Ante la ineficacia del Mecanismo de Protección de personas defensoras del Estado, defensoras y defensores del Sur andino realizan III Encuentro macroregional para articular acciones y exigir garantía y cumplimiento de sus derechos.

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Las defensoras y los defensores estamos siendo objeto de amenazas, estigmatización, persecución, hostigamiento, criminalización y asesinato por nuestra labor en la defensa de nuestros territorios y el medio ambiente.

 

Ser defensor o defensora en el Perú se ha vuelto una labor de alto riesgo. En el último mes, la Defensoría del Pueblo reportó 209 conflictos sociales a nivel nacional y el sur andino registra un alto número de los mismos. En ese escenario, en lo que va del año se han contabilizado 290 heridos y 21 fallecidos. Los defensores y las defensoras hemos ejercido nuestro derecho constitucional a la defensa de la vida, nuestros territorios y del medio ambiente

 

Bajo ese amparo en las últimas semanas, por ejemplo, en nuestros territorios de Espinar, defensores y defensoras se han movilizado  para solicitar respuestas ante las consecuencias de las operaciones mineras en el medio ambiente y la salud de las personas. Lo propio se hizo en Puno, exigiendo el cese a la contaminación del río Coata y el lago Titicaca, así como la criminalización de los defensores del sur andino que protestaron por las modificaciones inconsultas del EIA del proyecto Las Bambas.

 

Estas acciones de movilización se realizan con la finalidad de ser escuchados por el Estado que silencia nuestras demandas y privilegia los proyectos extractivos, que como ya hemos señalado en otros comunicados y pronunciamientos, viene generando impactos negativos como la devastación ambiental, el despojo de nuestras tierras, la pérdida de prácticas ancestrales e incluso criminalización y desprotección de nuestros derechos como defensores y defensoras.

 

Por esta razón, los defensores y las defensoras vemos necesario realizar nuestro III Encuentro Macroregional del Sur Andino para analizar, fortalecer y articular la exigencia del cumplimiento y garantía de nuestros derechos ante la preocupante desprotección que existe. Desprotección que se constata ante el precario informe que hiciera el MINITER ante la CNDDHH sobre los avances en torno a la implementación del Mecanismo Intersectorial que busca proteger nuestros derechos.

 

El III Encuentro de Defensores y Defensoras se realizará los días 24 y 25 de septiembre en la ciudad del Cusco y estará enfocado en conocer el sistema internacional y regional de protección de derechos humanos y en trabajar mecanismos y capacidades de vocería e incidencia así como un espacio para compartir y enriquecerse de la cultura de cada territorio.

 

Por todo esto hacemos un llamamiento a la prensa a visibilizar nuestra labor en la defensa del medio ambiente, como también nuestras dificultades en el ejercicio de la defensa a los defensores y defensoras ambientales.

 

¡Protege a quienes nos protegen!

 

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Instamos al Gobierno Regional de Madre De Dios y al Gobierno Nacional a no dejarse presionar por la minería ilegal

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Desde el año 2002 en el Perú, con la Ley N° 27651 de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, se vienen emitiendo diversos dispositivos legales de procesos de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, que no solo no han culminado hasta la actualidad, sino que se siguen alargando y no han dado mayor solución efectiva a los problemas existentes.

Los mecanismos de formalización minera en el Perú tienen más de veinte años y no han devenido en resultados positivos, haciendo insostenible el proceso lamentable de deterioro de los ecosistemas amazónicos y la consecuente pérdida irreversible de biodiversidad. La actividad minera no ha tenido pausa y cada día se extiende más en diversos territorios vulnerables y no aptos para esas acciones extractivas y contaminantes. De esta manera se sigue afectando severamente las posibilidades de generar oportunidades sostenibles de medios de vida digna y sana, inclusive para las mismas poblaciones que hoy contribuyen a esa situación degradante.

La recurrente ampliación de plazos del proceso, además, no ofrece garantías ambientales ni sociales, porque las autoridades competentes no realizan la fiscalización ambiental adecuada en un escenario de evidente corrupción generalizada, que pareciera extenderse a todo nivel, no solo local sino nacional y en diversas esferas sociales, económicas y políticas. Por ello no se puede ceder ante exigencias de mayor ampliación y flexibilización de la normativa existente, la que debiera ser revisada en el marco de priorizar la protección del ambiente y poblaciones vulnerables.

