● Estudios científicos de Source International evidencian grave contaminación por metales pesados y afectaciones a la salud, debido a décadas de actividad minera en Cerro de Pasco.
● Ante riesgo de exposición de sustancias peligrosas, el Estado no puede ser espectador, afirma el Relator Naciones Unidas, Dr. Marcos Orellana.

El miércoles 12 de junio, se realizó el foro virtual denominado “El caso de Cerro de Pasco, Perú: entre violaciones a derechos humanos y la ausencia de justicia ambiental”, organizado por Source International, Centro Labor y EarthRights International con el apoyo de la Red Muqui. En dicho foro, Source International presentó los resultados de los estudios ambientales y sanitarios que ha venido realizando en los últimos 10 años respecto a la actividad minera en Cerro de Pasco, y que demuestran la alarmante problemática ambiental que se vive en dicha ciudad.

Además de las exposiciones de Source International y de Centro Labor, el espacio contó con la participación del Dr. Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, así como con el Dr. Walter Contreras, Jefe de la Unidad de Metales Pesados del MINSA, y con el abogado Julio Rupay, actual alcalde provincial de Cerro de Pasco.

TAJO EN LA CIUDAD

En medio de la ciudad de Cerro de Pasco se ubica el tajo abierto de más 2.5 km de largo y 1.8 km de ancho, con una profundidad aproximada a los 800 metros. La empresa Glencore, de capitales suizos adquirió en 2017 las acciones mayoritarias de la minera Volcan, que es propietaria de la explotación en Cerro de Pasco y uno de los mayores productores mundiales de zinc, plomo y plata. Recientemente, la empresa argentina Integra Capital adquirió el total de participación del Grupo Glencore en Volcan, por lo que se convirtió en la nueva entidad controladora.

La problemática de salud por la actividad minera de Volcan en Cerro de Pasco no es un tema nuevo para Jaime Silva, parte del equipo técnico de Centro Labor, institución asociada a la Red Muqui, puesto que su abordaje data de hace más de 30 años. Recién, en el año 2022, el Ministerio de Salud (Minsa) reconoció que hay 10 millones de personas expuestas a la contaminación por metales tóxicos, entre ellos un número indeterminado de habitantes de la ciudad.
En su intervención durante el foro, Jaime Silva recordó las acciones organizativas de la sociedad civil que han marcado la lucha por el derecho a la salud y a un ambiente sano. En 2015, familias del distrito de Simón Bolívar, donde fueron detectados niños con altos niveles de plomo en sangre, problemas de aprendizaje, entre otros males físicos y cognitivos, realizaron una marcha hacia la ciudad de Lima para pedir atención inmediata a la salud. Luego, en 2017, un grupo de padres se encadenó en la puerta del Minsa.

“A la fecha han fallecido (a consecuencia de la contaminación por metales pesados) Bladimir Palma, Esmeralda Martín y la adolescente Shirley Castañeda. Hay una lenta respuesta por parte del Estado. En Cerro de Pasco no hay establecimientos de salud implementados para atender a las personas intoxicadas, ni especialistas en la materia”, expresó.

De igual manera, Silva precisó que, hace más de dos años y medio, el Congreso instaló la Comisión Multipartidaria Investigadora de la Atención de los Niños y las Familias Afectadas con el Exceso de Plomo, Arsénico, Mercurio, y demás Metales Tóxicos en la sangre, en las zonas mineras de Pasco y del Perú. En Cerro de Pasco siguen a la espera de los resultados de este grupo de trabajo.

METALES PESADOS ESTÁN ACABANDO CON LA VIDA

Laura Grassi, científica de Source International, hizo un recuento de los hallazgos de su investigación en el agua, el suelo y en la salud de la población. Por ejemplo, encontraron excesiva concentración de plomo (536 %) y arsénico (340 %) en la cancha de fútbol del centro poblado Quiulacocha. En tanto, en el pastizal de la relavera de Ocroyoc y Quiulacocha encontraron exceso de plomo (2600 %), de cadmio (1540 %), y de arsénico (860 %).
“El suelo contaminado (con metales pesados) se transfiere al pasto, y los animales que pastorean en esa zona acumulan metales en sus tejidos, la carne de muchos de esos animales como alpaca, vaca, llama, carnero es consumida por la población”, explicó.

Los resultados de los estudios a la salud también son contundentes, continúo la especialista. En 2009 se hicieron análisis de sangre y orina en la población expuesta a la actividad minera; en 2016 – 2017 exámenes de cabellos; en 2018 se realizaron análisis de las manifestaciones clínicas y en 2021 se sumó un estudio de coeficiente intelectual de menores, a quienes tomaron muestras de cabello para determinar la presencia de metales pesados. Al grupo examinado de la población del centro poblado Paragsha -el más expuesto- se le encontró mayor porcentaje de manifestación clínica asociada a contaminación por metales pesados: manchas en la piel, encías azules, conjuntivitis, alteraciones digestivas. Mientras que, los niños presentaron un rango de coeficiente intelectual inferior y muy bajo tras realizarles pruebas estandarizadas de lenguaje, memoria, matemáticas y lógicas.

“La conclusión es que la contaminación minera sigue a niveles altos impactando irreversiblemente la salud de la población cerreña, violando múltiples derechos y condenando a enfermedades y pobreza. La población afectada sigue pidiendo acciones urgentes en el tema de prevención, cura y remediación ambiental.”, concluyó Laura Grassi.

Por su parte, el Relator Especial de la ONU señaló que sustancias como el plomo, el arsénico y el mercurio, son conocidamente peligrosas; y que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que no hay límite seguro de exposición al plomo, por lo que cualquier exposición a esta sustancia es peligrosa, “especialmente para los niños y las niñas; el plomo les roba de su infancia, de su niñez y de las posibilidades que puedan tener en su vida futura”.
Asimismo, el Relator resaltó que ante el riesgo de exposición de sustancias peligrosas, el Estado no es un espectador, sino que tiene la obligación de actuar de manera efectiva para proporcionar protección y garantía a los derechos humanos; exponiendo de esta manera su postura.

