Porque somos territorios-vida nuestra lucha es contra el patriarcado y el capitalismo extractivista

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Por: Nury García, directora del Proyecto Amigo y miembro del Consejo Directivo de la Red Muqui

El 8 de marzo es un día más de movilización militante, en que expresamos una posición política de denuncia respecto del modo en que las mujeres seguimos siendo explotadas, oprimidas, violentadas y asesinadas por el sistema de dominación patriarcal. Al mismo tiempo, es un día de reafirmación y acuerdamiento en nuestras apuestas de transformación de las relaciones sociales, en que la recuperación del vínculo vital con la naturaleza es tan urgente como necesario. Esto implica reconocer que somos territorios-vida, que somos parte de una misma raíz con la naturaleza; que el aire, el agua, la tierra no tienen dueños; que no somos cosas, menos mercancías.

La defensa de los territorios-vida nos reta a conjugar diversas resistencias contra el entramado del patriarcado y el capitalismo extractivista y colonial, como lo es la megaminería, que arrasa con millones de vidas explotadas o negadas, que solo porta muerte. El extractivismo y el feminicidio se necesitan para invadir, despojar, destruir, oprimir, y contaminar la vida toda. El orden social imperante explota no solo el trabajo, sino la naturaleza, los bienes comunes, los territorios y los cuerpos de las mujeres. Para reproducirse necesita que perdamos las posibilidades de autonomía, de soberanía y subsistencia de los pueblos, la convivencia comunitaria y la osadía de soñar otros mundos posibles, plenamente humanos, poniendo el cuidado de la vida en el centro.

La violencia sobre los cuerpos feminizados y la violencia sobre los territorios es simultánea, no hay una sin la otra. No puede haber jerarquías porque la lucha es una sola. Como nos enseñan las hermanas del movimiento indígena: el ecocidio, el feminicidio y el epistemicidio, son parte de una misma matriz civilizatoria que es “terricida”. Bastaría con escuchar a los 10 millones de personas afectadas con metales tóxicos, a las compañeras defensoras asesinadas, a las huérfanas de dignidad y deseo de futuro.

Hay un reto en este día de memoria de nuestras luchadoras, compañeras guerreras, revolucionarias: aproximarnos y reforzar los lazos con los movimientos de resistencia que intentan y logran ir más allá de la denuncia sobre las injusticias de género y las injusticias ambientales y buscan una transformación radical, abordar sus causas, aquello que permite la reproducción de un sistema cuyo único objetivo es la ganancia y bienestar de unos a costa de la muerte hasta el planeta mismo. Desafío, entonces, el de conjugar nuestro horizonte y caminar emancipatorio por la sostenibilidad de la vida; la defensa de nuestros cuerpo-territorios; el cuidado de la casa común; y la ética del don, de la reciprocidad y solidaridad.

Por eso, hoy es un día más de lucha, el de las mujeres trabajadoras, campesinas, indígenas y de los movimientos de la Tierra que florece (Abya Yala). Desde tiempos ancestrales somos aire, agua, tierra, sol y luna; y vamos sembrando y pariendo territorios, la vida, los ríos, las montañas, las retamas y cantutas. Desde siempre, y hoy también, seguimos siendo Cañi, Comunidad.

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Comunidad de Accomarca expone problemática por la minería informal en la Comisión de Pueblos del Congreso

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Representantes de la Comunidad Campesina de Accomarca, provincia de Vilcashuamán, región de Ayacucho, con el acompañamiento técnico y legal de la Red Muqui, se reunieron con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) para exponer la problemática ambiental que enfrentan debido a la presencia de la minería informal en su territorio.

Desde el año 2020, el operador minero Ismael Medina explota sulfuro de cobre dentro de los límites de la comunidad, zonas de Chamana y Pichuscucho, y cerca al río Pampas a pesar de no contar con el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), documento que es aprobado por la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho.

Tampoco tiene la licencia social de los habitantes Accomarca, quienes han rechazado públicamente cualquier tipo de minería que pone en riesgo sus formas y medio de vida a causa de la contaminación ambiental y sonora. El cultivo de palta y frutales diversos es una de las actividades económicas más importantes en el territorio comunal, cuyo recuerdo yace el 14 de agosto de 1985, fecha conmemorativa de una de las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno donde fueron asesinados más de 70 comuneros.

La operación minera se encuentra paralizada temporalmente, pero esta situación mantiene bajo tensión a la comunidad, cuya directiva ha sido denunciada por el minero informal Ismael Medina por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de daños, cuando decidieron en asamblea general decomisar las herramientas de este productor minero y el desalojo del campamento en septiembre del año pasado. La decisión de la comunidad se originó a raíz de la Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, que ordenó la paralización temporal de la actividad minera en la zona denominada Chamana por incumplimiento de compromisos ambientales.

Así pues, el último lunes, lograron reunirse con la presidente de la CPAAAAE del Congreso de la República, Ruth Luque, a quien le solicitaron que apoye en sus demandas dirigidas en gran parte al Gobierno Regional de Ayacucho que puede solucionar esta problemática.

1. Paralización definitiva de la operación minera debido a la contaminación del río y el conflicto socioambiental que se ha generado entre la comunidad e Ismael Medina.
2. Monitoreo de la calidad del agua del río Pampas y suelos agrícolas para determinar si hay presencia de metales tóxicos.
3. Cumplimiento de la Sentencia 310/2023, donde se exhorta que el Congreso de la República, Ministerio de Energía y Minas, y Ministerio de Cultura puedan adecuar su normativa y así generar una participación ciudadana intercultural en el sector minero, puesto que la comunidad desconocía de la existencia de 8 concesiones tituladas en la zona, mediante la cual se permite la entrada de minería artesanal y pequeña minería.
4. Sesión de trabajo conjunta con la Comisión de Energía y Minas y entidades estatales vinculadas a la problemática.

