Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

En medio de la agitada campaña electoral de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo varios hechos han pasado esta semana en medio de la dramática situación por la que vienen atravesando miles de peruanos y peruanas. Según los datos del MINSA y el SINADEF, esta semana se ha registrado un promedio de 400 muertes diarias, siendo el numero más alto durante la pandemia. Lamentablemente la respuesta del gobierno sigue siendo deficiente y lenta, sobre todo para brindar oxígeno, implementar más camas UCIs, e inclusive en la gestión de las vacunas. Lo más grave es que estos datos de contagios y fallecidos ya no están presentes en los medios y la opinión publica, pareciera que hay una silenciosa complicidad de resignación frente a la situación de abandono y muerte que estamos viviendo.

Sin embargo, en medio de esta situación tan crítica, el día de ayer hemos recibido una buena noticia por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, quien anunció que el Poder Ejecutivo aprobó la creación del Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos (Decreto Supremo N° 004-2021-JUS). La norma salió publicada el día de hoy en el diario oficial El Peruano. La aprobación de esta herramienta tiene como objeto establecer “medidas para garantizar la prevención, la protección y el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades”. La norma, además, tiene un carácter intersectorial, ya que establece obligaciones para los ministerios del Interior, Ambiente, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, y Desarrollo Agrario y Riego.

Desde Red Muqui saludamos la aprobación de este mecanismo, y sobre todo la apuesta que hace el MINJUSDH para proteger a los defensores/as de derechos humanos en nuestro país. Además de los defensores ambientales asesinados en la Amazonía en los últimos meses, están los casos de hostigamiento, amenazas y criminalización de defensores en la zona andina, sobre todo donde existen grande proyectos mineros. El caso del corredor minero del sur andino es donde uno puede observar estas múltiples afectaciones a los defensores/as, sobre todo contra lideres/as y dirigentes comunales que son críticos a la actividad minera. El desafío ahora será la implementación y puesta en practica de este mecanismo, el escenario no es nada fácil, ya que estamos en un contexto de pandemia y se tienen varias restricciones y, por otro lado, debido a la crisis económica, la situación de riesgo para los defensores/as ha aumentado, tanto en zonas de actividad extractiva legal e ilegal.

El pasado viernes 16 abril, trabajadores de la empresa minera Chinalco iniciaron trabajos de instalación de mallas y cercos perimétricos dentro de la zona de las 34 hectáreas en litigio con los últimos pobladores de la antigua Morococha y dicha empresa minera.

Representantes de la población se acercaron para dar a conocer que no podían realizar ese tipo de trabajos debido a que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) no admitió la ampliación del proyecto minero Toromocho de Chinalco tomando en cuenta el informe técnico elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), donde indicaron que Chinalco no logró subsanar dieciocho (18) de las veinticinco (25) observaciones realizadas en materia de recursos hídricos.

Sin embargo, al llegar efectivos policiales manifestaron que la empresa minera no se encontraba afectando ningún derecho de ningún poblador y por tal motivo podían realizar sus trabajos. Tras una breve discusión con los pobladores continuaron con los trabajos de enmallado.

El día de ayer, martes 20, uno de los pobladores se percató que una de las tuberías de agua había sido rota en medio de los trabajos y reclamó su reparación:

“Si nosotros no estábamos presentes, fácil ni lo reparaban porque lo hicieron porque yo estaba grabando con mi celular, lo que preocupa es que vayan a dañar otras cosas cuando no estemos presentes y no se hagan responsables”

Cabe recordar que todo ocurre en medio del hostigamientos que la empresa minera Chinalco viene desarrollando en contra de las 25 familias que aún viven dentro de las 34 hectáreas; quienes se encuentran preocupadas porque ocurran más daños que no terminen siendo reparados, un temor comprensible si tenemos en cuenta que desde finales del año pasado se han visto afectados los servicios básicos como la electricidad y el agua e incluso la empresa ha limitado el tránsito de las vías a sus domicilios. Motivo por el cual, el Frente de Defensa de Morocoha  interpuso un hábeas corpus el 17 de noviembre pasado para que la empresa desbloquee las vías; sin embargo, el Poder Judicial aún no responde.

Especialistas analizaron problemática en conversatorio «Morococha: un pueblo despojado por la gran minería»

El día de ayer miércoles 21, desde Red Muqui y la Pastoral social y dignidad humana (PASSDIH) en colaboración con el medio digital Wayka se llevó a cabo un conversatorio en el participaron los principales actores sociales de la problemática que se vive en la antigua Morococha. Participaron; el cardenal Pedro Barreto del arzobispado de Huancayo, la Sra. Julia Cuadros, directora de Cooperacción; Elvis Fuster, Presidente del frente de defensa, el Ing. Edwin Alejandro de Red Muqui; y el Dr. Carlos Castro, abogado de los afectados de Morococha.

En ese sentido el Dirigente Elvis Fuster señaló que el gobierno no tiene interés en atender las denuncias de las familias de Morococha que actualmente tienen las vías bloqueadas a sus hogares por parte de la minera Chinalco. Además solicitó al Estado peruano que se cumplan los derechos y compromisos en el estudio de impacto ambiental de la empresa minera Chinalco, la cual busca desconocer a la población dentro del estudio.

Por otro lado, Julia Cuadros de Cooperacción indicó que «estamos viviendo una situación en la que llega una gran cantidad de inversiones extranjeras. En ese contexto, hemos identificado un patrón de violación de derechos de las empresas chinas, ante nuestra falta de institucionalidad». Además, manifestó que en los últimos años la institucionalidad en el Perú se ha flexibilizado y nos ha puesto vulnerables frente a las inversiones extranjeras».

