Era el 16 de septiembre de 2007 cuando las poblaciones de los distritos de Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, de las provincias de Ayabaca y Huancabamba; rechazaron la imposición del proyecto minero Majaz, ahora llamado Río Blanco perteneciente a la empresa minera china Zijin.

En aquel día, a través del voto en la consulta vecinal organizada por los municipios locales; el 95% de la población, que incluye a comunidades campesinas y ronderas, optó por un modelo de desarrollo económico que rechazaba la actividad minera en sus territorios en favor de un modelo basado en la agricultura y el turismo. La consulta del 2007 marcó un hito importante en terminos de empoderamiento de la sociedad civil que antes solo se había dado en el caso de Tambogrande en el 2002; también en Piura. Actualmente la empresa china continúa implementando una estrategia para imponer su proyecto minero Río Blanco en la zona.

A pesar de que la misma constitución incluye en el artículo 197 que “las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local”; el Estado peruano aún no atribuye el carácter vinculante a la consulta vecinal para las decisiones locales.

Después de doce años el tema sigue muy actual. Los enfrentamientos en Arequipa entre la población de Valle de Tambo que rechaza el proyecto minero Tía María y los policías que impiden el desarrollo de la protesta, continúan desde que el Gobierno otorgó la licencia de construcción a la empresa minera Southern. El día de ayer, lunes 16 de septiembre se realizaron protestas en la ciudad de Arequipa. En este escenario, en el cual las decisiones del Estado sobre la implementación de los proyectos mineros no incluye la aprobación social de las poblaciones –llamada también licencia social- en sus procedimientos formales obligatorios; es fundamental que la consulta vecinal sea parte del marco normativo como forma de prevención de los conflictos y fortalecimiento de la democracia. En la actualidad, la licencia social que debería tener todo proyecto extractivo para operar, es solo un mecanismo voluntario de la empresa. Las audiencias públicas que realizan las empresas para presentar sus Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y así recoger observaciones, no tienen un mecanismo de participación efectiva de parte de la población. Además, como ocurrió en la audiencia pública del EIA del proyecto Tía María hace varios años; la empresa no dejó participar a la población que se oponía al proyecto. Asimismo, la consulta vecinal realizada en Valle de Tambo en septiembre del 2009, le dijo NO en un 97% al proyecto minero Tía María, y esa decisión no está siendo respetada.

Por estas razones, es importante que la licencia social se convierta en un requisito para que los proyectos mineros puedan desarrollarse. La consulta vecinal, como parte de un proceso informativo transparente, es un mecanismo que puede ayudar a resolver este entrampamiento entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, y las poblaciones que habitan los territorios que serían impactados por la actividad minera.

Al respecto, desde el Congreso de la República, hay iniciativas que se están presentando como proyecto de ley para regular la licencia social para las actividades extractivas, como la última iniciativa presentada hace unos días por el congresista Marco Arana.

La Red Muqui, que agrupa a 29 instituciones que acompañan a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras en el país; y el despacho del congresista Marco Arana Zegarra, en un contexto de múltiples conflictos socioambientales que colocan en el debate público el desarrollo de la agricultura familiar frente a la imposición de la actividad minera; invitan al público en general a conocer experiencias de agricultura familiar que se realizan en 5 regiones de nuestro país (Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Junín y Pasco), donde se desarrollan actividades mineras, para conocer como estas se han realizado sin mayor apoyo del Estado y conocer los riesgos que las afectan o pueden hacerlo producto de la actividad extractiva en dichas regiones. Como es de conocimiento público, cerca del 80% de nuestra canasta familiar (urbana y rural) se origina en la actividad agrícola familiar de nuestras comunidades. En el Foro público, además de la participación del Congresista Marco Arana y los técnicos de Red Muqui; contaremos con la participación de representantes del Ministerio de Agricultura y Riego; la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR); la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE); el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); y 3 representantes de las experiencias de agricultura familiar de Ayacucho, Apurímac y Cajamarca; con los que dialogaremos, también, sobre la situación de la implementación de la ley de agricultura familiar. Día: miércoles 11 de septiembre de 2019 Hora: 3:00 p.m. Lugar: Auditorio Alberto Andrade del Congreso de la República. Av. Abancay 151, Edificio Juan Santos Atahualpa.