La parlamentaria se comprometió en solicitar a las autoridades competentes que realicen monitoreo en la salud de la población y calidad de agua, debido a que, desde los inicios de la operación minera, no hubo un adecuado almacenamiento de desechos y otros materiales tóxicos. Además, realizará acciones de articulación con la Comisión de Energía y Minas para atender esta urgente problemática de la minería informal e ilegal.

A esta reunión también participó el congresista Isaac Mita y su asesor. Ambos pidieron información formal a la Red Muqui para que plantee acciones complementarias de incidencia y control político.

Los representantes de la comunidad integrada por el regidor distrital Javier Baldeón Palacios y los dirigentes Zosimo Sulca Quispe, presidente de la comunidad de Accomarca; así también Obdulia Janampa, presidente de la Asociación de Hijos e Hijas de Comuneros de Accomarca (AHIDA) en Lima y Emiliano Quispe, exdirectivo de la AHIDA, expresaron que cualquier tipo de minería atenta contra la salud y el medio ambiente, por lo que exigen la paralización definitiva de la operación minera y la nulidad de las concesiones mineras que se superponen a su territorio.

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Comunidades y poblaciones afectadas por Antamina se unen para rechazar la ampliación de operación minera

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Las comunidades y poblaciones que se encuentran impactadas por las operaciones de la empresa minera Antamina y que se ubican tanto alrededor de la explotación de los minerales en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, como en las cercanías de la terminal del mineroducto donde se descargan los concentrados en Puerto Huarmey, en la provincia de Huarmey en Ancash, se están organizando y preparan diferentes medidas para rechazar la ampliación en el tiempo de explotación y en el volumen de extracción de minerales que la empresa está autorizada de realizar. Consecuencia de la aprobación otorgada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) a la solicitud de Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que había presentado la empresa en 2022.

De tal manera, que en las semanas pasadas dirigentes y representantes de San Marcos y otros distritos de la provincia de Huari en Ancash y de las poblaciones de Puerto y ciudad de Huarmey han establecido una alianza de los territorios que son área de influencia, esencialmente por la contaminación y otros impactos ambientales y a la salud que genera Antamina. Así lo ha dado a conocer la directora del instituto Natura, María Elena Foronda en entrevista con Red Muqui.

Uno de los primeros pasos de esta unión consiste en presentar acciones legales para impugnar el proceso de aprobación del MEIA, ya que las comunidades campesinas no participaron de procesos de consulta previa, libre e informada como es su derecho por mandato legal.

Es el caso de la comunidad campesina de Huaripampa, ubicada en el distrito de San Marcos, que ha expresado su rotundo rechazo a la aprobación del MEIA de la empresa minera. Su presidente, Darwin Ariza Brioso, denunció al medio Huaraz Noticias que Antamina no tuvo la voluntad de socializar la MEIA con la comunidad, como lo exige la ley. “Nos enteramos de la aprobación del estudio por la prensa”, declaró el dirigente.

La comunidad teme que la expansión de las operaciones de Antamina genere una mayor contaminación ambiental en la zona. “Huaripampa colinda con la minera por más de 13 kilómetros, donde se encuentra su relave minero, el cual seguramente será ampliado”, mencionó Ariza. “Esto pone en riesgo la salud de nuestra población y el medio ambiente”, agregó.

MEIA observada con serios fundamentos técnicos

La propia Municipalidad Distrital de San Marcos en Ancash le hizo llegar al Senace, ente estatal encargado de la aprobación de la modificatoria, múltiples y graves observaciones al estudio que presentó la empresa. Observaciones basadas en un estudio que realizó la Red Muqui y fueron dadas a conocer en septiembre de 2022. Este contiene una serie de advertencias sobre esta modificatoria, que deja incontables cuestiones sin respuesta y que tienen que ver con temas tan sensibles como deficientes o inexistentes estudios hidrológicos e hidrogeológicos.

Entre las observaciones compartidas con Senace, los especialistas del área socioambiental de la organización de defensa de derechos humanos concluyen que el estudio hidrogeológico realizado por la empresa minera Antamina es insuficiente y hasta inconsistente. Esto porque no se profundiza en los verdaderos impactos que se producirían sobre las aguas superficiales y subterráneas por la eventual perturbación de flujos de agua en calidad y cantidad; es decir, por contaminación o por uso para sus operaciones mineras.

A propósito de contaminación destacan los diversos informes, realizadas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que coinciden en los hallazgos de metales pesados que superan los estándares de calidad ambiental en los principales cuerpos de agua superficial (Laguna de Pajuscocha, río Carash, río Juprog, el río Mosna y otros). Son precisamente los derrames de sedimentos mineros, la emisión de partículas, el vertimiento de aguas industriales entre otros proveniente de las operaciones mineras las probables causas que ponen en riesgo la salud de la población, de los animales y los cultivos.

Impactos perniciosos que no solo han experimentado las comunidades en el radio de operaciones de la extracción de los minerales, sino en forma severa también la población de Huarmey y el puerto del mismo nombre, donde termina el mineroducto que transporta cobre y otros metales de sus yacimientos en Yanacancha ubicados a 304 kilómetros en la cordillera de Ancash. Denuncian que desde que se instaló el terminal del ducto en Puerto Punta de Lobitos, hasta hace 22 años, la mejor zona de captura de peces, aparecieron numerosos casos de cáncer en la población que se encuentran claramente por sobre la media nacional.

En noviembre pasado una delegación del distrito estuvo en Lima para denunciar los casos de varias docenas de personas, la mayoría niños, cuyos exámenes de sangre y de orina han arrojado valores de plomo y arsénico de hasta 30 veces por encima de los máximos considerados permisibles por el Ministerio de Salud (Minsa). Pendiente de otros estudios está probar la causalidad de la presencia inusualmente alta de estos metales pesados y la actividad minera.

