Si Puno no es el Perú ¿de quién es el litio?

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En unas lamentables declaraciones sobre Puno la presidenta Dina Boluarte manifestó que: “Puno no es el Perú”[1]. Esta afirmación, realizada durante una rueda de prensa dirigida a periodistas de la asociación de prensa extranjera ayer se sumó a otras descalificaciones hacia quienes protestan como terroristas, aliados del narcotráfico, de la minería ilegal y de otras economías ilegales[2]. De esta forma, Dina Boluarte y sus ministros buscan desconocer las legítimas demandas detrás de las contundentes movilizaciones de la región altiplánica, acrecentando aún más la indignación y la protesta de las provincias movilizadas hasta el momento en el departamento de Puno.

Lo anterior, se contrapone a los intereses del mismo gobierno, intereses que según el ministro de Económica y Finanzas, Alex Contreras, estarían dirigidos a iniciar el desarrollo de la industria del litio en el país, mediante la creación de una mesa ejecutiva en Puno[3].

Si Puno no es el Perú, entonces de ¿Quién es el litio y a quién le corresponde abordar la problemática social, ambiental, económica y de salud a propósito de la mesa ejecutiva?, sin olvidar que Puno es más que litio, un mineral que aún no se está explotando. En ese marco, es pertinente resaltar que en noviembre de 2017 la empresa Macusani Yellowcake anunció el descubrimiento de un importante yacimiento de litio en la zona de Falchani, provincia de Carabaya, departamento de Puno[4]. Lugar donde ahora fallecieron dos personas durante el enfrentamiento entre policías y manifestantes[5] en el marco de las protestas nacionales por la renuncia de Dina Boluarte, asamblea constituyente y cierre del congreso.

Puno no es solo litio y uranio, pero la minería ya ha causado muchos Estragos  

Al 2020 Puno ocupaba el tercer lugar en la lista de regiones que presentan mayor cantidad de Pasivos Ambientales Mineros (PAM)[6]. De los 916 PAM ubicados en el departamento, la mayoría no contaban con información sobre quién los había causado para garantizar su remediación. Existe un correlato entre esas explotaciones abandonadas y la contaminación. Lo que se puede inferir del hecho que diariamente más de 716 mil puneños y puneñas equivalentes al 58 por ciento de la población se en encuentra expuesta a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas[7]. Y en otra triste estadística Puno ocupa el primer lugar: En casos de anemia en menores de 6 a 35 meses de edad con el 70.4% de su población infantil[8].

La problemática relacionada con indicadores de salud y remediación de pasivos ambientales son problemáticas recurrentes y sin solución. Ello es fundamental al evaluar los proyectos de litio, cuya explotación se encuentra estrechamente ligada a depósitos de uranio superpuestos[9] con los primeros en el caso de Falchani diferente a aquellos yacimientos ubicados en salares. Al perforar por litio indudablemente se expondría la radiaactividad del uranio. Como si lo anterior no fuera suficiente, las concesiones mineras de uranio y litio se superponen sobre casi la totalidad de las 36,978.6451 Ha que conforman el Paisaje Arqueológico Pinturas Rupestres Corani – Macusani. Por si no bastara con esos problemas, las concesiones mineras para explorar ambos minerales se superponen con cabeceras de cuenca, y con el nevado Quelccaya[10], cuyo glaciar igualmente correrían peligro con esa actividad.

“Puno no es el Perú”, pero somos parte de él, y como en otros departamentos, una vida digna y un ambiente saludable parecen sueños utópicos. Por ello para los puneños y el pueblo de Macusani, Dina Boluarte debe renunciar, y de lo último que debe hablar es de la explotación del litio en este momento y mucho menos cuando en esta provincia han sido asesinados dos compatriotas peruanos por la PNP.

 

Bladimir Martinez DHUMA Puno

 

 

[1] https://canaln.pe/actualidad/dina-boluarte-puno-no-peru-n457691

[2] https://elpais.com/internacional/2023-01-06/el-terruqueo-el-arma-verbal-que-pone-a-los-manifestantes-peruanos-en-la-diana.html

[3] https://gestion.pe/economia/empresas/ate-laive-municipalidad-de-ate-cierra-temporalmente-planta-de-produccion-de-laive-noticia/

[4] http://siar.minam.gob.pe/puno/sites/default/files/archivos/public/docs/informe_litio_en_puno_online.pdf

[5] https://larepublica.pe/sociedad/2023/01/19/paro-en-puno-fallecio-segundo-rondero-herido-de-bala-tras-enfrentamientos-en-macusani-lrsd

[6] https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/2120316-pasivos-ambientales-mineros-en-el-peru-resultados-de-la-auditoria-de-desempeno-sobre-gobernanza-para-el-manejo-integral-de-los-pam

[7] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Informe-de-Adjunti%CC%81a-N%C2%B0-19-2021-DP-AMASPPI.pdf

[8] https://www.cmp.org.pe/decano-del-cr-puno-del-cmp-denuncia-incremento-de-casos-de-anemia-en-ninos-de-su-region/

[9] http://siar.minam.gob.pe/puno/ documentos/proyecto-explotacion-litio-puno.