Desde Red Muqui, el Ing. Edwin Alejandro indicó que el desempleo ha tenido un gran impacto en la población. «Cuando la minera llegó, se comprometió en generar 417 puestos de trabajo y reubicar a los pobladores, pero una vez que fueron desplazados a la nueva Morococha, quedaron abandonados. Además en Carhuacoto no hay actividad económica». Cabe señalar que muchos de los reasentados han terminado optando por migrar a otras ciudades debido a la falta de actividad económica en Carhuacoto. En la actualidad muchas de las viviendas que fueron entregadas lucen vacías y son alquiladas a trabajadores mineros.

Desde el plano legal, el Dr. Castro manifestó que «La defensa de las 25 familias afectadas en Morococha es urgente. Para que una expropiación sea válida y legítima, esta tiene que respetar el derecho al debido proceso de los titulares, algo que no ha pasado en este caso». Según lo dicho por el Dr. Castro, se denunció en el 2018 la transgresión al derecho de propiedad, debido a que Morococha fue expropiada para entregársela a la empresa minera Chinalco. Por ello se interpuso una acción de amparo que se presentó en el 2018. También se pronunció respecto al Habeas Corpus que se ha interpuesto a la libertad de tránsito por haber desaparecido todo los accesos y vías de comunicación a Morococha, en definitiva, estas personas se encuentran aisladas.

Para ver el conversatorio dale click aquí

Por: Juan Aste Daffós – ingeniero economista especialista en minería                 

En las últimas elecciones del 11 de abril 2021, solo con contar con la votación del extranjero (177,600 votantes y un ausentismo del 80%), en el Perú votaron 17’119,618 votantes, en medio de un ausentismo de 6’663093 de personas; es decir, el 28.02% de los electores hábiles (23’782,711), y un 19.3% del voto blanco y viciado, han pasado a la segunda vuelta, los dos candidatos y partidos que tienen un relativo mayor vínculo, cercanía o reconocimiento de la población local.

Pedro Castillo (Perú Libre), con 19.19% de votos válidos a nivel nacional, ganó principalmente en los departamentos andinos y en las zonas de sierra de las regiones de la costa, pero también en todas las provincias de Moquegua y Tacna. Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con 13.36% ha ganado principalmente bajando de las partes altoandinas hacia la costa y en algunas capitales departamentales (Chiclayo, Piura y Tumbes, por ejemplo) y provinciales (provincia Santa y distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote en Ancash), en particular del norte. En la medida que se baja hacia la selva de Ucayali y Loreto la votación ha sido para la derecha.

El mayor ausentismo se ha dado en la selva baja como Amazonas, Loreto, Ucayali y en menor medida en San Martín, junto a los departamentos con importante presencia minera como Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Pasco, junto a Piura que no es minera; mientras los departamentos mineros del Sur Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua y Tacna tienen un bajo nivel de ausentismo.

En la Provincia de Lima ganó Avanza País, Renovación Popular, y Fuerza Popular que obtuvieron mayor votación en los distritos con mayor población y pobreza. En los distritos de Lima, Fuerza Popular ganó en Carabayllo, Ate, Puente Piedra, Villa El Salvador, Villa María de Triunfo; quedó segundo en Independencia, Comas, y San Juan de Lurigancho, y tercera en San Martín de Porres, y San Juan de Miraflores, por citar los de mayor población y pobreza.

La respuesta electoral en favor de Pedro Castillo Terrones, profesor y dirigente sindical, rondero del distrito Tacabamba, nacido en el Centro Poblado de Puña, ubicado en la provincia de Chota (Cajamarca) representa el respaldo a un representante andino del campo que forma parte de los que  rechazan la situación generada por la corrupción del Estado, el incumplimiento de las promesas de los partidos políticos, la discriminación y el abandono de las poblaciones en el acceso a la salud, la educación, y la agricultura familiar abastecedora de alimentos a las ciudades.

El apoyo a Keiko viene por el lado de la presencia con donaciones y apoyos realizados en los 90s con Fujimori, pero ahora en medio de la pandemia y parálisis económica, su apoyo está en la gente que ha sido bombardeada por el neoliberalismo por 30 años, que cree que un cambio drástico en la economía, como por ejemplo la nacionalización del gas a través de la revisión y cambio del contrato del gas de Camisea; el control de los recursos de cobre, oro y plata; y el apoyo a la agricultura familiar y a la micro y pequeña empresa en las actuales circunstancias, tal como lo plantea Castillo, haría que suba el dólar y la inflación, las empresas decidan postergar sus inversiones, habría fuga de capitales, con la consiguiente reducción del consumo y la inversión; y los dejaría sin trabajo e ingresos que requieren para alimentarse y conservar su salud en medio de la crisis sanitaria y la parálisis de la economía.

En el congreso se vislumbra que más de la mitad de los congresistas será “fujimorista” (Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y parte importante de Acción Popular), con lo cual el referéndum y las leyes vinculadas a las propuestas de la izquierda (PL y JP) en beneficio del pueblo serían bloqueadas por “populistas”.  En cualquier caso, el aval a un probable gobierno de Castillo estará en la calle, en la movilización social, en la capacidad de incidencia de los actores sociales.

¿Qué resultados se tienen en los departamentos y en las provincias donde hay minería?

En Amazonas y Madre de Dios la población votó mayoritariamente por Castillo. En Madre de Dios, las tres provincias votaron por Castillo; sin embargo, en Amazonas, 5 de 7 provincias votaron por Castillo y en las otras dos, Condorcanqui y Rodríguez de Mendoza, votaron mayoritariamente por Ollanta y Lescano, respectivamente.

