Hace dieciséis años la decisión de las comunidades y población local de los distritos piuranos de Pacaipampa, Ayabaca y El Carmen de la Frontera, provincias de Ayabaca y Huancabamba, respectivamente, marcaron un precedente histórico en la defensa de su territorio, los páramos y bosques de neblina frente a la amenaza del proyecto minero Majaz, ahora llamado Río Blanco.

El 16 de septiembre de 2007, se convocó a la población en una consulta vecinal con un arrasador resultado: el 95 por ciento le dijo NO al ingreso de este proyecto minero de la empresa china Zijin. Si bien sus resultados no son vinculantes desde un punto de vista legal, sí son expresión legítima de los anhelos comunitarios y así ha quedado demostrado con el tiempo.

Desde entonces, cada año se rememora la voluntad popular de la consulta de 2007 y la movilización organizada para que no se repitan los casos de secuestro, tortura, intimidación, criminalización de la protesta social, así como la pérdida de vidas humanas. Muestra de ello, son las muertes de Reemberto Herrera Racho (2004) y Melanio García González (2005), víctimas fatales de la represión policial en marchas pacíficas. A ellos se suma una larga lista de personas heridas.

La importancia de los páramos, bosques de neblina y el agua que sostienen la vida

A pesar de las acciones violentas, ilegales y disolutas contra dirigentes ronderiles, defensores ambientales y organizaciones sociales, que han contado con la complicidad de los gobiernos de turno, la empresa china Río Blanco Copper del consorcio Zijin no ha podido conseguir la licencia social para la exploración minera de cobre y molibdeno a tajo abierto en las nacientes de las cuencas de los ríos Quiróz y Chinchipe, en la zona de páramos y bosques de neblinas, en territorios de las comunidades de Segunda y Cajas; y Yanta. El agua proveniente de estos ecosistemas hídricos aseguran la agricultura, la alimentación, la ganadería, el turismo y la vida de estas comunidades y de toda la población de Piura.

Esta resistencia colectiva, ante la pretensión de imponer el proyecto minero, se ha manifestado a lo largo de los años en encuentros, reuniones y asambleas. Para conmemorar esta fecha histórica, las federaciones de las rondas campesinas y comunidades originarias realizaron dos actividades públicas el fin de semana. Una de ellas se realizó en el distrito de Sapalache, provincia de Huancabamba, y la otra en la comunidad de Yanta, provincia de Ayabaca.

La participación de las rondas campesinas de Piura y Cajamarca, autoridades políticas y población en general fue masiva. El equipo técnico de Red Muqui y sus instituciones miembros, la Diócesis de Chulucanas, REDAD y CEAS acompañaron las actividades conmemorativas.

En ambos encuentros, las comunidades y la población local ratificaron su compromiso de proteger sus páramos y bosques de neblina de toda actividad extractiva, que amenaza con depredar sus aguas y territorios.

Prácticas cuestionables de la empresa

Asimismo, hicieron un recuento de este conflicto socioambiental que inició en el año 2001, luego de la concesión otorgada al proyecto Río Blanco, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, por parte del gobierno de Alejandro Toledo. Un año después, la empresa minera ingresa a operar ilegalmente dentro del territorio de las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta, sin la autorización de las asambleas comunales. Provoca tal impacto social y ambiental (en la fase de exploración entre el 2004 y 2008) que tiene que ser remediado por la empresa con la supervisión y vigilancia de las comunidades afectadas.

A la fecha la empresa minera sigue intentando entrar a territorios comunales con el ofrecimiento de puestos de trabajo y la generación de canon minero pese a que la población dijo no a la minería en la referida consulta, realidad que merece ser develada, puesto que la empresa pretende crear una narrativa que altera los hechos, a través de campañas en medios de comunicación.

Los riesgos de la minería al medio ambiente

Pero, ¿cuáles serían los impactos ambientales de Río Blanco en zona de páramos y bosques de neblina?

– Perjudicaría la calidad de aguas superficiales y subterráneas.
– Disminuiría la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades agropecuarias.
– Afectaría los ecosistemas naturales y la biodiversidad.

Por lo tanto, la presencia de Río Blanco y de cualquier otro proyecto minero en la zona de páramos y bosques de neblina que son parte de un corredor biológico, que se extiende desde el Parque Nacional Podocarpus en el Ecuador y se prolonga hasta el Santuario Tabaconas Namballe, pone en serio riesgo las aguas superficiales y subterráneas, afectando con ello la calidad y la disponibilidad del esencial líquido para el consumo humano y la economía agraria.

La agricultura familiar es la principal forma de organización de la producción agraria. Entre los principales cultivos aparecen el maíz, trigo, frijol, café, plátano, yuca, entre otros, que a diferencia del cobre tiene un valor inconmensurable, aún más en el marco de la crisis climática que estamos padeciendo.

Por ello, se debe destacar que la agricultura familiar es la base fundamental de la disponibilidad de alimentos, de la economía, el trabajo y de las formas de organización de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba. Tampoco se debe olvidar el importante rol de los páramos para surtir de agua a la agricultura piurana.

La presentación de los resultados del estudio científico sobre salud ambiental humana de Pasco fue suspendida sorpresivamente por la Comisión multipartidaria investigadora de la atención de los niños y las familias afectadas con el exceso de plomo, arsénico, mercurio, y demás metales tóxicos en la sangre en las zonas mineras de Pasco y del Perú, a dos días de desarrollarse el evento.

