Las organizaciones de derechos humanos, colectivos culturales y artísticos, así como ciudadanas y ciudadanos del sur andino, ante la amenaza de cercenar las libertades de creación y expresión de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito de Cusco, expresamos lo siguiente:

Primero. – Que, durante las fiestas de Cusco la Universidad Diego Quispe Tito, estudiantes y profesores crearon la alegoría titulada “la descarada” y “la trilogía andina contra la corrupción”, cuyas figuras alegóricas, que desfilaron por el centro de la ciudad, criticaban al actual gobierno que encabeza la señora Dina Boluarte, expresando la situación de represión estatal que a la fecha ha dejado fallecidos, heridos y criminalizados en las regiones del sur andino. Por esta alegoría, que es una presentación artística, los estudiantes y docentes vienen siendo hostigados e intimidados en Cusco por parte de la PNP y las autoridades universitarias, lo que constituye una clara injerencia en la libertad de creación y expresión de los estudiantes y docentes universitarios.

Segundo. – La libertad de expresión es un derecho establecido en la Constitución Política del Perú (artículo 2.4), por lo que debemos ser enfáticos en señalar que “… no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo…”. De acuerdo a la Declaración de Chapultepec sólo mediante la libre expresión y circulación de las ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre.

Tercero. – Hacemos el llamado a las organizaciones de la sociedad civil a respaldar las libertades de creación y de expresión e impedir su criminalización a través del uso indebido del derecho penal. Mostramos nuestro respaldo a los estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito que están siendo conminados a retractarse de su obra. La creación cultural y artística, por ende, las libertades de creación y expresión no pueden ser coaccionadas ni legal, ni políticamente por ningún gobierno.

Cusco, 27 de junio del 2023

El Colectivo de Abogadas y Abogados del Sur Andino de la Red Muqui Sur se pronuncia ante la grave actuación del Congreso de la República el 21 de junio del 2023, que por mayoría de votos (71 a favor, 15 en contra y ocho abstenciones), aprobó inhabilitar a la exfiscal de la Nación y actual Fiscal Suprema Zoraida Ávalos Rivera por 5 años, además de acusarla constitucionalmente. En la denuncia realizada por Patricia Chirinos (Avanza País) y Gladys Echaíz (RP) se le acusó por “presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”.
Esto sucedió a raíz de que Ávalos en enero de 2022 le abrió investigación al entonces presidente Pedro Castillo, por los casos “Puente Tarata” y ascensos irregulares en la policía y las FF.AA., investigación que luego ella misma suspendió hasta que terminara su mandato, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución.

Esta conducta significó infringir el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política, para un sector del Congreso, por desconocer la capacidad discrecional en las investigaciones, no sometida a control parlamentario, que tienen los miembros del Ministerio Público, en estricto apego a la Constitución.
Es de público conocimiento que con la inhabilitación aquí señalada, se restituye la composición de la Junta de Fiscales Supremos.

Frente a ello, expresamos nuestro público rechazo, por lo siguiente:

1.- Esta decisión constituye un nuevo golpe a nuestra democracia y copamiento del poder estatal desde el Congreso de la República otorgándole un poder omnímodo a la actual Fiscal de Nación quien tiene entre sus facultades decidir sobre las investigaciones de Congresistas. Además, que viene siendo cuestionada por los familiares de las masacres cometidas por Dina Boluarte y las FFAA, al no garantizar justicia en las investigaciones de los crímenes y graves violaciones de derechos humanos.

2.- Este Congreso nos está llevando hacia el peligro que representa la concentración del poder que se expresa en decisiones arbitrarias, que quiebran la división, equilibrio, independencia y autonomía del Ministerio Público. Con ello el Sistema de Justicia ha entrado en una situación de grave vulnerabilidad, que se expresa en una especie de dictadura de los votos en el Congreso. La decisión obedece al uso arbitrario de sus votos mayoritarios y no al análisis y reflexión pertinentes para estas circunstancias. Ello refleja un grave riesgo para nuestra democracia y por tanto la continua violación de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los tratados internacionales.

