Tras décadas de actividad minera en La Libertad, la Asociación Marianistas de Acción Social – Amas Perú presentará su experiencia de monitoreo ambiental con análisis físico químico y biológico con macroinvertebrados en la identificación de la contaminación minera en varias microcuencas de la región entre el 2005-2019, analizando el impacto de la empresa minera Barrick.

– ¿Esta metodología puede ser replicada en todo el país?

– ¿Cómo se puede proteger desde el Estado las cuencas hídricas y de la producción agroalimentaria?

– ¿Cuál es la situación del dictamen sobre vigilancia y monitoreo ambiental comunitario y ciudadano que se encuentra en el Congreso?

Estas son algunas de las preguntas que responderán los panelistas tras la exposición de la experiencia de investigación. Walter Pereda, antropólogo y director de AMAS; Manuel Horna, biólogo y microbiólogo de AMAS; el Dr. César Medina de la Universidad Nacional de Trujillo; y Juan Aste Daffós, economista y especialista en gestión ambiental.

Este foro se realizará este jueves 24 de septiembre a las 10am y será transmitido vía facebook.com/redmuqui.

 

 

Tras las denuncias realizadas en medios locales el 17 de septiembre en Huamachuco, los dirigentes de la Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS) del caserío de Shiracmaca, pertenecientes al distrito de Huamachuco, en la sierra de La Libertad, presentaron un oficio el 21 de septiembre al jefe de la Autoridad Local del Agua (ALA Huamachuco) – que no fue recibido, porque tiene que ser vía virtual debido a la pandemia-, precisando que en su caserío vienen sufriendo una serie de daños a la infraestructura hidráulica por parte de la empresa minera Summa Gold Corporation SAC.

Entre los daños generados, señalan que la empresa ha «averiado en reiteradas oportunidades y sin consentimiento y o autorización de nuestra Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASSS), se ha tomado la libertad de cambiar el curso de tendido de nuestra red matriz o red de conducción». Actualmente la empresa minera ha cortado el ducto de agua potable que se usa para el consumo humano, precisan en otra carta enviada al presidente del Frente de Defensa de la provincia de Sánchez Carrión. En comunicación con el dirigente Delmer Alva Ballena de la JASS, también presidente de Gestion de Agua y Alcantarillado de Shiracmaca (COGAASH)  señaló que ya van cinco veces que la empresa minera corta el ducto de agua.

En la carta enviada a la Autoridad Local del Agua, agregan que, producto de las voladuras indiscriminadas para la extracción de mineral, el reservorio de agua ha sufrido roturas y fisuras originando filtraciones de agua. El reservorio de agua se alimentaba de 5 vertientes de agua.

Ahora, precisan que «por efectos de excavaciones y explotación de la minera se ha desaparecido otro manantial denominado Los Alisos que alimentaba a la red matriz de nuestro sistema de agua».

La junta directiva del Caserío de Shiracmaca también denuncian que se ven afectados por la «sectorización de agua una hora cada 4 días», y piden que ello sea constatado por las autoridades ya que no llega la cantidad de agua completa al reservorio. Actualmente solo llega 1 lito y medio por segundo al reservorio, señala Delmer Alva, y no 2 litros por segundo como llegaba con anterioridad. El ducto de agua  pasa por donde la empresa minera realiza sus actividades y temen que la empresa minera esté usando el agua. Esto sumado a las afectaciones que tiene el reservorio y la red matriz de agua.

Producto de estos hechos, la empresa minera ha clausurado y obstruido los caminos de vigilancia de la red de agua, amontonando relaves mineros en un tramo aproximado de 500 metros, para que las personas no puedan acercarse, denuncian en el oficio.

El dirigente Delmer Alva Ballena mostró su preocupación a Red Muqui debido a que hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la denuncia. La Autoridad Local del Agua no les recibió la denuncia física y les indicó que lo hagan vía virtual por la pandemia en la que estamos. Asimismo, les indicaron que la Municipalidad es la encargada de inspeccionar la infraestructura física del agua. La JASS ha enviado un oficio a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión y se encuentran preparando un oficio dirigido al Gobierno Regional y el Ministerio de Energía y Minas.

 

Organizaciones del norte se pronuncian

Frente a estos hechos y la denuncia pública en medios de comunicación de que el agua que llega a los reservorios ha cambiado de coloración, pudiendo contener sustancias tóxicas;  la Red Muqui – Norte, la Coordinadora de Derechos Humanos- Macro Norte, Proyecto Amigo-La Libertad, Cañi-Quimit-Sembrando comunidad, el Centro Cultural Sangre de Halcón-Sánchez Carrión-La Libertad, REDAD-Red Regional Agua y Desarrollo-Piura, Comisión de Justicia Social de Chimbote-Ancash, COSDEJ- Lambayeque, la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC)-Cajamarca, SEDYS- Trujillo- La Libertad, GRUFIDES-Cajamarca, Codispas-Ancash; la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y el Consejo de Educación Popular de América Latina-Región Perú, emitieron un pronunciamiento llamando a las autoridades competentes a hacer respetar el derecho a una vida y territorio sanos.