Finalmente, Itzel Silva, de EarthRights International, retomó en las conclusiones del foro el ejemplo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la Oroya que responsabiliza al Estado peruano por la violación de los derechos de ambiente sano, la salud y la vida de 80 pobladores que fueron expuestos a metales pesados por actividades minero-metalúrgicas.

Sin embargo, el Estado peruano no ha asumido la deuda histórica ambiental que tiene con la población de Cerro de Pasco, lo que tampoco han hecho las empresas mineras responsables. De hecho, el Concejo Municipal del Distrito de Simón Bolívar rechazó en sesión ordinaria el 24 de abril pasado, presentar una demanda civil por daños ambientales en contra de la minera, pues no contó con la mayoría de los votos de los regidores. Con ello, el Concejo negó la oportunidad de explorar una vía para hallar justicia ambiental ante la gravedad de la situación.

El daño ambiental y el impacto irreversible a la salud por décadas de contaminación minera están a la vista, y su atención no puede esperar más; el Estado peruano tiene el deber ineludible y urgente de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, tomar todas las medidas necesarias y garantizar un cambio sustancial de la actual situación.

En el siguiente enlace, puedes ver la transmisión completa del foro: https://www.facebook.com/redmuqui/videos/427874080070327

Fuente: Nota de prensa

En medio de la criminalización de sus voceros, voceras, y exdirigentes, el valle de Tambo realizó una exitosa asamblea con delegaciones de agricultores, comerciantes y ciudadanos en general de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia, y Mollendo, en la histórica plaza San Francisco de Cocachacra. Lugar que se ha convertido en escenario de toma de decisiones importantes para todo el valle, como fueron los acuerdos para las huelgas indefinidas del 2011, 2015 y 2019, y que ahora acordó la medida de lucha para el 19 de julio frente a la pretensión del gobierno y la empresa Southern Copper Perú de imponer el proyecto minero Tía María. La asamblea también contó con la presencia y el respaldo del presidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa – base de la CGTP-: Elmer Arenas; del Comité de Lucha de Arequipa, representado por Jorge del Carpio y el representante de los distritos del cono sur de Arequipa: Ramiro Ponce.

Criminalizados

Actualmente, dos exdirigentes reconocidos y mencionados en la asamblea, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, vienen purgando un año de prisión acusados por delitos como entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y motín durante las protestas del 2015. Los sentenciaron injustamente a más de seis años de prisión bajo la figura de “coautoría no ejecutiva”. Es decir, no por haber ejercido directamente algún disturbio, sino por ser dirigentes que convocaron a una protesta contra el proyecto minero Tía María.

Además, otras tres personas: Elia Ticona, Gustavo Huanacuni y Marcelino Chasca se encuentran en la clandestinidad por haber sido sentenciadas por los delitos de tortura y disturbios durante las protestas del 2015. Cuando detuvieron a Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, en julio y junio del 2023, ambos se encontraban en la clandestinidad. Miguel Meza, uno de los principales voceros del valle de Tambo, también está siendo criminalizado. Ha logrado superar tres acusaciones fiscales junto a su defensa legal, pero todavía tiene pendiente una acusación más por disturbios, que va camino a archivarse, según David Velasco, su abogado.

Miguel Meza hizo un llamado a la unidad y al diálogo.

El abogado de Jaime de la Cruz y que ha litigado 48 juicios defendiendo a los agricultores de valle de Tambo, Hector Herrera, también está siendo criminalizado. Hace dos meses le llegó una notificación de una acusación fiscal de más de dos mil folios, en la que lo señalan de ser el brazo legal de una organización criminal. “Me quieren sentenciar a cadena perpetua, embargar mi casa y autos porque quieren que pague más de dos millones de soles de reparación civil, por defender a personas que protestaron en el valle de Tambo y la ciudad de Arequipa”. Subraya que en la acusación fiscal aparece el seguimiento que le ha hecho el Estado durante dos años, que incluye la intercepción de llamadas telefónicas. En octubre de 2022, el periodista Marco Sifuentes reveló el reglaje político que hacían las fuerzas armadas a varios políticos y personas, entre ellas figuraba el abogado Herrera.

Desde el 2015, la empresa minera y su gremio, sus aliados mediáticos, y gobiernos de turno, excepto durante el periodo de Castillo, impulsaron una ofensiva criminalizadora para descabezar la organización y dirigencia del valle de Tambo, y lograr imponer el proyecto Tía María. Lograron hacer desaparecer el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, a través de una denuncia de que se trataba supuestamente de una red criminal, que la Fiscalía acogió, pero al final no pudo demostrar. Sin embargo, lograron infundir el temor en la población para que dejara de organizarse y ejerciera algún protagonismo en la protesta. En los últimos años, la figura que adoptó el pueblo del valle, para evitar la criminalización de la lucha, ha sido nombrar voceros y voceras del valle, un cometido que no ha logrado cumplir, ya que la persecución judicial ha continuado.

Durante la asamblea, en la que muchos prefirieron el anonimato producto del temor que infunde haber sido involucrados en procesos penales y pocos alzaron su voz y se identificaron como el señor Juárez, los habitantes coincidieron con Marilú Marroquín en manifestarse por continuar la lucha y expresaron que no tenían miedo en seguir luchando a pesar de todo lo vivido y lo que sigue pasando. El papel de las mujeres ha sido clave en las anteriores jornadas de protesta. Varias se sumaron a las comisiones para organizar las asambleas en los distritos pendientes.

