La empresa Southern Perú se empecina en iniciar el proyecto Tía María a pesar de no tener licencia social desde hace más de 10 años. Ha desplegado acciones en los territorios y en medios de comunicación para reforzar la narrativa de que la minería traerá desarrollo.

Entre las situaciones generadas por la empresa minera en el Valle de Tambo, provincia de Islay, en Arequipa, zona de influencia del proyecto, se encuentran las convocatorias de trabajo para mantenimiento y limpieza. Sin embargo, los trabajadores contratados no serían de la zona de Cocachacra sino foráneos, según declaró la agricultora y exdirigente Marilú Marroquín, ya que la población se dedica a la agricultura, principal fuente económica.

El persistente rechazo popular a la minería se refleja en la consigna “Agro sí, mina no”, tal como se decidió en el año 2009 mediante una consulta vecinal debido a la importancia de la agricultura en el territorio. El Valle del Tambo, que tiene una extensión de 15 mil hectáreas agrícolas, es considerada la despensa alimentaria del sur cuya distribución principal es Lima (39 %), luego Arequipa (38 %). Allí el proyecto minero pretende explotar minerales de óxidos de cobre a tajo abierto para la producción de cátodos de cobre.

La preocupación que también se cierne sobre Tía María es el uso del agua. “Yo me preguntó de dónde va a sacar agua (Southern Perú) para el proyecto”, manifestó Marroquín. Precisamente, la Red Muqui ha advertido que Tía María es inviable social y ambientalmente (plasmado en las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental).

Como respuesta a la minera, los agricultores se han autoconvocado a una asamblea popular programada para este fin de semana. Durante los años de resistencia al proyecto, líderes sociales han sido criminalizados, detenidos y encarcelados injustamente. A la lista se suman al menos siete civiles fallecidos y un número indeterminado de heridos por la represión.

Alianza con el régimen

Medios de comunicación de trascendencia nacional informaron de la reunión que sostuvo el Gobierno con gremios empresariales del país el pasado 31 de enero, entre ellos la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La única agenda que abordaron fue la reactivación económica, la cual se ha convertido ahora en un pretexto para imponer nuevamente proyectos que no tienen licencia social. Esta situación lo único que generará es la reactivación de conflictos sociales. Tía María es un ejemplo de lo que puede ocurrir a corto plazo.

Así también, la semana pasada, el viceministro de Minas, Henry Luna, expresó su deseo de reunirse, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros o del Ministerio de Energía y Minas, con los máximos ejecutivos de las empresas que tienen grandes proyectos de construcción de minas. Con Southern Perú ya cumplió este deseo.

La semana pasada la Fiscalía de Huancabamba en Piura ha decidido archivar el caso contra 15 personas imputadas por una serie de delitos de los cuales les acusa el Ministerio Público. Entidad que en la misma causa ha decidido formalizar la investigación preparatoria contra otros quince imputados por los delitos de tortura, lesiones graves, coacción, secuestro, asociación ilícita para delinquir y robo agravado.

Todas las personas acusadas son defensoras de derechos humanos y del ambiente. Entre quienes ya no seguirán siendo investigados figuran el titular de la Parroquia de Huancabamba Fray Jorge Rumi Cóndor y el ex alcalde provincial de Huancabamba, Ismael Huayama Neyra, mientras que dirigentes de las Rondas Campesinas de Huancabamba, así como de la Comunidad de Segunda y Cajas son parte de la lista de defensores que continúan incriminados.

La fiscalía inició las investigaciones contra los dirigentes sociales y ambientales por su oposición activa al proyecto minero Río Blanco, que el consorcio de capitales chinos Zijin pretende establecer en un área comprendida entre las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca. Los ronderos de la zona explican que en el transcurso de actividades que ha desarrollado la empresa, ofreciendo dinero para ganarse el apoyo de parte de las comunidades y así dividir la posición de rechazo casi unánime entre sus habitantes, algunos de sus integrantes identificaron y retuvieron a Manuel Julca Campos, un agente de seguridad de la empresa Río Blanco Copper S.A., a quien sometieron a la justicia comunal. Una medida legítima y acorde al artículo 149° de la Constitución Política del Estado, según la organización de derechos humanos FEDEPAZ, que ha asumido la defensa de las personas imputadas por la Fiscalía.

En efecto y después de culminar la investigación preliminar, la fiscalía ha señalado que no existen elementos de convicción para considerar que hubo comisión de los ilícitos denunciados por parte de las personas investigadas, porque no tenían condición de funcionarios públicos a cargo del resguardo de la supuesta víctima, es decir, no podían haber cometido delito de tortura; los denunciados sólo retuvieron a la persona para aplicar justicia comunal por lo que no tenía intención alguna de cometer secuestro y tampoco coacción y robo agravado, por lo que resolvió archivar la investigación.

Sin embargo, este razonamiento no fue aplicado a 11 de las personas defensoras de derechos humanos investigados contra las que sí se ha formalizado investigación preparatoria, a pesar de encontrarse en los mismos supuestos de los 15 otros investigados a quienes sí se les ha archivado la investigación.

FEDEPAZ reitera que lo único que hicieron fue defender sus derechos fundamentales como campesinos, defender su derecho a la tierra y su derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado.

