Del 2002 a la actualidad los pueblos amazónicos de Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Guyana Francesa, Surinam y Guyana, se vienen reuniendo para visibilizar su realidad, articular sus organizaciones y una agenda de defensa de sus territorios.

Del 28 al 31 de julio del presente año, en el Estado de Pará, ciudad de Belém de Brasil se ha desarrollado el X FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO (FOSPA), donde se compartieron experiencias de lucha de los pueblos por el bien común de la humanidad, por un mundo justo y solidario. Cada FOSPA es temático y se inició el 2002 dedicado a defensa de la vida, resistencias. Posteriormente sus ejes fueron resistencia al ALCA; mundialización de la Amazonía; derechos de pueblos originarios, ciudades sustentables, IRSA, Buen Vivir; Defensa de la tierras, comunicación, educación popular, debate sobre represas en la Amazonía; Capitalismo y economía verde; Agricultura familiar, democratizar medios de producción, cumplimiento de tratados internacionales; Economía Verde, educación, comunicación Mujeres – Jóvenes, carácter andino – amazónico. La más reciente experiencia tuvo como centro  los seres vivientes.

El 28 de julio del presente año, las delegaciones de los diferentes países se concentraron y marcharon por las calles de Belém al compás de los tambores, cantos y lemas por la defensa del territorio y los seres vivos; la Red Muqui estuvo presente conjuntamente con la delegación de Perú.

Se desarrollaron más de 260 actividades en los ambientes de la Universidad Federal de Pará,  entre las que destacaron presentaciones de resistencia de los pueblos, de las mujeres, de las luchas contra el patriarcado y la urgencia de acciones de todos los pueblos para la protección de la Amazonía. Este espacio de articulación de los pueblos amazónicos fue posible por el trabajo conjunto de diferentes organizaciones, entre ellas de la Federación de ONG de Órganos de Asistencia Social y Educativa (FASE).

El 30 de julio en el panel sobre “Amazonía: Territorio de resistencia frente a la minería”, promovido por FASE, Greenpeace, CEIBO, HIVOS y “todos los ojos en Amazonía”, Gladys Huamán de la Red Muqui, compartió sobre las acciones de resistencia que realizan los pueblos en el Perú, presentando los impactos de la minería en el suelo, agua, aire y la salud de las personas. Destacó que el modelo de minería a tajo abierto no solo afecta las fuentes de agua superficial sino también las subterráneas,  provoca desplazamiento forzado de la población. Además,  según el ministerio de salud hay más de diez millones de personas expuestas a metales tóxicos, pese a lo cual, los diferentes gobiernos promueven la inversión privada en la minería. Según sus proclamas buscan ser primeros productores de metales, para ello flexibilizan los trámites y los impactos ambientales no son considerados.  Galdys Huamán relató cómo los conflictos entre las comunidades y las empresas mineras son permanentes, y en los cuales el gobierno de turno responde con represión que deja heridos y muertos, criminalizando la protesta social.

Otro caso destacado fue la resistencia de las y los campesinos del Valle de Tambo (Arequipa) que desde el 2009 vienen enfrentando a la empresa y al Estado que pretende aprobar el desarrollo de los dos proyectos mineros La Tapada y Tía María. Emprendimientos que, de realizarse, afectarían a la agricultura que con sus productos sostiene el mercado local, regional y nacional. Es uno de los primeros casos en la que la población organizada y en alianza con otros actores locales han realizado la consulta popular, cuyo resultado arroja que más del 98% de la población desaprueba la minería. También es un caso emblemático de cómo defensores y defensoras de derechos vienen enfrentando largos procesos legales resultado de su resistencia.

En otros lugares del país donde la minería viene operando, los conflictos son por la contaminación de los recursos y la afectación a la salud de las poblaciones. Consecuencias que conllevan la exigencia de que las mineras tengan mayores controles y cumplan sus responsabilidades ante los impactos acumulativos. También se les exige mayores respuestas por sus impactos en las economías de todo el territorio. Finalmente esto ha abierto el escenario para discutir el modelo extractivo, revisar la Ley General de Minería, plantear una política de ordenamiento territorial y la protección de las nacientes de agua, entre otros.

