La delegación multipartidaria del Parlamento Catalán que han visitado recientemente el Perú en una misión de observación sobre Democracia y DDHH ha constatado graves vulneraciones de derechos fundamentales y han observado con especial preocupación la estigmatización y criminalización de los manifestantes con el calificativo de terroristas.
La comisión integrada por los diputados y diputadas Francesc de Dalmases, Jenn Díaz, Susana Segovia y Carles Riera estuvieron en el país desde el 9 hasta el 14 de julio, tiempo en el que visitaron Apurímac, Puno y Ayacucho donde tomaron contacto directo con familiares de víctimas y diversas autoridades estatales.
También visitaron Ventanilla para conocer la situación un año y medio después del peor derrame de petróleo ocurrido hasta la fecha en la costa peruana causado por la empresa española Repsol en la zona.
La visita se basó en una Declaración aprobada el pasado 25 de enero por la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña en defensa de las movilizaciones sociales y por el fin de la represión en Perú.
En su calidad de vocero de la delegación, Carles Riera secretario tercero del Parlamento de Cataluña, calificó de especialmente grave la disminución en la autonomía y separación de poderes del Estado que constataron en su visita, que repercute a su juicio en el ejercicio de la democracia en el país.
La diputada Jenn Diaz que se reunió con familiares de víctimas en Andahuaylas constató actos de racismo, clasismo y discriminación por género – sesgos aplicados por las instituciones estatales y promovidos por importantes medios de comunicación, que a su vez han sido reforzados por grupos de extrema derecha y fascistas, en lo que calificó de proliferación de discursos de odio. Un fenómeno social que se repite a nivel global.
Francesc de Dalmases que visitó la castigada ciudad de Juliaca, relató que en conversaciones con autoridades escuchó que en la represión ejercida por el Ejército y policía hubo más muertos que detenidos, un hecho que habla de la calidad y de las decisiones políticas sobre cómo enfrentar las protestas. Manifestó además que percibió en muchos testigos la sensación de vivir experiencias de actuaciones estatales que parecían superadas con el fin del conflicto armado interno, en lo que constituye, según él, una verdadera regresión democrática.
Susana Segovia, a su vez, lamentó la persistente criminalización de sujetos y actores de la protestas con el uso generalizado y estigmatizante del adjetivo de terroristas (terruqueo).
En relación a la visita que realizaron durante el primer día a Ventanilla para observar los estragos del desastre que dejó el masivo derrame de petróleo del consorcio español Repsol ocurrido en enero del año pasado, los representantes constataron en terreno la damnificación e indefensión de las comunidades de la zona que viven de la pesca y lamentaron la insuficiente respuesta ante las demandas y faltas de medidas de remediación por parte de la empresa y del gobierno.
Todas estas observaciones estarán plasmadas en el informe final de la investigación en elaboración y que será presentado próximamente al Parlamento de Cataluña.
En Perú, las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y del ambiente corren peligro de ser vulnerados en sus derechos e incluso se enfrentan a la amenaza de muerte. Un final que desde el 2020 han tenido al menos 20 defensoras que han sido asesinadas en el Perú, dos en lo que corresponde a este año. La mayoría de las víctimas son personas defensoras de los derechos humanos de las regiones amazónicas, y la mayoría de los ataques se atribuyen a actores vinculados a actividades ilícitas como la minería ilegal, la tala de árboles, el tráfico de tierras y, crecientemente, el narcotráfico. Mientras que en las regiones andinas y costeras del país, predominan tendencias de criminalización de personas defensoras del territorio, del medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas y campesinas. Estos últimos casos tienen como protagonistas responsables a las empresas mineras.
Sobre esta situación y las tendencias en el país y en el ámbito internacional se ha dialogado martes pasado en el marco del conversatorio “Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, alcances y desafíos” organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH) en Perú en colaboración con el Centro Cultural de España en Lima.
En relación al marco internacional de protección de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y su vínculo con las amenazas que enfrentan sus líderes y lideresas, el ex Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya explicó en su análisis que ha habido importantes avances en el reconocimiento internacional. Sin embargo, lamentó que es a la hora de implementar las herramientas y de acatar la legislación que se registran los mayores retrasos y lo ejemplificó con el caso de la nación maya en Belice. En el histórico caso Cal contra Belice, el Pueblo Maya se presentó ante los tribunales por concesiones otorgadas para la explotación de recursos naturales en su territorio sin su consentimiento. Reclamo que en 2010 fue reconocido por el Tribunal Supremo de Belice y ratificado en 2013. Sentencia que confirmó el título de propiedad de los pueblos maya mopan y ke’ekchi, reconoció el derecho consuetudinario en sus demandas de uso y ocupación tradicional, y confirmó que el título tiene protección legal bajo la Constitución de Belice. A pesar de los años transcurridos el veredicto aún no ha sido implementado en su totalidad explicó el experto internacional en derechos de los pueblos indígenas.
Karen Huere, defensora asháninka, integrante de ONAMIAP y de la Organización de Mujeres Indígenas llamó la atención sobre una forma más sutil que tiene el Estado peruano de apropiarse de territorio y mermar la autonomía de los pueblos indígenas en la Amazonía al presionar a las comunidades en la selva a transformarse en centros poblados a cambio de instalar dentro de sus linderos servicios públicos esenciales como postas de salud o escuelas. Además para el Estado resulta más fácil negociar con centros poblados bien delimitados que con comunidades que habitan y controlan vastos territorios.
Para Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui la crisis social y política que está viviendo el país no es nueva en cuanto a la represión y otras formas de persecución que viven las comunidades en conflictos socio ambientales no solo en el corredor minero.
Apunta que el Estado diligentemente denuncia a los dirigentes sociales que levantan la voz, manifestado en casos como el del fallecido dirigente Oscar Mollohuanca en Espinar, pero no persigue a las mineras responsables de tantas vulneraciones a los derechos humanos y ambientales, causa de dichos conflictos.
En su interpelación al Estado cuestionó la contradicción evidente que existe entre la contínua persecución y criminalización de defensores por parte del Estado y en particular de este gobierno encabezado por Dina Boluarte y los autoelogios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en relación al decreto que hace dos años creó el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Conjunto de medidas que busca garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades.
