El día 21 de septiembre a las 10 de la mañana, pobladores de la Antigua Morococha decidieron realizar una marcha hasta la ex Municipalidad como protesta contra la Minera Chinalco y su desconocimiento de los aún pobladores de esta zona en conflicto. Un desconocimiento que llevó a la empresa minera, bloquear las vías de ingreso y salida haciendo uso de enormes cantidades de piedras y tierra además de utilizar efectivos policiales para asegurar que los pobladores no impidan dicho bloqueo.

La Antigua Morococha es un pueblo hasta el día de hoy habitado por 40 familias integradas por niños, mujeres y ancianos que aparte de ser hostigados con acciones como el bloqueo de sus vías de tránsito; no cuentan con un ambiente urbano social digno, ni con energía eléctrica a causa de la destrucción de la infraestructura de electrificación.

Fueron 10 pobladores los designados para realizar ésta marcha simbólica en la cual llevaron el documento firmado por todos los representantes de la Antigua Morococha, con el Habeas Corpus presentado contra la empresa minera Chinalco. Una medida legal que tiene como objetivo que dicha empresa limpie las vías bloqueadas y garantice el respeto al libre tránsito de los pobladores de la Antigua Morococha.

¿En qué se ampara la minera Chinalco?

La empresa minera Chinalco compró de las 34 hectáreas por 5,9 millones de soles* a finales del 2018 a la empresa Activos Mineros quien, a su vez, obtuvo este terreno gracias al rápido y conveniente trabajo del ex viceministro de Energías y Minas, Ricardo Labó. Este último, invocó el artículo 49 de la ley para sustentar el pedido de expropiación de las 34 hectáreas y llevar a cabo la transferencia a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).

Sin embargo, la ley de expropiaciones señala explícitamente que el beneficiario de una propiedad expropiada solo puede ser otra entidad del Estado y nunca un privado como lo es Activos Mineros SAC.

A ellos se suma el hecho de que la empresa minera no reconoce a los pobladores en el documento de Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que busca la ampliación del proyecto Toromocho el cual no se llevará a cabo sin antes deshacerse de las familias que aún habitan 34 hectáreas de la Antigua Morococha.

Hasta el día de hoy, las vías de acceso y salida siguen bloqueadas desde el sábado 12 de septiembre sin tener responsables por ello, viendo afectadas sus actividades comerciales y abastecimiento alimentario. Por tal motivo, de no tener respuesta por parte de la minera, los pobladores han decidido organizarse el martes 29 de septiembre para remover las piedras y desmontes y poder transitar libremente como cualquier ciudadano.

Una situación que se agrava por la falta de autoridades que asuman la responsabilidad por todos los atropellos contra ciudadanos peruanos que viven una crisis que nadie quiere atender.

(1*) https://operacionchina.convoca.pe/morococha/

La situación para los habitantes de la antigua ciudad de Morococha se viene agravando a manos de la minera Chinalco y de efectivos de la PNP.

Tras las observaciones presentadas ante el SENACE el 27 de julio, al proceso de Elaboración de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental, MEIA, correspondiente al Proyecto de Expansión de la unidad Minera Toromocho; el último 12 de Septiembre, en horas de la madrugada, la empresa minera bloqueó con tierra las principales vías de acceso a la ciudad de Morococha Antigua haciendo uso de sus volquetes.

Todo ocurrió sin consentimiento o previo aviso a los pobladores de Morococha; quienes, tras percatarse de lo ocurrido, decidieron organizarse para limpiar una pequeña parte. Sin embargo, efectivos de la PNP llegaron en vehículos para vigilar estas vías de acceso argumentando que se trataba de propiedad privada de la minera Chinalco.

“En horas de la tarde varios efectivos policiales llegaron, no eran efectivos de la comisaria de Morococha y comenzaron a obstaculizar el camino argumentando que nadie podía pasar, y que ya no existe población en la zona de Morococha Antigua, acusando a los pobladores de ser foráneos»

Caída la tarde, efectivos policiales de la localidad se hicieron presentes para interceder y tratar de resolver el problema, logrando el retiro de los volquetes y los otros efectivos policiales. Llegada la noche los pobladores de Morococha Antigua decidieron realizar una vigilia nocturna para impedir que durante la madrugada ocurran más bloqueos. Hasta la fecha no ha habido ningún apoyo efectivo por parte de la municipalidad de Morococha.

La situación de Morococha Antigua

Hay más de 40 familias viviendo en las 34 hectáreas que restan de la antigua ciudad de Morococha. Estas rechazan dejar su ciudad por motivos como la falta de trabajo y oportunidades en la nueva ciudad “Carhuacoto” a la que desplazaron a las otras familias. Se trata de familias que buscan un mejor acuerdo; sin embargo, la minera solo acepta negociar previa reubicación, algo que significa ceder antes de negociar.

