Por: Bladimir Martínez
Equipo técnico de DHUMA-Puno

El pasado 17 de Junio, pobladores de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri de la provincia de Melgar, fueron testigos nuevamente (situación que se repite desde el 2010) de la coloración rojiza del agua proveniente de la cabecera de cuenca del rio Llallimayo donde opera la empresa Aruntani S.A.C, que en el 2019 según lo dictaminó la ex ministra del ambiente, Lucia Ruíz, debió paralizar definitivamente sus operaciones debido a la contaminación probada según información del OEFA y ANA. Por lo anterior, las medidas de protesta reiterativas de la población afectada se reinician por un plazo de 48 horas desde el 21 de junio.

Puno: Paro de 48 horas por contaminación permanente de la minera Aruntani

A pesar de la existencia de informes presentados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desde el 2016 que vinculan a la empresa minera Aruntani S.A.C con la contaminación producida en la cabecera de cuenca del río Llallimayo, advirtiendo la presencia de metales como el aluminio, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, arsénico que superan que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y suelo, y concentraciones elevadas de mercurio, plomo y arsénico en sedimentos[1]. Así como también, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) muestra que las aguas de la zona alta de la cuenca del río Llallimayo donde opera la empresa minera Aruntani S.A.C, presentan valores elevados de acidez y además se encuentran contaminadas por metales pesados como el aluminio, arsénico, berilio, litio, magnesio, hierro, cobalto, cobre, cadmio y plomo[2]. Sin embargo, “a la fecha no se inició la construcción de plantas de tratamiento para el abordaje de la problemática ambiental que se encuentra dentro del plan de acción aprobado en el 2019 para remediar la contaminación de la cuenca Llallimayo” según refiere la vicepresidenta de mujeres artesanas del distrito de Llalli, Margarita Machaca.

Por último, a pesar de la instalación de mesas de diálogo y mesas de trabajo desde el 2016, la solución de esta problemática ambiental que aqueja a miles de pobladores de la cuenca Llallimayo pareciera estar lejos de la solución. Según el presidente de la Junta de Usuarios Ramis, Edwin Díaz, debido al incumplimiento sistemático del ejecutivo se solicita que la Presidencia del Concejo de Ministros presida una visita a la zona y atienda la problemática de la cuenca Llallimayo, el retiro definitivo de la empresa minera Aruntani S.A.C, y la implementación del plan de acción aprobado el 2019 para remediar la contaminación, este último contempla tamizajes, acciones de remediación y mitigación de la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, entre otras. Al cierre de este informe los pobladores mantenían bloqueada la vía panamericana que conecta Puno y Cusco en la zona de Ayaviri.

Plataforma de lucha Paro en Puno 2021

[1] Informe N° 100-2016-OEFA/DE-SDB-CEIA

Informe N° 054-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

Informe N° 077-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

[2] Informe Técnico N° 050- 2015-ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 004- 2016- ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 100- 2016- ANA-AAA-SDGCHR.TIT

Informe Técnico N° 007- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 020- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 038- 2017- ANA-AAA.SDGCRG.TIT

Informe Técnico N° 138- 2017- ANA-TIT/HLH

 

Vivimos una coyuntura complicada. El fujimorismo no quiere aceptar los resultados que darían como ganador al profesor Pedro Castillo con 100% de actas procesadas y buscan la nulidad de 802 actas que representan 200 mil votos. Gran parte de estos votos se encuentran en los pueblos andinos, donde hay  proyectos mineros desarrollándose o buscan imponerse. ¿Por qué las poblaciones que viven en entornos mineros no votaron por Keiko Fujimori que ofreció plata directa del canon y bonos, además de otros ofrecimientos?

Conversamos con tres dirigentes de comunidades, rondas campesinas y Frentes de Defensa que son parte de estos territorios:

El ex presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de la región de Cerro de Pasco, Kalmex, señaló que uno de los motivos principales de la desconfianza de la población hacia Keiko es que se señala que es accionista de una empresa minera y hasta ahora no deslinda claramente de ello. En Pasco hay más de 10 proyectos mineros y en las dos provincias – Pasco y Alcides Carrión- que concentra estos proyectos, Pedro Castillo ganó con más del 75%.

Otra de las razones que señaló Kalmex es que «los trabajadores mineros y sus familias saben que el sistema crítico de trabajo lo ha impuesto el fujimorismo desde los 90s.  Actualmente laboran 20 días seguidos y descansan una semana. El régimen laboral tiene que cambiar por eso han votado por Pedro Castillo. De 55 años para arriba ya no te reciben en las empresas mineras, y ya no hay jubilación ni nada. Terminas tu contrato y te vas. Este sistema laboral fue impuesto durante la dictadura fujimorista y en estos años desde el Congreso fujimorista, sus parlamentarios no han hecho nada por cambiar esta situación».

«Los parámetros ambientales, la vigilancia ambiental, ¿por qué no se mejoran a nivel del congreso? porque no le interesa al fujimorismo»

¿Las promesas de entrega directa de plata del canon minero no hicieron efecto?

La gente no les cree. Es mentira. El canon ya ni llega.

Algo que no se ha señalado, eso le puedes contar a un limeño que no conoce la mina; por ejemplo: un distrito pequeño, tu sabes que allí esta funcionando la mina, que no paga impuestos, que el canon es una barbaridad, y peor, decir que va a llegar el canon directo a las comunidades campesinas, es ilógico. La gente no atraca.

