El viernes 28 de julio, a través del Proyecto de Ley N° 05633/2023-PE, el Ejecutivo propuso incorporar la denominada Policía de Orden y Seguridad a la categorización de la Policía Nacional del Perú, el cual no formará parte de la carrera policial per se sino que será parte de una “estrategia” para atender el déficit de personal.

La propuesta genera zozobra por el contexto de las constantes movilizaciones en contra del régimen debido a que el artículo 6 del proyecto especifica que la Policía de Orden y Seguridad “tiene facultad de autoridad policial con capacidad coercitiva y posibilidades de uso de la fuerza”, además, de acuerdo con la exposición de motivos, “la capacitación será de 6 meses a un año como máximo y una menor remuneración mensual en función de la actividad funcional asignada”. Por otro lado, el artículo 17 destaca la designación del superior policial que ejercerá comando y supervisión directa sobre el Policía de Orden y Seguridad.

Los tres presupuestos jurídicos señalados, por lo tanto, dan cuenta de que la nueva categorización tendrá la misma potestad coercitiva que un policía instruido con más años, asimismo, contarán con una capacitación breve e insuficiente en el manejo de armas y defensa personal; y, exigirá ocupar el tiempo de un oficial por la supervisión que necesitan al realizar sus actividades. En pocas palabras, la creación de esta figura implica que las nuevas fuerzas policiales puedan cometer abusos de autoridad y/o usos ilegítimos de la fuerza por su falta de entrenamiento adecuado con enfoque de derechos humanos y basados en la proporcionalidad y la no discriminación.

En ese sentido, desde la Red Muqui exigimos mayor congruencia en la formulación de los proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo, ya que existen estándares internacionales de capacitación de armamento en el marco de la protección de la población que se debe cumplir a cabalidad por los tratados internacionales en materia de DDHH ratificados con anterioridad. De otro lado la imagen que hoy tiene la población sobre la PNP es de una institución abusiva y de impunidad debido a las graves violaciones a los DDHH que se han cometido en las recientes movilizaciones en el sur andino peruano y que han sido constatados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Para mayor información sobre el contenido del Proyecto de Ley, click aquí.

El 31 de marzo de 2023, se dispuso, conformar el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, con competencia nacional. Dicho equipo tendrá la dedicación exclusiva de los delitos contra la humanidad cometidos en el marco de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Esta decisión ha sido cuestionada por los familiares de las víctimas de la represión, así como por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Red Muqui, Colectivo de Abogados/as del Sur Andino y otros abogados/as defensores de derechos humanos, porque no otorga garantías para el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas de las graves vulneraciones de derechos humanos.
La principal exigencia de los familiares es que las investigaciones sean asumidas de manera autónoma por Fiscalías especializadas en derechos humanos en el lugar de los hechos. No obstante, los costos en los que ha debido incurrir la defensa legal de la víctimas para desplazarse a la capital del país e incidir en la composición del equipo especial de fiscales, y la continua revictimización de los familiares por la dilatación temporal del Estado en iniciar la adecuada labor de investigación y así obtener justicia, el sábado 22 de julio, se emitieron dos resoluciones fiscales: Nº 1785-2023-MP-FN y Nº 1786-2023-MP-FN, mediante las cuales se da por concluido el nombramiento de varios Fiscales del Equipo Especial.
Estos cambios abruptos dificultan aún más las investigaciones y generan más incertidumbre en las familias de las víctimas. El abogado defensor de las víctimas de represión en Juliaca, Cesar Quispe, señala que esto es otro golpe al debido proceso y al derecho al juez natural, en este caso a una investigación en el lugar de los hechos. Señala que en enero y febrero se tenían las carpetas fiscales en Juliaca, en marzo después de que se instaló la Fiscalía de Derechos Humanos, se llegó a tener 27 tomos con todas las declaraciones de los deudos y de los heridos, así como las pruebas documentales que introdujo la defensa de las víctimas. Pero luego del traslado de la investigación a Lima (ahora en manos del equipo especial de fiscales) se ha perdido un valioso tiempo en la investigación.
DATO: Con los últimos cambios realizados en el equipo especial, se estaría retirando a Guillermo José Pacheco Anicama, el fiscal que presidía el Equipo Especial de Fiscales.

Un nuevo caso de criminalización contra defensores y defensores del medio ambiente del Perú se ha producido ayer domingo 30 de julio con la detención del ex alcalde del distrito de Dean Valdivia, Jaime De la Cruz Gallegos. El también defensor ambiental y ex dirigente de Valle de Tambo – Arequipa fue detenido en su domicilio, ubicado en la ciudad de Mollendo, por una gran cantidad de efectivos policiales y llevado a la carceleta del Poder Judicial de Arequipa.

