El día 31 de diciembre el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, llamado Política Nacional de Competitividad y Productividad; norma preparada desde el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta norma aprueba una política intersectorial y de alcance nacional.

Esta política nacional busca emprender ajustes estructurales en la economía del país, no sólo en el sector laboral que es lo que se ha visibilizado a través de las movilizaciones sociales que respaldamos y apoyamos, sino en educación y ambiente. La fundamentación de esta política sostiene que tiene como objetivo “continuar y afinar las reformas estructurales emprendidas en la década de 1990, las mismas que son imprescindibles para un crecimiento y desarrollo económico a largo plazo” (p.7). Ver el Decreto Supremo aquí.

Contiene 9 objetivos prioritarios que aplican fórmulas para facilitar la inversión y reducir los costos y trabas regulatorias al sector empresarial. La política también señala la necesidad de avanzar hacia la diversificación productiva; sin embargo, no fundamenta adecuadamente como la reducción de costos y el destrabe regulatorio para las empresas conllevará a diversificar la matriz productiva y a generar mayor bienestar social. Por el contrario, la propia política en su objetivo prioritario n°6, hace referencia a la necesidad de seguir promoviendo la aprobación de proyectos de inversión minera y para ello señala lo siguiente:

“El ambiente de negocios tiene que considerar reducir los riesgos de conflictos sociales para los inversionistas privados” (p.59). Es decir, se aborda la problemática de conflictos sociales como “riesgos” para las inversiones y no desde un enfoque de derechos humanos, que debe ser una perspectiva transversal a la aprobación de toda política nacional.

Para lograr que los conflictos dejen de ser un riesgo para las inversiones, la política señala que el Ministerio de Energía y Minas ha creado el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero – Energéticas (Rimay), que está elaborando una visión para la minería peruana al 2030, la que actualmente construye el denominado Grupo de Alto Nivel (GAN). Este es un espacio en el que RED MUQUI estuvo participando y del cual se ha retirado por no haber un diálogo con participación de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería; no haber garantías de respeto a sus derechos en los acuerdos; y por mantener una economía dependiente de la actividad minera, fundamentalmente.

Generar un ambiente de negocios y competitividad no puede realizarse a costa de la desregulación de los estándares ambientales, ni de la imposición de una visión de desarrollo económico desde el gobierno central hacia las comunidades y poblaciones. Lamentablemente, la Política Nacional de Productividad y Competitividad tiene como objetivo seguir sosteniendo el modelo económico extractivo y las rentas del empresariado a costa de los derechos humanos de la mayoría de peruanos y peruanas.

Desde Red Muqui, y en base a nuestra Agenda Muqui 2018-2021 (ver aquí) proponemos avanzar hacia un desarrollo económico alternativo del Perú, que no mantenga a nuestra economía dependiente de la minería, que respete los derechos humanos de comunidades y poblaciones afectadas, y que garantice el bienestar general, y no solo busque el beneficio económico de las empresas.

Días después del Referéndum, este miércoles 12 de diciembre, el presidente de la República, Martín Vizcarra, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, acaba de emitir el DS N° 120-2018-PCM, que elimina las Mesas de Diálogo que se generaron entre el Estado y las comunidades, producto de la conflictividad social en diferentes lugares de nuestro país, para atender los reclamos que las comunidades han venido planteando a lo largo de los años en defensa de su territorio, a un ambiente sano, y de los derechos económicos, sociales y culturales que se ven afectados por las industrias extractivas como la minería.

El presente Decreto, señala el Gobierno, se emite en el marco del proceso de modernización del Poder Ejecutivo con el objetivo de extinguir las Comisiones, Comités, Grupos y Equipos de Trabajo, Consejos y Mesas de Diálogo de diversos sectores; 55 en total, de los espacios evaluados; entre ellos los relativos a Energía y Minas como la “Mesa de Diálogo Multisectorial para el desarrollo de la Provincia de Casma” con Resolución Ministerial N° 096-2013-PCM, y la “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” con Resolución Ministerial N° 263-2015-PCM. Asimismo, los espacios generados con las comunidades amazónicas, víctimas de la contaminación petrolera, también fueron eliminados.