La ONG, por otra parte, precisa que este largo proceso, de más de 4 años, evidencia que las defensoras y los defensores fueron denunciados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar a todas las personas que, en defensa de los derechos fundamentales de su comunidad, se oponen públicamente a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales. Proceso que evidencia igualmente que el único propósito del Estado y la Empresa es amedrentarlos y evitar que sigan protestando, finaliza en su comunicado FEDEPAZ.
Lea aquí el pronunciamiento completo:

El 30 de diciembre de 2023, se emitió el Decreto Supremo N° 013-2023-MINAM, mediante el cual se aprueban disposiciones complementarias para la implementación del artículo 21 de la Ley N° 30230, así como modificaciones a otras normativas. Sobre la publicación de la norma, es necesario mencionar que, en la exposición de motivos de dicho decreto se menciona que la Ley N° 30230 tiene la finalidad de fortalecer el proceso de evaluación del impacto ambiental y que el retraso en el proceso de evaluación ambiental afecta la aprobación y ejecución de los proyectos de inversión pública, privada o mixta, lo que a su vez, no permite tener una disponibilidad oportuna de infraestructura y servicios públicos para la población (1). Por ello, nos encontramos ante una norma que busca nuevamente debilitar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con el argumento de que su flexibilización permitiría una disponibilidad oportuna de infraestructura y servicios públicos a la población, así como una “dinamización” de la economía.

Recordemos que la Ley N° 30230, conocida como «paquetazo ambiental», establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos con el objetivo de fomentar y dinamizar la inversión en el país; en otras palabras, las exigencias y estándares de protección ambiental fueron disminuidas en beneficio de grandes empresas, especialmente mineras y de hidrocarburos. Estos hechos quedan corroborados con los antecedentes de la puesta en escena del artículo 19 de la referida Ley que estableció un “privilegio ante conductas infractoras” declarando un régimen de excepción de la potestad sancionadora del OEFA por tres años, lo que incrementó hasta en un 27% el porcentaje de incumplimientos ambientales por parte de los administrados. Lo propio ocurrió con los artículos 20 y 22 que debilitaron institucionalmente al MINAM al modificar los instrumentos normativos por los cuales se establecen las Zonas Reservadas, y convirtiendo al Ordenamiento Territorial en un proceso político y técnico de carácter orientador que no asigna usos ni los excluye (2).

En ese sentido, a continuación, se presenta una breve síntesis del impacto que podrían generar las disposiciones modificatorias de este decreto cuyos antecedentes ya fueron motivo de amplio debate y rechazo.

En primer lugar, se destaca que durante el proceso administrativo sancionador contra una consultora ambiental, la autoridad de supervisión y fiscalización ambiental puede solicitar al SENACE que ejecute la medida provisional de suspensión de la vigencia de la inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales (RNCA). Esta disposición, ahora incorporada en el Decreto Supremo N° 026-2021-MINAM, adquiere especial relevancia, ya que las consultoras desempeñan un papel crucial como vínculo de veracidad para evaluar el impacto ambiental negativo en los componentes ambientales y la población. En ese sentido, si una consultora no cuenta con un equipo mínimo multidisciplinario o suscribe un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) sin cumplir con la normativa correspondiente, se considera información fraudulenta, lo que justifica la aplicación de un procedimiento sancionador para imponer medidas coercitivas y la suspensión en el RNCA.

En segundo lugar, se establecen medidas para que no le corresponda una evaluación de los impactos ambientales a los IGA correctivo (Plan de Manejo Ambiental, Plan de Compensaciones Ambientales, Plan de Manejo Ambiental, Programa de Manejo de Riesgos Ambientales, entre otros) que son incorporados en las próximas modificaciones del estudio ambiental del proyecto. La no correspondencia de una evaluación de impactos ambientales propuesta por la sexta disposición del referido decreto, contraviene las medidas para fortalecer el SEIA, así como la incorporación del enfoque de variabilidad y cambio climático en las evaluaciones ambientales (3) y la realización de un análisis de las interacciones de los impactos específicos, lo que forma parte de una metodología para identificar impactos acumulativos y sinérgicos (4), que brinda oportunamente información sobre lineamientos para la aplicación de metodologías de identificación y valoración de impactos (5).

Cabe resaltar que, en el período de elaboración y aprobación del IGA correctivo y la solicitud de modificación del EIA (M-EIA) existe una ventana temporal en la que podrían ocurrir impactos cuya incorporación en la M-EIA deberían ser considerados. Sin embargo, esta disposición establece que no es necesaria su consideración, y de serlo, es el Estado, mediante sus autoridades competentes el que debería realizar dicha evaluación. Esto último agrieta aún más la labor de las autoridades, que según las motivaciones del mismo decreto actúan “deficientemente en los plazos de evaluación de sus expedientes”, esperando que los mismos sean céleres en la identificación de impactos.

Asimismo, acorde con el artículo 21 de la Ley N° 30230, se propone un esquema de coordinación para las entidades que emiten opiniones técnicas vinculantes en el contexto del procedimiento de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) o las Modificaciones de Estudios de Impacto Ambiental detallados (MEIA-d), reafirmando el plazo máximo de 45 días hábiles para la sistematización por parte de SENACE. Seguidamente, se plantea la implementación de un módulo informático (QR) para el otorgamiento del Código de Certificación Ambiental, de carácter público y actualizado, que registrará las certificaciones ambientales, incluyendo las opiniones técnicas emitidas. Ello aportará en la transparencia de los proyectos de inversión que habilita el Estado. Las disposiciones para su funcionamiento se darán en un plazo no mayor de 120 días hábiles. Es importante destacar que estas propuestas buscan “destrabar” los procesos administrativos con el objetivo de dinamizar la economía, especialmente en el sector minero. Sin embargo, esta aceleración podría incrementar el riesgo de exposición a metales pesados y otras sustancias químicas. Esta preocupación se respalda con datos del Ministerio de Salud (MINSA), que señala que hasta el 2020, 10 millones 162 mil 380 habitantes, equivalente al 31,15% de la población nacional, se encuentran en zonas expuestas a estos riesgos.