Recordemos que De la Cruz fue sentenciado injustamente el año pasado, a doce años y cuatro meses de cárcel junto con el también ex dirigente de Valle de Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso (sentenciado a siete años de prisión). Ambos ex dirigentes fueron acusados de generar disturbios, entorpecimiento al normal funcionamiento de los servicios públicos y motín en el marco de las protestas del 2015 contra el proyecto minero Tía María, propiedad de la empresa Southern.

Pobladores de la provincia de Islay vienen protestando contra el mencionado proyecto porque éste pone en riesgo más de 13 mil hectáreas de cultivos del Valle de Tambo, que abastece a más de 4 millones de peruanos y peruanas, además, el proyecto podría contaminar los recursos hídricos de la región de Arequipa.

Jaime De la Cruz representa un caso más en que el gobierno, en vez de proteger los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, busca criminalizarlas por ejercer su derecho a la protesta y realizar acciones para defender la vida, la agricultura y el territorio.

Durante su traslado de la comisaría de Mollendo a Arequipa, el sentenciado expresó su inocencia: “No he matado ni violado a nadie, violaron mi domicilio, abusaron con mis familiares, yo me he entregado”. De la Cruz Gallegos está ahora a disposición del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que lo sentenció en primera instancia.

Video del momento en que Jaime De la Cruz es llevado a la carceleta (video)

Al día siguiente de la celebración de los 202 años de la declaratoria de independencia del Perú por José de San Martín, hay otro hito importante en el país que celebra no sólo la comunidad Cruz de Mayo-Caraz. El 29 de este mes hace casi quince años la comunidad campesina logró, después de arduas luchas, recuperar el control sobre la gestión de la laguna de Parón. Ubicada a cerca de 4.200 metros sobre el nivel del mar, en Huaraz, Áncash, es el depósito natural de agua dulce más importante de la Cordillera Blanca y una de las lagunas de mayor atracción paisajística de esta región.
Con ello la comunidad campesina volvió a priorizar el uso del agua para consumo humano, riego de cultivos y proyectos de turismo sostenible, ya que es ella la que ahora maneja la compuerta y con ello tiene control de su desfogue. Quién, al contrario, resintió el cambio en el mando de las compuertas del esencial líquido fue la empresa hidroenergética Duke Energy Perú, dueña de la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato. Precisamente esta central tenía la licencia de uso del agua de la Laguna de Parón hasta 2008, momento en el que las comunidades se organizaron y recuperaron su control.
Para la generación de energía la empresa depende del caudal del río Santa, uno de cuyos principales tributarios nace en la laguna Parón y consecuentemente con regularidad intenta presionar a la Comunidad Campesina Cruz de Mayo de Caraz, para descargar las aguas de este depósito.
El 14 de julio pasado el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) dispuso suspender de manera temporal las visitas a este atractivo turístico. De acuerdo a una reciente nota en el diario La República la laguna amenaza con desbordarse debido a las lluvias y al rápido descongelamiento de glaciares y podría impactar en las localidades aledañas, entre ellas la ciudad de Caraz.
Según este artículo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash, advirtió el viernes pasado que la laguna habría alcanzado una cota de 4,199.55 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, en conversación con Red Muqui fuentes de la comunidad desmintieron la información de La República – y explicaron que en dicho caso las aguas ya estarían rebalsando las estructuras de contención de la laguna, lo que a simple vista no está ocurriendo. La comunidad, que para su gestión conformó el Comité de Vigilancia y Monitoreo del nivel del agua de la laguna Parón, mide precisamente con regularidad el nivel del agua. Según la fuente consultada, la última vez, este se encontraba cerca de los 4190 msnm, precisamente la cota regular del agua que se ha logrado establecer como nivel deseable con los entes encargados, después de diversas movilizaciones y mesas de diálogo con las autoridades competentes.
En realidad, según los conocedores de esta temática, la advertencia de inminentes avalanchas y rebalses es reiterada cada cierto tiempo y los potenciales riesgos son conocidos desde hace años. Lo que se ha repetido también con frecuencia son las alertas de las autoridades y las suspensiones temporales de las visitas de este atractivo turístico, con la siguiente pérdida de ingresos económicos que dejan los visitantes.
Así, a mediados de junio de 2019 el gobierno del presidente Vizcarra decretó el “Estado de Emergencia de la Laguna Parón ubicada en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, del departamento de Áncash, por peligro inminente ante posible desembalse”.
La comunidad, por ello, advierte que se trata de un nuevo intento de devolverle a la empresa hidroeléctrica el control de un espacio, que gracias al trabajo comunitario ha recuperado su belleza paisajística. Una realidad que la comunidad trata de compartir con visitantes de este atractivo turístico. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en 2011 valoró además la lucha de la comunidad campesina al otorgarle el premio Nacional de Derechos Humanos «Angel Escobar Jurado».