Recursos hídricos deben ser protegidos

«De acuerdo a la ley de los recursos hídricos, el agua de consumo humano tiene prioridad sobre las demás actividades y se debe respetar sin ninguna excepción. En esta situación de emergencia sanitaria dicho recurso se hace aún más necesario, así como su resguardo, por lo que debe corregirse de inmediato», precisan en el comunicado.

Finalmente, las organizaciones se suman las denuncias y pedido de inmediata solución que hacen las organizaciones de la población afectada por la minería en Huamachuco, e instan a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, a la DIGESA, la Autoridad Nacional del Agua, la Fiscalía especializada en materia ambiental, el Ministerio de energía y minas y la Defensoría del Pueblo «a tomar en cuenta este problema que se viene arrastrando desde hace tiempo y que no puede postergarse más».

En el caserío de Shiracmaca viven aproximadamente 2 mil familias y el tener escaso acceso al agua no les permite responder adecuadamente a la pandemia.

 

Los afectados y afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas, reunidos en una Plataforma que agrupa a representantes de 13 regiones del país, denuncian que en las tres reuniones que han sostenido con la Comisión nombrada por el Gobierno se viene ignorando sistemáticamente sus propuestas y demandas.

El pasado 02 de julio se emitió la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM que crea la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Al respecto, la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, a pesar de no haber sido consultada para la emisión de dicha resolución, en su momento saludó la creación de esta Comisión ya que desde hace más de 2 años se viene luchando para que las autoridades nacionales atiendan, desde los distintos niveles y competencias, las demandas de los afectados y afectadas por
metales tóxicos en nuestro país.

En ese marco, la Plataforma con sus voceros y voceras y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana vienen participando activamente en las discusiones en la Comisión, sin embargo, en las últimas reuniones se ha llegado a un estancamiento en el diálogo, debido a que el gobierno no está fundamentando adecuadamente su oposición a propuestas como la inclusión de sustancias contaminantes que no se están tomando en cuenta.

Desde la primera reunión con las autoridades, la Plataforma expresó su preocupación porque la Comisión no incluye ni en su nombre ni en sus objetivos a los metaloides, como el arsénico y otras sustancias químicas, como los contaminantes producidos por los hidrocarburos o el dióxido de azufre. Ello pese a que estas sustancias habían sido
identificadas en los estudios previos realizados por las propias entidades del Estado en las poblaciones contaminadas. Esta discusión fue postergada a pedido de los funcionarios de los ministerios, siendo este un tema central y fundamental para un abordaje integral al problema.

En ese sentido, a pesar de los diversos antecedentes y estudios realizados, la Plataforma alerta de la intención de excluir la atención a las personas expuestas a metaloides, hidrocarburos y otras sustancias tóxicas, de los alcances del Plan Multisectorial Integral e Integrado, como lo dictan los considerandos de la Resolución Suprema 034-2020/PCM.

Por otro lado, los principios de transparencia y de no coerción han sido afectados sistemáticamente en las tres sesiones que hasta ahora se han llevado a cabo; postergándose, además, la solicitud de participación de la Defensoría del Pueblo, como veedor del proceso.

La Plataforma denuncia que, en las tres sesiones desarrolladas, los representantes del gobierno han recortado iniciativas y propuestas técnicas realizadas para garantizar la calidad mínima de un plan integral multisectorial que atienda la problemática de salud ambiental y humana, que afecta las vidas de las poblaciones, sus territorios, recursos y derechos fundamentales.

Por ello, la Plataforma invoca a que los titulares de los sectores críticos, que deben encabezar el trabajo para construir un plan integral e integrado, asuman con una clara voluntad política y disposición a buscar salidas viables y sostenidas a esta problemática. Las medidas y acciones que los afectados y afectadas solicitan al Estado, no solo tienen fundamento en el marco jurídico nacional, sino que también están respaldadas por las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Finalmente, la Plataforma hace un llamado a la continuidad responsable de las reuniones y la ampliación de los plazos de vigencia de la Comisión, toda vez que a este ritmo no se logrará concluir a diciembre con los propósitos encargados por la Resolución Suprema. La Plataforma invocamos a un trabajo compartido fructífero en beneficio de las poblaciones expuestas, que por décadas vienen siendo vulneradas y afectadas en sus derechos a la salud
y la vida.

Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Mesa de Salud Ambiental y Humana

¿Cuál es la situación de la agricultura familiar a 6 meses de la pandemia?

Hemos evidenciado en estos 6 meses que las y los agricultores han vivido con la imposibilidad de colocar las producciones como la papa, queso, granos andinos y leche.