Antecedentes graves y proyecciones preocupantes

De lo que sí hay evidencia es una larga lista de perjuicios que han ocurrido desde que se instaló en 2002 la que es considerada una de las mayores explotaciones de cobre y zinc del mundo y que con la aprobación que le ha otorgado Senace extiende el plazo de explotación, previsto hasta 2028 según los planes previos, hasta 2036 y que le permite el incremento en la producción de cobre desde los actuales 175 mil toneladas a 208 mil toneladas a partir de 2028.

Volviendo a la MEIA, los expertos de Muqui sostienen que, desde una visión ecosistémica e integral, sus autores (Antamina) deberían reconocer que el referido incremento de las operaciones transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, que harían desaparecer varias lagunas y ecosistemas frágiles y fragmentarían los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serían afectados de manera irreversible. Sin mencionar que, la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental no ha considerado los impactos futuros del cambio climático en la disponibilidad de los recursos hídricos.

Son todos antecedentes que la alianza de comunidades y poblaciones afectadas por esta empresa minera, desean compartir con los copropietarios de esta empresa, específicamente el consorcio Glencore, el tercer mayor conglomerado minero a nivel global y dueño del 30 por ciento de las acciones de Antamina. Quieren alertar ante la opinión pública en los apacibles parajes alpinos en Suiza, donde se ubica su sede central y aprovechar de reunirse con diversas relatorías de Naciones Unidas, entre ellas aquella instancia de la ONU dedicada a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Por ello, actualmente se encuentran en campaña para poder reunir los fondos y poder enviar a representantes de las comunidades a Ginebra. Esperan que a nivel internacional haya mayor comprensión y empatía con los daños causados por esta empresa, algo que al parecer al Estado peruano y sus organismos de fiscalización como Senace ha dejado hasta ahora indiferente.

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Multitudinaria marcha en Jaén – Cajamarca en rechazo de la minería ilegal y legal que ponen en riesgo cabeceras de cuenca y formas de vida

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Una multitudinaria movilización se realizó esta mañana en Jaén – Cajamarca en respaldo a las rondas campesinas de Colasay que defienden el medio ambiente frente a las actividades mineras. Esta respuesta colectiva ocurre a semanas de registrarse el ataque sistemático de mineros ilegales a la Nación Wampis, Amazonas, y de la reaparición de bandas criminales en Huamachuco, La Libertad.

Impactos de las concesiones mineras

En Colasay, ubicado en la provincia de Jaén, Cajamarca, se han otorgado seis concesiones mineras, cinco a la empresa Barrick y una a la empresa Fresnillo Perú, las cuales se encuentran ubicadas en las cabeceras de cuenca y ocupan más de 5 mil hectáreas (área de influencia directa). En este mismo lugar están asentados más de 20 caseríos que temen ser desplazados de su propio territorio.

Según el asesor legal de las rondas campesinas del distrito, Josué Núñez Barboza, las concesiones mineras fueron otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a través del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) en 2022 a Barrick y al año siguiente a Fresnillo Perú. “La población se enteró de la autorización cuando llegaron personas de la mina al distrito”. agregó.

Foto: Mujeres también lideran la lucha por el agua y medio ambiente.

Consulta previa

El artículo 1 de la Ley de Rondas Campesinas Nº 27908 indica que “los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca”.

Desde la óptica del abogado, “si bien las rondas campesinas no son pueblos indígenas, gozan de los mismos derechos de los pueblos indígenas”. Uno de ellos es el derecho a ser consultados previamente en medidas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Por ello, el derecho a la consulta previa también lo es para las rondas campesinas de Colasay que enfrentan la imposición de proyectos mineros.

Sin embargo, ambas empresas mineras tendrían que iniciar la etapa de exploración (principalmente) de oro, una vez tengan la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental, situación que aparentemente no ha ocurrido hasta el momento.

Foto: La consigna es agua Sí, mina No.

Resistencia colectiva

Estos proyectos ponen en riesgo las dinámicas sociales, culturales, económicas y ambientales preexistentes.

El presidente de las rondas campesinas del distrito, Omar Asenjo Lozano, advirtió de los impactos que pueden generarse y por los cuales la defensa del medio ambiente es contundente. “La destrucción de bosques, el agua, la ganadería, agricultura, y flora y fauna. Colasay es una de las cordilleras que tiene el árbol de la quina, patrimonio del Perú. Hay un ave que está en peligro de extinción, nosotros lo llamamos ‘tucán’”, explicó Asenjo.

A diferencia del oro, el valor de los recursos naturales es inmensurable: los colchones acuíferos y quebradas afluentes de los ríos Huayllabamba, Chamaya, Marañón; los cultivos de café, maíz, papa, menestras; las extensiones de pasto y miles de cabeza de ganado fuente de alimento e ingresos económicos.

Foto: Eligen la protección de las cabeceras de cuenca, la ganadería, agricultura y el territorio comunal en lugar de la minería.

En otras provincias de Cajamarca también se encuentran proyectos de exploración: La Zanja, Shahuindo. Yanacocha y Colpayoc. En regiones como Amazonas (Chachapoyas, Bagua, Condorcanqui), Piura (Ayabaca y Huancabamba, Tambogrande) y provincias de Cajamarca (Cutervo, San Ignacio, Chota) luchan contra la mismo, igual las Naciones Awajún y Wampis.

Foto: Representantes de pueblos indígenas en la movilización.

Por tanto, a la masiva marcha en Jaén también se sumaron diferentes federaciones de rondas campesinas, organizaciones sociales, pueblo Awajún, colectivos, población local de dichas regiones y otros lugares, y algunas autoridades del gobierno local para exigir al Gobierno respetar las decisiones de las comunidades de no permitir el ingreso de la minería así sea legal o ilegal. El Vicariato de Jaén, la Diócesis de Chachapoyas, la Diócesis de Chulucanas, la Comisión Episcopal de Acción Social, la Red Muqui y REDAD de Piura apoyaron y participaron en esta acción pública.