Por ello, para los pobladores de Morococha Antigua, éste bloqueo de las vías de ingreso responde a la necesidad de la minera Chinalco de deshacerse de estos últimos pobladores que rechazan reasentarse en Carhuacoto, conocido actualmente como la “Nueva ciudad de Morococha”, ciudad que en la práctica es considerada un pueblo fantasma por la falta de comercio y oportunidades laborales para sus habitantes.

Según lo expresado por un poblador de Morococha Antigua, “la nueva ciudad ha quedado desolada, es un campamento minero, la gente que vive ahí solo vive de trabajos tercerizados. El comercio ha muerto, ha colapsado, ya que la minera no cumplió con lo prometido”.

Además de esta situación, estos últimos pobladores de Morococha no han sido evidenciados en el MEIA por lo que simplemente no existen frente a los ojos de la minera. Lo que constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios en un contexto de constantes embates de afectación social, cultural, económico y de contaminación ambiental.

Empresa Minera y vínculos con la PNP

Otro de los puntos clave es la relación entre la minera Chinalco y la Policia Nacional del Perú. Para los pobladores de Morococha Antigua, la empresa minera mantiene un convenio con la DINOES de la PNP. Dentro de este convenio se mencionan compromisos como el pago a efectivos policiales, seguros de vida y de riesgo, según lo expresado por los pobladores.

Bloqueo de vías de accesos

Hasta el día de hoy siguen bloqueados los accesos, solo han abierto una pequeña entrada para que puedan pasar. Una situación que limita el ingreso a las familias y que no se entiende por parte de los afectados, “esto no ha concluido, no sabemos por qué han hecho esto ya que el tema no está definido, no hay respuesta de ellos (minera) y tampoco nuestras propias autoridades”, tras las observaciones que plantearon los dirigentes a la MEIA de Toromocho.

Hasta la fecha, dos caminos siguen bloqueados y se ha levantado un acta policial el día lunes sobre lo ocurrido el sábado 12. El alcalde ha manifestado que se envió un documento a la minera para proteger los derechos de los pobladores.

Para el abogado, el Dr. Carlos Castro, lo que busca la minera Chinalco es desconocer a los pobladores de las 34 hectáreas de la Morococha Antigua que aún se encuentran amparados por el articulo 1 en la ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo.

“Se trata de dos realidades, una ficcional planteada por la minera Chinalco al no reconocer a estos pobladores dentro del MEIA y otra realidad palpable de ciudadanos peruanos que viven ahí y ven afectados sus derechos humanos”

El abandono por parte de las autoridades municipales, policiales y del estado se hace presente en plena pandemia y crisis política nacional.

 

Ver las observaciones presentadas al SENACE el 27 de julio:

 

El lunes 06 de julio se emitió el Decreto de Urgencia N° 081-2020, amparándose en el inciso 19 del artículo 117° de la Constitución: “Corresponde al Presidente de la República: Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso.” Este decreto de urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para dinamizar las inversiones y la prestación de servicios a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Señala objetivos específicos:

  1. Contribuir a la reactivación económica y la generación de empleo.
  2. Lograr el resarcimiento efectivo a los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19.

En su artículo 4 autoriza de manera excepcional para el año fiscal 2020, a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a utilizar hasta un 25% de los recursos efectivamente transferidos, así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, provenientes del canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM), para ser destinados a garantizar la adecuada prestación de servicios en el marco de sus competencias, en el contexto de la emergencia nacional por el COVID-19.

Para el caso de Gobiernos Regionales, los recursos solo financian las actividades de emergencia vinculadas a la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus, con la finalidad de garantizar la adecuada prestación de servicios de salud en el marco de sus competencias. Para el caso de Gobiernos Locales, los recursos solo financian el gasto en bienes y servicios vinculado a los servicios públicos esenciales en el marco de sus competencias, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. Por consiguiente, en su artículo 5° se habilita a los Gobiernos Regionales realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar la continuidad de las actividades de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19.

Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana al respecto señala que “la emisión de este decreto es una medida esperada en el marco de los aprietos fiscales que viene pasando el estado, especialmente las municipalidades; que ya no cuentan con ingresos suficientes para enfrentar la crisis” (…) esta medida no va a tener impacto nacional, solo algunas regiones cuentan con suficientes recursos por canon como Arequipa, Moquegua y Cuzco. Ahora con este decreto el Ejecutivo libera de restricción fiscal a los gobiernos regionales para poder utilizar recursos del canon para prevención y control del Covid-19.”