El fujimorismo ha tenido votos de la selva central en Cerro de Pasco, no es propiamente de la zona minera. Eso también pasa en Junín. Dicen que hay un rechazo a Cerrón, pero el voto histórico de Junín siempre ha tirado para el fujimorismo o el Apra. En Junín siempre el Apra ha tenido congresistas.

En Daniel Alcides Carrión operan Ricoposo, Volcan, Milpu, Nexa, Atacocha, Brocal, Panamerican Silver y Buenaventura.

¿Y como ven ahora que el fujimorismo quiere impugnar las actas?

La gente está un poco apática. Lo de Ollanta, Toledo, todavía persiste esa desafección con la política.

Por su parte, Isaac Huamán, ex dirigente de las rondas campesinas de Huancabamba de la sierra piurana donde quiere imponerse el proyecto minero chino Río Blanco, y donde Pedro Castillo sacó más del 68%, señala:

Como sabemos a través de las organizaciones de base, de las luchas sociales que se vienen gestando por años, hay un rechazo y exigencias al Estado y las empresas mineras. Cajamarca, Cerro de Pasco, donde están los proyectos mineros, la gente se ha dado cuenta que no siente ese desarrollo del que hablan las transnacionales. Donde hay presencia minera, la gente ha dado el respaldo a Castillo porque habla de rescatar los recursos naturales, que paguen los impuestos que debe ser.

A pesar de los ofrecimientos de Keiko de bonos y canon directo ¿Por qué no logró cambiar su votación?

Es accionista de una empresa minera y la gente no le cree con sus ofrecimientos.

Los diversos gobiernos han querido imponer proyectos mineros acá, pero la razón es que las organizaciones campesinas han dicho a os gobiernos, Congresos, que no queremos minería porque perjudicaría nuestra agricultura, y la gente relaciona que Keiko apoyaría para que se impongan los proyectos mineros.

¿Cómo están viendo el escenario actual?

Un 77% han apoyado en Huancabamba al profesor Pedro Castillo. La gente, las organizaciones decimos que la señora K aduce que tuvo un cierto respaldo con sus candidatos aliados que la apoyaron, que tuvieron votación ahí, pero la gente ha cambiado de voto porque conocen que el fujimorismo desde el Congreso ha petardeado todo en estos años.

Los ciudadanos no van a seguir a un candidato porque sus ex candidatos le respaldan. La gente es libre e independiente para definir sus votos.

¿El fujimorismo ha hecho campaña en su zona?

Sus simpatizantes, congresistas, pero no han hecho campaña fuerte porque las rondan ya tienen una posición de defender sus recursos, por eso la gente no ha apoyado al fujimorismo.

¿Las empresas mineras han jugado un rol en la campaña en su región?

En la primera etapa las empresas mineras apoyaron a Leacano, pero ahora nos hemos dado cuenta que han hecho campaña por Keiko, metiendo temor de que la empresa puede cerrar, que ya no va  haber minería. En Pasco ha habido paneles grandazos y han entregado periódicos.

Finamente, a través de sus encargados de relaciones comunitarias, le decían a las comunidades que ya no habrían proyectos o apoyos si ganase Castillo.

Declaraciones de Luciano Ataucuri, dirigente de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio de las provincias apurimeñas y cusqueñas de Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Grau:

La población sabe que las empresas mineras actualmente están así por el fujimorismo. El fujimorismo con su mayoría congresal han aprobado las leyes en beneficio de las empresas mineras. Las empresas han entrado en los 90s con el fujimorismo y su nueva ley general de minería que les permitió las exoneraciones tributarias, debilitamiento de la institucionalidad ambiental, etc.

En nada se beneficia la población de la minería. Sacan toneladas de oro, cobre, y no hay responsabilidad del Estado y eso es gracias a quien, gracias al fujimorismo. En la provincia de Chumbivilcas, Cusco, Pedro Castillo ha sacado más del 96% de los votos.

¿Y los ofrecimientos de plata directa del canon a las poblaciones?

No hay confianza, sus propuestas eran populistas. Lo que queremos es que debe cambiarse la Constitución para que estas empresas dejen mínimamente el 50% o al menos el 30%, no como ahora que solo dejan el 3%, por eso la gente ha votado así. Encima lo recuperan con la devolución del IGV para que sigan invirtiendo.

Nuestra exigencia también es una nueva Constitución,  para que haya una relación de iguales entre la inversión extranjera y las comunidades. Por ejemplo hay 30 años de minería en Espinar Nosotros hemos puesto en la agenda, yendo al TC, porque quienes han hecho las leyes ha sido la Confiep. Y es justamente la respuesta que ha dado Chumbivilcas con su voto a favor del profesor Castillo que también levanta la nueva constitución.

¿Cómo evalúan la nulidad de actas de Chumbivilcas de parte del fujimorismo?

Hay dos mesas que se han observado en el distrito de Llusco, mañana van a responder contundentemente rechazando esa actividad delictiva del fujimorismo

Las empresas mineras se han movido a favor del fujimorismo, han puesto paneles. Han salido a regalar arroz, azúcar, hacer campañas medica, señalando que si entra Fujimori eso se duplicaría. Lo han hecho con las camionetas de las mismas empresas.