Mujeres presentes en la acción pública.

En contraste con los criminalizados en la lucha por el valle de Tambo, solo un miembro de la policía ha sido sentenciado por abuso de autoridad, sin pena efectiva ni pago de reparación civil. El uniformado debío enfrentar la justicia, por haber participado en un montaje que sufrió el agricultor Antonio Coasaca el 2015, a quien la policía forzó a sostener clavos en la mano para detener y acusar por disturbios. Ese año, durante las protestas, la policía detuvo a 105 personas del valle.

En palabras de la exdirigente de la Junta de Usuario del valle de Tambo, Marilú Marroquín: “Toda la población que decían que no iba a venir, está aquí y va a tomar decisiones para toda la provincia de Islay (..) Dicen que somos unos cuantos, vándalos, terroristas, pero eso no somos, somos de lucha, somos guerreros, que desde hace 15 años viene soportando el asedio de esta empresa genocida Southern”.

Declaró que ya no le queda más tiempo al pueblo, porque este año varias mineras como Buenaventura, Quellaveco, Multinor, quieren realizar trasvases de agua y construir represas extrayendo las aguas del río Tambo, lo mismo que pretende hacer la empresa Southern para iniciar la construcción del proyecto minero en el valle. “Eso es lo que quieren las mineras de nosotros, nuestra agua”.

Marilú Marroquín dirigiéndose al público.

La medida de lucha y el proceso organizativo

Tras la intervención de otros representantes de los distritos de Punta de Bombón, Dean Valdivia, Cocachacra y Mollendo, la asamblea acordó por mano alzada realizar una jornada de lucha el 19 de julio junto con las organizaciones populares de Arequipa para rechazar la imposición del proyecto minero Tía María.

Acordaron fortalecer la organización distrito por distrito, por lo que el 14 de este mes habrá una asamblea en Punta de Bombón y posteriormente en Dean Valdivia y Mollendo. Para enfrentar la continua criminalización de dirigentes, la asamblea es la que decide y se organiza a través de comisiones y delegados.

Otro de los acuerdos fue enviar un comunicado formal al gobernador regional, Rogelio Sanchez, para que rectifique su posición de apoyo al proyecto minero, tal como señaló en campaña cuando visitó el valle de Tambo. También enviarán comunicados a los alcaldes para que se pronuncien a favor de la agricultura contra el proyecto minero en mención.

Plantón a las afueras de evento prominero en Ilo, Moquegua.

En la misma asamblea, también se acordó realizar un plantón en los exteriores de la cumbre minera en Ilo-Moquegua, evento organizado por la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, el 6 y 7 de junio, en la que participó el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho y el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez. El presidente de Southern también estaba anunciado en el programa, pero no llegó a la cumbre minera, quizá porque se enteró que habría protestas en los exteriores del encuentro.

De esta forma, los agricultores, comerciantes y ciudadanos en general del valle de Tambo van fortaleciendo su organización, que se encontraba debilitada, y cumpliendo sus acuerdos de cara a la medida de lucha del 19 de julio.

El pasado 10 de mayo falleció en la ciudad de Lima Juan Aste Daffós, ingeniero economista, reconocido ambientalista y sobre todo compañero comprometido con la defensa de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por el extractivismo minero. Desde la Red Muqui y el Grupo Andes, de las cuales ha sido fundador, queremos recordarlo con un breve recuento de algunos de los hitos de su perseverante labor en la defensa del ambiente y la vida desde los territorios.

En 1998, bajo la dictadura de Fujimori, la expansión de la minería impulsada por las empresas transnacionales alcanzó más de 16 millones de hectáreas concesionadas, afectando así masivamente a comunidades y poblaciones que se veían obligadas a negociar y ponerse de acuerdo con las empresas bajo la amenaza de aplicarles la “servidumbre minera”. Frente a esta nueva realidad, Juan Aste y otros profesionales y ONGs, contribuyeron en 1999 a la organización de la Confederación Nacional de Comunidades y Poblaciones Afectadas por la Minería CONACAMI, de la que fue asesor. Asimismo, escribió el libro “Transnacionalización de la Minería Peruana” (2003) poniendo en evidencia el control de la minería por el capital extranjero y sus efectos en los territorios.

Por esos años, uno de los casos emblemáticos fue la defensa del Valle de San Lorenzo – Tambogrande. Lucha en la cual, desde la Mesa Técnica de apoyo al Frente de Defensa, Juan Aste realizó el 2002 una valorización económica que demostraba la ventaja de la actividad agrícola en relación con el proyecto minero Manhattan. Dicha metodología pionera la empleó también para casos como Río Blanco (2008) y más recientemente en el de Tía María (2020).

En el año 2003 en su estudio “Perú: La Expansión Minera y la Necesidad de Una Zonificación Ecológica-Económica para el Desarrollo Sostenible”, mostró la insostenibilidad social, ambiental y económica intrínseca de la minería y se sumó a la demanda de un ordenamiento territorial descentralizado, participativo y democrático. Asimismo, en el año 2005 realizó el estudio “La Oroya: Responsabilidad Socioambiental de Doe Run Perú. Estudio Analítico del PAMA”, que contribuyó a sustentar la responsabilidad de esa empresa y del Estado en la intoxicación de la población. Situación que ha merecido recientemente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace responsable al Estado peruano por la afectación del derecho a un ambiente sano.

Como asesor de la Congresista Gloria Ramos, el 2006 elaboró el Proyecto de Ley para crear el impuesto a la sobreganancia minera que tenía por objeto beneficiar al país en los periodos en que los precios de los metales alcanzaran cotizaciones extraordinarias. Proyecto que no fue aprobado en el Congreso, pese a lo cual contribuyó a que el gobierno estableciera un mecanismo voluntario para el mayor aporte económico de las empresas mineras. El 2008 participó en la elaboración de la Ley 29293 que declara de necesidad pública e interés nacional la implementación de medidas para lograr el desarrollo urbano sostenible concertado y la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco. Ley que habiendo sido aprobada, lamentablemente no fue aplicada.

