Las diversas organizaciones sociales de base e instituciones de la sociedad civil provenientes de las regiones de Apurímac, Cusco y Puno, reunidos en el “VII Encuentro Interregional del Surandino” del 31 de marzo y 01 de abril en la ciudad de Chucuito – Puno, hacemos público nuestra declaración:

 

Que la actual crisis política que atraviesa nuestro país no es de ahora, es histórica y sistémica, y trasciende al gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, lamentablemente, debemos denunciar el abandono de la esperanza y de las promesas de cambio que el presidente Castillo ofreció en campaña y por las cuales nuestro Sur andino le dio su amplio respaldo en las últimas elecciones.

Que la pandemia genero pérdida de miles de vidas humanas y una serie de afectaciones integrales, que al día de hoy aún padecemos en nuestras comunidades. Sin embargo, desde nuestros territorios, durante la pandemia, y, actualmente, seguimos produciendo los alimentos para nuestras regiones y el país en medio de una crisis alimentaria y sanitaria sin precedentes en nuestro Perú y en el mundo.

Que el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y originarios en nuestro país ha sido reconocido por los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT, y luego desarrollado por la Ley de consulta previa aprobada (Ley 29785), y posteriormente reglamentado (D.S. 001-2012-MC) y desarrollado por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias (STC No 00022-2009-PI/TC, 05427-2009-PC/TC).

Que las comunidades campesinas Chila Chambilla y Chila Pucara de la provincia de Juli en Puno presentaron una demanda de amparo en el año 2014 contra INGEMMET y el MINEM por la omisión de la consulta previa de las concesiones mineras que se superponían en sus territorios. Al respecto el Tribunal Constitucional ha expedido la sentencia Nro. 03066-2019-PA/TC, donde este máximo órgano de protección de los derechos desconoce el derecho fundamental a la consulta previa como derecho de las comunidades campesinas originarias aymaras y quechuas.

Que la agricultura convencional demostró no ser sostenible, al depender de insumos externos. Que lamentablemente la propuesta de Segunda Reforma Agraria fue abandonada por el gobierno, y la iniciativa conocida no representa una propuesta de seguridad y soberanía alimentaria capaz de responder a la crisis económica y familiar que afronta el mundo, agudizada por los efectos de los recientes conflictos bélicos.

 

Ante esta situación y luego de analizar y debatir estos puntos, queremos manifestar a la opinión pública regional y nacional lo siguiente:

  • Respaldamos la lucha de nuestras comunidades campesinas aymaras Chila Chambilla y Chila Pucara de la provincia de Juli, Puno, quienes exigen se respete el derecho a la consulta previa en sus territorios y rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desconoce este derecho consagrado en nuestras leyes peruanas e internacionales.
  • Exigimos se retome el debate y se ponga en el escenario público nacional la necesidad de discutir plural y democráticamente una nueva Constitución Política, entendiendo que es el instrumento fundamental para poder construir un Estado para y desde los pueblos.
  • Demandamos también se retome con seriedad y responsabilidad el proceso de la segunda Reforma Agraria, así como la atención al sector productivo agrario, se respete el derecho al agua y la protección de las cabeceras de cuenca en nuestros territorios.
  • Emplazamos al gobierno a cumplir su compromiso con la agricultura familiar y promover una transición a la agroecología, la misma que nos permitirá caminar hacia un Buen Vivir de nuestros pueblos.
  • Instamos al gobierno nacional para que los conflictos socio-ambientales en nuestros territorios, principalmente en zonas mineras, sean resueltos vía el diálogo y de manera pacífica. Por ello, rechazamos las políticas de militarización, el uso de la fuerza y la violencia que se practica desde el Estado. Le recordamos al presidente Pedro Castillo y su premier respetar su compromiso de que “el pueblo no reprime al pueblo”.
  • Demandamos y nos comprometemos a construir una sociedad con igualdad y equidad de género. Trabajamos en ello y con ese fin nos seguiremos organizando. También demandamos al gobierno regional y nacional, políticas que, conscientes de la violencia que sufren nuestras mujeres rurales, campesinas e indígenas, reconozcan y defiendan sus derechos.
  • Exigimos la implementación urgente y adecuada del mecanismo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales. No podemos seguir tolerando la muerte de nuestros/as hermanos/as defensores/as y que el Estado siga sin mayor acción al respecto. Igualmente señalamos que nos organizaremos para impulsar los procesos de autoprotección en y desde nuestros territorios.
  • Reconocemos la importancia de las juventudes originarias e indígenas en la permanencia y revitalización de las comunidades y organizaciones. Trabajaremos para seguir convocándolas y construir propuestas desde sus propias agendas y visiones.

Por todo lo mencionado y dado la actual situación de crisis que atravesamos,  demandamos al gobierno nacional que se atiendan las demandas de las comunidades campesinas, los agricultores, los transportistas y ciudadanía en general, ya que no solo ha subido el costo vida, si no también las demandas por mayor atención a eduación y salud en nuestros territorios.

Firman:

–   Central Unica Macro Regional de Rondas Campesinas del Sur del Perú – CUMARC

–   Federación Departamental de Campesinos de Cusco – FDCC

–   Federación Departamental de Campesinos de Puno

–   Federación Distrital de Campesinos de Muñani

–    Gloriosa Federación de Campesinas de Paucartambo – Cusco

–    FUDICH – Chamaca  – Cusco

–    FEDEJOP

–    Autoridades originarios de Moho – Puno.

–    Organización de mujeres aymaras – Puno

–    OMABASI – Puno

–    Comunidad Campesina de Chila Chambilla – Juli – Puno

–    AMDETEC – Kana – Cusco

–    Red Muqui

–    CADEP – Jose Maria Arguedas – Cusco.

–    FUCAM – FDCP – Puno

–    ISAIAS – Puno

–    IDECA – Puno

–    CooperAcción

–    DHUMA – Puno

–    CEDEP Ayllu – Cusco

–    IDL

–    Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco

–    IDMA – Apurimac

–    FEPROMUC – Apurimac

–    JHUSMAP

–    Red Muqui Sur

–    CBC – Cusco

–    APRODEH – Apurimac

–    YPL Apurimac

Puno, 01 de abril del 2022.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL AGUA, EL TERRITORIO Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO EN EL PERÚ

NOSOTRAS Y NOSOTROS, Vigilantes y Monitores Ambientales de 10 departamentos del Perú, reunidos en Trujillo los días 23, 24 y 25 de marzo en el III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VIGILANTES Y MONITORES AMBIENTALES, hacemos pública nuestra declaración:

Luego de la pandemia y de la “reactivación económica”, hemos llegado a un momento crítico de “normalización de la contaminación” en nuestros territorios por el aumento de las actividades extractivas y sus impactos negativos, que significan la exacerbación de la violencia, una mayor vulneración de derechos, en especial a la salud humana ambiental, despojo de nuestros territorios y recursos, todo ello en un contexto de cambio climático.

Con ello aumentan los niveles de acumulación de ingresos de una minoría nacional y de empresas transnacionales.

Que en nuestro país todavía prevalece la crisis política y social, generada por intereses políticos y económicos que se niegan a aceptar la voluntad popular de las elecciones en los últimos años, y que en medio de una de las peores crisis sanitarias y económicas vividas en nuestro país siguen abonando a un clima de crisis e inestabilidad permanente. Parte de esta crisis tiene que ver con el giro político del actual gobierno de Pedro Castillo a posturas más conservadoras y de mantener el actual modelo económico, sin cambio sustancial en favor de las grandes demandas de nuestros pueblos.