Sobre el canon minero, recordemos que está reconocido en el artículo 77° de la Constitución y regulado mediante Ley N° 27506, es destinado principalmente al desarrollo de proyectos de inversión y obras de infraestructura de gran impacto. Con esta norma se habilita el uso de estos recursos para prevención y control del Covid-19 hasta diciembre de 2020.

Finalmente, es importante mencionar que en el contexto de la pandemia el Ejecutivo ha emitido una serie de medidas de reactivación económica para diferentes sectores, entre ellos fondos destinados a los gobiernos locales y regionales para atender la crisis sanitaria y económica, en algunos casos estos fondos han sido mal utilizados por las autoridades de locales, al respecto la Fiscalía hasta el mes de mayo había señalado que investigaba más de 500 casos de corrupción en todo el país. Por ello, es importante estar vigilantes y exigir transparencia para el buen uso de estos recursos extraordinarios en las regiones señaladas.

RESOLVIÓ PODER JUDICIAL EN PUNO

  • Fallo histórico deja precedente al hacer prevalecer derechos comunales de comunidades campesinas
  • Corte superior indica que INGEMMET debe respetar Convenio 169 antes de otorgar concesiones mineras en Puno

La Primera Sala Civil de Puno dispuso que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no puede otorgar ninguna concesión minera, sin que se lleve a cabo un proceso de Consulta Previa a las comunidades campesinas propietarias de los territorios ancestrales sobre las que se superponen estas actividades extractivas, informó Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA), organización miembro de la RED MUQUI.

Esta orden judicial recae directamente sobre el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), que en el futuro no podrá otorgar concesiones mineras, si antes no realiza un proceso de Consulta Previa a las comunidades campesinas que podrían afectadas, de acuerdo al convenio 169 suscrito con la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Cristóbal Yugra, director de DHUMA, indicó que la sentencia indica que, en adelante, se le podrían aplicar restricciones al INGEMMET, en caso no cumpla en aplicar proceso de consulta previa a las concesiones mineras.

“Esta ordena al Ministerio de Energía y Minas, así como al INGEMMET, a no volver a incurrir en la inobservancia del Convenio 169, bajo apremio de aplicar las medidas coercitivas que prevé el artículo 22 del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237), sin perjuicio de las responsabilidades penales que hubiera lugar”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Últimas en enterarse

En este caso, el sector Energía y Minas impuso la actividad minera en Atuncolla, al autorizar la concesión del 100% de los territorios de estas comunidades campesinas, que además nunca fueron notificadas al respecto.

En ese sentido, la Sala Civil de Puno también reconoce que las concesiones mineras se expiden de espaldas a las comunidades campesinas.

«Concesionan territorios comunales de las demandantes, sin que éstas tengan conocimiento alguno y con la mera posibilidad de realizar consulta previa, una vez que la concesionaria de inicio propiamente a la actividad minera de exploración y explotación», refiere la Corte Superior.

Por su parte, DHUMA y el Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL) han insistido en que esta forma de emitir estas concesiones, por parte del INGEMMET, es casi clandestina, con el fin de que las comunidades campesinas no se enteren a tiempo, y no puedan actuar mediante recursos legales, en caso decidan oponerse a la actividad minera.

“Nunca hay una notificación impresa y concreta en el domicilio de la propia comunidad, solo publicaciones a través de avisos en diarios locales que jamás leen los que deberían hacerlo. De tal manera, en los hechos las comunidades campesinas no tienen manera de saber que se ha expedido una concesión, y que hay una concesión en su territorio. Todo ello deja en indefensión y en desprotección el derecho al territorio y a la propiedad de las comunidades campesinas”, asevera tanto DHUMA, como IDL.

Cristóbal Yugra agregó que el INGEMMET no había tomado en cuenta que las comunidades campesinas existentes en Puno tienen un reconocimiento formal, e inscrito en Registros Públicos. Es decir, el MEM ignoró a estas personas, así como a los derechos que los asisten como pueblos indígenas. De esta manera, se violaron los artículos 15 y 16 del Convenio 169, lo cual resulta inconstitucional.

“En uno de sus argumentos de sentencia, la sala señala que el Estado peruano no puede justificar el incumplimiento de los tratados internacionales con leyes internas. Esta sentencia es valiente e histórica en razón de que es la primera sala que se da en Puno, donde el Poder Judicial exige que se cumpla el Convenio 169”, refirió.

Según el artículo 6, inciso 1, del Convenio 169 de la OIT: “Las concesiones mineras deberán ser consultadas si es que se acredita que afectan directamente a las comunidades campesinas”. A ello se suma, que, conforme a la Convención de Viena, el Estado no puede alegar normas de su derecho interno para incumplir tratados internacionales vinculantes y de carácter constitucional, como el Convenio 169.