Por: Área socioambiental de Red Muqui

La crisis ambiental y la pandemia amenazan a nuestro planeta por las sequías, la escasez del agua, la contaminación ambiental, degradación de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, cambio climático, entre otros problemas que ponen en grave riesgo el equilibrio de nuestra naturaleza y la producción de alimentos.

Llegamos al bicentenario y pesar de que el Perú es uno de los países más vulnerables a la degradación ambiental, ninguno de los candidatos presidenciales en segunda vuelta presenta una propuesta clara para la protección del medio ambiente. Por un lado, la candidata Keiko Fujmori, indicó que el medio ambiente es un tema que los jóvenes han puesto en el “tapete”, y señaló la necesidad de mejorar políticas públicas para asegurar los proyectos de inversión, pero respetando el “medio ambiente”, que en la práctica es la misma política extractivista que acompañó al país durante siglos. Asimismo, su propuesta “Minería para el agro”, sería un aporte solidario de las empresas mineras para financiar la construcción de canales de irrigación y reservorios destinados a los agricultores. Sin embargo, esto no tiene correlato con la realidad, dado que esta supuesta convivencia entre agro y minería en varios lugares no es posible, el Valle de Tambo (Arequipa) puede ser un ejemplo de esto último. Además una segunda propuesta denominada “Canon para el pueblo”, que busca destinar el 40% de los presupuestos producto del canon minero directamente a las familias, se posiciona como un discurso populista pues en vez de presentar una forma de hacerle frente a las problemáticas mineras, podría acrecentar la desigualdad y los conflictos sociales en las regiones mineras del país.

En cuanto a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, quien señaló que en su posición de campesino y rondero ha “luchado defendiendo el medio ambiente”, ratificó su propuesta sobre la inviabilidad de los proyectos mineros Tía María y Conga. Además, indicó que velaría por el cuidado del medio ambiente, los ríos y la salud integral de la población. Pero sin dar mayores detalles de cómo se realizarán dichos ofrecimientos.

Ambos candidatos muestran propuestas débiles en materia ambiental, siendo lo más preocupante que sus planes de gobierno no tienen planteamientos concretos para proteger y preservar el medio ambiente y por el contrario, se sigue imponiendo el mismo modelo de desarrollo económico. En algunos casos se plantea impulsar la infraestructura física como por ejemplo la “siembra y cosecha de agua” que es un paso importante, pero se requiere de un cambio estructural, un cambio de pensamiento del gobierno sobre la realidad ambiental del país.

Alternativas a la expansión minera desde la sociedad civil

En ese sentido desde la «Agenda Muqui 2021: Construyendo alternativas» (agenda fruto del continuo debate y que recoje demandas y preocupaciones de las organizaciones y comunidades afectadas por la actividad minera) se plantea de cara al bicentenario una política estricta de protección de las cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles con el objetivo de garantizar la disponibilidad del agua como un derecho para las comunidades campesinas y poblaciones, que lamentablemente están ausentes en la propuesta de ambos candidatos. Además, planteamos la prohibición de ejecución de proyectos mineros u otras actividades productivas que pongan en riesgo la capacidad de resiliencia (sostenibilidad ambiental) de los ecosistemas, la conectividad hidrológica de las corrientes de agua, su buen estado y capacidad de recarga hídrica, además de los servicios ambientales que presta, como los glaciares, lagunas, manantiales, bofedales, etc.

Nuestra Agenda Muqui 2021* (www.agendamuqui2021.org) plantea una política de ordenamiento territorial participativo a fin de construir un acuerdo social sobre los usos del territorio teniendo en cuenta sus potencialidades, límites, enfoques sociales y ecosistémicos desde una mirada del territorio, y sobre la base de esta política deben organizarse las actividades económicas. Además, las concesiones mineras se deben otorgar según los planes de ordenamiento territorial, prohibiéndose en zonas ambientalmente vulnerables y garantizando  el pleno derecho sobre la propiedad de las tierras comunales para la producción de alimentos.

En esa misma línea, la agenda ambiental de los candidatos presidenciales a la segunda vuelta debe contemplar la inmediata remediación de los pasivos ambientales mineros que vienen contaminando las principales fuentes hídricas y los recursos naturales. Las propuestas deben plantearse buscando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático con políticas, estrategias, planes, y proyectos del Estado, en el marco de un proceso de participación transparente e inclusivo del sector privado y de la sociedad civil.

Finalmente, la agricultura Familiar, la cual juega un rol fundamental en la conservación de estos ecosistemas y el medio ambiente, debe ser incluido en las políticas públicas del gobierno para garantizar la producción de alimentos. Ya es hora de darle el lugar que se merece a la pequeña agricultura y la agricultura familiar, que finalmente son las que nos vienen sosteniendo durante la pandemia del Coronavirus.

* Puedes leer nuestra Agenda Muqui 2021 – Versión resumida y graficada aquí: https://bit.ly/3z4zX0s

Este jueves, a pocos días de las elecciones en Perú, especialistas y dirigenta/es indígenas y sindicalistas analizarán las propuestas electorales de los partidos contrincantes Fuerza Popular y Perú Libre, en materia de minería y medio ambiente.

Minería en Debate

En el tramo final de estas elecciones el tema minero se ha puesto en debate. Por un lado Perú libre plantea renegociar contratos y recaudar más impuestos a mineras, y por el otro Fuerza Popular insiste en continuar y profundizar el modelo minero. En ambos casos no se habla con claridad sobre los impactos de la minería en el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

Ante ello, Red Muqui llevará a cabo el Foro denominado “Futuro de la minería y medio ambiente” con la participación de dirigentes, dirigentas y profesionales que analizarán las propuestas de estos dos partidos de la contienda electoral 2021.