Ante esta situación, luego de diversos encuentros regionales y nacionales realizados, necesitamos consolidar un movimiento nacional que fortalezca la labor que realizan las y los vigilantes y monitores ambientales, a nivel nacional, incidiendo en una mayor participación y compromiso del aparato gubernamental.

Por ello acordamos lo siguiente:

  1. Impulsar la conformación de una Red Nacional de Comités de Vigilantes y Monitores Ambientales, con la finalidad de realizar acciones conjuntas para el cuidado y la defensa del territorio, las principales fuentes de agua, ecosistemas y el ambiente.
  2. Exigimos una ley que reconozca a los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario e Indígena y su inclusión en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), así como de políticas públicas que garanticen la protección del ambiente.
  3. Pedimos el reconocimiento por el Estado de las metodologías aplicadas en los monitoreos biológicos y fisicoquímicos que realizan los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental.
  4. Exigimos una verdadera protección de cabeceras de cuencas y una gestión integrada y social del agua, que reconozca y tome en cuenta la cultura, usos y costumbres de nuestros pueblos originarios, y su labor de protección ambiental del agua y del territorio (que incluyen la flora y la fauna que la habita). Así como el presupuesto para la protección, conservación y recuperación de las fuentes de agua impactadas por la actividad extractiva.
  5. Rechazamos y denunciamos el otorgamiento de derechos de uso de agua a favor de las empresas extractivistas, sin considerar las prioridades de uso establecidas en la Ley de Recursos Hídricos, y sin tomar en cuenta la falta de un inventario nacional completo de recursos hídricos.
  6. Denunciamos la pérdida de credibilidad del Estado y sus diversos entes ambientales como: ANA, OEFA, DIRESA y otros, en su rol como garantes de derechos, lo que se refleja en la mala gestión, evaluación y fiscalización en materia ambiental y del agua.
  7. Incluir de manera prioritaria y equitativa a mujeres y jóvenes en los procesos de vigilancia y monitoreo ambiental, en particular en la toma de decisiones vinculadas al cuidado, protección y defensa del agua, territorio y ambiente.
  8. Convocamos a una articulación nacional, que incluya establecer alianzas con instituciones y organizaciones del campo y la ciudad para la defensa y el cuidado del agua y el territorio fundamentales para la vida y la salud de las personas y de la naturaleza en su conjunto.
  9. Proponemos abrir el debate constitucional por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en el marco de una nueva Constitución Política del Estado.

Por todo ello, exhortamos a nuestras fuerzas políticas y organizaciones sociales a nivel nacional a caminar juntos hacia un momento constitucional, donde todas las fuerzas sociales seamos convocadas para un proceso democrático y participativo hacia un nuevo Estado plurinacional y diverso, que respete los derechos fundamentales de la vida, el agua y la naturaleza.

¡Por el derecho y la protección del agua!

¡No al extractivismo de nuestros recursos naturales!

Trujillo, 25 de marzo de 2022  

Firman:

  • RED MUQUI
  • COOPERACCIÓN
  • DHSF – Cusco
  • DHUMA – Puno
  • Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
  • PASSDIH – Junín
  • AMAS – La Libertad
  • Comunidad Carata, Coata – Puno
  • Comunidad Lluco – Puno
  • Monitor Ambiental, Comunidad Barrio Bajo, Chosica
  • Monitor Ambiental, JASS San Andrés de Tupicocha – Lima Provincia
  • Monitores Ambientales – La Libertad
  • Monitor Ambiental en Santiago de Chuco – La Libertad
  • CENTRO LABOR – Pasco
  • Monitores Ambientales en Apurímac
  • Monitor Ambiental Cotabamba – Apurímac
  • Área de Justicia y Paz de la Diócesis de Chulucanas – Piura
  • PROYECTO AMIGO – La Libertad
  • GRUFIDES – Cajamarca
  • Comités de Vigilancia de Cajamarca
  • Centro Poblado Paragsha – Pasco
  • Comunidad Cruz de Mayo – Áncash
  • NATURA – Áncash
  • CEDAP – Ayacucho
  • Monitores Ambientales de Cusco
  • Monitores Ambientales de Cajabamba
  • CEDEP AYLLU – Cusco
  • Monitores Ambientales de Chosica – Lima Provincias
  • Comité Vigilancia y Monitoreo Ambiental Encañada – Cajamarca

El Ministerio de Minas y Energía (MINEM) ha aprobado la expansión de la mina de cobre Las Bambas del consorcio chino MMG, situada entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau, en la Región Apurímac

Así lo informó ayer el consorcio en un comunicado dirigido a la bolsa de valores de Hong Kong, en el que se ha felicitado por el permiso de explotar el depósito minero de Chalcobamba a tajo abierto, que se pondrá en marcha progresivamente durante los próximos cinco meses.

Captura de pantalla del comunicado: “La empresa anuncia que el Ministerio de Energía y Minas de Perú ha emitido la aprobación reglamentaria para el desarrollo de la mina Chalcobamba y la infraestructura asociada”

El gobierno ha decidido darle a Las Bambas permiso de ampliación de sus operaciones, con las que prevé aumentar la producción desde las 380 mil toneladas que actualmente produce a 400 mil toneladas de concentrado de cobre al año, pese a los numerosos conflictos socio ambientales que enfrenta no sólo con las comunidades aledañas.

El depósito con los minerales donde se pretende abrir el tajo de Chalcobamba está ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. Comunidad que se opone a la expansión de la empresa, lo que abre un nuevo foco de conflicto con una de las mayores mineras del Perú, que por sí sola produce el dos por ciento del suministro mundial de cobre. 

La comunidad acordó ayer que adoptará todas las medidas «legales y sociales» necesarias para evitar el desarrollo de este segundo tajo abierto, en una reunión convocada poco después de que se anunciara el visto bueno del Gobierno.

Cabe precisar que la consulta previa culminó en la gestión de Sagasti, pero se dejó al nuevo gobierno la decisión en torno a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

«Somos enfáticos en señalar que no permitiremos, no toleraremos el inicio de operaciones en el inconsulto proyecto Chalcobamba», afirmó la comunidad Huancuire en un documento firmado por dirigentes de la zona y al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. 

Los representantes sostienen que el MINAM autorizó la explotación de Chalcobamba sin haber completado el proceso de «consulta previa» para desarrollar el proyecto.

Por otra parte, la mina ha sido un constante foco de conflictos con las comunidades empobrecidas ubicadas a lo largo del corredor minero sur que se extiende por unos 400 kilómetros que utiliza la empresa para transportar sus concentrados de cobre, cuyos caminos comunitarios fueron transformados en una vía nacional sin ser consultadas al respecto. 

Solo ayer 21 comunidades del distrito de Coporaque, en la provincia cusqueña de Espinar, decidieron suspender el bloqueo del corredor minero, después de que la Presidencia del Consejo de Ministros ofreciera reunirse con ellas durante la mañana de este viernes 25 de marzo. 

Asimismo, la población de Pomate en el distrito de Yaurisque, provincia de Paruro, desbloqueó ayer la vía alterna que utiliza Las Bambas, al deponer una movilización que había iniciado el pasado martes. La decisión de levantar la medida de fuerza la tomó la comunidad tras sostener una reunión que logró acuerdos con los representantes de la empresa minera.

