#ALERTA: Congresista Montoya busca retiro del Perú de la Convención Americana de DDHH

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El Proyecto de Ley N° 5216/2022-CR presentado por Jorge Montoya, del grupo parlamentario Renovación Popular, propone la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) para suprimir la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el país.

Es importante mencionar que la CADH fue ratificada por el Perú el 28 de julio de 1978 y tiene la importante función de salvaguardar libertades y derechos humanos que los Estados ratificantes se comprometen internacionalmente a garantizar para que sean respetados. Además en el marco de ese tratado, se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), uno de los tres tribunales regionales autónomos a nivel internacional que ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales. Asimismo, la Corte IDH es un órgano autónomo que protege a la población cuando el Estado incurre en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la CADH o en otros tratados de derechos humanos aplicables al Sistema Interamericano.

En ese sentido, la iniciativa legislativa representa un retroceso en la progresividad de derechos y la justicia transicional, que debe ser visto en el contexto de una creciente crisis política que ha cobrado la vida de 49 civiles debido al uso letal de la fuerza policial y militar, que ha implicado una evidente estigmatización hacia y racismo contra los pueblos indígenas u originarios. La eventual denuncia y posterior salida de la CADH conllevaría que la población quedase imposibilitada de obtener justicia frente a vulneraciones realizadas por políticas públicas impulsadas por gobiernos de turno y de esa forma generaría impunidad de los altos cargos.

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II Encuentro Macro Sur en Apurímac acuerda rechazar proyectos Tía María, Río Blanco y recuperar litio de Puno

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Con la asistencia y participación de más de 350 delegados de las regiones de Puno, Apurímac, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Moquegua y Tacna se realizó el pasado 20 de mayo el II Encuentro de la Macro Sur en la comunidad campesina de Uripa, perteneciente a la provincia de Chincheros de la región Apurímac.
Los objetivos del Encuentro fueron: hacer una lectura de la situación política actual; realizar un balance de la lucha impulsada por los pueblos del sur contra el régimen autoritario encabezado por Dina Boluarte en coalición con el Congreso y otros poderes del Estado; ajustar la plataforma de lucha frente al endurecimiento de las políticas estatales en contra de los derechos humanos, sociales, económicos y ambientales de los pueblos de nuestro país; y empezar a diseñar una estrategia para recuperar la democracia y los derechos arrebatados por la Constitución de 1993, los gobiernos pasados y el actual, que sigue impulsando el modelo neoliberal extractivista de los bienes comunes, también llamado recursos naturales (agua, minerales, petróleo, agrícolas, etc).

Rechazan contratos ley

Uno de los acuerdos centrales, además de continuar exigiendo la renuncia a la presidencia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la salida de los operadores de la mafia enquistada en los altos poderes del Estado; es rechazar los contratos ley establecidos con empresas del sector minero y petrolero, que les otorgan grandes beneficios en perjuicio del Estado y la ciudadanía en general.

En el caso del sector minero son 5 empresas que tienen contratos de estabilidad tributaria.


Cuadro elaborado por Cooperacción. Fuente MEF.
En el caso del sector petrolero, este año vencen cuatro contratos de hidrocarburos en Piura, que fueron concesionados por 30 años, todos ubicados en Talara: el lote I, lote VI, lote Z-69 antes Z-2B y el lote X. El gobierno de Pedro Castillo había señalado que esos lotes petroleros iban a pasar a ser operados por Petroperú, empresa del Estado; sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte tendría pretensiones de licitar nuevamente esos lotes a las empresas del sector privado, por presión de los poderes económicos. En la actualidad la empresa Graña y Montero opera otros lotes petroleros.

Rechazo a proyectos mineros

Durante el II Encuentro Macro Sur, los dirigentes de Arequipa plantearon que todo el sur resista el intento del gobierno de implementar el proyecto minero Tía María de Southern, a pesar que el pueblo lo rechaza mayoritariamente, como se decidió en la consulta popular del 2009 en el valle de Tambo.

Los dirigentes de las 13 provincias de Puno, exhortaron a que su lucha por recuperar el litio, que pretende ser explotado en la zona y exportado por una empresa minera canadiense, sea asumida por toda la Macro Sur.
Los dirigentes de las rondas campesinas de Piura, presentes en el II Encuentro, plantearon que la asamblea también respalde el rechazo al proyecto minero Río Blanco, que perjudicaría a la agricultura y bosques de neblina, que la semana pasada suscitó una masiva movilización de repudio en Ayabaca-Piura.

Y los anfitriones, dirigentes de organizaciones agrarias y campesinas de la región Apurímac, plantearon la necesidad de protección del agua y la agricultura frente a la expansión minera en la región y el país.
Estas propuestas fueron acordadas e incorporadas a la plataforma de lucha.