Cabe señalar que en Madre de Dios el “Corredor Minero” tiene una superficie referencial de 476 897,4 hectáreas y se encuentra localizado en una parte de los distritos Inambari, Huepetuhe, Madre de Dios, Laberinto y Tambopata. Allí se encuentra el sector conocido como La Pampa, contiguo a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, que afecta ecosistemas vulnerables, y se superpone a derechos preexistentes de predios agrícolas y concesiones forestales pertenecientes a agricultores, concesionarios forestales y mineros en proceso de formalización. El daño ambiental que ocasiona la minería ilegal es grande porque afecta el paisaje y la salud pública, provoca deforestación, destruye la estructura del suelo, transforma el territorio, contamina las fuentes de agua y profundiza los conflictos sociales. Por otro lado, la minería ilegal en esta zona, genera economías ilegales, nos referimos a la existencia de trata de personas, narcotráfico, entre otras. 

Ante lo expuesto, los abajo firmantes instamos, en particular al gobierno regional de Madre de Dios, y al gobierno nacional, a no dejarse presionar y ceder ante estas preocupantes pretensiones ilegales, que van en contra de todo principio de derechos humanos, ambientales y de gestión sostenible de los ecosistemas.

Aceptar nuevas demandas, tales como reconocer La Pampa como centro poblado sobre derechos preexistentes y la ampliación del “Corredor Minero”, afectaría a la Reserva Nacional Tambopata. Sentaría además precedentes perjudiciales contra la sostenibilidad de los ecosistemas, cuya biodiversidad es fundamental para generar calidad de vida y bienestar para los pueblos indígenas y población en general de Madre de Dios, con quienes debe evaluarse alternativas que les brinden medios de vida respetuosos del ambiente y los derechos. 

 

                                           Cusco, 02  de septiembre de 2022.

 

 

Firman:

Grupo de Trabajo de Mineria Artesanal y de Pequeña Escala de Red Muqui

Centro Bartolomé de Las Casas

Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) Otuzco – La Libertad

 Ayni Desarrollo

CADEP José María Arguedas

CEDEP AYLLU Asociación Civil Wara

RENADES

Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco

Asociación Arariwa

FEMUCARINAP  

Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco

Federación de Mujeres de Apurímac

Asociación Proyecto amigo de Huamachuco – La Libertad

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)

CooperAccion, Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) – Cusco

Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) – Puno

Instituto Ambientalista  Natura – Chimbote

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) – Cajamarca

Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA) – Puno

Red Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD) – Piura

RED MUQUI

Fundación Ecumenica Para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ – Lima.

 

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Congreso archiva ratificación del Acuerdo de Escazú y deja sin protección a defensores ambientales

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El pasado lunes 11 de julio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República archivó, por mayoría, la ratificación del Acuerdo de Escazú, dejando desprotegidos a los defensores y defensoras ambientales del país. Al respecto, queremos señalar lo siguiente: 