Al inicio hubo el problema del traslado de productos, de poder generar acciones de cosecha, encarecimiento de fletes, los camiones triplicaron el costo. Las pérdidas de esos costos han sido trasladados para los agricultores. La papa es un caso emblemático.
Muchas economías de la ciudad no han sentido este problema, pero hoy resulta indignante que se pague S/0.20 céntimos por 1 kilo de papa y luego encuentres en el mercado por S/1.50 el kilo. Ello ha generado la quiebra económica para miles de familias del país.

Y todas estas cosas ha puesto en riesgo la siguiente campaña agrícola. Tenemos regiones que han sido declaradas en quiebra. Varias regiones con sus autoridades han tomado el acuerdo de declarar en emergencia la agricultura: Huánuco, Huancavelica, Cusco Ayacucho y Apurímac están en ese camino.

¿Cuál es el balance de las políticas del gobierno respecto a la agricultura familiar en estos 6 meses?

Las medidas desde el Estado han sido pobres y marginales. Ha resultado penoso que esa reacción ha nacido por la reacción de CONVEAGRO y sus gremios agrarios, quienes han tenido que hacer muchos esfuerzos para que, también apoyados por el Congreso, se comprenda nuestra situación.

Se pudo lograr la medida más importante, la única que tiene alcance universal, que es el «FAE AGRO» (Financiamiento Agrario Empresarial). Pero este FAE AGRO fue promulgado el 9 de Julio y hasta el día de hoy no se ha subestado. Las campañas de siempre se han iniciado pero no llega este FAE AGRO a las comunidades, anexos, distritos y provincias. Esto genera desanimo y malestar que va también reflejando un Estado de espalas a la agricultura familiar. No desde ahora sino históricamente. Y a su vez: un Minagri que no sirve a la realidad del peruano ni al grueso de las familias porque no las entiende. No esta el acompañamiento, eje de desarrollo de los agricultores como fin supremo, este ministerio.

¿Qué otra medidas ha tomado el Gobierno?

El programa FAE AGRO al inicio no incluía ganaderos. Hicimos propuesta técnica y recién en Julio el Gobierno compartió nuestro análisis que hicimos con mucha anterioridad.

Siempre es así la incidencia: los gremios agrarios tienen que estar exigiendo porque de lo contrario no nacen las políticas de fondo inclusivas. Y posteriormente a ello, el Ministerio de Economía, quien hace gala de los abuso del Minagri, puso condiciones difíciles para acceder a dicho programa, excluyendo a los muchos otros agricultores.

Una vez que tuvimos al viceministro del Ministerio de Economía, se hizo ver el sesgo de estos funcionarios que no conocen el campo. Logramos que se convoque a los 2 ministros (MEF y Minagri) y se pueda generar una interpelación y con todo este movimiento recién nació el nuevo Decreto de Urgencia que permite q todos los agricultores y ganaderos de las comunidades accedan, pues además estaba en la ley 30335. Y nuevamente este funcionarios que no conocen el Perú de las mayorías quisieron excluir a 1200 millones de 200 mil agricultores de subsistencia. A pesar que el Decreto de Urgencia mencionaba a la agricultura familiar, el Gobierno dió preferencia a la agricultura consolidada.

Los fondos para todos no alcanzaron. Es una medida insuficiente en sí. Hay el compromiso de colocar 2 mil millones más, pero no está en un documento.

¿Se van al paro agrario?

Nuestra posición no ha cambiado. Hemos sido responsables al hacerlo publico. Es siempre el gremio el que esta cautelando que las medidas sean oportunas y accesibles. El gobierno nos paga para hacer medidas, son los funcionarios quienes tiene que hacerlo y esto tiene que cambiar.

Nuestras organizaciones están en un compromiso no solo con gremios de CONVEAGRO, también con las juntas  de usuarios, con las comunidades campesinas, con las rondas y comunidades nativas.

No hay medidas para protección agropecuaria como los aranceles, ese compromiso hasta la fecha no se ha implementado. Nos ven como la última rueda del coche.

De cada 4 puestos 1 es de la agricultura. No somos poco. Hay intención de desaparecer a los agricultores, se prioriza a los grandes. Eso ha destruido a la agricultura familiar.

Para este Paro Agrario habrá que reunirnos si es que el Presidente de la nación no nos da reunión para solucionar en el corto plazo todos estos problemas. No estamos exigiendo ventajas que nos den favoritismo o que nos regale dinero. Si no que protejan nuestra actividad:  el desarrollo rural no ha sido discutido en el Perú.

Uno puede pensar que en el campo hay comida, pero la verdad es que hay más pobreza: hay gente que come un 1/3 de lo que comía anteriormente. CONVEAGRO en el acuerdo nacional logró sacar un acuerdo para el hambre y/o medidas de reactivación, para que fuera aprobado por gobiernos regionales, partidos o Gobierno pero entenderán que no son medidas vinculantes. Inclusive tuve la suerte de decirle al Premier sobre la importancia de contactarnos con las juntas vecinales y ollas comunes para llegar directamente.