De acuerdo al oficio enviado por el presidente de la Comisión Multipartidaria, Idelso García Correa, a las instituciones organizadoras, la cancelación es “por motivos de agenda parlamentaria”. El documento también señala que el congresista comunicará la próxima fecha y hora de reprogramación de la quinta sesión extraordinaria donde iba a presentarse dicho estudio en el Congreso de la República.

La exposición de los resultados de la investigación iba a estar a cargo de la científica ambiental y representante de Source International, Laura Grassi, quien viajó desde Italia exclusivamente para participar del evento (viernes 18 de agosto), pues ella estuvo a cargo del estudio junto al ecologista y naturalista Flaviano Bianchini.

Las instituciones organizadoras de la presentación del estudio son Centro de Cultura Popular Labor Pasco, Red Muqui, Source International, Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, la Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha, y la Comisión Multipartidaria integrada por los congresistas Idelso García Correa (Alianza para el Progreso), Luis Kamiche Morante (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Diego Bazán Calderón (Avanza País – Partido de Integración Social), Miguel Angel Ciccia Vásquez (Renovación Popular), Dávila Pasión Neomias (Bloque Nacional de Concertación Nacional) y María Zeta Chunga Cruz (Fuerza Popular).

Finalmente, desde Red Muqui consideramos que la problemática ambiental y de salud de Pasco amerita ser atendida con prioridad, sobre todo cuando el estudio sobre salud ambiental y humana demostró la afectación a la salud de los niños que viven en Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen por la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno.

El pasado 7 de agosto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión.

Alertamos que la propuesta generaría una afectación a la institucionalidad ambiental, cuyo fortalecimiento ha sido progresivo desde 1990, con la creación del primer Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales hasta la actualidad con la consolidación de los entes de regulación y fiscalización a través de la especialización de los organismos técnicos del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Desarrollo Agrario. De esta manera, la SNMPE busca flexibilizar los actos administrativos de acuerdo a los intereses privados, y deja de lado el deber de prevención y el principio precautorio anclados en el derecho ambiental, cuyo objetivo es proteger los bienes jurídicos de la Nación. A través de la propuesta mencionada, el lobby minero además acepta implícitamente la posibilidad de una alta tasa de conflictos socioambientales por la falta de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos.

Al respecto, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, manifiesta que “la propuesta de la SNMPE es un riesgo latente para la garantía de derechos ambientales de los pueblos originarios, peor aún en un contexto de estrés hídrico y crisis climática a nivel mundial que dificulta la seguridad alimentaria en el país. Además, Borda asevera que “no se pueden seguir imponiendo los intereses privados a costa del medio ambiente, el agua y la vida de los PPII”

En ese sentido, desde la Red Muqui rechazamos tajantemente las declaraciones de la SNMPE porque conlleva la eliminación de las autoridades ambientales, que conlleva una acelerada promoción sectorial de los proyectos de inversión en cartera de cada ministerio, vulnerando la imparcialidad de los procesos de certificación y afectaría los derechos colectivos de la población y las comunidades nativas y campesinas.

La comunidad campesina de Accomarca que se encuentra ubicada en la provincia de Vilcashuamán del departamento de Ayacucho fue escenario de las violaciones más graves a los derechos humanos en la época del conflicto armado interno (1980-2020), siendo su población aniquilada a sangre fría y sin escrúpulos por la cadena de mando del Ejército y políticos que justificaron la masacre como medida para combatir una supuesta base terrorista en la zona. Debido a la experiencia sufrida, la comunidad se encuentra en constante organización para protegerse y salvaguardar su territorio. En tal sentido, desde el 2019 se ha evidenciado la afectación de sus derechos colectivos por las actividades del productor minero Ismael Medina, quien opera con el código minero N° 010104417 en la concesión Huacachina 2016 III. Frente a ello, la comunidad campesina de Accomarca advierte y denuncia irregularidades en el proceso de formalización.

La concesión minera Huacachina 2016 III está ubicada en Vilcashuamán, Ayacucho; cuenta con una extensión de 200 ha y su titular es SMRL Sorpresa Tres, representado por Edgardo Rojas Anayaipoma. A través de un contrato privado de alquiler de la concesión, su operador informal es Ismael Medina, con una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del MINEM. Sin embargo, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMA) desaprobó el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM preventivo y correctivo. Pese a la negativa, el operador minero continuó sus actividades de extracción de sulfuro de cobre en el lugar denominado Chamana, una zona que no fue incluida en su instrumento de gestión ambiental, que aplica para el área de Pichuscucho, que se encuentra actualmente en estado de paralización y sin operación minera alguna. Es decir, mediante el IGAFOM, que representa una declaración jurada y de compromisos socioambientales, se engañó a la Administración Pública sobre la zona de explotación y beneficio minero, lo que impide tanto la cuantificación de las toneladas métricas de mineral extraído y como el impacto que genera sobre la comunidad campesina.

En ese sentido, como parte del acompañamiento técnico – legal que la Red Muqui realiza a la Junta Directiva de la comunidad de Accomarca, se presentaron medios probatorios para resaltar las contradicciones y falta de transparencia respecto del proceso de formalización minera del señor Medina. De esta forma, el 25 de julio, mediante Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, el director regional de la DREMA resuelve ordenar la paralización temporal de la actividad minera ubicada en la zona denominada Chamana, pero ello está condicionado a una inspección inopinada, sin plazo especificado.