Se contará con un panel de destacados especialistas, entre ellos: Jaime Borda, secretario Ejecutivo de Red Muqui, quien estará a cargo de la moderación. José de Echave, doctor en economía y miembro de la ONG CooperAcción – Acción Solidaria para el desarrollo. Beatriz Cortez, abogada de Red Muqui. Así como de Melania Canales, presidenta de ONAMIAP (Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú) y Edmer Bartolo Santamaría, Secretario de Organización de la Federación nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú – FNTMMSP.

Foro: «Futuro de la minería y medio ambiente»

La cita es este Jueves 03 de Junio a las 5 P.M.

El Foro se trasmitirá en vivo a través del medio de comunicación Wayka y por medio de la página de facebook de Red Muqui.

➡️ Sintoniza la trasmisión en vivo aquí: https://t.co/34lhm5hqrE?amp=1 

 

 

El último 20 de febrero se realizó un violento intento de desalojo por parte de la PNP a 200 comuneros de la comunidad de Pumamarca del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas – Apurímac, quienes se encontraban en posesión de predios que eran parte de su territorio ancestral. Estos terrenos fueron comprados por la empresa minera MMG-Las Bambas el 2011, pero los comuneros señalan que fueron hechas de manera irregular e injusta, sin un diálogo de buena fe y transparencia al momento de celebrar la compra-venta de dichos terrenos, y que ahora son reclamados para la ganadería y agricultura por parte de los comuneros.
“Fuimos estafados y engañados. La minera vino con sus asesores y profesionales con un acta listo para que firmemos, donde se comprometían a hacer obras y proyectos al año, darnos trabajo, pero hoy día no se ve nada de eso. (..). La empresa señala a través de un comunicado que ha cumplido en un 88% sus compromisos y eso es falso”, declararon los dirigentes de la comunidad en una conferencia de prensa realizada en Lima el día de ayer 25 de febrero. La delegación de comuneros de Bambamarca llegó el miércoles 24 de febrero a Lima.

Empresa minera responde

Sobre la protesta y denuncias de la comunidad de Pumamarca, la empresa minera respondió el 19 de febrero a través de un comunicado, que ellos realizaron la compra de los terrenos de manera regular y que esta compra fue sometida a un proceso judicial y el “Juzgado Mixto de Cotabambas fallo a su favor, archivándose el proceso judicial, por el que exigían que se declare la nulidad de un contrato de compra venta realizado hace 10 años”. Agregan que compraron 1000 hectáreas, cumpliendo con los requisitos previstos por ley para la adquisición de tierras de una comunidad campesina. “La venta fue aprobada por Asamblea General de la comunidad de Pumamarca”.

Llegada a Lima

Frente a este riesgo de desalojo y agresión por parte de las fuerzas del orden y matones de la empresa minera – así lo denuncian los comuneros de Pumamarca-, una delegación de la comunidad arribó el miércoles 24 a Lima, dirigiéndose al Congreso de La República y posteriormente al Ejecutivo. En la PCM los recibió la Secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, Giselle Huamaní, quien co-facilitó virtualmente la reunión con un representante del Ministerio de Energía y Minas. En la reunión, que duró 5 horas, estuvieron presentes vía teleconferencia los representantes del MINEM, Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana y el Gobierno Regional de Apurímac. En un comunicado de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, precisan que «reiteran su compromiso de seguir contribuyendo al diálogo entre la comunidad, la
empresa y el Estado, y exhorta a la comunidad de Pumamarca a aprovechar los espacios de diálogo
digital dispuestos por el Gobierno (Resolución de Secretaria de Gestión Social y Diálogo 001/2021-
PCM/SGSD) para continuar trabajando conjuntamente en la solución pacífica de los problemas». Se tiene que precisar que esta última resolución 001/2021-PCM/SGSD virtualiza las mesas de diálogo y enfrenta graves problemas como el de la brecha intercultural, digital y territorial para que los representantes de las comunidades puedan participar democráticamente, respetando sus espacios de deliberación y decisión que se toman por asamblea.

Al día siguiente, el jueves 25, los dirigentes de la comunidad de Pumamarca exigieron a través de una conferencia de prensa que no hubo consulta previa a las comunidades campesinas al momento de la compra-venta. “Las empresas privadas no respetan las leyes, hacen lo que les parece”. Precisaron que luego de la compra-venta de sus terrenos ellos han firmado actas para que esos terrenos sean utilizados para el pastoreo y la agricultura. Y así lo han estado utilizando últimamente hasta que sufrieron el intento de desalojo el 20 de febrero.

Aludiendo a la reunión con el Ejecutivo señalaron: “Queremos que nos devuelvan nuestro terreno, queremos estar en paz. Que nos atiendan nuestras denuncias que hemos ingresado. Que no se pierdan en las oficinas del Estado”, finalizaron los dirigentes en la conferencia.

Actuar de minera Las Bambas en otras comunidades

Lo que ocurre con la comunidad de Pumamarca, no es el único caso. En la compra de tierras de las comunidades de Huancuire y Pamputa, los comuneros de Pumamarca relatan que ”la empresa exigió una negociación individual sin la presencia de otros actores”; situación que acrecienta la asimétrica de poder e información entre la empresa y los pobladores al no contar con herramientas que les permitan tener una negociación justa y en condiciones de igualdad.