Recordemos que nosotros hemos planteado las compras estatales. Es paradójico que los fondos del Gobierno se estén dando en algunas partes y en otros no.

En CONVEAGRO vamos a un proceso eleccionario. Felizmente dirigentes no recibimos sueldo, no somos brazos políticos de gobiernos de turno. Nos hemos enfrentado al gobierno de Vizcarra y hemos estado diciendo «Oigan, esto es lo que no hay que hacer». No para para complotar o destruir sino para hacerles entender.

El 03 de julio del presente año, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM que crea la “Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la población expuesta a Metales Pesados” e incorpora la participación de los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales tóxicos. El encargo de esta “Comisión Temporal” es la de elaborar un informe técnico que contenga la propuesta del “Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados”.

La Plataforma Nacional de afectados junto a sus asesores y asesoras han venido participando en las convocatorias de la Comisión Multisectorial, cuya secretaría técnica recae en Luis Alberto Bravo Barrientos, Director General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y, actualmente, se encuentra en la etapa de elaboración y aprobación del Reglamento interno de la Comisión. Sin embargo, desde el primer momento la respuesta de diversos sectores del Ejecutivo ha sido discrepante frente a las propuestas de las y los afectados, en temas principales como la definición del nombre de la Comisión y por tanto su ámbito de protección.

Desde la primera reunión que tuvimos con los funcionarios y funcionarias del gobierno expresamos nuestra preocupación porque el nombre de la Comisión no incluye a los metaloides, como el arsénico y otras sustancias químicas, como los contaminantes producidos por los hidrocarburos o el dióxido de azufre dentro de los objetivos y el alcance de la comisión. Esa discusión fue postergada a pedido de los funcionarios de los ministerios, dejándose de discutirse como tema central y fundamental (…).” Señala la nota de prensa de la Plataforma y la Mesa técnica de Salud Humana y Ambiental.

Conrado Olivera de la institución “Red Uniendo Manos”, integrante de la Mesa Técnica, manifiesta su preocupación por la falta de articulación de los diversos sectores del Ejecutivo para llegar a consensos de forma rápida en la elaboración del Plan Multisectorial, siendo el componente de articulación multisectorial fundamental para abordar adecuadamente esta problemática. Sobre el ámbito de protección de la Comisión Multisectorial señala que “el nombre de la Comisión es importante porque determina el ámbito de aplicación de las medidas del Plan multisectorial y por tanto el ámbito de protección. PCM no ha consultado a los afectados en el momento en que emitió la Resolución Suprema y ha retirado los términos “metaloides” y “otros compuestos químicos tóxicos”, esto es preocupante porque excluye a otros agentes tóxicos como el dióxido de azufre, el arsénico y el material particulado. Estos agentes son los principales contaminadores en zonas mineras como La Oroya en Junín y el Corredor Minero del Sur.”

Desde la perspectiva de Olivera, esta reducción del ámbito de aplicación en el nombre de la Comisión es un retroceso en las políticas de atención a las personas afectadas por contaminación de las industrias extractivas; señala también que la PCM no ha dado hasta ahora ningún fundamento técnico para la reducción del ámbito de protección, además que las propuestas de los diversos sectores incluso han sido contradictorias entre sí.

Por otro lado, Yolanda Zurita de la Plataforma Nacional señala: “nosotros consideramos un avance la creación de esta Comisión Multisectorial porque es en respuesta a una lucha que nosotros venimos llevando hace años, pero el problema surge cuando no se ha tomado en cuenta la voz de la sociedad civil en la definición del nombre la Comisión, y ahora ellos no quieren reconocer la totalidad de contaminantes a pesar de que nosotros hemos explicado sobre sus diferentes  afectaciones en nuestra salud y vida y como esta contaminación se da en diferentes zonas de nuestro país, e incluso órganos del Estado han reconocido la presencia de estos contaminantes en el ambiente. Ellos se limitan en ampararse en lo señalado en la norma (la resolución suprema) y no nos dan mayor fundamentación de su negativa.” Zurita también señala que hasta la fecha no se ha incorporado a la Defensoría del Pueblo como observador del proceso, así también que se está a la espera de que la Comisión acepte la participación del Congresista Lenin Bazán de la CPAAAAE del Congreso.

Desde Red Muqui se exhorta a los representantes de las entidades estatales en la Comisión Multisectorial a retomar el diálogo y la construcción de propuestas de forma concertada con los representantes de la sociedad civil, ello es imprescindible para dar continuidad a las acciones y propuestas de atención a la salud de las personas afectadas por metales pesados.