Por todo lo expuesto, desde la Red Muqui exigimos que haya una adecuada coordinación para la paralización de actividades mineras de manera inmediata. Debido a que el operador Medina no cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) estaría explotando el mineral en forma ilegal, lo que conlleva a la consecuente aplicación de la interdicción minera respaldado por los Decretos Legislativos números 1100 y 1101. Así mismo, el proyecto minero ha vulnerado la autonomía comunal, ya que no ha facilitado información y menos aplicado la consulta previa, lo que constituye un engaño a las familias que allí viven.

Para mayor información legal y mapa técnico sobre superposición de concesiones mineras en territorio de la comunidad campesina de Accomarca: aquí

El pasado 28 de junio, dirigentes de los distritos de Llalli, Umachiri, Ayaviri y Cupi, junto a autoridades distritales y de la provincia, llegaron a Lima para exigir acciones inmediatas para la remediación de la cuenca Llallimayo. Sus aguas fueron contaminadas por la empresa minera Aruntani S.A.C, hecho que fue comprobado por el OEFA en el 2017, pero que venía sucediendo desde el 2009 según testimonios de pobladores locales.

La respuesta del régimen fue recibir a la delegación de Llallimayo en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas en Lima, en presencia de los viceministros de las carteras de Minas, de Desarrollo Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM; Secretaría de Descentralización de la PCM; y representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de Construcción y Saneamiento-MVCS; de Salud; así como del ANA, OEFA y AMSAC.

El acuerdo principal de la reunión fue asumido por representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), quienes se comprometieron en articular con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la integración de S/. 4’611,401 millones de soles para el tratamiento del agua contaminada por Aruntani S.A.C en el proyecto de ley de presupuesto 2024. Para tal fin, el MINEM asumió el compromiso de reunirse con el MEF y evaluar la posibilidad de que el financiamiento sea entregado el 2023. La comprobación del cumplimiento de estos acuerdos debió ser enviada y presentada a los dirigentes y autoridades de la cuenca del Llallimayo el 7 de julio, tal cual figura en el acta de acuerdos de la reunión del 28 de junio.

Sin embargo, a la fecha el MINEM no lo ha hecho, motivo por el cual mediante Oficio N° 023-2023-FREDERHCULLA/HENZ/P, el Frente de Defensa de los Recursos Hídricos de la Cuenca Llallimayo solicita que el MINEM emita una respuesta sobre la fecha de otorgamiento presupuestal. Además reitera su disposición al diálogo que ha evidenciado en reiteradas ocasiones a fin de solucionar la problemática de su cuenca en la que viven más de 20 mil personas en los distritos de Cupi, Llalli, Umachiri y Ayaviri. No obstante, en vista de los reiterados incumplimientos de parte del Ejecutivo, y en caso de no atender a su solicitud anuncian una movilización social masiva e indefinida hasta lograr la remediación por la grave contaminación en la que se se encuentran la cuenca Llallimayo y el lago Titicaca.

1. https://muqui.org/noticias/dirigentes-y-poder-ejecutivo-instalan-la-mesa-de-trabajo-de-la-cuenca-de-llallimayo/
2. Oficio Múltiple N° D000212-2023-PCM-SSGD

El pasado domingo falleció a los 74 años el destacado y multifacético dirigente social, Augusto Fernando Carrasco Zapata. Nació en el seno de una familia de humildes peones agrícolas en la ciudad de Chulucanas en la provincia piurana de Morropón, que con el inicio de la Reforma Agraria se asienta en el Sector de Malingas perteneciente al distrito de Tambogrande en la provincia de Piura del departamento homónimo. Casado con Fanny Núñez fue padre de Fernando y Amelia Carrasco Nuñez. 

Estuvo ligado desde su niñez a la agricultura campesina por su temprana experiencia familiar y porque estudió en el Instituto Nacional Agropecuario No. 54 de Tambogrande, del que se graduó con el título de Técnico Agropecuario. Después trabajó en FUNDEAL un organismo de la Universidad Nacional de Piura en el que se dedicó entre otros proyectos a combatir la plaga del gusano rosado del algodonero.

Sin embargo, su mayor combate lo libró contra la canadiense Manhattan Minerals Corp. y su pretensión de explotar los yacimientos de oro ubicados en Tambogrande, específicamente en el subsuelo del área urbana de la ciudad, es decir debajo de las casas de sus habitantes. La lucha de los pobladores organizados en el Frente de Defensa Distrital de Tambogrande se tradujo en un paro total de dos días en octubre de 2001 y decantó finalmente en una consulta popular para cuya realización la Municipalidad Distrital aprobó y publicó una ordenanza municipal. En el referéndum celebrado en junio de 2002 la opción contraria a la minería, en este rico valle productor de mangos, limones y otros frutos, se impuso con una abrumadora mayoría de más del 93 por ciento. 

Con la experiencia hecha en ese período y habiendo sido cofundador del Movimiento Regional “AGRO SÍ” que ganó el cargo de alcalde municipal, fue elegido regidor durante los períodos 2003 y 2006.

Su experiencia de haber tenido participación destacada en organizar un movimiento social que logró doblegar los poderosos intereses de unos pocos lo llevó a interesarse y ser invitado en otros espacios críticos con el modelo extractivista a nivel nacional y latinoamericano.  

Hacia el final de su vida le fue detectada diabetes y una insuficiencia renal que le obligó a ser sometido a diálisis por muchos años. 

El pasado martes en un sepelio multitudinario la Comisión de Usuarios Regantes, pobladores y compañeros de ruta le rindieron homenaje de despedida a este destacado dirigente social y político.

