presente año, la Municipalidad Provincial de Huancavelica y los regidores miembros de la Comisión de Gestión Ambiental del Concejo Municipal presentaron ante Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas el Recurso de Nulidad de la Resolución Directoral N° 171-2020-MINEM/DGAAM.

Esta resolución fue emitida el 15 de diciembre de 2020 y aprueba la “Declaratoria de Impacto Ambiental” del proyecto de exploración minera Pukaqaqa Sur de la empresa minera Nexa Resource Perú. SAA, proyecto ubicado en el distrito de Ascensión, departamento de Huancavelica. En el documento de nulidad se sostiene que los estudios de impacto ambiental realizados por la empresa minera no contemplan el grave riesgo y amenaza para el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, el derecho humano al agua y el derecho a la salud humana y la vulneración de los derechos al territorio y consulta previa de las comunidades campesinas y población ubicada en el área de influencia directa e indirecta del proyecto minero.

Se ha identificado que el desarrollo de las actividades de exploración en esta zona pondría en grave riesgo de la calidad de las aguas subterráneas, debido a posible intersección de acuíferos durante actividades de perforación y por posibles infiltraciones debido a manejo inadecuado de insumos, escorrentía pluvial y manejo de lodos de perforación. Del mismo modo la calidad de las aguas superficiales, debido a un posible manejo inadecuado de insumos, generación de residuos sólidos, mal manejo de la escorrentía pluvial y mal manejo de lodos de perforación.

También se identifica que existe un riesgo ambiental acumulativo de los impactos ambientales, ya que el proyecto minero Pukaqaqa Sur, es complementario con Pukaqaqa Norte, el que ya se encuentra en etapa de construcción y explotación; y estos dos proyectos adyacentes que se encuentran en la subcuenca del río Ichu, del cual se provee de agua para consumo humanos y actividades agropecuarias de en la provincia de Huancavelica.

La autorización de la exploración también se ha hecho pese a los diversos cuestionamientos por la falta de mecanismos de participación ciudadana y procesos de consulta previa a las comunidades ubicadas dentro del área de influencia directa e indirecta; debido a que, inicialmente el DIA había sido presentada en el año 2019, luego fue retirada para luego ser reingresa en el año 2020; año en el que, como sabemos, debido a la Pandemia muchas actividades fueron restringidas.

Son por todos estos argumentos que las autoridades de la provincia de Huancavelica, han solicitado la declaratoria de nulidad de la resolución que autoriza las actividades de exploración en este territorio, ahora queda en manos de la Dirección General de Minería resolverla.

Tras las reuniones que sostuvo el alcalde de Tambogrande, Alfredo Rengifo, con la presidenta del Consejo de Ministros: Violeta Bermúdez; y el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez; y posteriormente con la presidenta del congreso de la República, Mirtha Vásquez, el pasado 8 Y 11 de enero; el gobierno publicó el día de hoy, jueves 21 de enero, el decreto supremo N° 001-2021-EM que deroga los Decretos Supremos N° 027-2020-EM y N° 028-2020-EM, que otorgaban 21 concesiones mineras a la empresa minera canadiense Nuevo Arcoiris SAC, de las cuales 20 estaban ubicadas en el valle de San Lorenzo del distrito de Tambogrande.

El argumento principal del pueblo de Tambogrande y el alcalde es que no puede haber minería en Tambogrande debido a la actividad agrícola que se desarrolla en sus territorios, y que fue refrendado en una consulta vecinal el 2 de junio de 2002 – la primera consulta vicinal en Perú sobre proyectos mineros-, en que el 98% de la población del distrito de Tambogrande le dijo no a la minería y sí a la agricultura y desarrollo sostenible.

En la reunión que sostuvo el alcalde con la PCM el 8 de enero, la presidenta del Consejo de Ministros: Violeta Bermúdez, prometió, en palabras del alcalde, que presentarían una propuesta de derogación de los decretos supremos en una reunión del Consejo de Ministros que como máximo se daría el 20 de enero, para así no generar mayor conflictividad en la zona.