Foto: Monseñor Alfredo Vizcarra, obispo del Vicariato Apostólico de Jaén dirigiéndose al público.

El obispo del Vicariato Apostólico de Jaén, monseñor Alfredo Vizcarra, también se pronunció sobre el proyecto minero Río Blanco que amenaza los páramos, bosques de neblina y los modos de vida de la población de Huancabamba y Ayabaca, Piura, puesto que se debe respetar la voluntad de los pueblos a decidir el desarrollo que prefieren en su territorio, mas no imponerles actividades extractivas.

Minería ilegal

Pero la consigna de lucha no es únicamente contra la minería grande, sino contra la mediana, artesanal e ilegal. El 18 del corriente, mediante un comunicado, el Vicariato de Jaén manifestó su preocupación por el ataque sistemático que viene sufriendo la Nación Wampis a manos de mineros ilegales, así también solicitó a las autoridades realizar acciones para garantizar la paz social, el respeto de los DD.HH. y cuidado del territorio.

La minería ilegal se ha extendido al distrito de Chontalí, vecino de Colasay. Las rondas campesinas realizaron a fines de enero una movilización para manifestarse frente a esta problemática social que amerita acciones urgentes y oportunas por parte del Gobierno.

Mientras tanto, el titular del Minem, Rómulo Mucho, ha evidenciado su interés en reproducir la puerta giratoria entre el sector público y la empresa privada, antes que atender una demanda legítima de la sociedad civil organizada.

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Tia María: Ilegitimidad e inviabilidad de un Proyecto Minero

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José Antonio Lapa Romero, sociólogo e investigador en temas de comunidades, minería y conflictos sociales.

En el Valle de Tambo no son pocos, es la casi totalidad de ciudadanos y ciudadanas que ha manifestado que no quiere la actividad minera, posición que ha mantenido durante casi seis gobiernos democráticos y autoritarios, es decir, es un proyecto que no tiene legitimidad. La primera razón es política vinculada a la libertad que tienen los ciudadanos a decidir sobre sus vidas. En efecto, en la consulta popular del 2009 el 96 por ciento de la población manifestó su rechazo a la actividad minera; en el 2019, diez años después, el 70 por ciento manifestó que no quería la minería en una encuesta realizada por universidades de Arequipa a pedido del gobierno central -resultados que fueron cuestionados por sus contratantes porque no encontraron los resultados favorables que esperaban respecto al proyecto.

El inamovible rechazo ciudadano por más de 15 años ha llevado a una permanente movilización y protesta de los pequeños productores, jornaleros agrícolas y otros sectores, y a una permanente respuesta violenta, represiva y criminalizadora por parte del Estado que ha declarado en sucesivos momentos estados de emergencia y ha desplazado cientos de policías, aparatos de inteligencia, militares y funcionarios del sistema de justicia, como en los conflictos del 2011, 2015, 2019 y 2020. Mientras que la propietaria del proyecto, Southern Copper Perú ha desplegado permanentes acciones, por un lado, de clientelismo y asistencialismo minero ofreciendo empleos temporales, abono, maquinaria agrícola, atención médica gratuita, regalos por el día de la madre y navidad, aniversarios de instituciones, construcción de paraderos, defensas ribereñas, y un largo etcétera. Por otra parte, ha desplegado una estrategia basada en el financiamiento de proyectos a través de obras por impuestos, mecanismo ampliamente usado para legitimar la inversión privada; sumado a cooptación y fragmentación social, creando colectivos que responden a sus intereses, buscando capturar y fracturar las juntas de regantes, influenciando en las elecciones municipales y capturando medios de comunicación y comunicadores a sueldo para crear opinión favorable al proyecto. Estos mecanismos hasta ahora han fallado en el Valle de Tambo, cuyos habitantes han negado la licencia social, lo que ha llevado a Southern a deslegitimar a la inamovible mayoría como “antimineros” “antidesarrollo”, “terroristas mineros” y los ha calificado como la oposición de unos pocos, inventándose, claro está, una supuesta mayoría social que apoyaría el proyecto, ideas recogidas por los medios aliados de la empresa y el gobierno siempre alineado con los intereses empresariales.

La segunda razón de esta inamovible mayoría es la razón económica vinculada a la libertad que tienen los ciudadanos a decidir su desarrollo. En efecto, en el Valle de Tambo más de 20 mil familias están articuladas a la dinámica económica agraria que involucra a 5 mil propietarios, 12 mil conductores de chacra (propietarios y arrendatarios) y 15 mil jornaleros. Agricultura que se desarrolla en 12 mil hectáreas; y a la que se suman la dinámica de la pesca en el mar, la crianza de camarones en el río y el turismo durante el período estival. Esta fuerte estructuración económica y social es la que ha dado base y capacidad de movilización y defensa de un modelo de sociedad que ha vivido por cientos de años sin minería y que busca seguir siendo fuente de vida por la diversidad de alimentos que produce, por los niveles de bienestar que genera a sus ciudadanos y por la sostenibilidad que significa el uso de la tierra para la agricultura. En contraste la explotación minera significaría la contaminación del valle, la depreciación de las tierras, el encarecimiento de la mano de obra y el deterioro progresivo de la salud y los medios de vida.

La tercera razón es la de derechos humanos. La actuación del aparato coercitivo a favor del capital minero en los conflictos y la privatización del uso de la fuerza pública ha dejado nueve fallecidos, más de 400 heridos, miles de agredidos, decenas de procesados y encarcelados injustamente. Mientras que las víctimas no han sido reparados ni atendidos, por el contrario, la impunidad ha imperado, mostrándose una eficacia selectiva del sistema de justicia que se evidencia en el encarcelamiento de exdirigentes que han representado los intereses del valle y que al mismo tiempo mantiene en la impunidad a los integrantes de las fuerzas del orden que han cometido crímenes contra civiles.