[10] https://diariosinfronteras.com.pe/2022/10/19/litio-amenaza-el-quelccaya-y-petroglifos/

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Terruqueo y persecución de defensores ambientales de Puno

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Las protestas y movilizaciones contra Dina Boluarte y el Congreso de la República están siendo reprimidas duramente por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales, más de 60 personas asesinadas en menos de dos meses de gobierno de Dina Boluarte.  A su vez, el gobierno viene llevando a cabo una feroz persecución contra diversos dirigentes sociales a nivel nacional, esto con el objetivo de castigar y criminalizar a aquellos que lideran las movilizaciones sociales.

 

Es el caso de Félix Suasaca Suasaca del Frente de Defensa del río Coata y del Lago Titicaca en Puno, quien ha sido denunciado penalmente por las protestas convocadas en Juliaca a comienzos de enero de 2023 y que terminaron con la masacre de 19 personas por parte de la PNP. Felix Suasaca denuncia la situación de persecución y criminalización que vive por ejercer su legítimo derecho a la protesta social: “tengo denuncias penales que buscan arrebatarme mi libertad y amedrentarme para que no me siga organizando por mi pueblo (…) y no solo eso, constantemente me viene haciendo reglaje la Dirección Nacional de Inteligencia. Su objetivo es acallar la lucha de los dirigentes indígenas y la voz de Puno” ha señalado recientemente.

 

Suasaca, es un reconocido defensor ambiental contra la contaminación por metales tóxicos en Puno y a nivel nacional, actualmente es el presidente de la Plataforma Nacional de personas afectadas por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas.   En las últimas semanas viene siendo difamado por los medios de prensa nacionales como Panamericana. En un reportaje del programa “Panorama” que titula “El origen de la violencia en Puno” lo señala como si fuera miembro de MOVADEF.  Felix Suasaca y Claudio Garcia Choqueluque, que también es de Puno, son dirigentes ambientales que desde hace varios años vienen haciendo defensa activa del medio ambiente en sus territorios y que coinciden en reivindicar la lucha por la Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente.

 

Justamente la Asamblea Constituyente es una consigna que caracteriza las plataformas de lucha de las diversas organizaciones sociales en Puno y a nivel nacional, sin embargo, la PNP y la Fiscalías contra el crimen organizado vienen persiguiendo a los dirigentes sociales que reivindican estas demandas. Es el caso de varios miembros Frente de Defensa de Ayacucho quienes están detenidos en Lima y vienen siendo sindicados por organizarse en torno a esta propuesta, lo que atenta contra el derecho a la libertad de expresión de la población movilizada.

 

En el caso de Puno, en las últimas semanas viene siendo el epicentro de la protesta social y actualmente varias de sus delegaciones se encuentran en Lima para hacer sentir su voz de protesta. Varios de sus dirigentes corren el riesgo de ser detenidos y posiblemente encarcelados por ejercer el derecho a la protesta y exigir justicia social. Por todo lo señalado, ponemos en conocimiento a la opinión pública nacional e internacional sobre la persecución y estigmatización que vienen sufriendo los defensores ambientales y la población movilizada en las regiones y en la ciudad de Lima en el contexto de la actual crisis política.

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Policía reprime brutalmente en Ilave/Puno: registros muestran a PNP disparando revólveres

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Al promediar las 15:00 horas del viernes, 20 de enero de 2023, desde un segundo piso, graban a un policía que dispara con lo que parece un revólver en tres ocasiones hacia posiciones donde se encontraban manifestantes, no hacia arriba, sino hacia el cuerpo humano[1], lo que causa indignación y desata un feroz enfrentamiento entre manifestantes y policías. En otro video, algunas horas después, nuevamente otro ciudadano graba a otro policía disparando a personas que transitaban por la plaza mayor de Ilave[2], no manifestantes, sino transeúntes.

El primer hecho, desató un enfrentamiento que lamentablemente culminó con diez personas heridas, de las cuales tres fueron dadas de alta. Sin embargo el ciudadano Isidro Arcata Mamani (62) falleció luego de ser herido por la policía y mientras era trasladado hacia el Hospital Manuel Núñez Butrón en Puno, junto a José Lima, quien luego de una intervención quirúrgica se encuentra estable[3][4].