Nota de prensa de la Plataforma y la Mesa técnica de Salud Humana y Ambiental:

Afectados por metales tóxicos denuncian que Gobierno no escucha sus demandas by prensamuqui on Scribd

Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Como es sabido, esta semana la coyuntura política sigue centrada en la moción de la vacancia presidencial de Martin Vizcarra por parte del Congreso de la República. Está casi confirmado que el presidente tendrá que ir a responder por sus actos este viernes 18 de septiembre al Congreso. Sin embargo, cada día aparecen nuevos elementos que evidencian que detrás del pedido de vacancia existen otros intereses subalternos a los audios del presidente y sus asistentes. Se ha sumado las llamadas nada santas que ha realizado el presidente del Congreso, Manuel Merino, al comandante general de la Marina; dice Merino, para dar tranquilidad al país, así como las últimas denuncias del ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaústegui, quien ha hecho público unos chats donde allegados a Acción Popular le insinuaban sobre los cambios y la crisis que se avecinaban. Al final, se trata de “una burda comedia en medio de una tragedia” en nuestro país, como ha señalado acertadamente Javier Torres de NoticiasSer.

No solo de crisis política vivimos en nuestro país, a parte de la crisis sanitaria que tenemos que enfrentar, esta semana hemos conocido de una lamentable noticia, se trata del asesinato a balazos del defensor ambiental: Roberto Carlos Pacheco Villanueva, en Madre de Dios. Con esta muerte en nuestro país, ya suman 5 defensores ambientales asesinados, según la Defensoría del Pueblo. “En lo que va del 2020, además del señor Pacheco, otros cuatro defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente han sido asesinados por tratar de proteger los recursos naturales”. Estos datos son más que alarmantes debido a que la defensa de los derechos humanos y los líderes/as defensores están en riesgo. Por ello, es urgente implementar medidas más eficaces de protección desde el MINJUSDH, El Ministerio Publico y las autoridades competentes en favor de los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país.

Finalmente, en medio de esta crisis, un tema que espera algún nivel de atención desde hace mucho atrás es la situación de los afectados/as por metales tóxicos en nuestro país. Siempre que los gremios mineros y el gobierno hablan de la importancia de la minería se olvidan de la otra parte, de los impactos y los daños que genera esta actividad. El caso de los afectados, entre ellos niños y niñas de Cerro de Pasco es el más dramático, ya que la presencia de metales pesados en sus cuerpos les genera un sinnúmero de enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. En relación a este tema, el Centro Labor de Pasco en alianza con el Instituto Source de Italia han elaborado una investigación denominada: «Condiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco». El estudio profundiza el análisis ambiental y de salud pública que aquejan a las poblaciones de Cerro de Pasco, y da cuenta de la situación de los niños y niñas en poblaciones cercanas al proyecto minero. El estudio fue presentado está siendo presentado este jueves 17 de septiembre en un evento virtual organizado en alianza con la Red Muqui.

Un día como hoy, 16 de septiembre, hace 13 años, se realizó una consulta vecinal a las poblaciones de los distritos Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba,  frente a la pretensión del proyecto minero Majaz, hoy Río Blanco – de la minera Zijin-, de instalarse en los territorios de las dos provincias señaladas. Frente a las protestas realizadas por las rondas campesinas, profesores, comités vecinales, autoridades, debido a que los páramos, bosques de neblina, que nutren de agua a la región serían afectados por la minería, así como el desarrollo agrícola; los alcaldes de esos municipios realizaron una consulta vecinal, de acuerdo al artículo 197  de la Constitución que señala: “las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local”;  dando como resultado que más del 90% de la población votó a favor de la conservación de los ecosistemas y la agricultura y en contra de la explotación minera.

En ese entonces, la Defensoría del Pueblo respaldo la consulta vecinal realizada por los municipios y la importancia de la participación ciudadana para la toma de decisiones de la gente que vive en sus territorios. Sin embargo; hasta el día de hoy, la empresa minera, ahora de capitales chinos, continúa empleando estrategias de división de las comunidades para instalarse en la región y desarrollar su proyecto minero Río Blanco. El año pasado, la municipalidad provincial de Ayabaca le denegó el permiso a la minera Zijin para que instale sus oficinas en la provincia de Ayabaca. Hasta ahora la empresa minera continúa actuando en la región, a pesar de no tener ningún aval del Estado a todo nivel, ni en la localidad, ni por el Ministerio de Energía y Minas.

A continuación compartimos el pronunciamiento completo del Colectivo por Ayabaca, que reúne a profesores, dirigentes ronderos, profesionales, etc.

 

Pronunciamiento

¡AGUA SI,MINA NO!

Colectivo Por Ayabaca

 

¡VIVA EL 16 DE SEPTIEMBRE!

¡VIVA LA CONSULTA VECINAL!

¡VIVA AYABACA Y HUANCABAMBA !