Actualización

Frente a las recientes declaraciones del general Ugaz y otras personas en redes, respecto a que el joven Carlos Tapia Chino no habría sido herido por una bala, porque el impacto en su cuerpo no generó mayor gravedad en su estado de salud. Y porque se observa en la foto una bala sin percutar; el abogado de la persona herida, Arturo Dueñas, que grabó cuando la ambulancia llegaba con el herido al hospital, señaló en sus redes a las 10pm el día de ayer: «Gracias a Dios el proyectil perdió potencia en el ingreso del cuerpo de Carlos, a esta hora culminó la presente diligencia, mañana continúan las diligencias para el esclarecimiento de hechos materia de la presente investigación y se encuentre él o los responsables de hecho ilícito». Como fue difundido en redes, la ambulancia llegó al Hospital con la persona herida y la enfermera mostró la bala que le sacó al cuerpo de la persona herida.

Noticia desarrollada durante el día el 7 de Agosto

Se confirma segunda persona herida producto de los enfrentamientos entre la policía y la población en Matarani, el día de hoy, 7 de agosto, aproximadamente a las 5pm. Carlos Tapia Chino, joven de 21 años, fue llevado en ambulancia desde el lugar de los enfrentamientos en Matarani hacia el Hospital de la ciudad de Mollendo. En la ambulancia, la enfermera pudo sacarle la bala que estaba alojada en la parte alta derecha del pecho del joven manifestante.

Mujer también herida

A la fecha se suman ya 2 heridos de bala. La primera persona herida de bala fue Anabella Pucho, herida el lunes 5 de agosto en la misma zona de enfrentamientos de Matarani en que acaban de herir al joven Carlos Tapia. La joven Anabella se encontraba sentada en uno de los cerros junto a su madre observando la protesta, luego de haber estado vendiendo agua a los manifestantes, cuando de pronto sintió un fuerte dolor en su brazo que la hizo sangrar.Inmediatamente su madre y las personas que estaban ahí llamaron a la ambulancia. Los médicos del hospital de Mollendo acordaron trasladarla al Hospital Honorio Delgado de Arequipa para que la puedan tratar, y porque en palabras de la madre que acompañaba a la hija herida: «los doctores no querían decir que era bala y la enviaron a Arequipa para la atención. Señalaron que en Mollendo no había recursos para atenderla. Si no atienden rápido perdería el brazo me dijeron. Entre ellos hablaban de bala pero no querían decir que era ello. Estaban nerviosos».

Al llegar al hospital de Arequipa, los médicos le confirmaron a Anabella que la fractura de su brazo se debía a la entrada y salida de una bala, según testimonio de la paciente y de su madre. La radiografía señaló rotura del húmero. Los médicos estaban a la espera de que baje la hinchazón del brazo para poderle hacer una tomografía y posteriormente realizarle una operación quirúrgica.

Asimismo, la madre señaló a la prensa que no tiene recursos económicos y que el Seguro Integral Social (SIS) solo le crube algunos medicamentos. Finalmente, la madre de familia señaló que exijirá justicia para que se ubique a los policías responsables del disparo. «Los policías estaban a 50 metros en el cerro del frente», precisó indignada frente al discurso de quiénes dicen que podría ser producto de un perdigón la herida causada a su hija. Un perdigón a 50 metros de distancia no causa un orificio en el brazo y rompe el hueso, finalizó.

 

 

Ministro del Interior

Durante el lunes 5 de agosto, en horas de la noche, frente a la información de que habría una persona herida de bala en Matarani – en referencia a Anabella Pucho-; el ministro del Interior, Carlos Morán, en la cuenta de twitter del MININTER, desmintió que haya una persona herida de bala y señaló que la policía no usa armas letales.

Cabe recordar que durante la visita de la Misión de Observación de Derechos Humanos a Arequipa el 22 y 23 de julio; la Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asamblea Nacional de Centros, y Amnistía Internacional, al sostener una reunión con el jefe de la IX Macroregión policial del Sur, el general William Ugaz; sostuvo que la PNP no estaba usando armas de fuego en Valle de Tambo. Cosa que fue desmentidacuando la Misión de DD.HH llegó a Valle de Tambo y observó que algunos policías portaban armas AKM en la carretera donde se produjeron los enfrentamientos.

 

 

Ahora queda demostrado que la PNP sí ha estado usando armas letales como se observa en la foto adjunta y cómo se observa en otras fotos que circulan en redes sociales sobre la protesta en Matarani.

Pronunciamiento de la Red Muqui

Dado los acontecimientos señalados y la resolución suprema emitida el domingo por el presidente Vizcarra, refrendado por los ministros del Interior y Defensa; la Red Muqui, que agrupa a 29 instituciones del país, señala: Demandamos cese de militarización y decisión definitiva del gobierno sobre imposición del Proyecto Minero Tía María.