Pero los conflictos de la minera Las Bambas, que de acuerdo a las informaciones de sus directivos en lo que va de año lleva acumulada 39 días de diversos bloqueos en los que no ha podido transportar concentrado al puerto de Matarani, van mucho más allá.  Pues sus actividades no solo afectan a las comunidades en las que realizan las operaciones relacionadas con la extracción y refinamiento del mineral, sino muchísimas otras que a pesar de encontrarse a decenas de kilómetros de distancia han visto su producción agropecuaria seriamente dañada por el paso de camiones de alto tonelaje.

Es el caso de varias comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que mantuvieron una movilización que se extendió desde fines de enero a mediados de febrero pasado y en la que paralizaron por completo el transporte de la empresa.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de la agricultura y ganadería.

El anuncio de la flamante presidenta de Honduras Xiomara Castro de poner fin a la minería a tajo abierto en el país centroamericano, ha creado expectativas y dejado a muchos incrédulos más allá de las fronteras de ese país. Sin embargo la mandataria ha hecho algo que a juicio de Pedro Landa, miembro del grupo impulsor de la Red Iglesias y Minería, recoge las demandas de la ciudadanía de los últimos veinte o treinta años, y que además formaba parte del programa electoral de la ahora jefa de Estado.

En efecto el comunicado de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas difundido el primer día de marzo dice que en atención al programa de gobierno 2022-2026 de la presidenta Xiomara Castro y en consonancia a los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales, «se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y que limitan el acceso al agua como derecho humano». Además se declara todo el territorio nacional «libre de minería a cielo abierto» y se dispone una moratoria minera para la exploración y explotación metálica y no metálica, procediendo a la «revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones». Finalmente, la Secretaría anunció que las áreas naturales de alto valor ecológico «serán intervenidas de forma inmediata, asegurando su conservación y beneficios comunes para el pueblo».

Landa, también coordinador de la Plataforma Internacional contra la Impunidad, valora la declaración política del gobierno que ahora debe ser traducida en políticas públicas/procedimientos administrativos y en un marco legislativo que le otorgue una validez jurídica a estos anuncios.

Gremio minero cuestionado por concesiones otorgadas

Debido al agresivo rechazo de la política anunciada por la presidenta Xiomara Castro por parte del gremio minero sumado a la adversa correlación de fuerza en el parlamento, en el que los diputados de los partidos del antiguo régimen, que surgió del golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya en 2009, tienen una mayoría relativa en el congreso, una de las tareas urgentes para el gobierno, según Landa, es crear una instancia multiactor. Un mecanismo en el que debería participar la ciudadanía, las universidades, el gobierno y representantes de empresas apoyados por una veeduría internacional que le otorgue mayor capacidad fiscalizadora y legitimidad y que revise los requisitos administrativos y los procesos de concesiones otorgadas en los últimos años. Permisos que tienen tal nivel de cuestionamiento e ilegitimidad que incluso han otorgado 42 concesiones mineras en áreas protegidas, en las que la ley prohíbe toda actividad extractiva.

Así por ejemplo y según una investigación de una alianza periodística internacional en la que participó el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), una de las principales productoras de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras. Un proyecto de extracción de hierro fuertemente cuestionado por la persecución a los líderes sociales de Guapinol en el municipio de Tocoa que protestaban por el impacto ecológico en sus territorios y en el parque natural Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano.

Cómo se llegó a esta situación de rechazo de la minería

Los hitos, que fueron creando un escenario en el que el fin de la minería a tajo abierto se fue transformando en una reivindicación de amplio soporte social, se fueron desarrollando especialmente desde el golpe de Estado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, explica Lander.

Aunque ya durante el gobierno Zelaya, hubo un proceso de amplia participación y discusión ciudadana que preveía crear una Ley de Minería que limitara la posibilidad de crear proyectos mineros y suspendiera el otorgamiento de nuevas concesiones. Proyecto que finalmente se vio frustrado por el golpe de Estado que derrocó a ese gobierno y supuso un duro revés al proceso social que iba tomando forma en ese período.

Para Pedro Landa, uno de los sucesos que marcaron la apuesta extractivista y de despojo de los territorios de comunidades campesinas, indígenas y garífunas del país ocurrió en 2012, en un hecho que califica de segundo golpe de Estado. Se refiere con ello al 12 de diciembre de ese año, cuando el Congreso Nacional destituyó a cuatro magistrados.  Integrantes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia despojados de sus cargos por haber declarado inconstitucional una ley para atraer inversores a través de un mecanismo llamada Ley de Regiones Especiales de Desarrollo para implementar ciudades autónomas y que después fue renombrada como Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Un proyecto de zonas francas impulsado por el Gobierno de Honduras y la élite política y económica, que implica la expropiación y explotación de territorio y recursos naturales, y la suspensión de determinados derechos y garantías constitucionales y por ello resistidas por defensoras y defensores de derechos humanos, que se expresaron repetidamente contra la instalación de las ZEDE. En su momento la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  inició una investigación sobre este proyecto estatal por las persecuciones y asesinatos de líderes de pueblos indígenas y afro hondureños que se le oponían.

Violencia y crímenes contra la ciudadanía desatada

Crímenes que se hicieron comunes durante los años que le siguieron al golpe de Estado y que estaban dirigidos a amedrentar a la población, romper el tejido social y reprimir la oposición a los proyectos de inversión en minería y de infraestructura de generación eléctrica.  El caso más emblemático es el asesinato en 2016 de la activista ambiental y lideresa garifuna, Berta Cáceres, por organizar la resistencia a la construcción de una represa de capitales españoles. Sin embargo, la dimensión de las violaciones a los derechos humanos es casi inconcebible para un país que oficialmente no estaba en guerra (aunque tal vez sí contra su propia población). En 2017 la organización de defensa de los derechos humanos Global Witness concluyó en su informe anual que “No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”.

En ese entonces, el régimen hondureño, que había sucedido el poder después del golpe de Estado, acumulaba 120 asesinatos. Para el 2020, Honduras había descendido al quinto país más peligroso para defensores del medioambiente y la cifra total de asesinatos en una década desde 2010 llegaba a 180 personas. Muchas de las cuales habían sido previamente criminalizadas por el poder judicial a través de un código penal que persigue a los defensores del territorio en forma análoga a la normativa penal que se aplica por delitos de terrorismo, según Pedro Landa. 

Otras leyes para favorecer la minería

Entre otras leyes que fueron pavimentando el camino para facilitar las inversiones para hacerse de los bienes comunes y que fueron generando el caldo de cultivo del descontento está la Ley de Minería de 2013 y que abrió las puertas a un modelo extractivista extremo, tan permisivo que incluso favoreció un fenómeno hasta entonces desconocido: la narco minería. Grupos criminales ligados a sectores financieros que llegaron a gestionar hasta cien concesiones mineras como forma de lavado de dinero, explica Lander. 