INGEMMET responde

Por su parte, el INGEMMET se justifica aduciendo que no debe consultarse la emisión de concesiones mineras, ya que la expedición de las mismas no autoriza la realización de exploración; en consecuencia, no afecta a las comunidades campesinas.

No obstante, la Primera Sala Civil de Puno, rebate este argumento al señalar que ello no exonera al Gobierno de realizar la consulta previa con las comunidades afectadas.

Esta sentencia se expidió en el marco de un proceso de amparo presentado por las 11 comunidades campesinas del distrito de Atuncolla (provincia y región de Puno), contra el MEM y su organismo público descentralizado, INGEMMET (Expediente N° 01846-2012).

Poder Judicial puede evitar conflictos socioambientales

Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) enfatizó en que este fallo, evitará que las comunidades opten por medidas de protesta como el aymarazo. Como abogado defensor, destacó que las comunidades han dado un claro ejemplo, sobre cómo este tipo de procesos deben ser resueltos por la instancia judicial.

“Esta resolución demuestra que el Poder Judicial tiene un papel que jugar, en los conflictos socio ambientales, cuando se afectan derechos fundamentales o los tratados internacionales de derechos humanos de rango constitucional. Esto sienta un histórico precedente de protección al territorio ancestral de los pueblos indígenas en el Perú”, remarcó Ruiz Molleda.

DATO:

Comunidades de Atuncolla: Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen de Soledad de la Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico.

Fuente: Justicia Viva / SERVINDI / Ideele Radio / Correo

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

En diversos diarios de Piura y en las redes sociales de la empresa minera china Río Blanco Cooper, apareció un comunicado de la empresa el día 9 y 10 de noviembre, en que dan a entender que sostuvieron una reunión e iniciaron una ruta de diálogo con los ronderos y población de Ayabaca que se oponen al proyecto minero, para lograr fines comunes como la protección del medio ambiente y el desarrollo de las comunidades.

Sin embargo, lo que señalan es falso y es desmentido por un comunicado y videos que ha circulado la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca.

Empresarios chinos irrumpieron en asamblea interna rondera

Lo que en realidad ocurrió el 9 de noviembre, en momentos en que los ronderos de Ayabaca desarrollaban un taller interno en el auditorio del hotel Aypatiq de Ayabaca; es que el gerente de la empresa minera Río Blanco, Du Chengxiang; su traductor; y el director social, Juan Aquino, irrumpieron intempestivamente, sin haber sido invitados, a la reunión ronderil. Al querer imponer su discurso apenas ingresaron, fueron rápidamente invitados a retirarse de la reunión ronderil al tratarse de un evento interno y al no haber sido invitados.

Inmediatamente, al percatarse de la manipulación informativa que estaba realizando la empresa minera en diversos medios; la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca se pronunciaron:

•             La Central Única de Rondas campesinas de Ayabaca Sede Huaycuy y el Colectivo por Ayabaca, denuncian de manera categórica la intromisión de agentes de Rio Blanco a una asamblea organizada por la dirigencia de la ronda , realizada en el auditorio del Hotel Aypatic de la ciudad de Ayabaca.

•             Sin pedir permiso tres integrantes de la empresa minera Río Blanco( el gerente de Rio Blanco, el abogado y un traductor ) de manera desesperada entraron sin respetar la reunión para pretender imponer su discurso y entregar una carta escrita por el gerente de la empresa, demostrando con ello una total falta de respeto a la institución ronderil. Ante su intromisión se les invitó a retirarse y se les pidió respetar la privacidad de un evento gremial.

•             Las organizaciones y la población de Ayabaca rechazamos contundentemente la presencia de la empresa minera Río Blanco quien viene desde hace tiempo corrompiendo y dividiendo a varios dirigentes; engañando con regalos, dinero y prevendas a la población; usando fundaciones como fachadas para ingresar a nuestros territorios.

•             Asimismo rechazamos las aseveraciones hechas por dicha empresa, aludiendo a un supuesto diálogo con la dirigencias ronderiles; ante ello, les decimos que no ha habido ni habrá diálogo con una empresa que no ha respetado la decisión de la población que el año 2007 le dijo NO A LA MINERÍA en una histórica Consulta Vecinal, NO a una empresa que quiere destruir las fuentes de agua de la sierra piurana, NO a quien quiere destruir nuestros páramos y bosques de neblina(nacientes de agua), No a quien ha provocado víctimas y denuncias.

•             Finalmente exigimos a la empresa minera Río Blanco el retiro de sus oficinas clandestinas de Ayabaca, pues los declaramos como no gratos en nuestros territorios.