Por su lado Alexandra Narváez del pueblo indígena A’i cofán de Sinangoe en la Amazonía Ecuatoriana resaltó las acciones colectivas que realizan. La galardonada con el Premio Ambiental Goldman 2022, por la defensa de su territorio frente a la minería ilegal expuso que lograron, con la participación de ella siendo la primera mujer guardia,  anular 52 concesiones, otorgadas por el gobierno sin el consentimiento de la comunidad Cofán, cuyos territorios colindan con el Parque Nacional Cayambe-Coca. También participó en el panel el cacique Valdemar Poxo, Cacique da Aldeia Poxo Muybu – TI Sawre MuyBu (Tapajós), Brasil. El líder indígena denunció que vienen siendo amenazados por los taladores, pescadores y mineros ilegales. Enfrentan problemas de contaminación de su principal río Tapajós, sustento de sus formas de vida y cuya extinción amenaza su propia existencia.

El FOSPA culminó con la DECLARACIÓN PANAMAZÓNICA DE BELÉM, de la que destacamos:

“Actualmente, la Amazonía está en su peor momento, devastada por los gobiernos, para los cuales la naturaleza es una mercancía, y los derechos de las personas no tienen validez. Hasta la fecha ningún gobierno ha garantizado el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos amazónicos en defensa de la Madre Naturaleza. Ante esta situación, es necesario hacer un llamado a los movimientos sociales para apelar a la creatividad, aprender de sus errores y seguir luchando”

Las propuestas de políticas a las que arribaron son fundamentales y queda en cada organización y participante para que puedan concretizarse. Destacamos las siguientes:

  • Exigimos un modelo político, social y económico que priorice la integridad de nuestra casa común, que reconozca y respete los territorios y el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos amazónicos y los derechos de la naturaleza.
  • Recuperar, valorar y proteger los saberes de hombres y mujeres y las formas ancestrales de organización de nuestros pueblos para el cuidado y manejo del agua, la protección de sus territorios, que incluyen nuestros ríos, limpios y libres de megaproyectos.
  • Nuestras alternativas por una tierra sin males son la producción agrícola y forestal diversificada en armonía con la naturaleza, la agrosilvicultura, la agroecología, los proyectos de producción y consumo local, el manejo comunitario del territorio y las áreas comunes, el uso de semillas nativas, el ecoturismo comunitario, de energías alternativas, el cuidado y la gestión integrada y participativa de cuencas hidrográficas y biorregiones, y muchas otras iniciativas centradas en la vida y no en la mercantilización de la naturaleza.
  • Instamos a los gobiernos de los países panamazónicos a poner en práctica sus discursos contra la crisis climática y los derechos de la Madre Tierra, con medidas reales contra la deforestación, la degradación y el aumento de emisiones, y no con el maquillaje de las llamadas economías verdes. Exigimos que cumplan y refuercen sus compromisos internacionales.
  • Promover el ejercicio del autogobierno y la libre determinación de los pueblos indígenas, negros, quilombolas, campesinos y ribereños para permitir el ejercicio de la gestión pública con base en su propia visión, normas y procedimientos; para ello es necesario, entre otras cosas, implementar mecanismos adecuados a las nuevas formas de planificación que garanticen sus modos de vida, respetando sus cosmovisiones. Sin autogestión territorial de los pueblos, no hay futuro para la Amazonía, ni para el mundo. Exigir el pleno cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (eg Caso Surinam 2015). Exigimos también la autodeterminación de la Guayana Francesa; nuestra cuenca amazónica no estará completa hasta que logremos su descolonización.
  • Rechazamos las políticas públicas extractivas gubernamentales que atentan contra la vida y la naturaleza. Exigimos que se firme, ratifique, respete e implemente el derecho a la consulta libre, previa e informada, incluido el derecho de veto por objeción de conciencia cultural en el marco de la libre determinación de los pueblos, y exigimos que los hidrocarburos se mantengan bajo tierra y que la Amazonía esté libre de minería.
  • Exigir a los gobiernos la plena propiedad y garantía jurídica de los territorios de los pueblos y comunidades, incluido el subsuelo, para que tengan protección permanente contra la extracción de minerales, para que no atenten contra nuestra madre tierra, a fin de garantizar el bienestar de seres humanos y de todas las formas de vida y espíritus.

 

 

En agosto del 2017, ocho comuneros y dirigentes pertenecientes a la ciudad de Chongoyape, ubicada en Chiclayo, fueron denunciados por el Ministerio del Ambiente (MINAM) por, presuntamente, haber cometido el delito de “Alteración del ambiente o paisaje” en áreas de la Reserva Ecológica de Chaparrí, la primera Área de conservación privada del Perú.

Las ocho personas denunciadas son Hemeregildo Torres; Porfirio Torres; Genaro Vera; Miguel Ángel Becerra; Segundo Culqui; Juan de Dios Carrasco; Dociteo Tafur; y Américo Laboriano. Los señalados fueron acusados de lotizar y alterar áreas de la reserva construyendo canales de cemento de agua y ramales; una central mini hidroeléctrica; entre otras acciones que, de acuerdo con el MINAM, alteran el ambiente natural.