Desde Red Muqui nos sumamos a este reconocimiento, expresamos nuestro dolor por su partida y les expresamos nuestra solidaridad a su familia.

Por: Juan Aste Daffós

La campaña que hoy desarrollan las empresas mineras a través de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) y medios de comunicación afines está centrada en que el Perú necesita con urgencia invertir en exploración para que en un futuro cercano se puedan ejecutar grandes proyectos mineros. De tal manera que el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales obtengan más ingresos por canon y regalías y lleven adelante proyectos para el desarrollo territorial con el objetivo de cerrar las “brechas” (léase desigualdades) sociales, entre los más pobres y el promedio de los menos pobres.

Sin embargo, la verdad es otra. El objetivo principal de las empresas mineras, principalmente de las grandes corporaciones transnacionales, es aprovechar la coyuntura actual de precios elevados de los metales. La finalidad es asegurar su rentabilidad para los próximos 20 a 30 años invirtiendo las sobreganancias obtenidas en la ejecución de proyectos de exploración, accediendo a nuevos territorios o regresando a otros, así como, en proyectos de ampliación de los que están en operación. Por eso, plantean la urgencia de realizar la expansión minera

Para este objetivo cuentan con el apoyo de un gobierno deslegitimado, en un contexto que suponen de debilidad en la respuesta del movimiento social que. En caso que las fuerzas policiales y militares empleen la violencia, en particular en aquellos proyectos que no tienen licencia social, los conflictos socioambientales que enfrentan a comunidades y poblaciones locales con las empresas mineras y el gobierno se expandirán e intensificarán. Quizás por esto preferirían priorizar proyectos en territorios de las regiones macro norte.

El tiempo corre en contra de la estrategia actual de las empresas mineras y del gobierno en la medida que la reactivación de la movilización social logre la renuncia de Dina Boluarte y se concrete el adelanto de las elecciones generales. Por ello están incidiendo con una campaña destinada a obtener la eliminación de trámites administrativos y una mayor desregulación de las normas ambientales, a fin de reducir el tiempo y conseguir legalmente una rápida autorización para el ingreso a explorar los territorios. En este sentido, no es casualidad que del 08 al 10 de mayo próximos se realizará en Lima el XIII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores titulado “Descubriendo la Minería del Futuro”.

La agenda del empresariado minero, de acuerdo al Informe de la Comisión para el  Desarrollo Minero Sostenible (Feb.2020, PCM) es: eliminar la consulta previa (derecho de las comunidades) y que solo haya acuerdo previo (negociación que establece un compromiso económico de la empresa minera con la comunidad) para el acceso a la exploración; limitar al máximo la acción supervisora del Organismo de Evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) y que las empresas se auto controlen y envíen sus informes ambientales al Estado; simplificación de los procedimientos administrativos (tramitología) en la obtención de las autorizaciones, planteando incluso el silencio administrativo positivo (en caso de que el funcionario no responda en plazo determinado, se asume la autorización del trámite); ningún cambio en la estructura tributaria, lo que se traduce hoy en no aceptar un impuesto a la sobreganancia minera; apoyar la formalización de los mineros informales e ilegales que acompañen la expansión de la minería formal.

Lo cierto es que las comunidades, los agricultores y los centros poblados involucrados consideran que la ejecución y operación de los proyectos mineros afectarán sus planes de vida, las cuencas hídricas y los ecosistemas vinculados a la salud y la producción agroalimentaria, lo que agravaría su situación económica y social. A su vez, la consulta previa actual es un trámite burocrático utilizado para aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). A su vez, la inexistencia de planes de ordenamiento territorial legalmente amparados facilita la imposición de los proyectos mineros.

La asimetría o la desigualdad en las relaciones de poder entre un sector y otros y los incumplimientos reiterados de los acuerdos en las mesas de diálogo abonan en la misma dirección. Asimismo, la historia ha revelado que minería y pobreza en su entorno han ido de la mano desde siempre, sin contar con los actuales y potenciales efectos de la crisis climática y la pandemia. Más aún, cuando las empresas se niegan a pagar un impuesto a la sobreganancia minera que allanaría los gastos del Estado en salud, educación, proyectos para la diversificación productiva generadores de empleo masivo, y la atención de desastres y pandemias en beneficio de las mayorías del país. Por estas razones, las comunidades, agricultores y poblaciones locales del entorno de los proyectos no otorgan la licencia social.

Las empresas mineras y el gobierno nacional asumen que con su apoyo “técnico” y el de algunas universidades limeñas de “élite” se pueden elaborar planes de “desarrollo territorial”, e incluso comprometer a los gobiernos regionales y locales, para garantizar la ejecución de proyectos que “beneficien” a las comunidades, desplazando sus planes de vida y los proyectos que ellas mismas han decidido autónomamente ejecutar. Pero, dejar a las comunidades y poblaciones locales fuera de las decisiones sobre su destino es exactamente lo contrario a lo que estas han estado demandando con la movilización social suspendida por el momento.

Respecto a la crítica de las empresas mineras que los recursos del canon y la regalía minera son mal utilizados, y por ello proponen participar con el gobierno nacional en “ayudar” a elaborar planes de desarrollo territorial en beneficio de las poblaciones del entorno minero, debe precisarse el carácter legítimo y legal de estos recursos obtenidos por el Estado y la autonomía en las decisiones sobre su uso y gestión por parte de los gobiernos regionales y locales.

