Pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios del Perú ante la arremetida minera

En el marco de los anuncios y el mensaje presidencial por el aniversario de la independencia de nuestro país este 28 y 29 de julio, la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios del Perú (VMAC) expresa su firme rechazo a las políticas y acciones que atentan contra el medio ambiente y los derechos humanos:

1. Rechazamos enérgicamente las normas del nuevo paquetazo antiambiental aprobado en los ultimos meses como el Decreto Supremo N° 004-2024-MINAM, que modifica el Reglamento de la Ley N° 27446, para reducir los plazos en la revisión y aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) en proyectos extractivos, favoreciendo operaciones mineras de alta conflictividad como Yanacocha, Conga y Colpayoc (Cajamarca), Tía María (Arequipa) y Río Blanco (Piura), entre otras. Leyes que amenazan nuestros ecosistemas, cuerpos de agua, manantes, la flora y fauna de nuestros territorios comunales e impactan en la salud humana de personas contaminadas con metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.

2. Rechazamos la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que bajo la figura de formalizar a los informales, en el fondo beneficia a la minería ilegal y promueve la destrucción de nuestros territorios y la contaminación de nuestros ríos y suelos. La minería ilegal ejerce presión sobre nuestras comunidades y nuestras vidas, debido a su vinculación con prácticas criminales y delitos como narcotráfico, trabajo forzoso, trabajo infantil, trata de personas, sicariato, extorsión, homicidio, usurpación de tierras y evasión tributaria, entre otros.

3. Denunciamos la privatización del agua (Decreto Legislativo 1620), elemento vital que debe ser gestionado de manera comunitaria y sostenible. La entrega de concesiones a empresas privadas atenta contra el derecho humano al agua y agrava la crisis hídrica en nuestras regiones. En esa línea nos sumamos a las movilizaciones que diversos sectores de la población vienen convocando, exigiendo la derogatoria de la citada norma, que entre otros efectos dejaría de lado a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y otros gestores de agua en territorios del interior del país.

4. Condenamos los asesinatos y la criminalización de las y los dirigentes, líderes y defensores ambientales que protegen nuestros territorios y bienes de la naturaleza. Exigimos justicia para todas las víctimas, el cumplimiento del Mecanismo intersectorial de protección a personas defensoras de derechos humanos y la ratificación del Acuerdo de Escazú. Nos solidarizamos con el pueblo Kakataibo frente al reciente asesinato de su líder Mariano Isacama Feliciano, en zonas donde operan mafias de las economías criminales.

5. Rechazamos todo tipo de violencia y discriminación contra las mujeres y poblaciones vulnerables en las zonas de actividades extractivas, que favorecen negocios ilegales como la trata de personas para fines de explotación sexual. Así también denunciamos las violaciones y abusos sexuales cometidos contra niñas y niños de la nación Awajun, revictimizados por las declaraciones del ministro de educación y de la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables.

Tenemos la certeza de que la coalición autoritaria, representada por Dina Boluarte y el nefasto Congreso de la República, seguirán el camino de complicidad y responsabilidad en la implementación de políticas que afectan la vida. Por lo que nos sumamos a la convocatoria de movilización por fiestas patrias y unir fuerzas para generar cambios urgentes en el poder político y en nuestra sociedad.

Juntos y juntas seguiremos vigilantes y firmes en la defensa de nuestro territorio, el medio ambiente y los derechos humanos, consolidando nuestra Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios del Perú.

¡EL AGUA Y NUESTRAS VIDAS VALEN MÁS QUE LOS MINERALES!