Un tema que retomó también James Anaya que criticó la creciente tendencia en la región a judicializar a los defensores e intentar acallar, a través de costosos procesos que se extienden durante años, las voces de las comunidades organizadas.
Un síntoma de la escasa voluntad política hacia el reconocimiento de la labor de los defensores de derechos ambientales en Perú es que, a la fecha, el Congreso de la República no ha aprobado la ratificación del Acuerdo de Escazú. Acuerdo que recoge estándares mínimos para el ejercicio de los derechos de acceso a la información, a la justicia y a la participación en materia ambiental, lo que favorece las actividades de defensa del medio ambiente en la región de América Latina y el Caribe.
El pasado domingo falleció a los 74 años el destacado y multifacético dirigente social, Augusto Fernando Carrasco Zapata. Nació en el seno de una familia de humildes peones agrícolas en la ciudad de Chulucanas en la provincia piurana de Morropón, que con el inicio de la Reforma Agraria se asienta en el Sector de Malingas perteneciente al distrito de Tambogrande en la provincia de Piura del departamento homónimo. Casado con Fanny Núñez fue padre de Fernando y Amelia Carrasco Nuñez.
Estuvo ligado desde su niñez a la agricultura campesina por su temprana experiencia familiar y porque estudió en el Instituto Nacional Agropecuario No. 54 de Tambogrande, del que se graduó con el título de Técnico Agropecuario. Después trabajó en FUNDEAL un organismo de la Universidad Nacional de Piura en el que se dedicó entre otros proyectos a combatir la plaga del gusano rosado del algodonero.
Sin embargo, su mayor combate lo libró contra la canadiense Manhattan Minerals Corp. y su pretensión de explotar los yacimientos de oro ubicados en Tambogrande, específicamente en el subsuelo del área urbana de la ciudad, es decir debajo de las casas de sus habitantes. La lucha de los pobladores organizados en el Frente de Defensa Distrital de Tambogrande se tradujo en un paro total de dos días en octubre de 2001 y decantó finalmente en una consulta popular para cuya realización la Municipalidad Distrital aprobó y publicó una ordenanza municipal. En el referéndum celebrado en junio de 2002 la opción contraria a la minería, en este rico valle productor de mangos, limones y otros frutos, se impuso con una abrumadora mayoría de más del 93 por ciento.
Con la experiencia hecha en ese período y habiendo sido cofundador del Movimiento Regional “AGRO SÍ” que ganó el cargo de alcalde municipal, fue elegido regidor durante los períodos 2003 y 2006.
Su experiencia de haber tenido participación destacada en organizar un movimiento social que logró doblegar los poderosos intereses de unos pocos lo llevó a interesarse y ser invitado en otros espacios críticos con el modelo extractivista a nivel nacional y latinoamericano.
Hacia el final de su vida le fue detectada diabetes y una insuficiencia renal que le obligó a ser sometido a diálisis por muchos años.
El pasado martes en un sepelio multitudinario la Comisión de Usuarios Regantes, pobladores y compañeros de ruta le rindieron homenaje de despedida a este destacado dirigente social y político.
Desde Red Muqui nos sumamos a este reconocimiento, expresamos nuestro dolor por su partida y les expresamos nuestra solidaridad a su familia.
Por: Juan Aste Daffós
La campaña que hoy desarrollan las empresas mineras a través de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) y medios de comunicación afines está centrada en que el Perú necesita con urgencia invertir en exploración para que en un futuro cercano se puedan ejecutar grandes proyectos mineros. De tal manera que el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales obtengan más ingresos por canon y regalías y lleven adelante proyectos para el desarrollo territorial con el objetivo de cerrar las “brechas” (léase desigualdades) sociales, entre los más pobres y el promedio de los menos pobres.
Sin embargo, la verdad es otra. El objetivo principal de las empresas mineras, principalmente de las grandes corporaciones transnacionales, es aprovechar la coyuntura actual de precios elevados de los metales. La finalidad es asegurar su rentabilidad para los próximos 20 a 30 años invirtiendo las sobreganancias obtenidas en la ejecución de proyectos de exploración, accediendo a nuevos territorios o regresando a otros, así como, en proyectos de ampliación de los que están en operación. Por eso, plantean la urgencia de realizar la expansión minera
Para este objetivo cuentan con el apoyo de un gobierno deslegitimado, en un contexto que suponen de debilidad en la respuesta del movimiento social que. En caso que las fuerzas policiales y militares empleen la violencia, en particular en aquellos proyectos que no tienen licencia social, los conflictos socioambientales que enfrentan a comunidades y poblaciones locales con las empresas mineras y el gobierno se expandirán e intensificarán. Quizás por esto preferirían priorizar proyectos en territorios de las regiones macro norte.
El tiempo corre en contra de la estrategia actual de las empresas mineras y del gobierno en la medida que la reactivación de la movilización social logre la renuncia de Dina Boluarte y se concrete el adelanto de las elecciones generales. Por ello están incidiendo con una campaña destinada a obtener la eliminación de trámites administrativos y una mayor desregulación de las normas ambientales, a fin de reducir el tiempo y conseguir legalmente una rápida autorización para el ingreso a explorar los territorios. En este sentido, no es casualidad que del 08 al 10 de mayo próximos se realizará en Lima el XIII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores titulado “Descubriendo la Minería del Futuro”.
La agenda del empresariado minero, de acuerdo al Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (Feb.2020, PCM) es: eliminar la consulta previa (derecho de las comunidades) y que solo haya acuerdo previo (negociación que establece un compromiso económico de la empresa minera con la comunidad) para el acceso a la exploración; limitar al máximo la acción supervisora del Organismo de Evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) y que las empresas se auto controlen y envíen sus informes ambientales al Estado; simplificación de los procedimientos administrativos (tramitología) en la obtención de las autorizaciones, planteando incluso el silencio administrativo positivo (en caso de que el funcionario no responda en plazo determinado, se asume la autorización del trámite); ningún cambio en la estructura tributaria, lo que se traduce hoy en no aceptar un impuesto a la sobreganancia minera; apoyar la formalización de los mineros informales e ilegales que acompañen la expansión de la minería formal.