El Estado redistribuye la mitad del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras en forma de canon minero a los gobiernos regionales y locales y a las universidades de las regiones donde se encuentran los recursos minerales. A su vez recibe el ingreso de la regalía que pagan las mineras como una “contraprestación económica por la explotación de los recursos minerales, metálicos y no metálicos”, que en realidad es el pago que hacen las empresas mineras al Estado y que este transfiere a las regiones donde se explotan los recursos minerales que son agotables dado su carácter de no renovables. En consecuencia, canon y regalía son ingresos legítimos y legales que recibe el Estado y que canaliza a las regiones donde se encuentran y explotan los recursos minerales.

Una vez en manos de los gobiernos regionales y locales y las universidades, las decisiones sobre su uso y el control de su gestión pasan a depender de estas instancias del Estado y de la participación de la población organizada, y no es incumbencia de las empresas mineras inmiscuirse en estas decisiones.

El hecho que los proyectos de los gobiernos locales y regionales se decidan en función de contrataciones fraudulentas y otras acciones de corrupción aprovechando la inexistencia de poblaciones organizadas que demanden y participen en la elección y ejecución de proyectos y en la rendición de cuentas es un problema de elección de los gobernadores y los alcaldes, así como, de la débil o inexistente participación ciudadana.

Asimismo, los gobernadores regionales y los alcaldes, en su gran mayoría tienen como objetivo principal disponer de mayores recursos financieros u obtener el ahorro de los mismos mediante el mecanismo de obras por impuestos. Lo que inhibe no solo a estas instancias del Estado a realizar demandas frente a las infracciones ambientales y sociales de las empresas mineras, sino que posterga la formación de capacidades para una gestión pública descentralizada, eficiente y libre de corrupción.

Pero ¿cuál es límite de la expansión minera? En la práctica no hay límites porque los que promueven a ultranza la actividad minera afirman que el Perú debe aprovechar la extracción y explotación de los recursos mineros allí donde se encuentren, lo que deja  como “letra muerta” la prohibición del ingreso en áreas naturales protegidas, áreas de restos arqueológicos, y la protección de las fuentes de agua como las cabeceras de cuenca. Más aún, si la consulta previa es solo un procedimiento burocrático, por lo que nada de lo señalado se cumple realmente por las decisiones de política minera de los gobiernos y la aplicación de una legislación muy conveniente para las empresas mineras.

Así esta política termina reforzando una economía predominantemente extractivista minera que genera muchos dólares de ganancias con precios altos, los que incentivan mayores importaciones que terminan en una mayor dependencia o destrucción de lo poco que queda de la producción y el empleo generados en el país. Lo que conduce a que ahora casi el 80% de los trabajadores y micro y pequeños empresarios sean informales y que el comercio  ambulatorio se realice con productos mayoritariamente importados.

Con ello, los 300 mil jóvenes que ingresan anualmente al mercado laboral no encuentran trabajo y pasan a ser informales o se incorporan en la economía ilegal del contrabando, el narcotráfico, la tala y la minería ilegal, o pasan al hurto o el sicariato. De nada sirve que nos digan que ha aumentado el PBI per cápita y que se ha reducido la pobreza monetaria debido al crecimiento económico medido por el aumento del PBI, donde la minería aporta con la décima parte y que sus exportaciones superan el 60% del total de las exportaciones, porque ello no se ha traducido en la reducción de las desigualdades económicas y sociales del país.

Por el contrario, una economía basada en la exportación de minerales, principalmente de cobre y oro, reproduce un círculo vicioso de generación de mayor informalidad e ilegalidad, y cuando caen los precios de los minerales, la inflación aumenta porque al haber menos dólares sube su precio y aumenta el costo de las importaciones de las que depende la economía interna. Salir de esta situación supone depender cada vez menos de la actividad minera y promover la diversificación productiva que dinamice la economía interna, nos haga menos dependientes de las fluctuaciones y cambios del comercio exterior, y se sostenga en una efectiva descentralización económica y de la gestión ambiental, con participación ciudadana en la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

Los que ilusamente hablan de industrializar la minería no contemplan la imposibilidad de esta opción, debido a que los dueños de la minería, principalmente del cobre, son empresas transnacionales, cuyos contratos de venta futura de concentrados a largo plazo con sus compradores, deciden el grado de elaboración y su destino, y porque la producción industrial a base a los metales existe hace mucho tiempo y la realizan grandes corporaciones que poseen ventajas en el mercado internacional debido a su bajo costo en razón a su alto nivel de productividad y economías de escala, por lo que difícilmente un empresario minero se arriesgaría a ejecutar proyectos de industrialización de los metales en el Perú.

En resumen, el modelo económico en el Perú basado en la minería resulta insostenible, porque solo beneficia a sus dueños, funcionarios y representantes que tienen vínculos con esta actividad, y afecta al conjunto de la sociedad peruana, trasladando solo una pequeña parte de su renta al Estado. Ésta ha fluctuado alrededor del 3% del total de ingresos tributarios del Estado peruano, menos la devolución de parte de estos impuestos, y genera muy poco empleo directo (210 mil personas ó 1.2% de la PEA en 2022) y por cada puesto directo crea menos de 3.6 empleos indirectos que presenta la minería chilena de mayor dimensión y competitividad.