Pronunciamiento por la Central de Rondas Campesinas de Ayabaca y del Colectivo por Ayabaca.

Llamamos a las Rondas, las comunidades y el pueblo de Ayabaca a mantenerse alerta.

1.- EL día sábado 09 noviembre la Prefecta por Piura Rosa Cuadra Chapililique ha solicitado su presencia en la comunidad de Yanta para tratar diversos temas relacionados con la organización política del estado.
2. Pero lo que la Comunidad de Yanta desconoce , es que tras el fondo del asunto, se esconde la intención de llevar a la gerencia de Río Blanco a dicha Asamblea para que esta encuentre el mecanismo de negociar y convencer a la Asamblea sobre el desarrollo del Proyecto Minero en la comunidad.
3.- Como sabemos, Ayabaca y Huancabamba ya decidimos que No queremos ser una zona minera y la comunidad de Yanta y segunda Cajas se han ratificado en su compromiso de no otorgar la licencia social o el permiso para que ingrese el proyecto minero Río Blanco a sus territorios.
4.- Ante ello llamamos a todas las bases de las Rondas campesinas de la provincia de Ayabaca a formar un cordón de control ronderil, desde donde inicia Ayabaca, hasta la misma comunidad de Yanta , para interceptar y bloquear la intención de estas malas autoridades politicas, como lo es : la prerfecta de Piura Rosa Cuadra Chapililique.
5.- Nos sumamos a la propuesta de la hermana provincia de Huancabamba de declarar a la Prefecta de Piura Rosa Cuadra Chapililique como persona no grata en nuestras provincias.

¡UNIDAD PARA LUCHAR!
¡UNIDAD PARA VENCER!

Atentamente :

Comité central de Rondas Campesinas de la provincia de Ayabaca.
Y el colectivo por Ayabaca.

TÍA MARÍA: LA INVERSIÓN NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

RED MUQUI y la COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional y en particular al Presidente de la República, Martín Vizcarra, para manifestar lo siguiente:

  1. Nuestra profunda preocupación por la resolución del 30 de octubre emitida por el Consejo de Minería, la cual en última instancia administrativa declaró improcedente los recursos de revisión presentados por el Gobierno Regional de Arequipa, la Junta de Usuarios de Riego de Valle de Tambo y la Asociación Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca y Anexos; los cuales buscaban impugnar la resolución del Ministerio de Energía y Minas dada en julio del presente año, mediante la cual se aprobó la Licencia de Construcción de la Planta de Beneficio del Proyecto Tía María. Con esta reciente resolución estaría autorizada la construcción de la Planta de Beneficio.
  2. Esta resolución se emitió pese a que la ciudadanía de Islay se opone a la realización del proyecto porque considera que la actividad minera pone en grave riesgo la existencia del Valle de Tambo debido a la posible afectación de las aguas superficiales y subterráneas y del acuífero que alimenta al río Tambo en un 100% en temporada de estiaje. La poca rigurosidad del EIA aprobado ha sido corroborada por especialistas nacionales y extranjeros.
  3. Además, los temores de la ciudadanía de Islay son alimentados dado los antecedentes de la empresa minera Southern Perú, correspondientes a sus operaciones en Moquegua y Tacna, en donde ha incurrido en 12 infracciones ambientales. A ello se suma, los reclamos de las poblaciones afectadas de México por las actividades del Grupo México, al que pertenece Southern, los cuales se relatan en una carta que dichos afectados hicieran llegar al Presidente Vizcarra.
  4. El gobierno ha anunciado la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sin dejar claro su finalidad y sus efectos jurídicos. Es necesario que se expliquen los alcances de la intervención del OEFA. De lo contrario, puede generarse expectativas que incluso pueden agravar la actual situación de conflictividad.
  5. Consideramos que la insistencia del sector minero y el gremio empresarial con sus agendas para que se tome una decisión de esta naturaleza, constituye un error pues agrava el conflicto social; así como el hecho que el gobierno no haya podido delinear salidas viables que canalicen la preocupación legítima de la ciudadanía de Islay.
  6. Además, es necesario que el proyecto minero no se imponga a la población que podría verse afectada. La empresa Southern debe cumplir con su compromiso ético de contar con la licencia social, y respetar la decisión de la ciudadanía respecto de la actividad minera en su localidad. Igualmente, el gobierno no deber permitir que el proyecto se imponga. En consecuencia, utilizar la fuerza pública y la cuestionada norma de los activos críticos con este propósito es un grave error y contraviene el Estado de Derecho Constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. Cabe recordar que en setiembre del 2009 se realizó una consulta vecinal en la que más del 90% de la ciudadanía de Islay rechazó la minería en su territorio.
  7. El caso Tía María da cuenta de las debilidades de nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental ya que se le ha dado viabilidad ambiental a un proyecto que podría poner en riesgo uno de los pocos valles costeros exitosos existentes en la costa peruana.
  8. En ese sentido, es importante recordar que nuestro país solo tiene el 6% de sus tierras aptas para actividades agrícolas, por lo que estas tierras deben estar protegidas a fin de garantizar la seguridad alimentaria, nuestras exportaciones agropecuarias y nuestro lugar como país líder en la gastronomía mundial.
  9. Por lo tanto, la discusión de una nueva ley general de minería, la revisión de la legislación minera y minero ambiental en general y de la ley de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, es una necesidad en términos de alcanzar un desarrollo diversificado y garantizar los derechos de las personas en Islay y en todo el Perú.