Lo cierto es que las comunidades, los agricultores y los centros poblados involucrados consideran que la ejecución y operación de los proyectos mineros afectarán sus planes de vida, las cuencas hídricas y los ecosistemas vinculados a la salud y la producción agroalimentaria, lo que agravaría su situación económica y social. A su vez, la consulta previa actual es un trámite burocrático utilizado para aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). A su vez, la inexistencia de planes de ordenamiento territorial legalmente amparados facilita la imposición de los proyectos mineros.
La asimetría o la desigualdad en las relaciones de poder entre un sector y otros y los incumplimientos reiterados de los acuerdos en las mesas de diálogo abonan en la misma dirección. Asimismo, la historia ha revelado que minería y pobreza en su entorno han ido de la mano desde siempre, sin contar con los actuales y potenciales efectos de la crisis climática y la pandemia. Más aún, cuando las empresas se niegan a pagar un impuesto a la sobreganancia minera que allanaría los gastos del Estado en salud, educación, proyectos para la diversificación productiva generadores de empleo masivo, y la atención de desastres y pandemias en beneficio de las mayorías del país. Por estas razones, las comunidades, agricultores y poblaciones locales del entorno de los proyectos no otorgan la licencia social.
Las empresas mineras y el gobierno nacional asumen que con su apoyo “técnico” y el de algunas universidades limeñas de “élite” se pueden elaborar planes de “desarrollo territorial”, e incluso comprometer a los gobiernos regionales y locales, para garantizar la ejecución de proyectos que “beneficien” a las comunidades, desplazando sus planes de vida y los proyectos que ellas mismas han decidido autónomamente ejecutar. Pero, dejar a las comunidades y poblaciones locales fuera de las decisiones sobre su destino es exactamente lo contrario a lo que estas han estado demandando con la movilización social suspendida por el momento.
Respecto a la crítica de las empresas mineras que los recursos del canon y la regalía minera son mal utilizados, y por ello proponen participar con el gobierno nacional en “ayudar” a elaborar planes de desarrollo territorial en beneficio de las poblaciones del entorno minero, debe precisarse el carácter legítimo y legal de estos recursos obtenidos por el Estado y la autonomía en las decisiones sobre su uso y gestión por parte de los gobiernos regionales y locales.
El Estado redistribuye la mitad del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras en forma de canon minero a los gobiernos regionales y locales y a las universidades de las regiones donde se encuentran los recursos minerales. A su vez recibe el ingreso de la regalía que pagan las mineras como una “contraprestación económica por la explotación de los recursos minerales, metálicos y no metálicos”, que en realidad es el pago que hacen las empresas mineras al Estado y que este transfiere a las regiones donde se explotan los recursos minerales que son agotables dado su carácter de no renovables. En consecuencia, canon y regalía son ingresos legítimos y legales que recibe el Estado y que canaliza a las regiones donde se encuentran y explotan los recursos minerales.
Una vez en manos de los gobiernos regionales y locales y las universidades, las decisiones sobre su uso y el control de su gestión pasan a depender de estas instancias del Estado y de la participación de la población organizada, y no es incumbencia de las empresas mineras inmiscuirse en estas decisiones.
El hecho que los proyectos de los gobiernos locales y regionales se decidan en función de contrataciones fraudulentas y otras acciones de corrupción aprovechando la inexistencia de poblaciones organizadas que demanden y participen en la elección y ejecución de proyectos y en la rendición de cuentas es un problema de elección de los gobernadores y los alcaldes, así como, de la débil o inexistente participación ciudadana.
Asimismo, los gobernadores regionales y los alcaldes, en su gran mayoría tienen como objetivo principal disponer de mayores recursos financieros u obtener el ahorro de los mismos mediante el mecanismo de obras por impuestos. Lo que inhibe no solo a estas instancias del Estado a realizar demandas frente a las infracciones ambientales y sociales de las empresas mineras, sino que posterga la formación de capacidades para una gestión pública descentralizada, eficiente y libre de corrupción.
Pero ¿cuál es límite de la expansión minera? En la práctica no hay límites porque los que promueven a ultranza la actividad minera afirman que el Perú debe aprovechar la extracción y explotación de los recursos mineros allí donde se encuentren, lo que deja como “letra muerta” la prohibición del ingreso en áreas naturales protegidas, áreas de restos arqueológicos, y la protección de las fuentes de agua como las cabeceras de cuenca. Más aún, si la consulta previa es solo un procedimiento burocrático, por lo que nada de lo señalado se cumple realmente por las decisiones de política minera de los gobiernos y la aplicación de una legislación muy conveniente para las empresas mineras.
Así esta política termina reforzando una economía predominantemente extractivista minera que genera muchos dólares de ganancias con precios altos, los que incentivan mayores importaciones que terminan en una mayor dependencia o destrucción de lo poco que queda de la producción y el empleo generados en el país. Lo que conduce a que ahora casi el 80% de los trabajadores y micro y pequeños empresarios sean informales y que el comercio ambulatorio se realice con productos mayoritariamente importados.
Con ello, los 300 mil jóvenes que ingresan anualmente al mercado laboral no encuentran trabajo y pasan a ser informales o se incorporan en la economía ilegal del contrabando, el narcotráfico, la tala y la minería ilegal, o pasan al hurto o el sicariato. De nada sirve que nos digan que ha aumentado el PBI per cápita y que se ha reducido la pobreza monetaria debido al crecimiento económico medido por el aumento del PBI, donde la minería aporta con la décima parte y que sus exportaciones superan el 60% del total de las exportaciones, porque ello no se ha traducido en la reducción de las desigualdades económicas y sociales del país.
Por el contrario, una economía basada en la exportación de minerales, principalmente de cobre y oro, reproduce un círculo vicioso de generación de mayor informalidad e ilegalidad, y cuando caen los precios de los minerales, la inflación aumenta porque al haber menos dólares sube su precio y aumenta el costo de las importaciones de las que depende la economía interna. Salir de esta situación supone depender cada vez menos de la actividad minera y promover la diversificación productiva que dinamice la economía interna, nos haga menos dependientes de las fluctuaciones y cambios del comercio exterior, y se sostenga en una efectiva descentralización económica y de la gestión ambiental, con participación ciudadana en la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
Los que ilusamente hablan de industrializar la minería no contemplan la imposibilidad de esta opción, debido a que los dueños de la minería, principalmente del cobre, son empresas transnacionales, cuyos contratos de venta futura de concentrados a largo plazo con sus compradores, deciden el grado de elaboración y su destino, y porque la producción industrial a base a los metales existe hace mucho tiempo y la realizan grandes corporaciones que poseen ventajas en el mercado internacional debido a su bajo costo en razón a su alto nivel de productividad y economías de escala, por lo que difícilmente un empresario minero se arriesgaría a ejecutar proyectos de industrialización de los metales en el Perú.