En Piura, en Tambogrande y Las Lomas ganó Keiko como en todo el medio y bajo Piura, pero en Ayabaca y Huancabamba, zona de rondas donde se ubica el proyecto Río Blanco, ganó Castillo; pero el nivel de ausentismo ha sido del 44.14% en Huancabamba y del 60.95% en Ayabaca. Una explicación en Tambogrande es la importante presencia de productores medianos y pequeños y comerciantes ganados por el discurso que un cambio radical de la economía (por parte de la izquierda) sería su desaparición y porque podríamos seguir el camino de Venezuela.

En el departamento de Lambayeque ganó Keiko, ganando en las provincias de Chiclayo y Lambayeque, pero en la provincia de Ferreñafe (6 distritos), Castillo ganó en el distrito de Cañaris, Incahuasi y Pitipo, y perdió en los 3 distritos más cercanos a la costa.

En La Libertad, Castillo ganó 7 de 12 provincias. Estas son Bolívar, Pataz, Sánchez Carrión, Julcán, Otuzco, y Santiago de Chuco, que son provincias mineras y agrarias, y Virú de la costa vinculada a la lucha de las y los trabajadores de la agroexportación. En la provincia Sánchez Carrión constituida por 8 distritos, Castillo le gana a Keiko en 5 distritos y Keiko le gana a Castillo en 3, aunque en 3 distritos gana Acuña a ambos. En Huamachuco gana Keiko por una diferencia de solo 255 votos (5,931 a 5,676).

En Ancash ganó Castillo en provincias altoandinas y keiko ganó en las provincias de la costa, pero en el agregado departamental ganó Castillo, porque ganó en la mayoría de las 19 provincias de Ancash, en particular en provincias vinculadas a la minería como Bolognesi y Huaraz.

En Junín ganó castillo en 7 de 9 provincias. Perdió en Jauja y Tarma donde ganó Keiko. En las zonas mineras de Chupaca, Chanchamayo y Yauli ganó Castillo.

En Pasco, Castillo ganó en las provincias de Pasco y Daniel Carrión, y en Oxapampa ganó Keiko, pero en el agregado ganó Castillo por casi el triple de los votos a Keiko que llegó segunda.

En todas las provincias de los departamentos de Huánuco, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Tacna, más vinculados a la actividad minera, ganó Castillo. En Puno, salvo la provincia de Puno, donde ganó Lescano, en las 12 provincias restantes del departamento de Puno ganó Castillo.

De los tres distritos de Ilo en Moquegua, solo en el distrito Pacocha, con muy pocos votantes, De Soto ganó con 792 votos, seguido de Lescano (532), López Aliaga (365), Forsyth (219), Verónika (213), Castillo (174), Urresti (112), y el resto tiene menos de 90 votos. En este distrito se ubica la fundición y la refinería de cobre de Southern.

En Arequipa, salvo Caravelí, Castillo ganó en todas las provincias, y en el pequeño distrito Arequipa (centro de la ciudad de Arequipa) ganó De Soto, luego López Aliaga, Lescano y luego Castillo y Verónika. En la provincia de Islay ganó Castillo con el 42.04%, seguido de Acción Popular con 11.97%, Avanza País con 11.16%, y Juntos por el Perú con 7.93%. En el valle de Tambo, la votación fluctuó en favor de Castillo entre un 63% en Dean Valdivia, 53.7% en Cocachacra, 56% en Punta de Bombón y 37.89% en Mejía. En el distrito de Islay Castillo alcanzó el 42.43% y en Mollendo tuvo su nivel más bajo con 28%.

¿Qué propuestas e iniciativas podemos impulsar?

En el actual contexto se acentuó el sentimiento de rechazo a los políticos y los partidos que han manejado el gobierno y el Congreso, al abandono del Estado respecto a los problemas en las regiones, y en menor medida a la corrupción. Se acentuó la interiorización de los sentidos comunes del neoliberalismo, en concreto en la creencia que un gobierno de izquierda afectaría la economía de las micro y pequeñas empresas y de los propios informales y con el tiempo aumentará la pobreza.

Por ello, Keiko propone “generar riqueza, no pobreza” y “promover la micro, pequeña y gran empresa, no expropiarla ni estatizarla” así como que no se cambie la constitución de 1993 al proponer “un modelo de economía social de mercado, no marxismo ni comunismo”. Es decir, Keiko plantea que las cosas queden como están.

Las principales propuestas de Castillo están referidas a la nacionalización del gas y control de recursos como el oro, cobre y plata; realizar un referéndum para una asamblea constituyente que apruebe una nueva constitución que priorice salud y educación; efectuar una segunda reforma agraria; e incorporar las rondas al sistema de seguridad nacional articulándolas con la PNP y el serenazgo de las municipalidades. Lo cuestionable son los derechos civiles, en particular respecto al enfoque de género, aunque la congresista Zaira Arias Berrocal ha aclarado que se trata de un proceso en debate de abajo hacia arriba para establecer la política más adecuada.

Se hace necesario que las instituciones que acompañan a las comunidades y poblaciones afectadas por la minería puedan aportar en la democratización de las decisiones del Estado; el cambio del modelo extractivista que incluya la nacionalización de los recursos estratégicos, y que se concrete la diversificación económica y los planes participativos de ordenamiento territorial que definan el uso de los recursos en el territorio; el respeto a las consultas vecinales en Tambogrande, en Huancabamba y Ayabaca, en el Valle de Tambo en Arequipa, y en Conga en Cajamarca, y no se concreten proyectos mineros en dichos territorios por considerarse de inminente daño, y por lo tanto, plantear la moratoria y el retiro de concesiones en estos lugares; el impulso a un proceso popular constituyente camino hacia una nueva constitución; prioridad en salud, educación y agricultura familiar dentro de las alternativas al desarrollo desde los territorios.