Durante la noche de ayer, los policías habrían huido de la comisaría en Ilave hacia el cuartel ubicado en el mismo distrito, y durante las primeras horas de hoy, se registraron incendios en dicha unidad policial así como en agencias bancarias y el Ministerio Público[5]. Además se detuvieron alrededor de 12 personas, quienes habrían sido torturadas después que la policía les hubiesen “sembrado” pruebas falsas según abogados locales[6]y5. Al cierre de este informe, mediante un comunicado de la Municipalidad Provincial de El Collao, se asegura que los hechos de violencia ocurridos fueron resultado de los abusos de la Policía en contra de la población aimara que protestaban por la renuncia de Dina Boluarte[7].

 

 

 

 

[1] https://larepublica.pe/sociedad/2023/01/20/protestas-en-puno-captan-preciso-momento-en-que-policia-dispara-en-manifestacion-que-dejo-6-heridos-en-ilave-lrsd/?fbclid=IwAR0OiI_4HpWNFg_xruaNB8tnqC5kUx1W-9M3z0vzzU3b_qCp9ukJiXOlQ48

[2] https://www.facebook.com/diariosinfronteras/photos/pcb.3447859932160215/3447859758826899/

[3] https://www.facebook.com/DiresaPunoOficial/photos/a.463788997738690/1329865521131029/

[4] https://www.facebook.com/TEINFORMA/photos/a.1287522794634915/5737070536346763

[5] https://www.facebook.com/diariosinfronteras/photos/pcb.3448420672104141/3448419658770909/

[6] https://www.facebook.com/diariosinfronteras/photos/pcb.3448252968787578/3448252825454259/

[7] https://larepublica.pe/sociedad/2023/01/21/protestas-en-puno-un-aymara-muerto-y-7-heridos-en-ilave-tras-dura-represion-policial-lrsd/?fbclid=IwAR3kNuFSXK78WHAGanxnFPpCpWLxMCP10EWIiSJB_QTXdmI1J4SV41Ge4II

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CIDH: protesta social es única forma que tienen pueblos históricamente discriminados para realizar sus demandas

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La delegación especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una visita de observación al Perú entre el 11 y 13 de enero por la crisis social y política que se vive en el país, expresó en conferencia de prensa realizada el pasado viernes su firme condena a los actos de violencia ejercidos en las últimas protestas en el país. Esta conferencia, encabezada por el Relator para el Perú, Stuardo Ralón, se realizó para informar sobre los testimonios luego de que la comisión se reuniera con autoridades y amplios sectores sociales para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual del país.

La CIDH declaró que el Estado tiene la obligación de realizar las investigaciones serias, imparciales y efectivas pertinentes, a través de las fiscalías especializadas, en particular aquella con dedicación a los derechos humanos. La entidad también destacó que se debe juzgar y sancionar a responsables de los actos de vulneración de derechos humanos cometidos. Asimismo, se debe atender urgentemente a las personas heridas y brindar apoyo económico pertinente a familiares de fallecidos. Además, el relator Stuardo Ralón, señaló que, considerando la naturaleza de los hechos, las investigaciones deben realizarse con un enfoque étnico-racial.

En cuanto a las acciones de manifestaciones, Ralón declaró que en momentos de crisis, la protesta social y pacífica “puede ser la única vía de participación política de comunidades discriminadas estructuralmente o que han sido sometidas a exclusión política y social”, por lo cual el Estado debe evitar medidas generalizadas e indiscriminadas para restringir las protestas; y en particular, el uso de fuerza letal. Además, la estigmatización (el llamado «terriqueo» n.d.r) la cual ha estado siendo utilizada por autoridades políticas y medios de comunicación, contribuye a un ambiente de legitimación de discriminación de pueblos campesinos e indígenas. Por lo que el Estado debe encontrar soluciones respetuosas a los derechos humanos a través de un diálogo amplio donde participen todos los sectores y que estos se sientan representados, a pesar de que, actualmente, “la sociedad peruana no se escucha entre sí”.

En sus visitas a diferentes provincias, Ralón señala que la CIDH constató un clima de extrema polarización, además del dolor e indignación de los familiares de las víctimas. Indicó que esto es fundamental de comprender para llegar a un escenario de diálogo y solución de la crisis social. Sin embargo, a pesar de que se recabaron testimonios de una gran cantidad de personas, y que exigían justicia y una pronta solución, la CIDH comprobó que, a nivel nacional, no existe la cantidad de fiscalías especializadas en derechos humanos necesaria para investigar cada muerte ocurrida en las protestas, lo cual dificultará mucho más que se realicen las investigaciones pertinentes.

En cuanto a la denuncia de que la policía utilizó proyectiles de balas de fuego para redimir a los manifestantes, el relator de la CIDH señaló que, si bien se han recibido testimonios de que se usaron balas Doom Doom, “no hay pruebas certeras aún de que si se hizo uso de estos tipo de proyectiles”, por lo que se debe esperar a que se realicen las pruebas de balística pertinentes.