En resumen, el modelo económico en el Perú basado en la minería resulta insostenible, porque solo beneficia a sus dueños, funcionarios y representantes que tienen vínculos con esta actividad, y afecta al conjunto de la sociedad peruana, trasladando solo una pequeña parte de su renta al Estado. Ésta ha fluctuado alrededor del 3% del total de ingresos tributarios del Estado peruano, menos la devolución de parte de estos impuestos, y genera muy poco empleo directo (210 mil personas ó 1.2% de la PEA en 2022) y por cada puesto directo crea menos de 3.6 empleos indirectos que presenta la minería chilena de mayor dimensión y competitividad.
Por lo tanto, si a los ingresos tributarios neto (en los que se consideran los descuentos) le restamos el valor del impacto ambiental, la diferencia sería negativa, con el agravante que los ecosistemas afectados se pierden para siempre en un país megabiodiverso, pluricultural y multilingüe. Donde el lema de “Perú país minero” termina siendo una expresión interesada y peor aún, cuando en los discursos de los representantes de los intereses mineros se mencionan conceptos como “regiones mineras”, “provincias mineras”, y corredor minero.
Así, en el corto plazo dependemos de las exportaciones mineras, pero debemos ir dependiendo cada vez menos de esta actividad y colocar la prioridad en la producción agroalimentaria; de productos biomedicinales; el turismo en sus variantes ecológica, arqueológica y vivencial; y la producción industrial donde exista una experiencia histórica de calidad como en tejidos y confecciones. También se debe priorizar el cambio de la matriz energética hacia bienes renovables que vayan en concordancia con la conservación y protección de los ecosistemas que albergan una rica biodiversidad y con proyectos y acciones para la mitigación y adaptación frente a la crisis climática.
Sin la participación de las comunidades no habrá posibilidad de explorar y menos explotar litio en el departamento de Puno, así ha quedado en evidencia en un conversatorio virtual que organizó el pasado martes la Red Muqui bajo el título: Litio y Uranio en Puno: “Riesgos y vacíos del proyecto”.
Betty Quispe de la Organización de Mujeres Micaela Bastidas del distrito de Macusani agradeció la oportunidad de exponer sobre la visión de las comunidades que ven con gran preocupación las concesiones mineras de este estratégico mineral, cuya explotación podría afectar la integridad del mayor glaciar tropical del mundo y con ello la disponibilidad de agua. “No se ha hecho la consulta previa frente a unos riesgos que hacen peligrar nuestro futuro, el agua que tenemos», expresó la dirigenta puneña.
Los temores son fundados como explica Vito Calderón de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA): “El titular del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) Oscar Vera declaró que en dos meses se va a autorizar para comenzar con las exploraciones. Precisamente los trabajos se harían en esa zona próxima al mayor glaciar tropical del mundo “Quelccaya”. Una masiva masa de hielo de 170 metros de espesor que juega un rol fundamental como una especie de termómetro que mide el calentamiento global y además surte de agua dulce a miles de pobladores y a las cuencas del Urubamba, Irambari y Azángaro. Las amenazas para la integridad del glaciar se explican según Calderón porque las concesiones se ubican directamente encima del nevado Quelccaya. El mismo nombre con el que ha bautizada la empresa Macusani Yellowcake, dueña de las concesiones de litio en Puno, la tercera y menos conocida zona concesionada para la exploración del mineral. El primero es Macusani y corresponde a yacimientos de uranio, el segundo es Falchani con depósitos de litio. “La empresa pretende iniciar el trabajo de exploración para lo cual ha presentado en 2020 una Declaratoria de Impacto Ambiental para que el Estado les apruebe esta solicitud y comenzar así con las exploraciones, sin que exista una normativa en el país que permita la exploración de litio”, explica el especialista de la organización ambientalista DHUMA.
El peligro de explotar uranio para obtener litio
Y tal vez uno de los aspectos polémicos de la eventual explotación del litio en Perú se relaciona con las informaciones que han entregado las autoridades gubernamentales en relación a si los yacimientos de litio que se ubican en los distritos de Macusani y Corani en el departamento puneño de Carabaya se encuentran asociados a uranio, mineral que por su propiedad radiactiva es la materia prima para la combustión en las centrales nucleares. Como recuerda Vito Calderón: «Hasta este momento el Estado en figuras del gobierno ha enviado mensajes contradictorios, respecto de si el litio en el yacimiento de Puno está asociado al uranio. El titular del MINEM en 2021, Jaime Gálvez, dijo al referirse al proyecto Macusani textualmente que «sería más factible si no estuviera asociado al metal radiactivo».
Rolando Pilco director ejecutivo del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA) explica que en el caso de las primeras, el volúmen de los yacimientos ha sido evaluado en 4,7 millones de toneladas de carbonato de litio de alta pureza. En tanto para el uranio sus depósitos alcanzan la cifra de 124 millones de libras.
La presión externa y el “boom” de los “minerales de transición
Pero no es que ese mineral, aún cuando es radiactivo, no sea altamente cotizado. Amanda Romero, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, explica en su presentación que la presión internacional por acelerar la explotación de litio, surge de la importancia de los minerales de transición, claves en el desarrollo de lo que se ha denominado “energías limpias” o “energías verdes”. En ellas juega un rol fundamental el almacenamiento de energía a través de baterías de litio, componente fundamental en los vehículos eléctricos, pero también en los almacenadores de energía generadas por fuentes eólicas(viento) o fotovoltaicas (sol). Sin embargo, entre las energías limpias, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha clasificado incluso la energía nuclear como energía limpia, una decisión que también comparte la Unión Europea.