La juventud y una nueva conciencia social y ambiental

El hito que, que  al inicio solo parecía una crisis política, que se saldaría con un altísimo grado de represión y violencia y, a pesar de ello, se transformó en tierra fértil donde creciera la semilla de la conciencia, sobre todo de la gente joven, fue la reelección inconstitucional del mandatario Juan Orlando Hernández en 2017. Hay que recordar, que por la mera intención de preguntar en una papeleta electoral por la posibilidad de convocar a la redacción de una nueva constitución, como había anunciado en 2009 el entonces presidente Manuel Zelaya, los militares avalados por el congreso y con el apoyo tácito de los Estados Unidos secuestraron al presidente una noche de junio de ese año y lo llevaron al exilio.

A partir de ese momento, ocho años después quedó en evidencia, que el régimen se mantendría por la fuerza en el poder, pero ya no lograba concitar, acaso nunca pudo hacerlo, un consenso en torno a un proyecto de desarrollo basado en la extracción de materia prima. Con ello fue perdiendo poder también el gremio minero, cuyas concesiones incluso llegaron a ser cuestionadas por sus pares con inversiones en otros rubros productivos. 

Los que en cambio crecieron en conciencia, social, política y ambiental fueron los niños y jóvenes que habían nacido y crecido durante y después del golpe de Estado y ahora estaban sufriendo en carne propia la represión. Son ellos quienes ya no se creen el cuento, comenta Lander y explica que es ésa generación la que apoya con verdadera beligerancia y presencia en las calles el proceso político encabezado por la presidenta Xiomara Castro y que ahora ha declarado el fin de la minería y la moratoria para todo tipo de actividad extractiva cuyas concesiones deberán ser revisadas. Para llevar adelante esta agenda, que forma parte de su plataforma electoral se deberá apoyar en la sociedad que ha ido reclamando los espacios públicos para sí, a pesar del precio que ha debido pagar por ello. 

Pero Landa observa que incluso entre los empresarios hay cada vez más voces que abogan por una tipo de desarrollo diferente, porque han visto que los proyectos mineros no sólo aumentan las conflictividad social, sino que en estos tiempos de altos impactos ambientales, acelerados por el desastre climático, seguir por ese camino solo exacerba la crisis. En esa línea debe ser entendida, según Landa, la apuesta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por el Acuerdo de Escazú. Un tratado que el organismo apoya, según un comunicado de prensa, “como herramienta fundamental para generar un marco social y ambiental transparente y abierto y basado en una buena relación con las comunidades, sector público y privado”.

Al menos hay entonces un cierto respaldo por parte de actores económicos a estas medidas que trascienden las fronteras del país. Por eso Pedro Landa también prevé que la presidente solicitará la presencia de un nuevo organismo liderado por Naciones Unidas, parecido a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que apoye al Estado en liberarse de estructuras de corrupción y narcotráfico que camparon a sus anchas con el hasta hace pocas semanas presidente Juan Orlando Hernández actualmente en arresto a la espera de un proceso de extradición por cargos de narcotráfico en los EE.UU, y, cuyo hermano menor fue condenado por una corte de Nueva York el año pasado a cadena perpetua por liderar una banda de narcotráfico.

Perspectivas para el Perú

Lo que viene ocurriendo en Honduras respecto a los anuncios en el sector minero por la presidenta Xiomara Castra es sin duda un avance esperanzador, ya que junto a Costa Rica, y en cierta medida El Salvado, que en 2018 prohibió la minería metálica, son los países que se declaran libres de esta actividad en Latinoamérica. Un debate que en el Perú, por el momento, parece imposible, por las condiciones y la dependencia económica que tenemos con este sector, pero sobre todo por el poder político que tienen los gremios mineros, entre otros factores por demás conocidos. Sin embargo, lo ocurrido en Honduras nos dice que tarde o temprano tenemos que transitar a esa discusión, dado que la actividad minera es una actividad finita. Es decir un día los recursos minerales se van a agotar o dejarán de ser imprescindibles. Ojalá que no sea tarde, para los frágiles equilibrios ecológicos de los que dependemos, cuando lleguemos a ese momento. 

Hace tres años un estudio coordinado por científicos italianos en colaboración con un equipo de investigadores de universidades españolas y una portuguesa, había logrado demostrar el envenenamiento constante de los niños que viven Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen debido a la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno. 

Lo que sus investigadores sospecharon entonces y que los llevó a realizar nuevos estudios con las mismas poblaciones en junio y julio de 2021  se ha hecho público en Pasco la semana pasada. No son solo los cuerpos de estos menores de hasta 16 años, también sus mentes, es decir su cerebro y su desarrollo cognitivo que están siendo atacados.

La salud de niños en Cerro de Pasco en 2019

En 2019 un equipo de las Universidades de Madrid, Santiago de Compostela en España y Coimbra en Portugal, coordinado por Source International, completó una historia clínica de los niños del distrito Paragsha y el asentamiento José Carlos Mariátegui, ubicados en Cerro de Pasco entre desmontes y el tajo abierto de la mina y por ello uno de los distritos más expuestos a las actividades mineras de la ciudad. Los investigadores hicieron lo mismo con un segundo grupo de Carhuamayo, una localidad a unos 40 kilómetros de distancia con condiciones climáticas y socioeconómicas similares, pero no expuesta directamente a la minería. La ONG italiana evalúa el medio ambiente en la ciudad minera de Cerro de Pasco y sus alrededores desde 2009 y esta vez contó con el apoyo de la organización Centro Labor Pasco.

Fuente: Source International

El objetivo era descubrir y exponer las enfermedades que presentan los niños en Cerro de Pasco  y comparar la prevalencia de esas patologías en los infantes de Carhuamayo. Los resultados son evidentes: las patologías específicas se presentan en los niños del Cerro de Pasco en una relación considerablemente superior que en los niños de Carhuamayo. Las hemorragias nasales constantes, por ejemplo, afectan al 62 por ciento de los niños de la ciudad minera, mientras que en Carhuamayo alcanza sólo a un 12 por ciento. La incidencia de manchas blancas en las uñas ( asociada a la exposición a ciertas toxinas, como el arsénico, el talio u otros metales pesados) en los niños de Cerro de Pasco es 12 veces mayor que en los del grupo de comparación. También hay casos de graves trastornos gastrointestinales y de comportamiento, relacionados con la acumulación de altas cantidades de manganeso y mercurio.

Qué ha cambiado

En junio del año pasado los investigadores de Source regresaron a Cerro de Pasco, esta vez para analizar, si continuaba la contaminación y la exposición de los niños a estos agentes tóxicos y estudiar su desarrollo cognitivo. 

El estudio arrojó que existe un claro aumento de las concentraciones de metales pesados desde el año 2016, un indicador de que las fuentes de contaminación siguen activas y los organismos de los menores de edad siguen expuestos y acumulando los contaminantes tóxicos y cancerígenos. La tendencia general de la concentración de metales pesados en la población de Paragsha entre 2016 y 2019 está marcada por un incremento entre 2016 y 2018 y un descenso relativo entre 2018 y 2021. La concentración promedio de la mayoría de metales pesados (salvo berilio y boro)  es más alta en el último año comparada con la de 2016. Es decir, la exposición de la población a metales con alto potencial tóxico incluso ha aumentado desde 2016 en adelante. 

Con ello se desvirtúa el argumento de los dueños de la mina que alegan que la contaminación no es responsabilidad de ellos, ya que proviene de una fecha anterior a la compra de dos tercios de las acciones de la empresa Volcan, operador de la mina Cerro de Pasco, por parte del consorcio suizo Glencore. Y antes de ellos, los cambiantes dueños alegaban que el envenenamiento databa incluso de épocas pre coloniales. 