Finalmente, pese a la decisión del Consejo de Minería consideramos que el gobierno del Presidente Vizcarra tiene el enorme desafío de recuperar su rol garante de derechos, y encontrar una salida pacífica y definitiva a un conflicto que lleva ya más de 10 años sin resolverse y de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en Islay, entre ellos el de decidir cuál es su proyecto de vida y desarrollo.

En medio de las protestas en el Valle de Tambo, que volvió a paralizar todas sus actividades desde el sábado 26; más de 15 organizaciones y movimientos de México hicieron llegar una carta a Vizcarra el lunes 28 de octubre a través de Red Muqui y uno de los voceros de valle de Tambo, Mario Chirapo, que entregó la carta a Mesa de Partes de la presidencia de la República. A través de las redes sociales como Twitter, las organizaciones mexicanas también se dirigieron al presidente, haciendo pública la carta.

En días en que el Consejo de Minería debe definir la viabilidad de la construcción del proyecto Tía María operado por la Corporación Southern, del que el Grupo México es el accionista mayoritario; las organizaciones mexicanas exhortan al presidente Vizcarra a que no otorgue ninguna licencia a la empresa Southern debido al actuar “criminal” del Grupo México en su país. Dos ejemplos claros que señalan en la carta son:

  • “El derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocurrido en 2014 que afectó a 22 mil personas quienes, a cinco años del peor desastre ambiental minero, reconocido por el mismo gobierno mexicano, siguen exigiendo justicia y reparación por los daños causados a la salud, al medio ambiente y al agua contaminada con metales pesados”.
  • “En el 2006, 65 trabajadores murieron al quedar atrapados tras una explosión resultado de la acumulación de gas metano en la mina Pasta de Conchos, operada por Grupo México, que tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. Apenas este año, en respuesta a la demanda continuada de las familias de los mineros, y luego de que el caso fuera admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018, el Ejecutivo dispuso acciones que se espera conduzcan al rescate de los restos de los trabajadores que la empresa se ha opuesto a recuperar todos estos años”.

La carta finaliza expresando la solidaridad con el pueblo del valle de Tambo, “ante un conflicto violento que ya ha cobrado nueve vidas y dejado decenas de lesionados, además de conducir a la criminalización de personas que únicamente están defendiendo sus derechos humanos.

Descargar la carta completa (versión PDF)


Valle de Tambo articula fuerzas en Lima

Mario Chirapo, uno de los voceros de valle de Tambo, además de entregar la carta de las organizaciones mexicanas a la presidencia de la República, también participó de un Foro el viernes 25 en la universidad San Marcos, en el que hizo un balance de los 11 años de resistencia del valle frente a la imposición del proyecto minero Tía María.

Asimismo, el sábado y domingo participó del 1er Encuentro Sindical Popular organizado por el Comité de Lucha Sindical y Popular, en el que articuló alianzas con organizaciones estudiantiles, sindicales y barriales, con el objetivo de impulsar acciones de solidaridad con la lucha del valle de Tambo.

El lunes participó, también, del plantón organizado por el recién formado Comité de Solidaridad Sindical y Popular de Lima con el valle de Tambo, que se llevó a cabo desde las 6pm en plaza San Martín, en el que la Federación Textil, el Sindicato de Trabajadores de Limpieza (SITOBUR), entre otros sindicatos, y colectivos barriales y vecinos y vecinas de Lima mostraron su solidaridad con la lucha del pueblo de valle de Tambo y se comprometieron a continuar acciones de solidaridad con las comunidades que resisten a la imposición extractivista en sus territorios.

NODO PERÚ – RED LATINOAMERICANA IGLESIAS Y MINERÍA[1]

“Necesitamos un cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería[2]

La actividad minera abarca en concesiones el 14% del territorio nacional, y ha aportado en los últimos años el 9% del PBI y un porcentaje importante de las exportaciones, siendo por decisión política cimiento importante de la economía en el Perú, en base a los precios de los minerales a nivel internacional.