En lo ambiental, demandar la eliminación del silencio administrativo positivo; conservación y protección de los bosques y los ecosistemas hídricos en las nacientes de las cuencas y con mayor razón tratándose de ANP, incluyendo las ACP. Establecer con claridad que la prioridad en el uso del agua la tiene el consumo humano, la agricultura familiar y la pequeña agricultura. Consultar con las poblaciones locales directamente involucradas en una cuenca y antes del otorgamiento de las concesiones, sobre la incorporación de la actividad minera y el riesgo de sus alternativas de vida

Las alternativas deben partir de la agenda de la Red Muqui, del informe de las críticas y propuestas frente al informe de la comisión para el desarrollo minero sostenible, de los estudios de caso que se hayan realizado y donde existan propuestas concretas.

Finalmente, en este escenario, es fundamental que las instituciones comprometidas con preservar el medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería conversen con el profesor Pedro Castillo y su equipo del plan de gobierno.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Pasada la fiebre electoral es hora de mirar con detenimiento lo que se viene para la segunda vuelta. Para muchos el resultado de las elecciones del 11 de abril ha sido sorpresivo, evidencia que los análisis y debates no sirven de mucho a la hora votar. Según los datos oficiales de la ONPE, los resultados señalan como ganador a José Pedro Castillo Terrones de Perú Libre con el 19% de los votos válidos, y en segundo lugar a Keiko Sofía Fujimori Higuchi de Fuerza Popular con el 13,3% de votos. En el tercer lugar se ubica Rafael López Aliaga; en el cuarto lugar, Hernando de Soto; en el quinto lugar, Yhony Lescano; y en el sexto lugar, Verónika Mendoza. Un dato no menos importante es el ausentismo registrado en estas elecciones, casi un 30% de la población no ha salido a votar y, por otro lado, está el dato de que un 18% de la población ha votado en blanco o nulo. Finalmente la suma de los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta apenas llega al tercio de los votantes; esto significa que hay una muy baja representatividad y legitimidad en términos de números de cara a la segunda vuelta. De otro lado, los resultados para el Congreso de la República también evidencian que la crisis política podría mantenerse, ya que tendremos nuevamente un Congreso fragmentado y ningún partido tiene una mayoría de más del 50% del total de congresistas. Por ahora se sabe que 10 partidos políticos tendrán un nivel de representación en el Congreso.

Así mismo, estos días estamos asistiendo a algunas discusiones que se han abierto en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, que apelan al insulto y al descrédito de cada candidato. Las expresiones clasistas y racistas abundan en las redes, parece ser que la segunda vuelta se definirá por los antivotos y la polarización que generan ambos candidatos. Desde nuestro punto vista se podría afirmar que ambos tienen apoyo y arraigo popular, pero donde reside la gran diferencia es en los cambios que plantean en materia económica. Para Pedro Castillo de Perú Libre esta discusión pasa por una nueva Constitución en nuestro país; para el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, no se debería hacer ningún cambio, por el contrario ellos buscan afianzar el modelo económico y que no se toque ningún capitulo de la Constitución.

Lo cierto es que en estos momentos hay muchas dudas sobre las propuestas y el plan de gobierno de Pedro Castillo, algo que seguramente él y su partido tendrán que explicar y aclarar durante la campaña en esta segunda vuelta; pero en el caso de Keiko Fujimori tenemos las certezas del gobierno de su padre del que ella formó parte y, sobre todo, el comportamiento que tuvo en las elecciones y su nefasto rol obstruccionista en el Congreso pasado, algo que no olvidamos. Desde Red Muqui creemos que la principal agenda de esta segunda vuelta debe ser la atención a los pueblos más olvidados de nuestro país, no es posible que en medio de una pandemia y de una crisis económica sin precedentes, se siga afirmando que somos un país desarrollado, y que el modelo económico aplicado desde los 90 ha funcionado. Miles de peruanos y peruanas han fallecido durante la pandemia sin poder acceder a oxigeno o a una cama UCI, no podemos seguir viviendo de espaldas a esta realidad.  Ya es hora de atender las demandas de los pueblos.

 

 

No solo en las provincias donde actualmente se desarrollan los grandes proyectos mineros: Antamina – Huari, Ancash -; Las Bambas – Cotabambas y Grau, Apurímac -; Antapaccay – Espinar, Cusco -; Constanza – Chumbivilcas, Cusco -; Toquepala – Jorge Basadre, Tacna -; Perú Libre con Pedro Castillo ganó abrumadoramente las elecciones con más del 50% en las votaciones; sino también en las provincias donde desde hace más de una década se rechaza la imposición de proyectos mineros: Conga -en las provincias de Cajamarca y Celendín -; Río Blanco -en Ayabaca y Huancabamba, Piura – ; y Tía María – en la provincia de Islay, Arequipa -.

Proyecto Minero Región Provincia Ganador primera vuelta
Yanacocha – Conga Cajamarca Cajamarca y Celendín Perú Libre (39.9% y 52.6%)
 Zijin – Río Blanco Piura Huancabamba y Ayabaca Perú Libre (47.8% y 36.6%)
Southern – Tía María Arequipa Islay Perú Libre (42.2%)

 

Frente a estos resultados, conversamos con 3 dirigentes de las rondas campesinas, magisterio, y Junta de Usuarios, que han rechazado todos estos años la imposición de los proyectos mineros mencionados.

 

Declaraciones de Isaac Huamán, dirigente rondero de Huancabamba, Piura.

¿Por qué han votado mayoritariamente en las provincias de Ayabaca y Huancabamba por el profesor Pedro Castillo?

En nuestras dos provincias hay comunidades y rondas campesinas que hace mucho tiempo vienen buscando justicia. Esta realidad hace que las organizaciones de base se sientan representadas por Pedro Castillo y se le ha dado un voto de confianza porque es un rondero de su base en Chota – Cajamarca.

Y ahora en segunda vuelta las rondas lo van a respaldar porque se quiere implantar un proyecto minero sabiendo que hubo una consulta vecinal hace años que hasta ahora no se respeta por los gobiernos que hemos tenido, que siempre han querido imponer el proyecto Río Blanco, pero lo hemos rechazado.

¿Cómo tomaron la decisión?

Hubo pequeñas reuniones entre nosotros mismos. En un inicio nuestro representante iba a ser Lescano, pero viendo su plan de trabajo y lo que decía en la radio, analizamos que no era el adecuado. También vimos a Verónika Mendoza, pero analizamos que lamentablemente como mujer no iba a tener respaldo, porque en el Perú hay mucho machismo, por eso optamos por Pedro Castillo finalmente. La gente de Goyo Santos, las bases del MAS, en las provincias han apoyado a Castillo. Tenemos a 2 alcaldes del MAS, uno de Carmen de la Frontera y otro de toda la provincia de Huancabamba.

¿Conocen las propuestas de Pedro Castillo sobre minería?

Conocemos a través de sus comunicados y sus entrevistas, que ha señalado se tiene que consultar a los pueblos donde es viable la minería y dónde no. Y en Huancabamba se ha hecho un estudio en 2002 y no es factible. Pedro Castillo es claro en eso. Ya no mas minería donde hubo consulta y el pueblo la rechaza, y donde no es viable por sus graves impactos ambientales. Esto, además, lo han refrendado los dirigentes provinciales de Perú Libre.

¿Cuál es su evaluación sobre los resultados del fujimorismo?

En el departamento de Piura y la provincia de Ayabaca y Huancabamba, deducimos que el fujimorismo ha tenido apoyo en la votación en nuestras provincias (13% y 14%) por la gente que quiere que el proyecto minero Río Blanco se imponga en la zona, porque acá no hay comités ni dirigentes visibles. Lo que hay son promotores y trabajadores de la empresa minera que quieren convencer al pueblo de que el proyecto minero vaya, a pesar que las municipalidades no les han dado el permiso para que instalen sus oficinas en la provincia y a pesar de no tener la aprobación del Ministerio de Energía y Minas.

Finalmente, sabemos que en el centro, el sur, hay problemas sociales, donde las transnacionales no respetan los derechos humanos, a la gente humilde y por esa razón Pedro Castillo ha ganado en 18 regiones del país. El Estado piensa desde siempre que puede pasar por encima de lo que los gremios y las comunidades reclaman.

 

Declaraciones de Marlen Livaque, rondero, dirigente de la Plataforma Insterinstitucional Celendina y secretario general del Sindicato de Trabajadores en la Educación de Celendín (BARETRAEC)

¿Qué explicación tiene la votación abrumadora a favor de Pedro Castillo en Celendín?

Todavía no hemos hecho una evaluación colectiva, pero los resultados (52% a favor de Perú Libre) se dan por el abandono de los gobiernos de la derecha que nos han gobernado y siempre nos han olvidado, tratando como la peor cosa a los campesinos.

La ciudadanos están tomando conciencia y sacándonos la venda de los ojos y ya no nos dejamos engañar tan fácil por la derecha. Mas de un 98% de los partidos políticos son delincuentes, no son partidos, son mafias.

Estos señores que parecen educados, llegan solamente para saquear, robar el país. Hernando De Soto, que en algún momento dijo que destrabaría los proyectos como Conga, Tía María, es un ejemplo de ello. Con estos resultados estamos demostrando que cuando el pueblo se une va a haber cambios. En la provincia un maestro ha estado como candidato y ha entrado, se llama Echevarría.

¿Y cuál es su evaluación sobre la candidatura de Keiko Fujimori?

La delincuente de la hija de Fujimori no debe gobernar al país. Ha hecho mucho daño a nuestro país. En Celendín la gente está al tanto de los medios y gracias a la lucha que hemos tenido contra Conga, la gente está despertando cada vez más. Hay mayor conciencia en nuestros ciudadanos.

¿Fue una decisión colectiva el apoyo a Pedro Castillo?

No. Ha sido a nivel individual, pero la mayoría de ronderos y profesores ha votado por Pedro Castillo. Un sector del sindicato y de las rondas también apoyó a Marco Arana y también ha habido gente que ha apoyado a Verónika Mendoza. Tienen propuestas parecidas: Ordenamiento territorial y, por ejemplo, donde hay acuíferos no debe haber minería. Pedro castillo ha señalado que es el pueblo quien debe tomar las decisiones y, por lo tanto, acá ya se ha decidido desde varias provincias: Bambamarca, Cajamarca, y el propio Celendín, que Conga es inviable. También le hemos escuchado decir hoy que Conga y Tía María no irán en su gobierno.

Acá no les queda otra a las transnacionales. Tienen que rendirse, tienen que irse.

Marlen nos cuenta que en la provincia de Celendín solo hay un hospital y no tiene médicos especialistas. «El pueblo ha hecho una colecta y se ha gestionado oxigeno para Celendín, que tiene 100 mil habitantes».

 

Declaraciones de Miguel Meza, uno de los voceros del valle de Tambo de la provincia de Islay, Arequipa.

¿Por qué Pedro Castillo saca más de 40% de votación en toda la provincia de Islay?