3.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha expresado su preocupación por este caso referido a la ex titular del Ministerio Público y las amenazas a los miembros de Junta Nacional de Justicia (JNJ), precisando que los procesos políticos contra la fiscal Ávalos y miembros de la JNJ podrían tener efectos graves para la autonomía judicial en el país y consecuentemente provocar un rechazo absoluto de parte de la población.
Hacemos un llamado a los colegios profesionales, sociedad civil y a organismos defensores de la democracia y del Estado de Derecho a pronunciarse ante estos retrocesos constantes generados desde el Congreso en complicidad con el Gobierno de turno.
Sur andino, 23 de junio de 2023

El pasado viernes 26 de mayo, estaba programada la declaración de David Guillermo Ojeda, Comandante General del Ejercito Peruano, en la investigación que viene llevando a cabo la Fiscalía de la Nación- Área de Enriquecimiento Ilicito y Denuncias Constitucionales contra Dina Boluarte, Ministros de Estado y Altos Mandos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el citado COMANDANTE GENERAL NO HA ASISTIDO A LA CITACIÓN, lo que evidencia su nula disposición para colaborar con el esclarecimiento de los hechos de grave vulneración de derechos humanos que se cometieron durante las protestas sociales iniciadas el 7 de diciembre de 2022 en nuestro país. Esta situación de inasistencia demora en forma innecesaria las investigaciones que se vienen emprendiendo y el acceso a la justicia de los familiares de las victimas de la brutal represión policial-militar de las personas que, en ejercicio de su derecho, protestaban en forma pacífica.

Lima, 29 de mayo de 2023

Firman: FEDEPAZ y Muqui

Sobre los hechos ocurridos en el incendio del socavón de la mina Esperanza 1 de la empresa minera Yanaquihua SAC ubicada en la provincia de Condesuyos – Arequipa, que provocó la dolorosa muerte de 27 mineros debido a la evidente falta de seguridad laboral y la tercerización de los trabajos de riesgo en la explotación minera subterránea, desde el grupo de trabajo de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) de la Red Muqui nos solidarizamos con los familiares de los fallecidos y señalamos lo siguiente: 

1.- La empresa minera Yanaquihua S.A.C., catalogada como pequeña minería y titular de la mina Esperanza 1, acopia el mineral extraído por los mineros artesanales en proceso de formalización. Esta actividad se intensifica en períodos de alza de precios de los minerales, como ahora con el oro (2,027.40 $ por onza troy). Es importante mencionar que el Perú es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial, y el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina. Una realidad que implica mayores niveles de explotación, lo que afecta principalmente a los trabajadores tercerizados, los más afectados por la gran cantidad de accidentes fatales e incapacitantes a causa de la actividad de riesgo, falta de equipamiento y capacitación en protocolos de seguridad.

2.- La precariedad institucional del Estado en las labores de supervisión y fiscalización minera, ambiental y laboral del gobierno nacional se evidencia en la labor y en las atribuciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), ente que vela por la correcta ejecución del ordenamiento jurídico sociolaboral, de seguridad y de salud en el trabajo. Precariedad que también alcanza a los gobiernos regionales a través de las DREM, encargadas principalmente de comprobar el nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales. 

3.- El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (Decreto Supremo Nº 009-2021-JUS), que incorpora el principio de la debida diligencia mediante la prevención y mitigación de impactos negativos a los derechos humanos, de la propia empresa pero también en su cadena de suministro y redes de proveedores, así como los contratos de tercerización, plantean un marco normativo que muchas empresas y el mismo Estado incumplen o buscan flexibilizar.