En una nota de prensa emitida por la delegación que llegó a Lima el miércoles 24 de febrero, señalan: “En el caso de Huancuire, esta vendió 1900 hectáreas por un valor de S/. 122,4 millones en febrero de 2013; en dólares, esto equivalió a 24.988 por hectárea, es decir US$ 2,49 por metro cuadrado. En el caso de Pamputa, la transacción de venta fue de 4343,44 hectáreas a US$ 2 millones en marzo de 2011, lo que equivalió a US$ 460 por hectárea o US$ 0,46 por metro cuadrado. Huacuire, entonces, recibió de la empresa 5,4 veces más por metro cuadrado que Pamputa”.

Sobre este y otros casos donde las empresas mineras se aprovechan de su poder económico y de la necesidad de la población, las empresas argumentan que han cumplido con el procedimiento formal y legal; sin embargo, se cometen una serie de irregularidades que van en contra de las directrices de acuerdos internacionales como las del Convenio 169 de la OIT con la consulta previa a los pueblos indígenas, los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, entre otros, donde participan y suscriben algunos de estos acuerdos las mismas empresas transnacionales y Estados donde actúan estas empresas.

El pasado 19 de febrero del 2021, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM emitió la resolución N° 002-2021-PCM/SGSD que llama a conformar la Mesa de Diálogo denominada: “Articulación de las acciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local para la atención de la problemática de la cuenca del Río Coata, a favor de los distritos de Capachica, Coata, Huata y Caracoto”.

Recordemos que, el 28 septiembre del año pasado, el presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del río Coata, Félix Suasaca, hizo público los resultados de la muestra en orina de mercurio y arsénico que le hicieron a 55 personas en febrero del 2020, tras acceder al informe de la Dirección General de Salud Ambiental. Dentro de las 34 personas que dieron positivo a la presencia de arsénico y mercurio, 5 son niños. Estas personas, al igual que la población de los distritos de Capachica, Coata, Huata y Caracoto, usaban el agua de los pozos de sus distritos que tenían como Fuente hídrica a la Cuenca del Coata. Cuenca que desde el 2014 se alerta que está contaminada y fue confirmado años después por el Estado.

La Mesa de Diálogo a conformarse, de acuerdo a la resolución, tiene como objetivo “concertar y elaborar un Plan de Acción Integral conducente a desarrollar labores de articulación orientadas a atender la problemática de la cuenca del río Coata”. Sus integrantes serían:  “un representante de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, quien lo presidirá; un representante por cada ministerio: Salud; Ambiente; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Energía y Minas; Desarrollo Agrario y Riego; un representante del gobierno regional de Puno; un representante de las municipalidades provinciales de San Román y Puno y las municipalidades distritales de Capachica, Coata, Huata y Caracoto; y un/a representante de la sociedad civil de cada uno de los distritos de Capachica, Coata, Huata y Caracoto, así como del Frente de Defensa Unificado contra la contaminación de la cuenca del río Coata y Lago Titicaca”.

Esta resolución tiene como precedente las últimas protestas realizadas por los dirigentes y pobladores del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata, quienes lograron que el pasado 15 de diciembre del 2020, se lleve a cabo en Puno la reunión de la Comisión de Alto Nivel de la Cuenca del Río Coata con la asistencia de ministros de Estado, el gobernador regional de Puno, alcaldes provinciales y distritales de dicha región y representantes de la sociedad civil. En dicha reunión se acordó la conformación de un grupo multisectorial para atender la problemática de la cuenca del río Coata, que recién en estos días estaría implementándose de acuerdo a esta resolución.

Las exigencias del Frente de Defensa de la Cuenca del Río Coata son:

  • Oficializar la Mesa Técnica de la Cuenca del Coata a través de un Decreto Supremo e instalar la Mesa Multisectorial de Salud sobre metales pesados en cuerpo humano y tamizaje al 100% de personas de los distritos de la cuenca del Coata.
  • Aprobación y ejecución de proyectos de centros de salud y equipamiento integral con laboratorios médicos, medicamentos y médicos especializados en metales pesados.
  • Ejecución de obras de saneamiento básico urbano y rural en los distritos afectados de la cuenca del Coata.
  • Inmediata ejecución del proyecto de cadena ganadera vacuno por parte del Ministerio de Agricultura, debido a que el ganado ha sido afectado por la contaminación.
  • Inmediata ejecución de proyectos de descontaminación, recuperación y remediación del río de la cuenca del Coata y lago Titicaca de las zonas afectadas.
  • Cierre y tapado del río Torococha y no más vertimiento de aguas residuales de SEDA Juliaca.
  • Cierre inmediato de las mineras que están operando en la cabecera de cuenca del Coata.
  • Indemnización por daños ambientales y reparación y ampliación de dotación del agua potable mediante cisternas a las poblaciones afectadas.

Para el dirigente Felix Suasaca, presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del río Coata, lo que se requiere es presupuesto para que se pueda implementar el Plan de Acción Integral de los diversos ministerios y gobiernos locales y regional para efectivizar los diversos proyectos en materia de salud, ambiente, agua y agricultura que ya están en curso para revertir los efectos negativos que ha generado la contaminación de la cuenca del río Coata.