Extracto del Pronunciamiento:  exigimos el cese de los actos brutales de represión de parte de la Policía Nacional en contra de la población de Valle de Tambo que desde el año 2009 en la consulta popular que realizaron, ha mostrado en su abrumadora mayoría su rechazo a la imposición del proyecto minero Tía María, y que requiere de parte del gobierno del Presidente Vizcarra una decisión definitiva que dé un paso atrás en la pretensión de la empresa minera Southern y la CONFIEP, de imponer un proyecto con el uso de la fuerza; evitándose así un conflicto con consecuencias más graves, y generando una situación de pleno respeto del derecho de la población de Valle de Tambo a decidir sobre sus medios de vida y de expresarse públicamente.

Prensa Red Muqui

RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

  1. Lamentamos la actitud incongruente y prepotente del Gobierno del señor Vizcarra respecto a la imposición del proyecto minero Tía María de la empresa mexicano-norteamericana Southern Perú Copper Corporation en el Valle de Tambo, provincia de Islay en Arequipa; como parte de una estrategia económica, que prioriza la aplicación de la “Agenda País” de la Confiep y la explotación sin control de nuestros recurso naturales por parte de empresas extractivas, que afecta derechos fundamentales de las comunidades y poblaciones ubicadas dentro o alrededor de esos proyectos mineros.
  2. El gobierno, por palabras del propio Presidente, busca una salida “dialogada” al conflicto, que éste mismo ha generado al otorgar la “licencia de construcción” a la empresa; sin tener en cuenta la oposición abrumadoramente mayoritaria de la población. Sin embargo, al mismo tiempo, abdica de su rol constitucional de garante de los derechos de las personas; asumiendo un papel violador de derechos fundamentales, al dictar una serie de medidas y tomar decisiones que ponen en riesgo la integridad física, libertad personal, y derecho a la legítima protesta social de la población de Valle de Tambo que ya sufre 10 años de constante asedio policial y agresión por el hecho de defender sus modos de vida basados en la agricultura, agroindustria y agro exportación.
  3. Desde Red Muqui habíamos ya alertado, que nuevamente el Valle de Tambo se podría convertir en un laboratorio de aplicación de medidas de criminalización y represión de la protesta social. En efecto, primero fue la aplicación de la figura delictiva de crimen organizado, a través de la Asociación Ilícita para Delinquir, tratando a los representantes de las organizaciones sociales, que son reconocidos como defensoras y defensores de derechos humanos (por el reciente Protocolo de Protección publicado por el Ministerio de Justicia y los tratados internacionales de derechos humanos); como si fueran una banda de delincuentes comunes. Lo que incluso ha ocurrido recientemente en Arequipa con informes de inteligencia que los califica de “radicales y violentistas”.
  4. Finalmente se ha aplicado en el caso Tía María, el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), arguyendo que las instalaciones del Terminal Portuario de Matarani corrían el riesgo de ser afectadas. La aplicación de la inconstitucional norma administrativa de Activos Críticos, que permite la intervención de las Fuerzas Armadas y con ello la “militarización” en un conflicto social; desnaturaliza el rol constitucional que estas juegan en la defensa nacional, permitiendo que intervengan en el orden interno. Tarea que compete, por mandato de la propia Constitución, a la Policía Nacional; con los riesgos que ello conlleva en el uso de armas de fuego de largo alcance, calificadas como letales y prohibidas, en una eventual represión.
  5. Hay que destacar que en la Misión de Observación de Derechos Humanos en la que recientemente RED MUQUI participó junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Centros, pudimos comprobar in situ, pese a la negativa del Jefe de la IX Macro Región Policial en Arequipa, que la Policía Nacional sí intervenía en la represión del conflicto con armas de fuego letales, de largo alcance, y no sólo con armas disuasivas como establecen las normas sobre el uso debido de la fuerza. Lo que fue corroborado por los propios policías a quienes entrevistamos en el cuartel Chucarapi en Valle de Tambo.
  6. A ésta medida se suma el lamentable rol que está jugando el Ministerio Público en Arequipa; que está abdicando de su obligación constitucional de investigar un hecho delictivo para perseguirlo penalmente y; por el contrario, solicita a los profesionales de la salud en la provincia de Islay, que entreguen las prendas de las personas heridas, restos de proyectiles de armas de fuego, etc, como consecuencia de las acciones de represión policial; a la propia policía cuestionada por estar acciones brutales de represión. Lo que, sin duda, pone en riesgo los medios probatorios para futuros procesos que puedan establecer responsabilidades en violaciones de derechos humanos de parte de la policía en su accionar.

Por todo ello exigimos el cese de los actos brutales de represión de parte de la Policía Nacional en contra de la población de Valle de Tambo que desde el año 2009, a través de la consulta popular que realizaron, ha mostrado en su abrumadora mayoría su rechazo a la imposición del proyecto minero Tía María; y que requiere de parte del gobierno del Presidente Vizcarra una decisión definitiva que dé un paso atrás en la pretensión de la empresa minera Southern y la CONFIEP, de imponer un proyecto con el uso de la fuerza; evitándose así un conflicto con consecuencias más graves, y generando una situación de pleno respeto del derecho de la población de Valle de Tambo a decidir sobre sus medios de vida y de expresarse públicamente.