Por lo tanto, si a los ingresos tributarios neto (en los que se consideran los descuentos) le restamos el valor del impacto ambiental, la diferencia sería negativa, con el agravante que los ecosistemas afectados se pierden para siempre en un país megabiodiverso, pluricultural y multilingüe. Donde el lema de “Perú país minero” termina siendo una expresión interesada y peor aún, cuando en los discursos de los representantes de los intereses mineros se mencionan conceptos como “regiones mineras”, “provincias mineras”, y corredor minero.

Así, en el corto plazo dependemos de las exportaciones mineras, pero debemos ir dependiendo cada vez menos de esta actividad y colocar la prioridad en la producción agroalimentaria; de productos biomedicinales; el turismo en sus variantes ecológica, arqueológica y vivencial; y la producción industrial donde exista una experiencia histórica de calidad como en tejidos y confecciones. También se debe priorizar el cambio de la matriz energética hacia bienes renovables que vayan en concordancia con la conservación y protección de los ecosistemas que albergan una rica biodiversidad y con proyectos y acciones para la mitigación y adaptación frente a la crisis climática.

Sin la participación de las comunidades no habrá posibilidad de explorar y menos explotar litio en el departamento de Puno, así ha quedado en evidencia en un conversatorio virtual que organizó el pasado martes la Red Muqui bajo el título: Litio y Uranio en Puno: “Riesgos y vacíos del proyecto”.

Betty Quispe de la Organización de Mujeres Micaela Bastidas del distrito de Macusani agradeció la oportunidad de exponer sobre la visión de las comunidades que ven con gran preocupación las concesiones mineras de este estratégico mineral, cuya explotación podría afectar la integridad del mayor glaciar tropical del mundo y con ello la disponibilidad de agua. “No se ha hecho la consulta previa frente a unos riesgos que hacen peligrar nuestro futuro, el agua que tenemos», expresó la dirigenta puneña.

Los temores son fundados como explica Vito Calderón de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA): “El titular del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) Oscar Vera declaró que en dos meses se va a autorizar para comenzar con las exploraciones. Precisamente los trabajos se harían en esa zona próxima al mayor glaciar tropical del mundo “Quelccaya”. Una masiva masa de hielo de 170 metros de espesor que juega un rol fundamental como una especie de termómetro que mide el calentamiento global y además surte de agua dulce a miles de pobladores y a las cuencas del Urubamba, Irambari y Azángaro. Las amenazas para la integridad del glaciar se explican según Calderón porque las concesiones se ubican directamente encima del nevado Quelccaya. El mismo nombre con el que ha bautizada la empresa Macusani Yellowcake, dueña de las concesiones de litio en Puno, la tercera y menos conocida zona concesionada para la exploración del mineral. El primero es Macusani y corresponde a yacimientos de uranio, el segundo es Falchani con depósitos de litio. “La empresa pretende iniciar el trabajo de exploración para lo cual ha presentado en 2020 una Declaratoria de Impacto Ambiental para que el Estado les apruebe esta solicitud y comenzar así con las exploraciones, sin que exista una normativa en el país que permita la exploración de litio”, explica el especialista de la organización ambientalista DHUMA.  

El peligro de explotar uranio para obtener litio

Y tal vez uno de los aspectos polémicos de la eventual explotación del litio en Perú se relaciona con las informaciones que han entregado las autoridades gubernamentales en relación a si los yacimientos de litio que se ubican en los distritos de Macusani y Corani en el departamento puneño de Carabaya se encuentran asociados a uranio, mineral que por su propiedad radiactiva es la materia prima para la combustión en las centrales nucleares. Como recuerda Vito Calderón: «Hasta este momento el Estado en figuras del gobierno ha enviado mensajes contradictorios, respecto de si el litio en el yacimiento de Puno está asociado al uranio. El titular del MINEM en 2021, Jaime Gálvez, dijo al referirse al proyecto Macusani textualmente que «sería más factible si no estuviera asociado al metal radiactivo».

Rolando Pilco director ejecutivo del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA) explica que en el caso de las primeras, el volúmen de los yacimientos ha sido evaluado en 4,7 millones de toneladas de carbonato de litio de alta pureza. En tanto para el uranio sus depósitos alcanzan la cifra de 124 millones de libras.

La presión externa y el “boom” de los “minerales de transición

Pero no es que ese mineral, aún cuando es radiactivo, no sea altamente cotizado. Amanda Romero, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, explica en su presentación que la presión internacional por acelerar la explotación de litio, surge de la importancia de los minerales de transición, claves en el desarrollo de lo que se ha denominado “energías limpias” o “energías verdes”. En ellas juega un rol fundamental el almacenamiento de energía a través de baterías de litio, componente fundamental en los vehículos eléctricos, pero también en los almacenadores de energía generadas por fuentes eólicas(viento) o fotovoltaicas (sol). Sin embargo, entre las energías limpias, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha clasificado incluso la energía nuclear como energía limpia, una decisión que también comparte la Unión Europea.

Eso significa, que a pesar de que hay países como Alemania, donde se acaban de apagar las últimas tres centrales nucleares en funcionamiento el pasado fin semana, que pone un punto final al uso de la energía nuclear en dicho país, se seguirán construyendo muchas otras centrales de energía atómica en diferentes partes del mundo.

Más allá del interés de algunos países en explotar uranio, el litio también es un mineral cuya explotación puede acarrear consecuencias negativas. Según Amanda Romero “Las mayores empresas de explotación del litio y los países de las que provienen, ya sea China, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia o Alemania se destacan por no tener en consideración los impactos sociales y medioambientales de su actividad”, constata la investigadora colombiana.