Junto con las expresiones intelectuales que hemos reseñado, Juan Aste evidenciaba su sincero compromiso con las comunidades y poblaciones a través de la amistad y solidaridad que demostró a los hombres y mujeres de las comunidades, organizaciones sociales y de las instituciones de la Red Muqui con quienes compartió más de 20 años de sueños y trabajos. Por ello, fue muy grato para el Comité Directivo y la plenaria de la Red Muqui hacerle el 2023, junto a otros defensores de los derechos, un merecido reconocimiento a su trayectoria.

A través de diferentes talleres, actividades y canales de comunicación de la Red Muqui, Juan Aste manifestó siempre su punto de vista, fundamentado y comprometido, sobre las políticas de los gobiernos de turno y la conducta de las empresas mineras que impactan negativamente sobre los derechos territoriales, ambientales y democráticos de las comunidades y poblaciones. Territorios que no representan una superficie física inanimada que pretende hacer ver el extractivismo, sino que constituyen, a través del agua, los ecosistemas, los animales y las cultura ancestrales de nuestros pueblos, su fuente y motivo de vida y la esperanza para construir un país más justo y sostenible.

De cara a los nuevos retos que enfrentan la Red Muqui y las comunidades y poblaciones en medio de la desregulación ambiental, los intentos de iniciar proyectos mineros que no cuentan con licencia social, la criminalización de la protesta y el crecimiento de la minería informal e ilegal, la ausencia física de Juan será difícil de sobrellevar, pero su extraordinario legado intelectual y el recuerdo permanente de su actuar comprometido, leal y de alegre solidaridad alentará nuestros esfuerzos.

“Quienes desean la expansión anárquica y sin límites del extractivismo minero son las corporaciones transnacionales mineras porque hoy están intentando asegurarse las ganancias para el mediano y largo plazo en el contexto de un gobierno débil y en el marco de la llamada transición energética. Sin embargo, este modelo que reproduce patrones de consumo ilimitado sigue acelerando la crisis climática y destruyendo el planeta” (Juan Aste Daffós, Noticias Muqui, 21 de febrero del 2024).

Referencias

1. “Riesgos y potencialidades del valle del tambo en tiempos de la covid-19 y reactivación económica”. Red Muqui, mayo 2020.
2. “Majaz: agro, biodiversidad y minería. un análisis costo beneficio”. Grupo Andes, 2008.
3. “La Oroya: responsabilidad socioambiental de Doe Run Peru. Estudio analítico del PAMA.” Grupo Andes, 2005.
4. “El Futuro del Complejo Metalúrgico de La Oroya.” Grupo Andes, 2005.
5. “Procesos de modernización en zonas mineras en el Perú”. Coautor de este trabajo publicado con el auspicio del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, CIID de Canadá, 2004.
6. “Perú: La Expansión Minera y la Necesidad de Una Zonificación Ecológica-Económica para el Desarrollo Sostenible”. Serie Aportes al Debate N° 8, Fundación Friedrich Ebert, 2003.
7. “Valorización económica del Valle de San Lorenzo – Tambogrande”, Oxfam GB – Oxfam América, 2002
8. “Transnacionalización de la minería peruana: problemas y posibilidades hacia el siglo XXI” Fundación Friedrich Ebert, 1997.

En la ciudad de Chucuito, región Puno, las y los vigilantes y monitores ambientales de ocho regiones del país (Cusco, Apurímac, Moquegua, Cajamarca, La Libertad, Ayacucho, Puno y Lima Provincias), reunidos los días 29, 30 y 31 de mayo, en el V Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios, con la presencia de invitados nacionales e internacionales, luego de amplio diálogo, compartir experiencias, reflexiones y propuestas, nos dirigimos a la opinión pública para expresar lo siguiente:

1. Rechazamos la Ley Nº 31973, conocida como Ley Antiforestal, que promueve la deforestación de la Amazonía “pulmón del mundo”, alentando el ingreso de economías ilegales e informales que atentan contra TODA FORMA DE VIDA.

2. Exigimos la derogatoria de las normas y políticas que forman parte del nuevo paquetazo antiambiental promovido por el régimen de Dina Boluarte y el Congreso de la República que buscan acelerar las inversiones extractivas, especialmente las mineras, a costa del ambiente, derechos de los pueblos indígenas y nuestras vidas; contraviniendo el Convenio 169 de la OIT, suscrito por Perú.

3. Exigimos el reconocimiento y la acreditación de los vigilantes, monitores, promotores y otras formas organizativas comunales y ciudadanas que cuidan y protegen a la Pachamama y sus componentes, especialmente el agua. Por lo tanto, pedimos la incorporación de las formas organizativas anteriormente descritas en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) que forma parte del Ministerio del Ambiente.

4. Expresamos nuestro rechazo a toda forma de imposición violenta, sin consentimiento social, de proyectos extractivos por parte del Ejecutivo y de los gremios empresariales mineros, que ponen en riesgo nuestras vidas y la del medio ambiente, entre ellos Colpayoc, Tía María, Conga, Río Blanco y otros.

5. Denunciamos que, como vigilantes, monitores y defensores ambientales, somos objeto de ataques, estigmatización, acoso, criminalización y persecución judicial constante por la labor que realizamos de defensa y cuidado del agua en nuestros territorios. Una situación que es aún más grave en el caso de las mujeres. En ese marco, nos solidarizamos con las y los hermanos de Pumamarca (Cotabambas –Apurímac), que sufrieron la represión y el uso de la fuerza de manera desmedida por parte de la PNP.

