Las instituciones miembros del Grupo de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario de la Red Muqui, ante los diferentes hechos que atentan la integridad física y emocional de la monitora ambiental Jovita Dilas Cabrera, expresamos que:

– En el distrito de Chetilla, provincia de Cajamarca, la empresa minera Colpayoc S.A.C., está llevando a cabo actividades de exploración. El 28 de marzo de este año, se produjo un enfrentamiento entre los comuneros y comuneras y los operadores de la empresa minera, ya que las comunidades cercanas afirman que no fueron consultadas ni se les pidió su opinión sobre las 18 plataformas de exploración. La empresa señaló que coordinó con miembros de la Cooperativa Agraria de Trabajadores Llullapuquio, mas no con las comunidades aledañas, vulnerando así el Convenio 169 de la OIT.

– La defensora y monitora ambiental Jovita Dilas, miembro del grupo ‘Defensoras de la Vida y la Pachamama’, así como del Comité de Vigilancia Ambiental de Cajamarca, ha venido alertando durante varios años sobre los potenciales impactos de un proyecto minero que se extiende por la quebrada Portachuelo, una parte vital del río Ronquillo. Las aguas de esta cuenca alimentan el río Mashcón, que a su vez es tributario del río Cajamarquino. Estas fuentes de agua son especialmente significativas en un contexto de escasez hídrica y cambio climático, teniendo en cuenta que, según las Naciones Unidas, al 2040, Perú enfrentará mayor escasez de agua dulce.

Ante ello, manifestamos:

– Nuestra solidaridad con las comunidades y con la monitora ambiental Jovita Dilas, por las agresiones que vienen recibiendo por parte de la empresa minera y solicitamos la investigación por parte de las autoridades, y la respectiva sanción a los responsables que atentan con la integridad física y emocional de las comuneras y comuneros.

– Respaldamos las demandas de las comunidades y planteamos la inmediata instalación de un espacio de diálogo que dé lugar a acciones concretas. Esto debe realizarse en pleno respeto a los derechos humanos y ambientales, asegurando que la consulta previa sea vinculante en la toma de decisiones, y no simplemente un formalismo.

– Solicitamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que proporcione medidas de protección y apoyo a la defensora ambiental conforme al Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Frente a la crisis política, ambiental y de derechos humanos que vivimos en el Perú es clave fortalecer la articulación y proponer nuevas estrategias comunicacionales y de incidencia política en la Red Muqui, por lo cual, el 4 y 5 de abril, se realizó el II Encuentro Nacional de Comunicadores/as en la ciudad de Lima.

En este espacio participaron comunicadores y también profesionales que apoyan con labores comunicativas en las instituciones asociadas a la Red Muqui que tienen ámbito de trabajo en las regiones de Cajamarca, La Libertad, Lima, Junín, Ayacucho, Pasco, Apurímac, Puno y Cusco.

El primer día del encuentro fue un espacio de debate y reflexión de la coyuntura política y el rol de los medios de comunicación ante la captura de las instituciones, la democracia, la justicia y la imposición de proyectos extractivos mineros, así como la lucha contra la minería ilegal.

Además, colectivamente se hizo un balance y evaluación del trabajo comunicativo de los comunicadores/as a nivel macrorregional y nacional. Luego, se dictó un taller en herramientas prácticas de la inteligencia artificial para la comunicación social.

En tanto, para el segundo día se analizó el contenido de una propuesta de campaña. Por la tarde, se discutieron estrategias comunicacionales y tareas a corto, mediano y largo plazo, las cuales se concretaron en una serie de acuerdos para visibilizar los impactos del extractivismo minero, la lucha y la resistencia de las comunidades y organizaciones sociales desde la comunicación política.

Finalmente, compartimos el pronunciamiento del Grupo de Comunicadores/as de la Red Muqui emitido el 5 de abril, a 32 años del autogolpe del dictador Alberto Fujimori. La historia del Perú es cíclica, pues hoy enfrentamos la dictadura de Dina Boluarte cuyo régimen arrebató la vida de 50 peruan@s provenientes de zonas andinas y rurales. El avasallamiento de los grupos de poder del Estado, sector empresarial y medios de comunicación alineados al gobierno ameritan nuevas respuestas por parte de la Red Muqui y sus comunicadores.

