Este viernes se ha cumplido el quinto día de paralización en la provincia cusqueña de Espinar. Las comunidades demandan la reformulación del convenio marco con la minera Glencore Antapaccay, así como de un bono de 2000 soles por la crisis económica y social producto de la pandemia de COVID 19 y el alza del costo de vida.

Para entender el trasfondo de este conflicto y entender qué significan las demandas en torno al llamado Convenio Marco hablamos con Oracio Pacori. El director ejecutivo de la organización Derechos Humanos sin Frontera (DHSF), explica que ha habido una evolución en la conflictividad que se vive en Espinar. 

Mientras que en los años 90’ las comunidades de la provincia discutían cómo se podían beneficiar económicamente de la explotación minera, en la década siguiente, con particular fuerza en 2012, el tema principal pasó a ser la remediación de la contaminación, especialmente de las fuentes de agua. A partir de la pandemia vuelve a estar más presente el tema económico por el impacto que tiene la paralización de la actividad económica con las medidas de confinamiento y la serie de restricciones que impone el gobierno para controlar la pandemia. 

“En resumen se puede decir que al menos desde 2002 para la población está claro que si los impactos negativos de la minería no son remediados, atendidos o tratados adecuadamente van a terminar en momentos álgidos de conflictividad”, explica Pacori. 

Recuerda que Espinar no es cualquier provincia, ya que acumula 40 años de convivencia con la minería que arrastran múltiples consecuencias negativas y por otro lado una eventual ampliación de las operaciones llevarían a otros cuarenta años de actividades y nuevos impactos. El tiempo correspondiente al ciclo de vida productivo que se espera explotar, sin contar los pasivos ambientales que va arrojando la minería y que dejarán una herencia tóxica por otros cientos de años. 

El pliego de demandas  

Sin embargo se debe entender según Pacori, que en el trasfondo del conflicto subyace el relacionamiento que existe entre las comunidades y la empresa minera, justamente por el impacto que genera la minera en la vida de los espinarenses.

La plataforma de pedidos que tiene la Plataforma del Comité de Lucha lo plantea claramente, las tres demandas tienen que ver con la presencia de la minera y su actividad extractiva : 

Primera : El bono de 2 mil soles para cada habitante de la provincia con fondos del Convenio Marco, que se obtienen del tres por ciento de las utilidades de la empresa, para hacer frente a los impactos que está dejando la minería. 

Segunda : La reformulación del Convenio Marco. Pacori explica que este pedido tiene que ver con cómo se asignan y priorizan estos fondos para la provincia de Espinar

Tercera : Que se transparente cómo se va a viabilizar el proyecto Expansión Tintaya- Integración Coroccohuayco, la ampliación del actual proyecto Antapaccay y el impacto que podría tener en otro ámbito territorial y con otras comunidades en la provincia. Una ampliación que significa asimismo un incremento en las utilidades de la empresa, fondos del Convenio Marco que también se van a incrementar. 

Convenio Marco, conquista que va más allá del beneficio económico

Son, por lo tanto, pedidos, que si bien tienen plazos diferentes, están encadenados entre sí por el convenio marco. Instrumento, que tal como lo explicó hace unos años el fallecido ex alcalde de Espinar e histórico dirigente social de la provincia, Oscar Mollohuanca,  al medio de comunicación terra-justa en 2020, tiene su origen en la movilización y lucha, no en la buena voluntad de la empresa. Una conquista de la población que brinda mecanismos de control, de garantía de derechos, para que no se contamine el agua, el ambiente, etc. Planteado por el municipio y las comunidades en 1999 en medio de movilizaciones sociales, finalmente se logra firmar con la empresa en 2003. El convenio prevé la suscripción de convenios específicos para cada cláusula, algo que no se ha realizado. Estas y otras falencias son las que justifican el reclamo por la reformulación, entendida como el establecimiento de mecanismos de implementación de cada una de las disposiciones, no solamente aquella de índole económica.

La demanda de reformulación del convenio marco ha estado presente en todos los conflictos en Espinar, aunque hasta ahora las comunidades no han tenido éxito en avanzar con esta demanda. Estos planes económicos, además de no beneficiar a toda la población, evidencian el rol paternalista de las empresas que han generado relaciones clientelares de dependencia con las comunidades. En vez de que sean ellas las que administren y gestionen directamente los fondos destinados al desarrollo local, es la minera la que maneja estos recursos a través de la fundación Tintaya. De esa manera ha creado un nuevo poder fáctico de presión, de subordinación y de manipulación política desde la empresa minera hacia la sociedad espinarense, como sentenció Mollohuanca en la misma publicación.

Para las comunidades que están dentro del área de influencia directa e indirecta de la actividad minera se trata de un proceso conflictivo que se arrastra por los más de cuarenta años que tiene la minería en Espinar. 

El desenlace de las movilizaciones tiene distintos momentos, explica Pacori. La concientización es un proceso que se va produciendo en torno al pliego de demandas del Frente de Lucha y puede desencadenar en algún momento la participación de todas Espinar. Porque la agenda que tiene favorece inmediatamente la vida de los cuarenta mil habitantes que tiene la provincia de Espinar.  

Dádivas para algunos o bienestar para todos

Sin embargo, la empresa ha tejido una poderosa red de aliados, gracias al poder económica que tiene tras de sí, con el segundo mayor consorcio minero del mundo, Glencore, como matriz y con las propias utilidades que genera una explotación que durante la década pasada representó el 10 por ciento de la producción de cobre del Perú. Y así es capaz de financiar publicidad que es transmitida en un 90 por ciento de los medios locales de Espinar que mantienen un vínculo de dependencia con la actividad minera. Las instancias estatales de toma de decisión son otro ámbito al que se han extendido los brazos de la empresa. Uno de ellos es el gobierno local que administra una parte del canon minero. Y por otra parte, esas instancias integran el Comité de Gestión del convenio marco. A ello se suma un proceso de cooptación de algunos dirigentes lo que ha llevado al debilitamiento de ciertas organizaciones sociales. Hay, como constata el sociólogo José Antonio Romero, en declaraciones al medio de comunicación terra-justa en 2020, una descomposición del tejido social. Porque al final, que la minería en Espinar brinda un buen ejemplo, explica Romero, de lo que se conoce como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005): que consiste en el despojo del territorio, mercantilización y privatización de los bienes comunes, por ejemplo cuando la tierra es arrebatada, expulsando a las poblaciones indígenas y campesinos. Esta apropiación y expulsión supone también la eliminación de los diversos tipos de propiedad (colectiva), según el experto que también ha trabajado para DHSF.

Si no es con la zanahoria es con el garrote

Un proceso que despierta claras resistencias, en los crecientes conflictos socio ambientales no sólo en el Perú. Por eso, para Oracio Pacori, las respuestas por parte de las empresas y del Estado se han desplazado hacia la criminalización y represión de la protesta social.  

Con patrones de individualización en los que se persigue a defensores de derechos que se exponen con su labor, tal como se ha visto con la denuncia y amedrentamiento que ha hecho la empresa Antapaccay contra el presidente del Frente de Lucha, Sergio Huamaní. En una carta notarial dirigida esta semana al presidente, la empresa le exige que se retracte de sus denuncias contra Antapaccay que a juicio de los dueños de la minera serían acusaciones falsas.

