La Defensoría del Pueblo advirtió hoy que se requiere reforzar los mecanismos que buscan una solución al conflicto social derivado del proyecto minero “Tía María”, región Arequipa, ya que la situación en la provincia de Islay tiende a agravarse.

“Han transcurrido veintiún días desde que se inició el paro indefinido y en ese tiempo las clases escolares se han suspendido, hay señales de desabastecimiento en los mercados, las transacciones económicas y los trámites administrativos se han visto interrumpidos y el clima de intranquilidad se extiende, principalmente, a lo largo de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Mejía”, sostuvo el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna.

Para la Defensoría del Pueblo, la reunión de difusión del Estudio de Impacto Ambiental, llevada a cabo en Arequipa el viernes último, es una actividad útil para brindar explicaciones a la opinión pública sobre los alcances de este instrumento ambiental. Sin embargo, es necesario pasar de un esquema de divulgación abierta a un esquema de diálogo técnico entre los representantes de los ministerios comprendidos en este asunto y los representantes de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, los municipios distritales y sus respectivos equipos técnicos quienes son los que han planteado directamente cuestionamientos al EIA.

También se considera que la reunión de diálogo técnico debe ser adecuadamente preparada, correspondiendo al gobierno nacional remitir las invitaciones formales a los actores concernidos en el conflicto, acreditar a los participantes, elaborar una agenda de temas materia principal de la discusión, establecer reglas de respeto mutuo y que todas las partes garanticen que dicha reunión se realice en condiciones de seguridad para todos.

“Una reunión de esta naturaleza implica una actitud de escucha y de disposición a recoger los planteamientos que sean pertinentes y estén debidamente sustentados. La voluntad de dialogar viene aparejada de la voluntad de corregir, en caso de que hubiere necesidad de hacerlo. No cabe descartar de plano ninguna vía de solución. Al diálogo técnico debe sucederle un espacio de negociación en el que creativamente las partes construyan una salida al problema”, dijo por su parte el Adjunto para los Conflictos Sociales, Rolando Luque Mogrovejo.

El funcionario señaló que, simultáneamente a la apertura al diálogo, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a los dirigentes y alcaldes que promueven o respaldan el paro a prescindir de los actos de fuerza que perjudican a terceras personas, en particular a niños y adolescentes, cuya formación educativa se viene resintiendo seriamente al haberse interrumpido la asistencia a clases. En ese sentido, la Defensoría pide la reanudación de las clases escolares y normalización de las actividades en Islay, diálogo técnico y respeto al derecho a protestar siempre que sea de manera pacífica.

La Defensoría del Pueblo espera una atención pronta a este conflicto y mantiene su disposición a colaborar en el marco de sus competencias legales.

Lima, 13 de abril del 2015.

Defensoria del Pueblo

Un pronunciamiento suscrito por los alcaldes, provincial de Islay, Richard Ale, distrital de Cocachacra, Helard Valencia, distrital de la Punta de Bombón, José Ramos y distrital de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz,

así como por el presidente de la Junta de Usuarios y secretario del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Jesús Cornejo y Pepe Julio Gutiérrez reitera que no asistirán a la Mesa de Desarrollo y alertan de una posible conmoción social.

El documento señala que ante las expresiones de las más altas autoridades gubernamentales denegando la posibilidad de una consulta a la población sobre el proyecto minero, se desprende que el gobierno ha asumido la representación de la empresa Southern Perú lo que implica una ruptura profunda con la sociedad civil de El Valle.

Asimismo mencionan que la negativa del gobierno a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental por parte de un ente técnico internacional e imparcial, demuestra que su posición no era caprichosa sino que estuvo basada en la falta de credibilidad de los técnicos del Ministerio de Energía y Minas que lo aprobaron.

En otro punto califican la Mesa de Desarrollo prevista para mañana como un show mediático a la que no asistirán porque no se puede llamar diálogo a la intransigencia del gobierno.