No obstante, el reciente cambio de ministro en el sector minero, ha puesto, mediante declaraciones del propio Rómulo Mucho, en el escenario público la supuesta necesidad del proyecto minero Tía María y otros. Sin embargo, más allá del entusiasmo del actual ministro, este proyecto, además de ser inviable socialmente, es inviable políticamente porque se inscribe en un escenario de un gobierno sin mayor legitimidad social y responsable de crímenes de lesa humanidad y violatorio de derechos humanos, que tendría que hacer uso de la fuerza para imponer un proyecto ilegítimo y para el cual Southern tiene millones de razones para no abandonar. Ahora, si bien es cierto que el ministro es un funcionario que agrada al gremio minero y podría impulsar proyectos en tiempos de recesión y déficit fiscal, promueve ante la opinión pública un proyecto que sabe que es inviable, pero que es funcional a su propio juego político de asegurar consultorías, cartera de clientes y/o un puesto gerencial en mundo minero. Lo que reproduce la puerta giratoria tan extendida en el sector, porque la institucionalidad estatal minera es desde hace décadas un incondicional promotor y relacionista público de las empresas mineras, punto de puerta giratoria y espacio de lobby permanente.

En cambio, el ministro, en lugar de estar favoreciendo la imposición de proyectos mineros inviables para mover las agujas del crecimiento, debería promover el cumplimiento de los estándares ambientales de las operaciones mineras, asegurar consultas previas reales, abogar por la reparación de las víctimas de los conflictos, la atención de millones de personas contaminadas por la minería y la explotación petrolera, la eliminación de la devolución de impuestos de las operaciones mineras, y proponer mínimamente reformas como el impuesto a la sobreganancia minera dado que estamos en tiempos de precios altos de los minerales.

(1) LA REPÚBLICA. Tía María: 70% de la población de Valle de Tambo no quiere minería. 18 de agosto del 2019. Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2019/08/18/islay-tia-maria-70-de-la-poblacion-de-valle-de-tambo-no-quiere-mineria-martin-vizcarra

Fotografía: Defensoría del Pueblo.

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Mucho interés en Tía María coincide con negocios particulares de nuevo titular del Minem

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A diez días de la reciente designación de Rómulo Mucho Mamani como titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se ha descubierto que es, a la vez, fundador y gerente de una empresa que presta servicios a mineras sancionadas por incumplir normas ambientales.

Información develada en la última edición del semanario Hildebrandt en sus trece, según la cual se trata de la empresa Pevoex Contratistas S.A.C. que tiene contratos con la empresa minera Southern Perú, concesionaria del yacimiento arequipeño Tía María paralizado desde el año 2011.

Al revisar la página web de Pevoex Contratistas S.A.C. se observa que aparte de Southern Perú tiene por clientes a Nexa Resources Atacocha S.A.A, Pan American Silver Huaron S.A., Minsur S.A., Buenaventura S.A.A. y Ares S.A.C., que -en total- acumulan 801 infracciones ambientales por un monto de 78 millones 501 mil 038 soles.

El Semanario Hildebrandt en sus trece asegura que Rómulo Mucho fundó dicha empresa en octubre de 2001. Según la página web de la SUNAT, el ahora ministro asumió, desde el 20 de marzo de 2004, el cargo de gerente general de dicha empresa, que brinda servicios de voladura, perforación, movimiento de tierras, recrecimiento de relaves y explotación de minas a tajo abierto. De acuerdo a su cuenta en LinkendIn, aún sigue al frente de Pevoex Contratistas S.A.C.

Sanciones vinculadas al incumplimiemto de obligaciones ambientales

Conforme aparece en la página web del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), los motivos por los que dispuso las sanciones a Southern Perú fueron por exceder los Límites Máximos Permisibles (LMP) en las emisiones atmosféricas de la chimenea de gases secundarios del horno Isasmelt. Además por el inadecuado manejo de residuos en el depósito de residuos sólidos domésticos de la Unidad Minera Toquepala. Tampoco evitó ni impidió la disposición de restos de concentrado de cobre sobre el suelo natural, entre otros.

Bladimir Martínez, del equipo del Área Socioambiental de la Red Muqui, interpretó que -por el acumulado de infracciones- cada una de las seis empresas sancionadas afectaron de manera individual, por lo menos en un momento y de forma permanente, el agua, suelo y aire de las poblaciones que viven cerca a sus proyectos. Aunque resalta que aún es necesario realizar más investigaciones al respecto. “Los estudios para determinar la afectación por exposición aún son incipientes y su responsabilidad debe ser probada”, agregó el especialista.

Así también las infracciones de Southern Perú y del resto de las empresas mineras se vinculan con el incumplimiento de sus propios instrumentos (preventivos y correctivos) de gestión ambiental, lo que prueba la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el país, un tema que no es prioritario para el Gobierno a pesar de los casos reportados por las instituciones como el OEFA.

Conflicto de intereses en Tía María

Desde el día que Rómulo Mucho Mamani fue nombrado titular del Minem ha expresado el respaldo del Gobierno por poner en marcha el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú, que “coincidentemente” también forma parte de la cartera de clientes de Pevoex Contratistas S.A.C. En sus inicios tuvo de clientes a Graña y Montero, Queiroz Galvao, JJC Contratistas, Cosapi y Mota Engil, que han sido socias VIP del “Club de la Construcción”. A la lista de clientes actuales se agrega Cerro Verde, Raura, Stracon, Minsur, Hochschild, Antamina y Nexa.

La investigación periodística también revela que “en el 2019 Southern hizo una convocatoria en busca de proyectos para resolver el conflicto social en Tía María. Mucho fue uno de los empresarios que envió una propuesta. Fue descartada”. No obstante, este plan se llamaba Desarrollo Integral del Valle de Tambo, el mismo nombre de la propuesta que ha anunciado para reactivar Tía María hace poco en las entrevistas a medios de comunicación.

Mucho Mamani, autor del libro “Perú, país agrominero”, ha declarado sin tapujos que pondrá en marcha proyectos que no tienen licencia social, y ha nombrado los casos de Río Blanco y Conga. Cabe hacerse la pregunta: ¿aspiraciones como ministro o como gerente general?.

En Valle de Tambo (ámbito del proyecto Tía María), Huancabamba y Ayabaca (perímetro del proyecto Río Blanco), Cajamarca (área del proyecto Conga) las comunidades han rechazado la minería a través de consultas vecinales/populares, movilizaciones y asambleas. Sin embargo, a raíz de la imposición de dichos proyectos mineros en sus territorios han estallado graves conflictos sociales en diferentes momentos que han dejado muertos y heridos.

El director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y abogado de dirigentes criminalizados de Valle de Tambo, David Velazco, expresó que Rómulo Mucho siempre se ha mostrado a favor de la minería extractiva sin control. “Está con el chip clarísimo que debe salir sí o sí Tía María con efecto de réplica en otros proyectos. Es un acto de provocación (imponer Tía María), el proyecto no cuenta con la licencia social”, refirió.

A la fecha, estimó Velazco, alrededor de cien personas defensoras de derechos humanos han sido criminalizadas por ejercer su derecho a la protesta en Valle de Tambo desde el 2011.

Finalmente, el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, ha destacado que las revelaciones del reportaje liderado por el semanario Hildebrandt en sus trece evidencian el copamiento del gobierno con personajes directamente ligados a la minería, incluso contractual y económicamente, y que estos nexos constituyen abiertos conflictos de intereses de un funcionario público de tal alto nivel.

La reacción del ministro ante el cuestionamiento que al respecto le hace el entrevistador. “¿Usted es peruano o chileno? Porque las preguntas que me hace son de un enemigo del Perú”, lo retratan a cuerpo entero, un lobbista prominero que defiende sus intereses y negocios, que como último recurso apela a la agresión.

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Aumenta tensión en conflicto entre comunidad de Apurímac y empresa minera Las Bambas

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La comunidad campesina de Huancuire ha manifestado que rechaza el inicio del trabajo de explotación del tajo Chalcobamba, el segundo sitio de explotación que pretende iniciar la empresa minera Las Bambas MMG sin haber resuelto los 14 puntos de una agenda acordada entre la empresa y la comunidad como denuncian los dirigentes a través de un pronunciamiento el pasado 16 de febrero.

Los comuneros han denunciado que la minera está realizando detonaciones (voladuras) muy cerca del centro poblado, pastos y animales, que ponen en riesgo la vida de sus habitantes y pueden estar contaminando las fuentes de agua y el ambiente, de las que dependen las actividades agropecuarias de sus habitantes.

También han expresado que la actual delegación de representantes de la empresa no cuenta con las facultades para tomar decisiones que puedan llevar a la resolución de los conflictos con la comunidad, por lo que reclaman la presencia de los máximos ejecutivos del consorcio, entre ellos su director ejecutivo Liangang Li, hasta el 19 de febrero.

Además requieren la visita de la Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, así como de la máxima representante de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Con ello ha escalado el conflicto entre la comunidad de Huancuire, del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas en Apurímac y la empresa minera, que espera que el desarrollo de la nueva área de explotación, que contempla una inversión de US $130 millones, aumente la producción en Las Bambas a unas 400.000 toneladas de concentrado de cobre al año, un incremento del 25 por ciento, respecto de la actual extracción.

En un comunicado anterior del 10 de febrero la comunidad había manifestado solo sus aprensiones con el inicio de los trabajos de explotación de Chalcobamba, pero no habían expresado su rechazo frontal al inicio de operaciones.

Las críticas de los comuneros de Huancuire no se refieren únicamente a las operaciones del segundo tajo de Chalcobamba, pues reclaman que han presentado 22 observaciones a la cuarta Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que Las Bambas MMG ha presentado ante el El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) para ampliar la explotación del principal tajo de Ferrobamba. Las observaciones se refieren a cuestiones ambientales y recursos naturales, base de las actividades productivas de la comunidad que se dedica a la agricultura, ganadería y piscicultura.

Cabe recordar que la cuarta MEIA de Las Bambas identifica 92 cambios en el proyecto, según identificó un análisis realizado por CooperAcción hace pocos meses. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la casi duplicación del tamaño del tajo Ferrobamba, la ampliación de la presa de relaves, entre otros.

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Bandas criminales ligadas a la minería ilegal reaparecen con fuerza en Huamachuco – La Libertad

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El distrito de Huamachuco, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, se ha convertido en un nuevo territorio de operación de las bandas criminales ligadas a la minería ilegal que actúan cada vez con mayor violencia.

Así lo evidencian los últimos hechos registrados en este año. En enero dos empleados de la Gerencia Regional de Minería e Hidrocarburos de La Libertad (GREMH) fueron secuestrados y agredidos por sujetos armados cuando realizaban labores de inspección en el caserío Coigobamba, en las faldas del Cerro El Toro.

En esta misma zona, en el bosque Polo, el 16 de febrero, una turba atacó a una magistrada de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Trujillo. Similar al primer hecho mencionado, el objetivo fue frustrar las diligencias de las actividades auríferas ilegales en la jurisdicción.

A inicios de febrero, además, se reportó el fallecimiento de una persona a causa del derrumbe de un socavón por la explosión de una carga de dinamita en Coigobamba. Cabe resaltar que desde hace años se limita la entrada a dicha zona por medio de amenazas y agresiones, y cuya violencia va en aumento.

Los últimos sucesos descritos son una prueba de que las acciones ejecutadas por el Ejecutivo son insuficientes para combatir la minería ilegal, que ha tomado por asalto tanto a las autoridades públicas como a las propias comunidades, quienes no solo deben luchar contra el modelo extractivista minero, sino contra la vulneración de sus derechos territoriales y ambientales que proviene también de esta actividad. En Huamachuco opera la minería grande, mediana, artesanal e ilegal, por lo que el territorio prácticamente se encuentra en disputa.

La directora de la institución Proyecto Amigo, Nury García, advirtió que la presencia de la minería ilegal se está extendiendo en otros caseríos y comunidades, además, de otras zonas aledañas, como en Quiruvilca y Cajabamba. “Se trata de una actividad que corrompe y suele encubrir el lavado de activos, y cuya protección se basa en bandas delincuenciales, cuyas desastrosas consecuencias se ven en Pataz. Estas bandas criminales no solo provendrían Trujillo sino también de afuera, como el Tren de Aragua, por ello, la población está muy preocupada», declaró.

Frente a esta situación, García explicó que es necesario una reacción inmediata de las autoridades, en el marco de un plan integral de intervención conjunta, entre el gobierno nacional, regional y local. “En Huamachuco aún estamos a tiempo para erradicar la minería ilegal y que el gobierno entienda que el proceso de formalización de la minería artesanal, tal como se está dando, termina por socavar estos intentos. Este plan debe ir de la mano con un fuerte componente de prevención y de garantizar realmente el derecho de vivir en un territorio sano, social y eco ambientalmente. Teniendo en cuenta la experiencia de Pataz, es factible la intervención en Huamachuco, pues la presencia de la minería ilegal está focalizada y en las zonas donde se expande la misma población la confronta. Sin embargo, el riesgo es cada vez mayor”, finalizó.

Por su parte, el Ejecutivo considera como una solución el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que se ha convertido en un mecanismo de impunidad para disfrazar la actividad de mineros ilegales e informales. En Pataz, La Libertad, el proceso de formalización podría tardar hasta 42 años según cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas, una muestra de que hace falta proponer otras medidas oportunas y eficaces.

Foto: Regional.pe

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Antamina podrá ampliar operación, pese a numerosas denuncias por graves daños a la salud y desaparición de lagunas

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Pese a múltiples y graves observaciones que la Municipalidad Distrital de San Marcos en Ancash le hizo llegar al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles ( SENACE), el ente estatal ha aprobado la solicitud de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) presentada por la empresa Antamina para ampliar sus operaciones. Su presidente Víctor Gobitz y otros representantes del sector minero han celebrado la decisión, que supone una inversión de dos mil millones de dólares en los póximos años, ya que extiende el plazo de explotación, previsto hasta 2028 según los planes previos, hasta 2036.

En cambio, las poblaciones de influencia directa e indirecta que viven en las comunidades aledañas en la provincia de Huari y los habitantes de Huarmey, donde se encuentra la terminal del mineroducto de Antamina, desde donde se cargan los barcos con cobre y zinc, los dos minerales que se obtienen principalmente de la mina, observan que sus preocupaciones fundadas en contínuos impactos ambientales y la desaparición de fuentes de agua no reciben la misma atención por el Estado y la opinión pública.

En septiembre de 2022, Red Muqui había dado a conocer un estudio pormenorizado con una serie de advertencias sobre esta MEIA, que deja incontables cuestiones sin respuesta y que tienen que ver con temas tan sensibles como deficientes o inexistentes estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Por ejemplo, para la empresa el sistema hidrogeológico no está interconectado con las comunidades aledañas no consideradas en este estudio, sin aportar pruebas para esa hipótesis. La supuesta falta de interconexión entre sistemas hidrogeológicos contraviene los indicios hallados por las comunidades, que han visto desaparecer cuatro lagunas, y limita convenientemente el área de influencia ambiental, ya que descarta el potencial impacto del proyecto en otras localidades que han sido obviadas en el informe de modificatoria.

La modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental ahora aprobada permitirá incrementar considerablemente la extracción de minerales, a una de las diez mayores explotaciones de cobre del mundo en términos de volumen de producción. Con esta certificación ambiental incrementará el procesamiento de dicho mineral desde 175 mil toneladas que obtiene por día actualmente a 208 mil toneladas a partir de 2028.

Noticia que será recibida como un balde de agua fría también por los habitantes de Huarmey, al menos por aquellos que han estado reclamando desde hace años por los daños a la salud por metales pesados especialmente entre menores.

Las sospechas de la población se dirigen contra la empresa Antamina y su terminal del mineroducto que transporta cobre y otros metales de sus yacimientos en Yanacancha ubicados a 304 kilómetros en la cordillera de Ancash, ya que desde su instalación en 2002 denuncian la aparición de numerosos casos de cáncer en la población que se encuentran claramente por sobre la media nacional.

En noviembre pasado una delegación del distrito estuvo en Lima para denunciar que los casos de afectados por metales pesados en la provincia de Huarmey impacta a varias docenas de personas, la mayoría niños, cuyos exámenes de sangre y de orina han arrojado valores de plomo y arsénico de hasta 30 veces por encima de los máximos considerados permisibles en personas por el Ministerio de Salud (MINSA).

Para mayor información, puede leer aquí las notas de Muqui sobre esta temática: a) Red Muqui encuentra serias falencias en la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Antamina
b) Familiares de niños contaminados con arsénico serán atendidos por el Minsa

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Alerta: empresa minera Raura desaparece lagunas en Huánuco y en Lima pone en riesgo a la cuenca del río Huaura

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La empresa minera Raura del Grupo Breca realiza sus operaciones en un contexto de pasividad por parte del Gobierno en cuanto a control y fiscalización ambiental, situación que ha originado la desaparición de tres lagunas en cabecera de cuenca en la región de Huánuco y en Lima pone en riesgo la cabecera de cuenca del río Huaura.

Lagunas secas en Huánuco

La Red Muqui se comunicó con el alcalde de la provincia de Lauricocha, Gide Falcón Sánchez, quien denunció el drenado de las lagunas Santa Ana, Niño Cocha y Nieve Ucro, y la afectación parcial de otras ocho fuentes hídricas, en Huánuco, entre ellas Tinkicocha, Caballococha y Patarcocha.

El sustento que maneja la autoridad edilicia radica en el inventario hidrológico que elaboró la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el cual prueba la existencia de las tres lagunas en la zona. “Su desaparición se debe al uso de las aguas de la empresa Raura, por el uso excesivo del recurso hídrico en la explotación minera”, aseguró. La preocupación local se centra ahora en las ocho lagunas que aún sobreviven.

Cuencas afectadas

La empresa minera Raura, ubicada en las cabeceras de dos cuencas hidrográficas, una que fluye en dirección a los ríos Huallaga y el Marañón, y otra que alimenta a la cuenca del río Huaura, la misma que desemboca en el océano Pacífico, opera en medio de glaciares y en toda la cadena de nevados, entre las regiones de Áncash, Huánuco y Lima.

En Huánuco, la cuenca Lauricocha (afluente del río Marañón) es el sustento de 15 mil habitantes que se dedican en su mayoría a la ganadería, agricultura y turismo. Según el alcalde, las aguas están contaminadas. “El sustento legal (que tengo para decir esto) es la penalización que hizo el OEFA en varias fechas durante siete años, por haberse superado los límites de contaminación que han sido fuertes en la cuenca Lauricocha. El monto (sancionado a la empresa Raura) es de 7 millones de soles”, reveló.

A inicios de mes, distintos medios de comunicación regional reportaron la contaminación ambiental en la laguna Tinquicocha (que afectaría a toda la cuenca), jurisdicción del distrito San Miguel de Cauri, tras el rompimiento de una tubería de la empresa Raura.

Denuncian las comunidades

Frente a este hecho, el presidente de la comunidad del mismo nombre del distrito, Pablo Cárdenas Baltazar, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco para exigir una investigación por los impactos mineros generados.

A ello se sumaría otra interpuesta por la comunidad Independencia. Así también el gobierno local ha pedido públicamente a las entidades competentes cumplir con fiscalizar permanentemente a dicha empresa que explota minerales polimetálicos como plomo, plata, zinc, cobre y oro (en menor cantidad) en Huánuco y Lima. “No estamos en contra de la minería sino (que pedimos) una minería responsable, (pero) si no hay control permanente, (entonces) paralización total (de la mina)”, añadió el alcalde.

En su defensa, la minera rechazó en un comunicado las declaraciones del alcalde de la provincia de Lauricocha.

Impactos en Lima

Pero el problema tiene otras aristas. La empresa minera se aprovecha del usufructo de territorios ancestrales para ingresar en la zona y ampliar territorialmente sus operaciones, refirió el coordinador del Área Socioambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi. “Raura se ha posicionado en territorio ancestral de las comunidades campesinas de Quichas y de Oyón, ambas en la provincia de Oyón, región Lima. Y de la comunidad campesina de Cauri, provincia de Lauricocha, región Huánuco”, explicó.

Foto: Comunidades reunidas cerca a la laguna Shucshapá en 2016

Desde muchos años atrás las comunidades vienen exigiendo el cese de contaminación de la minera Raura y en constantes movilizaciones en contra del vertimiento de las aguas de las operaciones mineras (relaves, desmontes, aguas ácidas, entre otras sustancias químicas) a las lagunas de la zona de Huánuco. El inicio de la construcción del túnel en 1998 para la central hidroeléctrica “Cashaucro” fue aprovechada por Raura para derivar sus aguas ácidas provenientes de las galerías subterráneas hacia la cuenca del río Huaura, región Lima, que terminan en el océano Pacífico. Todo ello con la autorización del Estado peruano.

Por ello, continuó el ingeniero ambiental Alejandro, las aguas que consumen las poblaciones asentadas en toda la cuenca del río Huaura (Quichas, Oyón, Churin, Sayán y todo el Valle del Huaura (zona azucarera) y otras están expuestas a la contaminación producto del vertimiento minero. “Raura ha tenido múltiples sanciones por parte del OEFA y ANA por el incumplimiento de compromisos ambientales”, advirtió. Asimismo, el especialista aseguró que hay un riesgo de desaparición de la laguna Shucshapá (cabecera de cuenca del río Huaura), pues es utilizada por esta minera como sedimentador de sus aguas ácidas.

¿Qué hacer?

El coordinador del Área Socioambiental propuso tres acciones desde un enfoque ambiental y territorial:

Primero, los territorios ancestrales, expropiados por la empresa minera, deberían ser devueltos a las comunidades campesinas.

Segundo, la minera Raura debe remediar los daños ambientales que ha ocasionado no solo en los territorios de las comunidades sino también en los ecosistemas frágiles como son las lagunas que están sirviendo como sedimentador de contaminantes proveniente de sus operaciones mineras con alto contenido de metales pesados.

Tercero, el Estado, a través del OEFA, tiene que realizar una evaluación de parte para verificar los daños ocasionados por el vertimiento minero en las lagunas, luego iniciar un proceso de supervisión y fiscalización inopinada para conocer cuál es el estado de las aguas, suelos y todas las fuentes hídricas.

«Se deben cesar todas las actividades mineras que afectan los ecosistemas frágiles. Está prohibido realizar actividad minera en glaciares porque afecta al equilibrio ecológico y al ecosistema, sobre todo en el contexto de la crisis climática, ¿por qué Raura tiene ese privilegio de estar ubicada en glaciares? Ello acentúa el riesgo de la pérdida de glaciares, terrenos con pastizales y lagunas”, concluyó Alejandro Berrospi.

Foto de portada: Referencial

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