En tercer lugar, se procede a modificar el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el cual dispone que el levantamiento de la línea base de estudios ambientales o monitoreos hidrobiológicos contemplados en un IGA ya no requiere autorización por parte del Ministerio de la Producción. Paralelamente, se revoca el Decreto Supremo Nº 013-2020-PRODUCE, normativa que establece pautas para la autorización de la recolección de recursos hidrobiológicos con fines de levantamiento de la línea base de estudios ambientales y otros instrumentos de gestión ambiental, así como para monitoreos hidrobiológicos planificados en dichos documentos. También, se eliminan los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto Supremo Nº 027-2021-MINAM, el cual modifica el Reglamento de la Ley N° 24031, Ley del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, y aprueba el servicio prestado exclusivamente por el SENAMHI. Estas modificaciones buscan una adaptación detallada y extensa por parte del MINAM, que, en un plazo no superior a 120 días hábiles, publicará una actualización de la «Guía para el levantamiento de información de la Línea Base en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)» mediante una Resolución Ministerial. Este proceso tiene como objetivo lograr una uniformización adecuada de los criterios técnicos y normativos, así como “impulsar” la economía otorgados por entidades públicas a los administrados. Además, se prevé que, en el mismo periodo mencionado, el MINAM y el SENAMHI elaboren los «Lineamientos para la elaboración de modelos de dispersión de contaminantes en el aire», los cuales serán un referente obligatorio para la confección de dichos modelos como parte integral de los IGA.

Por último, se excluye la necesidad de obtener el permiso del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) para llevar a cabo estudios del patrimonio en los monitoreos de vigilancia y control asociados a los IGA aprobados dentro del área de influencia. Además, la disposición complementaria final establece que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva del SERFOR, se deberán realizar modificaciones a los «Lineamientos para autorizar la realización de estudios del patrimonio en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental» en un plazo de 60 días calendario. Esta medida podría generar un perjuicio al patrimonio natural y a la biodiversidad, ya que podría afectar a las comunidades indígenas. Si los monitoreos no se llevan a cabo de manera adecuada, existe el riesgo de pérdida de flora y fauna, incluyendo aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción. Es crucial considerar cuidadosamente estos aspectos para garantizar la preservación del entorno natural y la protección del territorio indígena u originario.

Desde Red Muqui, instamos a considerar que todas las disposiciones legales contempladas en el mencionado decreto supremo deben adoptar un enfoque intercultural crítico hacia los pueblos indígenas u originarios y ser participativas con la ciudadanía. La aceleración de proyectos mineros bajo el concepto de «destrabe», que busca impulsar la economía mediante la reducción de plazos, debe ser abordada con precaución, ya que puede entrar en conflicto con los derechos humanos y ambientales de la población cercana a las empresas mineras. Es crucial destacar que la falta de rigurosidad en las evaluaciones podría exponer a la población aledaña a riesgos de contaminación por metales pesados u otras sustancias tóxicas. En este sentido, exigimos un fortalecimiento integral del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) sin que se generen presiones desde el Ejecutivo para debilitarlo mediante procedimientos administrativos acelerados, ya que favorecen únicamente a los grupos empresariales, sin tomar debidamente en cuenta la participación de la población en las zonas de influencia directa e indirecta de las empresas mineras. Es fundamental equilibrar el desarrollo económico con la protección de los derechos humanos, ambientales y la participación ciudadana.

Fuente: Proyección de eficacia de medidas de tiempo – Ministerio del Ambiente

1. Ver en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5633364/4985762-exposicion-de-motivos-decreto-supremo-n-013-2023-minam.pdf?v=1704324440
2. Disponible en: https://www.actualidadambiental.pe/ley-30230-spda-expresa-desacuerdo-en-puntos-clave-de-la-sentencia-del-tribunal-constitucional/
3. Recomendaciones realizadas luego del balance de 20 años del SEIA realizado el 2022 en el libro
“20 años del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA)”. Disponible en: https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2023/04/SEIA_vf.pdf
4. Ídem
5. Ídem

Conmoción ha generado el asesinato de diez trabajadores y vigilantes de la mina de oro Poderosa, ubicada en la provincia de Pataz, región La Libertad, a manos de presuntos mineros ilegales e integrantes de organizaciones criminales activos en la zona. Según el Ministerio del Interior y la Prefectura de Pataz, los atacantes, que ingresaron el sábado en la madrugada al interior de las instalaciones, habrían arrojado explosivos contra empleados de seguridad y dejaron como saldo al menos otros 15 trabajadores heridos.

El diario La República informa que el trasfondo de esta matanza es la disputa entre diversas bandas criminales en asociación con mineros ilegales, que al menos desde hace cinco años se han hecho fuertes en el distrito e intentan tomar el control de estos altamente rentables yacimientos de oro.

Desde entonces, las operaciones de la Poderosa y de los mineros artesanales formales en el distrito de Pataz son afectadas permanentemente por estas bandas criminales que invaden con violencia extrema las labores extractivas.