Finalmente, el II Encuentro culminó haciendo un llamado a la unidad de todos los pueblos del país para derrotar al régimen con rasgos cada vez más autoritarios y lograr una nueva Constitución. Con el fin de diseñar las estrategias y ampliar la plataforma programática que ayude a movilizar a los pueblos del país y lograr los objetivos planteados, se convocó al Ier Encuentro Nacional en Lima para el 1 y 2 de julio.

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Ante la amenaza de minera Río Blanco: Las comunidades y los pueblos de Piura se unen por la defensa de sus páramos y bosques de neblina

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Informe del Área Socioambiental
Red Muqui

Con el pretexto de reactivar la economía del país, el gobierno de Dina Boluarte ha anunciado que pretende imponer nuevamente el proyecto minero Río Blanco en ecosistemas frágiles de páramos y bosque de neblina donde nacen los ríos Piura, Quiróz y Chinchipe, ubicados en territorios de las comunidades campesinas y nativas de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio en las regiones de Piura y Cajamarca. Se trata de un acto de provocación al conflicto que ya causó, en años anteriores la muerte de diez personas, decenas de heridos y torturados, la criminalización y persecución judicial de líderes y dirigentes sociales. Sin mencionar, que este proyecto ya ha causado daños al territorio durante su fase de exploración (entre el 2004 y el 2008), etapa durante la cual la empresa Minera Majaz, propiedad de la empresa británica Monterrico Metals, fue multada en 2005 y 2008 (MEM-DGM) por generar daños en el territorio. OSINERGMIN hizo lo propio con la empresa minera Río Blanco Copper, por afectar territorios que no formaban parte de la certificación ambiental e infringir las normas ambientales.

Las comunidades y pueblos de las zonas altas de Piura saben que el eventual ingreso del proyecto significaría un grave riesgo contra los ecosistemas hídricos de los páramos y bosques de neblina que regulan el agua y garantizan la biodiversidad de la cual depende la producción agropecuaria y la vida de las poblaciones involucradas. Riesgos que se extenderían incluso a las poblaciones del bajo Piura, principalmente del Valle de San Lorenzo que producen mangos y limones de exportación. Recordemos que en 2007 en consulta vecinal a las poblaciones de los distritos Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, más del 95% votó por el agro y la vida y rechazó la presencia de la actividad minera en la zona.

Foto Red Muqui, 22 de mayo 2023 en la marcha del pueblo de Ayabaca.

Los impactos del proyecto minero Río Blanco

Río Blanco es un megaproyecto a tajo abierto para la explotación de cobre, uno de los mayores yacimientos del mundo, con 1,257 millones de toneladas de recursos con un contenido de cobre del 0,57%; y 500 millones de toneladas de reservas con un contenido de cobre del 0,63%{1}. Una inversión para extraer cobre y molibdeno que pone en riesgo a páramos y bosques de neblina de alto valor ambiental, tanto por el rol que tienen como captadores de agua para la zona como por su particular biodiversidad. Al ser una mina de tajo abierto emplazada en los bosques de neblina a 2,200-2,800 metros sobre el nivel del mar, el impacto en la superficie terrestre por excavación y barrido de la flora y fauna, el desprendimiento de polvos tóxicos al aire libre y la exposición del agua superficial a componentes nocivos podrían atrofiar la función que tienen estos ecosistemas para regular los flujos y limpieza del agua. Además, este proyecto también pone en riesgo a las fuentes de agua subterránea que desembocan en las vertientes occidental y oriental de dos grandes ríos de la zona. Aunque el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA) 2008-2010{2} asegura que el proyecto no causará daños a la cuenca hidrográfica del río Quiroz, inevitablemente podría altera su caudal por estar ubicado sobre el cerro Henry´s Hill, que es el punto de salida natural de agua subterránea que alimenta las cuencas de los ríos Quiroz y Chinchipe. A su vez, el río Quiroz desemboca en el Río Chira, que aporta agua al embalse de Poechos y, mediante un trasvase, también al reservorio de San Lorenzo para la irrigación de 42,188 hectáreas agropecuarias.

En el 2003, cuatro años antes de que el consorcio Zijin adquiriera la mayoría de acciones del entonces proyecto Majaz, en el estudio del proyecto Catamayo – Chira y el Plan Director del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) se propuso que una sección del área donde se ubicará la explotación reciba la categoría de área protegida con el nombre de “Los Páramos de Muchcapan – Huarinjas”. Sin embargo, la “deflexión de Huancabamba”, zona donde se emplazaría el proyecto, también es estratégica en términos hídricos y de biodiversidad, tanto así que el impacto directo e indirecto del Proyecto Minero Río Blanco alcanzaría a cinco áreas protegidas: los Páramos de Muchcapan – Huarinjas, Reservorios satélites de compensación Santa Rosa y Vilcazán, Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Parque Nacional Podocarpus (en Ecuador) más el Área de Amortiguamiento, y el Área Chicuate Chinguelas. Entre las especies endémicas que se pondrían en riesgo, están el tapir de altura y el oso de anteojos que ya fueron declarados en peligro crítico de extinción mediante Decreto Supremo Nº 034-2004 AG-Perú{3}, junto a otras especies que están amenazadas o en proceso de extinción ubicadas dentro de las áreas protegidas.