Derechos Humaos Sin Fronteras lleva un registro, en el que se constata que sólo en último tiempo, han sido tres los defensores y de derechos quienes han sido denunciados por los operadores del consorcio, a través del mecanismo de la querella. Una estrategia, cuyo fin es golpear a las personas que se atreven a encabezar la organización de la protesta y sentar así un precedente ante los ojos de la población, para que nadie se atreva a resistir.

Las proyecciones para el futuro

Oracio Pacori prevé que en un futuro cercano el foco del conflicto se desplazará hacia las afectaciones que tiene la minería, no sólo en un recurso vital como el agua, sino directamente en la salud y la vida de las personas. Y recuerda las evidencias de los diferentes estudios, según las cuales los niveles de exposición que tienen las comuneras y comuneros a los metales pesados son muy altas. 

En lo inmediato el proceso de diálogo de Espinar en el que está involucrado el gobierno central, incluye las negociaciones sobre el convenio marco y la realización de la Consulta Previa para la ampliación del proyecto de Integración Coroccohuayco. No obstante, no son una prioridad para un Estado que le da preferencia a la inversión en nuevos proyectos mineros o en la ampliación de otros ya existentes.

Ayer fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la “Ley que reconoce el derecho de conocer los indicadores de contaminación por metales pesados u otras sustancias químicas y los niveles de afectación de los ciudadanos, e incorporar el enfoque intercultural en la medicina y la salud y que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y funcionamiento del hospital de desintoxicación de nivel II-E y del laboratorio toxicológico especializado en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villa Rica, y en otros departamentos, en modo progresivo, a nivel nacional.

Para conversar sobre las implicancias de esta normativa y cómo se construyó desde las organizaciones sociales de base la presión para avanzar en la atención a las personas afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas, Red Muqui se contactó con Jaime Silva, subdirector del Centro Labor, una de las organizaciones claves en Cerro de Pasco a la hora de evaluar y denunciar la grave contaminación que vive la población en dicho centro minero. 

¿Qué relevancia tiene esta ley publicada ayer en el diario oficial El Peruano?

Para nosotros, para la población de Pasco que tiene afectada a miles de niños y para muchas poblaciones, comunidades y distritos es una buena noticia, ya que a nivel nacional no contamos con un establecimiento de salud especializado que pueda dotar asistencia médica para la atención de niños afectados con plomo y demás metales. Ya los diversos estudios hechos en Cerro de Pasco, desde el 2007 con el Centro para el Control y la Prevención de Enferemedades (CDC) de Estados Unidos, así como con la Universidad de Pisa y Source International de Italia, establecen que a parte del plomo hay hasta diez metales que están presentes en los organismos y afectando la salud de los niños”.

A propósito de la presencia de estos metales pesados en los organismo de los niños de Cerro de Pasco es de destacar que hace tres años un estudio coordinado por científicos italianos en colaboración con un equipo de investigadores de universidades españolas y una portuguesa, había logrado demostrar el envenenamiento constante de los niños que viven Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen debido a la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno. 

Lo que sus investigadores sospecharon entonces y que los llevó a realizar nuevos estudios con las mismas poblaciones en junio y julio de 2021 se hizo público en Pasco en marzo pasado. Los niños de Cerro de Pasco están siendo envenenados con 14 diferentes metales pesados y su desarrollo cognitivo mutilado grave e irreparablemente por neurotóxicos liberados por las actividades mineras. Un envenenamiento progresivo y persistente que significa atrofiar el cerebro de niños.

“En este contexto”, prosigue Jaime Silva “ muchos de los niños que tienen estos malestares producto de los efectos de los metales pesados en sus organismos, no pueden recibir asistencia médica especializada en ningún establecimiento, no sólo de Pasco, sino a nivel nacional. Son derivados a hospitales que de manera muy genérica les hacen una revisión o evaluación, sin que eso implique alguna mejora para los niños.

¿Cuáles han sido los hitos más importantes desde que se plantearon las primeras demandas para obtener esta ley?

Efectivamente se trata de una demanda planteada por los pobladores de Pasco, también por aquellos que tienen menores afectados por metales tóxicos, que data del año 2008. En 2009 ya fue discutido este caso en el Parlamento Andino, donde se había  dado una opinión favorable de que sí debía implementarse una clínica de desintoxicación. Inicialmente se discutió bajo ese término. Más adelante, del año 2015 al 2018, fue fuertemente impulsada por la población que incluyó la “marcha del sacrificio” desde Cerro de Pasco hasta Lima por 15 días, con encadenamientos en el Ministerio de Salud. E incluyó otras medidas como la presencia en reuniones el Ministerio de Salud y en el Consejo de Ministros. El hecho es que, ya había cientos y miles de niños que mostraban síntomas en su salud producto de los metales pesados y que no encontraban pues atención especializada en los establecimientos de salud de Pasco, ni en Lima. A más tardar desde 2015, fueron uniéndose cada vez más personas y organizaciones, como el Centro Labor y presentaron los estudios mencionados. A diferencia de los estudios del CENSOPAS (Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud ) del Ministerio de Salud que sólo evaluaba el plomo en la sangre, eran estudios que evaluaban muchos más metales a través de muestras de cabello y otros. Todo ello ha generado que se sustente y se exija con pruebas que se trata de casos muy serios que deben abordarse de manera especializada que amerita contar con un establecimiento de salud enfocado en toxicología, para que puedan ser atendidos ahí los miles de niños de Pasco y demás poblaciones. Se trata de una realidad que viven más de 14 regiones de nuestro país, que están integradas en la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados y Otras Sustancias Tóxicas. Todos ellos hemos estado muy atentos a los diferentes foros y discusiones en el Pleno del Congreso de la República en torno a este proyecto de ley. Sobre todo para que no sea exclusivamente un hospital para Pasco. Era importante que casi unánimemente fuese aprobado (el proyecto de ley) por el que se creará un establecimiento de salud de atención nacional.

En cuanto al emplazamiento que tendrá el futuro hospital, el subdirector de Centro Labor explica que tal como lo detalla la ley, se ubicará en el distrito de Villa Rica, perteneciente a la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco. Un comité técnico de alto nivel integrado por médicos y otros profesionales, que visitaron y evaluaron diferentes lugares, llegaron a la conclusión que el futuro centro de salud tiene que estar fuera del área de impacto de proyectos mineros y también fuera de áreas que cuenten con concesiones de ese tipo. Entre las tres áreas propuestas en la provincia de Oxapampa que cumplían con esos requisitos, finalmente se optó por la comunidad nativa de Ñagazu, que está ubicada en la entrada de la provincia de Oxapampa explica Jaime Silva.

Si bien, haber logrado que el Estado finalmente se comprometa en la implementación de un hospital especializado es un avance en la lucha de los más de diez millones de personas que según el Ministerio de Salud están expuestos a metales tóxicos en el Perú, quedan muchos desafíos pendientes.

En lo inmediato y en relación a la ley promulgada, hace falta un seguimiento para que las diferentes instancias estatales se coordinen e implementen la construcción, pero también es necesario, según Silva, que se establezcan laboratorios toxicológicos en todas las regiones para que la gente, especialmente los niños sean evaluados, sin tener que desplazarse fuera de sus áreas. 