En la resolución se señala que el plazo de instalación de la Mesa de Diálogo es de 20 días hábiles y la articulación de las acciones serán llevadas de manera presencial o virtual de acuerdo dependiendo del comportamiento de la pandemia del Covid-19 hasta el término de vigencia de la Mesa de Diálogo.

La situación para los habitantes de la antigua ciudad de Morococha se viene agravando a manos de la minera Chinalco y de efectivos de la PNP.

Tras las observaciones presentadas ante el SENACE el 27 de julio, al proceso de Elaboración de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental, MEIA, correspondiente al Proyecto de Expansión de la unidad Minera Toromocho; el último 12 de Septiembre, en horas de la madrugada, la empresa minera bloqueó con tierra las principales vías de acceso a la ciudad de Morococha Antigua haciendo uso de sus volquetes.

Todo ocurrió sin consentimiento o previo aviso a los pobladores de Morococha; quienes, tras percatarse de lo ocurrido, decidieron organizarse para limpiar una pequeña parte. Sin embargo, efectivos de la PNP llegaron en vehículos para vigilar estas vías de acceso argumentando que se trataba de propiedad privada de la minera Chinalco.

“En horas de la tarde varios efectivos policiales llegaron, no eran efectivos de la comisaria de Morococha y comenzaron a obstaculizar el camino argumentando que nadie podía pasar, y que ya no existe población en la zona de Morococha Antigua, acusando a los pobladores de ser foráneos»

Caída la tarde, efectivos policiales de la localidad se hicieron presentes para interceder y tratar de resolver el problema, logrando el retiro de los volquetes y los otros efectivos policiales. Llegada la noche los pobladores de Morococha Antigua decidieron realizar una vigilia nocturna para impedir que durante la madrugada ocurran más bloqueos. Hasta la fecha no ha habido ningún apoyo efectivo por parte de la municipalidad de Morococha.

La situación de Morococha Antigua

Hay más de 40 familias viviendo en las 34 hectáreas que restan de la antigua ciudad de Morococha. Estas rechazan dejar su ciudad por motivos como la falta de trabajo y oportunidades en la nueva ciudad “Carhuacoto” a la que desplazaron a las otras familias. Se trata de familias que buscan un mejor acuerdo; sin embargo, la minera solo acepta negociar previa reubicación, algo que significa ceder antes de negociar.

Por ello, para los pobladores de Morococha Antigua, éste bloqueo de las vías de ingreso responde a la necesidad de la minera Chinalco de deshacerse de estos últimos pobladores que rechazan reasentarse en Carhuacoto, conocido actualmente como la “Nueva ciudad de Morococha”, ciudad que en la práctica es considerada un pueblo fantasma por la falta de comercio y oportunidades laborales para sus habitantes.

Según lo expresado por un poblador de Morococha Antigua, “la nueva ciudad ha quedado desolada, es un campamento minero, la gente que vive ahí solo vive de trabajos tercerizados. El comercio ha muerto, ha colapsado, ya que la minera no cumplió con lo prometido”.

Además de esta situación, estos últimos pobladores de Morococha no han sido evidenciados en el MEIA por lo que simplemente no existen frente a los ojos de la minera. Lo que constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios en un contexto de constantes embates de afectación social, cultural, económico y de contaminación ambiental.

Empresa Minera y vínculos con la PNP

Otro de los puntos clave es la relación entre la minera Chinalco y la Policia Nacional del Perú. Para los pobladores de Morococha Antigua, la empresa minera mantiene un convenio con la DINOES de la PNP. Dentro de este convenio se mencionan compromisos como el pago a efectivos policiales, seguros de vida y de riesgo, según lo expresado por los pobladores.

Bloqueo de vías de accesos

Hasta el día de hoy siguen bloqueados los accesos, solo han abierto una pequeña entrada para que puedan pasar. Una situación que limita el ingreso a las familias y que no se entiende por parte de los afectados, “esto no ha concluido, no sabemos por qué han hecho esto ya que el tema no está definido, no hay respuesta de ellos (minera) y tampoco nuestras propias autoridades”, tras las observaciones que plantearon los dirigentes a la MEIA de Toromocho.

Hasta la fecha, dos caminos siguen bloqueados y se ha levantado un acta policial el día lunes sobre lo ocurrido el sábado 12. El alcalde ha manifestado que se envió un documento a la minera para proteger los derechos de los pobladores.

Para el abogado, el Dr. Carlos Castro, lo que busca la minera Chinalco es desconocer a los pobladores de las 34 hectáreas de la Morococha Antigua que aún se encuentran amparados por el articulo 1 en la ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo.

“Se trata de dos realidades, una ficcional planteada por la minera Chinalco al no reconocer a estos pobladores dentro del MEIA y otra realidad palpable de ciudadanos peruanos que viven ahí y ven afectados sus derechos humanos”

El abandono por parte de las autoridades municipales, policiales y del estado se hace presente en plena pandemia y crisis política nacional.

 

Ver las observaciones presentadas al SENACE el 27 de julio:

 

El lunes 06 de julio se emitió el Decreto de Urgencia N° 081-2020, amparándose en el inciso 19 del artículo 117° de la Constitución: “Corresponde al Presidente de la República: Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso.” Este decreto de urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para dinamizar las inversiones y la prestación de servicios a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Señala objetivos específicos:

  1. Contribuir a la reactivación económica y la generación de empleo.
  2. Lograr el resarcimiento efectivo a los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19.