  1. Este Acuerdo representa un tratado multilateral de vital importancia no sólo porque contribuye al fortalecimiento de los derechos de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, sino porque representa el primer tratado vinculante que incluye medidas específicas para proteger a las personas defensoras del ambiente y que reconoce la importancia de su labor.
  2. Recordemos que el Perú es uno de los países más peligrosos de Latinoamérica para la realización de la labor de defensa de los derechos humanos y ambientales, esto se refleja no solo en la constante vulneración de los derechos que viven las personas defensoras, sino también en los asesinatos que han ocurrido por la defensa del medio ambiente. Desde el 2020, 22 defensores, principalmente de la Amazonía, han sido asesinados.
  3. Por esta razón, este archivamiento del Acuerdo de Escazú por el Congreso, representa un retroceso en el avance sobre los Derechos Humanos, sobre/del reconocimiento de las personas defensoras en la protección de sus derechos, su territorio, su ambiente y sus vidas. Las y los defensores de comunidades andinas, nativas y pueblos indígenas continúan desprotegidos y en situación de riesgo, ya que las acciones del Ejecutivo y de los diferentes ministerios encargados son insuficientes y poco efectivos.
  4. Frente a ello, exigimos al Congreso de la República que en la próxima legislatura se discuta y revise nuevamente la ratificación del Acuerdo de Escazú, y que los congresistas tengan como principal objetivo la búsqueda de la protección para los defensores y defensoras ambientales. 
  5. Exhortamos al Poder Ejecutivo volver a poner en agenda congresal la ratificación del Acuerdo de Escazú y a su vez implementar políticas reales de protección a los y las defensoras ambientales. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional de derechos humanos para que estén vigilantes ante la vulneración de los derechos de quienes defienden derechos en nuestro país.
Firman las organizaciones impulsoras de la campaña nacional Defensoras y Defensores del Perú:
  • Red Muqui
  • Red Muqui Sur
  • Cooperacción
  • Centro Bartolomé de las Casas
  • Derechos Humanos sin Fronteras
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
  • GRUFIDES
  • OXFAM Perú
  • Entre Pueblos
  • Instituto de Defensa Legal (IDL)
  • Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  • Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)
  • Mocicc
  • Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA)
  • Diakonia
  • Instituto Ambientalista Natura
  • We World
  • Broederlijk Delen
  • Paz y Esperanza
  • 11.11.11 Vecht Mee Tegen Onrecht
  • Huñuq Mayu

Perú, 13 de julio del 2022.

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Rechazamos «Ley de Comités de Autodefensa» que vulnera la autonomía comunal y promueve la violencia y el uso de arma

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El pasado 16 de junio del 2022 se ha publicado en el diario oficial El Peruano la Ley Nº 31494, que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) y los incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana. La Ley dispone que las CADs tienen entre sus funciones participar en el control del orden interno y la lucha contra la inseguridad ciudadana en las zonas rurales, para lo cual podrán adquirir armas de uso civil.

En ese sentido las organizaciones firmante queremos señalar a la opinión pública lo siguiente:

  1. Actualmente las Comunidades Campesinas y Nativas enfrentan la vulneración de sus derechos individuales y colectivos en un contexto donde priman las actividades ilegales como la tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico y otros delitos ambientales. Estas actividades son desarrolladas por bandas organizadas que vienen asesinando a defensores y defensoras que defienden sus territorios y los cuales se encuentran sin protección alguna.
  2. Frente a esta creciente situación de inseguridad y agresión a los derechos fundamentales de las Comunidades Campesinas y Nativas, le corresponde a la Policía Nacional garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Y a las Fuerzas Armadas intervenir solo en situaciones excepcionales de estado de emergencia tal como lo dispone el artículo 166 de la Constitución.
  3. Igualmente, amparado en el Convenio 169 OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, en su artículo 2 señala que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, sin exponerlos a mayores daños, salvaguardando su derecho a la identidad cultural”. Así mismo según el artículo 1 de la ley general de comunidades campesinas, el Estado las reconoce como instituciones autónomas en su organización y administración territorial.
  4. Por otro lado, ya se cuenta con la Ley 27908 que reconoce a las Rondas Campesinas como organizaciones autónomas y democráticas de organización comunal y que pueden establecer interlocución con el Estado, que apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. Las Rondas Campesinas cuentan con el reconocimiento necesario en sus comunidades y crear otro organismo paralelo atenta la autonomía de las organizaciones de los pueblos originarios y los expone a situaciones mayores de vulnerabilidad y conflictividad.
  5. Asimismo, la pretensión de armar a otros grupos autodenominados “CADs” profundizaría la problemática de despojo y tráfico de tierras en la medida que puedan terminar sirviendo como grupos de paramilitares a sueldo en defensa de intereses privados, vulnerando aún más la integridad de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
  6. En este sentido, si el Congreso de la República quiere avanzar en la protección de los derechos humanos de los defensores ambientales y de las comunidades campesinas y nativas, es necesario recordar que sigue pendiente la ratificación del Acuerdo de Escazú, que precisamente crea los mecanismos para que los defensores ambientales y las comunidades sean protegidos de manera adecuada por el Estado y no generando normas que crean nuevos aparatos represores que pueden tener efectos más nocivos para las comunidades nativas.