Finalmente, se resaltó que, en un contexto de crisis social, los medios de prensa tienen un rol fundamental, porque la información es importante para iniciar un diálogo. Asimismo, se declaró que en los próximos días se presentará un informe de país sobre esta visita

 

VISITAS DE OBSERVACIÓN DE LA CIDH:

Desde el pasado miércoles, la delegación de la CIDH viajó a Lima, Ica, y Arequipa para reunirse con dirigentes, organizaciones, familiares y abogados de fallecidos y heridos durante las protestas, para escuchar testimonios sobre la violenta represión de la PNP. Además, visitó la provincia donde murieron 19 personas por proyectiles de armas de fuego disparadas por la policía, Juliaca- Puno, la cual, luego de estos hechos, se convirtió en la zona donde ocurrieron las represiones más sangrientas desde que estallaran las protestas.

Previamente a la reunión con la CIDH, los actores sociales mencionados se reunieron internamente en la parroquia Pueblo de Dios-Juliaca para discutir y presentar sus demandas ante la coordinadora sobre las violaciones de DD.HH. ocurridas en los últimos días en la provincia. Además, la organización de la reunión fue apoyada por la asociación FEDERH y la Defensoría del Pueblo.

Posteriormente, con la presencia de la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador, los representantes se movilizaron al aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca para iniciar las reuniones con la delegación de la CIDH. Frente a la desconfianza hacia el gobierno de Dina Boluarte, la presencia de la coordinadora en la zona ha representado una “esperanza” para la sociedad civil para poder encontrar justicia, paz, y que no se vuelva a criminalizar ni reprimir las protestas.

Cabe resaltar que, lamentablemente, durante la realización de estas reuniones, se confirmó el fallecimiento de un menor de 15 años de edad, que había sido herido por proyectil de arma de fuego, y que, a pesar de que estuvo internado en UCI en un hospital de Juliaca, no superó la gravedad de sus heridas

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Pronunciamiento a la Comunidad Internacional de Derechos Humanos

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DENUNCIAMOS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ POR EL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE

La sociedad civil del sur andino y del Perú abajo firmantes, conformada por organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones campesinas, de mujeres, de jóvenes, entre otras, nos dirigimos a la comunidad internacional defensora de derechos humanos para señalar lo siguiente:

Primero. – El 9 de enero en Juliaca -Puno, se produjo el asesinato de otros 18 ciudadanos peruanos y peruanas. Y el 11 de enero último, el asesinato de otro peruano en Cusco. El Estado en lugar de proteger el derecho fundamental a la vida, la ha transgredido nuevamente. Con las 6 muertes de Apurímac, 10 de Ayacucho, 2 de Arequipa, 3 de Junín y 3 de La Libertad, suman al menos 43 peruanos/as asesinados/as o ejecutados extrajudicialmente. A ello se suma el crimen contra la vida de un efectivo de la PNP en Juliaca.

Segundo. – A estas muertes responsabilidad del Estado se suman los más de 600 heridos, en su gran  mayoría civiles, pero también efectivos policiales. A ello se debe agregar la situación de personas detenidas arbitrariamente que sufrieron torturas, tratos crueles e inhumanos, así como el allanamiento de domicilios, reglaje contra dirigentes sociales, instituciones de derechos humanos y congresistas y la intervención en locales de partidos políticos y organizaciones sociales. Igualmente se ha denunciado la presencia de policías vestidos de civiles, conocidos como ternas, quienes efectuaron detenciones arbitrarias. Todo ello, en medio de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional que ha producido diversos crímenes de lesa humanidad.

Tercero. – La presidenta Dina Boluarte ha reiterado que “no entiende qué piden los manifestantes”. Por el contrario, les acusa de azuzadores y terroristas, estigmatizando sus reclamos. Las demandas de las peruanas y peruanos movilizados en el sur y las regiones del país en su conjunto si bien son diversas, son claras y nacen de la indignación frente a un profundo malestar y cuestionamiento al modelo de representación política y económica. Las movilizaciones coinciden en 4 puntos importantes: el adelanto de nuevas elecciones generales para el 2023; el cierre del Congreso; la asamblea constituyente para una nueva Constitución; y ahora la RENUNCIA de la presidenta Dina Boluarte.

Cuarto. – A esta miopía política de la presidenta y al negacionismo represivo del Premier y del Consejo de Ministros a través de las fuerzas policiales y militares, expresada la noche del 9 de enero desde el Palacio de Gobierno, se suma la implementación de una arquitectura normativa, que instrumentaliza el derecho penal con el objetivo de criminalizar el derecho a protestar y opinar, y que busca limitar la libertad de asociación. El Congreso de la República y el Ejecutivo son responsables de esto, al operar conjuntamente como se volvió a constatar al otorgarse el voto de confianza al gabinete Otárola, responsable de las violaciones a derechos humanos descritos en los párrafos anteriores.