La empresa Poderosa ya había denunciado a mediados de este año el asesinato de otros siete trabajadores y denunció en un comunicado que “Estos trágicos sucesos no se dan de manera aislada, sino que responden a un espiral de deterioro de las condiciones de seguridad en la zona, consecuencia del crecimiento exponencial de la minería ilegal, ahora coludida con la criminalidad organizada, que operan con absoluta impunidad, amparada en el manto de protección que le otorga el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO)”.

Por su parte, el Ministerio del Interior señaló que envió efectivos policiales de las fuerzas especiales para intensificar las operaciones en Pataz con el personal PNP de la región y capturar a los responsables de esta matanza.

La presidenta de facto Dina Boluarte reaccionó con la lamentable expresión que como consecuencia de este hecho se debía acelerar la formalización de la minería ilegal, cuando la legislación presente busca formalizar aquella actividad ejercida por actores artesanales e informales, que, sin embargo, no forman parte del circuito ilegal de la minería. Está demás decir que la problemática de la minería ilegal e informal en el Perú es cada vez más violenta y compleja y que ha empezado a expandirse en territorios donde antes no existía esta actividad, debido al alto precio de los minerales como el cobre, el oro y la plata. Lamentablemente, el Estado peruano no tiene ningún plan integral o una línea clara de abordaje para esta problemática en el país.

De otro lado, los gremios mineros han aprovechado este sangriento suceso para exigir mano dura al Ejecutivo y lamentar el perjuicio que generan estas noticias para potenciales inversiones de capital en futuros proyectos extractivos.

Desde Red Muqui expresamos nuestra solidaridad y condolencias con las víctimas y sus familiares y exigimos, tanto del gobierno como del Legislativo, reforzar las alternativas económicas que hay en el país y el potencial agrícola, ganadero y de turismo sustentable para reducir la expansión minera, además de revisar los mecanismos de formalización de actividades extractivas en el Perú, como el REINFO y cuyos resultados tras más de veinte años de implementados no resultan eficaces ni alentadores.

Por: Yulissa Casana y Beatriz Cortez – Red Muqui

Las voces de las mujeres populares y rurales resuenan cada vez más fuerte en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Denuncian que ahora no solo se enfrentan a un sistema machista que reproduce y naturaliza la violencia simbólica y estructural, también contra un gobierno ilegítimo y racista que justifica las graves violaciones de los derechos humanos. Así lo han manifestado meses antes, por ejemplo, en las asambleas populares, en pronunciamientos, en las movilizaciones de distintas regiones, en el último encuentro feminista y ahora en la convocatoria a la movilización por el 25 de noviembre.

La violencia y represión estatal es perpetrada por Dina Boluarte y sus aliados, la primera mujer en asumir la Presidencia del Perú, quien no nos representa, por el contrario, es una amenaza regresiva en cuanto a los derechos conquistados en intensas batallas políticas y sociales reivindicativas. Ahora en alianza con el Congreso de la República allanan el camino hacia el recorte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, así como en retrocesos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto al abordaje de la violencia de género.

Esta democracia ya no es democracia, ha sido una de las principales consignas y cantos de las organizaciones populares este año. Esto expresa la lucha de los pueblos marginados históricamente, en su mayoría mujeres, por una verdadera representación y participación política. La violencia y discriminación, además, las afecta de manera distinta y/o en un grado diferente por su condición de género, clase, etnia, entre otros factores interseccionales. El extractivismo minero, que atraviesa sus cuerpos y sus territorios, también ha ganado terreno, sobre todo ahora que vivimos en un régimen autoritario.

Dina Boluarte y Alberto Otárola han anunciado más expansión minera a costa de los derechos humanos y ambientales de los pueblos, sin importar los graves costos que nos trae este modelo minero sin límites. En 2020, el Ministerio de Salud reconoció que hay más de 10 millones de personas expuestas a contaminación por metales tóxicos, de las cuales la mayoría son niños y niñas. De ahí que las madres campesinas y de las poblaciones afectadas estén en la primera línea de la defensa del agua frente a la contaminación y el despojo territorial minero.

Este 25 de noviembre recordamos el brutal asesinato de las hermanas Mirabal por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, que dio origen de este día conmemorativo.

Hoy, más que nunca, urge recuperar el sentido político de nuestra lucha, porque las mujeres del mundo y de Latinoamérica nos seguimos enfrentando a la violencia política y la violencia feminicida. Por ello, es importante reflexionar, debatir y replantear acciones organizadas que ayuden a debilitar y derribar a estos sistemas hegemónicos que en forma conjunta oprimen a las mujeres y les arranca la vida (110 feminicidios en lo que va de 2023).

Con más de 60 muertos producto de la represión policial durante las protestas sociales registradas a fines de 2022 y a inicios de 2023, y a casi 1 año de los crímenes de Dina Boluarte, las acciones colectivas por justicia y memoria son lideradas, de igual manera, por las mujeres y diversidades que resisten y aspiran a tener una Nueva Constitución, y así cambiar la historia de un país capturado por las élites de poder económico, las cuales no han logrado quitarnos el miedo ni la esperanza de un Perú con justicia y dignidad.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha informado esta semana el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) en la provincia de Yauli-Junín, tras 13 años de paralización, ahora en manos de sus extrabajadores.

Una decisión adversa a los intereses de la población, según el ingeniero ambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi, quien recordó que mediados del 2000 La Oroya fue identificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, debido a los altos niveles de contaminación emitidas en el proceso de refinamiento de minerales del complejo que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre.