En efecto, el día de hoy, el ejecutivo publicó el Decreto Supremo N° 001-2021-EM en que señala: “que, la información complementaria y actualizada sobre la situación económica-social en el distrito de Tambo Grande hace necesaria, en el marco de lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política del Perú, la reevaluación de la necesidad pública que sustentó la emisión de los decretos supremos N° 027-2020-EM y N° 028-2020-EM”

El decreto finaliza señalando que dada la reevaluación indicada y “en tanto no ha concluido el procedimiento de concesión, corresponde derogar los decretos supremos supremos N° 027-2020-EM y N° 028-2020-EM”

El presente decreto ha sido refrendado por la PCM, el ministro de Energía y Minas y la Ministra de Defensa.

Puedes leer el decreto AQUI

La Asociación Distrital de Mujeres de Tambogrande emitió un pronunciamiento el reciente 18 de enero en defensa del agro y de la vida dirigido al presidente: Francisco Sagasti; la presidenta del Congreso de la República, Mirta Vásquez; la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez; el ministro de Energía y Minas; la ministra de la Mujer y Poblaciones vulnerables; y el gobernador de Piura, Servando García.

En el pronunciamiento señalan que teniendo en cuenta las características que hacen única el área de Tambogrande como primer productor de mango y limón en el Perú, además de albergar los bosques algarrobales más extensos del Norte del Perú; se hace necesaria la anulación de todas las concesiones mineras en el distrito de Tambogrande, como lo representan el proyecto minero El Algarrobo de la empresa Buenaventura y el proyecto minero de la empresa canadiense Nuevo Arco Iris SAC en el valle de San Lorenzo.

Entre las razones más importantes expuestas en el documento, se encuentra la consulta ciudadana realizada en el 2002 donde con más del 96% de votos válidos, la población de Tambogrande le dijo no a la minería. A la fecha, ésta posición frente a la actividad minera sigue vigente y se reafirma.

A ello se suma la poca disponibilidad de agua dulce y las características que hacen de Tambogrande el centro de mayores impactos negativos del fenómeno El Niño. Puntos que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y niñas que viven de la agricultura luchando contra la marginación y pobreza.

En este contexto, la presencia de proyectos mineros en la zona perjudicaría más la situación de miles de mujeres que exigen leyes y presupuestos para la vida, para el desarrollo de la pequeña agricultura y salarios justos.

Leer pronunciamiento Aquí

Nota realizada con el Instituto Natura – miembro de la Red Muqui-

Desde el lunes 18 de enero, pescadores artesanales y trabajadores de maricultura de la bahía de Sechura realizaron un paro provincial exigiendo la liberación de William Ormeño Medina, Víctor Ormeño Medina, Edú Ormeño Lizama y Julio Lima Vera, detenidos irregularmente por fuerzas policiales y personal de empresas de maricultura, tras ser acusados de robo por la empresa Sicor, debido a que habrían estado pescando en la zona de repoblamiento del mar que le pertenecería a la empresa mencionada.

Ello se debe a conflictos generados por el ordenamiento de la actividad de maricultura que de acuerdo al DL 1195 (Ley General de Acuicultura), favorece a grandes emprendimientos en contra de los intereses de pequeños productores de concha de abanico y otros productos acuícolas. Durante la medida de fuerza, la policía reprimió con perdigones a los pescadores, dejando algunos heridos.

Sin embargo, la medida de fuerza generó que el día de hoy, miércoles 20 de enero, el Juzgado de Sechura ordene la libertad de los detenidos, que estaban con prisión preventiva, teniendo que pagar una fianza para regularizar su situación legal.

Los dirigentes de Fremarsec (Frente de Maricultores de Sechura), vienen exigiendo una nueva norma exclusiva para el ordenamiento de la maricultura en esta bahía, porque actualmente afecta los bancos de pesca y las áreas de repoblamiento natural de las especies ante la explotación indiscriminada de un grupo de empresas de gran inversión, entra las que se encuentra Sicor. Esta demanda se suma a otras como las de afectaciones de derechos de la comunidad campesina San Martín de Sechura y la de defensa de zonas marino costeras ante la actividad petrolera.

La bahía de Sechura es uno de los principales productores de acuicultura de concha de abanico y tiene una de las principales capturas de pesca artesanal que abastece al país (7.8 %), que asimismo constituye una de las principales actividades económicas de la provincia de Sechura y la región Piura.