En cuanto a las capacidades que podrían tener México, Bolivia y Argentina, países que se han mostrado dispuestos a regular su oferta y con ello influir en los precios internacionales de litio, la investigadora Romero se muestra escéptica ante el poder que han adquirido las empresas de los países señalados, pero matiza que “Bolivia habría avanzado más en su propuesta de que la explotación de litio esté asociada a la transferencia de tecnología de los países industrializados hacia el país andino, donde incluso la empresa china ganadora de la licitación de la explotación del litio en el Salar de Uyuni, considerado el lugar que concentra los mayores depósitos del mineral, se ha comprometido a instalar una fábrica de baterías en territorio boliviano”. 

Ante la realidad que el litio conforma solo una porción menor en la composición de las baterías, Romero plantea que lo primero que debe haber por parte de las empresas mineras, fabricantes de baterías, generadoras de energía eléctrica y de automóviles es una evaluación de riesgos en derechos humanos y ambientales. Algo que no se está haciendo evidentemente, como se observa en la ocupación de vastos territorios de pueblos indígenas que los habitan en México, Colombia, Brasil sin que se desarrollen procesos participativos que incluyan la consulta previa, libre e informada a esos pueblos, aplicando el Convenio 169 de la OIT. Una situación que viven las comunidades tanto donde se encuentran las concesiones mineras como aquellas donde se están erigiendo gigantescos parques eólicos o fotovoltaicos. 

Según ella la evaluación de riesgos a su vez debe incluir tres elementos fúndamentales:

  1. Los derechos culturales, incluyendo el patrimonio pictórico
  2. El derecho humano a un medio ambiente saludable, un derchos reconocido por la ONU y que está estrechamente relacionado con la crisis climática y por lo tanto ligado en el caso de Puno con la integridad del glaciar Quelccaya y a la disponibilidad del agua
  3. El derecho humano de las comunidades a decidir autónomamente qué tipo de desarrollo desean

¿Quién se quedará con la torta?

La pregunta central es, quién se quedará con las ganancias. Porque, según Amanda Romero, esas se van a repartir escencialmente entre las empresas de energía eléctrica por un lado y por otro entre las empresas extractoras de los minerales y de las baterías para vehículos eléctricos.

La posición de los pueblos originarios al respecto ha quedado clara en una resolución que emitieron hace poco menos de un mes las autoridades originarias aimaras y quechuas en presencia de 3 mil integrantes de comunidades y que Rolando Pilco de IDECA resume de la siguiente manera: 

-Rechazo a la actividades extractivas que vulneren los derechos de las comunidades campesinas, derechos humanos y el medio ambiente

-Antes de explotar, se debe discutir su forma de industrialización de forma responsable

-El litio debe ser un recurso estratégico para el beneficio de las poblaciones de Puno, respetando la Pachamama

-Los recursos naturales deben ser para los peruanos, lo que requiere un cambio de la normativa de explotación de dichos recursos

Frente el anuncio del gobierno de Dina Boluarte sobre la reactivación de la gran minería en el país, señalamos lo siguiente:

  1. La reactivación de la gran minería en el país que ha anunciado el gobierno de Dina Boluarte en la Convención minera más grande del mundo, así como las declaraciones del premier Alberto Otárola, y los representantes del MEF y MINEM sobre la propuesta de aprobación de plazos reducidos sin prevención ambiental para nuevos proyectos mineros distan mucho de ser un planteamiento responsable frente a la crisis política y social que hoy vivimos en el país. Lo que ha llevado a que la mayoría de la población cuestione el modelo económico que beneficia a grandes empresas y rechaza la actuación del Ejecutivo y del Congreso, y mucho más en comunidades y poblaciones donde se asientan los grandes proyectos mineros.
  2. Las declaraciones del ministro de Energía y Minas Óscar Vera y del ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras sobre proponer un “shock de eliminación de la permisologia minera” alertan sobre una posible flexibilización de estándares ambientales en favor de las empresas y en desmedro de los derechos humanos, ambientales y colectivos de las poblaciones locales. Tal como ocurrió con el precedente en 2014 y la Ley N° 30230 que limitaba la potestad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), simplificaba forzadamente procedimientos de emisión de opiniones técnicas y atentaba contra la seguridad jurídica de los territorios indígenas.
  3. Respecto al anuncio del gobierno de otorgar permisos de exploración de litio a la empresa Macusani Yellowcake (Canadá) en el distrito de Corani, provincia de Carabaya – Puno. El MINEM y MINAM deben informar con transparencia y objetividad si el litio y uranio están asociados, ya que este último mineral es radiactivo y puede causar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud de las personas. Sin conocimiento de esta información y sin un marco normativo que regule el manejo del uranio es sumamente riesgoso dar viabilidad a la exploración de litio y uranio en Puno. Finalmente, el debate sobre la explotación de litio en Puno debe contemplar la soberanía estratégica de estos recursos y su posible industrialización en el Perú.
  4. Hace más de 20 años que las comunidades y poblaciones afectadas por la minería vienen exigiendo que se aplique la consulta previa, que se deje de criminalizar y estigmatizar a los lideres/as y dirigentes sociales, que no se contamine el agua y la salud de las personas, que se respeten sus modos de vida y otras actividades económicas alternativas. Por ello desde la Red Muqui sostenemos que cualquier debate sobre el sector minero debe realizarse en el marco de reformas y cambios estructurales de fondo, cuya voz hoy se sustenta en las movilizaciones impulsadas principalmente por regiones del sur peruano, y en los cientos de conflictos socioambientales en todo el país, que plantean revisar nuestra institucionalidad estatal en todos los niveles, que garantice la participación de los comunidades y pueblos organizados en la toma de decisiones. Una salida para ello es que se abra el proceso constituyente en el Perú.