La contaminación de La Oroya por metales pesados es un proceso que data de 1922, época en la que que el CMLO inicia sus operaciones como sucursal de la empresa Cerro de Pasco Corporation.

El precedente de las operaciones que ha dejado la empresa Doe Run, propietaria del complejo, cuando fue privatizada en 1997, es catastrófico, explica Alejandro Berrospi, tanto para las personas como para los ecosistemas. Entre los primeros se encuentran los tristemente célebres casos de niños de familias cercanas a las instalaciones que nacen con altísimos niveles de plomo, pese a que las operaciones estuvieron paralizadas desde el 2009, de acuerdo a estudios realizados por Dirección Regional de Salud Ambiental de Junín en La Oroya. Entre los segundos, en tanto, el ingeniero y experto en temas ambientales expone el caso de la cuenca del río Mantaro, afluente muerto según sus palabras por los altos niveles de contaminación a los que está expuesto.

Quedará por ver cómo funcionará el circuito de zinc, el primero de los que se ha puesto en marcha, antes que continúe con los circuitos de plomo y de cobre hacia 2025. “Ninguna de estas tecnologías han estado controladas en una fundición terriblemente contaminante, siendo La Oroya una de dos de las que existen en el país junto con la fundición de ILO de Southern Perú, que contamina todo el mar y todo el litoral de la zona y ambas son letales, tanto para el ambiente como para la población”, expresa Edwin Alejandro.

Por todo esto, preocupa el reinicio de las actividades, dado que no se conocen aún con exactitud los compromisos ambientales de las operaciones. Según el experto de Red Muqui: “El Estado está otorgando licencias de operación, sin respetar los derechos de las poblaciones que viven ahí y de las comunidades del Valle del Mantaro, o sea no hay consultas a las poblaciones, no hay una debida fiscalización ambiental, ni una serie de evaluaciones de los riesgos que conllevan su operación”

Por último, es importante destacar que está pendiente un fallo de La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que podría determinar la responsabilidad del Estado en perjudicar gravemente la salud de los habitantes de La Oroya. Sesenta y cinco de los cuales iniciaron en 2006 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que quince años después presentó ante la Corte el caso de la comunidad de La Oroya y que tiene como denunciado al Estado peruano por contaminación ambiental.

Para Edwin Alejando, esto demuestra que al régimen de Dina Boluarte no le interesa esta sentencia y antepone el interés empresarial por sobre el resguardo de la salud y del medioambiente.

Liliana Carhuaz, defensora de derechos humanos de La Oroya, expresó que antes del reinicio de las actividades de la fundición habría sido lógico que el gobierno subsanara todos los factores que han llevado a la contaminación del ambiente y el daño a la salud de las personas. “Si bien es una empresa nueva, que está a cargo de los trabajadores que han estado paralizados y el gobierno ha favorecido el trabajo de ellos, hay temas pendientes respecto a la responsabilidad ambiental y de la salud”, cerró Carhuaz.

Estreno de documental audiovisual “El Valle de Condebamba, donde crece la vida”

Red Muqui invita a la proyección del documental audiovisual “El Valle de Condebamba, donde crece la vida” (30 minutos), producido por Red Muqui y Grufides bajo la dirección de Eliana Lafone, que revela la resistencia y defensa comunitaria del agua ante la amenaza del proyecto minero Michiquillay.

El documental se proyectará en el Hotel Carrera (Jr. León Velarde 123, Lince), el miércoles 25 a las 3 p. m. y cierra el Foro Nacional, organizado por Red Muqui por sus 20 años de existencia, titulado “Las comunidades frente a la expansión minera: balance y perspectivas”, donde se realizarán mesas de trabajo con diálogo posterior entre participantes y panelistas.

Lo que revela el documental
El departamento de Cajamarca se retrata muchas veces en los medios, como una región pobre, debido a los altos índices de pobreza que en 2018 afectó al 13,9 por ciento de la población. Si se tiene en cuenta que es la principal región extractora de oro que aporta casi una cuarta parte de la producción peruana, con megaproyectos tan conocidos como Yanacocha, cabe hacerse la pregunta ¿Por qué tanta pobreza en medio de montañas de oro que atraviesan literalmente su geogratia? A cualquier visitante de su ciudad capital, llaman la atención lo verde de sus paisajes y la cantidad de productos lácteos que se venden en sus antiguas y atiborradas calles.

Aquí hay dos claves que revelan los verdaderos tesoros de un departamento rico en recursos imprescindibles para la supervivencia humana: agua y su rica biodiversidad que han transformado a Cajamarca en la principal cuenca lechera del país.
De hecho, más de la mitad de su población trabaja en la agricultura, ganadería y pesca. Gente de comunidades y poblados que generan autoempleo en sus numerosos y fértiles valles y activan una compleja cadena de actividades económicas intensivamente vinculadas a la agricultura y ganadería.

En tanto, la contribución de la minería al empleo es muy baja ya que solo representa el 0,8 por ciento de la población económicamente activa. Pese a esta realidad los gobiernos y el gremio minero presionan por nuevos proyectos de extracción de minerales. Uno de ellos, Michiquillay de la empresa Southern Copper Perú está a punto de iniciar su fase de explotación en la cabecera de cuenca del río Crisnejas.