 

1.- El año 2003 las comunidades campesinas de la sierra de Piura encararon  las políticas Neoliberales   impuestas por el estado peruano con el » Proyecto Minero Rio Blanco»

2.- El proyecto Minero Río Blanco antes Majas obtuvo ocho concesiones mineras  en 6,472 ha, para explotar cobre molibdeno y oro dentro de los territorios de las comunidades campesinas de «Yanta » Ayabaca y Segunda y Cajas » Huancabamba, afectando las  nacientes de agua de las cuencas de los ríos Quiroz (que irrigan la región de Piura ) y del Chinchipe (región Cajamarca )

3.- El proyecto Minero Río Blanco nunca ha contado con el permiso de las comunidades campesinas de la zona , al contrario ha recibido un rechazo rotundo de la poblacion, más cuando esté   pretende imponerse con  descrimacion,  corrupción y violencia.

4.- En el 2004 y el  2005, miles de campesinos se movilizaron hacia al campamento minero  ilegal y fueron reprimidos brutalmente dentro de su territorio  por la policía, dejando a comuneros muertos, mutilados, decenas de torturados, judicializados, y un pueblo movilizado.

5.- Posteriormente se inició  diálogo con el gobierno central que fracasó en mayo del 2006, por falta de voluntad  del Ministerio de Energía y Minas, que dejo al caso sin ningún canal institucional que facilitara  una salida pacífica al conflicto con el poder central.

6.- Ante esta situación, las Comunidades Campesinas recurren, al poder más cercano, los gobiernos locales para hacer uso del “mecanismo de participación ciudadana” a fin de consultar a la población sobre el desarrollo de actividades mineras en sus  territorios.

7.- La participación ciudadana  es un derecho reconocido por la Constitución y las leyes nacionales, y faculta a las municipalidades a través de ordenanzas , crear mecanismos  para su ejercicio,  sobre: planificación, desarrollo y  medio ambiente enmarcado por la Constitución Política del Perú, la Ley General del Ambiente y el Convenio Internacional 169-OIT.

8.- Fue así que los pueblos de la sierra norte conscientes de su realidad y de la presencia de un conjunto de concesiones mineras en las nacientes de las agua, respondieron con un rotundo “NO” el 16 DE DE SEPTIEMBRE  DEL 2007 ,  que coincide con  dictámenes oficiales sobre la necesaria conservación de la biodiversidad, del corredor biológico Tabaconas Namballe-Podocarpus y de la cuenca Binacional Catamayo-Chira.

9.- La consulta vecinal es un rotundo NO al proyecto Río Blanco el cual se ubica dentro de la zona denominada ‘bosque de neblina’, y “zona de paramos” que según  especialistas es una especie de ’esponja que captura, filtra y distribuye el agua, del que depende la costa desértica de Piura.

10.-   Los posibles impactos del proyecto minero en el ambiente, en particular en el agua, y el desarrollo agrícola es un tema de agenda de las poblaciones de la región Piura y las provincias de Jaén y San Ignacio en la región de Cajamarca.

11.- Estás preocupaciones han sido recogidas por Perú Support Group (PSG) en el Informe “Minería y Desarrollo en Perú sobre Proyecto Río Blanco en Piura”,  afirmándose que “buena parte del territorio de Piura está constituido por tierras desérticas o semi desérticas, y su agricultura depende mucho de la cantidad y calidad del agua de la sierra  donde se ubica el proyecto Río Blanco” y que dicho proyecto constituiría el inicio de un “distrito minero” más grande en la región.

12.- El resultado de la Consulta significa un NO AL DISTRITO MINERO que el Proyecto Río Blanco ante Majas ha pretendido ocultar. Hace años ha venido desinformando a las Comunidades Campesinas de Yanta (Ayabaca) y de Segunda y Cajas (Huancabamba) sobre sus reales pretensiones de explotación minera en el yacimiento del cerro Huamaní, publicitándose como un proyecto focalizado solo en el cerro Henry Hill (cuenca del río Chinchipe) pero ocultando su extensión a la vertiente occidental del yacimiento (cuenca del río Quiroz).

13.- El significado del “NO” es una afirmación por el derecho de los pueblos a orientar su modelo de desarrollo sustentable, en tiempos de descentralización y democracia, y de un contexto de acelerado cambio climático que convierte al AGUA en el recurso estratégico para la vida, derecho fundamental de las generaciones actuales y venideras.

14.- El “NO” para una región como Piura significa no aceptar un escenario de ALTO RIESGO para las nacientes de aguas que discurren desde las alturas, pasando por los valles hasta las ciudades, de la que dependen nuestra economía y salud pública, así, este resultado protege verdaderamente el BIEN COMÚN REGIONAL.

15.- La Consulta Vecinal del 16 de septiembre de 2007, fue un ejercicio democrático y descentralista de  mujeres y varones por la protección de las cabeceras de cuencas de aguas en la zona andina de nuestra región, quienes dando muestras de civismo ejemplar participamos en la CONSULTA VECINAL de manera voluntaria y no obligatoria, ni multada como los  procesos electorales del JNE, que a pesar del boicot masivo promovido por el gobierno central, , declarándola de ilegal, amenazas judiciales, prohibición del uso de locales escolares;  a pesar de las distancias y dificultades propias de la geografía andina; del alineamiento del gobierno central y de la mayoría de los medios de comunicación en la defensa a ultranza de la gran actividad  minera transnacional, la  Defensoría del Pueblo declaro a la Consulta Vecinal como un hecho legítimo.

16.- El “NO”a la minería que han expresado más del 90 por ciento de la población de los tres distritos piuranos  el 16 septiembre del 2007 se traduce en un explícito y contundente SÍ  a la agricultura y la  defensa de la  Biodiversidad.

17.-  Por ende, esto se traduce en la defensa de una política de seguridad alimentaria, y la  necesidad de potenciación de la agricultura familiar,  una actividad primordial para vida en medio de está  pandemia.

18.- La consulta contó con la observación de la Asociación Civil Transparencia y más de 22 observadores internacionales de Alemania, Bolivia, Canadá, Ecuador, España, Inglaterra y Suiza.

19.- El gobierno central ha señalado que la consulta no es vinculante legalmente,  por ello las Rondas Campesinas se mantienen en  pie lucha   hasta que el  Congreso de la  República emita el carácter de ley de la  «Consulta Vecinal» en  concordancia con los convenios internacionales.

 

¡AGUA SI,  MINA NO!

¡VIVA EL 16 SEPTIEMBRE!

Colectivo por Ayabaca

La situación para los habitantes de la antigua ciudad de Morococha se viene agravando a manos de la minera Chinalco y de efectivos de la PNP.

Tras las observaciones presentadas ante el SENACE el 27 de julio, al proceso de Elaboración de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental, MEIA, correspondiente al Proyecto de Expansión de la unidad Minera Toromocho; el último 12 de Septiembre, en horas de la madrugada, la empresa minera bloqueó con tierra las principales vías de acceso a la ciudad de Morococha Antigua haciendo uso de sus volquetes.

Todo ocurrió sin consentimiento o previo aviso a los pobladores de Morococha; quienes, tras percatarse de lo ocurrido, decidieron organizarse para limpiar una pequeña parte. Sin embargo, efectivos de la PNP llegaron en vehículos para vigilar estas vías de acceso argumentando que se trataba de propiedad privada de la minera Chinalco.

“En horas de la tarde varios efectivos policiales llegaron, no eran efectivos de la comisaria de Morococha y comenzaron a obstaculizar el camino argumentando que nadie podía pasar, y que ya no existe población en la zona de Morococha Antigua, acusando a los pobladores de ser foráneos»

Caída la tarde, efectivos policiales de la localidad se hicieron presentes para interceder y tratar de resolver el problema, logrando el retiro de los volquetes y los otros efectivos policiales. Llegada la noche los pobladores de Morococha Antigua decidieron realizar una vigilia nocturna para impedir que durante la madrugada ocurran más bloqueos. Hasta la fecha no ha habido ningún apoyo efectivo por parte de la municipalidad de Morococha.

La situación de Morococha Antigua

Hay más de 40 familias viviendo en las 34 hectáreas que restan de la antigua ciudad de Morococha. Estas rechazan dejar su ciudad por motivos como la falta de trabajo y oportunidades en la nueva ciudad “Carhuacoto” a la que desplazaron a las otras familias. Se trata de familias que buscan un mejor acuerdo; sin embargo, la minera solo acepta negociar previa reubicación, algo que significa ceder antes de negociar.

Por ello, para los pobladores de Morococha Antigua, éste bloqueo de las vías de ingreso responde a la necesidad de la minera Chinalco de deshacerse de estos últimos pobladores que rechazan reasentarse en Carhuacoto, conocido actualmente como la “Nueva ciudad de Morococha”, ciudad que en la práctica es considerada un pueblo fantasma por la falta de comercio y oportunidades laborales para sus habitantes.

Según lo expresado por un poblador de Morococha Antigua, “la nueva ciudad ha quedado desolada, es un campamento minero, la gente que vive ahí solo vive de trabajos tercerizados. El comercio ha muerto, ha colapsado, ya que la minera no cumplió con lo prometido”.

Además de esta situación, estos últimos pobladores de Morococha no han sido evidenciados en el MEIA por lo que simplemente no existen frente a los ojos de la minera. Lo que constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios en un contexto de constantes embates de afectación social, cultural, económico y de contaminación ambiental.

Empresa Minera y vínculos con la PNP

Otro de los puntos clave es la relación entre la minera Chinalco y la Policia Nacional del Perú. Para los pobladores de Morococha Antigua, la empresa minera mantiene un convenio con la DINOES de la PNP. Dentro de este convenio se mencionan compromisos como el pago a efectivos policiales, seguros de vida y de riesgo, según lo expresado por los pobladores.

Bloqueo de vías de accesos

Hasta el día de hoy siguen bloqueados los accesos, solo han abierto una pequeña entrada para que puedan pasar. Una situación que limita el ingreso a las familias y que no se entiende por parte de los afectados, “esto no ha concluido, no sabemos por qué han hecho esto ya que el tema no está definido, no hay respuesta de ellos (minera) y tampoco nuestras propias autoridades”, tras las observaciones que plantearon los dirigentes a la MEIA de Toromocho.

Hasta la fecha, dos caminos siguen bloqueados y se ha levantado un acta policial el día lunes sobre lo ocurrido el sábado 12. El alcalde ha manifestado que se envió un documento a la minera para proteger los derechos de los pobladores.

Para el abogado, el Dr. Carlos Castro, lo que busca la minera Chinalco es desconocer a los pobladores de las 34 hectáreas de la Morococha Antigua que aún se encuentran amparados por el articulo 1 en la ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo.

“Se trata de dos realidades, una ficcional planteada por la minera Chinalco al no reconocer a estos pobladores dentro del MEIA y otra realidad palpable de ciudadanos peruanos que viven ahí y ven afectados sus derechos humanos”

El abandono por parte de las autoridades municipales, policiales y del estado se hace presente en plena pandemia y crisis política nacional.

 

Ver las observaciones presentadas al SENACE el 27 de julio:
En estos días de crisis política, hay crisis más profundas y estructurales que vivimos desde hace décadas y que nadie quiere ver y/o actuar; es el caso de las y los afectados por metales tóxicos en entornos mineros, que incluye a cientos de niños y niñas.
🔎📚 A propósito de este tema: este Jueves, se presentará el nuevo estudio internacional denominado: «Condiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco», a cargo de la «Institución italiana Source» y «Centro Labor de Pasco»
📌📝El estudio profundiza el análisis ambiental y de salud pública, que tanto aquejan a las poblaciones de Cerro de Pasco y comunidades contiguas y da cuenta de importantes hallazgos que se compartirán en la presentación virtual.
📆 DIA: JUEVES 17 DE SETIEMBRE
⏰ HORA: 4 PM
📲 En vivo a través de:  www.facebook.com/redmuqui/
Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

De un tiempo a esta parte pareciera que todos estamos en modo de emergencia y crisis permanente en nuestro país, y todas las semanas tenemos una nueva situación critica a nivel sanitario, social, económico y político que analizar. Mientras escribimos este editorial surge otra vez un nuevo enfrentamiento entre el poder legislativo y el Ejecutivo, esta vez debido a la difusión de unos audios que comprometen al mismo presidente de la República, Martín Vizcarra. Estas grabaciones fueron presentadas por el cuestionado congresista de UPP, Edgar Alarcón, ante el Congreso de la República. Esta situación, lamentablemente, lo único que hace es abonar más a la crisis permanente en la que vivimos y, sobre todo, genera que se pierda el foco de atención a la pandemia, la salud y la vida de millones de peruanos y peruanas.

Más de allá de esta situación política crítica, hay otros temas no menos importantes que hay que abordar, y tiene que ver con el sector minero. En las últimas semanas el nuevo ministro de Energia y Mina, Luis Miguel Incháustegui, ha venido señalando una especie de sinceramiento de las cifras en el sector minero y se ha confirmado que hay un grupo de 13 proyectos mineros que va priorizar este gobierno. De otro lado, a más de un mes del estallido del conflicto social en Espinar, el pasado 03 de setiembre se ha retomado el diálogo en Espinar. Si bien la reunión fue de forma virtual, se sentaron nuevamente la empresa minera Glencore Antapaccay, las organizaciones de la provincia de Espinar y el Ministerio de Energía y Minas para discutir la entrega del bono humanitario; al respecto se logró establecer la entrega del bono de mil soles a través del Ministerio de la Producción y la empresa privada Edenred. Según señalan los dirigentes, la fecha establecida para la implementación del pago del bono en su totalidad sería el 23 de septiembre y se realizará a través de tarjetas multiuso. Esperamos que se respeten los acuerdos.

Finalmente, esta semana se ha conocido la decisión del Juzgado Colegiado de Arequipa que ha aceptado la solicitud de la defensa legal de los agricultores del valle de Tambo y ha resuelto interrumpir (quebrar) el Juicio Oral, así fue dado a conocer por el abogado David Velasco de FEDEPAZ, ya que no se garantizaba el debido proceso judicial a través de estas audiencias virtuales para los agricultores procesados. Como se sabe, ellos fueron denunciados por participar en la protesta contra la imposición del proyecto minero Tía María el año 2015 en Arequipa. Desde Red Muqui creemos que esta es una medida positiva, debido a que la virtualidad no garantiza un adecuado ejercicio a la defensa de los denunciados, y mucho más tratándose de un caso tan complejo como este. A propósito de este tema, desde la Red Muqui venimos reimpulsando una campaña de comunicación para resaltar las potencialidades del agro en el valle de Tambo, así que les invitamos a que se sumen al #AgroParalaOlla.