Lima, 14 de abril del 2023.

NOTA DE PRENSA: AFECTADOS POR METALES DEMANDAN DAR PRIORIDAD A LA SALUD AMBIENTAL Y HUMANA EN ZONAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES E HIDROCARBUROS

En la conferencia de prensa de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, dirigentes de 14 regiones afectadas por la extracción de minerales e hidrocarburos remarcaron la baja atención que el gobierno viene dando a la implementación del Plan Especial Multisectorial para la atención integral de población expuesta y afectada por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PEM), aprobado con D.S. N 037-2021- MINAM y demandaron su pronta implementación articulada.

«El gobierno está más preocupado en dar permisos a las mineras, incluso aquella que por la extracción de material radioactivo puede generar grandes riesgos», señalaron. La reactivación extractivista no es excusa para acabar con la protección del ambiente y la vida humana. Los anuncios hechos por el ministro de economía de acabar con la llamada «permisología» reflejan las prioridades del gobierno.

A un año de la creación del DS 037-2021-MINAM el gobierno no ha logrado articular a los sectores para  cumplir con los objetivos del Plan. En el año 2021, según el MINSA, en el Perú existían más de 10 millones de personas y comunidades expuestas a la contaminación por metales. Entre ellas niños expuestos a plomo, cadmio, arsénico y otras sustancias tóxicas, quienes vienen resistiendo a la ausencia del Estado y la contaminación que por décadas afecta no solo al sistema digestivo sino incluso al desarrollo cognitivo de los menores, etc.

«Exigimos como dirigentes nacionales que se implemente, de una vez, el Plan Especial Multisectorial en favor de los afectados por metales tóxicos, en cada centro de salud y cada ministerio»

Elsa Benavente, vocera de los afectados de la región Huancavelica mencionó que la presidenta Dina Boluarte, el premier Otárola, y los ministros están desinteresados de la vida de los peruanos. Los gobiernos regionales, locales y distritales deben también impulsar la implementación de este Plan. Elsa Merma, representante de Espinar enfatizó la importancia de convocar a la Defensoría del Pueblo para acompañar y vigilar la implementación del Plan. «Este Plan es Multisectorial y todos están llamados a concurrir en esta iniciativa», refirió Yolanda Zurita, vocera de la región Junín.

Entre los casos tratados y los riesgos de eliminar la «permisología», Elsa Benavente, sub secretaria de la Plataforma, remarcó que hay serio peligro. «El proyecto Pukaqaqa Sur de la empresa Nexa Resources es una bomba de tiempo, y puede causar muchas muertes. Pero este no es el único proyecto extractivo que puede perjudicar nuestras vidas, haya otros cientos de bombas de tiempo. El plan multisectorial puede ayudar a mitigar esto, antes que una indiscriminada reactivación que priorice el dinero a las vidas humanas, y la sostenibilidad ambiental, señaló Benavente.

«Hasta el momento no sabemos los avances ni en qué se ha gastado el presupuesto del primer año del Plan Estratégico Multisectorial 2022. Los afectados seguimos siendo asesinados y muriendo lentamente. Hay niños con metales pesados. Queremos prevención, ¿qué están haciendo los ministerios correspondientes y el Estado?  Permitiendo que las empresas mineras entren a nuestros territorios. Cuando decimos la verdad nos persiguen como terroristas. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo?» puntualizó Merma.

Al respecto, se hace un llamado a la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, entidad encargada de la articulación entre sectores y presentación del Informe anual de actividades en el marco del PEM.

Asimismo, Paulina Valdiviezo, vocera de los afectados de la región Cajamarca, denunció la represión indiscriminada del gobierno de Boluarte.

«Exigimos al Estado el informe de las actividades de la implementación del plan, ya lo deberíamos tener en nuestras localidades. En nuestras regiones no está haciendo nada el Estado, más bien está ocupándose de encarcelar líderes y perseguir defensores y no se está preocupando por nuestra salud. Nosotros defendemos nuestras cabeceras de cuenca, donde no vamos a permitir más extractivismo», acotó Valdivieso.

Por otro lado, Eusebio Cuñachi, vocero de la región de Amazonas, recalcó que a pesar de las reuniones con los ministerios y los compromisos dados, no se cuenta con los avances de la implementación. «Seguimos esperando en Amazonas a que se hagan análisis y se priorice la situación de los niños y niñas afectados. Existe una necesidad urgente de atención en cada región. ¡Hay que luchar y ver por nuestros hijos! »

Inusual presencia policial

Minutos antes del inicio de la conferencia, se presentó una inusual presencia de efectivos y vehículos policiales quienes señalaron haber recibido información de «inteligencia» respecto del evento en los exteriores del hotel Carrera. Los efectivos adujeron que Inteligencia del Estado había advertido de este evento y que se hacían presentes para “salvaguardar las garantías de los presentes”. A su tiempo los dirigentes y el secretario nacional Félix Suasaca, rechazaron los actos de criminalización y persecución del gobierno de Boluarte, así como las muertes acontecidas hasta la fecha. La presencia policial fue percibida por los asistentes como un acto de amedrentamiento e intimidación.

11 de abril del año 2023