Acá hay una desconfianza generalizada hacia los partidos políticos en general. Al inicio ella tenía bastante aceptación aquí, pero no se supo manejar en estos meses de campaña y luego vino Pedro Castillo, visitó el cementerio donde están nuestros mártires de la lucha contra el proyecto Tía María, y poco a poco fue subiendo con la fuerza del pueblo.

Pedro Castillo como era nuevo, en Arequipa y el sur creció bastante y donde hay presencia minera o donde ha habido conflictos, ha tenido buena votación a diferencia por ejemplo de Loreto, Ucayali, Amazonas, Lima y Callao donde no aparece. Pero aquí y en Tacna, Moquegua, Cusco, aparece, porque hay problemáticas sociales latentes, vinculadas también al sector minero.

A Verónika como ya ha sido congresista,  se le conoce  ya como parte del sistema político de alguna manera. De todas formas, nosotros hicimos firmar a los candidatos un compromiso con el valle de Tambo. A Marco Arana, Pedro Castillo y a Verónika Mendoza, que estuvo un corto tiempo cuando estuvo por acá.

Castillo firmó el acta y dijo hay que aumentarle la aprobación de una nueva Constitución. Esperábamos también a Lescano pero no vino a valle de Tambo, se corrió. Se burló prácticamente del pueblo del valle. Para el Congreso ha salido electa María Agüero, que siempre venía al valle, cuando había y no había huelga junto al Dr Jorge del Carpio. Ella ha sacado buena votación acá.

¿Cómo le fue al fujimorismo en el valle?

Me he sorprendido que hayan votos para el fujimorismo. Es raro que haya habido votos para el fujimorismo. El fujimorismo después del 2000 nunca ha tenido buena votación aquí. Quizá en los 90s en la época de la dictadura sí. Creemos que los operadores de la empresa minera Southern han estado llamando a votar por el fujimorismo.

¿Como evalúan esta 2da vuelta ahora?

Al valle de Tambo no le conviene que gane Keiko Fujimori. Vamos a impulsar una reunión para tomar una postura clara y no permitir su victoria.

En el valle de Tambo, nos comenta Miguel, no hay ningún hospital, se tienen que ir hasta Mollendo donde hay un hospital de Essalud que no tiene la infraestructura adecuada y no tiene oxígeno.

 

A punto de cumplir 200 años de la independencia del Perú, actualmente el estado se encuentra en una gran deuda respecto al derecho a la salud ambiental producto de la promoción indiscriminada y sin regulación de la minería en territorio nacional. Son las comunidades y poblaciones de las zonas más pobres quienes reciben el mayor impacto contaminante de la industria minera, por la contaminación, el aire, el agua o el suelo. Respecto a ello el Ministerio de Salud el año pasado identificó 10 millones de personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas en el país (Informe Especial N° 060-2020-JAMC-DENOT-DGIESP/MINSA). La mayoría de esta contaminación es a causa de las industrias   extractivas como la minería, es por ello que desde septiembre de 2020 la PCM viene construyendo el “Plan Especial Multisectorial de atención a personas afectadas por metales tóxicos”, este plan aún no se encuentra aprobado y se espera que puede aprobarse e implementarse de manera efectiva.

De igual forma en el Congreso de la República el 31 de marzo aprobó por unanimidad el Dictamen 21-2017-2018 /CSP-CR, dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 1256/2016 y Ley N° 2740/2017 para Fortalecer la Prevención, Mitigación y Atención de la Salud Afectada por la Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas. Esta ley aún se encuentra esperando ser aprobada por el Ejecutivo Nacional. Entre las principales medidas que establece están:

  1. Enfoque de salud humana y ambiental en políticas públicas
  2. Articulación intersectorial e intergubernamental
  3. Actualizar Protocolos e instrumentos técnicos del MINSA.
  4. Creación del Registro Nacional de personas afectadas en la salud por metales pesados y otras sustancias químicas.

Es importante resaltar que son dos los principales problemas para la implementación efectiva del derecho a la salud ambiental: 1) actualmente no existe una política intersectorial donde los criterios de productividad respondan también criterios de protección de los derechos humanos. Son los Ministerios como Energía Minas, Producción o Economía y Finanzas quienes han venido ordenando las políticas públicas del estado y se han dejado de lado el fortalecimiento de las rectorías de Ministerios como el de Salud y Ambiente.  2) La falta de descentralización política, económica y ambiental.  Actualmente es el gobierno central quien termina decidiendo la aprobación de los proyectos mineros de la gran minería y base al sistema que además sostiene un sistema de evaluación, fiscalización y sanción ambiental debilitado y centralizado.

Los retos de cara al Bicentenario, son que el movimiento social y de derechos humanos pueda lograr poner en el centro la importancia de un desarrollo económico justo es decir que no siga sacrificando la vida de las personas y violando derechos humanos, y para esto es necesario que la gestión de la minería no siga estando en manos  de los privados y sea el Estado que de forma descentralizada , participativa y en base al respeto al ambiente pueda planificar  la producción minera y contener su expansión indiscriminada , para ello es necesario un nuevo marco constitucional que constitucionalice y establezca la más alta jerarquía el derecho a la salud ambiental y derechos sociales conexos.

Queda claro que en el marco de las elecciones generales que los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) al ser defensora de la Constitución de 1993 seguirá defendiendo un modelo de desarrollo y expansión minera a costa del derecho a la salud ambiental. Por su parte Pedro Castillo ( Perú Libre) ha dicho que quiere nacionalizar los recursos estratégicos y además propone una Nueva Constitución, esperamos que esta política de nacionalización vaya de la mano con políticas de protección ambiental y atención efectiva de la salud de las miles de personas afectadas por metales tóxicos productos de la industria minera en nuestro país, ya que los derechos no puede seguir esperando más en nombre del desarrollo económico.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

El pasado 30 de marzo desde la Red Muqui hemos tenido a bien organizar el debate electoral denominado “Construyendo Alternativas Frente a la Expansión Minera”, en dicho espacio participaron candidatos a la plancha presidencial de 5 partidos políticos: Victoria Nacional, Juntos Por el Perú, Perú Libre, Partido Nacionalista y el Partido Morado. Las preguntas que les planteamos a los representantes de estos partidos son parte de la #AgendaMuqui2021, documento que es fruto de un proceso continuo de debate y reflexión, que ha recogido aportes de los espacios macro regionales del norte, centro y sur del país, así como las demandas y preocupaciones de las organizaciones sociales, poblaciones y comunidades afectadas por la minería en el país.

Los cuatro ejes sobre los cuales han respondido los candidatos son: 1) Derechos humanos, conflictos sociales y criminalización de la protesta. 2) Atención para afectados/as en la salud humana y ambiental en zonas mineras. 3) Territorio, concesiones mineras, consulta previa. 4) Alternativas al desarrollo y diversificación económica. Las respuestas de los candidatos/as han sido variadas. Sobre el primer eje, varios han insistido en la necesidad de ratificar el acuerdo de Escazú para proteger a los defensores ambientales y revisar algunas normas que permiten la criminalización de los defensores ambientales. En relación al segundo eje se habló de reducir los pasivos ambientales, indemnizar a las familias afectadas por las empresas mineras y fortalecer la Comisión Multisectorial de la PCM para generar políticas de atención para los afectados por metales tóxicos.

Con respecto al tercer eje, algunos candidatos señalan que no debe darse autorización a los proyectos mineros que no tienen licencia social y que se debe realizar la consulta previa. Casos como Tía María y Conga donde no hay condiciones para desarrollar un proyecto minero, simplemente se deben dejar de lado, se mencionó. Sobre el cuarto eje, resaltamos algunas planteamientos como mayor apoyo a la agricultura familiar, que la diversificación economía no solo pasa por la minería, si no por otras actividades económicas como la agricultura, que es el punto medular de la economía. Finalmente se ha señalado que la minería es un sector estratégico, que nadie está en contra de la inversión y que no todos los proyectos son negativos, pero que se debe pensar en una matriz diversificada que respete las decisiones de las comunidades y poblaciones afectadas.

Desde la Red Muqui creemos que es central incorporar en la toma de decisiones la participación de la gente, sobre todo cuando se trata de decidir el uso de sus territorios; lamentablemente la política minera en el país, en la mayoría de casos, ha sido impositiva, sin informar ni dejar participar a la población, y por el contrario se ha buscado perseguir y criminalizar a los lideres y dirigentes sociales cuando estas han defendido sus territorios. El nuevo gobierno debe plantear una nueva relación con la minería, y esto pasa por cambiar el marco normativo minero que tiene más de 30 años de “parches” y, sobre todo, se tiene que implementar un mecanismo de escucha y participación real de las comunidades y poblaciones afectadas por la minera. De no plantearse estos cambios mínimos los conflictos se mantendrán y los espacios de diálogo se agotarán. Lamentablemente las promesas políticas y buenas intenciones de los partidos no son suficientes para resolver esta problemática.

Este martes 30 de marzo, el Congreso de la República aprobó por unanimidad el Dictamen 21-2017-2018 /CSP-CR, el cual contempla los Proyectos de Ley N° 1256/2016 y Ley N° 2740/2017 que proponen Fortalecer la  Promoción, Prevención, Mitigación y Atención y rehabilitación de la Salud Afectada por la Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas.

Con 98 votos a favor, la mayoría de parlamentarios aprobaron esta ley que permitirá fortalecer los niveles de respuesta a nivel ambiental (prevención y mitigación) y de salud (promoción y atención). 

Como es de conocimiento público, recientemente el Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer en el Informe Especial N° 060-2020-JAMC-DENOT-DGIESP/MINSA, que hay más de 10 millones de personas expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en el país. La ley es importante y su implementación debe ser oportuna, integral y participativa. 

Es importante reconocer y avalar los esfuerzos que desde la Plataforma Nacional de Afectados y afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas y otros actores de la sociedad civil se han ido desarrollando para exigir la protección efectiva de los derechos en torno a la salud ambiental y humana. Estos esfuerzos también han hecho posible el reconocimiento de la participación ciudadana como aporte a la discusión y adecuación de estas políticas públicas.

Los efectos negativos que generan las actividades extractivas deterioran el ambiente y ocasionan daños irreversibles en la salud ambiental y humana, situación que amenaza no sólo a las y los directamente afectados sino al país en su conjunto. Esta agenda no puede seguir postergada e ignorada, se necesitan respuestas urgentes, humanitarias y efectivas de los diferentes sectores y la sociedad civil (privados)

Desde la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales tóxicos y la  Mesa Técnica de Salud ambiental y Humana y la Plataforma Nacional de Afectados/as por metales, metaloides y otras sustancias químicos tóxicos saludamos este avance que desde el Congreso de la República reconoce la prioridad de la atención de las familias afectadas, su lucha y la necesidad de fortalecer y formalizar los espacios de participación para la elaboración oportuna, integral y humana de esta agenda.

Hasta el año 2017 poco se había avanzado para lograr dar respuesta a las y los afectados por metales tóxicos. Confiamos que en aras de la justicia, el Ejecutivo ratificará y promulgará esta norma, y el próximo gobierno hará los esfuerzos necesarios para su implementación. 

Después de un año de espera, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) se pronunció respecto a la solicitud de “Modificación de Estudio de Impacto Ambiental Detallado para el Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170000 TDP” de la empresa minera Chinalco. Y lo hizo tomando en cuenta el informe técnico N° 532-2021-ANA-DCERH elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), donde se indica que Chinalco no logró subsanar dieciocho (18) de las veinticinco (25) observaciones realizadas en materia de recursos hídricos.

Basándose en dicho informe técnico, SENACE decidió no admitir la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) para llevar a cabo la segunda fase de ampliación del proyecto minero Toromocho. Respecto al componente de recursos hídricos, se observó que los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por día (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo de aguas adicionales a lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) original del 2010, lo cual ocasionaría considerables impactos ambientales.

Por otro lado, el documento resalta que el desarrollo del modelo conceptual (información utilizada) y posterior modelo numérico hidrológico no cuenta con la información suficiente y actualizada sobre los niveles de agua subterránea y flujos de entrada y salida del sistema hidrológico, por lo que dichos modelos numéricos han considerado información desfasada para la calibración. A su vez, ésta es limitada debido a que no se tomaron registros de las fuentes de agua subterránea desde el último Estudio de Impacto Ambiental en el 2010.

Las observaciones planteadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), habían sido advertidas a fines de julio del año 2020 en las observaciones presentadas a SENACE por el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín, con el apoyo de PASSDIH y la Red Muqui; en ella se advertía que la propuesta de Chinalco iba a requerir aproximadamente 331L/s de agua adicional para sus operaciones. Esta información no fue expuesta de forma clara por Chinalco en su MEIA, ya que actualmente el proyecto minero hace uso de aguas subterráneas (según su EIA 2010), y ahora según su MEIA necesitaban actualizar el estudio y hacer un balance hídrico. Otro dato importante es que Chinalco no consideró hacer un estudio sobre la conectividad hidrogeológica con las principales lagunas de la zona, a pesar de que la ANA ya había  declarado en emergencia dichas lagunas.

Finalmente, se debe recordar que las organizaciones sociales plantearon observaciones respecto del Área de Influencia Directa Social, ya que actualmente hay un grupo de familias no reasentadas en la Antigua Ciudad de Morococha, al igual que el incumplimiento de compromisos en materia socio ambiental relacionados al desarrollo económico local, adquisición de bienes y servicios y la cuota de empleos. De la misma forma se platearon observaciones respecto a los procesos de participación ciudadana e indígena, ya que el mecanismo virtual propuesto por la empresa minera no era idónea para la evaluación del MEIA, pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carteles, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros, no garantiza un pleno acceso a la información de los pobladores. La decisión de SENACE hace bien en observar el MEIA de Chinalco, ya que no reunió suficientes elementos que permitiera asegurar la reducción de impactos ambientales graves en el área de influencia del proyecto minero.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

Ingresamos a la recta final de las elecciones presidenciales y congresales del 11 de abril, los candidatos/as a la presidencia de la República ahora transitan entre debates virtuales y campañas presenciales en diferentes ciudades del país, como ya lo dijimos estamos en una campaña electoral atípica y las preferencias del electorado hasta el momento no son concluyentes. El domingo pasado hemos presenciado un primer debate televisado con los candidatos que encabezan las encuestas. Nos parece importante que se promuevan este tipo de espacios, ya que permite conocer las propuestas y planes de gobierno que tienen los candidatos sobre la lucha contra la pandemia, la corrupción, la crisis económica, entre otros. La próxima semana se realizará uno de los últimos debates televisados, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, donde estarán la mayoría de los candidatos/as presidenciales; esperemos que este debate ayude a la población a realizar un voto informado.

En ese marco, esta semana hemos conmemorado el “Dia Mundial del Agua” y hemos visto algunos foros y debates con los candidatos/as a la presidencia que han hablado sobre el tema del agua. Desde Red Muqui hemos hecho una rápida revisión de los planes de gobierno para ver si efectivamente hay planteamientos concretos para el uso y gestión sostenible del agua en nuestro país. Si bien la mayoría de candidatos plantean algunas acciones puntuales, no hay propuestas integrales para garantizar el uso y protección de nuestro recurso hídrico. Desde la red nos parece clave fortalecer la institucionalidad ambiental estatal y comunal, proteger las cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles, fortalecer la vigilancia y monitoreo comunitario del agua, entre otros. Si bien algunos de estos temas se vienen discutiendo en el Congreso actual como la aprobación de la ley de vigilantes y monitores ambientales comunitarios, todavía no están aprobadas. Sin duda hay mucho por hacer para proteger el agua en nuestro país.

Finalmente, desde Red Muqui venimos organizando para el próximo martes 30 de marzo el Debate Electoral: “Construyendo alternativas frente a la expansión minera”, varios partidos y candidatos han mencionado en sus mensajes y planes de gobierno temas vinculados a la agenda de derechos en contextos mineros. Sin embargo, sus propuestas no están debidamente desarrolladas y sustentadas, por ello hemos invitado a los candidatos/as a la vicepresidencia de cinco partidos políticos para que nos expongan su posición respecto a la Agenda Muqui 2021. Son varios los ejes temáticos que contiene la agenda Muqui, entre ellos los conflictos sociales y la criminalización de los defensores, la salud ambiental y humana en contextos mineros, la consulta previa y la participación ciudadana, las alternativas al desarrollo y la diversificación económica. Así que esperamos escuchar las propuestas de estos partidos en relación a estas agendas que plantemos desde Red Muqui, la cita es este martes 30 de marzo a partir de a las 11:00 AM; los esperamos.