3.09.21_Foto desde la punta del centro poblado de Paragsha, de la ciudad de Cerro de Pasco y el tajo abierto

La importancia de los cabellos y nuevos estudios

La novedad del más reciente estudio, es que por primera vez, un examen pone en relación la concentración de metales pesados en los cabellos de los niños con  el cociente intelectual de los menores. Se basó en  exámenes realizados a 81 niños de entre 6 y 16 años de Paragsha/José Carlos Mariátegui y 17 menores de entre 11 y 16 años en Carhuamayo de julio de 2019.

Para ello se tomaron  muestras de cabello, de tres centímetros de longitud, que equivalen a un periodo de aproximadamente tres meses de crecimiento. De esa forma se obtiene un valor promedio de la concentración de metales tóxicos en el tiempo mencionado, una metodología más precisa que la toma de muestra de sangre, que solo permite la conclusión de la exposición en un momento muy limitado.

Desde hace más de una década, varios estudios nacionales como internacionales vienen corroborando la exposición de la población, y en particular la infantil, a los metales pesados en Cerro de Pasco. Una ciudad que convive con una mina a tajo abierto y plantas concentradoras que reciclan los desechos de la minera, y que de esa forma extrae plomo, zinc y plata del subsuelo. 

La investigación de Source International sobre el cabello de los niños encontró concentraciones muy elevadas de 17 metales pesados diferentes, muchos de ellos tóxicos y cancerígenos, como arsénico, plomo, mercurio y talio. 

Como valor de referencia, los investigadores usaron el máximo nivel aceptable para niños fijado por el laboratorio alemán “Micro Trace Minerals”, especializado en análisis de cabello, establecido para una población saludable no expuesta a fuentes contaminantes.

Aquí una exposición que grafica la situación:

Fuente: Source International

Las pruebas de Paragsha muestran una concentración mayor o muy por encima de todos los metales comparadas con aquellas de Carhuamayo. En Cerro de Pasco el promedio de concentración de arsénico (0.45 mg/Kg) es tres veces más alto que el promedio registrado en el grupo de control (0,15 mg/Kg). En el caso del plomo (4.38 mg/Kg) la relación es seis veces superior. En cadmio los resultados doblan la concentración de aquella en Carhuamayo. Resaltan asimismo los resultados de antimonio, cuyas concentraciones son dos veces y media más altas en Cerro de Pasco que en Carhuamayo. En relación a los máximos niveles aceptables, fijados por el laboratorio germano, los resultados son aún más dramáticos. En cuanto al plomo los niños de Cerro de Pasco superan en 43 veces la cantidad límite del estándar internacional. En hierro cuatro veces, en manganeso lo supera por siete y en el caso de aluminio se multiplica por cuatro.

«Poco se sabe de los efectos a largo plazo sobre la salud de estos niños, ya que la mayoría de los estudios realizados hasta ahora se han llevado a cabo sobre intoxicaciones agudas por un solo elemento y no sobre formas crónicas debidas a más de una docena de sustancias, cada una de ellas con diferentes efectos sobre el organismo, y que además tienen efectos interrelacionados entre sí», señala el biólogo Flaviano Bianchini, fundador y director de Source International, al explicar el objetivo de las investigaciones, únicas en su género, realizadas precisamente con este fin.

Los efectos comprobados de los metales pesados

Lo que sí se sabe a ciencia cierta son los efectos que provocan individualmente cada uno de los metales tóxicos, explica Bianchini:

“El plomo, entre sus primeros efectos está provocar retraso mental, trastornos del coeficiente intelectual. El plomo, interfiere en el desarrollo físico del cerebro. El cadmio, aumenta las discapacidades de aprendizaje: los niños tienen más dificultades de aprender, alteraciones de la memoria. Con el manganeso, se tiene menor nivel de atención además que interfiere con sus capacidades manuales. El arsénico provoca hiperactividad en los niños y reduce su capacidad de expresión verbal. Los niños tienen dificultad para hablar bien y presentan una disminución del coeficiente intelectual”.

Fuente: Source International

La medición de inteligencia

En forma paralela a las tomas de muestras de cabello, los investigadores hicieron una serie de exámenes del desarrollo cognitivo y verbal de los niños. 

En forma específica evaluaron la habilidad verbal, la habilidad visual y conceptual, es decir la capacidad de ver imágenes, reconocerlas y asociarlas, la capacidad de la memoria y la velocidad de procesamiento mental, es decir la capacidad en la que los niños logran procesar información, aprender y elaborar las informaciones. En todos estos aspectos, hay un alto número de niños de Paragsha (Cerro de Pasco) que presenta serios déficits. 

Así el valor promedio del Cociente Intelectual Total (CIT) en la población expuesta de Paragsha obtuvo una puntuación de 82,5, una cifra que está 12,3 puntos por debajo de sus pares de la población no expuesta de Carhuamayo, cuyo puntaje promedio fue de 94,8. Además, se detectó que el 37% de los niños y adolescentes que habitan el distrito afectado por los metales pesados obtuvieron un CIT “inferior” o “muy bajo”, en comparación con los estándares internacionales.

Esto significa en términos prácticos, según Bianchini que una persona con un cociente intelectual medio, puede acabar su estudio e ir a la universidad y hacer una carrera de ingeniero, por ejemplo. En cambio aquellos niños con un cociente intelectual medio-bajo como los casos vistos, les costará incluso terminar el ciclo escolar.

Irreversible daño

La gravedad de este resultado a largo plazo lo explica el investigador italiano: “El cociente intelectual y el cerebro se desarrollan en los primeros 6 años y medio de vida. El grueso se desarrolla en el feto antes de nacer y durante los primeros cinco a seis años de vida. Después de eso, muy poco. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos niños, con 8 o 9 años, su cerebro no se desarrolló como debería haber sido y el impacto será para toda su vida. No es un impacto de hoy, se quedará en sus vidas para siempre”, porque el cerebro no se desarrolla más”. advirtió

Si bien esperaban encontrar evidencias de la relación a la exposición de metales pesados y el desarrollo cognitivo de niños, porque los estudios científicos avalan esa relación, para Bianchino los resultados son dramáticos: “Hablamos que los niños de Paragsha (Cerro de Pasco) presentan en promedio un cociente intelectual de más de 12 puntos por debajo de sus pares en Carhuamayo. En Europa cuando se encuentran casos de población donde hay una diferencia promedio de unos o dos puntos por debajo de la media de esta parámetro de medir la inteligencia, inmediatamente esto causa alarma y se hacen más estudios para remediar la situación”

Palabras que resuenan entre los asistentes a la presentación del estudio en el municipio de Paraghas. Su alcalde es la única autoridad del Estado peruano presente en la mañana del 1. de marzo. ¿Qué responder ante preguntas que suenan desesperadas?:

Una joven mujer de no más de 25 años pregunta: ¿Qué puedo hacer para evitar que los niños que están por nacer, no se contaminen con plomo y otros metales pesados? Otro señor entre 40 y 50 años quiere saber ¿Qué debería hacer, si mi hijo de 17 años está con tanto sangramiento de narices, que ni siquiera ha podido continuar con sus estudios? 

Las respuestas que puede ofrecer Flaviano Bianchini son poco alentadoras, como la sugerencia de alejarse de las fuentes contaminantes, si Cerro de Pasco está colmada de ellas o que eviten tomar agua de la llave y que se alimenten con productos de otros valles, con los impagables precios que alcanza el agua embotellada y los alimentos.