Con ello está generando preocupación entre los habitantes de las zonas indirectamente impactadas por encontrarse río abajo del Crisnejas y del Valle de Condebamba que sufren desde hace años el impacto de la extracción formal a gran escala como la minera Shahuindo, pero también de numerosos proyectos de la minería informal localizados en la zona. Percepciones basadas en la observación de la pérdida de la fauna acuáticas de los ríos, coloración extraña de las aguas de manantiales, lento crecimiento de cultivos, frutales afectados, pérdida de fertilidad natural de las tierras, desaparición de animales silvestres, batracios y mariposas de las riberas de los ríos, afecciones dérmicas en los niños que se bañan en los ríos. De otra parte, las familias agricultoras del entorno de las operaciones mineras de Condebamba, que aún no sufren efectos severos de contaminación, como las familias de la Encañada expresan su preocupación y temor por el inminente daño que se avecina.

La amenaza para un espacio ecológico biodiverso y con especies endémicas del Perú
El documental audiovisual, “Valle de Condebamba: Donde nace la vida”, realizado por la documentalista Eliana Lafone con el auspicio de Pan para el Mundo muestra la vida y esperanzas de la gente del valle y sus formas de organizarse frente a este y otros proyectos mineros que amenazan con acabar con este espacio ecológico único, el segundo valle interandino más biodiverso del planeta.

La película de una duración de aproximadamente 30 minutos también presenta algunas de la conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental de las Actividades Mineras en el Valle de Condebamba realizado por el botánico y doctor en bioquímica Fidel Torres que realizó detallados estudios químicos y biológicos de la calidad de agua en diferentes puntos del Río Crisnejas en octubre de 2022. El propio Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) del proyecto de exploración minera “Michiquillay”, presentado por Southern Perú, a desarrollarse en el distrito de Encañada, provincia y departamento de Cajamarca señala impactos inmediatos en el ambiente del área de ejecución de la explotación que afectarán notablemente factores importantes de esta zona que pertenece a la naciente de la cuenca Crisnejas.

El estudio concluye que se afectarán las zonas de vida de páramos, bosques de neblina, lagunas y bofedales y 169 especies que habitan esas zonas quedarían expuestas a ser exterminadas, de las cuales tres son endémicas del Perú, es decir no existen en ninguna otra parte del planeta.

Por: Mayra Zambrano – Área Legal – Red Muqui

Masacre de Accomarca durante el conflicto armado interno

Uno de los crímenes de lesa humanidad más atroces cometidos por el Estado peruano, y que despertó el repudio nacional e internacional, ocurrió el 14 de agosto de 1985 (Vilcashuamán, Ayacucho), cuando el ejército peruano, al mando del subteniente Telmo Hurtado, ejecutó a aproximadamente 69 comuneras y comuneros desarmados, entre ellos ancianos y 28 niños. Según APRODEH (1), en octubre de 1985, la comunidad denunció a Hurtado por el delito de homicidio; sin embargo, el Fuero Militar inició una contienda de competencia frente a la Corte Suprema para poder encubrir sus crímenes. Dicha instancia aplicó en 1995 las leyes de amnistía promulgadas por el dictador Alberto Fujimori. No obstante, debido a la incansable lucha de los familiares once años después, en agosto de 2016, la Sala Penal Nacional condenó a la línea de mando militar que estuvo involucrada en la ejecución extrajudicial de los comuneros de Accomarca a 25 años de prisión. Un fallo que fue calificado como histórico ya que no dejó impune el crimen de lesa humanidad del Estado en contra de su propia población (2).

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas, se integraron en la Asociación Hijos del Distrito de Accomarca (AHIDA), así como en la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del distrito de Accomarca (AFVPDA) (3), quienes mediante actos culturales, han recreado la dolorosa experiencia de la matanza a través de una actuación anual presentada durante el carnaval ayacuchano, con coreografías y canciones testimoniales para seguir exigiendo justicia para las víctimas de la masacre, evidenciando así la desgarradora violencia política y la discriminación sufridas, con la finalidad que las futuras generaciones no las olviden.

Actividad minera sin consulta ni consentimiento previo

Actualmente la histórica comunidad campesina de Accomarca, productora de cultivos de palta, viene afrontando otra problemática: actividades de pequeña minería realizadas por el empresario Ismael Medina, quien opera con el código minero N° 010104417, en la concesión Huacachina 2016 III, cuyo titular es Edgardo Rojas Anayaipoma. De acuerdo con el expediente de la concesión minera (4), se encontró con las siguientes limitaciones: la existencia del sitio arqueológico “Quilquikucho”, y una zona agrícola parcial. La concesión minera sin embargo, no tomó en cuenta el área restringida del área urbana ni expansión urbana, es decir la existencia de las comunidades superpuestas, tal como la comunidad campesina de Accomarca.


Fuente: Red Muqui

Tal como se puede apreciar en el mapa realizado por la Red Muqui, el territorio de la comunidad se encuentra superpuesto no solo por la concesión en referencia, sino también por ocho más que se encuentran tituladas y tres, aún en trámite (5). Es decir, se incumple el artículo 3 del Reglamento de la Ley Especial que Regula el Otorgamiento de Concesiones Mineras en Áreas Urbanas y de Expansión Urbana – D. S. Nº 008-2002-EM, la cual expresa que una de las limitaciones para los petitorios mineros es la existencia de zonas urbanas o expansión urbana, como es el caso del territorio de la comunidad campesina.