De esa manera, los ex dirigentes y comuneros fueron denunciados alegando, además, que no ha existido reparación del daño causado ni confesión sincera. La Fiscalía solicitó que se imponga una pena privativa de libertad dentro del tercio inferior de cuatro años de pena privativa de libertad y con noventa días multa para los acusados, así como una reparación civil de S/. 5 000 (cinco mil soles) de manera solidaria a favor del Estado Peruano representado por el Ministerio del Ambiente.

De acuerdo con un representante de la asociación civil Allka Pacha, el abogado Marco Chung, quien también acompaña el caso de los comuneros, la Fiscalía alega que las construcciones que realizaron los comuneros dentro de la reserva ecológica se dieron sin autorización y, como consecuencia, las acciones han alterado el bosque impactando  la fauna silvestre y forestal, y ocasionando un daño ambiental irreparable.

Sin embargo, según Marco Chung, es fundamental conocer que la normativa del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) establece que las áreas de conservación tienen “áreas de servicio restringido” (espacios en los que no se puede realizar ningún tipo de construcción porque se altera el ecosistema) y “áreas de servicio múltiple” (espacios en los que sí se pueden realizar construcciones, siempre y cuando no se alteren los ecosistemas, por ejemplo: cabañas, piscinas ecológicas, etc.). La tesis de la defensa señala que, además de que la comunidad es autónoma en sus decisiones, las construcciones no alteran paisajes ni bosques ya que los comuneros han construido en áreas de uso múltiple. Sin embargo, el abogado declara que la Fiscalía no comprende esto, y desconoce las normas de conservación privada, por lo cual los están acusando.

Asimismo, Chung señala que la acusación es parte de una campaña mediática que se está realizando en contra de los comuneros, ya que justamente son las personas más emblemáticas de la comunidad, quienes durante mucho tiempo han realizado una lucha en defensa de la Reserva Ecológica de Chaparrí, por lo que se está criminalizando también el accionar de defensa ambiental de las personas.

Finalmente, de acuerdo con Marco Chung, el sábado 06 de agosto, se realizará una reunión entre los defensores acusados y sus abogados para analizar la defensa y revisar consideraciones finales antes de la audiencia del juicio oral que tendrá lugar en Chiclayo el domingo 14 de agosto a las 10 am.

El pasado miércoles 20 de julio, se llevó a cabo la “Mesa de trabajo para analizar Ley CADs – Ley N° 31494”, la cual reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana y que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República y, posteriormente, publicada el 16 de junio.

La mesa de trabajo se realizó en el Congreso de la República y contó con la participación del representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), Santos Saavedra; el defensor del ambiente y presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la contaminación de la cuenca Coata y el lago Titicaca, Félix Suasaca; así como de representantes de las organizaciones Red Muqui, Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), y el Instituto de Defensa Legal; y con la participación de los congresistas Ruth Luque y José Williams.

Sin embargo, esta ley representa una amenaza a la paz social de las comunidades y pueblos indígenas, ya que, entre otros motivos, promueve la militarización de territorios de comunidades campesinas y nativas, abriendo la posibilidad de enfrentamientos entre comunidades, al permitir que civiles que pertenecen a los Comités de Autodefensa puedan adquirir armas por compra o donación de parte del Estado o de particulares. Además, las armas pueden caer en manos de organizaciones ilícitas que se hacen pasar por comités de autodefensa y amenazan a quienes protegen los bosques.

Asimismo, la Ley CADs vulnera la autonomía de los pueblos indígenas porque los comités de autodefensa estarán a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Es decir, las Fuerzas Armadas se encargan de diseñar las estrategias de intervención de los CADs,. Sumado a esto, la ley deslegitima el rol de las rondas que cuentan con el reconocimiento necesario en sus comunidades, las cuales representan agrupaciones reconocidas por la constitución y por las mismas comunidades que pueden establecer interlocución con el Estado para dar solución a los conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley.El representante de IDL, el abogado Juan Carlos Ruiz, señaló que entregar armas a los civiles no representa una solución apropiada a los problemas de inseguridad en las comunidades. Asimismo, que es el Estado quien “debe brindar seguridad, ese es su rol”. E indicó que, a través de esta ley, se está señalando que el Estado no tiene la capacidad de cuidar y proteger a la población.

