La comunidad campesina de Huancuire del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas en Apurímac, convocada en asamblea, ha manifestado sus aprensiones con el inicio de los trabajos de explotación de Chalcobamba, el segundo tajo que pretende explotar la empresa minera MMG Las Bambas.
Por otra parte han reiterado sus preocupaciones por el impacto ambiental de las operaciones de la minera en su conjunto. Así lo señala el comunicado firmado por las autoridades de esta comunidad el 10 de febrero.

Recuerdan el espacio de negociación que abrieron con la minera desde el 28 de junio de 2022, y que tiene al Estado como ente supervisor y facilitador. Y que, según acta del 6 de diciembre de dicho año, tiene como objeto la resolución de 14 puntos de agenda que abordan controversias bilaterales.
Sin embargo, los dirigentes lamentan que hasta ahora ninguno de los puntos de la agenda haya sido zanjado definitivamente hasta ahora. Parte de las demandas se relacionan con la actividad de empresas sectoriales de la propia comunidad de Huancuire, cuya continuidad depende de los acuerdos en torno a los 14 puntos mencionados. Debido a estos desacuerdos, los comuneros rechazan el inicio de los trabajos de operaciones del Tajo Chalcobambas.

Fue en marzo de 2022, que la minera informó la autorización por parte del gobierno peruano del inicio de operaciones de dicho espacio. Según sus propias proyecciones, la empresa espera que el desarrollo de la nueva área de explotación, que contempla una inversión de US $130 millones, sustente un aumento de la producción en Las Bambas a unas 400.000 toneladas de concentrado de cobre al año.

Sin embargo, la comunidad de Huancuire denunció la ausencia de consulta previa, libre e informada, a la cual tiene derecho según la legislación nacional e internacional.
Las críticas de los comuneros de Huancuire no se refieren únicamente a las operaciones del segundo tajo, pues reclaman que han presentado 22 observaciones a la cuarta Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que Las Bambas MMG, una de las mayores extractoras de cobre del país, ha presentado ante el El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Las observaciones se refieren a cuestiones ambientales y recursos naturales, base de las actividades productivas de la comunidad que se dedica a la agricultura, ganadería y piscicultura.

Cabe recordar que la Cuarta MEIA de Las Bambas identifica 92 cambios en el proyecto, según se identificó en un análisis realizado por CooperAcción hace pocos meses. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la casi duplicación del tamaño del tajo Ferrobamba, la ampliación de la presa de relaves, entre otros. Entre otras cuestiones, que van más allá de la intransparencia en la redacción del estudio, la organización destaca las siguientes falencias:

– La propuesta de ampliación del Tajo Ferrobamba (el único que hasta ahora está siendo explotado) en 285.3 hectáreas (de 408.7a 694 hectáreas) no presenta aspectos técnicos fundamentales, como estudios específicos (especialmente hidrológicos e hidrogeológicos), que describan los impactos ambientales de una ampliación que casi duplica la operación actual.
– No se abordan preguntas claves: ¿cómo se comportarán los acuíferos? No se ha presentado mayor información ni modelamiento del comportamiento de los acuíferos como consecuencia de este cambio tan significativo.
– La ampliación va a generar más de dos millones de toneladas de desmonte que no cuenta con una disposición final.
– Toda esta ampliación generará diferentes impactos: ruidos, calidad del aire, la dispersión de agentes contaminantes con efectos sobre la salud humana y ambiental. Estos impactos se acentuarán por el minado adicional que se hará y la apertura de rutas alternas de transporte de vehículos de carga pesada.
– No se informa adecuadamente sobre el control de aguas ácidas, producto de la exposición de grandes cantidades de material de desmonte y desecho a la intemperie (vientos y lluvias). Tampoco hay información sobre el incremento de relaves y su disposición final en una presa que se tendrá que redimensionar.
– No hay mayor análisis sobre la alteración de la hidrología e hidrogeología de la zona (cuerpos de agua superficiales y subterráneos) como consecuencia de la ampliación del tajo Ferrobamba.
– Preocupa que el inventario de manantiales en el área de influencia haya sido realizado sin la participación de las comunidades campesinas.
– Se perderán de manera irreversible 12.36 hectáreas de bofedales. Igualmente, se afectará tierra fértil y apta para la agricultura.
– Disminuirán los caudales de los ríos Ferrobamba (70%) y Chalhuahuacho (18%). Además, empeorará la calidad del agua del río Chalhuahuacho, que aparte de perder caudal natural (-18%), recibirá vertimientos de aguas residuales, cuyo pretratamiento no está especificado en el MEIA.
– También serán afectados otros cuerpos de agua existentes, especialmente la laguna Charcascocha, que se convertirá en depósito de material de baja ley. La laguna Jalansiricocha y el reservorio de agua Chuspiri recibirán las aguas de no contacto que serán desviadas sin ningún tratamiento ni medidas de control de calidad antes de su vertimiento. El reservorio Chuspiri abastece de agua fresca a toda la zona.

Por estas y otras consideraciones, CooperAcción recuerda que, varias comunidades y organizaciones representativas de Cotabambas, han expresado su rechazo y han solicitado que el SENACE no apruebe esta cuarta modificatoria del mencionado proyecto minero.

En el caso de la comunidad campesina de Huancuire, que ha estado en el centro de las acciones de movilización en las últimas semanas, se trata de un pueblo agricultor, productor de papa y chuño, que habita ancestralmente las tierras donde se desarrollaría la nueva explotación de Chalcobamba.
La preocupación de las 200 familias que la conforman es, según el Estudio de Impacto Ambiental realizado, la pérdida de pastos para sus animales y la posible desaparición de la laguna Charcascocha, cabecera de cuenca que abastece todo el distrito de Coyllurqui.