Por otra parte, Jaime Silva recuerda que hay muchas otras políticas públicas muy importantes que desde el gobierno central deben ser implementadas. Normativas que deben ser llevadas a la práctica. Entre ellas, el Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, cuya reglamentación aún no ha concluido. En este nivel debe haber una complementación y armonización para que se avance en la prevención de las peores consecuencias de la extracción de minerales y otros recursos no renovables.  

En el futuro inmediato se debe prever qué se hará con todas las fuentes de contaminación como en el caso de Cerro de Pasco y a qué lugares serán llevados los niños cuya salud haya mejorado gracias a la atención que reciban en el futuro centro especializado. Aquellos niños que presenten afectaciones por niveles de exposición a metales tóxicos más altos. Todas cuestiones que atañen a la sociedad en su conjunto y ante las cuales el Estado tiene que encontrar respuestas.

El pasado lunes 11 de julio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República archivó, por mayoría, la ratificación del Acuerdo de Escazú, dejando desprotegidos a los defensores y defensoras ambientales del país. Al respecto, queremos señalar lo siguiente: 

  1. Este Acuerdo representa un tratado multilateral de vital importancia no sólo porque contribuye al fortalecimiento de los derechos de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, sino porque representa el primer tratado vinculante que incluye medidas específicas para proteger a las personas defensoras del ambiente y que reconoce la importancia de su labor.
  2. Recordemos que el Perú es uno de los países más peligrosos de Latinoamérica para la realización de la labor de defensa de los derechos humanos y ambientales, esto se refleja no solo en la constante vulneración de los derechos que viven las personas defensoras, sino también en los asesinatos que han ocurrido por la defensa del medio ambiente. Desde el 2020, 22 defensores, principalmente de la Amazonía, han sido asesinados.
  3. Por esta razón, este archivamiento del Acuerdo de Escazú por el Congreso, representa un retroceso en el avance sobre los Derechos Humanos, sobre/del reconocimiento de las personas defensoras en la protección de sus derechos, su territorio, su ambiente y sus vidas. Las y los defensores de comunidades andinas, nativas y pueblos indígenas continúan desprotegidos y en situación de riesgo, ya que las acciones del Ejecutivo y de los diferentes ministerios encargados son insuficientes y poco efectivos.
  4. Frente a ello, exigimos al Congreso de la República que en la próxima legislatura se discuta y revise nuevamente la ratificación del Acuerdo de Escazú, y que los congresistas tengan como principal objetivo la búsqueda de la protección para los defensores y defensoras ambientales. 
  5. Exhortamos al Poder Ejecutivo volver a poner en agenda congresal la ratificación del Acuerdo de Escazú y a su vez implementar políticas reales de protección a los y las defensoras ambientales. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional de derechos humanos para que estén vigilantes ante la vulneración de los derechos de quienes defienden derechos en nuestro país.
Firman las organizaciones impulsoras de la campaña nacional Defensoras y Defensores del Perú:
  • Red Muqui
  • Red Muqui Sur
  • Cooperacción
  • Centro Bartolomé de las Casas
  • Derechos Humanos sin Fronteras
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
  • GRUFIDES
  • OXFAM Perú
  • Entre Pueblos
  • Instituto de Defensa Legal (IDL)
  • Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  • Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)
  • Mocicc
  • Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA)
  • Diakonia
  • Instituto Ambientalista Natura
  • We World
  • Broederlijk Delen
  • Paz y Esperanza
  • 11.11.11 Vecht Mee Tegen Onrecht
  • Huñuq Mayu

Perú, 13 de julio del 2022.

Actualización:

El día de hoy, 11 de julio, a las 11am se desarrolló la audiencia virtual de la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima, en que declararon inadmisible el recurso de casación 03675-2021 presentado por la defensa del ex trabajador minero: Saúl Juárez. Con esta decisión se da por agotada toda la vía judicial interna, negando toda pretención de Saúl de buscar compensación y atención en sus tratamientos en salud. Saúl ha manifestado su decisión de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), para ello presentará su petición formal ante la Comisión IDH. La Corte Suprema tiene un plazo de 10 días para hacer llegar la sentencia completa al demandante Saúl Juárez.

Nota original:

Al parecer se están acabando las vías judiciales en las que había depositado sus esperanzas Saúl Juárez para obtener justicia, quien después de trabajar doce años para la minera Antamina, fue despedido cuando estaba convaleciente de uno de los varios episodios de sinusitis que padeció durante su trabajo en la segunda mayor explotación cuprífera del país. Entonces había acumulado todo un historial de enfermedades que aparecieron algunos años después de haber comenzado en la mina, ubicada en el distrito de San Marcos, Provincia de Huari en la Región Ancash.
Más precisamente en marzo de 1999, cuando después de una exhaustiva evaluación de salud en la que se corroboró que no presentaba enfermedades comenzó como operador de maquinaria pesada. Muy pronto hizo cursos de especialización y se transformó en pit utility, nombre que reciben quienes supervisan en la mina que los equipos estén operativos y dan solución a problemas como reponer cables dañados por caída de rocas. “Yo trabajaba directamente, no dentro de una cabina, estaba afuera, moviendo las palas, instalando las líneas de alto voltaje para las perforadoras. Era el primero que entraba a un sitio donde habían volado para poder limpiar. Estábamos en el piso, las nubes de polvo te envolvían”, es la descripción que hace de su trabajo. Como él mismo dice, “siempre fui un hombre muy sano, pero después de trabajar durante 5 años en Antamina mi salud comenzó a deteriorarse y enfermé de patologías coronarias, digestivas, respiratorias y neurológicas”. Sin embargo, las evaluaciones médicas no encontraban ninguna anomalia. Tres veces le operaron los senos nasales y el diagnóstico fue rino-sinusitis crónica, sin ningún tipo de explicación, según el informe médico.

En el 2009, la gerencia de Antamina citó al trabajador para despedirlo y asegurarle que lo apoyarían con el seguro de salud. El argumento de una de las mayores mineras de cobre del mundo es que debido a su sinusitis no podía seguir exponiéndolo a trabajar en una mina ubicada a más de cuatro mil metros sobre nivel del mar. “Se hicieron los buenos para que no los denuncie”, afirma Saúl. Después de ello, poco a poco la empresa se fue desentendiendo de él, a pesar de que sus enfermedades estaban por agravarse. En 2011 se le diagnosticó un cáncer linfoma no hodking. Después de una serie de exámenes, que no dieron resultado, finalmente, y por sugerencia de un médico en salud ocupacional, decidió someterse a un examen para descartar intoxicación crónica por metales pesados, que pagó de su propio bolsillo. El mineralograma de cabello elaborado a partir de ese estudio arrojó que su organismo había acumulado plomo, estaño, aluminio, mercurio, cadmio, talio, antimonio, arsénico y uranio.