Red Muqui presenta observaciones al proyecto de decreto supremo que modifica el reglamento de protección ambiental para exploración minera y pone en riesgo el agua para las comunidades y PPII

El jueves 13 de julio, Red Muqui presentó observaciones a la Resolución Ministerial N° 256-2023-MINEM/DM que dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2017-EM.

El 27 de junio, el Ministerio de Energía y Minas propuso incluir al Reglamento un título adicional denominado “Procedimiento de tramitación simultánea del instrumento de gestión ambiental en materia de exploración minera y los títulos habilitantes en materia de recursos hídricos”, que incluye los artículos 72 y 73, cuyo contenido permite la flexibilización y celeridad en el procedimiento administrativo sobre los títulos habilitantes en materia de recursos hídricos para el desarrollo de los proyectos de exploración minera. Debido a los impactos ambientales negativos graves que podría ocasionar la actividad, tales como la perforación diamantina, la excavación de trincheras y calicatas, y la excavación de túneles, genera una gran preocupación la propuesta de modificación del proceso de certificación ambiental, la cual se pretende alterar una vez más en base a criterios económicos de los privados y no de acuerdo a criterios de protección ambiental de interés público.

Todo ello, en el marco de una promoción de la “reactivación económica” y flexibilización de plazos administrativos que ha iniciado con la suspensión del Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA) del SENACE, cuyo objetivo fue darle protagonismo nuevamente a los Reglamentos de Protección y/o Gestión Ambiental para que puedan aprobarse los EIA de los proyectos económicos en cartera de cada ministerio.

En ese sentido, desde la Red Muqui manifestamos nuestra rotunda oposición a la propuesta modificatoria del MINEM y denunciamos públicamente los riesgos que esta medida puede traer, debido a la evidente amenaza del derecho al agua de las comunidades y pueblos originarios en zonas mineras; así como la desregulación normativa de la certificación ambiental que desnaturaliza su sentido de prevención y precaución frente a impactos ambientales negativos al ambiente y la población.

Opinión Legal sobre la suspensión del PUPCA e impacto en las actividades extractivas, leer aquí: https://bit.ly/3NZvV1L
Alerta legal sobre la publicación de la Resolución Ministerial N° 256-2023-MINEM/DM , ver en: https://bit.ly/3DkhZKw
Aportes de la Red Muqui, disponible en: http://bit.ly/46PjzSm

La delegación multipartidaria del Parlamento Catalán que han visitado recientemente el Perú en una misión de observación sobre Democracia y DDHH ha constatado graves vulneraciones de derechos fundamentales y han observado con especial preocupación la estigmatización y criminalización de los manifestantes con el calificativo de terroristas.
La comisión integrada por los diputados y diputadas Francesc de Dalmases, Jenn Díaz, Susana Segovia y Carles Riera estuvieron en el país desde el 9 hasta el 14 de julio, tiempo en el que visitaron Apurímac, Puno y Ayacucho donde tomaron contacto directo con familiares de víctimas y diversas autoridades estatales.
También visitaron Ventanilla para conocer la situación un año y medio después del peor derrame de petróleo ocurrido hasta la fecha en la costa peruana causado por la empresa española Repsol en la zona.
La visita se basó en una Declaración aprobada el pasado 25 de enero por la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña en defensa de las movilizaciones sociales y por el fin de la represión en Perú.
En su calidad de vocero de la delegación, Carles Riera secretario tercero del Parlamento de Cataluña, calificó de especialmente grave la disminución en la autonomía y separación de poderes del Estado que constataron en su visita, que repercute a su juicio en el ejercicio de la democracia en el país.
La diputada Jenn Diaz que se reunió con familiares de víctimas en Andahuaylas constató actos de racismo, clasismo y discriminación por género – sesgos aplicados por las instituciones estatales y promovidos por importantes medios de comunicación, que a su vez han sido reforzados por grupos de extrema derecha y fascistas, en lo que calificó de proliferación de discursos de odio. Un fenómeno social que se repite a nivel global.
Francesc de Dalmases que visitó la castigada ciudad de Juliaca, relató que en conversaciones con autoridades escuchó que en la represión ejercida por el Ejército y policía hubo más muertos que detenidos, un hecho que habla de la calidad y de las decisiones políticas sobre cómo enfrentar las protestas. Manifestó además que percibió en muchos testigos la sensación de vivir experiencias de actuaciones estatales que parecían superadas con el fin del conflicto armado interno, en lo que constituye, según él, una verdadera regresión democrática.
Susana Segovia, a su vez, lamentó la persistente criminalización de sujetos y actores de la protestas con el uso generalizado y estigmatizante del adjetivo de terroristas (terruqueo).
En relación a la visita que realizaron durante el primer día a Ventanilla para observar los estragos del desastre que dejó el masivo derrame de petróleo del consorcio español Repsol ocurrido en enero del año pasado, los representantes constataron en terreno la damnificación e indefensión de las comunidades de la zona que viven de la pesca y lamentaron la insuficiente respuesta ante las demandas y faltas de medidas de remediación por parte de la empresa y del gobierno.
Todas estas observaciones estarán plasmadas en el informe final de la investigación en elaboración y que será presentado próximamente al Parlamento de Cataluña.