En este contexto de abierta vulneración de derechos y crímenes de lesa humanidad en nuestro país, SOLICITAMOS el pronunciamiento a la comunidad internacional de derechos humanos y a las instancias supranacionales que buscan garantizar la vigencia de los derechos humanos y la democracia. De esa forma apoyar en el cometido de salvaguarda de los derechos fundamentales de los peruanos y peruanas que hoy ejercen su derecho a la protesta. Solicitamos, a su vez, que la comunidad internacional incida ante el Estado peruano para conformar con urgencia y celeridad una Comisión independiente de Investigación que esclarezca las responsabilidades por las muertes de las 42 personas, que lamentablemente, incluye a menores de edad.

Perú, 12 de enero del 2023.

 

– Red Muqui

– Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

– Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA (Puno, Perú)

– Centro Bartolomé de Las Casas – CBC – Cusco

– Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF – Cusco

– Asociación de Mujeres Sinchi Warmi

– GRUFIDES – Cajamarca

– Centro de Cultura Popular Labor – Pasco

– Red Agua Desarrollo y Democracia – REDAD – Piura

– Asociación Nación Quechua – Qichwa Ayllu

– CooperAcción

– Instituto de Estudios de las Culturas Andinas- IDECA – Puno

– Instituto Ambientalista Natura – Ancash

– Asociación Marianista de Acción Social – AMAS – La Libertad

– Asociación para el Desarrollo Andino Amazónico – Huñuq Mayu – Ayacucho, Apurimac.

– Centro Andino de Educación y Promoción (CADEP) “José María Arguedas” – Cusco

– Centro de Desarrollo Agropecuario – CEDAP, Ayacucho

– PROYECTO AMIGO – La Libertad

– VECINOS PERÚ

– Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH – Lima

– Red Uniendo Manos Perú

– Red Muqui Sur

– Casa del BienEstar Acobamba

– Red de Adolescentes y Jóvenes Solidarios

– Asociación mujeres emprendedoras Lircay, Huancavelica

– Asociación Tarpurisunchis – Apurimac

– Colectivo Santiaguinos en Acción

– Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

– Red Iglesias y Minería – Nodo Perú

– Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

– Promoción «Amauta» 1991 – Colegio Emblemático César Abraham Vallejo Mendoza

– Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria – ISAIAS

Siguen más firmas individuales…

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Dina Boluarte y ministros suman nuevas denuncias penales por manifestantes asesinados y heridos

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, el titular de la PCM Alberto Otárola y un grupo de ministros han sido denunciados hoy por la congresista Ruth Luque ante la Fiscalía de la Nación por homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones en contra del gobierno en las últimas semanas que han dejado a 45 personas muertas y más de un centenar de heridos.

La denuncia responsabiliza a los miembros del Poder Ejecutivo por las muertes y heridos registrados en Andahuaylas, Huamanga, Pichanaki y Juliaca. En una publicación en sus redes sociales posterior a la acción judicial la representante de Cusco exigió que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debe actuar con urgencia en defensa de la vida e integridad.

Hay que recordar que Luque también presentó una denuncia constitucional contra la mandataria y miembros de su gabinete ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por infracción a la Carta Magna y homicidio calificado.

La denuncia penal de la congresista se suma a otra acción similar contra la mandataria por los delitos de crimen organizado, genocidio y homicidio calificado entre otros, que presentaron durante esta jornada abogados del estudio Quiroz de Juliaca.

La demanda presentada en dicha ciudad también alcanza como autores mediatos al presidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, a los ministros de defensa y del Interior, Jorge Chávez y Víctor Rojas, respectivamente y a Carlos Bravo Jefe de la Macro Región Policial de Puno.

En los fundamentos de la acción penal los abogados demandantes exponen “que el actuar delictivo de las fuerzas del orden expresa el modus operandi en el actual contexto de conflicto, pues no son acciones aisladas sino esas muertes se producen con similar propósito a las ocurridas en las ciudades de Apurímac, Cusco, Arequipa, Ayacucho, entre otros; es decir, estas acciones son planificadas y dirigidas, con el claro objetivo de causar las muertes…”

Según expresan en la denuncia “….nada puede justificar que el Estado cometa GENOCIDIO, HOMICIDIO CALIFICADO y otros, cause las muertes de ciudadanos, bajo ningún contexto». De acuerdo a las pruebas aportadas se evidencia según los letrados que la acción represiva tiene como objetivo claro  “desaparecer las manifestaciones, y dejar como lección a la población del poderío estatal organizado”.