Declaró también, a pesar de que, de acuerdo a la Constitución el orden interno es competencia de la Policía Nacional, con la Ley CADs, se “está queriendo que las Fuerzas Armadas entren al orden interno”. Por tal motivo, se está creando una norma que lo que hace es “amenazar la institucionalidad y autonomía de las comunidades y rondas campesinas” y que “puede abrir puertas a la cooptación social”, lo cual representa un peligro para los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas.

Posteriormente, Rodrigo Lauracio, abogado de Red Muqui, señaló, al igual que Ruiz, que el Estado es quien tiene la obligación de restablecer el orden en las zonas, es el “encargado de resguardar e impulsar el autodesarrollo”. También declaró que dar la responsabilidad a los civiles de que intervengan en la lucha contra la inseguridad, resulta demasiado riesgoso, y que “la misión del Estado constitucional no es esa”. Por su lado el representante de CEAS, Javier Jancke, señaló que desde las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil hay preocupación por los “los paralelismos y violencia que se puede generar (con la aprobación de la Ley CADs), sobre todo en zonas de conflicto. Esto puede ser utilizado para fortalecer actividades ilegales como el narcotráfico”. Por esa razón, se declara que la ley puede generar una mayor vulneración de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, como históricamente se ha generado.

En cuanto a los dirigentes sociales presentes en la mesa técnica, Felix Suasaca señaló que ya existe un problema que las comunidades y defensores tienen que enfrentar constantemente, y es que los policías cometen delitos contra ellos, les reprimen de forma violenta en las protestas y el hecho de impulsar una ley que permite el acceso a armas representa un riesgo grave a los derechos de las comunidades. Incluso indicó que, en Puno no se les ha “consultado para que se generen los CADs”, es decir se ha vulnerado el derecho a la consulta previa a las comunidades.

Sumado a los señalado por Suasaca, el representante de la CUNARC, Santos Saavedra, declaró que como rondas campesinas “no aceptamos la ley (…). El Estado no puede imponernos la norma”. Recordemos que, anteriormente, organizaciones de rondas campesinas de diferentes regiones se han pronunciado y señalado su negativa a la Ley CADs debido a que vulnera la autonomía de las rondas.

La congresista Ruth Luque, comentó que los Comités de Autodefensa fueron generados para un contexto específico (tiempo de terrorismo), por lo cual señaló que no comprendía la razón por la que se quiere reactivarlos, sabiendo que las rondas campesinas ya cumplen con esa función. Además, indicó que esta ley puede generar fragmentación en la estructura y organización de la comunidad, ya que puede haber comunidades campesinas y rondas que no quieran que se creen Comités de Autodefensa, y puede haber otros que sí, “no es tan simple que se decida que hayan CADs”. Por eso declaró que hay que exigir que se haga una reflexión sobre esto, pero también “hay que exigir una mayor presencia del Estado” y que este debe tener una responsabilidad política clara.

Finalmente, es importante señalar lo declarado por el congresista José Williams, con respecto a que se ha realizado una modificatoria a la ley, y que ya no se estipula que se va a brindar el acceso a armas. Según Williams, “lo estamos cortando de la Ley, solo dice que los que tienen sus armas, cuando la violencia cese, deben entregarlas”. Lo que busca esta ley es que “los comités se incorporen a la seguridad ciudadana, como lo están las rondas campesinas, y que puedan apoyar a las rondas campesinas, ya que el Estado está lejos”. Pero acotó que la Policía Nacional y la municipalidad seguirán siendo las encargadas de la seguridad interna.

Asimismo, señaló que los comités no se van a imponer si la comunidad no lo quiere, pero ya que no existe presupuesto para las rondas campesinas, los CADs sirvan de apoyo, que se vuelvan “núcleos ejecutores”.

Finalmente, esta mesa constituyó un importante espacio para discutir el reglamento de una normativa que tiene la negativa de las comunidades y rondas campesinas, de manera que se reciban los puntos de vista de sus representantes y dirigentes.

Se han cumplido siete meses desde la aprobación del Decreto Supremo 037-2021-MINAM – Plan Especial Multisectorial para la atención integral de personas expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PEM) – y hasta la fecha no existen  acciones concretas sobre su implementación, a pesar de que hay actividades programadas para el primer año del PEM como el “desarrollo de un instrumento técnico metodológico sobre calificación y priorización de zonas afectadas, en base al riesgo con criterios técnicos y la normativa ambiental vigente, para la determinación del alcance de intervención” (A1.1.3) y el “análisis epidemiológico regional de la situación de exposición a metales pesado, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas” (A3.1.4), entre otras. Sin embargo, estas actividades se encuentran sin ser implementadas. Por ello, los representantes de la Plataforma Nacional de personas afectadas por metales tóxicos vienen solicitando a la Presidencia del Consejo de Ministros que se cree la Comisión Multisectorial para la implementación del PEM y que el Estado priorice la ejecución de esta política.