Es en el mismo año cuando comienza su periplo por la justicia, ya que presentó una demanda contra Antamina para que se le reconociera la enfermedad como adquirida por el desempeño laboral, y obtener así justicia, atención médica y poder atender a su familia, cuyo principal sostén era él. Sus dos hijos menores padecen de sordera, enfermedad que el trabajador minero asocia a que fueron concebidos post intoxicación con arsénico.
Después de que su demanda fuese desestimada en dos instancias anteriores, tanto por el Décimo Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo como por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, ahora queda el recurso de casación ante la Corte Suprema. Debido a que sólo se le avisó con poco más de una semana de anticipación de la audiencia que será el próximo lunes once de julio, que les da poco tiempo para preparar su alegato, Saúl Juárez es pesimista que ahora sí logren revertir los fallos anteriores y obtener justicia, al menos en el Perú. Porque tanto él como su abogado Mario Ríos están decididos a llegar a las últimas instancias que se encuentran en San José, la capital de Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes, el caso debe ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de un estudio que compruebe que se han vulnerado los derechos del demandante y que las instancias judiciales nacionales fueron agotadas, recomienda o no que el caso sea llevado ante la Corte del mismo nombre.

El padre de familia al menos cuenta con el antecedente que ya pudo exponer su caso ante la misma instancia, cuando en octubre de 2018 se realizó la audiencia pública titulada “Perú: Mineras y derecho a la salud” en el marco del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ella, la ahora ex premier Mirtha Vásquez en su calidad de abogada expuso que “Nosotros en este momento creemos que el Estado carece de una política de promoción y protección de las personas que se encuentran en riesgo de estar expuestas a metales tóxicos. No ha implementado mecanismos de vigilancia epidemiológica y no ha implementado ningún plan de contingencia para las situaciones en riesgo”. Además, la delegación de las organizaciones sociales, que expusieron la situación de Perú, encabezadas por las organizaciones Natura de Chimbote (Ancash); Grufides de Cajamarca y Red Muqui (Lima), denunciaron en esa ocasión al Estado, que para promover las inversiones en minería y la instalación de nuevos proyectos flexibiliza normas medioambientales. Así en 2017 se rebajaron los estándares de calidad del aire, lo que permitió que se incrementaran en doce veces los niveles de dióxido de azufre. Una medida, que como denunció Mirtha Vásquez, fue tomada para vender el proyecto metalúrgico de la Oroya, lugar donde el 99 por ciento de los niños tiene plomo en la sangre. Como un caso especialmente grave por las evidentes vulneraciones a los derechos laborales y de salud en el Perú, entonces le dieron la palabra a Saúl Juárez, quien pudo exponer lo que ha padecido por haber trabajado en Antamina ante los comisionados. Y es que, según las palabras de Mirtha Vásquez, los vacíos e insuficiente regulación sumado a las conductas del Estado peruano ponen en riesgo a las poblaciones vulnerables, entre ellas a los trabajadores.

 

En las últimas décadas, han crecido en forma vertiginosa las inversiones chinas en América Latina en los sectores extractivos y las grandes infraestructuras. Mientras tanto, hay cada vez más comunidades afectadas por el financiamiento y las inversiones chinas, por ello las organizaciones sociales requieren conectarse y elaborar estrategias con otras organizaciones que trabajan la materia.
Ese ha sido el propósito del encuentro presencial del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente – CICDHA, la única red de organizaciones de la sociedad civil, que trabaja sobre China y derechos humanos que se celebró desde el miércoles 22 hasta el viernes 24 de junio en Lima.
Un espacio común compartido con público para reflexionar sobre el contexto y las implicaciones de los problemas que enfrentan, se dio en la tarde del jueves 23 en el Foro Presencial y Virtual: “Actividad empresarial China en Latinoamérica y derechos humanos”
Marco Antonio Gandarillas de Latinoamérica Sustentable presentó algunas conclusiones sobre el Estudio Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica.
Entre ellas destaca que, del total de 26 proyectos analizados, todas han implementado en áreas frágiles, lo que explica en parte la conflictividad que presentan. En 24 de ellos, se violó el derecho a vivir en un ambiente sano o se vulneró gravemente el medio ambiente.

Argentina

Guillermina French de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, destacó el caso del Complejo Hidroeléctrico Río Santa Cruz. Proyecto de capitales chinos que consta de dos represas, que se están construyendo en uno de los ríos patagónicos más importantes y que se nutre completamente del sistema de glaciares. Construcción que amenaza especies endémicas como el ave Maca Tobiano y amenaza espacios sagrados de comunidades tehuelche mapuche, 14 de cuyas comunidades de la zona han sido vulneradas en su derecho a la consulta previa.

Perú

Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui presentó el Caso de Las Bambas y la afectación a los derechos humanos. Megaproyecto que produce el 2 por ciento del cobre a nivel global y cuenta con una inversión de 10 mil millones de dólares. El representante de Muqui explicó que: “encadenado al mal llamado corredor minero, ya que por esta vía se traslada mineral de cobre de cuatro proyectos mineros, el proyecto ha traído graves afectaciones por el traslado diario de 370 camiones que atraviesan 169 centros poblados hasta el puerto de Matarani. En casi todas las etapas del proyecto se han hecho cambios sustanciales en el EIA, y no se han consultado, tampoco se han previsto las medidas de remediación adecuada a los impactos que se producirían”. Además detalló que:
“Sumado al paso de camiones de la minera MMG Las Bambas, son más de 500 camiones que pasan por el corredor diariamente pertenecientes a empresas como Hudbay y Glencore
Lamentablemente el gobierno ha vuelto a recurrir a los mismos mecanismos de represión y no ha mostrado capacidad para resolver las demandas de las comunidades”.

Chile

Javier Oroyo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales- OLCA presentó un caso que gira en torno a la cuarta represa que se pretende instalar sobre el río Bío Bío, el caudal más importante de Chile: la represa Rucalhue. Un proyecto actualmente propiedad de la compañía “China International Water and Electric Corporation” Javier Oroyo explicó: «La empresa busca aprovechar algunas necesidades de la comunidad y entregan algunos beneficios o hacen convenios con la municipalidad, pero no respetan otras cuestiones centrales con aquellos sectores que rechazan la instalación de la represa”.

Ecuador

Uno de los proyectos petroleros más controversiales en Ecuador es la explotación del Bloque 43, en el Parque Nacional Yasuní, una de las regiones más biodiversas de la Amazonía, la que además es una zona donde habitan pueblos en aislamiento voluntario. Una situación que significa un conflicto socio ambiental desde hace casi un década, en el que el Estado ecuatoriano ha intentado forzar la explotación de petróleo contra los derechos de diversos pueblos indígenas y de la naturaleza, que en teoría están protegidos por la Constitución del país, como relató Natalia Yepes de la Alianza por los Derechos Humanos.

En el distrito de Huanza, ubicado en en la provincia limeña de Huarochirí, se está produciendo un desastre medioambiental, que ya ha arrastrado miles de toneladas de relaves mineros altamente tóxicos, a través de la quebrada Conay, por donde discurre un caudal de color plomizo.