En su artículo 4 autoriza de manera excepcional para el año fiscal 2020, a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a utilizar hasta un 25% de los recursos efectivamente transferidos, así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, provenientes del canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM), para ser destinados a garantizar la adecuada prestación de servicios en el marco de sus competencias, en el contexto de la emergencia nacional por el COVID-19.

Para el caso de Gobiernos Regionales, los recursos solo financian las actividades de emergencia vinculadas a la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus, con la finalidad de garantizar la adecuada prestación de servicios de salud en el marco de sus competencias. Para el caso de Gobiernos Locales, los recursos solo financian el gasto en bienes y servicios vinculado a los servicios públicos esenciales en el marco de sus competencias, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. Por consiguiente, en su artículo 5° se habilita a los Gobiernos Regionales realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar la continuidad de las actividades de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19.

Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana al respecto señala que “la emisión de este decreto es una medida esperada en el marco de los aprietos fiscales que viene pasando el estado, especialmente las municipalidades; que ya no cuentan con ingresos suficientes para enfrentar la crisis” (…) esta medida no va a tener impacto nacional, solo algunas regiones cuentan con suficientes recursos por canon como Arequipa, Moquegua y Cuzco. Ahora con este decreto el Ejecutivo libera de restricción fiscal a los gobiernos regionales para poder utilizar recursos del canon para prevención y control del Covid-19.”

Sobre el canon minero, recordemos que está reconocido en el artículo 77° de la Constitución y regulado mediante Ley N° 27506, es destinado principalmente al desarrollo de proyectos de inversión y obras de infraestructura de gran impacto. Con esta norma se habilita el uso de estos recursos para prevención y control del Covid-19 hasta diciembre de 2020.

Finalmente, es importante mencionar que en el contexto de la pandemia el Ejecutivo ha emitido una serie de medidas de reactivación económica para diferentes sectores, entre ellos fondos destinados a los gobiernos locales y regionales para atender la crisis sanitaria y económica, en algunos casos estos fondos han sido mal utilizados por las autoridades de locales, al respecto la Fiscalía hasta el mes de mayo había señalado que investigaba más de 500 casos de corrupción en todo el país. Por ello, es importante estar vigilantes y exigir transparencia para el buen uso de estos recursos extraordinarios en las regiones señaladas.

RESOLVIÓ PODER JUDICIAL EN PUNO

  • Fallo histórico deja precedente al hacer prevalecer derechos comunales de comunidades campesinas
  • Corte superior indica que INGEMMET debe respetar Convenio 169 antes de otorgar concesiones mineras en Puno

La Primera Sala Civil de Puno dispuso que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no puede otorgar ninguna concesión minera, sin que se lleve a cabo un proceso de Consulta Previa a las comunidades campesinas propietarias de los territorios ancestrales sobre las que se superponen estas actividades extractivas, informó Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA), organización miembro de la RED MUQUI.

Esta orden judicial recae directamente sobre el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), que en el futuro no podrá otorgar concesiones mineras, si antes no realiza un proceso de Consulta Previa a las comunidades campesinas que podrían afectadas, de acuerdo al convenio 169 suscrito con la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Cristóbal Yugra, director de DHUMA, indicó que la sentencia indica que, en adelante, se le podrían aplicar restricciones al INGEMMET, en caso no cumpla en aplicar proceso de consulta previa a las concesiones mineras.

“Esta ordena al Ministerio de Energía y Minas, así como al INGEMMET, a no volver a incurrir en la inobservancia del Convenio 169, bajo apremio de aplicar las medidas coercitivas que prevé el artículo 22 del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237), sin perjuicio de las responsabilidades penales que hubiera lugar”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Últimas en enterarse

En este caso, el sector Energía y Minas impuso la actividad minera en Atuncolla, al autorizar la concesión del 100% de los territorios de estas comunidades campesinas, que además nunca fueron notificadas al respecto.

En ese sentido, la Sala Civil de Puno también reconoce que las concesiones mineras se expiden de espaldas a las comunidades campesinas.

«Concesionan territorios comunales de las demandantes, sin que éstas tengan conocimiento alguno y con la mera posibilidad de realizar consulta previa, una vez que la concesionaria de inicio propiamente a la actividad minera de exploración y explotación», refiere la Corte Superior.

Por su parte, DHUMA y el Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL) han insistido en que esta forma de emitir estas concesiones, por parte del INGEMMET, es casi clandestina, con el fin de que las comunidades campesinas no se enteren a tiempo, y no puedan actuar mediante recursos legales, en caso decidan oponerse a la actividad minera.

“Nunca hay una notificación impresa y concreta en el domicilio de la propia comunidad, solo publicaciones a través de avisos en diarios locales que jamás leen los que deberían hacerlo. De tal manera, en los hechos las comunidades campesinas no tienen manera de saber que se ha expedido una concesión, y que hay una concesión en su territorio. Todo ello deja en indefensión y en desprotección el derecho al territorio y a la propiedad de las comunidades campesinas”, asevera tanto DHUMA, como IDL.

Cristóbal Yugra agregó que el INGEMMET no había tomado en cuenta que las comunidades campesinas existentes en Puno tienen un reconocimiento formal, e inscrito en Registros Públicos. Es decir, el MEM ignoró a estas personas, así como a los derechos que los asisten como pueblos indígenas. De esta manera, se violaron los artículos 15 y 16 del Convenio 169, lo cual resulta inconstitucional.