Frente a la reciente sentencia del jueves 07 de enero, en que el Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa condenó a tres ex dirigentes de las protestas que se dieron en 2015 en valle de Tambo y absolvió a 10 dirigentes y al abogado de los dirigentes incluido en el proceso; estos días se han desarrollado protestas en valle de Tambo, Mollendo y la ciudad de Arequipa, en rechazo a la sentencia condenatoria contra los dirigentes mencionados.

El día de hoy, la esposa de Jesús Cornejo, uno de los dirigentes sentenciados, llegó junto al abogado: Héctor Herrera, y uno de los voceros de valle de Tambo: Miguel Meza, a la movilización convocada por la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y Construcción Civil, que entre sus pliegos de reclamos laborales también contemplaban la solidaridad con el pueblo de valle de Tambo y el rechazo a la criminalización de la protesta que están sufriendo Jesús Cornejo y Jaime De La Cruz, ex dirigentes del  Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT).

A Jesús Cornejo Reinoso, presidente de la Junta de Usuarios de valle de Tambo, se le sentenció a 7 años y 4 meses de prisión; y a Jaime de la Cruz, ex alcalde de Dean Valdivia, a 12 años y 4 meses de prisión. En el caso de Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, para el Juzgado Colegiado, los dirigentes abrían actuado en la condición de “coautores no ejecutivos” en la comisión de los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín; es decir habrían desarrollado supuestamente la prestación de tareas, integrar el plan criminal y ser parte de la comisión del delito; pero este razonamiento debió de ser probado, lo cual no ocurrió en el presente caso.

Habeas corpus y apelación

Frente a estos hechos, en comunicación con el abogado de los dirigentes, Héctor Herrera, señaló que este 15 de enero presentará un habeas corpus para que sus defendidos no vayan a prisión. Así mismo, precisó que apelará a la sentencia este 29 de enero, fecha en que recién el Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa leerá la sentencia completa.

El abogado también informó que ha recibido la información que la Fiscalía va a apelar la decisión del Juzgado respecto a la absolución de los 10 dirigentes y él como abogado en el juicio conjunto que llevan con los dirigentes sentenciados a prisión. Frente a ello, Héctor Herrera está preparando también la apelación para que no prospere esa medida legal.

Como ya se ha señalado, en la sentencia del 7 de enero, se absolvió a Richard Ale Cruz, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo; Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehuanca Chaiña y al abogado Héctor Herrera. Hay que precisar que durante la pandemia fallecieron otros 3 dirigentes que eran parte del juicio.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Recientemente la Oficina de Derechos Humanos de la ONU hizo público su informe sobre los abusos y violación de derechos humanos cometidos durante las protestas sociales contra la designación de Manuel Merino como presidente interino. El informe es claro y determinante, señalando que: “La policía de Perú hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza ante las protestas masivas ocurridas entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020” así mismo el documenta precisa que la PNP incumplió con las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Sobre el tema el ministro del Interior José Elice reconoce en parte el informe de Naciones Unidas, pero señala a su vez que: “quizás hay un poquito de exageración en algunas partes”. Lo cierto es que el informe si confirma lo que ya sabíamos, no solo se cometieron excesos, se asesinó, hirió y detuvo a personas de manera ilegal y se debe sancionar a los responsables directos y políticos.

Lamentablemente la actuación de la PNP en los conflictos sociales en nuestro país en los últimos años ha sido lamentable, los saldos de los fallecidos, heridos y criminalizados son muy altos, por ello urge la reforma policial, pero a su vez un cambio más profundo en el Ejecutivo para la gestión y atención de los conflictos sociales y particularmente en el sector minero. Por lo pronto, la criminalización de la protesta social se mantiene intacta, la semana pasada hemos conocido del caso y la sentencia de los dirigentes sociales y agrícolas en el valle de Tambo, el Juzgado Colegiado Penal de Arequipa a absuelto a 10 lideres y 01 abogado y ha sentenciado a pena efectiva a tres personas, 02 ex dirigentes sociales y 01 ex alcalde, las penas van de 7, 12 y 18 años. Como es evidente la sentencia ha generado la indignación de la población del valle de Tambo y de Arequipa, varias organizaciones de derechos humanos y los abogados de la defensa legal en el caso han señalado que es una sentencia contradictoria y que hay una especie de ensañamiento contra algunos dirigentes sociales.