En efecto, los efectos de la minería en los ríos Quiroz y Chinchipe impactarían directamente a las comunidades en Piura (Yanta, Segunda y Cajas) y en Cajamarca (San Ignacio). La economía de Piura es principalmente agraria. Con la posible disminución del agua o el deterioro de su calidad reduciría drásticamente el empleo, la producción, el ingreso de los agricultores y los trabajadores del campo, las formas organizativas y la propia vida de las poblaciones locales. Por ello, las comunidades y poblaciones en cuyo territorio se pretende establecer la explotación minera Río Blanco no han dado su consentimiento para su desarrollo. Además, en los congresos provinciales, han reafirmado el rechazo absoluto al proyecto por los riesgos que suponen a sus medios de vida. A la vez, Río Blanco Copper S.A. ha acudido en varias ocasiones a mecanismos de presión ilegítimos (según testimonios de los pobladores, la minera Rio Blanco ha ofrecido a comuneros cuantiosas sumas de dinero para cooptar su opinión dentro de las rondas campesinas y rondas comunales), y a través de ellos influenciar las decisiones de otros campesinos a favor de los intereses de la empresa. Cabe mencionar que las rondas campesinas y comunales son avaladas por el Estado Peruano bajo el Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS{4}.

Movilizaciones y marchas constantes de las comunidades y poblaciones contra del proyecto minero Río Blanco
Durante la última movilización realizada el 22 de mayo de 2023, pobladores reiteraron su rechazo a la explotación minera Río Blanco. Esta vez, los obispos de Chulucanas, Jaén y Chachapoyas encabezaron la marcha portando una bandera peruana con lo cual expresaron su respaldo a la postura comunal y afirmaron que el gobierno “se equivoca” al apoyar el cuestionado proyecto minero. Una postura que posteriormente explicaron mediante una declaración leída, en la cual los obispos expusieron tres razones por las que este proyecto genera preocupación en la población: a) el interés por imponer un modelo extractivista minero, pese a los impactos negativos que produciría, por ejemplo, en la disminución de la productividad agrícola, ganadera y el turismo sostenible; b) los antecedentes de la compañía a cargo del proyecto, la empresa minera china Zijin Mining – Río Blanco, la cual “ha sido responsable de catástrofes ambientales en varios países del mundo”; c) la potencial disminución en el caudal y la calidad del agua en un contexto de crisis climática que ya estamos viviendo.

Tal como lo expresaron los obispos “En otras palabras, el proyecto minero Río Blanco, más que los beneficios que interesadamente anuncia, trae pobreza, abandono de las tierras, desocupación, enfrentamiento y división entre las comunidades”{5}.

{1}https://rioblanco.com.pe/que-hacemos/#proyecto-rio-blanco
{2}https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/estudios/EIAsd_Programa2008_2010.pdf
{3}https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/944736/D.S.-N-034-2004-AG—Categorizacin-de-Especies-Amenazadas-de-Fauna-Silvestre20200705-25584-1h3lih2.pdf?v=1594007696
{4}https://www.justiciaviva.org.pe/acceso_justicia/justicia_comunal/2.pdf
{5}Declaración de Ayabaca – He oído el clamor de mi pueblo y he venido a liberarlo (Ex 3, 7-8)

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Comandante General del Ejercito no asiste a declarar en investigación contra Boluarte, Ministros y Altos Mandos de las Fuerzas Armadas

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El pasado viernes 26 de mayo, estaba programada la declaración de David Guillermo Ojeda, Comandante General del Ejercito Peruano, en la investigación que viene llevando a cabo la Fiscalía de la Nación- Área de Enriquecimiento Ilicito y Denuncias Constitucionales contra Dina Boluarte, Ministros de Estado y Altos Mandos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el citado COMANDANTE GENERAL NO HA ASISTIDO A LA CITACIÓN, lo que evidencia su nula disposición para colaborar con el esclarecimiento de los hechos de grave vulneración de derechos humanos que se cometieron durante las protestas sociales iniciadas el 7 de diciembre de 2022 en nuestro país. Esta situación de inasistencia demora en forma innecesaria las investigaciones que se vienen emprendiendo y el acceso a la justicia de los familiares de las victimas de la brutal represión policial-militar de las personas que, en ejercicio de su derecho, protestaban en forma pacífica.

