Paro Nacional y marcha por justicia: familiares de víctimas denuncian la inseguridad en medio del régimen de Boluarte

Nota escrita por Jair Sarmiento - Mataperrea

• Familiares de víctimas del régimen de Dina Boluarte participaron en el Paro Nacional contra la inseguridad, que ya ha cobrado 1,601 vidas en 2024, marcando la tasa de homicidios más alta en siete años. Las muertes causadas por balas de ladrones, policías y militares han generado una indignación masiva que se prepara para volver a las calles el 13, 14 y 15 de noviembre, coincidiendo con la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres de 2022-2023 se sumó al reciente Paro Nacional, convocado en rechazo a las extorsiones, el crimen organizado, el robo y el sicariato, fenómenos que ponen en riesgo la vida de todas y todos los peruanos. Mientras tanto, el número de homicidios continúa en aumento en la capital, mientras el Ejecutivo, el Congreso y la Policía parecen vivir en una realidad paralela en la que la inseguridad no se percibe como un problema. Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, hasta el 30 de octubre de este año se registraron 1,601 homicidios, la cifra más alta desde 2017.

“Por culpa de este Gobierno el día de hoy el pueblo se levanta. Por los que han sido asesinados, por los que son extorsionados, por los que cierran sus bodegas o farmacias. La sangre derramada jamás será olvidada”, exclamó Milagros Samillán, hermana de Marco Samillán, médico asesinado durante la masacre del 09 de enero que cometieron las fuerzas policiales y militares en la ciudad de Juliaca, en la región de Puno.

En total, 50 vidas fueron arrebatadas a familias de Puno, Arequipa, Lima, Apurímac, Cusco, La Libertad, Junín y Ayacucho en las protestas de 2022 y 2023 contra el régimen de Dina Boluarte, además de los cientos de heridos por la represión de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército. Esta indignación, causada por las pérdidas humanas generadas por balas de ladrones, policías y militares, se prepara para unirse de nuevo en las marchas del 13, 14 y 15 noviembre, durante la cumbre de APEC en Lima, en donde estarán presentes mandatarios y altos funcionarios de 21 economías del mundo.

Betty Aguilar, hermana de Sonia Aguilar Quispe, también estuvo presente en este último Paro, en donde mencionó: “¡Por fin despertaron nuestros hermanos de la capital y del Norte! Nos unimos en apoyo a nuestros hermanos transportistas y bodegueros que están siendo asesinados todos los días. La lucha es contundente. Queremos que se largue Dina Boluarte”.

Impedimento de salida del país para 24 policías

Betty recordó que el 2 de octubre el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por 11 meses a 24 policías implicados en el asesinato de su hermana Sonia Aguilar y de Salomón Valenzuela, quienes fallecieron el 18 de enero de 2023 en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, en la región de Puno, durante la represión policial ordenada por el régimen de Boluarte. A pesar de la relevancia pública del caso, las audiencias no fueron transmitidas en vivo.

Entre los oficiales de la PNP involucrados en la muerte de los dos ciudadanos se encuentran altos mandos como David Pablo Villanueva Yana, Julio Santos Mauricio Contreras, Alberto Miguel Rojas Méndez y Fredy Arellano Mendoza. Los otros 20 investigados son oficiales y suboficiales que estuvieron involucrados antes, durante y después de los hechos. 

Cabe recordar que en julio de este año, el Ministerio Público formalizó tres investigaciones contra 24 miembros de la Policía, investigados como coautores del delito contra la vida, cuerpo y salud; tras la muerte de los mencionados Valenzuela Chua y Aguilar Quispe.

El abogado de las víctimas, César Quispe Calsin, señaló que, aunque ninguno de los investigados ha intentado fugarse, las investigaciones fiscales revelaron que varios de ellos acostumbran salir del país. “Esto significa que en cualquier momento podrían rehuir de la justicia, por lo que la medida de impedimento de salida la consideramos importante y estratégica para observar el comportamiento de los investigados", afirmó el letrado.