El Ejecutivo señala que en los casos en que se hayan creado Comités de Seguimiento para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, estos continuarán, como en el caso de la provincia de Cotabambas de la región Apurímac. Sin embargo, las comunidades de Cotabambas han venido exigiendo la reactivación de la Mesa de Diálogo desde fines del 2016 en que el gobierno la suspendió. En la provincia aún no se levanta el Estado de Emergencia que se ha renovado durante estos años; se mantiene el convenio de la empresa minera y la policía para resguardar sus intereses; la calidad y cantidad de agua sigue siendo perjudicial para la comunidad; y los impactos generados por los camiones de transporte de minerales que van por la carretera del corredor del sur, continúan.

La fundamentación del Decreto se basa en la necesidad de lograr mayor “eficiencia” en la utilización de los recursos del Estado, eliminando la duplicidad o superposición de las competencias y funciones. En el sector vinculado a la minería, las mesas que el Ejecutivo está eliminando son las referidas a las “Mesas de Diálogo para el Desarrollo….”. La eliminación de las Mesas de Diálogo no han sido de mutuo acuerdo entre las comunidades y el Poder Ejecutivo; es más, durante estos años ha sido visible que diversas protestas se han reanudado porque el Estado no cumplía con implementar los acuerdos arribados en las Mesas de Diálogo y porque el Estado desarrollaba una lógica de negociación con las comunidades para que el proyecto extractivo vaya sí o sí en sus territorios, generando diversos incentivos de obras de infraestructura y el mejoramiento de servicios públicos. Por estos motivos, el desarrollo de varias Mesas de Diálogo se ha extendido durante meses para llegar a acuerdos, sin contar con la fase de implementación.

Por ello, al parecer este Decreto se emite con el objetivo de que los procesos de diálogo se concentren en la fase de negociación. Con esto lo que se estaría haciendo es generar menos condiciones para un mejor diálogo para la prevención y resolución de conflictos.

Como ya se ha señalado por Red Muqui durante la campaña “Todo está amarrado”, el Estado Peruano no concibe el diálogo como política preventiva y reduce los procesos a una negociación y muchas veces imposición de las condiciones de desarrollo de los proyectos mineros. Bajo las lógicas de eficiencia, el diálogo es concebido como si fuese un costo operativo para las empresas, por lo cual busca reducirse. No se concibe en el diálogo que las comunidades puedan decir NO al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Cabe recordar que en la reciente CADE, los grandes empresarios hicieron alusión a la “negociación como método para la resolución de conflictos con las comunidades y el Estado. Señalaron que en la negociación todos tienen que renunciar a “algo” para lograr acuerdos.

Nos preocupan este tipo de lógicas que son contrarias a la defensa de los derechos humanos, donde los procesos de diálogo son parte del derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a la consulta previa y a la autonomía de las comunidades campesinas e indígenas. Desde Red Muqui señalamos que los derechos humanos no son negociables, son irrenunciables.

El pasado jueves 22 de noviembre, en el marco del Foro: “Minería de Litio en America Latina y sus perspectivas en Puno” realizado por la Red Muqui Sur, la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno (DREM Puno), presentó sus perspectivas respecto de la explotación de Litio y Uranio en la región de Puno, a través del Ing. Jesús Dalens Campos, entre otros expositores de Argentina, Chile y Bolivia, que expusieron sobre las experiencias de explotación de litio en sus países.

Al respecto, es de conocimiento público que la empresa minera Macusani Yellowcake, subsidiaria de la canadiense Plateau Energy, halló en una perforación que realizaba para encontrar uranio, en el segundo semestre de 2017, un yacimiento de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de litio y unyacimiento de uranio de 34,000 toneladas de uranio en la región de Puno. Los yacimientos están situados a 4.500 metros de altitud en una zona fronteriza con Bolivia, unos 150 kilómetros al norte.