Sin embargo, también en éstos años ha sido la minería la generadora de la mayor cantidad de conflictos sociales, representando el 65% de los conflictos socio ambientales en el país, los que en particular afectan a las comunidades campesinas de nuestra región andina y costera, cuyos territorios han sido concesionados en un 35% para la actividad minera.

La imposición de decisiones sobre actividad minera en el Perú, sin mecanismos adecuados de participación ciudadana y consulta previa a nuestros pueblos originarios, ni una institucionalidad sólida que garantice aprobación rigurosa de estudios ambientales ni una fiscalización adecuada de las operaciones, han generado en su mayor parte los conflictos socio ambientales, que son abordados por el Estado con procesos de “dialogo” que buscan facilitar las actividades antes de “escuchar”, o que generan acuerdos que no son cumplidos, propiciando la indignación de la personas que no encuentran como canalizar sus demandas, y ante sus justas protestas encuentran la represión y la criminalización de la protesta social.

Según la Mesa Técnica de “Políticas de Atención y Prevención Integral de Salud de afectados por metales tóxicos asociados a minería e hidrocarburos”[3], más de 7 mil personas se encuentran contaminadas por metales tóxicos en nuestro país, en particular por los pasivos ambientales mineros generados por las operaciones que vienen afectando agua, aire y suelos, contaminando además la producción actividades económicas fundamentales para nuestra alimentación, como la agricultura familiar.

Nuestras Iglesias no son ajenas “al mirar a través de los ojos de los pobres y de los que sufren”, como citan los Obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), y “llama a las Iglesias y a la sociedad a escuchar el clamor de la gente que sufre y las heridas causadas a la naturaleza misma, sobre-consumida y sub valorizada por la economía global actual”, “que permite un sistema económico injusto defendido y protegido mediante la fuerza política y militar.[4]”.

Al respecto la Confesión de Accra de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas incide en que “El interés codicioso de explotar la Madre Tierra hasta la última gota lleva a transformar drásticamente los paisajes, talando bosques, desviando ríos, trazando carreteras, destruyendo la capa vegetal, y en fin, generando una serie de impactos que merecen ser sometidos a evaluación desde el punto de vista ético y moral en diálogo con las ciencias”[5].

Es por ello que nuestras Iglesias se han unido al llamado de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería para conformar un Nodo Perú, con el fin de “reflexionar, compartir, celebrar y generar caminos que nos permitan, en fidelidad al evangelio de Jesucristo, acompañar a los pueblos que se sienten amenazados y condenados a la destrucción de sus medios de vida y a la negación de un futuro digno, en abierta contradicción y tensión del proyecto de vida proclamado por la visión cristiana del mundo”.

Hombres y mujeres de fe, Obispos, Presbíteros, diáconos, pastores/as, consagrados/as, laicos/as, equipos de pastoral, comunidades religiosas, grupos de reflexión teológica, centros de evangelización, conformamos éste esfuerzo de articulación con un desafío común: responder a los impactos y violaciones de los derechos socio ambientales provocados por las empresas mineras, nuestros Estados y los Estados de origen de las empresas, en los territorios donde vivimos y trabajamos.

Es fundamental para nuestro objetivo el recuperar la mirada de Jesucristo, que contempla todo lo creado con “una mirada integral e integradora de todos los aspectos[6]” que reconoce a la personas como parte integrante de la naturaleza, “esa es la perspectiva de la ecología integral a la que Papa Francisco nos convoca en la Encíclica Laudato Sí, invitándonos a tener los mismos sentimientos de Jesucristo”[7].

Cuestionamos el papel que hoy en día juega la llamada “teología de la prosperidad”, que impone la idea de que hay que aprovechar los recursos naturales que tenemos, para lograr el bienestar financiero y físico a través de la riqueza material propia, afianzando la economía de mercado. Una perspectiva antropocéntrica de la “felicidad”, que genera un grave impacto en la búsqueda del bien común, que plantea la Doctrina Social de la Iglesia, y que nos encamina hacia la autodestrucción de nuestra “casa común”. La crisis ecológica que vivimos, nos exige, “un llamado a una profunda conversión interior[8]”, que exige una verdadera “conversión ecológica” de nuestras propias Iglesias que se han distanciado del proyecto creador de Dios, para impulsar un cambio de paradigmas, un nueva forma de vida, rescatar la esencia del “ser cristiano hoy” como “signo de contradicción”.

“La integridad de nuestra fe corre peligro si guardamos silencio o nos negamos a actuar frente a sistema actual de globalización económica neoliberal”[9], nos dice la Confesión de Accra.