Por lo expuesto EXIGIMOS al Congreso de la Republica que derogue la Ley 31494 debido a que expone a la población de las Comunidades Campesinas y Nativas a un estado mayor de vulnerabilidad y que sea más bien el Estado, a través de la Policía Nacional, que adopte una política eficiente y responsable para combatir las actividades ilegales que se vienen dando en sus territorios, al tiempo que se reconozca la importancia de enfoques interculturales en las políticas públicas que atiendan la diversidad de nuestro país.

Firman:

  • Acción Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCION)
  • Asociación Arariwa (ARARIWA)
  • Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  • CEDEP AYLLU – Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu
  • Centro Bartolomé de Las Casas (CBC)
  • Centro Andino de Educacion y Promocion Jose Maria Aguedas (Cadep)
  • Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF)
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)
  • Grupo Propuesta Ciudadana
  • Instituto de Estudios de las Culutras Andinas (IDECA)
  • Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria (ISAIAS)
  • Muqui Sur
  • Red Muqui
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Pronunciamiento ante publicación de la Ley Comités de Autodefensa de manera inconsulta y contra la paz social

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Ante la aprobación por insistencia del Congreso de la República de la Ley 31494, “Ley que Reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los Incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana” y que ha sido publicada el día 16 de junio del presente, nos dirigimos a la   ciudadanía, medios de comunicación y al propio Estado para señalar lo siguiente:

Esta norma vulnera la autonomía comunal, pues al margen de las comunidades, se promueve la conformación de comités de autodefensa para apoyar a las fuerzas del orden. Además, podrán comprar armas o recibirlas por donación del propio Estado y de particulares. En las zonas declaradas en Emergencia deben apoyar a las fuerzas armadas al logro de sus objetivos y en ese marco, realizar vigilancia y patrullaje pudiendo detener a los miembros de la comunidad y ponerlos a disposición de la Policía Nacional, así como denunciarlos. También se superpone y desconoce las funciones de las Rondas Campesinas, las mismas que gozan reconocimiento constitucional.

Consideramos que esta norma puede tener consecuencias muy graves para las comunidades campesinas y nativas ya que puede dar lugar a enfrentamientos en su interior y desencadenar hechos de violencia que pueden terminar en muertes ya que un sector estará armado. Además, se le da la posibilidad de comprar armas o que sean armados por particulares. Evidentemente, se busca promover, desde el propio Estado, una situación parecida a la que existe en Colombia.

El año 2021 el Congreso de la Repúblico intento promulgar por insistencia dicha norma y fue observada por la ciudadanía y las organizaciones indígenas. Este año, de una forma acelerada, sin transparencia y sin mayor dialogo con la ciudadanía, el actual Congreso promulgó esta norma.

Exigimos al Congreso derogar esta norma porque desestabiliza el Estado de Derecho, atenta contra la democracia y vulnera los derechos de los pueblos indígenas protegidos por el Convenio 169 de la OIT.

Finalmente, invocamos a la ciudadanía y medios de comunicación a informarse e informar de forma que normas como esta no sean aprobadas. Nuestro país ya ha sufrido con la violencia armada, motivar normas que pueden llevar a crear grupos paramilitares y enfrentamientos armados entre peruanos nunca será una salida para la paz y el desarrollo del país.

Grupo de Trabajo con PPII de la CNDDHH

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Llegan a Lima 70 defensores del Perú ante ola de asesinatos y anuncian protestas

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Perú, país de defensores: Basta de asesinarlos
Llegan a Lima más de 70 defensores de todo el Perú ante ola de asesinatos,  persecución judicial y contaminación en sus regiones.

Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores, en el mundo. La violencia contra los defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos está fuera de control a nivel nacional. 

Por cada defensor ambiental asesinado, todos estamos en riesgo de perder nuestros medios de vida, seguridad alimentaria, tierras ancestrales, fuentes de agua, hogares e incluso nuestras propias vidas.