También alertan sobre una represión policial que se prepara contra los huelguistas atribuyéndoles falsamente el uso de explosivos y atacando autoridades como jueces, gobernadores y alcaldes.

Y por último responsabilizan al gobierno de un posible desborde social, por la actitud represiva en la que se habría politizado al Ministerio Público, por lo que resulta contradictorio que se hable de diálogo y al mismo tiempo se amenace a los dirigentes con enviarlos a la cárcel.

Aquí el documento completo

 

 

Fuente: El Buho

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, saludó hoy que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, acoja las recomendaciones que formuló con el propósito de contribuir con la mejora del proceso de evaluación ambiental.

No obstante, lamentó que no sucediera lo mismo respecto de las recomendaciones formuladas para proteger los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país.

Estas precisiones fueron formuladas en el marco de un oficio alcanzado a la Presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, en relación a la necesidad de realizar precisiones ante el inicio del debate del Proyecto de Ley Nº 3941/2014-PE, para evitar interpretaciones o aplicaciones que pudieran vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, en especial de sus derechos sobre la tierra y el territorio. En atención a ello, se ha recomendado excluir, expresamente, las tierras indígenas del ámbito de aplicación de la referida iniciativa legislativa.

Vega recordó que en el mes de noviembre del año 2014, recomendó incluir una disposición final que señale expresamente que la iniciativa legal no se aplicará a los derechos de los pueblos indígenas, ni a la propiedad comunal de las comunidades campesinas y nativas. Pese a ello, no se incorporó dicha disposición, contemplándose únicamente una exclusión de la aplicación de normas de servidumbre a las zonas de selva, pese a que existen pueblos indígenas en otras zonas del país.

Advirtió que, en dichos términos “la norma podría aplicarse respecto de las tierras y territorios de las comunidades campesinas, así como respecto de las tierras forestales que se encuentran en cesión en uso a favor de los pueblos indígenas, afectando su acceso al aprovechamiento de recursos naturales”.

Añadió que otro tema de especial preocupación es la gran dificultad de las comunidades para la probar la posesión de sus tierras y territorios, por lo que se requiere un procedimiento y plazos razonables. Por tanto, observó que la mencionada situación se agravaría en un procedimiento de otorgamiento de servidumbre, debido a que las autoridades competentes deben pronunciarse sobre la referida solicitud en el plazo de 10 días previsto para la formulación de la opinión técnica y 15 días previstos para la entrega provisional de servidumbre, que además se encuentra sujeta a silencio administrativo positivo.

A continuación destacó los esfuerzos desplegados por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología destinados a la participación de diversos actores en la formulación de aportes. “Es necesario incorporar las recomendaciones destinadas a brindar especial protección a los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país, a fin de apuntalar dicho esfuerzo”, señalo Eduardo Vega.

Fuente: Defensoria del Pueblo

 

Defensoria del Pueblo sobre PL Nº 3941/2014-PE by prensamuqui

10 mil ciudadanos presentan petición de inconstitucionalidad de la Ley 30230, contra los pueblos indígenas y el ambiente

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH, el Pacto de Unidad y AIDESEP, que agrupan al as organizaciones indígenas y campesinas del Perú, presentan 10 mil firmas para solicitar al Tribunal Constitucional una Demanda de Inconstitucionalidad contra  la denominada Ley de Paquetazo Ambiental – Ley 30230.

Esta ley se aprobó en julio de 2014 y fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de simplificar procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el Perú.

La Ley 30230 es inconstitucional porque viola el derecho fundamental al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de  la vida, derecho constituido en el artículo 2º, numeral 22 de la Constitución Política del Perú.

Esta ley,  además de limitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), facilita la entrega de tierras para proyectos de inversión lo cual atenta contra la seguridad territorial  de las comunidades y los pueblos indígenas ya que sobre sus territorios, con trabas para la titulación, se superponen zonas destinadas a la inversión privada.