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Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza se pronuncia sobre los sucesos en protestas en Puno

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La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de la Región Puno, y de la provincia de San Román, tras la confrontación entre pobladores y las fuerzas del orden ocurrido en inmediaciones del aeropuerto Internacional Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca, en los días  6 ,  7 y 8 de enero del presente en la que resultaron innumerables ciudadanos y policías heridos, expresamos lo siguiente:

PRIMERO.- Rechazamos todo tipo de violencia, venga de donde venga. Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, para que moderen su intervención en las acciones disuasivas, actuando de manera proporcional y razonable;   hacia los ciudadanos y ciudadanas; así mismo, a respetar la labor de los periodistas que cubren la información de  los hechos.

SEGUNDO.-Invocamos a los manifestantes para  que la protesta social transcurra de manera pacífica, como ejercicio de un derecho fundamental. Nuestro deber como ciudadanos es cuidar y respetar los bienes privados y públicos; así como el respeto a  los derechos de las personas que no están en las movilizaciones.

TERCERO.-  Es necesario que contribuyamos  en la defensa de la vida, facilitemos la circulación  de las ambulancias y personal de salud para que cumplan con su labor de proteger  a la población, de igual manera el paso de los bomberos que acudan en auxilio de los ciudadanos, evitando el lanzamiento de piedras. Asimismo, invocamos a la responsabilidad de los padres y madres de familia a no exponer a sus hijos menores de edad en zonas de alta convulsión social por los riesgos que puede implicar para su integridad física y psicológica.

CUARTO.-  Pedimos al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República tomar en cuenta en sus agendas las urgentes demandas de la población del Perú profundo,  expresadas en estos días de paralización y que puedan contribuir  al diálogo y a la pacificación .

QUINTO.- Solicitamos que los operadores de justicia intervengan  en forma oportuna de acuerdo a sus atribuciones en la defensa de los derechos de las personas.

SEXTO.- Invocamos a que el Estado cumpla con su labor de protección garantizando la atención integral de salud de los heridos  hasta su completa recuperación . Así mismo en forma solidaria y humanitaria solicitamos a  la comunidad en general a adherirse   en forma concreta (donación de sangre, apoyo con medicamentos, víveres etc) con los heridos y sus  familiares, y como una posibilidad  a través de la Parroquia  Pueblo de  Dios (Av. Triunfo, 8va cuadra Pueblo joven Revolución,  distrito de San Miguel) y contactarse con los teléfonos  al fijo 051 321849 y al celular 951758900.

¡¡¡La vida es el don más preciado y está en nuestras manos cuidarla y hacerla florecer!!!

Comité Ejecutivo Regional de Puno  y  provincial de San Román.

Puno, 08 de enero del 2023

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Fuero Militar Policial anuncia que no acatará lo señalado por la presidenta Boluarte y no investigará asesinatos de manifestantes

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En medio de la crisis social y política que se vive en el Perú, luego de la vacancia de Pedro Castillo y la designación de Dina Boluarte como presidenta de la República, la policía nacional y los militares han seguido reprimiendo las manifestaciones legítimas en las diferentes regiones del país.

De acuerdo a la Dirección Regional de Salud, hasta la fecha, se han registrado 25 asesinatos de manifestantes como consecuencia de los enfrentamientos que han tenido con la policía y fuerza armada en Apurímac, La Libertad, Junín, Arequipa y Ayacucho. Asimismo, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, entre las personas fallecidas, se encuentran 04 menores de edad. Esto es un indicador de la brutalidad con la que ha actuado la policía y el gobierno de Boluarte para reprimir las manifestaciones.

A pesar de los asesinatos, la gran cantidad de personas heridas y las detenciones arbitrarias que realiza la policía, la presidenta ha tomado decisiones que han crispado mucho más el ambiente, como, por ejemplo, la declaración de Estado de Emergencia en el país de una duración de 30 días.

Además, el domingo 18 de diciembre, a través de diferentes medios de prensa, Dina Boluarte anunció que las nueve muertes que dejó la represión por parte de soldados a las protestas del 15 de diciembre en Ayacucho, serán investigadas en un fuero militar, un juicio realizado única y exclusivamente para juzgar delitos de función en los que incurra el Personal Militar y Policial en situación de actividad.

“La Fiscalía ya ha intervenido, están haciendo las investigaciones pertinentes. Antes de venir a tu programa, me he reunido con el jefe del Comando Conjunto para que las muertes en las protestas se puedan investigar en el fuero militar. Ninguna muerte es aceptada, y me duele…”, dijo Boluarte en el programa ‘Cuarto poder’.

Esto representa una decisión que  deja impunes los crímenes cometidos de la policía y militares contra el pueblo, porque la vulneración de los derechos humanos cometidas por los militares no puede ser derivadas por la justicia militar, sino tienen que ser juzgadas en un fuero común, lo cual compete a la Fiscalía y al Poder Judicial.

Frente a esta decisión, diferentes especialistas y autoridades criticaron este anuncio, como por ejemplo, la expremier, Mirtha Vásquez quien declaró que esta decisión “es una burla para los familiares de las víctimas” y pidió dejar de criminalizar las manifestaciones a nivel nacional.