Y no obstante, es necesario que el Estado se haga cargo de algunas recomendaciones que hace Bianchini: Afrontar la remediación ambiental integral de la zona y que comience a monitorear en forma permanente y en breves intervalos la salud de los habitantes así como el estado del medio ambiente. Y en forma urgente atender en clínicas especializadas a los niños y demás habitantes más gravemente afectados y otorgarles apoyo sicológico a menores cuyas capacidades cognitivas han sido afectadas de por vida. Y dirigido a quienes pongan en duda la metodología, las formas de trabajo o cualquier otro aspecto del estudio el investigador italiano invita a revisar el informe publicado por una de las revistas científicas más renombradas a nivel internacional, Scientific Reports de Nature que avala este estudio. Por lo tanto para Bianchini, no puede haber discusiones científicas en torno a esta temática, pero sí decisiones políticas que se deben tomar.

Relator Especial de Naciones Unidas y similares conclusiones

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana en su reciente visita a Perú que concluyó el fin de semana pasado y en la que se reunió con la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, lo puso de esta manera en una entrevista con el portal www.convoca.pe

“De los testimonios que he recibido, [se resalta] que el Estado, en vez de realizar un tamizaje a toda la población, ha hecho muestras a diferentes personas y los resultados de estos exámenes son entregados con mucha demora. A veces, seis meses o un año después. Esto limita las oportunidades de una intervención médica efectiva. Además, estas pruebas para que sean efectivas deberían ser periódicas, para ver cómo va evolucionando [la salud de la población]”,

Asimismo, recalcó que al Estado, en su deber de garantía de derechos, le corresponde un rol de fiscalización que es indispensable y un rol de garante para que cuando haya afectaciones a la salud tome las muestras necesarias para determinar la gravedad de los impactos y proveer asistencia médica especializada. “No es solo un tema de asistencia médica. Es posible pensar que las personas reciban asistencia médica fuera de sus poblados, pero si vuelven a sus comunidades que están contaminadas, esto [la afectación a la salud] empieza de nuevo. [Debe hacerse] una intervención integral, donde la salud ambiental sea un componente primordial de la [ política de ] salud del Estado para prevenir la exposición de personas a peligros tóxicos”.

Los niños de Cerro de Pasco están siendo envenenados y su desarrollo cognitivo mutilado grave e irreparablemente por neurotóxicos liberados por las actividades mineras. Un envenenamiento progresivo y persistente que significa atrofiar el cerebro de niños. Es hora de parar la indiferencia de las autoridades gubernamentales, cuya cabeza fue elegida el año pasado precisamente por su promesa de revisar la relación entre la sociedad y los indolentes dueños de la mina. Dueños que en el caso de Volcán, propietaria de la mina Cerro de Pasco, se jactan en su página web de ser considerados uno de los productores de más bajo costo en la industria debido a la calidad de sus depósitos de mineral. Tal vez esos bajos costos también guarden relación con la forma de explotar estos metales, en la que las llamadas externalidades ambientales son arrojadas sobre la población.

Resultados del estudio completo: https://uploads-ssl.webflow.com/5d9bafe75f6edb09b82b5aaf/621c9a55ad176d5fc4171084_Copia%20di%20pasco%20short%20ENG.pdf

El Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y DD. HH, Marcos Orellana ha arribado al Perú para sostener numerosas reuniones y enterarse de primera mano de las diversas vulneraciones a los derechos humanos de la población expuesta a metales tóxicos, hidrocarburos y otras sustancias nocivas en los procesos de extracción de petróleo y de minerales obtenidos en el país. En su primer día, visitará hoy el Lote 192 en la comunidad nativa Nuevo Andoas, ubicada en la provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto, donde se reunirá con los habitantes de dicha comunidad. Orellana, que permanecerá en el Perú del 20 al 26 de febrero, tiene previsto reunirse además, en su paso por la Amazonía peruana, con dirigentes y líderes indígenas del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte (PUINAMUDT).

Según los registros de la empresa Pluspetrol del 2015, en el Lote 192 existen más de 2000 sitios contaminados con derrames petroleros, cilindros de tóxicos abandonados, montículos de chatarra y otros. Ninguno de los impactos realizados por la empresa han sido remediados aún. Otro informe de la OEFA sostiene que, entre 2012 y 2013, en el Lote 192 se derramaron hasta 54 barriles de petróleo.

El miércoles 23, el Relator de la ONU, ya de retorno a Lima, tiene programado reunirse con el Subgrupo sobre Derrames Petroleros, con la Mesa Técnica de Salud Humana y Salud Ambiental (MTSAH) y con los voceros y voceras de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas. Ese mismo día, a las dos de la tarde, expondrá en el seminario virtual “La sombra de las extractivas. El derecho a un ambiente sano en contextos de minería y petróleo”, actividad moderada por Oxfam Perú. El viernes 25, el enviado de Naciones Unidas sostendrá reuniones con la Comisión multipartidaria investigadora de la atención a los niños y las familias afectadas con el exceso de plomo, arsénico, mercurio y demás metales tóxicos en la sangre, del Congreso de la República; posteriormente, con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Medio Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Amazónicas Andinas (ONAMIAP). Finalizará esa jornada con una reunión con pescadores y representantes indígenas afectados por derrames petroleros en el limeño distrito de Lince.

Como antecedente de esta visita es de destacar que según datos del Ministerio de Salud (MINSA), a nivel nacional más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas se encuentran en situación de riesgo por la exposición de metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en 2021.

Ante esta problemática y la constante lucha de las y los afectados, el 23 de diciembre del año pasado el gobierno publicó el Decreto Supremo No 037-2021-MINAM, referido al «Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas». El decreto establece que los ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales articulen e implementen acciones necesarias para reducir el impacto de los metales pesados en la vida de las ciudadanas y ciudadanos afectados.

Finalmente, y debido a la insistencia de las y los afectados, la actual congresista cusqueña Ruth Luque impulsó una disposición complementaria que afecta a la Ley de Presupuesto 2022. Arreglo que beneficia a Espinar (Cusco), Cuninico (Loreto), La Oroya (Junín), Cerro de Pasco y a la cuenca Coata (Puno), con un presupuesto de hasta 30 millones de soles para promover atenciones a la salud de personas contaminadas.

Autoridades y dirigentes de comunidades campesinas y organizaciones ronderas de los distritos de Hualgayoc, Chugur, Bambamarca de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca y de Chota han ratificado este jueves la realización de un paro interprovincial de duración indefinida, que se realizará a partir del lunes 17 de enero en el área de exploración del proyecto minero Antacori ubicada en la zona de Sinchao del distrito de Chugur en el departamento de Cajamarca. Con la movilización los comuneros buscan la paralización de los trabajos de exploración y el retiro definitivo de la minera Anta Norte de la zona.

Un reclamo que vienen planteando desde inicios del año pasado cuando trascendió finalmente que la minera pretende desarrollar un megaproyecto de explotación de cobre en Sinchao, ubicado en una cabecera de cuenca del distrito de Chugur, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
Desde entonces se han producido varios hechos de vulneración de derechos, que entre otros han provocado serios daños al medioambiente. Así, en la comunidad de Tranca de Pujupe, del Distrito de Hualgayoc, pobladores y autoridades denunciaron en marzo pasado la contaminación del agua de la represa “Aguas Coloradas”, al haber identificado un cambio repentino en el color de la misma.