Finalmente, esta semana se ha retomado el juicio contra varios dirigentes sociales de Chumbivilcas Cusco, quienes entre el 2011 y 2012 protestaron contra la minera Anabi SAC para denunciar la contaminación en los ríos de Llusco, los dirigentes ya fueron juzgados y absueltos en primera instancia el 2020, sin embargo debido a la apelación de la Fiscalía, la minera Anabi y el Ministerio del Interior, los dirigentes volverán a ser juzgados en segunda instancia, aun sabiendo que no hay pruebas ni argumentos jurídicos que los condenen. Desde Red Muqui creemos que a la reactivación de los conflictos sociales se vienen la reactivación de la criminalización de las protestas sociales. Sumado a esto, la semana pasada el precio del cobre subió a sus niveles históricos del 2013, con ello seguramente tendremos mayor presión en los territorios por parte de las empresas mineras y el mismo gobierno nacional para insistir con proyectos mineros cuestionados. Empezamos el 2021 con un escenario difícil para las comunidades afectadas por la actividad minera.

 

Más del 40 % del valle de San Lorenzo está concesionada, por ello se busca anular estas autorizaciones del INGEMMET

Tras la adjudicación de 21 concesiones mineras a la empresa canadiense Nuevo Arcoiris SAC. por parte del Ministerio de Energía y Minas el pasado 8 de diciembre, que representan 16,300 hectáreas de Piura, de las cuales 20 concesiones están ubicadas en el valle de San Lorenzo del distrito de Tambogrande; el alcalde de dicho distrito, Alfredo Rengifo, viajó a Lima y se reunió con la premier Violeta Bermúdez el 8 de enero, y el 11 de enero con la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, para exigirles la derogatoria de los Decretos Supremos 027-2020-EM y 028-2020-EM que otorgan las concesiones mineras dentro de los 50 km de zona de frontera norte en Tambogrande y Las Lomas de Piura.

Tras la reunión con la premier Violeta Bermúdez y el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, en diálogo con Red Muqui, el alcalde de Tambogrande señaló que el gobierno “quedó en presentar hasta máximo el 20 de enero la propuesta de anulación de los decretos supremos”. El alcalde señaló que ellos se basaban en que los decretos emitidos son legales, correctos, que entregar una concesión no quiere decir automáticamente que se vaya a ocupar; sin embargo, “no aceptamos ello porque una vez que aceptamos que entren con las concesiones, luego será difícil sacarlos”, precisó vía telefónica el alcalde Rengifo de Tambogrande.

En la reunión, el alcalde también señaló que rechazan el proyecto minero Algarrobo que también está ubicado en Tambogrande y que desde Proinversión insisten en implementarlo.

El valle de San Lorenzo es uno de los valles más fértiles y productivos del norte, y es conocido por su sobresaliente producción de mango y limón siendo esta la más importante fuente de ingreso para los agricultores y pobladores de la zona. El estudio “Valor Económico del Valle de San Lorenzo” encargado por la Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande, antecedente de Red Muqui en 2001-2002, concluyó que ni la renta que dejarían 30 proyectos mineros en Tambogrande superaría la utilidad neta y el empleo generado por los 8 mil agricultores del valle.

Antecedentes

El alcalde también precisó que han pasado casi 20 años desde el conflicto que hubo por la pretensión de imponer un anterior proyecto minero llamado Manhattan en el mismo lugar.
El año 2002 la Municipalidad Distrital de Tambogrande realizó una Consulta Ciudadana sobre la pertinencia del desarrollo de actividad minera en el distrito y más del 98% de la población optó por la agricultura del valle de San Lorenzo que comprende principalmente los distritos de Tambogrande y Las Lomas, y rechazó el riesgo de incorporar la minería en su economía y en su territorio.

Reunión con la presidenta del Congreso

El 11 de enero, el alcalde sostuvo una reunión con la presidenta del Congreso en la que le manifestó los mismos argumentos que al ejecutivo, presentando también el “proyecto bienestar de Tambogrande”, con el fin de convertir Tambogrande en una ciudad – región y luego hacer que se desarrolle una serie de actividades para volverla una zona productiva desde Loja – Ecuador hasta su ciudad, debido a la cercanía. “Hay 2 millones de personas alrededor de Tambogrande que no estamos aprovechando y no tenemos apoyo del gobierno”.