El 30 de marzo pasado, después de copiosas lluvias ocurridas en el sector, ocurrió un desprendimiento de proporciones aún no cuantificadas de depósitos de relaves mineros, pero que a simple vista, de quien se acerque a la abandonada explotación minera Huampar, parece gigante. Por eso y para buscar soluciones inmediatas la comunidad de Huanza le solicitó al Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) en abril del presente año , que la mencionada zona fuera declarada en emergencia ambiental. Con ello se le habría dado atención inmediata del parte del Estado y tal vez se hubiese podido evitar que la población siguiera usando esas aguas tanto para regadío y otras actividades agropecuarias como para el consumo humano. No obstante las evidencias del desastre, unas 19 comunidades campesinas que se dedican a la ganadería, así como 9 distritos: Huanza, Carampoma, San Juan de Iris, Huachupampa, San Pedro de Laraos, San Pedro de Casta, San Antonio de Chaclla, Callahuanca y Santa Eulalia, han tenido que seguir consumiendo de las fuentes hídricas directamente afectadas. Contaminación que no se detiene en esos lugares, pues el río de la quebrada Conay, llega al río Macachaca, que a su vez confluye con el río Santa Eulalia, uno de dos tributarios del río Rímac, principal afluente de la capital y que provee de agua potable a sus habitantes.

Valle de Santa Eulalia-autor-MuquiZinc, plomo y plata eran los principales minerales extraídos de un socavón que junto a los depósitos de relaves y de desmonte nunca fueron cerrados, tal como lo reconoce el propio Ministerio del Ambiente, que advierte que los relaves “se encuentran sin actividad de cierre y expuestos al ambiente, además que sus taludes y plataformas superiores están erosionados, entre otros aspectos”. Y continúa constatando que “ en otros dos depósitos (ID 13063 e ID 9988) se registraron deslizamientos de relave y arrastre hacia las partes bajas de las quebradas, cuyas aguas van hacia la laguna Antarangra”. 

Iniciada en los años 50 del siglo pasado, las operaciones fueron abandonadas a inicios del nuevo milenio. Desde entonces, hay una única persona empleada que hace de cuidador de las instalaciones, en su mayoría barracas y galpones desvencijados y gigantescas montañas de desechos tóxicos sobre cuyas partes planas se han formado verdaderas lagunas que ejercen aún más peso y presión sobre estructuras que no cuentan con ningún tipo de soporte físico.

charcos de agua sobre relave minero - autor: MuquiUn bofedal condenado a muerte

Inmediatamente debajo del perímetro de los cerros del venenoso relave, se juntan dos vertientes de agua, los afluentes del río Conay. Uno es el Azulcocha a mano derecha y el otro es el río Piticuli. Por separado, ambas corrientes aparecen con aguas cristalinas. Un panorama que cambia sólo cien metros más abajo, donde se produce la confluencia. Ubicada justo sobre una planicie, donde se encuentra un ecosistema muy particular de las sierras andinas, como explica Edwin Berrospi ingeniero ambiental de Red Muqui y señala con el dedo índice una playa formada por sedimentación de relave arrastrada por el río:  “Acá vemos un atentado contra una inmensa área de un bofedal, un ecosistema único y muy frágil. Es un sistema hidrológico que funciona conjuntamente con sus especies que están dentro de ese ecosistema. Si vamos abajo, vamos a encontrar varios bioindicadores de un bofedal, que determinan que se trata de ese sistema, que es único. Tiene que ver por ejemplo con la ubicación en una planicie, donde el sistema aluvial de arriba viene sedimentando toda la materia orgánica que ha sido transportada por la lluvia. Es un proceso de cientos de miles de años de formación en la que muchas especies se han ido adaptando a lo largo de ese espacio de tiempo, especies que se mantienen acá. Por lo tanto este relave está atentando contra estas especies, que debido a la toxicidad de los elementos que se han vertido van a morir y van a desaparecer”. 

bofedal condenado a muerte - autor: MuquiYa lo hicieron las truchas silvestres que llegaban hasta la parte alta del bofedal, como atestigua Wilson García que, igual que otros comuneros, venía a pescar a esta zona. En tanto, en las piscigranjas ubicadas en las riberas del río Macachaca murieron las truchas que estaban siendo criadas allí. Dos toneladas de peces muertas, es la cosecha de la contaminación en esos criaderos ahora abandonados.

No serán los únicos animales afectados, asegura García: “Los animales que vemos aquí, las vacas y las llamas, todavía no han muerto, pero en dos, tres meses o en medio año ya van a comenzar a morir. En los 90 cuando hubo otro gran deslizamiento de relaves al río ya vimos una contaminación parecida, a los cuatro meses comenzaron a morir las bestias. Era una “flaquera” que les venía, qué químicos habrán sido… Siempre se le ha reclamado a la empresa y nunca ha reconocido, nunca” 

Gabriela Flores, que trabaja para Caritas en Chosica, organización que forma parte de la  mesa de trabajo sobre derrame de relave del pasivo ambiental minero de la quebrada Conay – Huanza,  explica que el bofedal, también es importante por la función de recarga hídrica, “debajo de estas plantas que vemos hay todo un conducto de acuíferos de agua subterránea que beneficia las comunidades que están en la parte baja, es la fuente para que puedan haber puquiales, manantiales y si esto está afectado con metales pesados, finalmente también van a llegar a esos manantiales y puquiales. Retener, filtrar esos elementos es muy difícil de lograr, si no se controla la fuente de la contaminación.

depósitos de relave parcialmentre derrumbados y bofedal-autor:MuquiHerbert Gutiérrez, de Caritas Chosica explica cómo se originó la contaminación más reciente: “La empresa minera Huampar, después de explotar mineral durante unos cuarenta años han dejado sus sedimentos de relave en estos cerros que podemos ver. A fines de marzo se produjeron lluvias fuertes que formaron pozos sobre la parte plana de estos relaves, que no tienen ningún tipo de protección o drenaje de aguas lluvias que se van acumulando encima de ellas. Una bomba de tiempo que en un momento explotó y derrumbó parte del cerro. La comunidad lo vivió porque el agua que consumen, que proviene de este lugar de repente se volvió espeso y de color grisáceo.”

Edwin Berrospi de Red Muqui añade: “No hubo sistema de fiscalización, de control y de manejo de estos relaves, entonces en momentos de gran intensidad de precipitaciones, se ha debilitado toda el depósito, ya que no había ninguna estructura o construcción que le diera estabilidad física, esto se ha derrumbado”.

Wilson García, presidente de la comunidad de Huanza explica que el agua que consumen proviene de un canal de captación que recorre ocho kilómetros desde la toma de agua en el lugar conocido como Cashca, en la parte alta del río Conay y que llega directamente a la comunidad campesina de Huanza. 

Cuando vieron el deslizamiento, lo intentaron atajar abriendo un canal, al ver que esto no ayudaba, porque se seguían jalando los sedimentos, llevaron tubos para hacer una cañería. Y son esos tubos los que están logrando drenar parte del agua para aliviar la carga que se deposita encima del cerro de sedimentos. Es una medida de emergencia, improvisada de la propia comunidad, que trata de contener el derrumbe como puede, sin embargo, parte de los relaves siguen cayendo al río y más aún cuando llueve.

cañería improvisada instalada por comunidad-autor:MuquiOtros daños

Para Edwin Berrospi que visita por primera vez la zona, la gente de la comunidad sabe el daño que les están causando los desechos de la empresa Huanza S.A. “La magnitud del derrumbe parcial de los relaves, es mucho mayor de lo que imaginaba. No solo está contaminando a una cabecera de cuenca del río Rímac, sino que está afectando la disponibilidad del recurso hídrico de consumo humano para un conjunto de comunidades que están expuestas a ese envenenamiento. Población que consume esas aguas, que no solo tienen una alta acidez, sino también de metales pesados, tanto en su cantidad, intensidad y magnitud que por cada segundo que se vierte se está sedimentando en su lecho”.