6. Invitamos a que otros pueblos y comunidades se sumen a la vigilancia y monitoreo ambiental comunitario para la defensa de la Pachamama y del agua, a través de brigadas, comités y otras formas de organización social.

7. Exigimos que las diferentes entidades de fiscalización y supervisión ambiental del Estado como el OEFA, ANA, gobiernos regionales y locales cumplan con sus funciones en garantizar la vigencia y respeto de los derechos de las personas y de la Pachamama, así como de fiscalizar y sancionar a las empresas extractivas que incumplen con su responsabilidad empresarial y ambiental que contaminan las fuentes de agua. Un caso concreto es el reciente derrame de ácido clorhídrico ocurrido en la comunidad Sulluscocha (región Cajamarca), que no puede quedar en el olvido como sucedió en Choropampa con un grave caso de derrame de mercurio.

Por último, ponemos en conocimiento de la opinión pública que nos venimos articulando desde hace varios años; por ello, hemos conformado nuestra Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales del Perú. Instancia que agrupa a las y los vigilantes y monitores ambientales de las diversas regiones del país. Espacio que servirá para fortalecer nuestro proceso de lucha y defensa de la Pachamama y del agua.

Puno, 5 de junio de 2024.

¡El agua no se vende, el AGUA se defiende!
¡En costa, sierra y selva el agua se defiende!
¡Queremos la vida y no la muerte!
¡El agua y nuestras vidas valen más que los minerales!

Organizaciones sociales de base que suscriben:

– Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente en la Cuenca Alta del Río Rímac
– Red de Mujeres Lideresas Unidas por el Agua – Lago Titicaca
– Comité de Juventudes de la Red de Lideresas de Puno
– Escuela de Formación de Líderes Ambientales Juveniles de Puno
– Federación de Mujeres Distrital de Challhuahuacho de Apurímac
– Federación de Mujeres Distrital de Mara de Apurímac
– Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitarios de la cuenca del río Coata – Puno
– Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitarios de Moquegua
– Coordinadora Interregional de Vigilantes y Monitores Ambientales de La Libertad y Cajamarca
– Comité Vigilantes y Monitores Ambientales de Huamachuco
– Comité de Vigilantes y Monitores Ambientales de Cajabamba y Valle Condebamba
– Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar – AVMAE
– Promotores Ambientales del Distrito de Tambobamba de Apurímac

Han transcurrido 24 años del derrame de mercurio más grande en la historia de la humanidad, ocurrió en la comunidad campesina de Choropampa, región de Cajamarca. Pese a estar plenamente identificada la empresa transportista Ransa, contratista de la minera Yanacocha, como autora de este hecho, persiste la impunidad.

2 de junio del año 2000: A más de dos décadas de registrado este desastre a la salud ambiental y humana, la población afectada por la contaminación sigue exigiendo justicia y atención integral a la salud ante el Estado peruano. Hoy, 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, sus demandas no pueden permanecer en el olvido, sobre todo cuando hace días se reportó la volcadura de una cisterna que trasladaba ácido clorhídrico para la actividad minera en la vía Cajamarca – San Marcos.

Grufides, institución asociada a la Red Muqui, ha recogido el testimonio de un grupo de personas que sufrió los mayores estragos de la contaminación originada por el derrame de 151 kilogramos de mercurio a lo largo de 27 kilómetros, entre la carretera San Juan y Magdalena, en medio del camino se encontraba Choropampa.

Tras este trágico suceso, y ante la vista gorda del Estado peruano, se sabe que Yanacocha propuso a los pobladores afectados firmar transacciones extrajudiciales por irrisorias sumas de dinero. Ante la necesidad y sin la debida asesoría legal, la mayoría aceptó esas condiciones, con lo cual renunciaron a su derecho a demandar a la empresa en el futuro por cualquier vía e instancia (nacional o internacional). Desde entonces, la población choropampina fue abandonada a su suerte y continúa en la lucha por sus derechos.

ESTADO AUSENTE

Fueron 271 personas afectadas por la contaminación de mercurio, según revela el Informe de Salud Ambiental: Evaluación realizada por la DIGESA en la localidad de San Sebastián de Choropampa en 2000. No obstante, el número fue mayor y a la fecha no se sabe con exactitud, puesto que autoridades de salud y medios de comunicación minimizaron el hecho.

El mercurio es perjudicial para el sistema nervioso, inmunitario y digestivo, así como para los pulmones y riñones, por lo cual la exposición a este tóxico es gravísimo.

Jhina Guerrero Martínez fue una de las pacientes. Tenía 8 años cuando por primera vez tuvo contacto directo con el mercurio. Al principio le llamó la atención esa sustancia y creyó que era azogue, un líquido parecido al color del mercurio que se utiliza en la sierra para curar el susto o mal de ojo.

Al día siguiente la empresa minera colocó un cartel que decía “Se compra mercurio”. Ella, como muchos otros niños y adultos recolectaron dicho líquido tóxico, no conocían las medidas mínimas de protección, y no se imaginaban que serían víctimas de daños irreversibles y permanentes en su salud.

“Pasaron los años y empecé a tener problemas con la vista. Cuando terminé la universidad, trabajé, ahorré y decidí operarme, (por lo que) me hicieron 5 cirugías oculares. El año pasado pasó lo peor; en pleno año nuevo me empezaron a doler las manos, luego el hombro, la pierna, la rodilla… Me atendí en tres clínicas en Lima y los doctores coincidieron en que tengo la enfermedad mixta del tejido conectivo”, expresó Guerrero que hoy tiene 32 años y no tiene un seguro que le cubra este tratamiento médico.