Mientras el régimen de Dina Boluarte y los medios de comunicación tradicionales desvían su mirada hacia otro lado, en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, región de Cusco, desde hace más de una semana la población y las comunidades ejercen su derecho a la protesta ante el incumplimiento con acuerdos suscritos por parte de la empresa minera Las Bambas.

La mesa de diálogo instalada ayer por representantes del Estado, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otros entes gubernamentales, no logró los resultados esperados, por lo que las organizaciones sociales ratificaron la protesta de manera indefinida, reportó Derechos Humanos Sin Fronteras, institución asociada a la Red Muqui.

La minera plantea que su aporte económico se reduzca de 3 millones a 2 millones para el periodo 2022 – 2023 bajo el argumento que han disminuido sus utilidades, según informó la presidente de la Organización de Mujeres del Distrito de Velille, Elisa Salcedo Valencia. “El pueblo quiere que la minera asuma su responsabilidad y cumpla. (La minera) no ha hecho hasta ahora su aporte. El aporte es para proyectos sostenibles para el distrito”, expresó.

La propuesta de la minera es calificada como un incumplimiento y retroceso para las comunidades originarias y población local.

ANTECEDENTES

En principio, Las Bambas firmó un convenio denominado convenio marco que entró en vigencia desde el 2020 hasta el 2021. A través de este convenio se comprometió a aportar con 3 millones de soles al distrito para mejorar las condiciones y calidad de vida de la población local y las 8 comunidades originarias. En aquella oportunidad, la empresa de capitales chinos sí cumplió con su compromiso. El dinero fue destinado al sector salud (implementación del centro de salud) y agropecuario (apoyo a asociaciones de productores y compra de maquinaria, entre otros).

A partir del año 2022, las organizaciones sociales y comunidades iniciaron el proceso de negociación para que la suma de 3 millones de soles se eleve a 5 millones de soles para el periodo 2022 – 2023, luego la propuesta varió a 4 millones de soles y después a 3 millones de soles. Esta situación tuvo momentos tensos y críticos hasta este año que la empresa propuso reducir los 3 millones de soles a 2 millones de soles. El 25 de marzo se rompe el diálogo y desde el 2 de abril la población entró en acciones de protestas.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, señaló que los precios altos de los minerales en el mercado internacional se mantienen altos, por lo cual la producción de las mineras no ha sido afectada. “Los márgenes de ganancias para las empresas mineras productoras de cobre siguen siendo altamente rentables, no se puede decir que no hay ingreso o ganancias, inclusive da suficiente para que se aplique un impuesto a las sobreganancias mineras, sin embargo, el régimen de Boluarte y del Congreso no quieren hablar del tema”.

AUSENCIA DEL ESTADO

Por ahora, la protesta se traduce en impedir el paso de los vehículos de esta minera por el corredor minero que traspasa el distrito de Velille, y generan contaminación ambiental por el polvo y ruido que causan. Además de la demanda por incrementar el aporte económico, las organizaciones sociales exigen la mitigación de la contaminación ambiental, atención del Estado peruano con proyectos de inversión pública y el cumplimiento del empleo local con Las Bambas. De igual forma, piden la presencia de representantes con poder de decisión de esta minera, así como del Minem, PCM y Ministerio de Economía y Finanzas, y la instalación de una mesa técnica de la comisión de alto nivel en el distrito.

Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras

En una contundente muestra de rechazo a las concesiones mineras en su territorio, 87 comunidades de la provincia de Vilcashuamán en Ayacucho han paralizado actividades y bloqueado caminos, en un paro de 48 horas que se está realizando desde hoy martes 9 y se extenderá hasta mañana.

Emiliano Bellido Quispe, presidente de la comunidad de Colpapampa en el distrito de Vilcashuamán afirmó que los habitantes rechazan totalmente las concesiones mineras en el distrito de Vischongo y respaldan a los pueblos afectados en la zona sur del distrito como Pomacocha, Umaro y Pariamarca.

Esta paralización se desarrolla como respuesta a la creciente preocupación de los habitantes de Viscochongo ante la proliferación de proyectos mineros en cabeceras de cuenca, los cuales, según afirman, se quieren imponer sin consultar a sus habitantes y representan una amenaza para numerosos ojos de agua, manantiales y obras de regadío, con lo cual se pone en riesgo el medio ambiente, la salud de la población y el bienestar de las comunidades locales.