Las defensoras y defensores deben ser reconocidos como actores imprescindibles para una sociedad democrática e importantes en nuestra lucha contra el cambio climático. Día a día luchan por la defensa del territorio, del medio ambiente y de la vida frente a actividades extractivas, tala ilegal, etc. Como Miguel Meza, defensor de Arequipa, quien desde hace años protesta contra la realización del proyecto minero Tía María, y que por esa razón, ha sufrido amenazas contra su vida. Otro caso es el de la defensora de Cajamarca, Juana Martínez quien ha sido amenazada ante la expansión de la minera XMLs, la cual extrae metal en la zona de Choropampa y genera contaminación que afecta a las comunidades aledañas.

Frente a la situación de vulneración que viven los defensores y defensoras, la Campaña Nacional Permanente de Defensores y Defensoras del Perú, impulsada por cerca de 20 organizaciones de la sociedad civil, anuncia la llegada de más de 70 defensores de derechos humanos y del ambiente de más de 20 regiones del país a la ciudad de Lima este 15, 16 y 17 de junio para participar del Encuentro Nacional de Defensores y de acciones de incidencia para exigir un alto a la violencia extrema que sufren en sus regiones por proteger nuestros territorios naturales,  el agua y la vida.

El espacio que reúne a defensores de Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Ica, Moquegua, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Áncash, Cajamarca, La libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Junín, Pasco, Ayacucho y Lima; tiene como objetivo: (1)  Analizar y conocer la situación actual de los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales (DDHA) en el Perú tomando en cuenta los diagnósticos macro regionales que han realizado (2) Conocer y evaluar los avances en la implementación de las políticas públicas de protección de las y los defensores de DDHA en el Perú, (3) Elaborar una agenda conjunta entre las y los defensores de DDHA (Costa, Amazonía, Sur y Centro) del país para desarrollar acciones de incidencia. (4) Promover acuerdos sobre la implementación de modelos de autoprotección para las y los defensores en situación de mayor riesgo y generar redes de apoyo y solidaridad a nivel nacional.

Además, el encuentro nacional generará un espacio de autoformación, organización  y reflexión para exigirle al Estado que garantice  acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea de batalla para proteger los recursos naturales de todas y todos los peruanos.

Realizarán Plantón frente al Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior

El día viernes 17 de junio, desde las 10 am, defensores convocan a un plantón – movilización  frente al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior, debido a que son permanentemente detenidos, estigmatizados y hostigados por las instituciones del Estado, principalmente por el sistema de justicia y la PNP.

Exigen implementación de mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras 

Por esa razón, piden al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto adecuado el Mecanismo  para la protección de defensores aprobado hace un año por el Ejecutivo, a fin de garantizar efectivamente la seguridad  de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra.  Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia que establezca pautas  que prevengan y eviten la criminalización de la protesta.


Conoce aquí más sobre este Encuentro aquí: https://bit.ly/3NQ0Lsn
Conoce más sobre las acciones de incidencia aquí: https://fb.me/e/1zmlnuSd2
Sigue la Campaña Nacional de Defensores y Defensoras  en sus diferentes redes sociales:
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Lima, junio del 2022

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Frente al avance de la minería informal e ilegal y los escenarios de violencia de Atico – Arequipa

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Ante los recientes hechos de muerte y violencia registrados en la zona denominada como Atico de la provincia de Caraveli – Arequipa, donde se confirmó la muerte de 14 mineros artesanales e informales, aparte de varios heridos y frente al avance de la minería informal e ilegal en el país, desde la Red Muqui queremos señalar a la opinión pública los siguientes puntos:

  • Nuestra solidaridad con los familiares de las personas fallecidas, así como las personas heridas y afectadas en este lamentable enfrentamiento entre mineros artesanales e informales y donde también estaría involucrado la minera Intigold Mining en la provincia de Caraveli – Arequipa. Esperamos que las autoridades competentes realicen las investigaciones del caso de manera transparente y rápida para determinar a los responsables de estos terribles hechos.
  • El problema de la minería informal e ilegal en el país no es nuevo, tiene larga data y tiene varias aristas, y que van desde no tener información actualizada sobre su magnitud ni sobre su ubicación, hasta el cambio permanente del marco normativo en el proceso de formalización y la falta de una política multisectorial clara por parte del Estado. Si no se aborda de manera integral esta problemática cualquier intento de solución será insuficiente.
  • El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que es el padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y que agrupa a las empresas y negocios que se dedican a la explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal en el país, lamentablemente es laxo y poco eficiente. Inclusive es utilizado políticamente por el Congreso, ya que recientemente se ha abierto por tercera vez el registro de formalización, que impide una política seria de formalización para los mineros artesanales e informales en el país.
  • El rol de los Gobiernos Regionales, quienes son los entes competentes para autorizar, supervisar y fiscalizar la pequeña minería, es poco eficiente, dado que no cuentan con recursos económicos y humanos, y en la práctica no realizan ningún tipo de acción al respecto. Lamentablemente no existe una política nacional por parte del MINEM para fortalecer y facilitar este trabajo en las regiones, dejando casi al desamparo a las direcciones regionales de energía y minas.
  • Debido al incremento de los precios de los minerales en el mercado internacional como el cobre y de los metales preciosos como el oro y la plata, en muchas comunidades y regiones del país la minería artesanal, informal e ilegal ha crecido de manera exponencial, afectando la salud de los propios mineros que la trabajan, así como el agua y el medio ambiente donde se desarrolla esta actividad.
  • A nivel nacional es urgente revisar el marco normativo sobre el otorgamiento de concesiones mineras, debido a la superposición de derechos (con actividades forestales, agrícolas, etc.) y debido a la descoordinación entre los gobiernos regionales y el INGEMMET. Igualmente urge identificar aquellos titulares que se hacen pasar por Pasivos Mineros Ambientales cuando deben ser considerados en el Régimen General, porque superan el tamaño de la superficie medido en hectáreas permitidos, entre otros aspectos.

Finalmente, las autoridades regionales y nacionales deben luchar contra la minería ilegal en todas sus modalidades y estas deben ser lideradas por el MININTER, MINJUSDH, el Ministerio Público y otros actores involucrados en esta problemática. La escalada de la violencia vista recientemente en el caso de Atica – Caraveli, Arequipa es el reflejo de lo que podría pasar si no se aborda de manera integral la problemática de la minería artesanal, informal e ilegal en el país.

Lima, 11 de junio del 2022.

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Alerta: Seguimiento y estigmatización a defensores/as ambientales

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Denunciamos la práctica de seguimiento y persecución a defensores ambientales y organizaciones de derechos humanos por parte de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN). En estos días se han filtrado “informes secretos” sobre conflictividad elaborados por la DIGIMIN de octubre 2021, en los que se hace acopio de información para estigmatizar y criminalizar a Defensores Ambientales de Espinar en Cusco: 1) Yuber Choqueccota Chuma (Presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar / FUDIE) 2) Vidal Merma Maccarco  (Presidente de la Asociación de Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Espinar / AUPE) y 3) Francisco Chara Lloclle (Vicepresidente de AUPE).

Estas prácticas de seguimiento y persecución de Defensores Ambientales son contrarias al rol de garante de derechos que debe tener el Estado, puesto que los Defensores cumplen con un rol clave para la democracia, que es la protección de bienes comunes como el agua, el ambiente y el territorio. Así también, el informe de DIGIMIN señala que el defensor ambiental  Vidal Merma: “usa la fachada de comunicador social independiente, viene azuzando a la población de Espinar…Tiene coordinación con la ONG antiminera DHSF ”, Esta acusación es de suma gravedad puesto que, atenta contra la libertad y la pluralidad de prensa de las comunidades.

La libertad de prensa es fundamental para denunciar abusos y violaciones de derechos humanos, asi como la defensa de derechos humanos individuales y colectivos. Nuestra solidaridad con los ex y actuales dirigentes de Espinar y con el comunicador social Vidal Merma y con Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco.

¡No más persecución y estigmatización a los defensores y defensoras ambientales!

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Pronunciamiento: Presidente Castillo, la población movilizada le exige cambios de fondo ¡cumpla sus promesas!

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Frente a la actual crisis política que atraviesa nuestro país, queremos señalar lo siguiente: 

  • Lamentamos el innecesario anuncio de estado de emergencia y de inmovilidad social que decretó el pasado martes 05 de abril el presidente Pedro Castillo, medida injustificada y desproporcionada, que lo único que hizo fue acrecentar la situación de crisis y dio pie para que las mafias golpistas y sectores de ultraderecha hoy intenten aprovecharse de esta situación. Por ello condenamos los actos vandálicos de personas infiltradas en las legítimas movilizaciones sociales, exigimos investigar y sancionar a los responsables de estos hechos de violencia. 
  • Nos solidarizamos con los familiares de las cinco personas que murieron, producto de la violenta intervención de la PNP en Huánuco, Ica, Huancavelica y Junín (Alexander Trujillo Nolasco, Jhonny Quinto, Candy Hinostroza, Bruce Pomasunco y Jorge Maldonado respectivamente), así como con los heridos afectados en varias regiones del país. Exigimos una exhaustiva investigación sobre estos hechos, sanción ejemplar a los responsables y la renuncia inmediata del ministro del Interior. El uso de la fuerza y el abuso de los DDHH lo único que hace es agravar esta crisis.
  • El pueblo movilizado en varias regiones del país le está exigiendo y dando un ultimátum al gobierno de Pedro Castillo y al Congreso de la República para que cumplan lo prometido, asumiendo cada cual su responsabilidad, como: atención al sector agropecuario, la lucha contra la corrupción, atención a la crisis económica y sanitaria, medidas para mitigar la subida del costo de vida, atención a los conflictos socioambientales y el inicio de un proceso constituyente. 
  • La crisis que atravesamos es sistémica, 30 años de neoliberalismo han generado profundas brechas sociales y económicas. No es posible sostener más este modelo económico que privilegia a los que más tienen. Es tiempo de una justa redistribución de la riqueza, así como de las condiciones de su producción. Es tiempo de que paguen los que más tienen, por ejemplo, un impuesto a las sobre ganancias de las empresas mineras, que se encuentran en un súper ciclo, sin precedentes, de alza de precios de los metales.

Lamentablemente el gobierno de Pedro Castillo ha tomado decisiones erráticas, y se ha alejado de sus promesas de cambio rápidamente. Hoy tiene la última oportunidad para cambiar esta situación, por ello debe reorganizar su gabinete ministerial y llevar a cabo un programa de emergencia. Urge el diálogo para escuchar y atender las justas demandas de la población, sobre todo de los más necesitados.

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Declaración del III Encuentro Internacional de Vigilantes y Monitores Ambientales

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POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL AGUA, EL TERRITORIO Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO EN EL PERÚ

NOSOTRAS Y NOSOTROS, Vigilantes y Monitores Ambientales de 10 departamentos del Perú, reunidos en Trujillo los días 23, 24 y 25 de marzo en el III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VIGILANTES Y MONITORES AMBIENTALES, hacemos pública nuestra declaración:

Luego de la pandemia y de la “reactivación económica”, hemos llegado a un momento crítico de “normalización de la contaminación” en nuestros territorios por el aumento de las actividades extractivas y sus impactos negativos, que significan la exacerbación de la violencia, una mayor vulneración de derechos, en especial a la salud humana ambiental, despojo de nuestros territorios y recursos, todo ello en un contexto de cambio climático.

Con ello aumentan los niveles de acumulación de ingresos de una minoría nacional y de empresas transnacionales.

Que en nuestro país todavía prevalece la crisis política y social, generada por intereses políticos y económicos que se niegan a aceptar la voluntad popular de las elecciones en los últimos años, y que en medio de una de las peores crisis sanitarias y económicas vividas en nuestro país siguen abonando a un clima de crisis e inestabilidad permanente. Parte de esta crisis tiene que ver con el giro político del actual gobierno de Pedro Castillo a posturas más conservadoras y de mantener el actual modelo económico, sin cambio sustancial en favor de las grandes demandas de nuestros pueblos.

Ante esta situación, luego de diversos encuentros regionales y nacionales realizados, necesitamos consolidar un movimiento nacional que fortalezca la labor que realizan las y los vigilantes y monitores ambientales, a nivel nacional, incidiendo en una mayor participación y compromiso del aparato gubernamental.

Por ello acordamos lo siguiente:

  1. Impulsar la conformación de una Red Nacional de Comités de Vigilantes y Monitores Ambientales, con la finalidad de realizar acciones conjuntas para el cuidado y la defensa del territorio, las principales fuentes de agua, ecosistemas y el ambiente.
  2. Exigimos una ley que reconozca a los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario e Indígena y su inclusión en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), así como de políticas públicas que garanticen la protección del ambiente.
  3. Pedimos el reconocimiento por el Estado de las metodologías aplicadas en los monitoreos biológicos y fisicoquímicos que realizan los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental.
  4. Exigimos una verdadera protección de cabeceras de cuencas y una gestión integrada y social del agua, que reconozca y tome en cuenta la cultura, usos y costumbres de nuestros pueblos originarios, y su labor de protección ambiental del agua y del territorio (que incluyen la flora y la fauna que la habita). Así como el presupuesto para la protección, conservación y recuperación de las fuentes de agua impactadas por la actividad extractiva.
  5. Rechazamos y denunciamos el otorgamiento de derechos de uso de agua a favor de las empresas extractivistas, sin considerar las prioridades de uso establecidas en la Ley de Recursos Hídricos, y sin tomar en cuenta la falta de un inventario nacional completo de recursos hídricos.
  6. Denunciamos la pérdida de credibilidad del Estado y sus diversos entes ambientales como: ANA, OEFA, DIRESA y otros, en su rol como garantes de derechos, lo que se refleja en la mala gestión, evaluación y fiscalización en materia ambiental y del agua.
  7. Incluir de manera prioritaria y equitativa a mujeres y jóvenes en los procesos de vigilancia y monitoreo ambiental, en particular en la toma de decisiones vinculadas al cuidado, protección y defensa del agua, territorio y ambiente.
  8. Convocamos a una articulación nacional, que incluya establecer alianzas con instituciones y organizaciones del campo y la ciudad para la defensa y el cuidado del agua y el territorio fundamentales para la vida y la salud de las personas y de la naturaleza en su conjunto.
  9. Proponemos abrir el debate constitucional por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en el marco de una nueva Constitución Política del Estado.

Por todo ello, exhortamos a nuestras fuerzas políticas y organizaciones sociales a nivel nacional a caminar juntos hacia un momento constitucional, donde todas las fuerzas sociales seamos convocadas para un proceso democrático y participativo hacia un nuevo Estado plurinacional y diverso, que respete los derechos fundamentales de la vida, el agua y la naturaleza.

¡Por el derecho y la protección del agua!

¡No al extractivismo de nuestros recursos naturales!

Trujillo, 25 de marzo de 2022  

Firman:

  • RED MUQUI
  • COOPERACCIÓN
  • DHSF – Cusco
  • DHUMA – Puno
  • Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
  • PASSDIH – Junín
  • AMAS – La Libertad
  • Comunidad Carata, Coata – Puno
  • Comunidad Lluco – Puno
  • Monitor Ambiental, Comunidad Barrio Bajo, Chosica
  • Monitor Ambiental, JASS San Andrés de Tupicocha – Lima Provincia
  • Monitores Ambientales – La Libertad
  • Monitor Ambiental en Santiago de Chuco – La Libertad
  • CENTRO LABOR – Pasco
  • Monitores Ambientales en Apurímac
  • Monitor Ambiental Cotabamba – Apurímac
  • Área de Justicia y Paz de la Diócesis de Chulucanas – Piura
  • PROYECTO AMIGO – La Libertad
  • GRUFIDES – Cajamarca
  • Comités de Vigilancia de Cajamarca
  • Centro Poblado Paragsha – Pasco
  • Comunidad Cruz de Mayo – Áncash
  • NATURA – Áncash
  • CEDAP – Ayacucho
  • Monitores Ambientales de Cusco
  • Monitores Ambientales de Cajabamba
  • CEDEP AYLLU – Cusco
  • Monitores Ambientales de Chosica – Lima Provincias
  • Comité Vigilancia y Monitoreo Ambiental Encañada – Cajamarca
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