ACTITUD CRIMINAL

De acuerdo al informe que elaboró la Defensoría del Pueblo en 2001 a partir de los testimonios de la población, autoridades locales y noticias publicadas por medios de comunicación e investigaciones, el “personal de la minera Yanacocha inició una campaña de recuperación del mercurio comprándolo por sumas que oscilaban entre los cien (S/ 100.00) y trescientos (S/ 300.00) soles por kilogramo, asegurándose que el mercurio no era un material tóxico”. Hasta utilizaron una balanza de propiedad de una pequeña tienda dentro del pueblo para establecer el sistema de recompra.

Otro de los entrevistados, Salomón Saavedra Alvarado recordó las promesas ofrecidas por la empresa Yanacocha y la indiferencia de cada gobierno de turno.

“Nos ofrecieron médicos, nos ofrecieron arreglar nuestro pueblo, tantas cosas y nunca han cumplido. Ya son 24 años y no hay justicia. Nosotros buscamos la salud, tener un seguro, que nos traigan médicos, especialistas. No estamos pidiendo el sueldo de un trabajador de Yanacocha. Estamos pidiendo al Estado que se responsabilice”, refirió.

Los efectos nocivos a la salud también han alcanzado a integrantes de una misma familia, relató Juana Martínez. “En Choropampa hay (alta tasa de) mortalidad y enfermedad. No solamente yo estoy (enferma), no solo son mis hijos, mi esposo, es el pueblo en general. Yo solo pido justicia”, declaró entre sollozos.

De la misma manera, Santos Novoa y Juana Chuquiruna pidieron acceso a un seguro que cubra un tratamiento médico especializado por tratarse del derecho a la salud.

Para Pablo Abdo, abogado de Grufides, la justicia ha fallado en reparar justamente ese derecho en Choropampa debido a que la Corte Superior de Justicia de Cajamarca tuvo dos criterios ambiguos. El primero se basa en los valores de la Organización Mundial de la Salud para que una persona sea considerada afectada por el mercurio, en tanto, el segundo asegura que debe tener un nivel más alto en la sangre y/u orina.

“Esta ambigüedad de criterios, hoy nos lleva a una necesidad de que la Corte Suprema de Justicia tenga que unificar el concepto. Los datos son muy claros, si yo supero los veinte puntos, ya estaría dentro de la afectación. Si yo supero los cincuenta puntos ya estoy en un nivel tóxico, y si supera los ciento cincuenta, estoy dentro de un nivel de letalidad. El Código Civil habla de no dañar a otro, el solo daño, por más mínimo que sea debe ser reparado”, explicó.

ACCIONES COLECTIVAS

Las familias afectadas de Choropampa – Cajamarca han venido participando de la Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas desde donde se viene exigiendo la implementación del Plan Especial Multisectorial, el cual tiene por objetivo la atención médica especializada de las personas que padecen enfermedades producto de la contaminación por metales tóxicos.

Si deseas saber más sobre este caso, puedes darle clic aquí:

Choropampa. El precio del Oro

Choropampa, tierra de nadie

Nota redactada con información proporcionada por Grufides

Por: Jaime Borda
Secretario Ejecutivo de Red Muqui

En las últimas semanas una noticia que ha generado mucha complacencia en los gremios mineros y en el Ejecutivo es la subida del precio del cobre y el oro, entre otros minerales en el mercado internacional. Según el último reporte del boletín “Actualidad minera del Perú” de Cooperacción, desde mayo, la libra de cobre, el principal mineral de exportación, ha estado superando los US $5.00 la libra. La onza de oro, a su vez, ha superado los US $2300. Son niveles que, incluso, superan los del anterior superciclo de precios (2003-2012). Esta “buena noticia” en términos económicos para el gobierno de Boluarte no necesariamente es positiva para las comunidades donde se asientan estos proyectos mineros, ya que va suponer sacar adelante proyectos mineros cuestionados y por tanto se van afectar derechos humanos, derechos ambientales y derechos colectivos.

En ese sentido, la población del Valle de Tambo en Arequipa ha anunciado reiniciar movilizaciones para las próximas semanas, con dicho fin han convocado a una reunión de reagrupamiento para este 5 de junio en el mismo valle, y con ello hacer frente al anuncio de la empresa minera Southern Copper Corporation de impulsar el proyecto Tía María.

Para los pobladores del Valle de Tambo, el proyecto minero es inviable social y económicamente, ya que ellos cuentan con actividades económicas alternativas como la agricultura. Aún así, el gobierno insiste con este proyecto, así como con Conga en Cajamarca y Río Blanco en Piura, en ambos casos las comunidades y organizaciones sociales en las últimas semanas han manifestado que no van a permitir el ingreso de más proyectos mineros.

De otro lado, en el denominado “corredor minero”, la semana pasada se ha reactivado un nuevo conflicto social vinculado a la minera Las Bambas en Cotabambas, Apurímac, en el que se ha reportado y denunciado el uso de la fuerza y la violencia ejercida por la PNP contra de comuneros de Pumamarca. Acción que ha dejado al menos ocho heridos y propiedades destruidas como casas incendiadas, entre otros daños materiales. La versión del gobierno sobre este abuso ha sido señalar que en la zona se encontraban asentados mineros informales e ilegales y que el actuar policial obedece a un operativo de interdicción en la zona. Algo cuestionado por las comunidades, pues afirman no dedicarse a estas actividades y que lo que buscan es un diálogo sincero con la minera Las Bambas sobre el uso de sus tierras comunales.

De esta forma estamos asistiendo a la reactivación de varios conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera en diferentes regiones del país, conflictos que están siendo provocados por el mismo gobierno y los gremios mineros, ya que son ellos quienes insisten en expandir aún más la minería, sin escuchar a la gente, haciendo uso de la fuerza y arremetiendo contra la precaria institucionalidad ambiental que tenemos en el país, con el argumento de pretender reducir la “tramitología” minera.