07 de agosto del 2019

El día de hoy fue publicado en El Peruano la resolución suprema N° 080 – 2019, que autoriza la “intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”. La resolución suprema es emitida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y refrendada por el ministro del Interior y Defensa. Ello en virtud de la solicitud del Comandante General de la PNP – mediante Oficio N° 1054-2019-CG PNP/SEC-, que pide apoyo a las FF.AA para garantizar el orden interno frente a las protestas, ya que “sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú”, como se señala en la resolución suprema.

Huelga Indefinida

Como es de conocimiento público, este lunes 5 de agosto desde las 00 horas, inicia la huelga indefinida en Arequipa, y diversas organizaciones y población de todas las provincias, incluyendo a la población de Mollendo – provincia de Islay-, donde se ubica el puerto de Matarani, han acordado implementar la medida de fuerza.

La población de Mollendo protesta por el impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero que pertenece a Matarani, al desalinizar el agua del mar para el proyecto Tía María; situación que pone en riesgo la actividad de pesca artesanal en Mollendo.

Resolución ilegal

Como se observa en la resolución suprema emitida; esta se sustenta en el anterior Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales–ACN; que hemos criticado con un Pronunciamiento por ser ilegal. Esta norma permite la intervención de las FFAA cuando se pone en riesgo instalaciones del Estado que permiten efectivizar sus capacidades nacionales para el desarrollo de sus actividades. Es muy amplio y permite aplicarlo al transporte marítimo para las exportaciones, entre ellos también las actividades mineras, como ha sucedido con la norma publicada hoy. Pero también es cierto que el marco normativo de la PNP establece que la policía es la responsable del orden interno, que a nivel constitucional está refrendado.

La resolución suprema también se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece “Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”, sin embargo; según el abogado y director de FEDEPAZ, David Velazco: la Constitución establece que solo hay una excepción en la que las FF.AA pueden entrar a controlar el orden interno y ello se da cuando hay una declaración de Estado de Emergencia previa, que además debe estar debidamente justificada. Ello supone un acuerdo de Consejo de Ministros, y luego dar cuenta al parlamento, añadió. “En este caso se están saltando la valla y solo a través de una resolución suprema están haciendo intervenir a las fuerzas armadas”, precisó Velazco, que también es parte de la Red Muqui. Además de la Constitución, se estaría contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado peruano es parte; señaló finalmente.

Lo que se hace con estas normas es desnaturalizar el rol constitucional de las fuerzas armadas, posibilitando el uso desproporcionado de la fuerza con el uso de armas de fuego de largo alcance (de guerra) en el mantenimiento del orden interno, que no le compete a las FF.AA sino a la policía nacional.

Finalmente, como Red Muqui rechazamos esta intervención militar y llamamos al presidente Vizcarra a respetar la voluntad popular de todo el Valle de Tambo y la provincia de Islay, dando una respuesta positiva a la cancelación de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, que está en revisión hace unos días en el Ministerio de Energía y Minas. Las observaciones graves al Estudio de Impacto Ambiental de Tía María se siguen manteniendo y no han sido debidamente levantadas.

Reiteramos, como lo hemos estado señalando en redes sociales, que estaremos atentos junto a la Misión de Derechos Humanos que integramos con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asamblea Nacional de Centros y Amnistía Internacional, para denunciar cualquier posible violación de derechos humanos de parte de la policía y las fuerzas armadas en el marco de la legítima protesta del Valle de Tambo.

Alerta emitida por el Sindicato de Obreros Mineros en las redes sociales: “Pedimos medidas para proteger nuestra salud”

Ayer, 1 de agosto, un derrame de relaves mineros que contiene ácido oxálico, altamente tóxico, se produjo en la planta San Nicolás perteneciente a la empresa Shougang, en la que opera la empresa minera Shouxin Perú S.A. Shougan es el principal accionista de la empresa minera Shouxin, y la planta está ubicada en el distrito de Marcona, perteneciente a la región Ica. El derrame de relaves mineros se produjo por el desborde en los espesadores de la Planta de Beneficio de la unidad minera Explotación de Relaves de la empresa. Ver video.

Incendio en Planta

Asimismo, durante la madrugada, entre 1 y 40am y 3:20am, se produjo un incendio de la nueva faja transportadora de minerales en la misma planta, San Nicolás; generando preocupación en los trabajadores al levantar un montón de polvo en toda la planta, que durante la mañana habían presenciado el desborde de relaves mineros. En redes sociales –facebook y twitter, el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos S.A.A, señaló su extrañeza frente a este hecho, en el marco de las exigencias que han ido planteando para obtener el cumplimiento de sus derechos laborales. Se preguntaron: ¿Qué casualidad que una faja nueva que transporta mineral, parada y no operativa se haya incendiado. Estas pasan diferentes pruebas de seguridad. Es muy sospechoso que de la nada se prenda fuego? ¿O la intención es tener una justificación para no producir, y solo enviar mineral en crudo debido al alza de los metales de hierro y justificar para este próximo trimestre el decrecimiento en la producción?

 

A pesar de este y otros casos, que también denunció el sindicato en redes sociales, como la filtración de relaves hacia las orillas del mar de Marcona que se viene produciendo hace varios años; la empresa no tiene ningún plan para afrontar este tipo de situaciones, afirma un trabajador de la compañía. Con respecto a esto punto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que desde hoy inició su supervisión, examinará la implementación del Plan de Contingencia; es decir, las medidas tomadas por la empresa para contener los daños medioambientales. El OEFA complementará el análisis de la emergencia ambiental con las investigaciones sobre las causas del derrame.

Empresa explotará relaves mineros

Recientemente la empresa minera Shouxin acaba de presentar una Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) para ampliar la capacidad de producción de la planta concentradora polimetálica, y poder explotar los relaves mineros dejados por la empresa minera china Shougang. US$140 millones será la inversion de la empresa de capitales chinos Minera Shouxin Perú.

El objetivo es aprovechar los metales no ferrosos de baja ley contenidos en los relaves mineros. Frente a ello, genera una gran preocupación para Red Muqui, que una empresa como Shougang que no ha remediado sus pasivos ambientales, pretenda ampliar su producción, a través de Shouxin, explotando relaves mineros, que generarán mayor concentración de toixicicidad en sus desechos; y ello será más contaminante para el ambiente.

La cuestión de alerta ambiental tuvo repercusión en las redes sociales y llamó la atención del congresista Marco Arana que en su twitter exige que OEFA, el Ministerio Público, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Medio Ambiente adopten inmediatamente medidas.

Por otro lado, el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos S.A.A reporta que “el gobierno regional de Ica, Javier Gallegos no pronuncia ni una palabra sobre este grave atentado contra el medio ambiente y el escenario laboral de los trabajadores mineros de Shouxin y Shougang”. Mientras tanto, el OEFA ha manifestado que publicará el informe de su investigación señalando oportunamente los resultados.

El día de ayer se realizó un paro en toda la región de Moquegua convocado por las organizaciones de agricultores, juntas de usuarios de agua, juntas vecinales, el Sindicato de Profesores (SUTER) y diversas organizaciones de la sociedad civil. Denunciaron la contaminación minera que ha sufrido la región a lo largo de décadas por la empresa Southern y Anglo American Quellaveco, que en la actualidad viene contaminando, en su fase de construcción, los pastizales y el agua de las zonas de Tala, Pocata y Coscore. En el caso de Southern, la responsabilizan de contaminar la cuenca de Torata en Cuajone.

El proyecto minero en mención inició su fase de construcción el año pasado, 2018, y prevé culminar su fase de construcción el 2022 para iniciar la primera producción de cobre ese año. Es uno de los yacimientos de cobre más grande del mundo y está siendo desarrollado por Anglo American del Reino Unido en sociedad con la Corporación Mitsubishi de Japón.

El paro también se desarrolla porque la empresa minera Anglo American no ha cumplido con la cantidad de ofrecimiento de trabajo local a los moqueguanos, quiénes observan que llega personal de otros lugares fuera de la región y tampoco se dan las capacitaciones a los jóvenes profesionales que la empresa prometió.

Historial de Southern en Moquegua

Hace algunos años Southern fue sancionada por el delito de contaminación ambiental al superar los límites máximos permisibles en la emisión de partículas de arsénico y al verter agua contaminada al mar de Ilo. Inicialmente la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito y Medio Ambiente solicitó una pena de 2 años y 6 meses y el pago de una reparación civil por un millón de dólares a la empresa minera Southern Peru; sin embargo, la Procuraduría del Ministerio del Ambiente (MINAM) aceptó el pago del 5% de la minera por el proceso civil contra del representante de Southern, Oscar González Rocha.

Dirigentes opinan

Durante la movilización, los dirigentes cuestionaron al presidente Vizcarra porque siendo moqueguano no se pronunció sobre el paro regional frente al abuso de la empresa Anglo American. Señalaron que el presidente Vizcarra es quién ha promovido el desarrollo de la minería y que por responsabilidad de él, es que hoy están protestando. El recorrido de la movilización se dio desde el centro hasta el puente Montalvo, que fue bloqueado impidiendo el tránsito vehicular para los autos y buses que normalmente llegan de Arequipa y de regiones del norte del país; así como del otro extremo, quiénes llegan de Tacna e Ilo.

Durante el mitin que se dio en el puente Montalvo; Erick Rivera, dirigente de las juntas vecinales de Torata, señaló que su comunidad está contaminada. “No pedimos que se cumplan los acuerdos, sino que se vaya Anglo American, que ha venido contaminando más de 42 años”.

A su turno, el dirigente del sindicato de docentes a nivel regional, señaló que “no podemos permitir a los gobernantes que hagan lo que quieran y que de licencias a las empresas a espaldas del pueblo”, en alusión a Southern y el proyecto Tía María en Arequipa.

Finalmente, el dirigente Óscar Zeballos, representante de la sociedad civil ante el Comité de Monitoreo y Seguimiento de Acuerdos con Anglo American, señaló de que si no se paraliza el proyecto minero Quellaveco, se promoverá una huelga indefinida.

Ministra trabajó en Anglo American

Una ministra que viene siendo anunciada por Vizcarra para ayudar a solucionar el conflicto en Islay por Tía María, al tener la autoridad estatal en el sector de agricultura, es Fabiola Muñoz; quién anteriormente fue Gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones de la empresa minera Anglo American Quellaveco. Empresa cuestionada en la protesta regional de Moquegua. La ministra de Agricultura señaló ayer en Canal N que la minería y la agricultura “pueden convivir” en Islay.

Después de más de 10 años de protestas y resistencia contra la construcción del proyecto minero “Tía María” de la empresa mexicano-norteamericana Southern, una nueva paralización se ha iniciado el día de ayer en el Valle de Tambo, a lo largo de la provincia de Islay en Arequipa, luego de la decisión del gobierno de Martín Vizcarra, de otorgar la autorización de construcción para el proyecto minero Tía María a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Frente a ello, el ministro Francisco Ísmodes del MINEM ha declarado en prensa, que el Perú “necesita un aprovechamiento responsable de sus recursos naturales para poder generar puestos de trabajo”, y ha agregado que la dudas e inquietudes de los agricultores de la provincia de Islay tienen que ser aclaradas de manera técnica”.

Las razones técnicas

Debe recordar el Ministro, que fueron 138 observaciones técnicas que realizó el Organismo de Naciones Unidas – UNOPS al primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, que no fueron levantadas debidamente por la empresa minera. En el levantamiento de observaciones que se realizaron al segundo EIA de la empresa minera Southern, recordamos como en menos de una semana (entre el 25 de julio y el 01 de agosto de 2015, con feriados de por medio) fue aprobado el EIA, con muchas de las observaciones que no presentaban información técnica válida.

Debemos recordar que las preocupaciones que tenía la población del Valle de Tambo, que recogió también la UNOPS respecto del primer EIA, se mantuvieron luego con la presentación del segundo EIA:

–          El tajo abierto La Tapada, el primero de los dos tajos del proyecto Tía María, y su chancadora primaria, y los depósitos de desmontes y de sulfuros; se encuentran muy próximos, en pendiente y con dirección al principal canal del río Tambo que irriga el Valle y al Valle mismo y un sector de la población. El límite de dicho tajo abierto está a sólo 50 metros del canal.

–          Las voladuras para abrir el tajo abierto generan material particulado (polvo que contienen partículas PM2.5 y PM10) que con los vientos dañarían las aguas del río Tambo y los cultivos del Valle. No existe estación de monitoreo de vientos en las zonas donde se produce polvo que haya verificado dicha situación.

–          El agua ácida (producto de los óxidos y sulfuros generados en el tajo), generarían filtraciones en la napa freática y en la roca madre hacia el acuífero aluvial del río Tambo, más aún en un escenario de detonaciones y existiendo una falla geológica. Con un estudio hidrogeológico con serias debilidades, el MINEM sin embargo dio por resuelta su observación.

–          Riesgo de drenaje ácido de roca (DAR) hacia el río Tambo, ya que los componentes de La Tapada se ubican en pendiente, y están ubicados en dirección al río.

–          Respecto de la planta de desalinización, no se llegó a establecer los niveles de impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero en Matarani; situación que pone en riesgo la actividad de pesca artesanal en Mollendo, población que por ello también se ha sumado a las protestas.

Ver el estudio y la investigación completa en “Aportes técnicos que cuestionan la viabilidad del proyecto minero Tía María en Islay Arequipa”.

Por todas éstas preocupaciones técnicas que surgieron en la población de Islay, producto de la revisión del EIA finalmente aprobado a la empresa minera Southern para el proyecto Tía María; es que surge la desconfianza de la población, la que se acrecienta cuando el ministro Ísmodes señala respecto al proyecto minero, que el Perú «necesita de un aprovechamiento responsable de sus recursos naturales para poder generar puestos de trabajo».

Interpelación

Es por ello y otras razones que el último viernes 12 de julio, los congresistas del Frente Amplio y Nuevo Perú solicitaron una interpelación del ministro de Energía y Minas, luego del otorgamiento de autorización de construcción para el proyecto minero Tía María. La interpelación es uno de los mecanismos de control político que asiste a los congresistas, principalmente a las minorías, que tiene por objeto citar a uno o varios ministros de Estado para que respondan ante el Pleno del Congreso. La moción cuenta con el respaldo de congresistas de cuatro bancadas. El congresista Marco Arana (Frente Amplio) explicó que el pliego interpelatorio consta de 11 preguntas y cuenta con las firmas de parlamentarios de cuatro bancadas, además de la suya: Cambio21, Alianza para el Progreso (APP) y Nuevo Perú.

Arequipa

De otro lado, el alcalde del distrito de Islay, Fernando Zúñiga; Edgar Rivera, alcalde provincial de Islay; y Elmar Pinto, consejero provincial; han señalado que con la entrega de la licencia de construcción, “se generará un conflicto social de imprevisibles consecuencias, originado pérdidas económicas y, sobre todo, más pérdidas de vidas humanas”, de las ocho que hasta ahora el conflicto ha generado.

Por su parte, Augusto Paredes, Vicepresidente de la Junta de Usuarios de Riego del Valle de Tambo manifestó: “son ellos o nosotros; nosotros no vamos a morir cobardemente porque traen 2000 o 3000 policías. Si vamos a morir, moriremos luchando. No nos iremos. Si hay que enfrentarse nos vamos a enfrentar. Nosotros como pobladores somos los que decidimos a dónde queremos ir y en donde queremos trabajar, no es el Gobierno que nos puede imponer dónde vamos a vivir”.

Red Muqui

Reiteramos que el diálogo es fundamental para encontrar una solución ante el conflicto que el propio gobierno ha desatado, pero no en estas condiciones. Y es que el gobierno, al otorgar la autorización de construcción a Southern, ha desvirtuado el diálogo que el mismo Presidente Vizcarra había comprometido, que era previo a otorgar la autorización de construcción a la empresa, pese a ello, incumplió su compromiso, como ha reiterado el gobernador regional de Arequipa. Lo que ha buscado siempre la población del Valle de Tambo es un diálogo para discutir sobre la viabilidad o no del proyecto minero, y no para discutir las condiciones y tiempos para la realización del proyecto.

Señalamos que está en manos del gobierno la solución; que pasa por dar un paso atrás en la determinación que el gobierno ya ha tomado, priorizando la vida de las personas y la paz social, antes que intereses económicos.

En septiembre del 2009 la población del valle de Tambo se expresó en una consulta vecinal, con un 97% de los votos válidos en los 6 distritos de la provincia de Islay, rechazando el proyecto minero Tía María y cualquier otro proyecto que implique un riesgo para el valle y la cuenca del río Tambo. A pesar de esta larga lucha y la resistencia de las autoridades regionales de Arequipa y las regiones a los alrededores en las últimas semanas, 10 años después el actual gobierno del presidente Vizcarra, a través del Ministro Francisco Ismodes,  ha informado que ha otorgado la autorización de construcción del proyecto Tía María, a la empresa minera mexicano norteamericana Southern.

Esta situación ha acontecido pese al anuncio del Presidente de la República Martín Vizcarra, de que en su gobierno los proyectos mineros sólo se realizarían como “fruto del consenso, no fruto de la imposición”, y que por ello impulsaría un proceso de diálogo con la presencia incluso del primer ministro Salvador Del Solar.Lamentablemente el anuncio de diálogo ahora queda desvirtuado, en tanto habiendo otorgado ya la autorización el Estado a la empresa, ahora ya no está discusión la realización  o no del mismo, sino sólo las condiciones y tiempos para su realización, lo que ya queda en manos de la empresa y la población, si es que considerara participar.

La situación decidida por el gobierno nacional, reaviva el conflicto social en el Valle de Tambo y las provincia de Islay, en Arequipa, por el mayoritario rechazo que desde el año 2009 existe al proyecto minero Tía María, por el riesgo que genera la minería en la agricultura, agroindustria y agroexportación del Valle, la que aporta a la canasta familiar de las regiones del sur del Perú y a la exportación, dando empleo y siendo respetuosa del ambiente y la naturaleza.

Debemos recordar, que la empresa minera Southern en su momento no había podido levantar las 136 observaciones que en el primer EIA del proyecto minero realizó la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS por eso tuvo que presentar un nuevo EIA, que fue cuestionado porque en su audiencia pública no se permitió la participación de los pobladores afectados del Valle de Tambo.

Las observaciones presentadas en éste último EIA al uso del agua de mar con la planta desalinizadora, el impacto sobre aguas subterráneas (con un estudio hidrogeológico deficiente, como lo demostraran expertos internacionales), el impacto del polvo (por falla en la modelación de la dispersión del aire y el establecimiento de solo dos puntos de monitoreo), gases y vibraciones sobre el valle y la población, no fueron debidamente levantadas, ni rigurosamente sustentadas ante el MINEM ni tampoco en los debates realizados. Pese todas ésta ello el EIA finalmente fue aprobado.

Desde RED MUQUI consideramos irresponsable y un grave error político del gobierno ésta decisión generada por la presión de los gremios empresariales, y más aún el anuncio del envío de las fuerzas policiales al Valle del Tambo. Ambas decisiones ya han propiciado la movilización mayoritaria de la población del Valle de Tambo que anuncia un paro indefinido a partir del lunes 15 de julio en defensa de sus derechos a la vida, salud, ambiente sano, a definir su modo de desarrollo basado en la agricultura, la agroindustria y agroexportación y a vivir en paz social, sin conflictos sociales ni militarización de su localidad y sus tierras.

El día lunes se llevó a cabo en el Congreso de la República la “Audiencia pública: avances para la prevención y atención integral de los afectados en salud por metales tóxicos”, impulsada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), comisión encabezada por el Congresista Wilbert Rozas.

Ésta audiencia es el resultado de las seis sesiones de la mesa técnica de la CPAAAAE que mediante control político dio seguimiento a las gestiones que el Ejecutivo debe desarrollar para la implementación de una política nacional multisectorial y especializada para atender el tema.

La Audiencia Pública es una vía institucional donde la ciudadanía puede plantear sus necesidades de manera democrática. A ésta audiencia fue convocado el actual Presidente del Consejo de Ministros (PCM) Salvador del Solar a pedido de la CPAAAAE y como demanda de las comunidades andinas y amazónicas que conforman la “Plataforma Nacional de Afectados en salud por Metales Tóxicos”, ya que es clave que se pueda conformar una Comisión Multisectorial de Alto Nivel impulsada por la PCM y con participación efectiva de ministerios como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de quienes dependen decisiones de éste tipo.

Sin embargo, a pesar de la importancia de este espacio en que los afectados por metales tóxicos expusieron sus demandas y propuestas, el Premier no asistió a la cita, con lo que la PCM ha evidenciado que no tiene la voluntad política ni prioriza impulsar una política en salud a pesar de ser una demanda no resuelta por décadas y que los afectados por metales tóxicos en todo el país exigen un solución con urgencia.

En la audiencia se presentó el representante de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros Yuri Pinto Ortiz, quien informó sobre las gestiones que vienen desarrollando para la remediación de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de alto y muy alto riesgo, sin embargo el MINEM no informó sobre los avances en el compromiso que asumió en la mesa técnica respecto al desarrollo de un marco normativo que regule del “reaprovechamiento” de PAMs.

De Igual forma la representante del Ministerio de Salud (MINSA) no informó sobre mayores avances para la coordinación multisectorial necesaria para que lo establecido en los Lineamientos Sectoriales que emitió el año pasado puedan implementarse. Recordemos que el MINSA retiró a pedido de la PCM el proyecto de Resolución que crea la Comisión Multisectorial para desarrollar una política nacional sobre el tema, al parecer por presiones de la PCM. En la audiencia tampoco se señaló avances concretos de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el cumplimiento de la identificación de las fuentes hídricas contaminadas, y el mapeo de las rutas de contaminación.

Como lo señaló Karem Luque, Bióloga de Derechos Humanos Sin Fronteras, institución miembro de Red Muqui, el Estado peruano no está cumpliendo con sus obligaciones de protección a la salud ambiental y humana y de atención especializada a las personas afectadas, el Estado está declinando a su responsabilidad de identificar las causas de la contaminación y de realizar una atención integral y efectiva de salud en las zonas contaminadas.

Por su parte Yolanda Zurita, representante de los afectados de La Oroya (Junín) y vocera de la zona andina de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos, señaló que hasta la fecha las zonas con antiguo PAMs como La Oroya siguen sin ser remediadas, y aun así el Estado sigue permitiendo actividad minera en la zona. Señaló también que nada de lo informado en la audiencia se implementará sin un nivel de coordinación multisectorial y presupuesto asignado a nivel nacional y de gobiernos regionales.