El 12 de diciembre pasado ha concluido la denominada Conferencia de las Partes No. 28 o COP 28 de Naciones Unidas, cumbre climática en Dubái capital de los Emiratos Árabes Unidos(EAU), con un acuerdo que no incluye de manera explícita el abandono de los combustibles fósiles.

En cambio, en el documento los firmantes se comprometen a limitar el calentamiento global a 1,5°C y proponen para ello reducciones «profundas, rápidas y sostenidas» de las emisiones de gases de efecto invernadero, con una rebaja del 43 por ciento para 2030 y del 60 por ciento para 2035 respecto a 2019 y llegar a cero emisiones al 2050. Para alcanzar esas metas se ha reiterado en el documento la necesidad de acelerar la transición energética hacia la producción y consumo de energías renovables.

La atención por el momento se centra en la guerra de palabras en torno a compromisos plasmados en el texto del documento final de la cumbre que en vez de hablar de terminar paulatinamente con el uso de combustibles fósiles plantea la transición para alejarse de la combustión de hidrocarburos, responsables principales del calentamiento global. Es decir lo que ha habido nuevamente es una escenificación de luchas de narrativas, sin que hasta la fecha los compromisos anteriores, ni siquiera el acuerdo de París en 2015, que propuso limitar el aumento de la temperatura global a 1,5° C hasta fines de siglo, hubiese significado algún cambio palpable en la situación de crisis climática que estamos experimentando.

Al contrario tras 27 cumbres mundiales sobre el clima de la ONU, los mandatarios y jefes de gobierno ahí presentes no han conseguido frenar el crecimiento mundial en el consumo de gas, carbón y petróleo y en las emisiones de gases de CO2, que, por el contrario, son ahora un 60 por ciento más altas que en 1992. Por ello no es de extrañar que este encuentro anual, transformado en una especie de ritual en torno al desastre climático global, se realiza al terminar el año más caluroso en la historia de los registros del clima de la Tierra; después de más de 7 años que fueron a su vez de los más calurosos en la historia de los registros del clima.

Las evidencias de que estamos viviendo en la era del colapso climático, son cada vez más notorias con la presencia de eventos climáticos nunca vistos en la historia. A inicios de año el país sufrió las consecuencias de Yaku, el primer ciclón registrado en esta zona del Pacífico en 40 años, seguido del inusual calentamiento de las aguas oceánicas frente a las costas de Perú, que en parte se debe al Fenómeno Climático del Niño, que en la era de la crisis climática se repetirá con cada vez mayor frecuencia. En otras partes del Pacífico han ocurrido fenómenos aún peores como el huracán Otis de Acapulco, que arrasó al tocar tierra con máxima potencia todo lo que encontró a su paso o el megaincendio en Maui, una de las islas del archipiélago de Hawái, la catástrofe ambiental más letal en Estados Unidos en los últimos 100 años.

El rol asignado a los países del sur global en la llamada transición energética

Para evitar los peores escenarios de la catástrofe climática, los países del norte industrializado están proponiendo, tanto en esta cumbre como desde hace algunos años, la transición energética para terminar con el uso de combustibles fósiles a través de la instalación de infraestructura de generación de energías renovables y su almacenamiento posterior.

El Banco Mundial estima que para cumplir los acuerdos de la cumbre del Clima de París, mediante este proceso, sería necesario en los próximos 30 años extraer otras 3000 millones de toneladas de recursos estratégicos, como cobre, litio, cobalto, níquel, grafito o tierra raras, lo que equivale a cuadruplicar la actual producción mundial de estos minerales. Mirado con un poco más de detalle, algunos metales como el cobre verían crecer su demanda al doble de su producción actual, en el caso del níquel se necesitaría seis veces lo obtenido actualmente y la demanda del litio se dispararía hasta 13 veces en relación a la extracción presente.

Nueva transición y viejos colonaliasmos

Existen cada vez más ejemplos que muestran cómo en esta denominada transición hacia las energías renovables persisten formas de colonialismo, concretamente un colonialismo energético o verde que cristaliza, entre otras cosas, en forma de «acaparamiento verde».
Término que describe el proceso de apropiación de tierras que tiene lugar en el marco de una agenda supuestamente verde, es decir: la apropiación de tierras y recursos con fines supuestamente ecológicos.

En la división mundial del trabajo que estructura nuestra realidad, la mayoría de las economías de la periferia o del Sur global son proveedores de recursos baratos y sirven como reserva de mano de obra disponible, por un lado, y como mercado de exportación para las economías industrializadas, por otro.

La actual transición desigual hacia las energías renovables, que se limita principalmente al Norte global, insiste en esa repartición desigual, pues se basa en la extracción continua de materias primas estratégicas como cobre, níquel, cobalto, litio o tierras raras para la producción de paneles solares, turbinas eólicas, palas de rotor y baterías eléctricas.

El sistema propuesto ahora es básicamente el mismo que antes, sólo cambian las fuentes de energía. En lugar de combustibles fósiles, ahora se utilizarán energías «verdes», pero se mantendrán los modelos globales de producción y consumo basados en disponibilidad de abundantes fuentes de energía.

Las superficialmente buenas intenciones que preceden a estos proyectos de energía renovable a gran escala en última instancia ocultan las brutales formas de explotación y despojo con las que se están impulsando. Estamos ante un esquema colonial familiar: Los recursos baratos (incluida la energía verde) fluyen sin obstáculos desde el Sur global hacia el Norte rico, mientras que la Fortaleza Europa levanta muros y vallas para impedir que la gente, obligada a refugiarse de los estragos del saqueo causado en sus países, llegue a sus costas.