FECHA: Viernes 10 de abril
HORA: 11:30 am
LUGAR: Calle Pezet y Monel 2467 (Lince) – Local de la CNDDHH

 


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El Pleno del Congreso de la República ha agendado en el punto 5 de su sesión de hoy jueves 09 de abril, el debate del proyecto de ley 3941: «Ley de inversiones para crecimiento económico y desarrollo sostenible en zonas de exclusión social», también denominado el «cuarto paquetazo», dictaminado por las Comisiones de Economía y la de Pueblos Andinos, Amazónico y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Ha sido inusitada la rapidez con que se ha puesto en agenda el citado proyecto, y es muy probable incluso que se intente exonerarlo de plazo de publicación.

Es lamentable que la Comisión de Pueblos del Congreso haya sido expedita en tramitar el dictamen del Congreso, pero no lo haya sido cuando se debió invitar formalmente a las organizaciones nacionales para que participen brindando sus puntos de vista y aportes, ni cuando debió haber considerado la aplicación de la consulta previa legislativa a un proyecto de ley que afecta los derechos de los pueblos indígenas y los ambientales, tal como obliga el Convenio 169 de la OIT al Estado Peruano.

Exigimos a los congresistas que consideren los aportes que hay hecho llegar las organizaciones nacionales de pueblos indígenas como el Pacto de Unidad y AIDESEP, y tomen en cuenta los que en su momento enviamos desde Red Muqui, y remarcamos temas centrales en ese sentido:

– Que no se bloquee definitivamente la titulación de las Comunidades Campesinas y Nativas, vulnerando sus derechos a la propiedad y posesión comunal, a través del otorgamiento de servidumbres, derechos de vía y expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura y los denominados “de gran envergadura”, que podrían poner en riesgo las tierras de pueblos indígenas.

– Que no se agudice la precariedad de nuestra institucionalidad ambiental y no se anulen los avances del SENACE. Puesto que, en su primera disposición complementaria transitoria, el proyecto establece que mientras no se dé la transferencia de funciones desde los sectores, que no tiene fecha de culminación, el Ministerio de Energía y Minas seguirá cumpliendo el doble rol actual, de promotor de inversión minera y autoridad ambiental en el sector, aprobando títulos habilitantes, al igual que los demás sectores, con el riesgo que ello implica para las decisiones que se toman hasta la fecha.

– Que es sumamente riesgoso que se utilice para un proyecto de inversión nuevo, las líneas de base de otros proyectos que se hayan realizado en la misma área de influencia de los proyectos de infraestructura o de “gran envergadura”. Toda línea de base debe ser adecuada para la actividad que se pretende realizar y ser debidamente actualizada.

– Que, al no existir a la fecha una referenciación de las tierras eriazas de parte del Estado, no se puede establecer que éstas no están siendo ocupadas y son de su propiedad, o que pueden ser parte de propiedad de las comunidades campesinas y nativas. Por ello, el hecho que se otorguen e impongan servidumbres a favor proyectos de inversión en tierras que pueden ser de propiedad comunal, podría agudizar aún más los conflictos sociales, especialmente vinculados con industrias extractivas y obras de infraestructura, violentando derechos constitucionales y normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Por todo ello, demandamos al Congreso de la República que no apruebe en pleno finalmente ésta norma, por los derechos que afecta, y los riesgos para la paz social que conlleva.

Lima, 09 de abril de 2015

PRENSA MUQUI
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Ayer al mediodía, luego de la aprobación por parte de sólo 6 congresistas del proyecto de ley 3941 en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología, se realizó en el Hall de los pasos perdidos del Congreso de la República una conferencia de prensa en la que participaron el presidente de AIDESEP Henderson Rengifo, el representante del Pacto de Unidad Marcelino Bustamante, y los congresistas Verónika Mendoza, Eduardo Nayap y Claudia Coari.