 4.- En ese sentido, desde el grupo de trabajo MAPE de la Red Muqui, exigimos cambios estructurales en el marco normativo laboral minero que evite la tercerización laboral en las actividades nucleares de la empresa. Asimismo, fortalecer la supervisión y fiscalización de la minería artesanal y pequeña minería con presupuesto adecuado para los GORE de modo tal que las empresas cumplan con la implementación de la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Decreto Supremo N° 016-2022-EM). Sin embargo, preocupa que dicha directriz estatal pueda interpretarse como una palanca para promocionar la actividad minera artesanal y a pequeña escala, una posibilidad que consideramos riesgosa, ya que su expansión implica consecuencias ambientales, laborales y sociales perniciosas. 

Finalmente, exhortamos que se investigue si la empresa contratista estaba realizando la actividad principal de la empresa minera Yanaquihua SAC. En ese caso ella habría estado infringiendo la ley de tercerización y su reglamento que fue precisado el año pasado. El Congreso de la República ahora pretende derogar el Decreto Supremo 001-2022-TR, pese a que la Comisión de Trabajo del Legislativo ha emitido un dictamen desfavorable al respecto. Reiteramos que las continuas ampliaciones de Registro lntegral de Formalización Minera (REINFO) no son la solución para formalizar la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) y evitar la ilegalidad. Lo sucedido con este desastre humano lo confirma. 

09 de mayo del 2023

Frente el anuncio del gobierno de Dina Boluarte sobre la reactivación de la gran minería en el país, señalamos lo siguiente:

  1. La reactivación de la gran minería en el país que ha anunciado el gobierno de Dina Boluarte en la Convención minera más grande del mundo, así como las declaraciones del premier Alberto Otárola, y los representantes del MEF y MINEM sobre la propuesta de aprobación de plazos reducidos sin prevención ambiental para nuevos proyectos mineros distan mucho de ser un planteamiento responsable frente a la crisis política y social que hoy vivimos en el país. Lo que ha llevado a que la mayoría de la población cuestione el modelo económico que beneficia a grandes empresas y rechaza la actuación del Ejecutivo y del Congreso, y mucho más en comunidades y poblaciones donde se asientan los grandes proyectos mineros.
  2. Las declaraciones del ministro de Energía y Minas Óscar Vera y del ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras sobre proponer un “shock de eliminación de la permisologia minera” alertan sobre una posible flexibilización de estándares ambientales en favor de las empresas y en desmedro de los derechos humanos, ambientales y colectivos de las poblaciones locales. Tal como ocurrió con el precedente en 2014 y la Ley N° 30230 que limitaba la potestad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), simplificaba forzadamente procedimientos de emisión de opiniones técnicas y atentaba contra la seguridad jurídica de los territorios indígenas.
  3. Respecto al anuncio del gobierno de otorgar permisos de exploración de litio a la empresa Macusani Yellowcake (Canadá) en el distrito de Corani, provincia de Carabaya – Puno. El MINEM y MINAM deben informar con transparencia y objetividad si el litio y uranio están asociados, ya que este último mineral es radiactivo y puede causar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud de las personas. Sin conocimiento de esta información y sin un marco normativo que regule el manejo del uranio es sumamente riesgoso dar viabilidad a la exploración de litio y uranio en Puno. Finalmente, el debate sobre la explotación de litio en Puno debe contemplar la soberanía estratégica de estos recursos y su posible industrialización en el Perú.
  4. Hace más de 20 años que las comunidades y poblaciones afectadas por la minería vienen exigiendo que se aplique la consulta previa, que se deje de criminalizar y estigmatizar a los lideres/as y dirigentes sociales, que no se contamine el agua y la salud de las personas, que se respeten sus modos de vida y otras actividades económicas alternativas. Por ello desde la Red Muqui sostenemos que cualquier debate sobre el sector minero debe realizarse en el marco de reformas y cambios estructurales de fondo, cuya voz hoy se sustenta en las movilizaciones impulsadas principalmente por regiones del sur peruano, y en los cientos de conflictos socioambientales en todo el país, que plantean revisar nuestra institucionalidad estatal en todos los niveles, que garantice la participación de los comunidades y pueblos organizados en la toma de decisiones. Una salida para ello es que se abra el proceso constituyente en el Perú.

