Presidente Sagasti: ¿Cuándo atenderán las demandas de los trabajadores mineros?

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Durante la pandemia uno de los sectores que más privilegios ha recibido fue el sector minero, no solo porque fue considerada una actividad esencial, si no porque se han emitido una serie de normas para que sigan operando con facilidad, inclusive han recibido los prestamos de Reactiva Perú, aún con todos estos beneficios las empresas mineras han utilizado la suspensión perfecta para en la practica despedir a sus trabajadores y han expuesto a sus trabajadores al contagio de la Covid-19. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros ha señalado que serían más de 12 mil trabajadores contagiados, y a la fecha no hay datos oficiales actualizados del Estado, que ha sido poco transparente en compartir esta información ante la solicitud que diferentes instituciones y medios han realizado. Por denunciar estos abusos los trabajadores sindicalizados han recibido malos tratos, hostigamiento laboral y despidos arbitrarios.

La respuesta de las empresas mineras es más que lamentable, debido a que en los momentos picos de la pandemia han trabajado entre el 50 y 80% de sus operaciones, el precio de los minerales se ha mantenido, inclusive en el caso del oro esta ha aumentado de precio en un 30% en el mercado global; es decir no hay justificación alguna para los ceses y despidos arbitrarios, así como el maltrato en la seguridad y salud de sus trabajadores. Por parte del Estado es clarísimo que el rol de fiscalización a través SUNAFIL es insuficiente y precario, primero porque no existe personal suficiente para fiscalizar y atender todas las denuncias de los trabajadores, y en segundo lugar porque las sanciones no se cumplen o las empresas simplemente no las respetan, y esto no solo pasa en el sector minero, si no en casi todos los sectores, tal como ha pasado con los trabajadores agrícolas en el sector agroexportador.

Recientemente el gobierno de Sagasti ha emitido un Decreto Supremo para declarar de necesidad pública la inversión privada en la actividad minera, en favor de la empresa Nuevo Arcoíris SAC. en Tambogrande Piura, permitiendo que la empresa minera se haga de unas concesiones mineras en el valle de San Lorenzo, un valle agrícola muy fructífero y que en el pasado ya ha rechazado el ingreso de cualquier actividad minera.

Lamentablemente, cuando se trata de garantizar derechos económicos mineros a los empresarios, los gobiernos de turno son muy diligentes con estas autorizaciones y normas; sin embargo, cuando se trata de atender y reivindicar derechos laborales, de salud o de denuncias de contaminación ambiental, la respuesta del gobierno es muy endeble. Desde la Red Muqui nos solidarizamos con las demandas de los trabajadores mineros, pero también advertimos que muchos de estos proyectos mineros vienen generando desde hace mucho tiempo atrás impactos ambientales, a la salud humana, impactos sociales y económicos en las comunidades y poblaciones locales que son irreversibles, y sobre estos temas los sucesivos gobiernos tampoco han hecho mucho.