También se han presentado observaciones desde la Plataforma de afectados por metales tóxicos y la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental hacia la propuesta de reglamento de la Ley 31189 que desarrolló el Ministerio de Salud. La principal observación es que esta propuesta de reglamento no contiene una adecuada mirada intersectorial para la prevención y el abordaje integral. Sobre la situación de falta de implementación del PEM, se espera que el presidente Castillo puedan anunciar en su mensaje a la nación del 28 de julio, la priorización de la implementación del PEM.

Miluska Rojas, integrante de la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental por parte de Red Uniendo Manos señala que “a 7 meses preocupa no ver claramente la ruta de implementación integral del PEM. Si bien hubo esfuerzos individuales motivados por el Ministerio del Ambiente, no se tiene información clara sobre la ruta y esfuerzos que vienen realizando los sectores involucrados en el primer año del Plan. Será clave a su vez aprobar la creación de la Comisión Multisectorial de seguimiento y diseñar un espacio participativo, integrador, que logre dar cumplimiento a la Ley 31189, pero también al Plan Especial Multisectorial, sin duplicar esfuerzos y con espacios de evaluación para identificar en el primer año la línea de base como los posibles cuellos de botella o esfuerzos que se requiere para garantizar la integralidad de la respuesta estatal frente a los impactos de las actividades extractivas.”

Sobre el presupuesto, señala que “la Comisión de implementación debe ayudar a corregir y elevar la eficacia del presupuesto. Se sabe que a la fecha según el portal Convoca, basado en informes estatales, el avance en el presupuesto no solo es limitado sino que está concentrado en gastos corrientes (personal). Los tamizajes cómo la implementación de hospitales, y otros, sigue sin programarse o hacerse efectivo”.

Así, también, el 12 de julio desde el Legislativo se debatieron y aprobaron los proyectos de Ley N° 1319 y N° 1577, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y funcionamiento del hospital de desintoxicación de nivel II-E y del laboratorio toxicológico especializado en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villa Rica. Las principales limitaciones de estos proyectos de ley, es que no contienen una mirada preventiva de la problemática de la intoxicación por metales tóxicos y que desconocen lo avanzado por el Plan Especial Multisectorial aprobado en diciembre de 2021.  Lamentablemente se promueven estos proyectos de ley desde un enfoque populista, pero no para dar solución progresiva a los problemas de fondo.

 

 

Durante el 18 y 20 de julio, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, se reunió con el presidente de la República, Pedro Castillo; representantes de la sociedad civil (entre ellos la Red Muqui), del Poder Judicial, del sector privado, partidos políticos, de los pueblos indígenas y de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En esas reuniones recogió de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas diferentes problemáticas y planteó sus preocupaciones a las autoridades, constatando que nuestro país aún se está recuperando de la pandemia de COVID-19, que fue “devastadora para la población y que resultó en la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo”.

Apoyo a la agricultura familiar

En su informe sobre su visita oficial, reconoce que la pandemia no golpeó a todos por igual: “golpeó muy fuerte al medio rural, a las clases más desfavorecidas y a los grupos más marginados y discriminados”.

Precisa además el contexto actual de la conmoción de la guerra en Ucrania, que provoca que “unos 15,5 millones de personas en el país sufren inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos”. Además, advierte la escasez de fertilizantes necesarios en la próxima temporada de siembra, como también lo señalan las organizaciones agrarias.

En ese sentido, la Alta Comisionada de la ONU para DDHH, propone que hay que “apoyar la agricultura a pequeña escala y dar prioridad a ayudar a las personas para que puedan dejar el mercado laboral informal”.

Defensa de los defensores ambientales

Además, señaló su preocupación por el escenario de polarización política en que nos encontramos y que es necesario proteger el espacio democrático. Respecto a protección de los derechos humanos, señaló que Perú tiene que implementar las leyes, y herramientas, con presupuesto, que están alineadas con las normas internacionales de derechos humanos, para la protección efectiva de los los pueblos indígenas y las personas defensoras de derechos humanos que están en primera línea cuando se trata de los impactos del cambio climático y otras amenazas, como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico, especialmente en la región amazónica.

Remediación ambiental y consulta previa es urgente

Michelle Bachelet reconoció el aporte económico de la minería en el Perú, pero lamenta que no hayan beneficiado a las comunidades afectadas, “especialmente a los pueblos indígenas y a las poblaciones rurales”.