Asimismo, la congresista Susel Paredes señaló que las muertes en las protestas son “posibles casos de vulneración de derechos humanos”, por lo que corresponde que sean investigadas por un fuero común.

Diversos especialistas recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los casos de muertes durante protestas contra el Gobierno tienen que ser solo investigados por el fuero común y no por el militar, argumento que pretendía usar el ex-presidente Alberto Fujimori para librarse de la condena por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Sumado a esto, la Corte Suprema de Justicia también resolvió, en el 2004, que las violaciones de derechos humanos son de competencia exclusiva de la justicia común (Fiscalía y Poder Judicial).

 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN:

La presidenta Boluarte también ha recibido el respaldo de autoridades como el ministro de Justicias José Tello, quien se mostró de acuerdo con que los casos de asesinatos deben verse en el fuero militar ya que considera que sí “hubieron excesos”

Sin embargo, el día de hoy, Fuentes de la Justicia castrense señalaron que se oponen a ello y no investigarán las 22 muertes con arma de fuego ocurridas durante la represión de las marchas, porque esto corresponde al fuero común. Esto luego de que el diario La República consultara con fuentes militares

Asimismo, a través de un reciente pronunciamiento, el Fuero Militar Policial (FMP) señaló que no juzgan delitos comunes, previstos en el Código Penal Común, tampoco a civiles y a militares o policías en situación de retiro. El FMP sí investiga y sanciona los delitos de función cometidos por el personal militar y policial en situación de actividad, conforme lo previsto en el Código Penal Militar Policial

Por esa razón, lo que sí señaló es que la Fiscalía Militar Policial investigará a los agentes de las Fuerzas Armadas y de la policía nacional que resulten responsables de delitos de función durante las recientes protestas en el país. El “delito de función” es toda conducta ilícita cometida por un militar y policía en actividad, que atente contra los bienes jurídicos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funcionamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

Es importante señalar que los asesinatos y vulneraciones de derechos ocurridos en los enfrentamientos deben ser investigados de manera imparcial y objetiva de manera que pueda haber justicia.

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Régimen agrava criminalización de la protesta con allanamiento y retención de campesinos

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Una nueva escalada en el intento de suprimir la protesta social se ha vivido desde tempranas horas de este sábado, cuando una cincuentena de policías han allanado sedes de organizaciones sociales y un partido político para apresar a dirigentes sociales, cuyo delito ha sido haber participado de marchas pacíficas en Lima.

Luego de más de 10 horas retenidos en la sede de la Confederación de Campesinos del Perú, 26 campesinos quechuahablantes de Cusco, Apurimac, Ayacucho y Cajamarca  han recobrado su libertad. La denuncia pública, la oportuna intervención de congresistas y abogados, y la presión de la población han logrado que se les libere.

En la mañana reportes viralizados en redes sociales daban cuenta de violentos allanamientos en las sedes de la Confederación de Comunidades Campesina (CCP) y del partido Nuevo Perú situados a una cuadra del óvalo Bolognesi, en el Cercado de Lima. La operación policial a cargo de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) fue encabezada por el general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y dejó un saldo de 22 campesinos detenidos, en su mayoría quechuahablantes de las regiones de Apurímac y Cusco. Las personas habían pernoctado en dichas sedes después de haber participado de las protestas que se han desarrollado en los pasados días en la capital del país.

Al comentar el supuesta hallazgo de pasamontañas, machetes y armas hechizas que dejó la acción, realizada sin la presencia de la fiscalía como demanda el ordenamiento jurídico en un debido proceso, la congresista Ruth Luque que se acercó a la sede de la CCP junto a las parlamentarias Sigrid Bazáne e Isabel Cortez denunció la grave lógica de terruquear a las personas:  “Se pretende sobre la base de movilizaciones de la población decir o imponer una lógica de que acá hay terrorismo y eso no lo vamos a permitir. La época de los años 80 pasaron hoy es momento de defender la democracia, los derechos humanos y evitar que la población sea terruqueada. No vamos a permitir intervenciones a organizaciones sociales que se genere violencia y que luego se empiecen a levantar hipótesis de terrorismo”.

La legisladora denunció además que había sido impedida de cumplir su labor de fiscalización y representación, cuando la PNP le negó ingresar a los inmuebles. Recién después de la masiva presencia de medios y transeúntes, se le permitió el ingreso donde constató la ausencia de algún representante de la fiscalía en el operativo. El secretario del partido Nuevo Perú, Enver León denunció que las armas hechizas y machetes, “decomisadas” ,y que en las fotografías de redes sociales aparecen nuevas y todavía con etiquetas y códigos de barra , habían sido “sembradas” por la propia policía.