La zona de exploración de minerales es limítrofe con dicha comunidad, por lo que sus habitantes sospechan que las perforaciones asociadas hayan originado el daño de los afluentes hídricos. También acusan la muerte de truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe, hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre. La organización de derechos humanos y del medioambiente Grufides constata en un reporte de mayo de 2021 que la apariencia rojiza del agua de la represa preocupa a centenares de regantes de la comunidad de Tranca y, en general, a la mayoría de agricultores de la microcuenca Tingo – Maygasbamba, por lo que los comuneros exigieron a la empresa minera que se retirara de la zona.

Otros hechos que han afectado a seres humanos y la flora y fauna de la zona se relacionan con los abrumadores pasivos ambientales que se concentran en la región y que conforman la tóxica herencia minera. En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el derrame de relaves mineros de la operación Cerro Corona, propiedad de la empresa minera de capitales sudafricanos Goldfields, del 16 de diciembre del 2018 ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas de piscigranjas cuyo bienestar dependía de la calidad del agua del río Tingo Maygasbamba. Dicho derrame se saldó con una multa impuesta por la Autoridad Nacional del Agua a la empresa Goldfields equivalente a 4 millones 300 mil soles.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.
En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

Es por eso que, en el llamado a huelga, declaran estar en pie de lucha contra la expansión y contaminación minera de las cabeceras de cuenca, no sólo de Anta Norte con su proyecto minero Antacori sino también Goldfields y su operación Cerro Corona, Coymolache Tantahuatay y otros emplazamientos similares que por atentar contra la vida y la salud de los ecosistemas y de las familias con metales tóxicos y cancerígenos jamás tendrán licencia social.
En lo inmediato, las exigencias de las comunidades son que se declare la inviabilidad definitiva del proyecto Antacori y el retiro inmediato de la maquinaria como también del personal apostado en el Sinchao. De acuerdo al Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, exigen además el archivamiento definitivo de todo proceso o acusación fiscal o judicial contra dirigentes y pobladores.
Además, reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados en reunión de trabajo celebrado en febrero del año 2019 con varios ministros y subsecretarios, entre ellos los de Salud y Energía Minas. En ellos se acordó la atención a las personas tamizadas y contaminadas con metales pesados, tóxicos y cancerígenos. También figuran la construcción del Hospital General de Hualgayoc – Bambamarca y el financiamiento y construcción de la Planta de Agua Potable para Bambamarca.

Finalmente, el pliego demanda la investigación y sanción de los responsables de la grave contaminación de piscigranjas y la muerte de miles de truchas. Un hecho que evidencia, a juicio de Víctor Hugo Crutzado, los graves perjuicios que está causando el proyecto Antacorí, ya que los peces son un indicador clave de la salud de las fuentes hídricas, y subraya que esto se ha producido cuando las faenas recién se encuentran en fase de exploración.
El dirigente ha explicado que la movilización sólo podrá ser detenida, si las autoridades gubernamentales encabezadas por la premier Mirtha Vásquez se desplazan directamente a la zona Sinchao.

Y es que la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) conoce el trasfondo del conflicto. Según el Reporte de Conflictos del Observatorio del mismo nombre de la organización Grufides, la entonces congresista, Mirtha Vásquez, solicitó en 2020 mediante oficios a los Ministros del Ambiente, Salud y Energía y Minas intervención con carácter de urgencia para atender la problemática socio ambiental en el Distrito de Chugur.

Los representantes de las comunidades se muestran confiados en lograr que se respeten los acuerdos. Para ello, serán decisivas la capacidad de convocatoria y la duración del paro. Según palabras de Cruzado, son al menos mil los ronderos que se han comprometido a bloquear las faenas de Anta Norte. En febrero de 2019, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

Intermitentes declaratorias de Estados de Emergencia y abundante evidencia por parte de organismos estatales de altos niveles de contaminación, de importante fuente de agua de al menos 50 mil personas, no han mejorado la situación.

Pobladores expuestos a metales pesados por la contaminación de la cuenca Coata, ingresarán a un paro indefinido desde el 8 de noviembre, debido al incumplimiento de compromisos de remediación de la cuenca y atención de salud a personas con mercurio, arsénico y otras sustancias tóxicas.

Félix Suasaca, presidente del frente de defensa unificado en contra de la contaminación de la cuenca coata, manifestó que la medida de protesta social es para exigir la inmediata ejecución de las pozas de oxidación y una cámara de filtración para mitigar el ingreso de aguas servidas de la ciudad de Juliaca al río Torococha y posteriormente al rio Coata, en el marco del plan de acción de la municipalidad de San Roman y Seda Juliaca.

Asimismo, exigirán la implementación del plan de acción elaborado por el gobierno regional de Puno para atender a más de 50 mil personas expuestas a metales pesados, en temas de salud, ambiente, educación, vivienda y agricultura. De la misma forma, solicitaran la publicación de la resolución suprema 02-2020 PCM que reconoce el plan de acción del gobierno nacional que involucra a los ministerios de salud, energía y minas, ambiente, educación y vivienda.

Las evidencias de la contaminación de la cuenca del río Coata son refrendadas por varios organismos estatales, entre ellos la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Sus muestras evidencian alarmantes concentraciones de metales tóxicos y microorganismos que superan ampliamente los Límites Máximos Permitidos y los Estándares de Calidad Ambiental establecidas por las autoridades correspondientes.

Como consecuencia de esta contaminación, el pasado 28 de setiembre, mediante el Decreto Supremos 158-2021-PCM, el gobierno nacional declaró en Estado de Emergencia por un plazo de 60 días, los distritos de Coata, Huata, Capachica de la provincia de Puno y distrito de Caracoto de la provincia de San Roman, región de Puno, por existir peligro inminente de contaminación del agua de consumo humano. Sin embargo y a pesar de que las razones de la polución no han sido subsanadas, el gobierno ha vuelto a levantar el Estado de Emergencia.

Ante esta medida, los dirigentes de frente de defensa de los distritos mencionados, manifestaron estar cansados con las declaratorias de emergencias, mesas técnicas, compromisos y planes de acción, sin resultados favorables para la población afectada por la contaminación. En ese sentido indicaron que no levantarán la medida de fuerza hasta que el presidente Pedro Castillo Terrones y la presidenta del Consejo de Ministros estén presentes en la zona para dar solución definitiva al tema.

Organismos defensores de Derechos Humanos han constado la evidencia de actos intimidatorios y de criminalización en contra de integrantes de los Frentes de Defensa.  No obstante que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos ha solicitado acciones al gobierno peruano poner fin a cualquier acto de criminalización en contra de los defensores de derechos humanos de la cuenca del río Coata. Adicionalmente, se evidenciaron actos de criminalización en contra de los dirigentes principales de los Frentes de Defensa, con la aparente intención de paralizar el pliego de reclamos de la población expuesta a metales pesados.

Si bien la contaminación se evidenció en estudios desde el 2015, la problemática socio ambiental se inicia mucho antes. Además, se observa que la respuesta del gobierno a los resultados alarmantes de la contaminación demora cuatro años, y recién después de cinco se realizan análisis en sangre y orina de las personas expuestas.