En cuanto a los elementos concentrados en los relaves, altamente tóxicos para todas las especies expuestas a ellos, que probablemente se estén vertiendo a los ríos, Berrospi enumera: plomo, arsénico, cadmio y cromo. 

Un socavón oscuro: reflejo de impunidad 

Abandono, desidia, falta de fiscalización, atropello contra las comunidades y la naturaleza e impunidad para los dueños de las empresas, una forma de violencia estructural y concreta. Todo eso se puede observar también en otro pasivo ambiental, que dejaron quienes sacaron provecho de la mina.

Cuando se ingresa al terreno de explotación abandonada, a mano izquierda resalta un cerro rocoso, en el que se abre un socavón con una entrada enmarcada con vigas de madera revestidas de hierro de unos dos metros de altura. En el suelo se ven los restos de rieles, de donde se sacaba el mineral. Lo más llamativo, sin embargo, es un verdadero arroyo que sale a gran presión de las galerías inundadas. Sus aguas también están saturadas de minerales, ya que en los bordes del cauce abundan manchas de metales de óxido ferroso, resultado del proceso de lixiviación, del desprendimiento de las rocas y piedras al interior de la mina como explica Edwin Berrospi: “Hay un contacto con todo lo que han sacado y está saliendo agua ácida de esta mina, otro pasivo ambiental. Aquí se hace visible la ausencia del Estado, no hay una debida fiscalización de parte del Estado, ni supervisión, nada. Para cerrar esta bocamina, habría que hacer todo un estudio hidrogeológico para entender la complejidad interna cómo están distribuidas las galerías subterráneas. Porque aquí se ve solo un hueco de donde sale agua, pero son muchos lugares inundados que no vemos”.

cocavón abandonado - autor:MuquiEl coordinador del área socio ambiental de Red Muqui es tajante en cuanto a la defectuosa política del Estado: “Antes no había ningún plan de cierre, nada, no les importaba. El resultado de esa negligencia es lo que vemos acá. Sin embargo, los planes de cierre actuales son muy débiles en cuanto a las exigencias. Pero aparte de eso, no hay nadie quien los fiscalice. Quién los hace cumplir… Porque al final todas las operaciones mineras dejan enormes montañas de relaves acumulados que son estos pasivos ambientales, que van a seguir vertiendo aguas ácidas, que van a seguir desprendiendo partes de los relaves acumulados y por lo tanto van a seguir afectando a las comunidades”.

Respuestas inmediatas y cambios estructurales

En respuesta a las necesidades más urgentes, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Cañete – Fortaleza, presentó el mes pasado la propuesta de instalación de 5 kilómetros de tubería, que se conectaría a una toma de agua de uno de los afluentes del río Conay, que se ubica por encima de la zona de relave, la cual servirá como fuente de abastecimiento temporal de agua a los usuarios de la comunidad campesina de Huanza.

rio Conay, toma de agua Chesque - autor: MuquiMás allá de hacer un desvío del caudal para evitar la contaminación del recurso que le llega a la comunidad o al distrito de Huanza, la corriente del Conay seguirá siendo contaminada por los relaves y desembocando sus aguas en los ríos Macachaca, Santa Eulalia y finalmente llegarán al Rímac. Por eso, la ingeniera Flores propone que se realicen acciones paralelas, como hacer un encapsulamiento del relave, para que los tóxicos no continúen a la intemperie. Otro aspecto es, lograr una estabilidad física a través de la construcción de gaviones y diques, para evitar otros derrumbes y el contacto directo entre el depósito y el río. 

También es importante tomar muestras de sedimentos que permitan cuantificar el daño que está generando en la parte baja, donde se ubica el bofedal, totalmente destruido y cuyas aguas contaminadas finalmente está llegando a puquios y manantiales en otras áreas. Sin olvidar que a través del viento se distribuye material particulado, que contiene contaminantes arrastrados más allá del curso de los ríos.

A la hora de establecer responsabilidades para Gabriela Flores los culpables de esta contaminación son la minera y el Estado, porque el Estado ha permitido que esto se genere, sin que las instituciones cumplan su función de prevenir y fiscalizar este tipo de daños ambientales o como dice Romina Villanueva, ingeniera agrónoma, también de Caritas Chosica:  “No hay que olvidar que el cierre legal ocurrió en 2002 y por lo tanto estamos en presencia de veinte años de negligencia por parte del Estado. El MINEM y la ANA han realizado inventarios, pero al final eso ha sido todo, no se han hecho los trabajos pertinentes. Están esperando recién hasta que haya este tipo de daños para actuar”.

Por eso Edwin Berrospi exige que “así como los gremios empresariales y mineros siempre hablan de destrabar los requisitos para las inversiones, es hora que la sociedad exija que el Estado destrabe su burocracia para evitar este proceso engorroso, en el que nadie se responsabiliza”.  

Desde una perspectiva más estructural, para impedir que estos abusos se sigan perpetuando, el geólogo Mattes Tempelmann, con vasta experiencia en las afectaciones socio ambientales de la minería en Perú y experto de MISEREOR en Alemania, plantea : “Los costos de remediación, ahí donde pueda existir ese proceso, junto a los costos por las pérdidas materiales, como aquellos causados por la muerte masiva de truchas y los gastos en salud y alimentación que debe enfrentar la sociedad en su conjunto, especialmente la comunidad de Huanza, son costos que la empresa debe incluir dentro de su balance. Es un cálculo que no hace la minera, siempre dicen que la minería es un negocio rentable, pero es solamente rentable porque no se incluyen estos costos que son externalidades que la empresa en cambio traslada hacia la sociedad”. 

Tal vez no sería descabellado exigir que las empresas mineras y el Estado cuantifiquen e internalicen esos costos para calcular la rentabilidad de los proyectos mineros. Sin olvidar que estamos en presencia de más de 8 mil de estos llamados pasivos ambientales dispersos en todo el país, muchos de los cuales se encuentran en el mismo estado de abandono por su antiguos propietarios y no están siendo fiscalizados por el Estado. Una parte considerable se encuentra en cabeceras de cuenca o al borde de los cursos de los ríos más importantes del Perú. 