En su carta enfatiza que “el remedio a la contaminación dejada por proyectos anteriores aún no se ha llevado a cabo en su totalidad”. Puso el ejemplo de una defensora indígena de derechos medioambientales de Cusco, quien describió cómo los metales pesados procedentes de una mina local en los cauces de los ríos habían dejado enfermos a los habitantes de su comunidad en la región de Cusco. «No estamos en contra del desarrollo. Sólo queremos que las empresas actúen con responsabilidad. No queremos morir, queremos vivir», dijo.

Finalmente, sobre la problemática minera, señala que “los acuerdos alcanzados para abordar el descontento social provocado por los proyectos extractivos y de otro tipo deben basarse en la consulta previa, garantizar la protección de los derechos subyacentes a la tierra y a los recursos naturales, incorporar salvaguardias sociales y medioambientales y mitigar cualquier impacto negativo.

Sobre el sector privado, señala que deben aplicar la diligencia debida de las empresas. “Representantes del sector privado con los que me reuní enfatizaron su compromiso para avanzar en los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU”, concluyó.

La Alta Comisionada de la ONU sobre DDHH, en su informe oficial tras su visita, reiteró por escrito que está dispuesta a trabajar con el gobierno peruano y las instituciones para el resguardo de los derechos humanos en nuestro país.

 

Comités de monitoreo ambiental comunitario de las provincias de Sánchez Carrión, Santiago de Chuco (La Libertad) y Cajabamba (Cajamarca) participaron en el Encuentro Interregional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios de Agua – La Libertad / Cajamarca, realizado en la ciudad de Otuzco, los días 14 y 15 julio, después del proceso formativo y organizativo que fue acompañado por AMAS Marianistas y la Red Muqui.

Durante el evento, al culminar la etapa de desarrollo de capacidades en monitoreo e incidencia política, tomaron el acuerdo de conformar la Coordinadora Interregional de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario y elegir a su primera junta directiva.

Esta organización de segundo nivel, agrupa a comités conformados y experiencias de monitoreo ambiental de agua en zonas que reivindican sus derechos humanos ambientales debido a amenazas y conflictos con la actividad minera informal y con la mediana y gran minería.

En la sesión plenaria final realizada el viernes 15 de julio identificaron motivaciones en común relacionadas al territorio, geografía y cultura, entre otros, concluyendo en la necesidad de formalizar un espacio más amplio -con objetivos y un plan de acción- para la formulación y gestión de sus demandas y reivindicaciones.

La junta directiva de la Coordinadora Interregional de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario quedó conformada de la siguiente manera: en el cargo de coordinador, Walter Castañeda de la Asociación de Defensa del Agua y el Medio Ambiente (ADAMA) – Santiago de Chuco. En la Secretaría de Economía se eligió a Marcial Otiniano del Comité Distrital de Vigilancia y Monitoreo Ambiental de Huamachuco, así también del mismo Comité, a la Secretaría de Actas, Rosa Altamirano.

Como secretario de Prensa se eligió a Ricardo Huertas del Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental de la provincia del Cajabamba y el Valle de Condebamba; del mismo comité se eligió a Alan Contreras como secretario de Organización. Martín Rodríguez, representando al Comité Comunal de Vigilancia y Monitoreo Ambiental de Llaray, Las Pajillas, Kaunape y Hospital de la provincia de Santiago de Chuco fue elegido como vocal. A la vez se designó una secretaría técnica colegiada representada por Proyecto Amigo y AMAS Marianistas, instituciones integrantes de Red Muqui que han brindado acompañamiento al proceso.

 

Luego de que el Congreso de la República aprobara por insistencia la Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana (CADs) – Ley 31494, el 16 de junio del presente año la ley fue publicada.

Formalmente, esta ley establece que busca reconocer legalmente a los comités de autodefensa como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas, incorporarlas en el Sistema Nacional de Seguridad Nacional, y que su rol principal es el apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Sin embargo, esta ley representa una amenaza a la paz social de las comunidades y pueblos indígenas, ya que promueve la militarización de territorios de las comunidades campesinas y nativas, y podría generar enfrentamientos entre comunidades, al permitir que civiles que pertenecen a los Comités de Autodefensa adquieran armas por compra o donación de parte del Estado o de particulares. Además, las armas pueden caer en manos de organizaciones ilícitas que se hacen pasar por comités de autodefensa y amenazan a quienes protegen los bosques.