Cabe señalar que, las fuentes contaminantes podrían estar distribuidas en la zona alta, media y baja de la cuenca Coata cuya extensión es de 5,548.5 km2 y alberga alrededor de 221,097 habitantes, de los cuales cincuenta mil serían los más afectados ya que viven en la en la zona baja de la cuenca.

Por último, a pesar de que no hay claridad sobre los mecanismos para enfrentar la situación de afectación que ha sido calificada por el Instituto de Defensa Civil (INDECI) de  Muy Alto Riesgo, las declaratorias de estado de emergencia se han dejado de emitir. A ello se suma que el proceso para la elaboración de un Plan de Acción Integral para atender la problemática aún es incipiente. Para asegurar que este plan aborde problemas estructurales de la contaminación ambiental, se requiere una discusión amplia, y la participación de sectores privados (ONGs) y estatales que garanticen un abordaje integral y consecuente de la problemática.

Perú ocupa el noveno lugar, entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores, en el mundo.

Defensores/as de derechos humanos y del ambiente del Perú se movilizan a Lima para exigir un alto a la violencia que sufren a diario

Las y los defensores denuncian que son intimidados, perseguidos, encarcelados, llevados a juicios y asesinados por defender territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, la selva, la flora y la fauna.

Durante el 2020, en plena pandemia, 6 defensores de la tierra y el ambiente fueron asesinados en el Perú, según registra el más reciente informe de Global Witness. Este informe señala que, a nivel global, 227 personas defensoras ambientales fueron asesinadas durante el 2020.  El Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo. En el documento, América Latina vuelve a ubicarse como la región más peligrosa para los defensores ambientales.

Así mismo, los defensores y defensoras denuncian que en el Perú se vive una situación de criminalización del derecho a la protesta, en la que tanto la Policía como los órganos jurisdiccionales presentan denuncias e investigaciones contra los líderes sociales a fin de someterlos a largos y costosos procesos judiciales, instrumentalizando el derecho penal para desalentar la protesta y estigmatizar a los defensores.

En ese contexto, este 26 de octubre se llevará a cabo una primera reunión en la que se darán encuentro defensores y defensoras de Cusco, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Amazonas y Lima. En esta reunión se discutirá la pronta convocatoria al Primer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de todo el Perú, así como impulsar una campaña nacional que oriente acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea de batalla para proteger los recursos naturales de todas y todos los peruanos.

Realizarán Plantón frente al Ministerio de Justicia

Al día siguiente, este miércoles 27 de octubre a las 10am se realizará un plantón cultural frente al Ministerio de Justicia, donde se recreará el escenario de violencia a la que defensoras y defensores son sometidos por proteger la tierra. Conoce el evento aquí: https://fb.me/e/1iUskj78e

Campaña «Defensores y defensoras: Proteger a quienes nos protegen»

Esta campaña busca reconocer y reivindicar el papel de defensoras y defensores indígenas del Perú en la defensa de los derechos a la tierra. Las defensoras y defensores deben ser reconocidos como actores imprescindibles para la sociedad, en medio de nuestra lucha por
el cambio climático. Entérate más de la campaña: https://bit.ly/3G91KA8

Exigen implementación de Nuevo Protocolo para defensores

Por ello, pedimos al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto adecuado el nuevo Protocolo para defensores aprobado recientemente por el Ejecutivo, a fin de garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra. Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia para que se pueda prevenir y evitar la criminalización de la protesta.

Evento aquí: https://fb.me/e/1iUskj78e

Contacto de prensa: José Carlos Zúñiga: 927160871

 

 

El día de hoy, a partir de las 9 y 30 de la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, expuso las medidas que implementará su gabinete durante su gestión para el desarrollo del país. Asimismo, hizo énfasis en como desde el gobierno se impulsará la actividad minera.
La primera parte del discurso del premier estuvo abocada a explicar cuáles serían las medidas del gobierno para la reactivación económica. Dentro de ello, Guido Bellido señaló que implementarán el impuesto a las sobre-ganancias mineras para así lograr mayor recaudación económica para el Estado y puedan promover el gasto público orientado a las obras públicas para la generación de empleo. Precisó: “nuestro gobierno apoyará e incentivará la inversión pública y privada con criterio de rentabilidad social”.
Respecto a la actividad minera señaló que “se pondrá en funcionamiento una ventanilla única para eliminar procesos improductivos, y facilitar la instalación de nuevos proyectos a corto plazo”, confirmando de esta forma la política de continuidad en el sector minero por parte de este gobierno, sin plantear grandes reformas.
Asimismo, señaló que “se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio”. Sin embargo, no mencionó como se desarrollaría este pacto.

Enfoque territorial

Respecto al enfoque para desarrollar la actividad minera, señaló que su gestión impulsará el enfoque territorial. Como hemos visto a lo largo de estos años, los sucesivos gobiernos solo han visto el territorio como un espacio para extraer recursos naturales sin mínimamente, por ejemplo, implementar la consulta previa, libre e informada. Tampoco se precisó en el discurso si el enfoque territorial para el desarrollo de la actividad minera incluirá la discusión de un marco normativo sobre el ordenamiento territorial en el país.
Del mismo modo no se mencionó si se reconocerá el ordenamiento territorial que vienen implementando las comunidades y los gobiernos locales, quienes vienen determinando dónde sí puede haber minería y dónde no, teniendo en cuenta la zonificación ecológica y económica de los territorios, así como la protección de las cabeceras de cuenca.
Asimismo, precisó que se establecerán plazos estrictos para el desarrollo de los proyectos. “Los proyectos deben brindar un aporte sostenible que brinde apoyo a la población local”, señaló.

Diálogo y corredor minero del sur-andino

Respecto a la prevención de la conflictividad social, precisó: “Se considerarán procesos de diálogo para evitar conflictos sociales. No hay necesidad de conflictos en el país, a nadie se le va a excluir. Ese será nuestro secreto y fortaleza”. Actualmente el gobierno está en un proceso de diálogo con las comunidades de Chumbivilcas y la empresa minera MMG Las Bambas.
Uno de los factores claves en el conflicto del corredor minero sur que involucra a las comunidades de Chumbivilcas, es que actualmente pasan más de 400 camiones diarios con minerales, generando impactos ambientales y sociales en los territorios comunales, además de que el gobierno en el pasado aprobó una carretera sin consultar a nadie, transformándolo en una vía nacional para el paso exclusivo de los camiones mineros.
Frente a esta problemática, el premier lanzó una propuesta que años atrás había sido prometida por la empresa: se construirá un tren para trasladar los minerales por todo el corredor minero sur que llegue a Marcona. “El nodo minero del sur andino y el puerto de Marcona serán conectados por un tren, para los minerales y pasajeros, donde la alianza privada y pública se manifestará”, precisó el presidente de la PCM.

Ambiente

Sobre los impactos ambientales de la minería, solo precisó que para los pasivos ambientales se exigirá garantías reales para el cierre de minas, y así “se evitará así trasladar éstos problemas a futuras generaciones”.

El presidente de la PCM finalizó su discurso sobre el desarrollo de la actividad minera, señalando que el Perú es un país minero y agrícola, y que volverán a instaurar la armonía entre éstas actividades con la Pachamama, en la costa, sierra y selva. “La Pachamama que nos sostiene a todos” manifestó. Con estos planteamientos va quedando claro que el gobierno de Pedro Castillo mantendrá una línea de continuidad en la política minera del país.