La Congresista Verónika Mendoza planteó  su preocupación porque el proyecto aprobado “bloquea el proceso de titulación de tierras de comunidades campesinas y nativas”. Además se plantean que “si una comunidad quisiera ejercer su derecho a la posesión, será denunciada por usurpación agravada con pena de cárcel, lo que es una agresión expresa”.

Según Mendoza, “lo único que está generando el gobierno con la aprobación de medidas como el proyecto de ley 3941 es conflictividad e inseguridad jurídica, tanto para los pueblos indígenas como para los propios inversionistas”.

 

Por su parte el Congresista Eduardo Nayap remarcó: “Soy nacionalista, soy del oficialismo, pero no puedo quedarme callado ante tanta indignación que siento. Que un gobierno que se dice de “inclusión social”, habiendo aprobado la ley de consulta previa, emita un proyecto de esta naturaleza, es indignante”.

Nayap señaló que “los indígenas junto con los campesinos no somos miles, somos millones. Veremos su reacción cuando se levanten los pueblos por la aplicación del proyecto de ley aprobado”.

Finalmente señaló que, “el desarrollo no puede ser a costillas de los pueblos indígenas que viven en sus tierras desde antes de la existencia de la República del Perú”. “Si este gobierno quiere guerra, guerra vamos a dar”.

RED MUQUI RENUEVA SU COMPROMISO POR LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y POBLACIONES AFECTADAS POR LA MINERÍA

La RED MUQUI es un colectivo de 29 instituciones de 11 regionales a nivel nacional, que desde hace 12 años acompaña a comunidades y poblaciones afectadas por la minería.

La RED MUQUI, sus miembros y aliados a nivel nacional e internacional, vienen siendo objeto de un ataque sistemático de parte de gremios empresariales, empresas mineras y sus operadores que aparecen como “opinólogos” en diversos medios de comunicación a nivel nacional y local, para difundir mentiras e información inexacta o utilizada malintencionadamente sobre nuestro accionar, con el fin de restar credibilidad a nuestra labor, y afectar nuestra imagen pública.

Sobre el particular nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. Rechazamos los ataques injustificados que sufren los miembros de Red Muqui y nuestros aliados por el sólo hecho de acompañar a comunidades y poblaciones que nos solicitan asesoramiento y apoyo para ejercer la defensa de sus derechos.

2. Aclaramos que ni la Red Muqui ni las instituciones que la conforman, tienen vinculación partidaria alguna en su accionar. Red Muqui apoya las causas de poblaciones y comunidades que nos lo han solicitado, las que consideramos justas y de las que tenemos elementos técnicos y legales para sustentarlas, como el caso de Tía María, recientemente.

3. Asimismo refirmamos que no somos contrarios a las inversiones, sino que exigimos que éstas sean responsables, respetuosas de los marcos normativos nacionales e internacionales, y de los derechos humanos y el ambiente, pues deben mejorar la calidad de vida y fomentar la aplicación y el cumplimiento de los derechos de las personas, no afectarlos, pues esa es la verdadera manera de “medir” el desarrollo.

4. Red Muqui tiene como lema ser una Red de “Propuesta y Acción”, por ello además de acompañar casos que consideramos emblemáticos, nos caracterizamos por plantear propuestas, que justamente surgen del estudio de casos. En este sentido, el año 2014 hemos difundido en el marco de la campaña electoral regional y local, el documento «Políticas Públicas para una nueva minería en el Perú» en nueve ejes temáticos, que han sido parte de la discusión en diferentes regiones del país, y que esperamos también sean parte del debate en el proceso electoral nacional.

5. Hacemos un llamado a las diferentes instancias de gobierno para recordarles que es una obligación que les compete el acompañar y dar asesoramiento a las poblaciones y comunidades que habitan en zonas mineras, a fin de evitar vulneraciones de derechos. Lamentablemente dichas instancias, en su mayoría no cumplen su rol garante de derechos, sino que priorizan la inversión en cualquier lugar y a cualquier costo, por ello buscan a instituciones y redes como la Red Muqui y sus miembros, para que les brinden información técnica y legal sobre su situación, a fin de defender sus derechos.