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El 15 de diciembre del 2020, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el proyecto de exploración minera Pukaqaqa Sur a cargo de la empresa minera y metalúrgica Nexa Resources Perú. Con una estimación de 4.90 millones de dólares de inversión destinados al proyecto, la empresa minera plantea realizar 40 sondajes de perforación diamantina en 20 plataformas de perforación.

Además, ha estimado 27 meses aproximadamente como el tiempo de ejecución del proyecto que implicaría la ejecución del acondicionamiento y construcción de los accesos y el trabajo de exploración que comprende el emplazamiento de las plataformas, la perforación de taladros y el cierre progresivo.

Proyecto de exploración se encuentra en sub cuenca

Sin embargo, dicho proyecto de exploración minera se encuentra localizado en la cabecera de la subcuenca y microcuenca del río Ichu ubicado en el distrito de Ascensión. Una zona compuesta por bofedales, manantiales y lagunas que proveen de agua a más de 50 mil personas que viven en la ciudad de Huancavelica. El agua que recogen de Callqui es llevada a la planta de tratamiento de agua potable EMAPA Huancavelica S.A.C,  que sería afectada por la contaminación del proyecto minero.

Por esta razón, autoridades y organizaciones sociales de la provincia de Huancavelica han manifestado su rechazo al inicio del proyecto de exploración, que ha sido aprobado sin tomar en cuenta las observaciones que presentaron al proyecto, pasando por alto las decisiones tomó la provincia anteriormente. El 2020 se emitieron dos ordenanzas municipales (N° 011-2020-CM/MPH y N° 021-2020-CM/MPH) que declaran de interés público la conservación y protección, además de la siembra y cosecha de agua en dicha cuenca y microcuenca.

Regidores y gerente municipal presentan memorial en Lima

En este contexto, 3 regidores y el gerente de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huancavelica llegaron el 11 y 12 de enero y presentaron un memorial solicitando la anulación de la resolución emitida por el MINEM que aprobó el inicio del proyecto minero.

En dicho documento dan un plazo de 30 días al gobierno central para que declare la nulidad de la resolución, caso contrario se dará inicio a medidas de lucha. El documento ha sido presentado a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Energía y Minas y a la Defensoría del Pueblo; así como a las comisiones de Energía y Minas; Fiscalización; y de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

Aguas subterráneas en peligro

La Sra. Elsa Benavente, Presidenta de la Comisión Ambiental Regional de Huancavelica, manifestó que el gran peligro de contaminación de las aguas subterráneas es que éstas se encuentran a una profundidad de 3 a 77 metros y las perforaciones que plantean realizar en el proyecto minero van desde los 100 metros de profundidad. Factor que la empresa minera presenta como un posible riesgo cuando alguna perforación se cruce con algún manantial; pero para la población y sus autoridades representa un riesgo real de contaminación por arsénico, plomo y mercurio.

“Nosotros planteamos que, frente a este peligro de contaminación del agua, una solución es que la planta de EMAPA HUANCAVELICA S.A. técnicamente pueda remover un porcentaje determinado de agua. Para esto una alternativa es que la empresa minera modernice la planta de EMAPA. La otra es que la empresa traiga agua de otro lugar. Sin embargo, la empresa manifestó que no va a invertir porque está en etapa de exploración y no de explotación”

Para los ciudadanos, regidores y miembros del comité de defensa el proyecto ha sido aceptado por presión política y sin tomar en cuenta todas las observaciones técnicas realizadas y presentadas durante el 2019.

“Vamos a hacer el procedimiento técnico dentro del plazo de 15 días. Huancavelica siempre ha sido abusada, cuántos años se han llevado el agua de Huancavelica a Ica. Hay dos hidroeléctricas, sin embargo, gran parte de la población no tiene luz y la poca que sí tiene paga una cifra cara. A lo largo de la historia, Huancavelica ha sido saqueada y sigue en condición de pobreza, anemia, desnutrición, etc. Y ahora con esto que podría afectar a 51 mil personas, es la gota que rebalsó el vaso”.

Según lo manifestado por Elsa Benavente, la población está atenta a lo que viene sucediendo, la región de Huancavelica no va a permitir que se vulneren sus derechos y de no tener respuesta del ejecutivo empezaran medidas de protesta.