Eso significa, que a pesar de que hay países como Alemania, donde se acaban de apagar las últimas tres centrales nucleares en funcionamiento el pasado fin semana, que pone un punto final al uso de la energía nuclear en dicho país, se seguirán construyendo muchas otras centrales de energía atómica en diferentes partes del mundo.
Más allá del interés de algunos países en explotar uranio, el litio también es un mineral cuya explotación puede acarrear consecuencias negativas. Según Amanda Romero “Las mayores empresas de explotación del litio y los países de las que provienen, ya sea China, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia o Alemania se destacan por no tener en consideración los impactos sociales y medioambientales de su actividad”, constata la investigadora colombiana.
En cuanto a las capacidades que podrían tener México, Bolivia y Argentina, países que se han mostrado dispuestos a regular su oferta y con ello influir en los precios internacionales de litio, la investigadora Romero se muestra escéptica ante el poder que han adquirido las empresas de los países señalados, pero matiza que “Bolivia habría avanzado más en su propuesta de que la explotación de litio esté asociada a la transferencia de tecnología de los países industrializados hacia el país andino, donde incluso la empresa china ganadora de la licitación de la explotación del litio en el Salar de Uyuni, considerado el lugar que concentra los mayores depósitos del mineral, se ha comprometido a instalar una fábrica de baterías en territorio boliviano”.
Ante la realidad que el litio conforma solo una porción menor en la composición de las baterías, Romero plantea que lo primero que debe haber por parte de las empresas mineras, fabricantes de baterías, generadoras de energía eléctrica y de automóviles es una evaluación de riesgos en derechos humanos y ambientales. Algo que no se está haciendo evidentemente, como se observa en la ocupación de vastos territorios de pueblos indígenas que los habitan en México, Colombia, Brasil sin que se desarrollen procesos participativos que incluyan la consulta previa, libre e informada a esos pueblos, aplicando el Convenio 169 de la OIT. Una situación que viven las comunidades tanto donde se encuentran las concesiones mineras como aquellas donde se están erigiendo gigantescos parques eólicos o fotovoltaicos.
Según ella la evaluación de riesgos a su vez debe incluir tres elementos fúndamentales:
- Los derechos culturales, incluyendo el patrimonio pictórico
- El derecho humano a un medio ambiente saludable, un derchos reconocido por la ONU y que está estrechamente relacionado con la crisis climática y por lo tanto ligado en el caso de Puno con la integridad del glaciar Quelccaya y a la disponibilidad del agua
- El derecho humano de las comunidades a decidir autónomamente qué tipo de desarrollo desean
¿Quién se quedará con la torta?
La pregunta central es, quién se quedará con las ganancias. Porque, según Amanda Romero, esas se van a repartir escencialmente entre las empresas de energía eléctrica por un lado y por otro entre las empresas extractoras de los minerales y de las baterías para vehículos eléctricos.
La posición de los pueblos originarios al respecto ha quedado clara en una resolución que emitieron hace poco menos de un mes las autoridades originarias aimaras y quechuas en presencia de 3 mil integrantes de comunidades y que Rolando Pilco de IDECA resume de la siguiente manera:
-Rechazo a la actividades extractivas que vulneren los derechos de las comunidades campesinas, derechos humanos y el medio ambiente
-Antes de explotar, se debe discutir su forma de industrialización de forma responsable
-El litio debe ser un recurso estratégico para el beneficio de las poblaciones de Puno, respetando la Pachamama
-Los recursos naturales deben ser para los peruanos, lo que requiere un cambio de la normativa de explotación de dichos recursos
NOTA DE PRENSA: AFECTADOS POR METALES DEMANDAN DAR PRIORIDAD A LA SALUD AMBIENTAL Y HUMANA EN ZONAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES E HIDROCARBUROS
En la conferencia de prensa de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, dirigentes de 14 regiones afectadas por la extracción de minerales e hidrocarburos remarcaron la baja atención que el gobierno viene dando a la implementación del Plan Especial Multisectorial para la atención integral de población expuesta y afectada por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PEM), aprobado con D.S. N 037-2021- MINAM y demandaron su pronta implementación articulada.
«El gobierno está más preocupado en dar permisos a las mineras, incluso aquella que por la extracción de material radioactivo puede generar grandes riesgos», señalaron. La reactivación extractivista no es excusa para acabar con la protección del ambiente y la vida humana. Los anuncios hechos por el ministro de economía de acabar con la llamada «permisología» reflejan las prioridades del gobierno.
A un año de la creación del DS 037-2021-MINAM el gobierno no ha logrado articular a los sectores para cumplir con los objetivos del Plan. En el año 2021, según el MINSA, en el Perú existían más de 10 millones de personas y comunidades expuestas a la contaminación por metales. Entre ellas niños expuestos a plomo, cadmio, arsénico y otras sustancias tóxicas, quienes vienen resistiendo a la ausencia del Estado y la contaminación que por décadas afecta no solo al sistema digestivo sino incluso al desarrollo cognitivo de los menores, etc.
«Exigimos como dirigentes nacionales que se implemente, de una vez, el Plan Especial Multisectorial en favor de los afectados por metales tóxicos, en cada centro de salud y cada ministerio»
Elsa Benavente, vocera de los afectados de la región Huancavelica mencionó que la presidenta Dina Boluarte, el premier Otárola, y los ministros están desinteresados de la vida de los peruanos. Los gobiernos regionales, locales y distritales deben también impulsar la implementación de este Plan. Elsa Merma, representante de Espinar enfatizó la importancia de convocar a la Defensoría del Pueblo para acompañar y vigilar la implementación del Plan. «Este Plan es Multisectorial y todos están llamados a concurrir en esta iniciativa», refirió Yolanda Zurita, vocera de la región Junín.
Entre los casos tratados y los riesgos de eliminar la «permisología», Elsa Benavente, sub secretaria de la Plataforma, remarcó que hay serio peligro. «El proyecto Pukaqaqa Sur de la empresa Nexa Resources es una bomba de tiempo, y puede causar muchas muertes. Pero este no es el único proyecto extractivo que puede perjudicar nuestras vidas, haya otros cientos de bombas de tiempo. El plan multisectorial puede ayudar a mitigar esto, antes que una indiscriminada reactivación que priorice el dinero a las vidas humanas, y la sostenibilidad ambiental, señaló Benavente.