Lima, 29 de mayo de 2023

Firman: FEDEPAZ y Muqui

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Poder Judicial deja sin efecto pedido de demolición de infraestructura productiva de Chaparrí

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La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró fundada la oposición a la medida cautelar de no innovar y retirar la infraestructura productiva y de turismo, la cual fue presentada en el 2021 por el procurador de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM), Julio César Guzmán.

La medida presentada tenía como objetivo de demoler la infraestructura eco-turística y agrícola, Ecocamping Racarrumi; así como el canal de agua Majín, ubicado en el centro poblado de ‘El Mirador’, lo que habría afectado irreparablemente la actividad agrícola de más de 300 familias de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape-Lambayeque, cuya principal actividad económica es la agricultura y la ganadería. Además, esta medida fue presentada como parte del proceso en el que se acusa a campesinos defensores del ambiente de Chaparrí de haber sido los autores del delito contra los recursos naturales, figura de alteración del ambiente o paisaje, en agravio del Estado y del Ministerio del Ambiente.

De acuerdo al presidente de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, Edivar Carrasco Vásquez, los habitantes de la zona han recibido la resolución con gran alegría y agradecimiento. Los comuneros cuestionaban esta medida por las consecuencias que podría generar, ya que, de destruirse la infraestructura del canal Majín y del Ecocamping Racarrumi, hubiese significado un gran retroceso para la economía comunal.

Si bien esta resolución judicial representa una gran noticia para la comunidad, para la Reserva Ecológica de Chaparrí, y para defensores del ambiente, es importante resaltar que la lucha aún no termina y la criminalización contra defensores ambientales no ha cesado. Como muestra de ello, en octubre del presente año se continuará con el juicio oral contra reconocidos líderes campesinos y defensores ambientales de Chaparrí, entre ellos Hermenegildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Dociteo Tafur Diaz, Américo Laboriano Ramos y Segundo Fabián Culqui Mendoza y Juan de Dios Carrasco Fernández, que podrían enfrentar condenas de hasta cuatro años de prisión.

Recordemos que los comuneros mencionados lograron construir la infraestructura Ecocamping Racarrumi gracias a que ganaron en el 2017 un concurso organizado por el Programa Turismo Emprende promovido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Por consiguiente, a pesar de la buena noticia que ha representado la resolución de la sala penal, las comunidades de Chaparrí mantienen su preocupación por el peligro constante en el que se encuentran sus líderes campesinos y defensores ambientales. En especial, porque los procesos de criminalización siguen avanzando con nuevas denuncias y presentan un acelerado, tal vez inusual, avance, especialmente desde la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Asimismo, las comunidades denuncian la presencia de mineras que pretenden ingresar para realizar estudios de exploración, que se realizarían en territorio protegido de la reserva ecológica, por su tamaño, la más importante de la región Lambayeque.
Por esa razón, los comuneros de Chaparrí anuncian e invitan a la población a unirse a una marcha que se desarrollará el 1 de junio en Chiclayo para crear conciencia de la importancia de los bosques, las reservas ecológicas y de los defensores de los mismos, en un contexto de crisis climática global.

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Pronunciamiento: El derecho a la protesta es un derecho humano básico y legítimo

El Colectivo de Abogadas y Abogados del Sur Andino que integran la Red Muqui Nacional se pronuncia respecto a la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú (Casación N. 1464-2021) que señala que la protesta social sería un delito en el país:

Primero.- Respecto a los antecedentes del caso, las comunidades campesinas de las provincias de Cotabambas y Grau de Apurímac ejercieron su derecho a la protesta en el 2016, por la nula atención del Estado ante sus legítimas demandas (medio ambiente sano, transparencia en la aprobación de estudios de impacto ambiental, consulta previa, libre e informada) pese a que fueron planteadas en diversos espacios de diálogo. Por ello y ante la desatención por parte del gobierno, las comunidades, en el ejercicio de su derecho fundamental a la protesta, decidieron expresarse públicamente.

Segundo.- Siendo ello así, expresamos nuestro rechazo a lo señalado en la sentencia de la Primera Sala Penal Permanente de la Corte Suprema cuando concluye que: “Un derecho sin valor o que sea contrario a valores morales, sociales u otros, no es en realidad un derecho, es solo una regulación impositiva, que tarde o temprano conduce a la anarquía de los disconformes”. Las comunidades originarias de Apurímac no proponen situación anárquica alguna, tal como señalan los Jueces Supremos, sino están denunciando una continua violación de sus derechos fundamentales. Transgresiones de parte del Estado que van desde la falta de transparencia al aprobar estudios de impacto ambiental hasta la reclasificación de vías sin el consentimiento previo de las comunidades. Es decir, se evidencia un despojo sistemático que el gobierno impone por la fuerza a través de la militarización en las zonas de conflicto.

