Provocador anuncio del proyecto El Algarrobo reaviva la lucha histórica en Tambogrande contra la minería

Tras la declaratoria de interés nacional del proyecto minero polimetálico El Algarrobo, ubicado en Tambogrande, región de Piura, organizaciones sociales de base conformaron una comisión transitoria para responder de manera colectiva a la provocación hecha por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Esta iniciativa privada fue oficializada la semana pasada mediante el acuerdo del Comité Pro-Minería y Energía (N°172-3-2024-PROYECTO ALGARROBO) y la Resolución de la Dirección Ejecutiva de ProInversión. Para la localidad piurana no es nueva la estrategia del sector minero de querer ingresar nuevamente a territorios donde, además de no haber aceptación social, tienen una elevada potencialidad económica gracias a la producción agrícola y pecuaria.  

En 2002, el distrito de Tambogrande se convirtió en la primera ciudad de latinoamérica en realizar una consulta popular frente al controvertido proyecto minero de la empresa Manhattan Sechura Compañía Minera S.A. (MSCM),  subsidiaria de la canadiense Manhattan Minerals Corp (MMC). El resultado fue avasallador: el 98.65 %  de personas dijo no a la minería y apostó por la agricultura. 

Veintidós años después, ahora la compañía minera Buenaventura y el cuestionado titular del Minem, Rómulo Mucho Mamani, se han unido para pretender sacar adelante este proyecto polimetálico de cobre, zinc y plata. Frente a estas presiones políticas y empresariales, el presidente del Comité de Desarrollo Local de dicho distrito, Luis Riofrio Crisanto, señaló que en la práctica el proyecto El Algarrobo es similar al entonces proyecto de Manhattan. 

En el pasado, Manhattan se componía de 3 concesiones, una de ellas se localizaba entre Tambogrande y la comunidad campesina Locuto, la cual ahora es denominada “Gestión Social, Diseño y Ejecución de Proyectos de Infraestructura Hidráulica, Construcción, Implementación y Explotación de las Concesiones Mineras integrantes del Yacimiento TG-3 El Algarrobo", con una inversión total de US$ 2,753 millones.

Tal como ocurrió en 2002, la defensa de las organizaciones sociales son por los valles agrícolas. Debido a la importancia del Valle de San Lorenzo por su producción de limón, mango y otros cultivos que representan el medio de subsistencia de productores locales, la población tambograndina se opuso al proyecto Manhattan Minerals. 

Esta vez, el riesgo se cierne sobre el Valle del Medio y Bajo Piura que produce arroz, algodón, maíz y también alimentos destinados para la exportación como uva y palta. Esta zona, además, constantemente es afectada por las intensas lluvias que se registran cada cierto tiempo en la costa y sierra piurana. Por ello, el rechazo al proyecto El Algarrobo se suma a las demandas del sector agrario que teme que cualquier tipo de operación minera pueda generar también impactos ambientales en el Valle de San Lorenzo y la misma población urbana de Piura.

A pesar que la estrategia minera y el régimen de Dina Boluarte se centra en realizar proyectos de abastecimiento de agua a partir de acuerdos con la población, cumplir con una serie de estándares ambientales con el desarrollo de una mina subterránea, capacitación técnica para los agricultores, entre otras medidas, la desconfianza y el contundente rechazo a la minería es abrumador. Sobre todo con antecedentes de la gran minería en otras regiones como Cajamarca, Huancavelica, La Libertad y Áncash, lugares donde el llamado “desarrollo” solo ha favorecido a los grupos de poder, ha empobrecido más a la población y generado impactos ambientales sobre los recursos naturales. Ejemplos que prueban que la coexistencia entre agro y minería es una falacia.

Por tanto, el dirigente Riofrio Crisanto explicó que la comisión transitoria constituida en Tambogrande está conformada por un representante de las juntas de usuarios y regantes, municipalidades de centros poblados, población juvenil y rondas campesinas. Estas organizaciones sociales en el pasado han liderado una lucha que hoy es respaldada por autoridades políticas del gobierno regional y el alcalde del distrito, de acuerdo a sus declaraciones publicadas en medios de comunicación local.

Para el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda Pari, esta situación es una nueva afrenta al pueblo de Tambogrande, ya que -al igual que el caso de Valle de Tambo en Arequipa- los valles de Tambogrande y del Medio y Bajo Piura es una zona agrícola que abastece de varios productos a la región macronorte y es una fuente de trabajo e ingresos económicos de agricultores. 

“Nuevamente el régimen de Dina Boluarte insiste en un proyecto que es inviable ambiental y socialmente”, expresó.  

CooperAcción, institución asociada a la Red Muqui, difundió un mapa de concesiones mineras de dicho distrito que muestra que estas ocupan el 42.5% de todo el territorio. “Además de las concesiones que promociona ProInversión, empresas como Buenaventura, Nexa Resources, Minera Miski, entre varias otras, tienen concesiones tituladas en el distrito”.