«Hasta el momento no sabemos los avances ni en qué se ha gastado el presupuesto del primer año del Plan Estratégico Multisectorial 2022. Los afectados seguimos siendo asesinados y muriendo lentamente. Hay niños con metales pesados. Queremos prevención, ¿qué están haciendo los ministerios correspondientes y el Estado? Permitiendo que las empresas mineras entren a nuestros territorios. Cuando decimos la verdad nos persiguen como terroristas. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo?» puntualizó Merma.
Al respecto, se hace un llamado a la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, entidad encargada de la articulación entre sectores y presentación del Informe anual de actividades en el marco del PEM.
Asimismo, Paulina Valdiviezo, vocera de los afectados de la región Cajamarca, denunció la represión indiscriminada del gobierno de Boluarte.
«Exigimos al Estado el informe de las actividades de la implementación del plan, ya lo deberíamos tener en nuestras localidades. En nuestras regiones no está haciendo nada el Estado, más bien está ocupándose de encarcelar líderes y perseguir defensores y no se está preocupando por nuestra salud. Nosotros defendemos nuestras cabeceras de cuenca, donde no vamos a permitir más extractivismo», acotó Valdivieso.
Por otro lado, Eusebio Cuñachi, vocero de la región de Amazonas, recalcó que a pesar de las reuniones con los ministerios y los compromisos dados, no se cuenta con los avances de la implementación. «Seguimos esperando en Amazonas a que se hagan análisis y se priorice la situación de los niños y niñas afectados. Existe una necesidad urgente de atención en cada región. ¡Hay que luchar y ver por nuestros hijos! »
Inusual presencia policial
Minutos antes del inicio de la conferencia, se presentó una inusual presencia de efectivos y vehículos policiales quienes señalaron haber recibido información de «inteligencia» respecto del evento en los exteriores del hotel Carrera. Los efectivos adujeron que Inteligencia del Estado había advertido de este evento y que se hacían presentes para “salvaguardar las garantías de los presentes”. A su tiempo los dirigentes y el secretario nacional Félix Suasaca, rechazaron los actos de criminalización y persecución del gobierno de Boluarte, así como las muertes acontecidas hasta la fecha. La presencia policial fue percibida por los asistentes como un acto de amedrentamiento e intimidación.
11 de abril del año 2023
Las Asociaciones Civiles; “Plataforma Inundación Nunca Más-Piura”, “Vigilia Ciudadana” y “Piuranos por Piura”, el Colegio Médico del Perú- Filial Piura, las ONG’s Asociación Promoción de la Gestión Rural Económica y Social-PROGRESO y Red Agua y Desarrollo-REDAD, Juntas Vecinales Comunales y Asociaciones Vecinales; EXIGIMOS al Gobierno del Perú, a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, Contraloría General de la República, Gobierno Regional de Piura y Municipalidad Provincial de Piura el cumplimiento INMEDIATO de las siguientes demandas para mitigar el inminente desastre declarado por el Gobierno Nacional ante la ocurrencia de un evento EL NIÑO de magnitud similar al de 1997-98 a partir de octubre-noviembre del presente 2023.
1) Ejecutar las obras de salida al mar del río Piura.
2) Ejecutar de forma urgente las obras de control de cuencas ciegas.
3) Reforzamiento de las defensas ribereñas en: Tambogrande, Castilla, Catacaos, Cura morí.
4) Restablecimiento de la transitabilidad de vías y canales de drenaje urbanos y rurales.
5) Garantizar la provisión eficiente de los servicios de agua-desagüe mediante la habilitación de recursos a EPS GRAU y supervisión de las condiciones de ENOSA para proveer energía eléctrica durante la crisis.
6) Inicio inmediato al proceso de las construcciones de las primeras presas de laminación: Río seco y Yapatera para el control del caudal del río Piura.
7) Vigilar el obligatorio cumplimiento del control del reservorio San Lorenzo.
Los dos primeros puntos tienen estudios listos para ser ejecutados. El asunto de la EPS GRAU se trata de rescatar a esta empresa que da servicio vital, y que es el mismo Estado quien le ha asignado esa responsabilidad. Las presas de laminación ya deberían estar construyéndose desde diciembre 2022 según el Plan presentado por la ARCC a fines del año pasado. Y la JUSAL tiene que cumplir con la normativa de manejo de ese tipo de infraestructura, que es de regulación.
Desde los eventos EL NIÑO 1973, 1982-83 y el último 1997-98, las zonas urbanas, rurales, áreas productivas e infraestructura de Piura han sido severamente destruidas sin que se hayan hecho hasta el momento obras de impacto de prevención, que son la prioridad. En el verano de 2017, con menos de la mitad de lluvias que en 1998, que empezaron a inicios de febrero, bastó para inundar a Piura y al Bajo Piura. Hoy con lluvias que han empezado en marzo, otro desastre amenaza. Es decir, CADA VEZ MAS VULNERABLES.
Estas evidencias nos muestran a un Estado, con 50 años construyendo desastres y provocando el retraso de nuestra región
Consideramos INACEPTABLES las declaraciones públicas de autoridades del Gobierno actual de que “YA NO HAY NADA QUE HACER” y solo se atinará a distribuir motobombas, insumos, materiales y medicamentos de emergencia.
Bajo la condición de EMERGENCIA NIVEL 5, el Estado tiene el deber de movilizar todos los recursos financieros y logísticos necesarios para que se cumplan las exigencias prioritarias arriba señaladas que son parte el Plan Maestro de soluciones integrales de manejo del Río Piura que es lo único que nos salvará de nuevas inundaciones.
Piura, 08 de abril 2023
El pasado 27 de marzo, en presencia de 3,000 aimaras y quechuas reunidos en Ilave, Puno, el consejo de autoridades originarias quechuas y aimaras acordó, por unanimidad, continuar con la defensa de la soberanía del territorio puneño. Para tal fin se hizo énfasis en tres acuerdos claves: continuar apoyando y participando de las movilizaciones por la renuncia de Dina Boluarte; ejercer su derecho por la soberanía del litio amparados en el convenio 169 de la OIT; y rechazar a las autoridades designadas por el gobierno de Dina Boluarte, calificado de ilegitimo y acusado de traición al pueblo.