Asimismo, la Ley CAD vulnera la autonomía de los pueblos indígenas porque los comités de autodefensa estarán a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Es decir, las Fuerzas Armadas se encargan de diseñar las estrategias de intervención de los CAD, aunque en muchos casos no conozcan su territorio, historias y costumbres. Sumado a esto, la ley deslegitima el rol de las rondas campesinas, las cuales representan agrupaciones reconocidas por la constitución y por las mismas comunidades que pueden establecer interlocución con el Estado para dar solución a los conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley.

Por ello, este miércoles 20 de julio, se desarrollará la mesa de trabajo para analizar ley 31494 en el cual participarán diferentes organizaciones de la sociedad civil, especialistas y representantes de organizaciones indígenas de manera que se discuta el peligro que representa la aprobación esta ley para los pueblos y comunidades indígenas, y se impulse su derogatoria.

Este espacio se realizará en el Congreso de la República desde las 10 a.m. y tendrá entre sus panelistas a la congresista de la República, Ruth Luque. Así mismo, participará el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), Santos Saavedra; el Líder Awajún y ex presidente de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, Jesús Manases Valverde; abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz.

 

El lunes 18 de julio en horas de la tarde en Lima, en el auditorio de las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se realizó la reunión de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Michelle Bachelet, con representantes de la sociedad civil, principalmente organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, la población afroperuana, defensa de los migrantes, población LGTBI, entre otros grupos vulnerables en el Perú. En la reunión participaron alrededor de 30 organizaciones y cada uno informó sobre la situación actual en la afectación de derechos, así como sus planteamientos a la alta comisionada.

La Red Muqui fue invitada a esta reunión, y entre los temas que planteamos se pueden destacar los siguientes puntos:  1) La actividad extractiva minera en el Perú genera una serie de impactos sociales, ambientales, a la salud y a la vida de las poblaciones y comunidades donde se desarrolla esta actividad, así mismo vulneran los derechos humanos, individuales y colectivos de estas poblaciones. 2) La actividad extractiva minera genera impactos en el ambiente y la salud de las personas en los territorios, al momento tenemos más de 10 millones de personas expuesta a metales tóxicos (de acuerdo a estudio del MINSA) que, a través de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, busca la implementación del Plan Especial Multisectorial para los afectados en todo el país. 3) Muchas de las actividades mineras se asientan en zonas de cabeceras de cuenca, por ello se pide que se garantice su protección y su intangilidad, y que está discusión sea parte de la discusión del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)

Así mismo, se ha insistido en la necesidad de plantear acciones concretas en favor de los defensores ambientales en el Perú:  4) En el Perú tenemos defensores y defensoras ambientales criminalizados en zonas de actividad extractiva, para ello se ha solicitado que dejen de ser perseguidos y criminalizados judicialmente, y que el Ejecutivo a través del MINJUSDH y de otros ministerios implementen el mecanismo intersectorial para proteger a los defensores de derechos humanos en el Perú. 5) Finalmente, se ha hecho de conocimiento a la alta comisionada que el Congreso de la República debe derogar la Ley 31494 que permite la conformación de los Comités de Autodefensa (CADs), norma que promueve abiertamente la violencia y el uso de armas de fuego en las comunidades y zonas de emergencia del país.

Sobre estas múltiples demandas, la Alta Comisionada Michelle Bachelet ha señalado que en este momento se viene reuniendo con diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellos las poblaciones indígenas, los defensores de derechos humanos, así como con los diferentes representantes del gobierno nacional, empresas privadas, entre otros actores. Sobre los alcances de esta visita, se ha señalado que este miércoles 20 de julio, la alta comisionada realizará una conferencia de prensa para informar sobre los resultados de su visita.

El pasado lunes 11 de julio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República archivó, por mayoría, la ratificación del Acuerdo de Escazú, dejando desprotegidos a los defensores y defensoras ambientales del país. Al respecto, queremos señalar lo siguiente: 