Un violento intento de desalojo sufrieron ayer por la tarde comuneros del Ayllu Sallawi de la Comunidad Indígena PUMAMARCA del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac a manos de fuerzas policiales. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa numerosas mujeres y hombres heridos, en lo que habría sido una acción para desalojar a comuneros de una zona que es estancia de la comunidad dedicada a la ganadería.

La represión a manos de un contingente de varios cientos de policías contra un grupo no mayor de 50 comuneros que cuidan sus animales y ocupan allí temporalmente viviendas provisorias, dejó al menos seis heridos y se reporta un detenido. No ha quedado claro si la PNP logró su cometido de desalojar a los comuneros ya que alertada, la comunidad envió más integrantes a la zona. Al parecer la policía habría destruido o quemado numerosas chozas en acciones que se prolongaron hasta el anochecer.

Aún no está claro cuál es el motivo del intento de desalojar este territorio y quién habría solicitado esta acción que no fue notificada previamente a la directiva actual de la comunidad ha declarado uno de sus integrantes que fue contactado por Red Muqui.

En una zona aledaña se encuentra otra parte del territorio de la misma comunidad que en 2011 fue vendida a la empresa MMG Las Bambas en una venta hecha por una directiva anterior y que los actuales dirigentes consideran ilegítima y por ello habían planteado la renegociación. Al no llegar a acuerdo con la empresa se creó una mesa de diálogo con la participación de la Defensoría del Pueblo, que hasta ahora no ha dado frutos.

En algunos informes de prensa se habla de que en dicha zona en disputa,la comunidad o parte de ella viene desarrollando minería informal.

Lea aquí un informe más detallado publicado por el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú: https://conflictosmineros.org.pe/2024/05/31/casi-una-decena-de-heridos-deja-represion-a-dos-conflictos-en-las-bambas-por-tierras-y-agua/

Los comités y asociaciones de vigilancia y monitoreo ambiental de 8 regiones del Perú y del vecino país de Bolivia realizaron un plantón en la Plaza de Armas de Puno ayer como parte de sus acciones programadas en el V Encuentro Nacional de Vigilancia y Monitoreo Ambiental.

Esta movilización tuvo como objetivo visibilizar las repercusiones del denominado «paquetazo antiambiental» impulsado por el régimen de Dina Boluarte y sus aliados en el Congreso, el cual amenaza con desmantelar los procesos de evaluación ambiental en el país. Esto debido a que busca reducir los plazos del proceso de evaluación ambiental, facilitando la aprobación de proyectos mineros sin la debida participación ciudadana ni la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, violando así sus derechos individuales y colectivos, poniendo en peligro sus territorios.

Las y los manifestantes denunciaron que las concesiones mineras en cabeceras de cuenca es una práctica que pone en riesgo la calidad del agua que son vitales para las comunidades y ciudades. También rechazaron rotundamente el reciente anuncio del régimen de imponer los controvertidos proyectos mineros Tía María y Conga, que han sido objeto de intensos conflictos sociales y ambientales por no tener licencia social.

En la acción de calle se destacó la importancia de la vigilancia y monitoreo ambiental comunitaria. Los resultados de los monitoreos comunitarios en Puno reflejan una tendencia alarmante similar en otras regiones. Estos esfuerzos comunitarios han sido fundamentales para identificar y denunciar la contaminación y otros impactos negativos de las actividades extractivas.

Desde Puno se hizo un llamado urgente a la acción porque la defensa de nuestros territorios y vidas es una tarea colectiva.

Las declaraciones coincidentes entre representantes del Ejecutivo en boca del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por medio de su titular Rohel Sánchez y el vicepresidente de finanzas de la empresa Southern Copper Perú, Raúl Jacob por reactivar a toda costa el proyecto minero Tía María ubicado en el valle de Tambo en la provincia de Islay de Arequipa también está reanimando la resistencia de la población local a la instalación minera en su territorio, ya que amenaza los ecosistemas y la producción agrícola del valle.

Entre los primeros se encuentra el espacio Lomas de Cachendo declarado en 2018 como Ecosistema Frágil por Decreto Supremo, pese a lo cual el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ese mismo año le cedió mediante resolución a Southern 49,5 hectáreas de este territorio como concesión por un plazo de 21 años para su proyecto Tía María. Desde entonces, la gran mayoría de población local, que vive de la agricultura, espera que se revierta esta decisión y se proteja así un ecosistema que se destaca según el estudio realizado en 2016, por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) perteneciente al Ministerio de Agricultura, por la presencia de especies de baja resiliencia, es decir que carecen de capacidades para retornar a su estado original cuando sufren alteraciones.

Sin embargo, hacia 2019 el conflicto entre los intereses mayoritarios de la población, que mediante una consulta popular realizada en 2009 rechazó por más del 96 por ciento el proyecto Tía María, y la empresa minera quedó en compás de espera para un momento político más propicio, desde el punto de vista de los intereses empresariales, como explica el abogado de la organización de derechos humanos FEDEPAZ, David Velazco.
Esa coyuntura política esperada, al parecer, la vieron llegar los dueños de Southern con la llegada del régimen de Dina Boluarte, que desde el año pasado ha estado emitiendo declaraciones para reiniciar una multimillonaria inversión, que promete refinar 120 mil toneladas de cobre al año y crear entre cuatro y nueve mil puestos de trabajo durante su construcción, puestos que se reducirán a no más de 600 trabajadores directos, una vez instalada la infraestructura para sus operaciones.