Este acuerdo fue tomado a partir de un debate previo que se desarrolló durante la ceremonia de inicio de clases de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, y en presencia del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. En este espacio se resaltó la importancia de industrializar el litio, y que este mineral beneficie a las trece provincias de Puno y sus 110 distritos. A partir de estas declaraciones, las autoridades quechuas y aimaras acordaron secundar la industrialización del litio, en palabras de un dirigente aimara: “No permitiremos que el litio salga del altiplano sin industrialización, ejerceremos nuestro legítimo derecho sobre la soberanía del litio para los pueblos aimaras, quechuas y amazónicos. El litio no será dispuesto a libre albedrío como creen en Lima”. Además, se cuestionó la emisión de concesiones mineras para la explotación del litio, acusando al gobierno de no realizar la Consulta Previa para su emisión, por lo que acordaron rechazar las concesiones mineras y no autorizar la explotación del litio por extranjeros.
Es importante resaltar que, desde el 2017 – año en que se descubrieron las reservas de litio que podrían incorporar al Perú en el triángulo del litio -, el departamento de Puno se encuentra inmerso en la discusión global sobre minerales de transición y energías verdes por la presencia de litio y uranio en su territorio. Sin embargo, tal cual lo mencionaron especialistas durante la presentación del estudio “El rostro del litio y uranio en Puno, la cultura, la salud, derechos de las comunidades y medio ambiente en riesgo”, el gobierno peruano se apresuró a promover la explotación de litio, sin contemplar su industrialización, riesgos para la salud, comunidades, patrimonio cultural y su relación con el uranio, siendo este último el que podría exponer a la radioactividad a miles de personas.
Luego de este acuerdo regional, se espera el pronunciamiento de las comunidades del distrito de Corani y Macusani de la provincia de Carabaya, zonas donde se encuentran el litio y uranio.
El 23 de enero de 2023, la Mesa Directiva del Congreso de la República remitió la resolución legislativa del PL N° 1768 (“Ley que regula las organizaciones de usuarios de agua para el fortalecimiento de su participación en la gestión multisectorial de los recursos hídricos”) aprobada en Pleno el 28 de diciembre de 2022. Sin embargo, esta fue observada el 13 de febrero por el Ejecutivo que la devolvió con algunas sugerencias a la Comisión Agraria. A continuación, un análisis técnico – normativo de la iniciativa legislativa:
- A nivel de fortalecimiento institucional y de acceso a la información
La autógrafa de ley plantea que la Autoridad Nacional del Agua realice el primer registro nacional de organizaciones de agua de acceso público, con información detallada de sus miembros, usuarios de agua y que sea actualizada de forma periódica. Asimismo, aborda la problemática de la transparencia de decisiones de la ANA, obligándola a notificar, a través de medios idóneos, a las organizaciones de usuarios de agua sobre la valoración de su opinión respecto del reconocimiento de las comisiones y comités. Por otro lado, propone otorgar a las organizaciones de usuarios de agua el reconocimiento por parte de instituciones públicas vinculadas al sostenimiento de las actividades agrarias.
- Sobre la Asamblea General y Consejo Directivo
Una novedad es la composición de la asamblea general como máximo órgano de gobierno de las organizaciones de usuarios de agua, excluyendo la constitución de usuarios de agua por un solo sector hidráulico, lo que permite la participación de usuarios de agua de varios sectores hidráulicos. Un aspecto crítico, sin embargo, es el quórum propuesto, porque en primera convocatoria señala que participe al menos el 50% de los usuarios y a la segunda, se podrá sesionar con los usuarios hábiles asistentes. Ello podría acarrear problemas a la hora de convocar a las organizaciones de usuarios de agua a elecciones democráticas, ya que no respeta los porcentajes de participación de la Ley N° 30157 y su Reglamento. Otro dato interesante es que la elección del consejo directivo da un giro riguroso, al imponer un solo representante usuario no agrario, es decir, los representantes mineros ya no podrán ser cuatro, como lo dice la ley actual.
- Derechos de los usuarios de agua
Si bien los derechos mencionados en la proposición de ley están sujetos al incumplimiento de responsabilidades del Estado, es pertinente señalar que lo mencionado en la resolución legislativa aprobada hace énfasis en la necesidad de contar con información real, actualizada y de forma rápida, pero también explicita la necesidad de acceder al suministro de agua como otras grandes industrias, problemas de larga data que afectan a los usuarios de agua.
- Participación en la gestión multisectorial
Resalta la participación de los usuarios de agua, quienes podrán participar de la gestión multisectorial y usos sostenibles de los recursos hídricos, en forma directa o personal, o en forma institucional a través de las organizaciones de usuarios de agua; atribuyéndoles participar directamente en las sesiones de la asamblea, con voz y voto, inclusive interviniendo en la toma de decisiones, pero también pudiendo participar en los equipos y/o mesa de trabajo constituidas por acuerdo de la asamblea general o el consejo directivo. Por esto último, sería posible que los usuarios de agua no solo cumplan las disposiciones establecidas en la Ley N° 29338, sino también puedan participar de forma institucional en la toma de decisiones referidas, por ejemplo, al ordenamiento territorial, zonificación ecológica y construcción de otros instrumentos relacionados a la gestión multisectorial y desarrollo sostenible de sus zonas de intervención, inclusive podrían generar opinión sobre las actividades económicas que podrían representar un riesgo sobre la sostenibilidad de sus zonas de intervención.
También es pertinente destacar que los usuarios de agua podrían participar de forma institucional en las mesas de diálogo entre actores en conflicto, siempre y cuando estén constituidas por acuerdo de la asamblea general o consejo directivo. Por ejemplo, en la cuenca Llallimayo en Puno, los usuarios de agua participan en mesas de diálogo entre poblaciones locales, Estado y Aruntani S.A.C, pero no de forma institucional, algo que cambiaría con esta ley.