Lima, 14 de abril del 2023.

Ante el reciente anuncio del Ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich de otorgar los permisos de exploración de litio a la empresa Macusani Yellowcake, manifestamos:

Primero:  Ante la afirmación dudosa del titular del MINEM “parece que nuestro litio está sin uranio y sería mucho más fácil para nosotros”, exigimos que se informe con transparencia y objetividad si el litio y uranio en el yacimiento correspondiente no están asociados. Mientras no haya claridad, si el litio es un mineral independiente del uranio no es posible dar viabilidad a la exploración del primero de ellos que pretende otorgar el gobierno de Dina Boluarte a la empresa Macusani Yellowcake, propiedad del consorcio canadiense American Lithium. En el caso de uranio se trata de un mineral radiactivo, que puede causar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud de la población que depende del agua de las cuencas Urubamba, Azángaro e Inambari; donde se encuentran los proyectos mineros Falchani (litio) y Macusani (uranio).

Segundo: Según el Ministerio de Salud, el 58 por ciento de la población de la región de Puno está expuesta a metales pesados. Según los tamizajes realizados por CENSOPAS en las cuencas Coata y Llallimayo entre otros, los metales pesados se encuentran en el organismo de las personas. Además de las 13 cuencas vertientes al lago Titicaca, nueve se encuentran contaminadas con metales pesados por actividades mineras formales, informales e ilegales.

Tercero: De acuerdo al análisis realizado por DHUMA (2021) al inventario de pasivos ambientales mineros contenido en la R.M. N.º 200-2021-MINEM/DM46, se infiere que la región de Puno tiene 916 Pasivos Ambientales Mineros. Por otra parte, Puno registra los mayores niveles de prevalencia de anemia con un 70.4 por ciento en menores de 6 a 35 meses de edad a nivel nacional, por consumir agua no potabilizada o agua contaminada por metales pesados.

Cuarto: De otro lado, las concesiones mineras de litio y uranio en territorio de las comunidades campesinas quechuas de Carabaya – Puno no pasaron por un proceso de consulta previa libre e informada de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. La omisión de este derecho pone en cuestión la viabilidad de los proyectos de litio y uranio en Puno para que pasen a la fase de exploración y su posible explotación.

Quinto: Los proyectos de litio y uranio se sobreponen a los restos arqueológicos reconocidos por el Ministerio de Cultura, como Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, las concesiones mineras de Macusani Yellowcake se encuentran en el entorno y sobre el nevado Quelccaya, el glaciar tropical más grande del mundo y considerado como termómetro que mide el calentamiento global del cambio climático. Si el MINEM autoriza la exploración de litio estarían en riesgo los paisajes naturales y culturales de la zona.

Finalmente, la población aimara, quechua y urus de Puno recientemente han rechazado las actividades extractivas tradicionales que atentan contra el medio ambiente y la salud de sus habitantes. Asimismo, exigen que antes de explotar el litio se debería discutir su proceso de industrialización de forma responsable en la región de Puno, respetando los derechos humanos y derechos de la Madre Tierra.

Puno, 13 de abril del 2023.

Suscriben:

  • Red Muqui Sur
  • Red Muqui Nacional
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente DHUMA – Puno
  • CooperAcción
  • APRODEH – Apurimac
  • Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF – Cusco
  • Centro Bartolomé de las Casas – CBC – Cusco
  • Asociación Fe y Derechos Humanos FEDERH

Las Asociaciones Civiles; “Plataforma Inundación Nunca Más-Piura”, “Vigilia Ciudadana” y “Piuranos por Piura”, el Colegio Médico del Perú- Filial Piura, las ONG’s Asociación Promoción de la Gestión Rural Económica y Social-PROGRESO y Red Agua y Desarrollo-REDAD, Juntas Vecinales Comunales y Asociaciones Vecinales; EXIGIMOS al Gobierno del Perú, a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, Contraloría General de la República, Gobierno Regional de Piura y Municipalidad Provincial de Piura el cumplimiento INMEDIATO de las siguientes demandas para mitigar el inminente desastre declarado por el Gobierno Nacional ante la ocurrencia de un evento EL NIÑO de magnitud similar al de 1997-98 a partir de octubre-noviembre del presente 2023.