Ante la arremetida del Ejecutivo por imponer proyectos mineros tan ampliamente rechazados como Río Blanco en Piura o en este caso Tía María, los representantes empresariales se han sumado inmediatamente. Raúl Jacob, representante de la empresa que busca explotar dos yacimientos, La Tapada y Tía María ubicados en la margen derecha del río Tambo del distrito de Cocachacra, expresó hace unos días que las condiciones sociales habrían mejorado después de años de protestas que detuvieron el desarrollo del proyecto, que, según el propio titular del Minem, Rómulo Mucho, aún carece de licencia social para avanzar,

Por ello los habitantes de Cocachacra y demás distritos en el área de influencia directa e indirecta del proyecto se están organizando nuevamente y el 5 de junio realizarán una asamblea popular en la Plaza San Francisco de la ciudad en la que decidirán los pasos a seguir, para mostrar con su presencia en movilizaciones su rechazo al deseo de reinicio de la explotación de cobre, expresado por el Ejecutivo y el gremio minero. Declaraciones a las que se ha sumado el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, que ante la pregunta sobre su opinión acerca de Tía María respondió: “Arequipa es una región minera y hay que impulsar esos proyectos”.

Para llamarle la atención sobre su responsabilidad como autoridad regional en resguardar el medio ambiente, especialmente de zonas que han sido declaradas como Ecosistemas Frágiles tal como es el caso de Lomas de Cachendo, una delegación del valle de Tambo le ha entregado este miércoles una carta en la que le recuerdan las disposiciones legales que obligan al Estado a proteger estos espacios.

El exdirigente y vocero de la zona, Roger Chirapo incluso plantea que la carta con los fundamentos legales sea certificada ante notaría y en caso de que el gobierno regional no responda a los requerimientos en un plazo de siete días hábiles, presentar un proceso de acción de cumplimiento ante el Poder Judicial para hacer cumplir el Decreto Supremo de 2018 que incluyó a las Lomas de Cachendo en la “Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles”. En 2020, el Decreto Supremo Nro. 007 del Ministerio de Agricultura aprobó un protocolo para gestionar y proteger estos ecosistemas, asignando responsabilidades específicas al GRA.

De esta forma, mediante movilizaciones y acciones ante la Justicia, los más de veinte mil agricultores y sus familias, que viven gracias a los frutos que les brindan el valle de Tambo y el río del mismo nombre, hasta ahora libre de gran extracción minera, pretenden aumentar la presión social y obtener respuestas políticas adecuadas a sus necesidades. En el pasado reciente, su determinación de proteger sus fuentes de vida fue respondida con extrema violencia por parte del Estado, que dejó un saldo de siete muertos, decenas de heridos y numerosos dirigentes sociales perseguidos criminalmente por la fiscalía. Tal vez por ello, por representar un símbolo reconocido de resistencia a la imposición de proyectos extractivos, en los últimos días han recibido días muestras de solidaridad de otras regiones del país, como de Puno. Aquí se está realizando el quinto encuentro nacional de monitores y vigilantes ambientales, que durante la jornada del jueves realizaron un plantón en la ciudad y gritaron consignas a favor de la agricultura y en contra del proyecto Tía María.

Por el momento, la resistencia manifestada parece haber hecho reflexionar al Grupo México, casa matriz de Southern, sobre su estrategia para lograr la explotación minera y ha salido a matizar las palabras de su ejecutivo Jacob. En una aclaración de mediados de semana han dicho que si bien considerarían positivo el inicio de obras de la minera antes de fines de año, “dicha construcción empezará en el momento que se considere más adecuado, pues no tiene fecha determinada”.

Afectados expresan indignación en sus testimonios: «Doctores me mandaron a comprar agua embotellada»

La Plataforma Distrital de Afectadas y Afectados por Metales Tóxicos se reunió el pasado viernes 24 de mayo en un plantón seguido de una conferencia de prensa. Las acciones tenían como objetivo exigir atención integral por parte de la Red Integrada de Salud ante los preocupantes hallazgos sobre la presencia de arsénico en la orina de los pobladores.

Según el último informe de la Red Integrada de Salud de Sánchez Carrión, se encontró arsénico en la orina de 13 personas dosadas, superando los valores de referencia. Estos resultados provienen de exámenes realizados en 2023 a 57 personas de la población, aunque hasta ahora sólo se han recibido los resultados de 32 personas.

La comunidad atribuye estos problemas de salud posiblemente a la actividad minera en zonas como El Toro, Shiracmaca, Coigobamba y Santa Cruz. «Hablamos de todo tipo de minería, grande y pequeña, tenemos niños con metales tóxicos en la sangre», expresó la vocera de la plataforma, Leslie.

Las comunidades movilizadas han solicitado además al MINAM realizar análisis para contrastar los resultados y exigen respuestas del gobierno regional y nacional. «La contaminación no es algo nuevo; es un problema que debimos abordar hace muchos años», afirmó Susan, una de las madres que pertenece a la Plataforma.

Los afectados demandan una acción inmediata, incluyendo extender los exámenes a todos los caseríos y apoyo para el tratamiento de los niños afectados. «Mi hijo de 8 años tiene plomo en la sangre por el agua potable que pasa por la minera. Se enferma constantemente», compartió María.

Una madre, cuya hija fue diagnosticada con altos niveles de metales tóxicos, lamentó la situación: «El médico nos recomendó que mi hija tomara agua mineral como tratamiento, pero ¿cómo podemos costearlo? Somos una familia pobre y no deberíamos ser nosotros quienes asumamos los costos de un problema, cuyos responsables son la minera y el Estado».

La Plataforma reclama transparencia en los resultados y acciones concretas por parte de las autoridades. «Estamos muriendo, exigimos resultados físicos, porque a mí solo me lo dijeron en palabras», reclamó el señor Emiliano, padre de un infante.

La Plataforma Distrital de Afectadas y Afectados por Metales Tóxicos de Huamachuco reiteró su llamado a la prevención, mitigación y atención inmediata de salud de las personas y del ambiente, exigiendo la identificación de las fuentes de contaminación y recursos para el seguimiento de la salud de la población afectada.