La problemática recae en las actividades informales del operador minero Ismael Medina, quien explota sulfuro de cobre, cuenta con una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y que, sin embargo, de acuerdo con la solicitud de acceso a la información pública presentado por el área legal de Red Muqui (6), no entregó el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM). Aquí, la indicación textual del INGEMMET: “[..] respecto de los requisitos presentados por los mineros antes citados para la culminación del proceso de formalización minera (entre ellos el IGAFOM) ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, advirtiendo que no se encuentra sistematizado ningún IGAFOM. En tal sentido, no se cuenta con información respecto de los instrumentos ambientales, así como de las opiniones técnicas favorables del SERNANP, ANA, o SERFOR, respecto de la evaluación del IGAFOM”. (subrayado agregado)


Fuente: REINFO
De esta forma, aparentemente la empresa no cuenta con el instrumento de gestión ambiental necesario para el inicio de la explotación minera. Según el punto N° 3 del Informe Técnico N° 35-2023-GRA/GG-DRDE-DREMA-MRJH de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMA), el IGAFOM estaba en estado de evaluación por la Ventanilla Única de la Dirección.
Instrumento que fue desaprobado por la DREMA posteriormente y, pese a ello, el operador minero continuó sus actividades de extracción de mineral en el lugar denominado Chamana, zona que no fue incluida en ningún instrumento de gestión ambiental (IGA), el cual solo mencionaba al área de Pichuscucho que se encuentra actualmente en estado de paralización y sin operación minera alguna. En otras palabras, mediante el IGAFOM desaprobado -que representa una declaración jurada y de compromisos socioambientales- se pretendió engañar a la Administración Pública sobre la zona de explotación y beneficio minero, lo que impide la cuantificación de las toneladas métricas de mineral extraído y el impacto socioambiental que genera sobre la comunidad campesina.
En ese sentido, la Junta Directiva de la comunidad campesina de Accomarca con el acompañamiento técnico – legal de la Red Muqui, decidió presentar medios probatorios para resaltar las contradicciones y falta de transparencia respecto del proceso de formalización minera del empresario. De esta forma, el 25 de julio, mediante Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, el director regional de la DREMA resuelve ordenar la paralización temporal de la actividad minera ubicada en la zona denominada Chamana, pero ello estuvo condicionado a una inspección inopinada, sin plazo especificado. Posteriormente, el operador informal presentó el 10 de agosto un recurso de apelación de derecho referido a la resolución mencionada, argumentando razones insuficientes para la paralización de su campamento minero y alegando una vulneración de derechos.

Estigmatización y criminalización de dirigentes comunales de Accomarca

Mediante Acta de Asamblea General la comunidad campesina de Accomarca rechazó unánimemente la explotación minera y determinó que la harían respetar. De este modo, se acordó que el 25 de agosto se iba a realizar el desalojo de la operación minera, lo que llevaron a la práctica en la fecha mencionada. Sorpresivamente, el Ministerio Público respondió a la acción citando el mismo día al presidente y otros comuneros parte de la Junta Directiva de la C.C. Accomarca para una acción preventiva de esclarecimiento de hechos frente a la denuncia del empresario Medina. Se les acusa por el delito de daños contra el patrimonio, tipificado en el artículo 205 del Código Penal (7), porque los comuneros retuvieron temporalmente los bienes de su campamento minero.
Así empieza la estigmatización y criminalización por parte de la Fiscalía Provincial Penal de Vilcashuamán (8); cuyo caso está a cargo de la Fiscal Provincial Jeny Prado, quien abrió una investigación preliminar en contra del presidente Zósimo Sulca Quispe y otros directivos de la comunidad, en agravio del operador informal. La Fiscal los ha citado en reiteradas oportunidades al despacho, a pesar de que el costo de la movilización implica un gasto adicional no previsto por los comuneros, desatendiendo así el principio de interculturalidad que debe ser parte del proceso penal.
A la par, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Ayacucho exhorta a la DREMA dar cumplimiento de la Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM e iniciar investigación preliminar en contra de Ismael Medina por la presunta comisión de delito ambiental – delitos de contaminación, en la modalidad de minería ilegal en agravio del Estado, tipificado en el artículo 307-A del Código Penal. Así, se realizaron múltiples diligencias, entre ellas se puede resaltar un extracto de la copia del acta testimonial de Zósimo Sulca (9), quien expresa textualmente: “quiero agregar que la comunidad de Accomarca no quiere actividad minera, las zonas de Pichuscucho y Chamana son zonas de agricultura y plantaciones frutales”. De este modo, queda expresada la voluntad de la Asamblea basada en las principales actividades económicas que ejercen. Sin embargo, por parte de la explotación minera, no hubo diálogo con resultados suficientes y se siguió extrayendo los recursos minerales sin consentimiento previo ni permiso de uso de terreno superficial por parte de la comunidad campesina.
Por todo lo expuesto, se evidencia una total falta de transparencia, buen gobierno y articulación de la información entre entidades multinivel y la Ventanilla Única instalada en la DREMA. Asimismo, por distintas presiones económicas e intereses políticos del Congreso de la República, se ha venido ampliando y desnaturalizando el acceso al REINFO, ya que luego de 21 años de fracasos normativos, hasta la fecha no se cuenta con una debida formalización integral de la pequeña minería, lo que permite la ilegalidad y se avala la impunidad. Son principalmente las comunidades nativas y campesinas las afectadas por la falta de consulta previa por la entrada de actividades extractivas en sus territorios. Resaltamos la necesidad de un correcto diálogo intercultural y el respeto a la autonomía comunal, de conformidad con los artículos 88 y 89 de la Constitución Política del Perú; así como la Ley N° 24656 y el Pleno 310/2023.