1) Ejecutar las obras de salida al mar del río Piura.

2) Ejecutar de forma urgente las obras de control de cuencas ciegas.

3) Reforzamiento de las defensas ribereñas en: Tambogrande, Castilla, Catacaos, Cura morí.

4) Restablecimiento de la transitabilidad de vías y canales de drenaje urbanos y rurales.

5) Garantizar la provisión eficiente de los servicios de agua-desagüe mediante la habilitación de recursos a EPS GRAU y supervisión de las condiciones de ENOSA para proveer energía eléctrica durante la crisis.

6) Inicio inmediato al proceso de las construcciones de las primeras presas de laminación: Río seco y Yapatera para el control del caudal del río Piura.

7) Vigilar el obligatorio cumplimiento del control del reservorio San Lorenzo.

Los dos primeros puntos tienen estudios listos para ser ejecutados. El asunto de la EPS GRAU se trata de rescatar a esta empresa que da servicio vital, y que es el mismo Estado quien le ha asignado esa responsabilidad. Las presas de laminación ya deberían estar construyéndose desde diciembre 2022 según el Plan presentado por la ARCC a fines del año pasado. Y la JUSAL tiene que cumplir con la normativa de manejo de ese tipo de infraestructura, que es de regulación.

Desde los eventos EL NIÑO 1973, 1982-83 y el último 1997-98, las zonas urbanas, rurales, áreas productivas e infraestructura de Piura han sido severamente destruidas sin que se hayan hecho hasta el momento obras de impacto de prevención, que son la prioridad. En el verano de 2017, con menos de la mitad de lluvias que en 1998, que empezaron a inicios de febrero, bastó para inundar a Piura y al Bajo Piura. Hoy con lluvias que han empezado en marzo, otro desastre amenaza. Es decir, CADA VEZ MAS VULNERABLES.

Estas evidencias nos muestran a un Estado, con 50 años construyendo desastres y provocando el retraso de nuestra región

Consideramos INACEPTABLES las declaraciones públicas de autoridades del Gobierno actual de que “YA NO HAY NADA QUE HACER” y solo se atinará a distribuir motobombas, insumos, materiales y medicamentos de emergencia.

Bajo la condición de EMERGENCIA NIVEL 5, el Estado tiene el deber de movilizar todos los recursos financieros y logísticos necesarios para que se cumplan las exigencias prioritarias arriba señaladas que son parte el Plan Maestro de soluciones integrales de manejo del Río Piura que es lo único que nos salvará de nuevas inundaciones.

Piura, 08 de abril 2023


 

Las organizaciones abajo firmantes, creyentes en el respeto a la vida y la integridad personal de todas las personas, ante la situación de violación permanente a los derechos humanos en la región Puno, señalamos lo siguiente:
1.- Que, es responsabilidad del Estado y en particular del ejecutivo garantizar los derechos de todos los peruanos y peruanas. Esta situación no se viene cumpliendo ya que lo podemos apreciar diariamente es una constante provocación a la población consistente en un trato violento y discriminatorio.
2.- La agresión que sufrieron las mujeres aimaras de Juli, en la Plaza San Martín, que estaban junto con su bebes, no ha merecido el pronunciamiento rotundo de las principales del País, señalando lo inhumano de esta acción, así como la sanción a los efectivos que lo hicieron y sólo un tímido pronunciamiento de la PNP, de promesa de investigación.
3.- Estas acciones de violencia simbólica, lejos de lograr la paz en nuestro país lo único que provoca son reacciones violentas, que pueden escalar y perjudicar gravemente a la población de Puno, Juliaca, Ilave, Juli es decir de toda la región Puno.
4.- La primera demanda del pueblo de Puno es respeto para sus pobladores, hombres y mujeres que tienen derecho a protestar pacíficamente y que esta es respondida con violencia por parte de la PNP. Por eso la demanda de Justicia no puede ser soslayada con promesas de obras o desarrollo.
Alto a las violaciones a los derechos humanos del pueblo puneño. No a la Violencia venga de donde venga. Justicia para las victimas y sanción a los responsables.