El no tan inocuo hidrógeno verde:

Uno de los ejes centrales de esta estrategia de transición energética gira en torno al hidrógeno. Se trata del elemento químico más abundante en nuestro planeta y en el universo, pero en su estado elemental muy escaso, ya que generalmente se presenta en su forma molecular H 2, un gas extremadamente ligero, volátil y altamente combustible, producido industrialmente a partir de hidrocarburos como, por ejemplo, el metano.

Desde hace décadas es un importante vector energético, es decir una sustancia que almacena energía, de tal manera que ésta pueda liberarse posteriormente de forma controlada. Se distingue de fuentes primarias de energía como los hidrocarburos en que, a diferencia de éstas, se trata de un producto manufacturado, en el que previamente se ha invertido una cantidad de energía mayor para su elaboración. Ya que es el elemento principal del agua, se puede obtener a partir de ella.

De hecho, sus impulsores lo venden como la alternativa limpia, competitiva y sustentable a los hidrocarburos, pues no genera CO 2, uno de los gases de efecto invernadero, cuando es producido mediante electrólisis, proceso que consiste en separar el hidrógeno y el oxígeno del agua, utilizando energía eléctrica de una fuente renovable.
Al hidrógeno producido de esta forma se le ha dado el calificativo de verde, y se ha transformado en uno de los bienes energéticos cuya producción se desea expandir para satisfacer la demanda de energía del norte y a la vez descarbonizar sus economías.
Ejemplo de ello es el Pacto Verde Europeo (EGD), con el que la Unión Europea ha formulado una ambiciosa estrategia que prevé una transición al hidrógeno verde para 2050. Entre otros objetivos la Comisión Europea estima cuadruplicar sus importaciones de hidrógeno, de las actuales cinco millones de toneladas a 20 millones en 2030. La mitad se importará del norte de África, pero también se habla de países como Namibia, Sudáfrica, República Democrática del Congo, Chile, Arabia Saudí, etc.

Una tajada de la torta para el Perú

En Perú se ha formado una poderosa alianza entre empresas generadoras de energía e instituciones del Estado que han visto una oportunidad de negocios y han identificado zonas (valles) de Moquegua y de Puno como lugares ideales para la producción de hidrógeno verde, por la potente irradiación solar y la aparente disponibilidad de agua. Por el momento son planes aún en fase de estudio, pero que generan expectativas de lucrativos negocios y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha extendido la duración de un grupo de trabajo creado para promover el desarrollo de proyectos del vector energético referido. En tanto, avanza una legislación que crearía una ley de promoción del hidrógeno verde para lo cual la Comisión de Energía y Minas del Congreso recomendó recientemente sustituir tres proyectos legislativos por una sola iniciativa que abarque su investigación, desarrollo, producción, almacenamiento, transporte, distribución, venta y exportación.

Los costos escondidos de su producción

En un reciente artículo el investigador y activista argelino Hamza Hamouchene expresó que para la producción de esta fuente de energía «No sólo se explotarán de nuevo los ya escasos recursos hídricos, sino que los procesos de desalinización necesarios supondrán un riesgo de mayor contaminación ambiental. Así pues, este proyecto forma parte de una dinámica en la que el Sur global se está convirtiendo en un vertedero para el Norte global y tiene que soportar los costes medioambientales del consumismo y la prosperidad en otros lugares…».

De acuerdo a cálculos conservadores por cada kilo de cada kilo de hidrógeno se usan 10 litros de agua dulce. Es decir en casos de insuficiente disponibilidad de ese recurso se deberá aplicar primero la desalinización de agua de mar. Sin embargo, no es suficiente que sea agua dulce, ya que también debe ser desmineralizada, proceso que a su vez requiere de energía.

Por eso y de forma crítica, Lucio Cuenca, coordinador del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), advierte, en una reciente entrevista en Radio Universidad de Chile, de la paradoja que significa producir energía a partir de fuentes renovables y luego inyectar esa energía en un proceso electroquímico para obtener este vector energético que luego se traslada a otros parajes del mundo donde se ha determinado que este elemento sea uno de los ejes centrales de la transición energética y evitar la catástrofe climática.

El caso de Chile

Un ejemplo muy cercano de inversión en este tipo de proyectos se encuentra precisamente en Chile, donde la estrategia de hidrógeno se declaró a fines del 2020 por el gobierno de Piñera que ha tenido continuidad por el actual gobierno de Boric. Se trata de un plan de hidrógeno verde que afecta al conjunto del territorio, ya que los elementos más importantes son la disponibilidad de agua y la instalación de plantas de generación de energía renovable.

Por eso Lucio Cuenca plantea en la misma reflexión el problema de expandir la generación de energía eléctrica para producir hidrógeno verde, pero no para el recambio de la matriz energética en el propio país y prescindir de tal manera del uso de carbón para las termoeléctricas o diesel para los camiones, ya que la “la prioridad del hidrógeno verde lamentablemente está puesta en la exportación y Chile no va a tener hidrógeno verde, porque es muy caro y responde más bien a una estrategia global, que están empujando las grandes trasnacionales”. Por lo tanto cuando se habla de hidrógeno verde “se está hablando de miles de hectáreas para el uso de energía eólica y fotovoltaica, …. una presión muy grande a todos los sistemas hídricos”. Presión que profundiza aún más la actual crisis hídrica que está viviendo Chile hace años con más de la mitad de los comunas (distritos) del país declaradas con escasez hídrica, con muchos ríos desaparecidos y con recurrentes megaincendios forestales que han arrasado los ya de por sí desecados territorios del centro del país.

La ocupación de territorio a gran escala se explica por la necesidad de producir energía a costos competitivos a nivel global a partir de proyectos eólicos o fotovoltaicos que obligadamente deben ser de grandes dimensiones. Sólo así se logra obtener hidrógeno verde a precios que en Chile se proyectan a 1,5 a 2 US$ por kilo y que entonces lograrían competir por su bajo precio en los mercados internacionales. Esto explica que en el país vecino la generación de energía renovable alcance los porcentajes más altos de América Latina e incluso tenga un excedente de producción de electricidad, algo creado en función de la estrategia del hidrógeno verde.

Otro impacto invisibilizado pero a la vista de quienes padecen su vecindad tiene que ver con las estructuras gigantescas como las turbinas eólicas que se están instalando cerca de las casas de la gente, infraestructura que modifica las condiciones de vida de estos territorios.

Evitar experiencias fallidas

En Chile no se le ha consultado a la gente sobre la estrategia de hidrógeno verde que involucra a todo el país y sin que se hubiese implementado una evaluación ambiental estratégica. Una evaluación que estudiase este plan a partir de los distintos instrumentos de ordenamiento territorial, de planes de desarrollo de las regiones, de la comuna (distrito), de las áreas protegidas y de los pueblos indígenas. Es decir, se está impulsando una estrategia sin medir previamente los reales impactos y cómo se inserta en cada uno de los territorios donde ya están presentes previos conflictos ambientales, como aquellos originados por la falta de agua.

Con la experiencia de la expansión minera en Perú, donde las concesiones muchas veces se superponen a los territorios de las comunidades sin respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la población debe estar alerta y entender que la transición energética promovida en el norte global no responde a una aparente toma de conciencia por las múltiples emergencias civilizatorias y las necesidades de la gente, sino más bien es una nueva vuelta de tuerca para exprimir recursos baratos del sur para goce de una minoría que sigue consumiendo el planeta dejando detrás una huella de territorios devastados.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha informado esta semana el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) en la provincia de Yauli-Junín, tras 13 años de paralización, ahora en manos de sus extrabajadores.

Una decisión adversa a los intereses de la población, según el ingeniero ambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi, quien recordó que mediados del 2000 La Oroya fue identificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, debido a los altos niveles de contaminación emitidas en el proceso de refinamiento de minerales del complejo que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre.

La contaminación de La Oroya por metales pesados es un proceso que data de 1922, época en la que que el CMLO inicia sus operaciones como sucursal de la empresa Cerro de Pasco Corporation.

El precedente de las operaciones que ha dejado la empresa Doe Run, propietaria del complejo, cuando fue privatizada en 1997, es catastrófico, explica Alejandro Berrospi, tanto para las personas como para los ecosistemas. Entre los primeros se encuentran los tristemente célebres casos de niños de familias cercanas a las instalaciones que nacen con altísimos niveles de plomo, pese a que las operaciones estuvieron paralizadas desde el 2009, de acuerdo a estudios realizados por Dirección Regional de Salud Ambiental de Junín en La Oroya. Entre los segundos, en tanto, el ingeniero y experto en temas ambientales expone el caso de la cuenca del río Mantaro, afluente muerto según sus palabras por los altos niveles de contaminación a los que está expuesto.

Quedará por ver cómo funcionará el circuito de zinc, el primero de los que se ha puesto en marcha, antes que continúe con los circuitos de plomo y de cobre hacia 2025. “Ninguna de estas tecnologías han estado controladas en una fundición terriblemente contaminante, siendo La Oroya una de dos de las que existen en el país junto con la fundición de ILO de Southern Perú, que contamina todo el mar y todo el litoral de la zona y ambas son letales, tanto para el ambiente como para la población”, expresa Edwin Alejandro.

Por todo esto, preocupa el reinicio de las actividades, dado que no se conocen aún con exactitud los compromisos ambientales de las operaciones. Según el experto de Red Muqui: “El Estado está otorgando licencias de operación, sin respetar los derechos de las poblaciones que viven ahí y de las comunidades del Valle del Mantaro, o sea no hay consultas a las poblaciones, no hay una debida fiscalización ambiental, ni una serie de evaluaciones de los riesgos que conllevan su operación”

Por último, es importante destacar que está pendiente un fallo de La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que podría determinar la responsabilidad del Estado en perjudicar gravemente la salud de los habitantes de La Oroya. Sesenta y cinco de los cuales iniciaron en 2006 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que quince años después presentó ante la Corte el caso de la comunidad de La Oroya y que tiene como denunciado al Estado peruano por contaminación ambiental.

Para Edwin Alejando, esto demuestra que al régimen de Dina Boluarte no le interesa esta sentencia y antepone el interés empresarial por sobre el resguardo de la salud y del medioambiente.

Liliana Carhuaz, defensora de derechos humanos de La Oroya, expresó que antes del reinicio de las actividades de la fundición habría sido lógico que el gobierno subsanara todos los factores que han llevado a la contaminación del ambiente y el daño a la salud de las personas. “Si bien es una empresa nueva, que está a cargo de los trabajadores que han estado paralizados y el gobierno ha favorecido el trabajo de ellos, hay temas pendientes respecto a la responsabilidad ambiental y de la salud”, cerró Carhuaz.

Estreno de documental audiovisual “El Valle de Condebamba, donde crece la vida”

Red Muqui invita a la proyección del documental audiovisual “El Valle de Condebamba, donde crece la vida” (30 minutos), producido por Red Muqui y Grufides bajo la dirección de Eliana Lafone, que revela la resistencia y defensa comunitaria del agua ante la amenaza del proyecto minero Michiquillay.

El documental se proyectará en el Hotel Carrera (Jr. León Velarde 123, Lince), el miércoles 25 a las 3 p. m. y cierra el Foro Nacional, organizado por Red Muqui por sus 20 años de existencia, titulado “Las comunidades frente a la expansión minera: balance y perspectivas”, donde se realizarán mesas de trabajo con diálogo posterior entre participantes y panelistas.

Lo que revela el documental
El departamento de Cajamarca se retrata muchas veces en los medios, como una región pobre, debido a los altos índices de pobreza que en 2018 afectó al 13,9 por ciento de la población. Si se tiene en cuenta que es la principal región extractora de oro que aporta casi una cuarta parte de la producción peruana, con megaproyectos tan conocidos como Yanacocha, cabe hacerse la pregunta ¿Por qué tanta pobreza en medio de montañas de oro que atraviesan literalmente su geogratia? A cualquier visitante de su ciudad capital, llaman la atención lo verde de sus paisajes y la cantidad de productos lácteos que se venden en sus antiguas y atiborradas calles.

Aquí hay dos claves que revelan los verdaderos tesoros de un departamento rico en recursos imprescindibles para la supervivencia humana: agua y su rica biodiversidad que han transformado a Cajamarca en la principal cuenca lechera del país.
De hecho, más de la mitad de su población trabaja en la agricultura, ganadería y pesca. Gente de comunidades y poblados que generan autoempleo en sus numerosos y fértiles valles y activan una compleja cadena de actividades económicas intensivamente vinculadas a la agricultura y ganadería.

En tanto, la contribución de la minería al empleo es muy baja ya que solo representa el 0,8 por ciento de la población económicamente activa. Pese a esta realidad los gobiernos y el gremio minero presionan por nuevos proyectos de extracción de minerales. Uno de ellos, Michiquillay de la empresa Southern Copper Perú está a punto de iniciar su fase de explotación en la cabecera de cuenca del río Crisnejas.

Con ello está generando preocupación entre los habitantes de las zonas indirectamente impactadas por encontrarse río abajo del Crisnejas y del Valle de Condebamba que sufren desde hace años el impacto de la extracción formal a gran escala como la minera Shahuindo, pero también de numerosos proyectos de la minería informal localizados en la zona. Percepciones basadas en la observación de la pérdida de la fauna acuáticas de los ríos, coloración extraña de las aguas de manantiales, lento crecimiento de cultivos, frutales afectados, pérdida de fertilidad natural de las tierras, desaparición de animales silvestres, batracios y mariposas de las riberas de los ríos, afecciones dérmicas en los niños que se bañan en los ríos. De otra parte, las familias agricultoras del entorno de las operaciones mineras de Condebamba, que aún no sufren efectos severos de contaminación, como las familias de la Encañada expresan su preocupación y temor por el inminente daño que se avecina.

La amenaza para un espacio ecológico biodiverso y con especies endémicas del Perú
El documental audiovisual, “Valle de Condebamba: Donde nace la vida”, realizado por la documentalista Eliana Lafone con el auspicio de Pan para el Mundo muestra la vida y esperanzas de la gente del valle y sus formas de organizarse frente a este y otros proyectos mineros que amenazan con acabar con este espacio ecológico único, el segundo valle interandino más biodiverso del planeta.

La película de una duración de aproximadamente 30 minutos también presenta algunas de la conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental de las Actividades Mineras en el Valle de Condebamba realizado por el botánico y doctor en bioquímica Fidel Torres que realizó detallados estudios químicos y biológicos de la calidad de agua en diferentes puntos del Río Crisnejas en octubre de 2022. El propio Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) del proyecto de exploración minera “Michiquillay”, presentado por Southern Perú, a desarrollarse en el distrito de Encañada, provincia y departamento de Cajamarca señala impactos inmediatos en el ambiente del área de ejecución de la explotación que afectarán notablemente factores importantes de esta zona que pertenece a la naciente de la cuenca Crisnejas.

El estudio concluye que se afectarán las zonas de vida de páramos, bosques de neblina, lagunas y bofedales y 169 especies que habitan esas zonas quedarían expuestas a ser exterminadas, de las cuales tres son endémicas del Perú, es decir no existen en ninguna otra parte del planeta.

El pasado 7 de agosto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión.

Alertamos que la propuesta generaría una afectación a la institucionalidad ambiental, cuyo fortalecimiento ha sido progresivo desde 1990, con la creación del primer Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales hasta la actualidad con la consolidación de los entes de regulación y fiscalización a través de la especialización de los organismos técnicos del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Desarrollo Agrario. De esta manera, la SNMPE busca flexibilizar los actos administrativos de acuerdo a los intereses privados, y deja de lado el deber de prevención y el principio precautorio anclados en el derecho ambiental, cuyo objetivo es proteger los bienes jurídicos de la Nación. A través de la propuesta mencionada, el lobby minero además acepta implícitamente la posibilidad de una alta tasa de conflictos socioambientales por la falta de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos.

Al respecto, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, manifiesta que “la propuesta de la SNMPE es un riesgo latente para la garantía de derechos ambientales de los pueblos originarios, peor aún en un contexto de estrés hídrico y crisis climática a nivel mundial que dificulta la seguridad alimentaria en el país. Además, Borda asevera que “no se pueden seguir imponiendo los intereses privados a costa del medio ambiente, el agua y la vida de los PPII”

En ese sentido, desde la Red Muqui rechazamos tajantemente las declaraciones de la SNMPE porque conlleva la eliminación de las autoridades ambientales, que conlleva una acelerada promoción sectorial de los proyectos de inversión en cartera de cada ministerio, vulnerando la imparcialidad de los procesos de certificación y afectaría los derechos colectivos de la población y las comunidades nativas y campesinas.

El pasado 28 de junio, dirigentes de los distritos de Llalli, Umachiri, Ayaviri y Cupi, junto a autoridades distritales y de la provincia, llegaron a Lima para exigir acciones inmediatas para la remediación de la cuenca Llallimayo. Sus aguas fueron contaminadas por la empresa minera Aruntani S.A.C, hecho que fue comprobado por el OEFA en el 2017, pero que venía sucediendo desde el 2009 según testimonios de pobladores locales.

La respuesta del régimen fue recibir a la delegación de Llallimayo en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas en Lima, en presencia de los viceministros de las carteras de Minas, de Desarrollo Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM; Secretaría de Descentralización de la PCM; y representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de Construcción y Saneamiento-MVCS; de Salud; así como del ANA, OEFA y AMSAC.

El acuerdo principal de la reunión fue asumido por representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), quienes se comprometieron en articular con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la integración de S/. 4’611,401 millones de soles para el tratamiento del agua contaminada por Aruntani S.A.C en el proyecto de ley de presupuesto 2024. Para tal fin, el MINEM asumió el compromiso de reunirse con el MEF y evaluar la posibilidad de que el financiamiento sea entregado el 2023. La comprobación del cumplimiento de estos acuerdos debió ser enviada y presentada a los dirigentes y autoridades de la cuenca del Llallimayo el 7 de julio, tal cual figura en el acta de acuerdos de la reunión del 28 de junio.

Sin embargo, a la fecha el MINEM no lo ha hecho, motivo por el cual mediante Oficio N° 023-2023-FREDERHCULLA/HENZ/P, el Frente de Defensa de los Recursos Hídricos de la Cuenca Llallimayo solicita que el MINEM emita una respuesta sobre la fecha de otorgamiento presupuestal. Además reitera su disposición al diálogo que ha evidenciado en reiteradas ocasiones a fin de solucionar la problemática de su cuenca en la que viven más de 20 mil personas en los distritos de Cupi, Llalli, Umachiri y Ayaviri. No obstante, en vista de los reiterados incumplimientos de parte del Ejecutivo, y en caso de no atender a su solicitud anuncian una movilización social masiva e indefinida hasta lograr la remediación por la grave contaminación en la que se se encuentran la cuenca Llallimayo y el lago Titicaca.

1. https://muqui.org/noticias/dirigentes-y-poder-ejecutivo-instalan-la-mesa-de-trabajo-de-la-cuenca-de-llallimayo/
2. Oficio Múltiple N° D000212-2023-PCM-SSGD

Al día siguiente de la celebración de los 202 años de la declaratoria de independencia del Perú por José de San Martín, hay otro hito importante en el país que celebra no sólo la comunidad Cruz de Mayo-Caraz. El 29 de este mes, hace casi quince años, la comunidad campesina logró, después de arduas luchas, recuperar el control sobre la gestión de la laguna de Parón. Ubicada a cerca de 4.200 metros sobre el nivel del mar, en Huaraz, Áncash, es el depósito natural de agua dulce más importante de la Cordillera Blanca y una de las lagunas de mayor atracción paisajística de esta región.
Con ello la comunidad campesina volvió a priorizar el uso del agua para consumo humano, riego de cultivos y proyectos de turismo sostenible, ya que es ella la que ahora maneja la compuerta y con ello tiene control de su desfogue. Quién, al contrario, resintió el cambio en el mando de las compuertas del esencial líquido fue la empresa hidroenergética Duke Energy Perú, dueña de la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato. Precisamente esta central tenía la licencia de uso del agua de la Laguna de Parón hasta 2008, momento en el que las comunidades se organizaron y recuperaron su control.
Para la generación de energía la empresa depende del caudal del río Santa, uno de cuyos principales tributarios nace en la laguna Parón y consecuentemente con regularidad intenta presionar a la Comunidad Campesina Cruz de Mayo de Caraz, para descargar las aguas de este depósito.
El 14 de julio pasado el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) dispuso suspender de manera temporal las visitas a este atractivo turístico. De acuerdo a una reciente nota en el diario La República la laguna amenaza con desbordarse debido a las lluvias y al rápido descongelamiento de glaciares, con poptenciales efectos devastadores que podrían impactar en las localidades aledañas, entre ellas la ciudad de Caraz.
Según este artículo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash, advirtió el viernes pasado que la laguna habría alcanzado una cota de 4,199.55 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, en conversación con Red Muqui, fuentes de la comunidad desmintieron la información de La República – y explicaron que en dicho caso las aguas ya estarían rebalsando las estructuras de contención de la laguna, lo que a simple vista no está ocurriendo. La comunidad, que para su gestión conformó el Comité de Vigilancia y Monitoreo del nivel del agua de la laguna Parón, mide con regularidad el nivel del agua. Según la fuente consultada, la última vez, este se encontraba cerca de los 4190 msnm, precisamente la cota regular del agua que se ha logrado establecer como nivel deseable con los entes encargados, después de diversas movilizaciones y mesas de diálogo con las autoridades competentes.
En realidad, según los conocedores de esta temática, la advertencia de inminentes avalanchas y rebalses es reiterada cada cierto tiempo y los potenciales riesgos son conocidos desde hace años. Lo que se ha repetido también con frecuencia son las alertas de las autoridades y las suspensiones temporales de las visitas de este atractivo turístico, con la siguiente pérdida de ingresos económicos que dejan los visitantes.
Así, a mediados de junio de 2019, el gobierno del presidente Vizcarra decretó el “Estado de Emergencia de la Laguna Parón ubicada en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, del departamento de Áncash, por peligro inminente ante posible desembalse”.
La comunidad, por ello, advierte que se trata de un nuevo intento de devolverle a la empresa hidroeléctrica el control de un espacio, que gracias al trabajo comunitario ha recuperado su belleza paisajística. Una realidad que la comunidad trata de compartir con visitantes de este atractivo turístico. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en 2011 valoró además la lucha de la comunidad campesina al otorgarle el premio Nacional de Derechos Humanos «Angel Escobar Jurado».

La delegación multipartidaria del Parlamento Catalán que han visitado recientemente el Perú en una misión de observación sobre Democracia y DDHH ha constatado graves vulneraciones de derechos fundamentales y han observado con especial preocupación la estigmatización y criminalización de los manifestantes con el calificativo de terroristas.
La comisión integrada por los diputados y diputadas Francesc de Dalmases, Jenn Díaz, Susana Segovia y Carles Riera estuvieron en el país desde el 9 hasta el 14 de julio, tiempo en el que visitaron Apurímac, Puno y Ayacucho donde tomaron contacto directo con familiares de víctimas y diversas autoridades estatales.
También visitaron Ventanilla para conocer la situación un año y medio después del peor derrame de petróleo ocurrido hasta la fecha en la costa peruana causado por la empresa española Repsol en la zona.
La visita se basó en una Declaración aprobada el pasado 25 de enero por la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña en defensa de las movilizaciones sociales y por el fin de la represión en Perú.
En su calidad de vocero de la delegación, Carles Riera secretario tercero del Parlamento de Cataluña, calificó de especialmente grave la disminución en la autonomía y separación de poderes del Estado que constataron en su visita, que repercute a su juicio en el ejercicio de la democracia en el país.
La diputada Jenn Diaz que se reunió con familiares de víctimas en Andahuaylas constató actos de racismo, clasismo y discriminación por género – sesgos aplicados por las instituciones estatales y promovidos por importantes medios de comunicación, que a su vez han sido reforzados por grupos de extrema derecha y fascistas, en lo que calificó de proliferación de discursos de odio. Un fenómeno social que se repite a nivel global.
Francesc de Dalmases que visitó la castigada ciudad de Juliaca, relató que en conversaciones con autoridades escuchó que en la represión ejercida por el Ejército y policía hubo más muertos que detenidos, un hecho que habla de la calidad y de las decisiones políticas sobre cómo enfrentar las protestas. Manifestó además que percibió en muchos testigos la sensación de vivir experiencias de actuaciones estatales que parecían superadas con el fin del conflicto armado interno, en lo que constituye, según él, una verdadera regresión democrática.
Susana Segovia, a su vez, lamentó la persistente criminalización de sujetos y actores de la protestas con el uso generalizado y estigmatizante del adjetivo de terroristas (terruqueo).
En relación a la visita que realizaron durante el primer día a Ventanilla para observar los estragos del desastre que dejó el masivo derrame de petróleo del consorcio español Repsol ocurrido en enero del año pasado, los representantes constataron en terreno la damnificación e indefensión de las comunidades de la zona que viven de la pesca y lamentaron la insuficiente respuesta ante las demandas y faltas de medidas de remediación por parte de la empresa y del gobierno.
Todas estas observaciones estarán plasmadas en el informe final de la investigación en elaboración y que será presentado próximamente al Parlamento de Cataluña.

Por: Beatriz Cortez Sánchez
Coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental

Desde el 07 de diciembre, con la vacancia de Pedro Castillo, el pueblo peruano especialmente del Sur Andino se movilizó masivamente por la defensa del voto popular. Esta lucha contra el sistema político también relevaba un profundo cuestionamiento al sistema económico centralista y privatista que por décadas ha relegado a las regiones y especialmente a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe situacional sobre Perú, señala que la economía peruana está basada en el extractivismo:
“La economía peruana está basada, primordialmente, en un modelo extractivista, cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.”(párrafo 32)

El modelo económico extractivista peruano trae gravísimas consecuencias para las comunidades. Una de las principales es la afectación a la salud ambiental y humana, que por ende pone en riesgo la vida de las personas. El MINSA en 2020 ya desveló la dramática cifra de 10 millones de personas expuestas a metales tóxicos, en 2018 el MINSA ya había señalado que para la determinación de áreas de peligro de exposición para la población, se tienen en consideración entre algunas de las fuentes de contaminación los pasivos ambientales, las unidades mineras activas y el agua de consumo humano con presencia de metales pesados. [ Documento Técnico “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas”(Resolución Ministerial N° 718-2018/MINSA.)]

En 2021 la Defensoría del Pueblo emitió un informe donde reafirmaba que el principal grupo poblacional que está expuesto a la contaminación con metales pesados son los niños de 0 a 11 años, por ello enfatizó en la importancia de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, articule con las carteras de Salud y del Ambiente. Ese mismo año se logró la conformación de la Comisión Multisectorial Temporal de Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas, por ello ahora tenemos el Plan Especial Multisectorial – PEM (Decreto Supremo N° 037-2021-MINAM).

Si bien la aprobación de este Plan significó un gran avance para las poblaciones afectadas, ahora estamos en un contexto muy adverso para lograr su implementación efectiva. Necesitamos un Estado que opere con perspectiva integral, que sea capaz de articular sectores y niveles de gobierno. Pero, nos encontramos ante un Estado que por años ha estado bajo la influencia de la empresa privada especialmente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y que ahora, en manos de una mafia autoritaria busca restaurar el control empresarial de las prioridades del Estado. Por ello, es seguro que desde algunos sectores productivistas se tendrá escasa simpatía por una mirada integral de la protección de la salud humana y ambiental, especialmente desde el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que durante el funcionamiento de la Comisión Integral que aprobó el PEM, insistió que para la calificación de las zonas afectadas por metales pesados, se tuviera en consideración además los criterios económicos.

¿En qué forma el nivel de riesgo y gravedad de afectación a la vida humana puede medirse en función de lo económico?. Más bien, se evidencia el rol contrario a la protección de la vida que juega el MINEM. Pese a ello, ahora tenemos un Plan y también una Ley ( Ley Nº 31189) , que reconoce varios elementos del Plan, como marco normativo base. Esto, gracias a la organización y presión de la Plataforma Nacional de personas afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas y algunas autoridades aliadas. Por ello, debemos tener muy presente, que para que el Estado pueda actuar de forma efectiva e integral se necesitará siempre la presión y movilización social especialmente desde lo local, ya que se ha demostrado que estamos ante un Estado sumamente centralizado donde las prioridades son ordenadas en función de intereses empresariales.

En mayo de 2023 se publicó el Reglamento de la Ley 31189 (Decreto Supremo Nº 007-2023-SA), Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. Este Reglamento desarrolla la Ley 31189 aprobada en 2021 que constituye el marco normativo general que tenemos sobre atención a personas afectadas por metales tóxicos y que tiene mayor jerarquía que el Plan Especial Multisectorial- PEM (Decreto Supremo Nº 037-2021-MINAM). Los funcionarios del Estado deberán cumplir sus obligaciones a partir de esta norma.

Es decir, tenemos un marco normativo base, pero como reto debemos fortalecer la organización local para exigir y participar activamente en la implementación efectiva del PEM en conjunto con el desarrollo de los Planes de atención local. Recordemos que la Defensoría del Pueblo en 2021, informó que solo ocho regiones de 25, han tenido experiencias de desarrollo del Plan de Atención en el marco de la Directiva Sanitaria N° 126-MINSA/2020/DGIESP. Por ello es cada vez más necesario reforzar la incidencia local.

Hay que tener en cuenta que el régimen de Dina Boluarte, viene presionando a las organizaciones populares en las regiones para que la respalden. La Plataforma Nacional de Personas Afectadas ha manifestado reiteradamente su rechazo al gobierno de Dina Boluarte por ilegítimo y por las graves violaciones de derechos humanos y masacres cometidas contra el pueblo. De ninguna forma se puede permitir que el Estado sea usado para condicionar la atención de demandas sociales de la población movilizada, en este caso los afectados por metales tóxicos. Por ello es clave tener una postura política clara y autónoma frente a un gobierno que cada vez es más autoritario, sin dejar de exigir el cumplimiento de demandas básicas como las relacionadas con la salud ambiental y humana en el país.

Jesús Cornejo Reynoso, defensor ambiental y exdirigente vinculado erróneamente en la participación directa en los disturbios durante las protestas de “Agro sí, mina no” contra el proyecto minero Tía María (2015) fue detenido el día 07 de junio a las 16:20 horas en el Valle del Tambo y trasladado hacia el penal de Socabaya de acuerdo con lo dispuesto por la sentencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa que dictaminó el pago de 35 mil soles y a una pena privativa de libertad de 7 años y 4 meses por el supuesto delito de motín y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.

Al respecto, de acuerdo con Nelly Ledesma, abogada que ha participado en la defensa legal de Cornejo, “a Cornejo se le ha sentenciado por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos y por el delito de motín, y se le ha absuelto por los delitos de asociación ilícita para delinquir y del delito de extorsión, frente a la condena se interpuso un recurso de casación, el cual fue declarado improcedente y lo que preparamos fue un recurso de queja, en ese marco interpusimos un “hábeas corpus” contra la orden de captura porque consideramos que mientras haya un procedimiento en curso, la sentencia de la Sala no se podía considerar como firme”. Por ello, aún está en trámite el recurso de queja ante la Corte Suprema, la abogada Ledesma también agrega que: “el propio Poder Judicial mediante twitter señala que Jesus Cornejo ha sido capturado por el delito de extorsión, cuando esto es falso, es evidente que es una persecusión a los dirigentes que se oponen a una gran empresa (…) el señor Cornejo ha ejercido su derecho a la protesta sin violencia y tampoco ha generado daños (…) lo que está ocurriendo es que se está dañando la imagen del Sr. Cornejo”

Esta situación evidencia la estigmatización y criminalización hacia las labores de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales, quienes luchan en primera línea por contrarrestar impactos ambientales negativos en sus territorios, en este caso Jesus Cornejo es un defensor del agro y de la vida del valle de Tambo, por defender su alternativa de vida frente a la minería fue sentenciado injustamente el año 2022. De igual forma David Velazco, abogado de FEDEPAZ que viene desarrollando defensa legal de diversos defensores ambientales en Valle de Tambo , señala: “Se intenta desmovilizar a la población a través de la captura o detención de sus dirigentes , este es el caso de Jesús Cornejo, quien es un reconocido dirigente social defensor del ambiente y que lucha por los agricultores de su valle para que no se afecte su modelo de desarrollo social basado en la agricultura que se verá gravemente afectado con el funcionamiento del proyecto Tía María.”

Desde Red Muqui, exigimos un correcto acceso a la justicia para todos los defensores y defensoras del ambiente y el territorio, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desequilibrio de poderes frente a las empresas mineras, tales como Southern Perú, que dicho sea de paso tiene innumerables infracciones ambientales registradas por el RUS del OEFA, con un total de 92 y con 327.03 UIT de multas hasta la fecha. Al momento el proyecto minero Tia Maria pretende retomar acciones nuevamente, e insistir con su proyecto minero, algo que la población local del Valle de Tambo ha rechazado tajamente desde hace varios años.