Fuentes bibliográficas:
(1) Más información en: https://www.aprodeh.org.pe/caso-accomarca/
(2) https://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion_1/el-caso-accomarca-y-la-judicializacion-de-violaciones-de-derechos-humanos-31-anos-despues/
(3) https://lum.cultura.pe/sites/default/files/publicaciones/PDF/lum_-_memoria_2_-_accomarca_pdf.pdf
(4) https://portal.ingemmet.gob.pe/web/guest/sidemcat?CodDM=010104417&TipoDoc=0
(5) https://muqui.org/noticias/ayacucho-comunidad-campesina-de-accomarca-en-riesgo-por-la-presencia-de-pequena-mineria/
(6) Datos obtenidos a partir de accesos a la información: Expediente N° 3489105 del Ministerio de Energía y Minas; Expediente N° 4359528/3508851 del Gobierno Regional de Ayacucho; y, Expediente N° 3490475 del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
(7) Información recaída en la carpeta fiscal N° 2023-313
(8) https://muqui.org/noticias/alerta-comuneros-de-accomarca-de-ayacucho-son-denunciados-por-productor-minero/
(9) Solicitada a Miguel Angel Guerrero Moscoso, Fiscal Adjunto Provincial de la FEMA de Ayacucho

De acuerdo con los alarmantes datos de Monitoring of the Andean Amazon Project – MAAP, la minería aurífera ilegal ha retornado en zonas degradadas de La Pampa. Este lugar se ubica dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, Madre de Dios. Allí se ha incrementado en más del 400 % las infraestructuras mineras respecto al 2021, luego de la denominada “Operación Mercurio” (2019), cuyos resultados se vieron frustrados debido a la pandemia que imposibilitó trabajos de campo y seguimiento a la actividad minera en pozas residuales. Así, en 2021, se identificaron 148 dragas remanentes en espacios degradados, mientras que, en el 2023, se han encontrado 598. Este hallazgo demuestra el retorno peligroso de la minería ilegal en la zona de La Pampa.

Por otro lado, es importante recordar que uno de los principales impactos que deja la minería ilegal, además de áreas deforestadas, es la generación de pozas residuales donde se concentran sedimentos removidos del suelo y elementos contaminantes utilizados durante la extracción del oro. En ese sentido, se aprecia que, en el año 2021, la gran mayoría de pozas se encontraban inactivas; sin embargo, en el año 2023, la mayoría de estas pasaron a ser pozas activas, incrementándose en un 320 % en tan solo dos años.

Desde Red Muqui, condenamos rotundamente la minería ilegal que, además de generar un impacto negativo sobre el ambiente, conlleva la violación de derechos humanos conexos, vulnera aún más los ecosistemas frágiles y refuerza el despojo y destrucción de los territorios, con grave daño a la vida de las comunidades y población en general.

Fuente: Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica

Crédito de la foto principal: El Comercio

Ante los anuncios del régimen de Boluarte, su ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, el premier Alberto Otarola y, los representantes de la empresa Southern Perú Copper Corporation que se han pronunciado a favor de la viabilidad del proyecto minero Tía María, en el Valle de Tambo, en el marco de la 36 edición de la convención PERUMIN en Arequipa, es importante señalar lo siguiente:

Es absolutamente irresponsable que el gobierno y la empresa minera busquen retomar el proyecto minero Tía María, conociendo que la población local del Valle de Tambo ya rechazó el proyecto a través de una consulta vecinal (donde el 97% de la población le dijo no a la minería) porque consideran que afectará, de manera irreversible, un valle fértil. Además, resulta inviable ambiental, económica y socialmente. Las declaraciones que hacen estos funcionarios en PERUMIN 2023 contribuyen a azuzar, aún más, la posible reactivación de un conflicto socioambiental en la zona.

El 14 de marzo del 2021 los candidatos a la presidencia y vicepresidencia Pedro Castillo y Dina Boluarte firmaron un acuerdo con la población del Valle de Tambo, en el cual se comprometieron a defender la agricultura y el agua en la zona, así como refrendar el retiro inmediato de la empresa minera Southern Perú de la provincia de Islay. Además, ambos candidatos acordaron la cancelación definitiva de todo denuncio minero (para hacerse de la concesión de proyectos mineros abandonados) en la provincia, para garantizar el desarrollo del agro, el turismo y la agroexportación, en un compromiso que declara la intangibilidad del valle.

La población de este fértil territorio se ha decidido por el desarrollo de la actividad agrícola, principal actividad económica en la zona, que genera trabajo a miles de personas de manera permanente. Es importante, también, recordar que, durante la pandemia, este valle sostuvo la vida de millones de peruanos y peruanas a través de la producción de la cebolla, ajo, arroz, papa entre otros productos.

Finalmente, la situación de los heridos, criminalizados, detenidos y encarcelados injustamente, así como de los familiares de los fallecidos, en las sucesivas protestas sociales, ha generado la sensación de impunidad, ya que muchos casos no cuentan con ninguna investigación, ni mucho menos sanción a los responsables. Por tanto, pretender revivir un proyecto que tanto dolor ha generado al pueblo del Valle de Tambo, reiteramos, no solo es irresponsable, sino una afrenta a los agricultores y a la población local.

Lima, 26 de setiembre del 2023