NI UN MUERTO MAS

DENUNCIAMOS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ POR EL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE

La sociedad civil del sur andino y del Perú abajo firmantes, conformada por organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones campesinas, de mujeres, de jóvenes, entre otras, nos dirigimos a la comunidad internacional defensora de derechos humanos para señalar lo siguiente:

Primero. – El 9 de enero en Juliaca -Puno, se produjo el asesinato de otros 18 ciudadanos peruanos y peruanas. Y el 11 de enero último, el asesinato de otro peruano en Cusco. El Estado en lugar de proteger el derecho fundamental a la vida, la ha transgredido nuevamente. Con las 6 muertes de Apurímac, 10 de Ayacucho, 2 de Arequipa, 3 de Junín y 3 de La Libertad, suman al menos 43 peruanos/as asesinados/as o ejecutados extrajudicialmente. A ello se suma el crimen contra la vida de un efectivo de la PNP en Juliaca.

Segundo. – A estas muertes responsabilidad del Estado se suman los más de 600 heridos, en su gran  mayoría civiles, pero también efectivos policiales. A ello se debe agregar la situación de personas detenidas arbitrariamente que sufrieron torturas, tratos crueles e inhumanos, así como el allanamiento de domicilios, reglaje contra dirigentes sociales, instituciones de derechos humanos y congresistas y la intervención en locales de partidos políticos y organizaciones sociales. Igualmente se ha denunciado la presencia de policías vestidos de civiles, conocidos como ternas, quienes efectuaron detenciones arbitrarias. Todo ello, en medio de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional que ha producido diversos crímenes de lesa humanidad.

Tercero. – La presidenta Dina Boluarte ha reiterado que “no entiende qué piden los manifestantes”. Por el contrario, les acusa de azuzadores y terroristas, estigmatizando sus reclamos. Las demandas de las peruanas y peruanos movilizados en el sur y las regiones del país en su conjunto si bien son diversas, son claras y nacen de la indignación frente a un profundo malestar y cuestionamiento al modelo de representación política y económica. Las movilizaciones coinciden en 4 puntos importantes: el adelanto de nuevas elecciones generales para el 2023; el cierre del Congreso; la asamblea constituyente para una nueva Constitución; y ahora la RENUNCIA de la presidenta Dina Boluarte.

Cuarto. – A esta miopía política de la presidenta y al negacionismo represivo del Premier y del Consejo de Ministros a través de las fuerzas policiales y militares, expresada la noche del 9 de enero desde el Palacio de Gobierno, se suma la implementación de una arquitectura normativa, que instrumentaliza el derecho penal con el objetivo de criminalizar el derecho a protestar y opinar, y que busca limitar la libertad de asociación. El Congreso de la República y el Ejecutivo son responsables de esto, al operar conjuntamente como se volvió a constatar al otorgarse el voto de confianza al gabinete Otárola, responsable de las violaciones a derechos humanos descritos en los párrafos anteriores.

En este contexto de abierta vulneración de derechos y crímenes de lesa humanidad en nuestro país, SOLICITAMOS el pronunciamiento a la comunidad internacional de derechos humanos y a las instancias supranacionales que buscan garantizar la vigencia de los derechos humanos y la democracia. De esa forma apoyar en el cometido de salvaguarda de los derechos fundamentales de los peruanos y peruanas que hoy ejercen su derecho a la protesta. Solicitamos, a su vez, que la comunidad internacional incida ante el Estado peruano para conformar con urgencia y celeridad una Comisión independiente de Investigación que esclarezca las responsabilidades por las muertes de las 42 personas, que lamentablemente, incluye a menores de edad.