La parlamentaria Sigrid Bazán, por su parte, rechazó el actuar policial que a su entender no se ciñó a la ley: “Sabemos que estamos en un estado de emergencia que ya de por sí es muy cuestionable y lamentamos que ese estado de emergencia este estado de excusa para vulnerar derechos fundamentales entre ellos el derecho a la defensa lamentamos que la dirigencia el día de hoy no haya tenido ningún tipo de causal, no hay ni una sospecha ni una orden judicial y mucho menos flagrancia en la intervención que se ha hecho el día de hoy”.

La legisladora lamentó que recién el martes se retome en el Pleno del Congreso la discusión sobre el adelanto de elecciones como si el país no viviera una trágica crísis con altísimo número de personas asesinadas. “Nosotros nos avergonzamos de lo que se ha vuelto nuestra institución. Nos avergonzamos de que hoy crean que balear a gente inocente intervenir locales de izquierda, afectar a comunidades campesinas, lo consideran terrorismo y lo consideren un avance a la democracia no hay nada más antidemocrático que esto y la señora Dina Boluarte que hoy gobierna con una junta militar debe responder ante la justicia”.

Estos allanamientos y detenciones, pero en especial los crímenes cometidos en estos días del régimen encabezado por Dina Boluarte ya están llegando a oídos de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. En la tarde de este sábado desde Ucayali se ha informado sobre un número indeterminado de civiles heridos a bala disparadas por miembros del Ejército desplegados en el distrito de Huipoca. De pronto la Misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Perú ha hecho un serio llamado al gobierno en su cuenta oficial de Twitter al referirse a este allanamiento en particular: “Recordamos a las autoridades que las limitaciones al #DDHH a la reunión pacífica tienen que ser excepcionales y cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad en todo momento”.

 

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ALERTA: Ministerio Público busca criminalizar la protesta social utilizando el delito de crimen organizado

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La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro ha emitido hoy el Oficio  000335-2022-MP-FN-PJFSLIMA por el cual dispone que las fiscalías especializadas en la investigación de crimen organizado de Lima Centro, investiguen los hechos denunciados contra los manifestantes (en el marco de las actuales protestas) como si fuesen cometidos en contextos de delitos de crimen organizado.

Ello supondría que los manifestantes que sean apresados e imputados por la comisión de delitos puedan ser detenidos en forma provisional hasta por 15 días sin intervención del juez, tal como lo estableció la modificación constitucional aprobada mediante Ley No. 30558 (04.11.2017). Esta disposición fiscal hace prever  un incremento en la persecución de las manifestaciones por parte del Ministerio Público, siendo lo más grave que serían denunciados por delitos de crimen organizado. 

En el escrito se urge a los funcionarios públicos “…a realizar intervenciones inmediatas y diligencias urgentes por delitos que pudieran cometerse en el marco de las manifestaciones que se vienen realizando en el país…”. Una formulación que pareciera de sentido común, perseguir cualquier delito independientemente del contexto en el que se realiza. Sin embargo, para el abogado de FEDEPAZ, David Velazco, esta orden adquiere otro cariz en el marco de las masivas y legítimas protestas sociales que se están desarrollando en este momento en el país, ya que obedece a una lógica de instrumentalizar el derecho penal para perseguir a las defensoras y defensores de derechos humanos imputándoles crímenes que en modo alguno pueden cometer porque no son delincuentes y menos pertenecen a organizaciones criminales. 

Con ello se prejuzga que los delitos que se pudieran cometer se llevan a cabo en contexto de criminalidad organizada, contrariando así el texto aprobado por la propia Fiscalía de La Nación que exige no prejuzgar a defensoras y defensores (Resolución de la Fiscalía de La Nación No.439-2022-MP-FN) en las investigaciones fiscales.

De esa manera, el jurista teme que los persecutores podrían tratar a quienes protestan y son detenidos como autores de delitos en organización criminal. Con ello ya no hay obligación de presentarlos ante un juez en un plazo de 48 horas sino que les pueden aplicar detención preliminar hasta por 15 días sin intervención del magistrado y aprovechar dichos días para «escarmentarlos”.

En su momento la modificación constitucional fue cuestionado por las organizaciones de DDHH porque se preveía que se iba a utilizar contra quienes protestan por decisiones del gobierno que afectan sus derechos fundamentales y que sus organizaciones representativas como Comités de Lucha, Frentes de Defensa, Asambleas Comunales, etc., iban a ser catalogadas arbitrariamente como organizaciones criminales, tal como viene sucediendo en diversos procesos de investigación fiscal y judicial, en torno a la conflictividad social generada por actividades extractivas. 

Ahora y en el contexto de una masiva protesta política y social se hace evidente que la restricción de derechos en algún momento despliega su potencial represivo y podría hacer aún más peligroso salir a defender derechos.

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