Tercero: Las comunidades no solo expresan su preocupación por agendas y demandas no atendidas, sino y sobre todo expresan su angustia ante las graves violaciones de derechos humanos y ambientales. Ello no se puede resolver criminalizando o utilizando el sistema penal para formular falsas denuncias con el objetivo de silenciar las voces de quienes protestan con una agenda concreta. Aquí es el Estado quien ha priorizado e impuesto, de manera sistemática, la violencia y la fuerza para beneficiar a la inversión minera. No se trata, como manifiestan los Jueces Supremos, de “reuniones de retórica e histrionismo politiquero”, sino de auténticas reivindicaciones de los pueblos ante la continua afectación a sus territorios y otros derechos colectivos. Este es un conflicto socioambiental que el propio Estado ha creado, a través de sus distintas instituciones, incluso la policial y militar. Provocando una situación de vulnerabilidad de las comunidades afectadas, que aún no logran alcanzar un verdadero acceso a la justicia y reparaciones dignas por esas graves violaciones de derechos humanos que han sufrido y vienen sufriendo.

Cuarto.- Cabe recordar que el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente No. 00009-2018 PI/TC en su fundamento 74 ya ha señalado de manera expresa que “… resulta una exigencia de orden público constitucional el reconocimiento del derecho a la protesta como derecho fundamental …” lo cual no puede ser desconocido por la Corte Suprema, salvo que lo sustente debidamente, algo que no ha hecho en su veredicto.

Finalmente, manifestamos nuestro enérgico rechazo a este fallo que desconoce el derecho humano a la protesta pacífica como pilar fundamental de la democracia, sentencia que incluso contraviene los estándares internacionales sobre el derecho a la protesta.

Cusco, Puno, Apurímac y Lima, 17 de mayo de 2023

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Nota de prensa: Continúan investigaciones contra Dina Boluarte y altos mandos de las FFAA y PNP

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Foto: Frontis del Ministerio Público: Demetrio Aroquipa padre de Jamileth Aroquipa, estudiante de universitaria de 17 años asesinada el 09 de enero de 2023 en Juliaca.

La Fiscalía de la Nación – Área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales – viene investigando preliminarmente a Dina Boluarte, en su calidad de Presidenta de la República y a Alberto Otárola como Primer Ministro, así como a los ministros de Defensa y del Interior por los delitos de lesa humanidad en su modalidad de Genocidio; delito contra la vida, integridad y la salud en la modalidad de Homicidio Calificado y delito de Lesiones Graves, por los hechos ocurridos en Juliaca en Puno, Ayacucho, Apurímac y otras regiones del Perú donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos desde el 07 de diciembre de 2022 (Caso 277-2022).

Mega proceso
En este proceso se vienen acumulando las denuncias penales que tiene Dina Boluarte a nivel nacional. Si bien como Presidenta de la República tiene inmunidad presidencial, conforme lo señala la Constitución Política, también es cierto que esta circunstancia de inmunidad no anula la posibilidad de iniciar investigaciones preliminares en su contra, siempre que existan justificaciones razonables. Por ello, en estas semanas se ha venido citando a los deudos de las personas asesinadas en diferentes regiones de nuestro país, con la finalidad que puedan declarar sobre los hechos ocurridos y las circunstancias en las que encontraron a sus familiares fallecidos.
Así también, en estos días se ha citado a declarar a David Guillermo Ojeda Parra, comandante General del Ejército para el día 26 de mayo del 2023; Julio Santos Mauricio Contreras, jefe Policial de la Región Puno, para el 29 de mayo de 2023 y; Dina Boluarte, Presidenta de la República para el 31 de mayo de 2023.

Esta es la segunda citación a Dina Boluarte en este megaproceso. La declaración prevista para el 7 de marzo de 2023 no se pudo realizar, porque se encontraba pendiente la resolución judicial sobre la Audiencia de tutela de derechos solicitada por la Procuraduría del Estado. Esta diligencia es de vital importancia, porque en la misma se podrán esclarecer muchas aristas de la represión, como quiénes la coordinaron, quiénes impartieron las órdenes para reprimir, cómo se hizo, etc.

El abogado de FEDEPAZ, David Velazco, que junto con Red Muqui, viene brindando asesoría legal a los familiares de las víctimas de la masacre de Juliaca, lamentó: “que uno de los abogados de la Procuraduría del Estado se haya opuesto a que preguntemos en las declaraciones alegando que no somos parte en el proceso y que la investigación era sólo por delito de genocidio. Al respecto nos vimos precisados a señalar de que estaba equivocado porque la investigación era, además, por los delitos de asesinato y lesiones graves; que se había aceptado nuestro apersonamiento como abogados de los deudos en condición de agraviados, que estábamos presentes como abogados de los agraviados y que esa era la razón por la que la Fiscalía había aceptado nuestro apersonamiento como parte agraviada y que podamos participar activamente en todas las diligencias que se dispongan …”. Lo aquí sostenido, continúa “… fue confirmado por el Fiscal presente y la declaración continuó con nuestras preguntas …”

Precisamente, durante las declaraciones de familiares de víctimas que viajaron a Lima para aportar con sus testimonios, Faustina Huanca, madre de Elmer Zolano Leonardo Huanca, joven de 17 años que iba a iniciar el quinto año de secundaria y que fue asesinado el 09 de enero de 2023, detalló que el personal médico del hospital de Juliaca le informó que, durante la necropsia, encontraron una “bala de guerra” en el pecho de su hijo. También explicó que vivía cerca del aeropuerto y que ese día su hijo se encontraba ayudándole en su puesto de venta de comida. Escenario que cambió abruptamente con la llegada de helicópteros a la zona, que lanzaron gran cantidad de bombas lacrimógenas en las calles aledañas al aeropuerto de Juliaca.

Otra de las declaraciones correspondió a Vilma Quispe, hija de Marcos Quispe Quispe, asesinado el 09 de enero de 2023, obrero de construcción civil, que no participaba de las protestas y que murió por disparos de armas de fuego. También declaró, Demetrio Aroquipa, padre de la menor de 17 años Jamileth Nataly Aroquipa Hancco, estudiante universitaria que, también, fue asesinada el 9 de enero de 2023. En su declaración expuso que el personal médico que realizó la necropsia en el hospital de Juliaca le informó que extrajeron una bala de 9mm. de la cadera de su hija, un tipo de bala normalmente utilizado por la policía, por lo que responsabilizó a la misma del asesinato.

Finalmente, cabe informar que los abogados Wilmer Quiroz y César Quispe, ejercen la defensa legal en Juliaca de los deudos antes citados, en los procesos de investigación fiscal que se siguen allí contra los que resulten responsables. Exigen, que se fortalezca la labor de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Juliaca y que los casos no sean asignados al “equipo especial” nombrado por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

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Anuncio de reactivación de proyecto minero Tía María en Arequipa genera rechazo de la población del valle de Tambo

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“Si el gobierno de Boluarte no retrocede con Tía María, Arequipa puede levantarse por la defensa de Valle de Tambo”

“Agro sí, mina no” es lo que han venido exclamando los pobladores de Valle de Tambo, quienes tienen a la agricultura como principal actividad económica y fuente de desarrollo, y que se vería perjudicada con la reactivación del proyecto minero cuprífero Tía María. Recordemos que hace más de una década la población rechazó el proyecto perteneciente a la empresa Southern Perú Copper Corporation, al considerar que impactaría negativamente en el medio ambiente y las tierras agrícolas; a la calidad y cantidad del agua del Valle de Tambo; podría generar problemas de salud por intoxicación de metales pesados, etc.

Sin embargo, como se ha visto reflejada en la represión desmedida del gobierno de Dina Boluarte para contrarrestar las manifestaciones en su contra, las autoridades del gobierno tienen la intención de impulsar proyectos mineros que, según argumentan, reactivarán la economía, sin embargo, dejan de lado las demandas de la población. Recientemente, en una entrevista para RPP, el ministro de Energía y Minas (MINEM), Óscar Vera, señaló que buscarán la reactivación de proyectos como aquel ubicado en Valle de Tambo, Arequipa, que tiene como objetivo el procesamiento de cobre que sería extraído de los yacimientos La Tapada y Tía María.

En una entrevista para la Red Muqui, la representante de la Asociación Pachamama y de la Coordinadora de Apoyo en Defensa de Valle de Tambo, Dilvia Gálvez Salazar, considera una torpeza el hecho de que “un gobierno como el de Dina Boluarte que, teniendo más de 60 muertos en su espalda, busque imponer proyectos mineros en varias regiones del sur andino, que no tienen el respaldo de la población y que están altamente cuestionados en términos técnicos (EIA, leyes ambientales, uso de agua, entre otros), como es el caso de Tía María”

Gálvez afirma que se debe impedir el desarrollo de la explotación minera de Tía María, no solo porque, cuentan con evidencia, recopilada en encuestas, que más del 90 por ciento de la población del Valle de Tambo rechaza el proyecto, sino también porque el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, a aparte de más de 130 observaciones insalvables, ya ha caducado en cuanto a plazos. Por lo tanto, el proyecto Tía María no solo es lesivo para la salud y la armonía en la relación de la población con el medio ambiente, sino también se encuentra vencido en términos administrativos.

A pesar del rechazo de la población al proyecto, el ministro del MINEM en la mencionada entrevista, declaró que demostrarán técnicamente al pueblo que Tía María “no afecta el medio ambiente ni a las personas”, y que “lo importante para cualquier actividad es preservar el medio ambiente y la salud de las personas”. Sin embargo, para Gálvez, estas expresiones por parte del gobierno son un intento de provocación, que emite declaraciones con mucha ignorancia y desconociendo el expediente de Tía María que presenta un altísimo costo social, con 7 personas fallecidas desde el inicio de las protestas en 2003, y más de un centenar de observaciones al EIA. La activista por los derechos humanos, considera que, en lugar de traer tranquilidad, la postura del gobierno podría encender aún más el sur.
Frente a esto, los agricultores de Valle de Tambo sienten mucha preocupación por que se vuelva a originar un escenario de conflictividad, que en el pasado dejó numerosos heridos y muertos, que de repetirse sería de entera responsabilidad del Estado.

A la indignación que siente la población hacia el Estado, se suma la molestia contra la empresa minera Southern. Empresa que, envalentonada por la política del gobierno, viene realizando acciones de incidencia para convencer a la población de los beneficios del proyecto minero. De acuerdo con la activista y defensora del valle, la minera ha estado ofreciendo terrenos, programas de limpieza vecinales, útiles escolares para jóvenes y niños, y, afirma que “esa actitud, desde nuestro punto de vista, es equivocada y burlesca, porque no solo no es un adecuado proceso de relacionamiento social, sino que es una actitud que refleja que la empresa piensa que somos ignorantes y que nos vamos a vender por cosas materiales, lo que intenta es manipular la conciencia de la gente dando dádivas”. Además, comenta que la empresa minera no es consciente que estas acciones engañosas pueden provocar que la población se movilice por la protección de sus derechos, medio ambiente y agricultura.

Teniendo en cuenta que la población de Valle de Tambo no puede confiar ni en la palabra de la empresa ni del gobierno de Boluarte, han decidido recurrir al Presidente Regional de Arequipa, Roel Sánchez, que a la vez, es presidente de la Asamblea Regional de Gobernadores a nivel nacional. La población ha solicitado una audiencia con Sánchez para exigirle que se pronuncie públicamente sobre las declaraciones de la cabeza del MINEM y de la posición pro extractivista que ha asumido el gobierno. En campaña electoral, Sánchez señaló que iba a defender el valle y que haría lo posible para que se anule el proyecto, por lo que, como autoridad regional, debe respetar la posición de la población del Valle de Tambo.

De acuerdo a las declaraciones de sus dirigentes, la población de valle de Tambo buscará que el presidente regional tome posición a favor del valle y de la protección del medio ambiente, sin embargo, si esto no resultase positivo, Dilvia Gálvez señala que en los distritos de valle de Tambo (Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón, Mejía y Mollendo) se estaría coordinando convocar a movilizaciones en los próximos días, no solo en el valle sino en toda la región de Arequipa.

“El valle está despierto, se mantiene vigilante, y empezarán las acciones sociales contra el proyecto”.

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75 años de la declaración universal de los DDHH: Los defensores ambientales y los pueblos indígenas siguen indefensos

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En Perú, las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y del ambiente corren peligro de ser vulnerados en sus derechos e incluso se enfrentan a la amenaza de muerte. Un final que desde el 2020 han tenido al menos 20 defensoras que han sido asesinadas en el Perú, dos en lo que corresponde a este año. La mayoría de las víctimas son personas defensoras de los derechos humanos de las regiones amazónicas, y la mayoría de los ataques se atribuyen a actores vinculados a actividades ilícitas como la minería ilegal, la tala de árboles, el tráfico de tierras y, crecientemente, el narcotráfico. Mientras que en las regiones andinas y costeras del país, predominan tendencias de criminalización de personas defensoras del territorio, del medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas y campesinas. Estos últimos casos tienen como protagonistas responsables a las empresas mineras.
Sobre esta situación y las tendencias en el país y en el ámbito internacional se ha dialogado martes pasado en el marco del conversatorio “Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, alcances y desafíos” organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH) en Perú en colaboración con el Centro Cultural de España en Lima.
En relación al marco internacional de protección de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y su vínculo con las amenazas que enfrentan sus líderes y lideresas, el ex Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya explicó en su análisis que ha habido importantes avances en el reconocimiento internacional. Sin embargo, lamentó que es a la hora de implementar las herramientas y de acatar la legislación que se registran los mayores retrasos y lo ejemplificó con el caso de la nación maya en Belice. En el histórico caso Cal contra Belice, el Pueblo Maya se presentó ante los tribunales por concesiones otorgadas para la explotación de recursos naturales en su territorio sin su consentimiento. Reclamo que en 2010 fue reconocido por el Tribunal Supremo de Belice y ratificado en 2013. Sentencia que confirmó el título de propiedad de los pueblos maya mopan y ke’ekchi, reconoció el derecho consuetudinario en sus demandas de uso y ocupación tradicional, y confirmó que el título tiene protección legal bajo la Constitución de Belice. A pesar de los años transcurridos el veredicto aún no ha sido implementado en su totalidad explicó el experto internacional en derechos de los pueblos indígenas.
Karen Huere, defensora asháninka, integrante de ONAMIAP y de la Organización de Mujeres Indígenas llamó la atención sobre una forma más sutil que tiene el Estado peruano de apropiarse de territorio y mermar la autonomía de los pueblos indígenas en la Amazonía al presionar a las comunidades en la selva a transformarse en centros poblados a cambio de instalar dentro de sus linderos servicios públicos esenciales como postas de salud o escuelas. Además para el Estado resulta más fácil negociar con centros poblados bien delimitados que con comunidades que habitan y controlan vastos territorios.
Para Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui la crisis social y política que está viviendo el país no es nueva en cuanto a la represión y otras formas de persecución que viven las comunidades en conflictos socio ambientales no solo en el corredor minero.
Apunta que el Estado diligentemente denuncia a los dirigentes sociales que levantan la voz, manifestado en casos como el del fallecido dirigente Oscar Mollohuanca en Espinar, pero no persigue a las mineras responsables de tantas vulneraciones a los derechos humanos y ambientales, causa de dichos conflictos.
En su interpelación al Estado cuestionó la contradicción evidente que existe entre la contínua persecución y criminalización de defensores por parte del Estado y en particular de este gobierno encabezado por Dina Boluarte y los autoelogios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en relación al decreto que hace dos años creó el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Conjunto de medidas que busca garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades.
Un tema que retomó también James Anaya que criticó la creciente tendencia en la región a judicializar a los defensores e intentar acallar, a través de costosos procesos que se extienden durante años, las voces de las comunidades organizadas.
Un síntoma de la escasa voluntad política hacia el reconocimiento de la labor de los defensores de derechos ambientales en Perú es que, a la fecha, el Congreso de la República no ha aprobado la ratificación del Acuerdo de Escazú. Acuerdo que recoge estándares mínimos para el ejercicio de los derechos de acceso a la información, a la justicia y a la participación en materia ambiental, lo que favorece las actividades de defensa del medio ambiente en la región de América Latina y el Caribe.

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Homenaje a Fernando Carrasco Zapata- ¡destacado luchador social de Tambogrande!

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El pasado domingo falleció a los 74 años el destacado y multifacético dirigente social, Augusto Fernando Carrasco Zapata. Nació en el seno de una familia de humildes peones agrícolas en la ciudad de Chulucanas en la provincia piurana de Morropón, que con el inicio de la Reforma Agraria se asienta en el Sector de Malingas perteneciente al distrito de Tambogrande en la provincia de Piura del departamento homónimo. Casado con Fanny Núñez fue padre de Fernando y Amelia Carrasco Nuñez. 

Estuvo ligado desde su niñez a la agricultura campesina por su temprana experiencia familiar y porque estudió en el Instituto Nacional Agropecuario No. 54 de Tambogrande, del que se graduó con el título de Técnico Agropecuario. Después trabajó en FUNDEAL un organismo de la Universidad Nacional de Piura en el que se dedicó entre otros proyectos a combatir la plaga del gusano rosado del algodonero.

Sin embargo, su mayor combate lo libró contra la canadiense Manhattan Minerals Corp. y su pretensión de explotar los yacimientos de oro ubicados en Tambogrande, específicamente en el subsuelo del área urbana de la ciudad, es decir debajo de las casas de sus habitantes. La lucha de los pobladores organizados en el Frente de Defensa Distrital de Tambogrande se tradujo en un paro total de dos días en octubre de 2001 y decantó finalmente en una consulta popular para cuya realización la Municipalidad Distrital aprobó y publicó una ordenanza municipal. En el referéndum celebrado en junio de 2002 la opción contraria a la minería, en este rico valle productor de mangos, limones y otros frutos, se impuso con una abrumadora mayoría de más del 93 por ciento. 

Con la experiencia hecha en ese período y habiendo sido cofundador del Movimiento Regional “AGRO SÍ” que ganó el cargo de alcalde municipal, fue elegido regidor durante los períodos 2003 y 2006.

Su experiencia de haber tenido participación destacada en organizar un movimiento social que logró doblegar los poderosos intereses de unos pocos lo llevó a interesarse y ser invitado en otros espacios críticos con el modelo extractivista a nivel nacional y latinoamericano.  

Hacia el final de su vida le fue detectada diabetes y una insuficiencia renal que le obligó a ser sometido a diálisis por muchos años. 

El pasado martes en un sepelio multitudinario la Comisión de Usuarios Regantes, pobladores y compañeros de ruta le rindieron homenaje de despedida a este destacado dirigente social y político.

Desde Red Muqui nos sumamos a este reconocimiento, expresamos nuestro dolor por su partida y les expresamos nuestra solidaridad a su familia.

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