Pronunciamiento: «Por la autonomía de poderes del Estado»

El Colectivo de Abogadas y Abogados del Sur Andino de la Red Muqui Sur se pronuncia ante la grave actuación del Congreso de la República el 21 de junio del 2023, que por mayoría de votos (71 a favor, 15 en contra y ocho abstenciones), aprobó inhabilitar a la exfiscal de la Nación y actual Fiscal Suprema Zoraida Ávalos Rivera por 5 años, además de acusarla constitucionalmente. En la denuncia realizada por Patricia Chirinos (Avanza País) y Gladys Echaíz (RP) se le acusó por “presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”.
Esto sucedió a raíz de que Ávalos en enero de 2022 le abrió investigación al entonces presidente Pedro Castillo, por los casos “Puente Tarata” y ascensos irregulares en la policía y las FF.AA., investigación que luego ella misma suspendió hasta que terminara su mandato, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución.

Esta conducta significó infringir el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política, para un sector del Congreso, por desconocer la capacidad discrecional en las investigaciones, no sometida a control parlamentario, que tienen los miembros del Ministerio Público, en estricto apego a la Constitución.
Es de público conocimiento que con la inhabilitación aquí señalada, se restituye la composición de la Junta de Fiscales Supremos.

Frente a ello, expresamos nuestro público rechazo, por lo siguiente:

1.- Esta decisión constituye un nuevo golpe a nuestra democracia y copamiento del poder estatal desde el Congreso de la República otorgándole un poder omnímodo a la actual Fiscal de Nación quien tiene entre sus facultades decidir sobre las investigaciones de Congresistas. Además, que viene siendo cuestionada por los familiares de las masacres cometidas por Dina Boluarte y las FFAA, al no garantizar justicia en las investigaciones de los crímenes y graves violaciones de derechos humanos.

2.- Este Congreso nos está llevando hacia el peligro que representa la concentración del poder que se expresa en decisiones arbitrarias, que quiebran la división, equilibrio, independencia y autonomía del Ministerio Público. Con ello el Sistema de Justicia ha entrado en una situación de grave vulnerabilidad, que se expresa en una especie de dictadura de los votos en el Congreso. La decisión obedece al uso arbitrario de sus votos mayoritarios y no al análisis y reflexión pertinentes para estas circunstancias. Ello refleja un grave riesgo para nuestra democracia y por tanto la continua violación de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los tratados internacionales.

3.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha expresado su preocupación por este caso referido a la ex titular del Ministerio Público y las amenazas a los miembros de Junta Nacional de Justicia (JNJ), precisando que los procesos políticos contra la fiscal Ávalos y miembros de la JNJ podrían tener efectos graves para la autonomía judicial en el país y consecuentemente provocar un rechazo absoluto de parte de la población.
Hacemos un llamado a los colegios profesionales, sociedad civil y a organismos defensores de la democracia y del Estado de Derecho a pronunciarse ante estos retrocesos constantes generados desde el Congreso en complicidad con el Gobierno de turno.
Sur andino, 23 de junio de 2023