“En uno de sus argumentos de sentencia, la sala señala que el Estado peruano no puede justificar el incumplimiento de los tratados internacionales con leyes internas. Esta sentencia es valiente e histórica en razón de que es la primera sala que se da en Puno, donde el Poder Judicial exige que se cumpla el Convenio 169”, refirió.

Según el artículo 6, inciso 1, del Convenio 169 de la OIT: “Las concesiones mineras deberán ser consultadas si es que se acredita que afectan directamente a las comunidades campesinas”. A ello se suma, que, conforme a la Convención de Viena, el Estado no puede alegar normas de su derecho interno para incumplir tratados internacionales vinculantes y de carácter constitucional, como el Convenio 169.

INGEMMET responde

Por su parte, el INGEMMET se justifica aduciendo que no debe consultarse la emisión de concesiones mineras, ya que la expedición de las mismas no autoriza la realización de exploración; en consecuencia, no afecta a las comunidades campesinas.

No obstante, la Primera Sala Civil de Puno, rebate este argumento al señalar que ello no exonera al Gobierno de realizar la consulta previa con las comunidades afectadas.

Esta sentencia se expidió en el marco de un proceso de amparo presentado por las 11 comunidades campesinas del distrito de Atuncolla (provincia y región de Puno), contra el MEM y su organismo público descentralizado, INGEMMET (Expediente N° 01846-2012).

Poder Judicial puede evitar conflictos socioambientales

Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) enfatizó en que este fallo, evitará que las comunidades opten por medidas de protesta como el aymarazo. Como abogado defensor, destacó que las comunidades han dado un claro ejemplo, sobre cómo este tipo de procesos deben ser resueltos por la instancia judicial.

“Esta resolución demuestra que el Poder Judicial tiene un papel que jugar, en los conflictos socio ambientales, cuando se afectan derechos fundamentales o los tratados internacionales de derechos humanos de rango constitucional. Esto sienta un histórico precedente de protección al territorio ancestral de los pueblos indígenas en el Perú”, remarcó Ruiz Molleda.

DATO:

Comunidades de Atuncolla: Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen de Soledad de la Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico.

Fuente: Justicia Viva / SERVINDI / Ideele Radio / Correo

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

En diversos diarios de Piura y en las redes sociales de la empresa minera china Río Blanco Cooper, apareció un comunicado de la empresa el día 9 y 10 de noviembre, en que dan a entender que sostuvieron una reunión e iniciaron una ruta de diálogo con los ronderos y población de Ayabaca que se oponen al proyecto minero, para lograr fines comunes como la protección del medio ambiente y el desarrollo de las comunidades.

Sin embargo, lo que señalan es falso y es desmentido por un comunicado y videos que ha circulado la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca.

Empresarios chinos irrumpieron en asamblea interna rondera

Lo que en realidad ocurrió el 9 de noviembre, en momentos en que los ronderos de Ayabaca desarrollaban un taller interno en el auditorio del hotel Aypatiq de Ayabaca; es que el gerente de la empresa minera Río Blanco, Du Chengxiang; su traductor; y el director social, Juan Aquino, irrumpieron intempestivamente, sin haber sido invitados, a la reunión ronderil. Al querer imponer su discurso apenas ingresaron, fueron rápidamente invitados a retirarse de la reunión ronderil al tratarse de un evento interno y al no haber sido invitados.

Inmediatamente, al percatarse de la manipulación informativa que estaba realizando la empresa minera en diversos medios; la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca se pronunciaron:

•             La Central Única de Rondas campesinas de Ayabaca Sede Huaycuy y el Colectivo por Ayabaca, denuncian de manera categórica la intromisión de agentes de Rio Blanco a una asamblea organizada por la dirigencia de la ronda , realizada en el auditorio del Hotel Aypatic de la ciudad de Ayabaca.

•             Sin pedir permiso tres integrantes de la empresa minera Río Blanco( el gerente de Rio Blanco, el abogado y un traductor ) de manera desesperada entraron sin respetar la reunión para pretender imponer su discurso y entregar una carta escrita por el gerente de la empresa, demostrando con ello una total falta de respeto a la institución ronderil. Ante su intromisión se les invitó a retirarse y se les pidió respetar la privacidad de un evento gremial.

•             Las organizaciones y la población de Ayabaca rechazamos contundentemente la presencia de la empresa minera Río Blanco quien viene desde hace tiempo corrompiendo y dividiendo a varios dirigentes; engañando con regalos, dinero y prevendas a la población; usando fundaciones como fachadas para ingresar a nuestros territorios.

•             Asimismo rechazamos las aseveraciones hechas por dicha empresa, aludiendo a un supuesto diálogo con la dirigencias ronderiles; ante ello, les decimos que no ha habido ni habrá diálogo con una empresa que no ha respetado la decisión de la población que el año 2007 le dijo NO A LA MINERÍA en una histórica Consulta Vecinal, NO a una empresa que quiere destruir las fuentes de agua de la sierra piurana, NO a quien quiere destruir nuestros páramos y bosques de neblina(nacientes de agua), No a quien ha provocado víctimas y denuncias.

•             Finalmente exigimos a la empresa minera Río Blanco el retiro de sus oficinas clandestinas de Ayabaca, pues los declaramos como no gratos en nuestros territorios.