Llueve sobre mojado para Glencore. Así se podrían interpretar los cuestionamientos y sanciones que actualmente enfrenta uno de los mayores consorcios mineros del mundo.
Ayer, martes 24 de mayo, la subsidiaria del gigante de la minería y de comercio de materias prima Glencore Plc ha admitido finalmente delitos investigados desde al menos 2018: el soborno y la manipulación de precios de mercado. Crímenes por los que pagará cerca de US $1.5 mil millones luego de alcanzar acuerdos con la justicia en los Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido y Brasil. Investigaciones que aún siguen su curso ante la justicia en Suiza y Países Bajos.
De esta manera la compañía ha admitido su responsabilidad en casos en los que llegó a desembolsar hasta US $100 millones para sobornar a funcionarios públicos en hechos de corrupción registrados en Brasil y Venezuela en el continente sudamericano y en Nigeria y la República Democrática del Congo en África. Otras prácticas incluyen la manipulación de los precios de los mercados de gasóleo o diesel en Estados Unidos.
“El soborno formaba parte de la cultura corporativa” afirmó al respecto el fiscal de Manhattan Damian Williams en una conferencia de prensa convocada ayer, donde también se develaron códigos como “diarios” o “chocolates” usados internamente para referirse al pago de sobornos. Cargos y admisión de culpabilidad, por casos que abarcan desde 2007 hasta 2019, que de acuerdo a la agencia de noticias económicas Bloomberg dibujan un cuadro que abarca todo el planeta y que resulta condenatorio, porque muestra cuán lejos ha estado dispuesto a ir la compañía persiguiendo ganancias. La agencia, fundada por Michael Bloomberg, uno de los hombre más ricos del planeta, refuerza esa sentencia al afirmar que Glencore y sus rivales, los mayores exponentes del sector minero, tradicionalmente han operado fuera del foco de los entes reguladores y han estado yendo a países, donde otros han rehuido de ir, con tal de hacer negocios.

Valoración que coincide con un reciente estudio de la organización internacional Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, según el cual Glencore Plc presenta el peor historial de violaciones de derechos humanos entre las mineras de metales utilizados en tecnología de energía renovable.
“A nivel mundial, Glencore tiene el peor registro”, señaló el grupo en su “rastreador de minerales de transición” publicado a inicios de mayo. La empresa, subsidiaria de la casa matriz con sede en Suiza, está vinculada al mayor número de denuncias en África, la segunda en el caso de Asia Pacífico y es la tercera con la mayor tasa de denuncias en Sudamérica. Los presuntos abusos atribuidos a todas las empresas van desde ataques a activistas hasta violaciones de las leyes ambientales y reubicaciones forzadas.
Cabe recordar que el año 2013, Glencore se fusionó con la empresa anglo suiza Xstrata, convirtiéndose en uno de los mayores grupos productores de cobre a nivel global.
Al absorber a Xstrata, Glencore pasó a tener presencia en varias operaciones mineras de envergadura en el Perú: Antamina, Antapaccay, Los Quenuales, entre otras. El año 2017 también adquirió una importante participación en la empresa Volcan, una de las principales productoras de zinc a nivel mundial, señalada en numerosos estudios de ser la responsable de la grave contaminación a la que está expuesta la población de Cerro de Pasco.

Denunciamos la práctica de seguimiento y persecución a defensores ambientales y organizaciones de derechos humanos por parte de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN). En estos días se han filtrado “informes secretos” sobre conflictividad elaborados por la DIGIMIN de octubre 2021, en los que se hace acopio de información para estigmatizar y criminalizar a Defensores Ambientales de Espinar en Cusco: 1) Yuber Choqueccota Chuma (Presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar / FUDIE) 2) Vidal Merma Maccarco  (Presidente de la Asociación de Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Espinar / AUPE) y 3) Francisco Chara Lloclle (Vicepresidente de AUPE).

Estas prácticas de seguimiento y persecución de Defensores Ambientales son contrarias al rol de garante de derechos que debe tener el Estado, puesto que los Defensores cumplen con un rol clave para la democracia, que es la protección de bienes comunes como el agua, el ambiente y el territorio. Así también, el informe de DIGIMIN señala que el defensor ambiental  Vidal Merma: “usa la fachada de comunicador social independiente, viene azuzando a la población de Espinar…Tiene coordinación con la ONG antiminera DHSF ”, Esta acusación es de suma gravedad puesto que, atenta contra la libertad y la pluralidad de prensa de las comunidades.

La libertad de prensa es fundamental para denunciar abusos y violaciones de derechos humanos, asi como la defensa de derechos humanos individuales y colectivos. Nuestra solidaridad con los ex y actuales dirigentes de Espinar y con el comunicador social Vidal Merma y con Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco.

¡No más persecución y estigmatización a los defensores y defensoras ambientales!

Las organizaciones sociales y sociedad civil en general nos dirigimos al Poder Ejecutivo, Defensoría del Pueblo y a la opinión pública para señalar lo siguiente:

Primero: El día 27 de abril el Poder Ejecutivo ha publicado el Decreto Supremo Nº 042-2022-PCM que declara Estado de Emergencia, una vez más de forma inconstitucional y por 30 días, en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, Apurímac. El único fundamento que sustenta esta decisión del Poder Ejecutivo, a decir de la propia norma, son informes policiales no públicos que señalan la presunta comisión de delitos en la zona, contraviniendo así los estándares y principios que ya estableció el Tribunal Constitucional en la Sentencia EXP. N° 00964-2018-PHC/TC. Sentencia en la cual se exige al Poder Ejecutivo que una decisión como la tomada, tiene que ser, primero, de carácter excepcional y, segundo, debidamente motivada. Además que incorpore y describa los criterios de temporalidad, proporcionalidad en la medida y necesidad de la misma.

La experiencia de los últimos años ha comprobado que la declaración y utilización de los estados de emergencia no constituyen un mecanismo idóneo para resolver el conflicto social. Por el contrario, genera un grave escenario para el uso arbitrario de la fuerza pública por parte de la policía y las fuerzas armadas, hechos que lamentablemente ya vienen ocurriendo en este momento en la zona del conflicto.

 Segundo: La empresa minera MMG Las Bambas publicó un comunicado el pasado 14 de abril, señalando que la empresa paraliza sus operaciones debido a que miembros de la comunidad de Fuerabamba ingresaron a la propiedad de la minera por reclamar “supuestos” incumplimientos de compromisos con dicha comunidad. Así mismo, informaron que la comunidad de Choaquere y Chila se sumaron a la protesta, motivo por el cual la empresa ya no podrá continuar produciendo cobre a partir del 20 de abril de 2022.

Al respecto es preciso señalar que NO es la primera vez que MMG Las Bambas suspende sus operaciones. Ya lo hizo en el pasado. Por tanto este anuncio busca presionar al Ejecutivo a fin de que haga uso de la fuerza a través de la intervención de la PNP y las FFAA para militarizar los territorios como ya viene ocurriendo.

Tercero: En el caso del llamado “corredor minero”, particularmente en las provincias de Cotabambas, Espinar y Chumbivilcas, en los últimos meses la conflictividad social y ambiental se ha ido complejizando, debido a los impactos socio ambientales del proyecto minero e incumplimiento de diversos compromisos de la empresa MMG Las Bambas. El escenario es de suma preocupación debido a su posible agudización y la falta de una política integral de resolución de conflictos del Ejecutivo, y, la instalación de mesas de diálogo no está coadyuvando a canalizar las justas demandas de la población. Es importante señalar que en el corredor minero hay una serie de afectaciones de derechos como la omisión de la consulta previa, falta de transparencia y acceso a la información en materia ambiental, entre otras demandas que deben ser atendidas en su integralidad.

Por ello, exigimos al Poder Ejecutivo que deje sin efecto el Estado de Emergencia, garantice la seguridad e integridad de las comunidades campesinas y sus integrantes, así como asegure la vida e integridad de las defensoras y los defensores de territoriales, ambientales y de derechos humanos. Asimismo, exigimos que se implemente una política estatal que considere al diálogo como su instrumento base, para la resolución de los conflictos sociales. Políticas en la que asuman seriamente su rol protagónico el Viceministerio de Gobernanza Territorial,  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Cultura, con el objeto de que se garanticen realmente los derechos de los pueblos originarios involucrados.