El miércoles pasado se realizó el conversatorio “Crisis política: Derechos Humanos bajo ataque en el Sur Andino”. En dicho espacio, el abogado Helio Cruz, presentó los principales puntos desarrollados en el informe realizado para la Red Muqui, donde se analizan las ejecuciones extrajudiciales, las lesiones leves y graves causadas y perpetradas por la Policía y el Ejercito, así como las detenciones arbitrarias y actos de tortura y tratos crueles e inhumanos cometidos contra los manifestantes.

En el conversatorio también estuvieron presentes Raul Samillán, quien compartió la postura de la Asociación de Familiares de los Mártires 09 de enero en Juliaca, y exigió que las investigaciones de los asesinatos de sus familiares sean realizadas por la Fiscalía especializada en Derechos Humanos en Juliaca y no sea trasladadas a Lima a cargo del Equipo especial conformado por la Fiscal de la Nación. El dirigente insistió en que el tiempo pasa y no avanzan las investigaciones en favor de los familiares y víctimas de la represión.

Otra de las expertas que expuso, fue Lisbeth Quispe de las brigadas de Salud de Cusco, que compartió su experiencia de atención a la salud en medio de las últimas protestas sociales y resaltó el grado de violencia y arbitrariedad cometidos por la PNP y el Ejército, así como los actos racistas cometidos por habitantes de la zona urbana de Cusco contra campesinos movilizados. Por último, la panelista Indira Huilca, ex congresista de la República, expresó su preocupación por el grado de degradación de la institucionalidad democrática en el Perú, especialmente por la captura de instituciones estatales de los grupos ultraconservadores, con lo que pretenden asegurarse mayores cuotas de poder.
Durante la presentación de los objetivos del conversatorio Jaime Borda, secretario Ejecutivo de la Red Muqui, explicó que es clave entender la relación entre las graves vulneraciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Dina Boluarte y las Fuerzas Armadas, con las políticas extractivistas que se han venido implementando en las últimas décadas en el país donde también se ha ejercido violencia policial y militar contra las comunidades campesinas para asegurar el despojo y la imposición de proyectos mineros.

Es importante mencionar que en el marco del reinicio de las movilizaciones a partir del 19 de julio, que incluye la masiva presencia de delegaciones de comunidades de todo el país en Lima, la situación de los derechos humanos puede agravarse en el Perú. Para ello basta con considerar que la respuesta del Ejecutivo, del Congreso y de las fuerzas policiales ha sido acusar de terroristas a los manifestantes y empezar a prohibir las movilizaciones, el derecho al tránsito, a la libertad de expresión y el derecho a la protesta en el país.