Consideramos que un rol central en la “conversión de la iglesia” y de lograr una iglesia “en salida” está en las generaciones, es decir en las y los jóvenes. ” Por eso los temas de las generaciones, de sus relaciones y de la promoción de los jóvenes no es accesorio sino central en la revelación. Si la Iglesia no lo hubiera tenido en cuenta, la fe no habría llegado a ninguno de nosotros”[10].

Finalmente, como ha expresado Papa Francisco a los Movimientos Populares en Bolivia, “el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción éste proceso de cambio[11]

El Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, se presenta públicamente para unificar a nuestras Iglesias en torno a la defensa de la casa común, en “la perspectiva de una cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería”[12], y con la búsqueda del verdadero bien común, como vivían nuestras comunidades cristianas, como nuestros pueblos originarios lo hacen, poniéndolo todo en común.

 


[1] Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS/ RED MUQUI – Perú/Instituto Bartolomé de las Casas – IBC/Red Uniendo Manos Perú/Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos – PCUSA/Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno/Asociación Marianista de Acción Social – AMAS – Otuzco/Parroquia de San Mateo – Diócesis de Chosica/Derechos Humanos sin Fronteras – Cusco/Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES/Proyecto Amigo – Huamachuco/Pastoral Social – Vicariato Apostólico San Francisco Javier – Jaén/Campaña Evangélica Renovemos Nuestro Mundo/Comisión DDHH y JPIC – Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú – CONFER/Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú/Iglesia Evangélica Pentecostal/Comisión Justicia y Paz – Diócesis de Chimbote/Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado/Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP/Federazione Organismi Cristtani Servizio Internazionale Volontario – FOCSIV

[2] Mensaje de Papa Francisco en Encuentro “Minería para el bien común” – Roma, 03 de mayo 2019.

[3] Conformada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del disuelto Congreso de la República.

[4] Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la Economía y en la Tierra. Accra, Ghana 2004.

[5] Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM. Carta Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano: Discípulos misioneros custodios de la casa común. Discernimiento a la luz de la Encíclica Laudato Sí (DMCCC). Bogotá, Enero 2018. N° 11.

[6]Carta Encíclica “Laudato Sí, sobre el cuidado de la Casa Común” (LS). Papa Francisco. Vaticano, Mayo 2015. N° 141

[7] Mensaje del Encuentro Macro Regional Norte “Desafíos de la Pastoral Social a 4 años de Laudato Sí. Perspectivas para los bienes de la creación y nuestra casa común”. Chiclayo, Agosto 2019.

[8] Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM. Carta Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano: Discípulos misioneros custodios de la casa común. Discernimiento a la luz de la Encíclica Laudato Sí (DMCCC). Bogotá, Enero 2018. N° 6

[9] Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la Economía y en la Tierra. Accra, Ghana 2004.

[10] Castillo, Carlos. “Ser cristiano entre dos milenios: Hacia una teología de la regeneración”. Lima, 2000-2001. En Debates en Sociología N° 25-26. P. 47.

[11] Mensaje de Papa Francisco en el Segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Julio 2015

[12] Mensaje de Papa Francisco en Encuentro “Minería para el bien común” – Roma, 03 de mayo 2019.

En un contexto de conflictividad social en nuestro país a raíz del desarrollo de proyectos mineros en diversas regiones y el impacto ambiental y social que genera, las iglesias en diferentes localidades han jugado un rol de acompañamiento a las comunidades y poblaciones en la promoción y defensa de sus derechos, siguiendo el mensaje del Papa Francisco a través de la encíclica “Laudato Sí” y de los obispos de Latinoamérica en su carta pastoral “Discípulos Misioneros Custodios de la Casa Común”.

Ante esta situación, la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, que tiene como desafío común: “responder articuladamente a los impactos y violaciones de los derechos socioambientales provocados por las empresas mineras y los Estados, en los territorios en los que vivimos y trabajamos”; ha impulsado la conformación del Nodo Perú, que la integran 14 instituciones entre colectivos y redes de iglesias católicas y evangélicas, congregaciones religiosas, oficinas de pastoral social e instituciones vinculadas a diversas iglesias.

En ese sentido, el lanzamiento del Nodo Perú de Iglesias y Minería se realizará a través del Foro: Iglesias y Minería en el Perú: Desafíos para el cuidado de nuestra casa común, a realizarse el miércoles 23 de octubre a las 5:00 p.m. en el Auditorio de la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú – CONFER, ubicado en Jr. José Wagner 2561 (ex Torre Tagle), Pueblo Libre.

El Foro contará con invitados nacionales e internacionales y abordará el rol de nuestras Iglesias frente a lo social, la minería y el cuidado de la casa común.

Esperamos contar con su gentil asistencia.