- Falta a los principios administrativos en la gestión pública
La falta de uso de principios administrativos se ve reflejada en la ampliación hacia todas las organizaciones de usuarios de la función de “desarrollar proyectos o colaborar en su desarrollo, en armonía con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca”, que en la Ley actual reconoce solo a la Junta de Usuarios de Agua. Algo que podría conllevar a una superposición de funciones con los distintos niveles de gobierno y también entre usuarios del agua. Otro punto es el tema de las sanciones administrativas, las cuales quedan sujetas a una interpretación vaga y libre sobre su imposición. De acuerdo al Reglamento de la Ley 30157, la exactitud taxativa y legal de ellas solo se puede encontrar en la tipificación de sanciones del Decreto Supremo Nº 001-2009-AG. Del mismo modo, el Programa de Fortalecimiento es un indicativo de cómo las organizaciones quieren seguir sumando esfuerzos para consolidarse, pero ello no sería posible si es que ese Programa no cuenta con tiempos y recursos definidos, ya que la iniciativa legislativa exige que sea de manera permanente. Por último, ningún artículo, inciso, disposición complementaria final o transitoria de la ley determina una exoneración del pago de tributos, ya que el Congreso de la República no está facultado para ello, una decisión que se consulta y refrenda con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Para ver la Autógrafa de Ley, click aquí.
Desde el 1 de febrero se han paralizado los trabajos de extracción de cobre de la minera Las Bambas ubicada en el distrito de Challhuahuacho de la provincia apurimeña de Cotabambas. La empresa aduce que la paralización de sus operaciones se debe a la falta de suministro de insumos impedidos de llegar desde diciembre pasado, cuando estalló la crisis política y social. En el marco de las protestas, en las que las comunidades exigen la renuncia de Dina Boluarte y la disolución del Congreso, las acciones han incluido continuos bloqueos del corredor vial minero, emprendido en los departamentos de Cusco y Apurímac, y uno de los principales ejes de la actividad minera en el sur del país.
Por la ruta pasa aproximadamente el 20 por ciento de la producción del metal rojo del país que proviene a parte de la mina Las Bambas, propiedad de la compañía de capitales chinos MMG; del proyecto minero Antapaccay situada en la comunidad de Tintaya Marquiri en la provincia cusqueña de Espinar, de la compañía Glencore con casa matriz en Suiza; y la mina Constancia, del consorcio canadiense Hudbay ubicada en el distrito de Livitaca y Chamaca provincia de Chumbivilcas que también pertenece al departamento del Cusco.
Las tres explotaciones han tenido dificultades para transportar sus concentrados de cobre desde inicios de enero debido a los cortes de carreteras, que además han limitado la capacidad de llevar suministros a los campamentos mineros.
A parte del rechazo que ha generado entre la población del sur del Perú en términos generales la vacancia del presidente Castillo y su reemplazo en el cargo por Dina Boluarte por decisión del Congreso, las comunidades en torno a los proyectos mineros desde hace años vienen reclamando por una serie de derechos vulnerados. Así por ejemplo la defensa del territorio comunal que han planteado las comunidades campesinas afectadas por la explotación minera de Las Bambas, es uno de los ejes del conflicto, ya que estiman que la Resolución Ministerial 372 emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 2018 desconoció sus derechos ancestrales sobre este territorio. Mediante esta normativa sus carreteras comunales fueron transformadas por decreto en vías nacionales para que la empresa cuprífera pudiera transportar en vehículos encapsulados el mineral extraído.
Las comunidades y sus dirigentes vienen denunciando incesantemente que en torno a esta cuestión no hubo una consulta previa ni saneamiento de terrenos. A ello se añade que por años han estado expuestos a la contaminación que produce el transporte de los minerales, volcaduras, derrames y la emisión de polvo que ha dañado las praderas donde pastorean su ganado y ha perjudicado la actividad agrícola en general de la zona.
Los impactos de las protestas van más allá del corredor minero del sur
La producción cuprífera no ha sido la única afectada por los bloqueos. San Rafael, el mayor yacimiento de estaño en Sudamérica ubicado en el departamento de Puno y propiedad de Minsur, suspendió sus operaciones el 12 de enero. La decisión según comunicó la empresa sería una medida de solidaridad con los familiares de las 18 personas asesinadas en los alrededores del aeropuerto de Juliaca durante las protestas en la región altiplánica.
A ello se suma la más reciente suspensión de operaciones mineras del proyecto Julcani situado en el distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, región Huancavelica anunciada por la compañía Buenaventura el 5 de febrero pasado. De acuerdo a reportes de prensa, un grupo de alrededor de 80 manifestantes tomaron las instalaciones de la mina y bloquearon la carretera que conecta a la ciudad de Lircay. Hasta el momento, no se han registrado enfrentamientos o actos de violencia.
Macabros hallazgos
Sin embargo, los hechos que han causado especial consternación se vinculan con los incendios causados supuestamente por manifestantes en las instalaciones de la minera de oro Anabi, cuyas unidades Huismarca en Cusco y Utunsa en Cotabambas, Apurímac fueron ocupados violentamente el pasado 20 de enero. La compañía minera informó una semana después del hallazgo de los cadáveres de Santos Rolando Yanque Lagos y Wilman Chahua Oviedo, fallecidos en las instalaciones de su unidad minera Utunsa. La empresa comunicó la recuperación de los cuerpos después de que la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho solicitara a la empresa autorización para realizar la búsqueda de los dos comuneros que habían sido reportados como desaparecidos.
Los comuneros del distrito de Haquira de la provincia apurimeña de Cotabambas reclaman desde hace años, con protestas y bloqueos por la contaminación con cianuro y otras sustancias tóxicas de la cabecera de cuenca del Ccosecmayo producida por la explotación del yacimiento Utunsa que ha afectado a todas las comunidades que se encuentran río abajo.
Es de recordar que el caso de Anabi no es la excepción, tal como se expone más arriba la situación en Las Bambas. La mayoría de estos proyectos mineros paralizados cuentan con serios cuestionamientos por parte de las comunidades y poblaciones locales, ya que los impactos ambientales, sociales y económicos son innegables, así como la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en decenas de mesas de diálogo que se desplegaron en todo el país. Parte importante de las agendas que hoy movilizan a las comunidades y pobladores contra Dina Boluarte, el Congreso de la República y otros entes sectoriales estatales se explican, porque no se han hecho cambios ni reformas en el sector minero en los ultimos 30 años en el Perú.