DATO: El informe que presentó Red Muqui cuenta con cuatro partes:
1) Contexto: origen y escenario de la protesta social
2) Graves violaciones de los derechos humanos durante las protestas
3) Lucha contra la impunidad y debido procesos
4) Conclusiones y Recomendaciones

Aquí puede descargar el Informe completo: https://muqui.org/wp-content/uploads/2023/07/Derechos-Humanos-Bajo-Ataque-Sur-Andino-final.pdf

Por: Beatriz Cortez Sánchez
Coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental

Desde el 07 de diciembre, con la vacancia de Pedro Castillo, el pueblo peruano especialmente del Sur Andino se movilizó masivamente por la defensa del voto popular. Esta lucha contra el sistema político también relevaba un profundo cuestionamiento al sistema económico centralista y privatista que por décadas ha relegado a las regiones y especialmente a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe situacional sobre Perú, señala que la economía peruana está basada en el extractivismo:
“La economía peruana está basada, primordialmente, en un modelo extractivista, cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.”(párrafo 32)

El modelo económico extractivista peruano trae gravísimas consecuencias para las comunidades. Una de las principales es la afectación a la salud ambiental y humana, que por ende pone en riesgo la vida de las personas. El MINSA en 2020 ya desveló la dramática cifra de 10 millones de personas expuestas a metales tóxicos, en 2018 el MINSA ya había señalado que para la determinación de áreas de peligro de exposición para la población, se tienen en consideración entre algunas de las fuentes de contaminación los pasivos ambientales, las unidades mineras activas y el agua de consumo humano con presencia de metales pesados. [ Documento Técnico “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas”(Resolución Ministerial N° 718-2018/MINSA.)]

En 2021 la Defensoría del Pueblo emitió un informe donde reafirmaba que el principal grupo poblacional que está expuesto a la contaminación con metales pesados son los niños de 0 a 11 años, por ello enfatizó en la importancia de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, articule con las carteras de Salud y del Ambiente. Ese mismo año se logró la conformación de la Comisión Multisectorial Temporal de Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas, por ello ahora tenemos el Plan Especial Multisectorial – PEM (Decreto Supremo N° 037-2021-MINAM).

Si bien la aprobación de este Plan significó un gran avance para las poblaciones afectadas, ahora estamos en un contexto muy adverso para lograr su implementación efectiva. Necesitamos un Estado que opere con perspectiva integral, que sea capaz de articular sectores y niveles de gobierno. Pero, nos encontramos ante un Estado que por años ha estado bajo la influencia de la empresa privada especialmente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y que ahora, en manos de una mafia autoritaria busca restaurar el control empresarial de las prioridades del Estado. Por ello, es seguro que desde algunos sectores productivistas se tendrá escasa simpatía por una mirada integral de la protección de la salud humana y ambiental, especialmente desde el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que durante el funcionamiento de la Comisión Integral que aprobó el PEM, insistió que para la calificación de las zonas afectadas por metales pesados, se tuviera en consideración además los criterios económicos.

¿En qué forma el nivel de riesgo y gravedad de afectación a la vida humana puede medirse en función de lo económico?. Más bien, se evidencia el rol contrario a la protección de la vida que juega el MINEM. Pese a ello, ahora tenemos un Plan y también una Ley ( Ley Nº 31189) , que reconoce varios elementos del Plan, como marco normativo base. Esto, gracias a la organización y presión de la Plataforma Nacional de personas afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas y algunas autoridades aliadas. Por ello, debemos tener muy presente, que para que el Estado pueda actuar de forma efectiva e integral se necesitará siempre la presión y movilización social especialmente desde lo local, ya que se ha demostrado que estamos ante un Estado sumamente centralizado donde las prioridades son ordenadas en función de intereses empresariales.

En mayo de 2023 se publicó el Reglamento de la Ley 31189 (Decreto Supremo Nº 007-2023-SA), Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. Este Reglamento desarrolla la Ley 31189 aprobada en 2021 que constituye el marco normativo general que tenemos sobre atención a personas afectadas por metales tóxicos y que tiene mayor jerarquía que el Plan Especial Multisectorial- PEM (Decreto Supremo Nº 037-2021-MINAM). Los funcionarios del Estado deberán cumplir sus obligaciones a partir de esta norma.

Es decir, tenemos un marco normativo base, pero como reto debemos fortalecer la organización local para exigir y participar activamente en la implementación efectiva del PEM en conjunto con el desarrollo de los Planes de atención local. Recordemos que la Defensoría del Pueblo en 2021, informó que solo ocho regiones de 25, han tenido experiencias de desarrollo del Plan de Atención en el marco de la Directiva Sanitaria N° 126-MINSA/2020/DGIESP. Por ello es cada vez más necesario reforzar la incidencia local.