Apurímac – Cusco – Puno, 27 de abril del 2022.

Firman:

Colectivo de Abogados y Abogadas de Red Muqui Sur

Red Muqui Sur

Red Muqui

Derechos Humanos Sin Fronteras

Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH

Acción Solidaria el Desarrollo, CooperAcción

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu, CEDEP Ayllu.

Instituto del Sur Andino y Acción Solidaria, ISAIAS

Centro Andino de Educación y Promoción, CADEP

Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA

Fundación Ecumenica Para el Desarrollo y la Paz, DEFEPAZ

Federación Unificada de Campesinos de Melgar, FUCAM.

Federación Departamental de Campesinos de CuscoFDCC

Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana

Derechos Humanos y Medio Ambiente, DHUMA.

Las diversas organizaciones sociales de base e instituciones de la sociedad civil provenientes de las regiones de Apurímac, Cusco y Puno, reunidos en el “VII Encuentro Interregional del Surandino” del 31 de marzo y 01 de abril en la ciudad de Chucuito – Puno, hacemos público nuestra declaración:

 

Que la actual crisis política que atraviesa nuestro país no es de ahora, es histórica y sistémica, y trasciende al gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, lamentablemente, debemos denunciar el abandono de la esperanza y de las promesas de cambio que el presidente Castillo ofreció en campaña y por las cuales nuestro Sur andino le dio su amplio respaldo en las últimas elecciones.

Que la pandemia genero pérdida de miles de vidas humanas y una serie de afectaciones integrales, que al día de hoy aún padecemos en nuestras comunidades. Sin embargo, desde nuestros territorios, durante la pandemia, y, actualmente, seguimos produciendo los alimentos para nuestras regiones y el país en medio de una crisis alimentaria y sanitaria sin precedentes en nuestro Perú y en el mundo.

Que el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y originarios en nuestro país ha sido reconocido por los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT, y luego desarrollado por la Ley de consulta previa aprobada (Ley 29785), y posteriormente reglamentado (D.S. 001-2012-MC) y desarrollado por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias (STC No 00022-2009-PI/TC, 05427-2009-PC/TC).

Que las comunidades campesinas Chila Chambilla y Chila Pucara de la provincia de Juli en Puno presentaron una demanda de amparo en el año 2014 contra INGEMMET y el MINEM por la omisión de la consulta previa de las concesiones mineras que se superponían en sus territorios. Al respecto el Tribunal Constitucional ha expedido la sentencia Nro. 03066-2019-PA/TC, donde este máximo órgano de protección de los derechos desconoce el derecho fundamental a la consulta previa como derecho de las comunidades campesinas originarias aymaras y quechuas.

Que la agricultura convencional demostró no ser sostenible, al depender de insumos externos. Que lamentablemente la propuesta de Segunda Reforma Agraria fue abandonada por el gobierno, y la iniciativa conocida no representa una propuesta de seguridad y soberanía alimentaria capaz de responder a la crisis económica y familiar que afronta el mundo, agudizada por los efectos de los recientes conflictos bélicos.

 

Ante esta situación y luego de analizar y debatir estos puntos, queremos manifestar a la opinión pública regional y nacional lo siguiente:

  • Respaldamos la lucha de nuestras comunidades campesinas aymaras Chila Chambilla y Chila Pucara de la provincia de Juli, Puno, quienes exigen se respete el derecho a la consulta previa en sus territorios y rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desconoce este derecho consagrado en nuestras leyes peruanas e internacionales.
  • Exigimos se retome el debate y se ponga en el escenario público nacional la necesidad de discutir plural y democráticamente una nueva Constitución Política, entendiendo que es el instrumento fundamental para poder construir un Estado para y desde los pueblos.
  • Demandamos también se retome con seriedad y responsabilidad el proceso de la segunda Reforma Agraria, así como la atención al sector productivo agrario, se respete el derecho al agua y la protección de las cabeceras de cuenca en nuestros territorios.
  • Emplazamos al gobierno a cumplir su compromiso con la agricultura familiar y promover una transición a la agroecología, la misma que nos permitirá caminar hacia un Buen Vivir de nuestros pueblos.
  • Instamos al gobierno nacional para que los conflictos socio-ambientales en nuestros territorios, principalmente en zonas mineras, sean resueltos vía el diálogo y de manera pacífica. Por ello, rechazamos las políticas de militarización, el uso de la fuerza y la violencia que se practica desde el Estado. Le recordamos al presidente Pedro Castillo y su premier respetar su compromiso de que “el pueblo no reprime al pueblo”.
  • Demandamos y nos comprometemos a construir una sociedad con igualdad y equidad de género. Trabajamos en ello y con ese fin nos seguiremos organizando. También demandamos al gobierno regional y nacional, políticas que, conscientes de la violencia que sufren nuestras mujeres rurales, campesinas e indígenas, reconozcan y defiendan sus derechos.
  • Exigimos la implementación urgente y adecuada del mecanismo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales. No podemos seguir tolerando la muerte de nuestros/as hermanos/as defensores/as y que el Estado siga sin mayor acción al respecto. Igualmente señalamos que nos organizaremos para impulsar los procesos de autoprotección en y desde nuestros territorios.
  • Reconocemos la importancia de las juventudes originarias e indígenas en la permanencia y revitalización de las comunidades y organizaciones. Trabajaremos para seguir convocándolas y construir propuestas desde sus propias agendas y visiones.

Por todo lo mencionado y dado la actual situación de crisis que atravesamos,  demandamos al gobierno nacional que se atiendan las demandas de las comunidades campesinas, los agricultores, los transportistas y ciudadanía en general, ya que no solo ha subido el costo vida, si no también las demandas por mayor atención a eduación y salud en nuestros territorios.

Firman:

–   Central Unica Macro Regional de Rondas Campesinas del Sur del Perú – CUMARC

–   Federación Departamental de Campesinos de Cusco – FDCC

–   Federación Departamental de Campesinos de Puno

–   Federación Distrital de Campesinos de Muñani

–    Gloriosa Federación de Campesinas de Paucartambo – Cusco

–    FUDICH – Chamaca  – Cusco

–    FEDEJOP

–    Autoridades originarios de Moho – Puno.

–    Organización de mujeres aymaras – Puno

–    OMABASI – Puno

–    Comunidad Campesina de Chila Chambilla – Juli – Puno

–    AMDETEC – Kana – Cusco

–    Red Muqui

–    CADEP – Jose Maria Arguedas – Cusco.

–    FUCAM – FDCP – Puno

–    ISAIAS – Puno

–    IDECA – Puno

–    CooperAcción

–    DHUMA – Puno

–    CEDEP Ayllu – Cusco

–    IDL

–    Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco

–    IDMA – Apurimac

–    FEPROMUC – Apurimac

–    JHUSMAP

–    Red Muqui Sur

–    CBC – Cusco

–    APRODEH – Apurimac

–    YPL Apurimac

Puno, 01 de abril del 2022.