  1. Este Acuerdo representa un tratado multilateral de vital importancia no sólo porque contribuye al fortalecimiento de los derechos de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, sino porque representa el primer tratado vinculante que incluye medidas específicas para proteger a las personas defensoras del ambiente y que reconoce la importancia de su labor.
  2. Recordemos que el Perú es uno de los países más peligrosos de Latinoamérica para la realización de la labor de defensa de los derechos humanos y ambientales, esto se refleja no solo en la constante vulneración de los derechos que viven las personas defensoras, sino también en los asesinatos que han ocurrido por la defensa del medio ambiente. Desde el 2020, 22 defensores, principalmente de la Amazonía, han sido asesinados.
  3. Por esta razón, este archivamiento del Acuerdo de Escazú por el Congreso, representa un retroceso en el avance sobre los Derechos Humanos, sobre/del reconocimiento de las personas defensoras en la protección de sus derechos, su territorio, su ambiente y sus vidas. Las y los defensores de comunidades andinas, nativas y pueblos indígenas continúan desprotegidos y en situación de riesgo, ya que las acciones del Ejecutivo y de los diferentes ministerios encargados son insuficientes y poco efectivos.
  4. Frente a ello, exigimos al Congreso de la República que en la próxima legislatura se discuta y revise nuevamente la ratificación del Acuerdo de Escazú, y que los congresistas tengan como principal objetivo la búsqueda de la protección para los defensores y defensoras ambientales. 
  5. Exhortamos al Poder Ejecutivo volver a poner en agenda congresal la ratificación del Acuerdo de Escazú y a su vez implementar políticas reales de protección a los y las defensoras ambientales. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional de derechos humanos para que estén vigilantes ante la vulneración de los derechos de quienes defienden derechos en nuestro país.
Firman las organizaciones impulsoras de la campaña nacional Defensoras y Defensores del Perú:
  • Red Muqui
  • Red Muqui Sur
  • Cooperacción
  • Centro Bartolomé de las Casas
  • Derechos Humanos sin Fronteras
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
  • GRUFIDES
  • OXFAM Perú
  • Entre Pueblos
  • Instituto de Defensa Legal (IDL)
  • Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  • Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)
  • Mocicc
  • Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA)
  • Diakonia
  • Instituto Ambientalista Natura
  • We World
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Perú, 13 de julio del 2022.

El día de hoy, lunes 11 de julio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso decidió con 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención, archivar por mayoría la Resolución Legislativa N.° 239,  que aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

De esta manera, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ratificó el dictamen negativo aprobado el 20 de octubre del 2020 del anterior Congreso, en el que la misma Comisión aprobó el dictamen que proponía archivar la ratificación del Acuerdo de Escazú.

En esa oportunidad se desarrollaron 13 sesiones y 49 presentaciones de especialistas, representantes de la sociedad civil, académicos, sector privado, ministros y ex funcionarios.

Como se recuerda, durante la gestión del ex ministro de Relaciones Exteriores: Héctor Béjar de actual gobierno del presidente Castillo, este manifestó que insistirían como gobierno en la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso.

En la sesión desarrollada hoy, el presidente de la Comisión en mención, Carlos Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular), señaló que «en el Perú ya existen las herramientas jurídicas en temas ambientales, como la regulación al derecho de información, que los temas están contenidos en la Constitución Política, la Ley de Transparencia, la ley de participación de control ciudadano, la ley de consulta previa, hábeas data y otras. Así también la existencia de un Ministerio del Ambiente y un tribunal de transparencia y derecho a la información pública».

Al respecto desde Red Muqui hemos venido señalando que la institucionalidad ambiental y la que promueve la participación ciudadana es muy débil en nuestro país y no se ciñe solo al Ministerio del Ambiente, sino al conjunto de instituciones dentro del Estado. Existen normas que no se cumplen y otras normas que se superponen, como las que rigen al sector minero y al Ministerio de Energía y Minas, al interés superior que es la protección ambiental y de derechos humanos para garantizar la vida de las personas, como uno de los fines del funcionamiento del Estado, que debería resguardar estos derechos fundamentales.

El congresista agregó: “Cabe señalar que el objeto del acuerdo, es internacionalizar la gestión del territorio en aras del medio ambiente e introduce el control de la gestión territorial por ONG nacionales y extranjeras registradas en el Perú, es decir, les permite actuar como parte en temas medio ambientales” indicó.

Esta afirmación del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, es falsa, debido a que en el Acuerdo de Escazú se afirma que la gestión del territorio solo le corresponde a los Estados, y lo que hace el acuerdo regional es brindar de mayores competencias a los Estados para que garanticen la protección ambiental, el acceso a la información por parte de las empresas y el Estado, y la protección de defensores ambientes y de derechos humanos. Quiénes podrán incidir ante el Estado y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de no cumplir el Estado con sus propias normas, tal como funciona actualmente, son las organizaciones y comunidades que ven vulnerados estos derechos colectivos, y son quienes deben ser parte de la gestión de sus territorios.

Actualmente se siguen desarrollando los conflictos socio ambientales, porque no hay participación efectiva de las comunidades y población local en el desarrollo de las actividades económicas que promueven los Estados y grandes sectores empresariales que impactan en sus territorios. Una mayor transparencia, participación y protección ambiental promovida desde el Estado, garantizaría la reducción de los conflictos sociales.