Hay que tener en cuenta que el régimen de Dina Boluarte, viene presionando a las organizaciones populares en las regiones para que la respalden. La Plataforma Nacional de Personas Afectadas ha manifestado reiteradamente su rechazo al gobierno de Dina Boluarte por ilegítimo y por las graves violaciones de derechos humanos y masacres cometidas contra el pueblo. De ninguna forma se puede permitir que el Estado sea usado para condicionar la atención de demandas sociales de la población movilizada, en este caso los afectados por metales tóxicos. Por ello es clave tener una postura política clara y autónoma frente a un gobierno que cada vez es más autoritario, sin dejar de exigir el cumplimiento de demandas básicas como las relacionadas con la salud ambiental y humana en el país.

Por DHUMA

El jueves 28 de junio del 2023, los dirigentes de la cuenca de Llallimayo y junto al alcalde provincial de Melgar, alcaldes distritales de Llali, Umachiri, Ayaviri y Cupi. se reunieron con los representantes del Poder Ejecutivo, a la que asistieron el Viceministerio de Minas del MINEM, Jaime Chavez Riva Galvez, Viceministro de Desarrollo Agricultura Familiar e infraestructura Agraria y Riego del MIDAGRI, Christian Barrantes Bravo, Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM; Secretaría de Descentralización de la PCM; representantes del Ministerio de Energía y Minas-MINEM, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-MVCS: Ministerio de Salud-MINSA, entre otros representantes del Ejecutivo: ANA, OEFA, AMSAC.

En la agenda de la reunión de trabajo entre la cuenca de la cuenca Llallimayo y los representantes del poder ejecutivo, se venía exigiendo el reinicio e informe del Grupo de trabajo denominada «Mesa Ejecutiva de Trabajo que contribuya a atender y solucionar la problemática socio ambiental de la Cuenca del río Llallimayo que comprende los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri de la provincia de Melgar del departamento de Puno».

En el espacio de diálogo se llegó a los siguientes acuerdos; el viceministro de Minas acordó presentar una propuesta de articulado al MEF para el proyecto de ley del presupuesto 2024 para financiar el proyecto de inversión para que el tratamiento del recurso hídrico sea apta para el riego. Inversión que requiere de un monto de S/ 4,611,401. Las gestiones tendrían que ser informadas el 7 de julio. Así mismo el Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, preverá tener listo el expediente técnico del proyecto de mejora de la cadena productiva del ganado vacuno lechero de la cuenca del río Llallimayo y la cual considerará la asignación presupuestal de alrededor de 8 millones soles para el año 2024.

Por su parte, los representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informaron sobre el estado situacional de sus proyectos en la cuenca del río Llallimayo. Además, acordaron brindar asistencia técnica a través del CAC-Puno, que será presentado el 3 de julio de 2023, previa coordinación con dicha institución.

El presidente del Comité de Lucha de la Cuenca Llallimayo, Hernán Nina, junto a los alcaldes, solicitan al MIDAGRI que se adelante información respecto a los dos proyectos mencionados, en la cuenca del Llallimayo. Además espera que el MIDAGRI se pueda contactar con los solicitantes, con el objetivo de reiniciar e informar sobre los avances del mencionado Grupo de Trabajo.

El 27 de junio, a través de la Resolución Ministerial N° 256-2023-MINEM/DM se dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2017-EM, cuyo objetivo principal es insertar artículos a fin de acelerar los procedimientos administrativos para la obtención inmediata del título habilitante de la ANA en el proceso marco de la certificación ambiental de la actividad minera.

De acuerdo con la propuesta de modificación, se estaría incluyendo el Título VII denominado “Procedimiento de tramitación simultánea del instrumento de gestión ambiental en materia de exploración minera y los títulos habilitantes en materia de recursos hídricos”, que incluye los artículos 72 y 73 que versan sobre la flexibilización y celeridad en el procedimiento administrativo acerca de los títulos habilitantes en materia de recursos hídricos para el desarrollo de los proyectos de exploración minera.

Un dato preocupante es que se vulnera el principio de precaución y prevención del derecho ambiental debido a que el titular minero podrá optar voluntariamente por iniciar este trámite de manera simultánea que el proceso de evaluación del estudio ambiental conducido por la DGAAM del MINEM, quien se encargará de ser el intermediario para agilizar el acto administrativo que favorece al titular minero, de manera que la certificación ambiental se ve modificada una vez más en base a criterios económicos de los privados y no de acuerdo a criterios de protección ambiental de interés público.

En ese sentido, es necesario contar con una certificación ambiental robustecida para evitar mayores impactos ambientales negativos en el ambiente y consecuentes conflictos socioambientales en los territorios. Así que, mediante el correo electrónico [email protected] , la ciudadanía podrá emitir su opinión respecto al proyecto de decreto supremo en referencia.