Según la exposición del Ing. Jesús Dalens, el representante de la minera Macusani estimó que la etapa de producción de litio se iniciaría en el segundo o tercer trimestre del 2021, considerando que el estudio de factibilidad se realizaría en el 2019 así como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la explotación y el comienzo de la construcción de la planta se llevaría a cabo en el 2020.

Es importante señalar que en declaraciones vertidas en un video de CENTRUM PUCP, y en una nota del diario Gestión sobre el evento “Minería de litio en el Perú” realizado en agosto del presente año, el gerente general de la minera, Ulises Solís, destacó que se viene perforando en Macusani, Puno, en búsqueda de uranio desde el 2007, señalando: “recién en el 2017 logramos (Macusani Yellowcake) el permiso de la comunidad de Chacaconiza, y empezamos a perforar, en julio de ese año, en un acuerdo de seis meses, grande fue nuestra sorpresa cuando vimos los resultados”. “Buscando uranio, encontramos litio”.

Según declaraciones de Jesús Dalens Campos de la DREM de Puno, el Estado peruano había entregado una concesión de 30.000 hectáreas para la explotación de uranio a la empresa minera canadiense.

Desde Red Muqui mostramos nuestra preocupación ante la autorización de la exploración de litio y uranio en nuestro país, sin que exista un marco legal regulatorio sobre minerales radioactivos y tierras raras.

Asimismo, nos preocupa cómo la empresa habría logrado el “permiso” de la Comunidad Campesina de Chacaconiza sin haberse realizado un proceso de consulta previa por parte del Estado, debidamente informado, respecto del proyecto de uranio y litio. Una consulta en el que esté presente la información sobre la magnitud del impacto ambiental y social, para que las comunidades en las áreas de influencia puedan decidir si están de acuerdo o no con la operación de una mina de éste tipo en su territorio, más aún cuando no existe aún un marco regulatorio para la exploración y explotación del uranio radioactivo y del litio.

Riesgos y peligros de la explotación de uranio y litio

Al respecto existen varios riesgos que implicaría la explotación de uranio y litio para el medio ambiente y la salud de las comunidades y poblaciones locales en áreas de influencia de la mina.

Litio en su estado físico y en baterías

El litio es un metal usado en baterías recargables, pilas alcalinas, baterías de aerosoles, energías renovables, alumbrado público, luces de neón y también como medicamento en la psicofarmacología.

Dalens Campos indicó en el evento de Red Muqui Sur que los efectos de la exposición directa al litio son graves para la salud, y el litio puede llegar a ser un peligro significativo para la calidad del agua y para los organismos acuáticos al reaccionar con el oxígeno.

Uranio en su forma natural y procesada

El uranio es un mineral radiactivo que es usado principalmente como combustible para los reactores nucleares y para la fabricación de armas nucleares como la bomba atómica. Las personas que están expuestas al uranio consumiendo el agua o alimentos altamente contaminados con el mineral o a través de la inhalación de radón, un gas de descomposición de uranio, pueden desarrollar cáncer y otros graves problemas de salud con mayor probabilidad. Extraído de las minas, en plantas industriales que procesan uranio o viviendo cerca de minas de uranio, también es considerado como grave riesgo para la salud.

Dato

El presidente Vizcarra anunció el 10 de agosto a la agencia Reuters que en los próximos seis meses el gobierno peruano aprobará leyes para poder explotar los recientes hallazgos de uranio y litio, ya que actualmente no existe un marco legal regulatorio. El Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señaló en septiembre que el MINEM viene preparando un proyecto de ley sobre el particular para ser presentado a fin de año. Al respecto, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, todavía no ha llegado la propuesta del gobierno. El Congresista Marco Arana Zegarra se dirigió en agosto al presidente de la República en una carta abierta expresando su preocupación sobre una posible explotación del uranio.