Perú, 12 de enero del 2023.

 

– Red Muqui

– Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

– Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA (Puno, Perú)

– Centro Bartolomé de Las Casas – CBC – Cusco

– Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF – Cusco

– Asociación de Mujeres Sinchi Warmi

– GRUFIDES – Cajamarca

– Centro de Cultura Popular Labor – Pasco

– Red Agua Desarrollo y Democracia – REDAD – Piura

– Asociación Nación Quechua – Qichwa Ayllu

– CooperAcción

– Instituto de Estudios de las Culturas Andinas- IDECA – Puno

– Instituto Ambientalista Natura – Ancash

– Asociación Marianista de Acción Social – AMAS – La Libertad

– Asociación para el Desarrollo Andino Amazónico – Huñuq Mayu – Ayacucho, Apurimac.

– Centro Andino de Educación y Promoción (CADEP) “José María Arguedas” – Cusco

– Centro de Desarrollo Agropecuario – CEDAP, Ayacucho

– PROYECTO AMIGO – La Libertad

– VECINOS PERÚ

– Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH – Lima

– Red Uniendo Manos Perú

– Red Muqui Sur

– Casa del BienEstar Acobamba

– Red de Adolescentes y Jóvenes Solidarios

– Asociación mujeres emprendedoras Lircay, Huancavelica

– Asociación Tarpurisunchis – Apurimac

– Colectivo Santiaguinos en Acción

– Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

– Red Iglesias y Minería – Nodo Perú

– Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

– Promoción «Amauta» 1991 – Colegio Emblemático César Abraham Vallejo Mendoza

– Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria – ISAIAS

Siguen más firmas individuales…

Del 24 al 28 de octubre se realizará, en la sede de Naciones Unidas (Ginebra), la Octava Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (IGWG, por sus siglas en inglés) sobre la elaboración de un instrumento jurídico vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos.

Este Grupo de Trabajo está encargado de desarrollar un tratado internacional para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos. Se trata del primer instrumento internacional especializado que permitiría sancionar los abusos de poder empresarial en casos de violaciones de derechos humanos, de los pueblos, sus territorios y de la naturaleza.

Si bien, el Estado peruano ha avanzado en la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos; la persistente vulneración de derechos humanos, a consecuencia de grandes proyectos extractivos y, más recientemente, los abusos corporativos durante la crisis sanitaria mundial, ponen a la orden del día la necesidad de asegurar la primacía de los derechos humanos, mediante obligaciones vinculantes para los Estados y las empresas.

En tal sentido, las organizaciones abajo firmantes demandamos al Estado peruano a asumir un rol proactivo en el proceso de debate y negociaciones del Grupo de Trabajo. Al respecto, consideramos importante promover los siguientes enfoques:

El alcance del tratado debe abarcar las empresas nacionales y transnacionales y sus cadenas de valor.
Las sanciones para las empresas deben ir más allá del incumplimiento de la debida diligencia como proceso y deben atender la obligación de resultado (no dañar), así como la responsabilidad de atención y reparación de impactos

El tratado debe establecer la primacía de los tratados de derechos humanos sobre los acuerdos comerciales y sus tribunales de arbitraje.

Se deben establecer medidas preventivas para evitar la captura corporativa de las decisiones estatales, y fortalecer la transparencia sobre información ambiental y social, todo esto con respecto al impacto de las empresas sobre los derechos humanos.

Es por ello que, organizaciones de sociedad civil, sindicatos y organizaciones indígenas, entre otras firmantes, exhortamos al Gobierno de Pedro Castillo a tener una participación activa y favorable al proceso del tratado en la Octava Sesión del Grupo de Trabajo, en permanente diálogo con la sociedad civil.


Perú, 24 de octubre de 2022


Organizaciones firmantes:

Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA) Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) CooperAcción Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA Puno) Diakonía Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) Nodo PerúRed Latinoamericana Iglesias y Minería Perú Equidad Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) Red Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD) Red Muqui Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) We World | Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) | Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) | Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos