DENUNCIAMOS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ POR EL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE

La sociedad civil del sur andino y del Perú abajo firmantes, conformada por organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones campesinas, de mujeres, de jóvenes, entre otras, nos dirigimos a la comunidad internacional defensora de derechos humanos para señalar lo siguiente:

Primero. – El 9 de enero en Juliaca -Puno, se produjo el asesinato de otros 18 ciudadanos peruanos y peruanas. Y el 11 de enero último, el asesinato de otro peruano en Cusco. El Estado en lugar de proteger el derecho fundamental a la vida, la ha transgredido nuevamente. Con las 6 muertes de Apurímac, 10 de Ayacucho, 2 de Arequipa, 3 de Junín y 3 de La Libertad, suman al menos 43 peruanos/as asesinados/as o ejecutados extrajudicialmente. A ello se suma el crimen contra la vida de un efectivo de la PNP en Juliaca.

Segundo. – A estas muertes responsabilidad del Estado se suman los más de 600 heridos, en su gran  mayoría civiles, pero también efectivos policiales. A ello se debe agregar la situación de personas detenidas arbitrariamente que sufrieron torturas, tratos crueles e inhumanos, así como el allanamiento de domicilios, reglaje contra dirigentes sociales, instituciones de derechos humanos y congresistas y la intervención en locales de partidos políticos y organizaciones sociales. Igualmente se ha denunciado la presencia de policías vestidos de civiles, conocidos como ternas, quienes efectuaron detenciones arbitrarias. Todo ello, en medio de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional que ha producido diversos crímenes de lesa humanidad.

Tercero. – La presidenta Dina Boluarte ha reiterado que “no entiende qué piden los manifestantes”. Por el contrario, les acusa de azuzadores y terroristas, estigmatizando sus reclamos. Las demandas de las peruanas y peruanos movilizados en el sur y las regiones del país en su conjunto si bien son diversas, son claras y nacen de la indignación frente a un profundo malestar y cuestionamiento al modelo de representación política y económica. Las movilizaciones coinciden en 4 puntos importantes: el adelanto de nuevas elecciones generales para el 2023; el cierre del Congreso; la asamblea constituyente para una nueva Constitución; y ahora la RENUNCIA de la presidenta Dina Boluarte.

Cuarto. – A esta miopía política de la presidenta y al negacionismo represivo del Premier y del Consejo de Ministros a través de las fuerzas policiales y militares, expresada la noche del 9 de enero desde el Palacio de Gobierno, se suma la implementación de una arquitectura normativa, que instrumentaliza el derecho penal con el objetivo de criminalizar el derecho a protestar y opinar, y que busca limitar la libertad de asociación. El Congreso de la República y el Ejecutivo son responsables de esto, al operar conjuntamente como se volvió a constatar al otorgarse el voto de confianza al gabinete Otárola, responsable de las violaciones a derechos humanos descritos en los párrafos anteriores.

En este contexto de abierta vulneración de derechos y crímenes de lesa humanidad en nuestro país, SOLICITAMOS el pronunciamiento a la comunidad internacional de derechos humanos y a las instancias supranacionales que buscan garantizar la vigencia de los derechos humanos y la democracia. De esa forma apoyar en el cometido de salvaguarda de los derechos fundamentales de los peruanos y peruanas que hoy ejercen su derecho a la protesta. Solicitamos, a su vez, que la comunidad internacional incida ante el Estado peruano para conformar con urgencia y celeridad una Comisión independiente de Investigación que esclarezca las responsabilidades por las muertes de las 42 personas, que lamentablemente, incluye a menores de edad.

Perú, 12 de enero del 2023.

– Red Muqui

– Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

– Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA (Puno, Perú)

– Centro Bartolomé de Las Casas – CBC – Cusco

– Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF – Cusco

– Asociación de Mujeres Sinchi Warmi

– GRUFIDES – Cajamarca

– Centro de Cultura Popular Labor – Pasco

– Red Agua Desarrollo y Democracia – REDAD – Piura

– Asociación Nación Quechua – Qichwa Ayllu

– CooperAcción

– Instituto de Estudios de las Culturas Andinas- IDECA – Puno

– Instituto Ambientalista Natura – Ancash

– Asociación Marianista de Acción Social – AMAS – La Libertad

– Asociación para el Desarrollo Andino Amazónico – Huñuq Mayu – Ayacucho, Apurimac.

– Centro Andino de Educación y Promoción (CADEP) “José María Arguedas” – Cusco

– Centro de Desarrollo Agropecuario – CEDAP, Ayacucho

– PROYECTO AMIGO – La Libertad

– VECINOS PERÚ

– Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH – Lima

– Red Uniendo Manos Perú

– Red Muqui Sur

– Casa del BienEstar Acobamba

– Red de Adolescentes y Jóvenes Solidarios

– Asociación mujeres emprendedoras Lircay, Huancavelica

– Asociación Tarpurisunchis – Apurimac

– Colectivo Santiaguinos en Acción

– Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

– Red Iglesias y Minería – Nodo Perú

– Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

– Promoción «Amauta» 1991 – Colegio Emblemático César Abraham Vallejo Mendoza

– Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria – ISAIAS

Siguen más firmas individuales…

Durante la 35 Convención Minera (PERUMIN), desarrollada en la ciudad de Arequipa entre el 26 y 30 de setiembre del presente año, el gobierno de Pedro Castillo, a través de sus ministros de Economía y Finanzas Kurt Burneo, de Energía y Minas Alessandra Herrera, y posteriormente el Premier Anibal Torres, ha anunciado una serie de acciones de continuidad del modelo extractivo, favoreciendo a los gremios mineros en el país. Frente a estos anuncios desde la Red Muqui manifestamos nuestra preocupación:

• En primer lugar, el anuncio se ha dado en el marco del Plan “Impulso Perú” que fuera presentado por el MEF semanas atrás y que tiene como objetivo “reactivar y potenciar el crecimiento económico sostenido, y promover la generación de empleo” y contiene 36 medidas aplicadas para diferentes sectores del Estado. En estos días el ejecutivo está presentando proyectos de ley al Congreso de la República para viabilizar sus medidas. Para el caso de la minería, el ministro Burneo ha señalado que se propone realizar tres ejes: Reducir la burocracia, incentivos a la inversión minera, cierre de brechas en las comunidades, entre otros cambios. Estos anuncios evidencian que el gobierno de Castillo ha optado abiertamente por la continuidad del modelo, priorizar y promover la minería, dejando de lado los cambios y reformas que había planteado al inicio de su gobierno.

• En el PERUMIN de Arequipa el Ministerio de Energía y Minas ha señalado que a la fecha existe un portafolio de 43 proyectos mineros por un total de US $53.168 millones. Los mismos que se encuentran en distintas etapas, la gran mayoría de ellos en fase de estudio de factibilidad o prefactibilidad; sin embargo, no se ha señalado que debido a los precios altos de los minerales en el mercado internacional la mayoría de las empresas mineras han ganado ingentes ingresos económicos. Al respecto, desde la sociedad civil, se planteó una reforma tributaria para un impuesto especial a las sobreganancias mineras, tema que fuera planteado en el Congreso por el mismo Ejecutivo el año pasado y que lamentablemente es dejado de lado con este anuncio del Ejecutivo.

• El anuncio del Premier Anibal Torres sobre la decisión del gobierno de promover la exploración minera y sus afirmaciones que “sin exploración de nuevos proyectos no hay minería en el futuro” y que además “se buscará simplificar los trámites administrativos para que sus inversiones en el Perú estén seguras” son más que preocupantes. Sabemos que cuando se habla de simplificación de trámites, estova dirigido a debilitar los instrumentos degestión ambiental, como son la reducción de tiempos y plazos para aprobar los Estudios de Impacto Ambiental, entre otros. Si ya tenemos una institucionalidad ambiental muy precaria en el país, con estos anuncios, lamentablemente, no se garantiza la protección del ambiente, los ecosistemas frágiles y el agua donde se asientan muchos proyectos mineros.

• Lamentablemente, el presidente Castillo está cediendo ante los intereses económicos de los grandes gremios mineros, para mantener el modelo extractivista y profundizarlo. Así mismo, la forma tradicional del gobierno de encarar los conflictos socioambientales, a través de las mesas de diálogo, firmando actas y acuerdos que muchas veces no se cumplen, terminan siendo insuficientes para solucionar los problemas estructurales que afrontan las comunidades y poblaciones que sufren los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la actividad minera en sus territorios. Más aún, al final terminan siendo paliativos y medidas poco efectivas, que pasado un tiempo terminan por reactivar nuevamente los conflictos sociales.

Finalmente, el anuncio del Gobierno de Pedro Castillo de “abrazar el extractivismo minero” como única fuente de ingresos económicos, dando más beneficios tributarios al sector minero, flexibilizando los instrumentos ambientales, entre otros, va a generar la reactivación de los conflictos sociales en el país, y puede ser entendido por las comunidades y poblaciones afectadas por la minería como un abandono a sus promesas electorales y sobre todo al tan anhelado cambio que esperaba el pueblo peruano.

Lima, 07 de octubre del 2022.

Las defensoras y los defensores estamos siendo objeto de amenazas, estigmatización, persecución, hostigamiento, criminalización y asesinato por nuestra labor en la defensa de nuestros territorios y el medio ambiente.

Ser defensor o defensora en el Perú se ha vuelto una labor de alto riesgo. En el último mes, la Defensoría del Pueblo reportó 209 conflictos sociales a nivel nacional y el sur andino registra un alto número de los mismos. En ese escenario, en lo que va del año se han contabilizado 290 heridos y 21 fallecidos. Los defensores y las defensoras hemos ejercido nuestro derecho constitucional a la defensa de la vida, nuestros territorios y del medio ambiente

Bajo ese amparo en las últimas semanas, por ejemplo, en nuestros territorios de Espinar, defensores y defensoras se han movilizado  para solicitar respuestas ante las consecuencias de las operaciones mineras en el medio ambiente y la salud de las personas. Lo propio se hizo en Puno, exigiendo el cese a la contaminación del río Coata y el lago Titicaca, así como la criminalización de los defensores del sur andino que protestaron por las modificaciones inconsultas del EIA del proyecto Las Bambas.

Estas acciones de movilización se realizan con la finalidad de ser escuchados por el Estado que silencia nuestras demandas y privilegia los proyectos extractivos, que como ya hemos señalado en otros comunicados y pronunciamientos, viene generando impactos negativos como la devastación ambiental, el despojo de nuestras tierras, la pérdida de prácticas ancestrales e incluso criminalización y desprotección de nuestros derechos como defensores y defensoras.

Por esta razón, los defensores y las defensoras vemos necesario realizar nuestro III Encuentro Macroregional del Sur Andino para analizar, fortalecer y articular la exigencia del cumplimiento y garantía de nuestros derechos ante la preocupante desprotección que existe. Desprotección que se constata ante el precario informe que hiciera el MINITER ante la CNDDHH sobre los avances en torno a la implementación del Mecanismo Intersectorial que busca proteger nuestros derechos.

El III Encuentro de Defensores y Defensoras se realizará los días 24 y 25 de septiembre en la ciudad del Cusco y estará enfocado en conocer el sistema internacional y regional de protección de derechos humanos y en trabajar mecanismos y capacidades de vocería e incidencia así como un espacio para compartir y enriquecerse de la cultura de cada territorio.

Por todo esto hacemos un llamamiento a la prensa a visibilizar nuestra labor en la defensa del medio ambiente, como también nuestras dificultades en el ejercicio de la defensa a los defensores y defensoras ambientales.

¡Protege a quienes nos protegen!