Finalmente, debemos decir que la defensa de los derechos de las personas y del ambiente no debería ser motivo para la persecución y reglaje de quienes la efectúan, sino que las instituciones dedicadas a éstos temas, y los dirigentes sociales y autoridades defensores de derechos, antes que recibir diatribas y seguimiento, deberían más bien recibir garantía y apoyo para ejercer su tarea, en tanto el Estado no asuma el rol que le compete.

Lima, 07 de abril de 2015

 

RED MUQUI
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En Sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República de hoy martes 06 de abril se aprobó de manera arbitraria el Proyecto de Ley 3941 que afecta derechos de los pueblos indígenas y derechos ambientales.

La aprobación del dictamen se ha realizado con un quorum de sólo 6 congresistas de 12 miembros, 3 de los cuáles eran accesitarios.
La Comisión pese ha que hubo acuerdo en anterior sesión de otorgar la palabra a los representantes de las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas, AIDESEP y PACTO DE UNIDAD, les negó ésta vez el derecho de participación, por mayoría.

Ante ello la Congresista Verónica Mendoza pasó a retirarse, procediéndose a la votación, que por unanimidad aprobó el proyecto de ley 3941.
El dictamen final aprobado, no ha tomado en consideración las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, ni los aportes que las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas hicieron llegar en una carta remitida a la Comisión el 30 de marzo pasado.

En la citada carta las organizaciones plantean, entre otras preocupaciones, que la norma bloquea definitivamente la titulación de las Comunidades Campesinas y Nativas, vulnerando sus derechos territoriales a través del otorgamiento de servidumbres, derechos de vía y localización de área.

La norma también debilita la institucionalidad ambiental a través del otorgamiento de títulos habilitantes de manera irresponsable, las que se entregan a discreción de las autoridades sectoriales, desnaturalizando el rol del SENACE y sus avances.

Para todo el proceso de aprobación del proyecto de ley 3941, en tanto afecta derechos de los pueblos indígenas u originarios, no se ha aplicado el derecho a la consulta previa, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Por todo ello, las organizaciones nacionales de pueblos indígenas u originarios nos sentimos una vez más menospreciadas y maltratadas por la misma Comisión del Congreso que debiera dedicarse a defender nuestros derechos, por lo cual nuestros pueblos indígenas a nivel nacional estaremos alertas, y realizaremos las coordinaciones necesarias para ejercer la defensa de nuestros derechos.

Lima, 07 de abril de 2015

 

Despacho de Congresista Veronika Mendoza
Pacto de Unidad
AIDESEP

CONGRESO PONE EN DEBATE PROYECTO DE LEY 3941, QUE AGUDIZA LA AFECTACIÓN DE DERECHOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.
PUEBLOS INDÍGENAS EXIGEN SU ARCHIVO DEFINITIVO

El día martes 06 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República ha incluido como punto de agenda la discusión de Proyecto de Ley 3941.

El Pacto de Unidad y AIDESEP, en representación de los pueblos de las zonas andinas y amazónicas del Perú, han expresado mediante una carta dirigida a la Presidenta del Congreso y a los Presidentes de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología y a la de Economía del Congreso de la República, que adjuntamos a la presente, su ”profundo rechazo al Proyecto de Ley N° 3941/2014-PE, exigiendo su archivo definitivo del mismo y los dictámenes recaídos, pues lejos de obedecer a su objetivo de coadyuvar al crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social, aumentará los conflictos desincentivando la inversión, ya que profundizará las brechas de exclusión y marginación de los Pueblos Indígenas y tendrá graves e inaceptables efectos perjudiciales hacia los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, al facilitar el despojo de sus territorios a través de la imposición de servidumbres que imposibilitan la titulación futura de las Comunidades, así como evitando el resarcimiento por la compensación por el uso de sus tierras”.

Desde la RED MUQUI, hacemos eco de lo solicitado por las organizaciones nacionales de Pueblos Indígenas, y reiteramos algunos de los riesgos que consideramos que el proyecto de ley 3941 plantea en materia de posesión y propiedad comunal, y en materia ambiental:

1. Si bien se estableció mediante D.S N° 006-2015-MINAM, la aprobación del Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, que estará a cargo de uno de los temas centrales del 3941, la “Certificación Ambiental Global” (iniciando justo con el MINEM el 1° de abril), no se ha establecido fecha para su culminación. En tanto el proceso esté en curso, según la primera disposición complementaria transitoria, serán “las autoridades competentes del sector competente los responsables del proceso. Ello genera que se mantenga la doble instancia de promotor de inversión minera y autoridad ambiental en el sector, con el riesgo que ello implica para las decisiones que se tomen.

La precariedad de nuestra institucionalidad ambiental, venida a menos aún con las normas de los paquetazos normativos, no permite que un mecanismo como la CAG funcione adecuadamente, pues para ello se requiere de un Estado funcional y eficiente, que cuente con procesos unificados y debidamente coordinados entre las instancias competentes, para lo que aún las instancias estatales no están preparadas.

2.Reiteramos que es sumamente riesgoso que se utilice para un proyecto de inversión nuevo, las líneas de base de otros proyectos de inversión que se hayan realizado en la misma área de influencia de los proyectos de infraestructura o de “gran envergadura”. Toda línea de base debe ser adecuada para la actividad que se pretende realizar y ser debidamente actualizada.

3.Respecto a la imposición de servidumbres, derechos de vía y expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura y los denominados “de gran envergadura”, que podrían poner en riesgo las tierras de pueblos indígenas (Comunidades Campesinas y Nativas), un tema central es que las instancias competentes deben culminar el proceso de actualización de la Base de Datos de los Pueblos Indígenas, que no sólo debe servir para la aplicación o no de la consulta previa, sino para establecer con claridad su ubicación y referenciación, además de dar seguimiento sobre los procesos de titulación de sus tierras.

4.El Estado tiene la obligación de “reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupa” según el art. 14 del Convenio 169 de la OIT y los gobiernos deben “garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión” según el art. 15 de la citada norma internacional vigente en el Perú. Por ello es obligación del Estado establecer mecanismos para cumplir con sus obligaciones internacionales, y no faltar a las mismas, afectando derechos fundamentales a nivel colectivo de los pueblos indígenas u originarios.

5.Respecto de las tierras eriazas, al no existir a la fecha una referenciación de las mismas de parte del Estado, no se puede establecer que no están siendo ocupadas y por ello son sólo de propiedad del Estado, sino que pueden ser parte de propiedad de las comunidades campesinas y nativas. Por ello, el hecho que se otorguen e impongan servidumbres a favor proyectos de inversión en tierras que pueden ser de propiedad comunal, podría agudizar aún más los conflictos sociales, especialmente vinculados con industrias extractivas y obras de infraestructura, violentando derechos constitucionales como el de propiedad (art. 70), la autonomía comunal para el uso de la tierra (art. 89), la Ley de Comunidades Campesinas – 24656 (art. 7), la Ley de Tierras (art. 11) además de normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT (arts. 14 y 15).

Lamentablemente hasta el momento, el dictamen en debate no ha recogido los aportes de las organizaciones nacionales de pueblos indígenas ni de las instituciones de sociedad civil que los han hecho llegar.

Desde la RED MUQUI esperamos que ante todo prime el respeto por los derechos fundamentales de las personas y especialmente de los pueblos indígenas, y de las normas nacionales e internacionales que los amparan, a fin de lograr la paz social y evitar posibles conflictos que no conducen a nada.

Lima, 07 de abril del 2015

RED MUQUI, MIEMBRO DE LA RED IGLESIAS Y MINERÍA, RECHAZA INICIATIVA “MINING IN PARTNERSHIP” DE GREMIOS Y EMPRESAS MINERAS

La Red “IGLESIAS Y MINERÍA”es una red latinoamericana de comunidades cristianas, religiosas y religiosos que, con el apoyo de diversos obispos e instancias Latinoamericanas de Iglesias Católica y Cristiana, se articula desde hace dos años para hacer frente a los impactos de la minería a nivel de la región. En el Perú, la RED MUQUI es miembro de ésta Red, además de algunos de sus miembros.

Los miembros de la Red Iglesias y Minería, conocemos de cerca el sufrimiento de muchas comunidades y pueblos tradicionales, así como las violaciones a los derechos humanos, ambientales y de las futuras generaciones que se han provocado por parte de los grandes emprendimientos mineros en expansión en nuestro continente.

Varios obispos y algunas conferencias episcopales a nivel América Latina se han pronunciado y han actuado en apoyo a las comunidades afectadas y han denunciado los conflictos provocados por las empresas mineras, muchas veces con el aval de los Estados nacionales.

La Red «Iglesias y Minería», ha hecho público el pronunciamiento “La Iglesia no se deja comprar” (adjunto),en el que denunciamos a nivel internacional  y rechazamos la denominada iniciativa «Mining in Partnership«, en español “Minería en alianza”, de gremios y empresas mineras transnacionales cuyos nombres se encuentran en documento adjunto.

La iniciativa «Minería en Alianza», se propone “ayudar a los seminarios teológicos de diversas partes del mundo para equipar mejor a los pastores y líderes de la iglesia para servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”. Ello busca que los obispos, sacerdotes, pastores y otros agentes pastorales “piensen teológica, ética y litúrgicamente sobre la minería, a nivel local e internacional”. No es otra cosa que «utilizar a las Iglesias», para que sus acciones pastorales promuevan y defiendan dicha actividad entre sus feligreses.

El pronunciamiento deja claro que «No es papel de las iglesias convencer a sus fieles sobre la bondad de un emprendimiento. También es absurdo pensar que simplemente quepa a la iglesia “servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”. La iglesia (cf.GS1)[1] asume los dramas, las esperanzas y las reivindicaciones de los más pobres y de las víctimas de una economía que tiende a descartar cada vez más personas (EG53)[2] y que está comprometiendo definitivamente el equilibrio de la Creación.

En general la Red considera que financiar iniciativas en conjunto con los seminarios teológicos es «una estrategia para cooptar a la iglesia, utilizarla en beneficio de los intereses de las mineras y dividirla», debilitando su papel de “abogada de la justicia y defensora de los pobres” (Papa Francisco)[3].

El pronunciamiento culmina indicando que “las empresas, en lugar de destinar dinero para reparar todos los daños denunciados por las comunidades, invierten en proyectos de propaganda” o en actividades que apuntan a cooptar a personas, líderes, dirigentes, funcionarios y autoridades a todo nivel para lograr sus objetivos.

Desde la RED MUQUI, lamentamos que las empresas mineras, además de acudir a acciones de presión para desregular la actividad minera, evitando procesos de fiscalización y sanciones por contaminación, como ha ocurrido con la OEFA en el Perú, y lograr se modifiquen normativas y políticas que faciliten inversiones mineras sin mayores restricciones, pretende ahora “utilizar” instancias históricas de iglesias católicas y cristianas, para su beneficio. Eso muestra que no hay un afán por mejorar sus prácticas sociales, sino de realizar sus actividades a como dé lugar, sin importar los conflictos que ello pudiera generar, lamentablemente todo ello con el favor y venia del Gobierno Nacional.

Lima, 05 de abril de 2015

 


[1] Constitución Pastoral Gaudium et Spes – Sobre la Iglesia en el Mundo Actual – Diciembre 1965
[2] Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium – El anuncio del Evangelio en el mundo actual – Noviembre 2013
[3] Discurso del Papa Francisco I a las comunidades de Rio de Janeiro en Julio de 2013.

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Pronunciamiento: La Iglesia no se deja by prensamuqui