Se espera que durante estas 48 horas de paralización, las actividades cotidianas en Viscochongo se vean considerablemente afectadas, con el cese de labores en comercios, escuelas y demás instituciones públicas y privadas. Asimismo, ya se están realizando movilizaciones y manifestaciones pacíficas en las principales calles y plazas del distrito.

Las comunidades de Viscochongo han hecho un llamado a las autoridades regionales y nacionales para que atiendan sus demandas y detengan la expansión de las actividades mineras en la zona.

En un pronunciamiento del Comité de Lucha Pro-Agrario del 5 de abril se afirman las principales demandas de los comuneros: la cancelación de concesiones mineras, el reconocimiento del derecho de propiedad del suelo y subsuelo para las comunidades campesinas, la declaración de intangibilidad de las cabeceras de cuenca, la asignación prioritaria de presupuesto para el desarrollo de sistemas de irrigación, presupuesto para forestación, mejora de las vías de comunicación, la creación de un centro de innovación tecnológica, entre otras.

Este paro de 48 horas representa un hito en la lucha de las comunidades de Vilcashuamán por el reconocimiento de su voz y su derecho a decidir sobre el futuro de su territorio, y con su demanda de seguridad jurídica para las comunidades campesinas – concepto usualmente usado por las empresas a la hora de invertir en los países del sur global al exigir seguridad jurídica para sus inversiones – marca un precedente en la lucha contra la extracción irresponsable de recursos naturales en el Perú.
A fines del año pasado una protesta similar estalló en Huanta, y desde el 2019 existen protestas similares aún latentes en el sur de Ayacucho.

Por una Latinoamérica en defensa de la naturaleza: Expertos en temas medioambientales arriban a Perú para participar en Foro Internacional

En América Latina, la crisis climática y la contaminación ambiental tienen un impacto cada vez mayor en los territorios, afectando las áreas de cultivo y sus cosechas, secando las fuentes naturales de agua y destruyendo el ecosistema. Para abordar la problemática de lo que está aconteciendo en el Perú y en otros países de la región, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, organizará el Foro ‘Crisis Climática, Extractivismos y Conflictos Sociales’, que contará con la participación de destacados expertos, expertas y defensores ambientales de Latinoamérica, el 9 y 10 de abril, en Lima y Cusco.

El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur plantea la necesidad de una transición socio-ecológica justa y popular que pueda generar una sociedad y economía más equitativa, democrática y en armonía con la naturaleza y los animales. Busca una transformación hacia el bienestar de todos y todas. El pacto está integrado por activistas, defensores ambientales e investigadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, quienes afianzan lazos y alianzas en la búsqueda de alternativas para el bienestar colectivo.

El evento se realiza en Perú al ser elegido sede para la Asamblea Anual del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, evento destinado a compartir perspectivas, trazar directrices de acción y fortalecer la colaboración de quienes forman parte del Pacto. En el foro expondrán: Breno Bringel (Brasil), Esperanza Martínez (Ecuador), Edgardo Lander (Venezuela), José De Echave y Olivia Bisa (Perú).

Para promover espacios de diálogo y reflexión crítica sobre la crisis climática, los extractivismos y los conflictos sociales en América Latina, el foro internacional presencial será en Lima, el martes 9 de abril, a las 6:00 p.m. en el Hotel Carrera, ubicado Jr. León Velarde N° 123 – Lince. La participación es abierta al público y a las diversas organizaciones sociales. Las inscripciones se realizan en: https://forms.gle/LEkiJmGsmpQRwv4n6

DATOS:

– Breno Bringel, sociólogo, activista y editor. Es profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) de Brasil e investigador sénior de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus libros más recientes está «Social Movements and Politics during Covid-19» (con Geoffrey Pleyers, Bristol UP, 2022). Es impulsor del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y de varias iniciativas de investigación-acción.

– Esperanza Martínez, activista, bióloga y abogada de Ecuador. Integrante de Acción Ecológica y Oilwatch. Autora de varios libros y artículos. Integrante del Grupo de Trabajo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo y del Pacto Ecosocial del Sur.

– Edgardo Lander, sociólogo, investigador y profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela.

– José De Echave, doctor en Economía, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú. Se desempeñó como consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y es cofundador de la institución peruana CooperAcción. Especialista en conflictos mineros.

– Olivia Bisa, lideresa del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra -que abarca los distritos de Morona y Pastaza, en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto-. Desde diciembre de 2023 ha denunciado amenazas de muerte debido a su oposición a las actividades petroleras y al ingreso de taladores ilegales y narcotraficantes a su territorio.

Lima, 7 de abril de 2024.

Se agradece la difusión y cobertura.

Mayor información:
Carmen Amaro
Telf. 990130250

Manuel Quilla Ticona fue uno de los comuneros aymaras que se movilizó hasta Lima en marzo de 2023 para alzar su voz de protesta contra Dina Boluarte y contra el Congreso de la República. Era originario de Huancané en Puno, y haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta, derecho a la reunión y libertad de expresión, se organizó junto a sus compañeros para viajar a Lima. El día 14 de marzo de 2023, mientras se encontraba reunido con otras personas en el parque entre Av. España y Av. Garcilazo de la Vega, fue atacado por efectivos policiales, quienes lo golpearon hasta causarle lesiones graves, según el protocolo de necropsia.

Su esposa Mariela Irma Cayo declara que Manuel la llamó en la noche del 14 de marzo explicándole que ese día en la tarde había sido reprimido por la PNP. Al día siguiente, 15 de marzo, se intenta comunicar con su esposo y le responde uno de sus compañeros, quien le informa que Manuel había entrado en crisis por la represión sufrida y que lo había detenido la policía el día anterior. Irma viaja a Lima y el 17 de marzo encuentra a su esposo fuera de la Comisaría de San Andrés, sucio, descalzo, con heridas en las muñecas, una herida en la pierna, moretones en la pierna izquierda y brazos, en la ceja derecha una herida cortante. Irma llevó a su esposo a diversas clínicas y, posteriormente, se trasladaron a su comunidad de Chuquiaguillo en Huancané, donde Manuel ya no podía levantarse de la cama y falleció el 30 de marzo.

Entierro de Manuel Quilla en la Comunidad de Chuquiaguillo en Huancané-02 abril 2023. Foto: Red Muqui

Como ya se señaló en un anterior reporte de Red Muqui, la necropsia realizada concluyó que la causa de muerte de Manuel Quilla fue un traumatismo encéfalo craneano grave, provocado por un elemento contundente, haciendo referencia, también, a otras graves heridas en tórax, pelvis y extremidades superiores e inferiores. FEDEPAZ e ILLARIY, instituciones que llevan la defensa legal, en agosto de 2023 presentaron el caso ante el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP); sin embargo, en noviembre de 2023, dicho equipo remitió el expediente a la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, cuyas investigaciones se centran en el presunto delito de LESIONES GRAVES con subsecuente muerte y en el delito de TORTURA.

Ampliación de diligencias preliminares

A finales de octubre del 2023, la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima amplió el plazo para desarrollar diligencias preliminares por 60 días, a comienzos de febrero de 2024 la segunda fiscalía volvió a ampliar el plazo, ahora por 40 días.

David Velasco, abogado de FEDEPAZ explica que las diligencias preliminares tienen como objetivo la recopilación de elementos de convicción para la formalización de las investigaciones, por ello, es fundamental que la Fiscalía sea diligente y avance con la obtención de los vídeos y grabaciones de la zona donde ocurrieron los hechos, entre otros elementos. Agrega que este caso se ha presentado ante la Fiscalía de la Nación- Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales para que sea incluido en la carpeta 277-2022 contra Dina Boluarte, donde se realizan investigaciones a los altos mandos del Ejecutivo.

Por su parte, César Quispe Calsín, del Instituto ILLARIY, manifiestra que la Segunda Fiscalía ubicada en Lima, debe tomar en cuenta el elemento intercultural en su investigación, ya que Manuel Quilla era aymara y en su legítimo derecho a la protesta reclamaba por el respeto a su derecho al voto, sufriendo la discriminación y racismo del Estado. En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2023 ha señalado: “La crisis política y el descontento social no son hechos aislados, sino que, según la información recibida por la Comisión durante la visita (a Perú), guardan estrecha relación con la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país.” (párr. 8)

Luis Enrique Valdivia Calderón, quien es el actual fiscal coordinador del EFICAVIP desde febrero del presente año, fue el titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de DDHH y conoce el caso de Manuel Quilla, por lo que la defensa legal de Manuel Quilla espera que el caso pueda ser retomado por el EFICAVIP, debido a que también son hechos ocurridos en el marco de las protestas sociales de 2022 y 2023, y debe dársele el seguimiento adecuado.

Abogado César Quispe denunciando delito de tortura. Foto: Mano Alzada

Un año sin Justicia

Este 30 de marzo se cumple un año del fallecimiento de Manuel Quilla, su esposa Irma Cayo, viene realizando acciones para exigir justicia y reparación para su esposo. Irma Cayo señala que para ella y su familia ha sido muy difícil todo este tiempo por el impacto psicológico que ha generado la violencia y discriminación del Estado. Irma señala que el gobierno ha tratado a su esposo como si fuera un delincuente o un terrorista , cuando protestaba por sus derechos:“ Aún no entiendo porqué lo han torturado, por qué tenían que tratarlo así. Yo lo encontré en muy mal estado, luego de haber estado detenido en la Comisaría en Lima. Ya se está acabando el plazo para investigar, tengo que estar preparada para seguir exigiendo justicia incluso en instancias internacionales”.

El domingo 07 de abril se va a realizar una romería y movilización en Huancané en memoria de un año del fallecimiento de Manuel Quilla producto de la violencia policial en Lima. Actividades que se realizarán en coordinación con la Asociación de Familiares de Víctimas y Mártires del 09 de enero, FEDERH, ILLARIY y otras organizaciones sociales e instituciones. Las acciones de memoria son importantes para seguir honrando la lucha de las comunidades aymaras y quechuas que salieron en protesta por reconocimiento político y la defensa de sus derechos frente a un Estado excluyente y racista.

Irma Cayo sosteniendo el retrato de su pareja – 08 de enero de 2024. Foto: Amnistía Internacional

DATO: La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano quedan expresamente prohibidos los actos de tortura, en el marco de la protección del derecho a la integridad y a la dignidad personal.

La población del Valle de Tambo en Arequipa conmemoró, el último fin de semana, la lucha y resistencia popular frente al proyecto Tía María, evocando y rindiendo homenaje a la memoria de los fallecidos de la represión policial ocurrida en los años 2011 y 2015.

Dos días después, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho Mamani, compareció ante el pliego interpelatorio del Congreso de la República, debido a un clarísimo conflicto de intereses y por su posición de reactivar -a como dé lugar- el proyecto minero Tía María.

La manifestación ciudadana del Valle de Tambo tuvo eco en el pleno, con un mensaje directo al régimen de Dina Boluarte y al ministro Mucho Mamani, quien tuvo que responder, como propietario y gerente general de la empresa Pevoex Contratistas S.A., sobre su vinculación al servicio de la compañía minera Southern Perú (concesionaria del yacimiento minero Tía María) y otras empresas del rubro, sancionadas por incumplir normas ambientales.

Hace unas semanas, un destape periodístico del semanario Hildebrandt en sus trece y denuncias hechas por la Red Muqui provocaron la presentación de una moción de interpelación contra el ministro Rómulo Mucho. Sus respuestas por los proyectos Tía María y Conga, ambos sin licencia social, han generado más dudas que certezas en el pleno, tal como lo demuestran las reacciones de parlamentarios de diversos bloques políticos.

Negocio familiar con puertas giratorias

Rómulo Mucho aceptó ser el fundador y que se desempeñó como gerente general de Pevoex Contratistas S.A.C, empresa donde él tiene el 63% de acciones. Un sobrino suyo tiene el 27% y otro el 10%; es decir, es un negocio familiar. Su hija tiene la representación de la empresa desde el 1 de marzo de 2024. Seguidamente, mencionó que -el 13 de febrero de este año- presentó su carta de renuncia al cargo para asumir la cartera de Energía y Minas. De esta manera se revela la activación de las puertas giratorias, que evidencian las estrechas cercanías entre empresarios mineros y el Minem.

Southern Perú, Panamerican Silver y más contratos vigentes

En su intervención, que inició en horas de la tarde, manifestó ante la representación nacional que, el 1 octubre del año 2018, inició un vínculo contractual entre Pevoex Contratistas S.A.C. y la empresa Southern Perú. Se brindó a Southern Perú el servicio de perforación con taladro de precorte en la mina Cuajone. Este contrato se encuentra vigente hasta el 31 de marzo de 2024.

A la fecha están vigentes otros contratos: Pan American Silver en Huamachuco – La Libertad hasta el 30 de junio de 2024. Así también con Buenaventura, Raura, Nexa Resources, entre otras. En algunos casos los contratos culminan en el año 2024 o 2026.

Tía María

Sobre Tía María, Mucho Mamani dijo que, habiendo transcurrido 15 años en que en consulta ciudadana el 97% de la población de la provincia de Islay rechazó el proyecto minero, habría que preguntar nuevamente a esta población si siguen pensando lo mismo.

Southern Perú no cuenta con autorizaciones de exploración y/o explotación para Tía María, ni tampoco se encuentra tramitando dichos permisos, entonces ¿por qué el ministro promueve el inicio de Tía María si no existen las autorizaciones?, fue la pregunta número 14.

“La inactividad del proyecto Tía María no limita al Ministerio de Energía y Minas promover o impulsar su desarrollo, pues es función de este ministro promover los proyectos de inversión en el sector minero”, declaró luego de hacer un breve recuento de los antecedentes de los trámites realizados en torno a este proyecto.

Asimismo, aseguró que, en caso se reactive este proyecto, no recurrirá a medidas coercitivas y represivas para frenar las movilizaciones sociales, aunque él forma parte del gabinete del régimen de Dina Boluarte, responsable de las 50 muertes registradas en las protestas sociales a fines del año 2021 y a inicios de 2022.

Sin embargo, no retrocedió en su posición de promover la puesta en marcha de Tía María tal como lo viene haciendo desde que asumió el cargo. En esa misma línea, agregó que “tenemos 51 proyectos que requeriría una inversión cerca a 60.000 millones, que podrían generar 3,2 millones de puestos de trabajo”.

Mucho interés en Conga

La última pregunta se centró en la relación contractual que mantiene Pevoex Contratistas S.A.C. desde el 2018 con la empresa minera Buenaventura, una de las titulares del proyecto minero Conga en Cajamarca, ¿piensa también promover la reactivación del proyecto Conga a pesar de la inviabilidad social y ambiental?.

El ministro respondió que el sector especializado en materia del ambiente tiene en sus manos la viabilidad ambiental de los proyectos mineros, mientras que, el Minem promociona las inversiones como parte de una visión sectorial. “Pevoex es una empresa nacional, especializada, con alta tecnología, desarrolla actividades especializadas en minería que no son materia de promoción de inversiones”.

Tras la intervención de Mucho Mamani, varios congresistas cuestionaron sus respuestas y pidieron su destitución por su conflicto de intereses. A su vez, recordaron el nombre de los fallecidos por la represión policial durante las protestas contra Conga, así también la voluntad popular en Valle de Tambo que dijo no a Tía María.

A una semana de vencerse el plazo de inscripción de operadores mineros de minería artesanal y pequeña minería en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la problemática de la minería informal e ilegal se complica sin que hasta el momento el Gobierno plantee soluciones concretas.

Este lunes se registró una masiva movilización de las delegaciones y bases de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) por las principales calles de Lima y en paralelo en Puno. Esta vez, ciertas bancadas del Congreso de la República y viejos políticos se han “subido al coche” para poner en agenda este tema, el cual ha sido advertido por especialistas y organizaciones como la Red Muqui como complejo ante la débil institucionalidad ambiental en el país.

Cuatro congresistas han presentado en febrero proyectos de ley para derogar el Decreto Legislativo N° 1607 que modifica la Ley Contra el Crimen Organizado N° 30077 ante las protestas de la Confemin. Si los mineros informales no se inscriben hasta el 20 de marzo ante el Reinfo y siguen operando, se convertirán en mineros ilegales ante la ley y, por ende, serán investigados por el delito de crimen organizado.

Sin embargo, dichas iniciativas legislativas facilitan las condiciones para el avance y la consolidación de la minería ilegal. Por ahora se encuentran en comisión.

En el foro que organizó la Red Muqui el mes pasado, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Ruth Luque, consideró que el Reinfo ha terminado siendo una exoneración penal para quienes deciden seguir el camino de la informalidad, debido a que una vez tramitan el Reinfo, las fiscalías especializadas no pueden realizar acciones de vigilancia, control y fiscalización.

Por tanto, el pedido de los mineros agrupados en la Confemin tampoco brinda una solución a este problema, puesto que piden seguir operando hasta diciembre de este año aún sin haber cumplido con tener la documentación en regla para ello. Es decir, en algún punto la informalidad y la ilegalidad coinciden y conviven.

¿Qué hacer?

Existe una necesidad urgente de implementar políticas públicas de ordenamiento territorial y estrategias integrales que incluya los componentes ambiental, económico, político, social y cultural en el abordaje. Si deseas tener más información, puedes leer la entrevista completa realizada al secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, dando clic AQUÍ.

Foto: Intercambio.pe

Diversas organizaciones, encabezadas por las rondas campesinas y juntas recolectoras y de saneamiento de Cajamarca, se han pronunciado inequívocamente en rechazo a las declaraciones del premier Gustavo Adriazén en las que anunciaba el inminente reinicio del megaproyecto minero Conga. Entre otras críticas le han recordado a las autoridades del régimen de Dina Boluarte, que quiere imponer más minería en la región, sin resolver los problemas de la contaminación, de la destrucción de las fuentes naturales de agua, del sufrimiento de cientos de familias envenenadas con metales pesados en Hualgayoc y Choropampa. Destacan, asimismo, el caso de la ciudad de Cajamarca, 70 por ciento de cuyos habitantes está condenado a beber agua bombeada por la minera Yanacocha que destruyó el acuífero del río Grande, como lo constató el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo en 2023 tras visitar la zona.

Igualmente rechazan los anuncios del ministro más minería en el contexto de una nueva explotación como el proyecto Colpayoc, que amenaza la fuente de agua del 30 por ciento de la población restante que se abastecen del Río Ronquillo y por eso es rechazado por las Juntas de Agua y Saneamiento (JASS) y los Comuneros de Chetilla.

Las organizaciones sociales recuerdan las protestas de la población que paralizaron el proyecto en 2011 y la violenta respuesta del Estado que cobró la vida de cinco personas en las provincias de Celendín y Bambamarca. A la vez, reafirman su irrenunciable derecho a vivir en paz, libres de destrucción, corrupción y contaminación.

Por su parte, la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca ya había manifestado ayer su rechazo al proyecto minero Conga, declarando que bajo ninguna circunstancia permitirá su ejecución. A través de un comunicado difundido ayer, la organización subrayó la importancia de proteger las fuentes de agua de la región, un recurso natural prioritario para la población que prima por encima de los intereses mineros.

Los argumentos de las organizaciones sociales no son los únicos en contra. El informe técnico sobre las observaciones y comentarios al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga del año 2010, elaborado por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de Cajamarca, también advirtió los riesgos ambientales de dicho proyecto minero.

El proyecto Conga, situado en los distritos de La Encañada, Huasmín y Sorochuco, en las provincias de Cajamarca y Celendín, se encuentra ubicado sobre las cabeceras de 5 cuencas hidrográficas (Cuenca de la quebrada de Toromacho, Cuenca del Río Alto Jadibamba, Cuenca de la Quebrada Chugurmayo y Cuenca de la Quebrada Alto Chirimayo y Cuenca del Río Chailhuagon). “Con ello se corre el riesgo de desaparecer varios ecosistemas y modificar de tal forma que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.

La empresa a cargo del proyecto es la Minera Yanacocha, la cual estaba integrada por Buenaventura, Newmont y la Corporación Financiera Internacional.

Cuando el Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, anuncia que pronto habrá buenas noticias en el sector, como lo ha hecho en la recién concluida Convención Minera PDAC 2024 (3-6 de marzo) en Canadá, no sólo se deberían preocupar las comunidades campesinas de cuyos territorios se han apropiado las concesiones mineras, también la amplísima mayoría de habitantes de este país cuyas fuentes de agua nacen en la Cordillera de los Andes y donde se ubican los yacimientos de oro, plata, cobre y otros codiciados metales.

En esta edición de una de las mayores convenciones mineras del mundo, el régimen de Dina Boluarte ha apostado fuerte al enviar no sólo al controvertido titular del Minem, quien -de acuerdo a una investigación de “Hildebrandt en sus trece”- tiene mucho interés en impulsar proyectos mineros como Tía María en el Valle de Tambo y para el cual la empresa Pevoex Contratistas S.A.C. fundada por Mucho ha prestado servicios igual que para otras mineras sancionadas por incumplir normas ambientales.

Otro de quienes han ido a propagar la imagen de Perú país seguro y pujante para inversiones mineras ha sido el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, quien ha lamentado que el 90 por ciento del territorio concesionado no se está explotando, sin que mencionara, por supuesto, que la mayor parte de dichas concesiones se superponen con territorios que son hogar, tierra de cultivo y espacios de vida de cientos de comunidades campesinas que durante siglos han cuidado de las cabeceras de cuenca e incluso glaciares (como el caso del nevado Quelccaya amenazado por las concesiones de exploración de litio y uranio otorgadas a la empresa Macusani Yellowcake) de donde se abastece el agua que tomamos en Lima y en las demás ciudades y pueblos del país.

Concesiones otorgadas sin que se le informe y menos se consulte a las comunidades, lo que atenta contra el derecho a la consulta previa, como establece el Convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas.
Los ministros han respondido de esta forma al dudoso honor de haber sido designado el Perú este año, una vez más, como país minero patrocinador en la mencionada feria, la principal convención mundial de exploración minera y minería, que se celebra anualmente en el centro de Toronto Canadá.

No es casualidad tanta armonía entre estos dos países cuando de minerales se trata. Según una nota de Viviana Herrera, publicada en Mining Watch Canadá, actualmente operan más de 70 empresas mineras canadienses en Perú. En conjunto, manejan casi 10 mil millones de dólares en activos, lo que equivale al 4,5% del PIB del país andino en 2021. Con la consolidación del régimen de Boluarte, más favorable a la minería, estas empresas están viendo una gran oportunidad.

Incluso, cuando Perú se encontraba en medio de una espiral de crisis política a principios de 2023 y miles de peruanos confrontaban la violencia policial mientras protestaban en las calles, representantes de la embajada del país norteamericano se reunían con asociaciones de la industria minera y funcionarios peruanos para promover el aumento de la inversión minera canadiense en el país. Desde entonces, la sede diplomática no ha hecho más que intensificar su campaña de relaciones públicas en el año transcurrido desde que Boluarte asumió el poder.

Herrera reseña que Louis Marcotte, embajador de Canadá en Perú y Bolivia, ha participado en entrevistas con los medios de comunicación locales para promover la industria y aclamar a Perú como un socio minero estratégico, mientras que la embajada ha desplegado infografías y otros materiales en las redes sociales para describir cómo las empresas mineras canadienses hacen posible la vida en Perú: desde la producción de los metales que componen las baterías y las estructuras de autos eléctricos hasta la extracción de los ingredientes clave en productos que van desde limpiadores domésticos hasta consolas de videojuegos.

Solo para recordar que, en sintonía con esta ofensiva minera en Perú de países como Canadá, en noviembre, el gobierno lanzó el «Plan Unidos», una estrategia multisectorial para el crecimiento económico post pandémico que pretende agilizar los permisos mineros y designa el avance de siete proyectos mineros como prioridades económicas. Ese mismo mes, Boluarte promulgó un decreto ejecutivo para agilizar la concesión de permisos para el uso del agua en la minería, que se suma a varias otras reformas ya en marcha que, según el ministerio de Energía y Minas, pretenden «desbloquear los proyectos mineros y atraer más inversiones».

Porque como dijo Mucho durante su presentación en la convención “estoy seguro que la Cordillera de los Andes nos tiene grandes sorpresas”. Y aunque el ministro no se refería a un hecho que realza la biodiversidad presente en el país, en efecto esta semana se ha informado sobre el descubrimiento de un nuevo ciervo en América, el primer hallazgo de su tipo que se logra en este siglo a nivel planetario: El Pudú de Huancabamba que vive en los bosques de neblina de Piura nos recuerda la importancia de preservar hábitats no sólo imprescindibles para asegurar las fuentes de agua que allí nacen, sino que evidencia la enorme y verdadera riqueza que se halla en el país y el frágil equilibrio que nos une a los humanos con las demás especies vivas del planeta. Una alerta más de lo que significaría imponer el proyecto cuprífero Río Blanco de la empresa china Zijin justamente en esta zona. Una explotación minera impulsado por el régimen autoritario, en los distritos piuranos de Huancabamba, Ayabaca y Carmen de la Frontera, pese al rechazo abrumador de la población, que en consulta vecinal en 2007 le dijo no a la minería.