Senace aplica DL 1500 para proceso de participación ciudadana en caso Toromocho – Junin

El 11 de mayo se emitió el Decreto Legislativo 1500 que “Establece medidas para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública privada y pública privada ante el impacto del COVID-19”, uno de los puntos cuestionados de este decreto legislativo es que en su artículo 6° establece la virtualización del proceso de participación ciudadana en el proceso de aprobación de los EIA. Como hemos señalados desde Red Muqui, la participación ciudadana suele reducirse como un requisito administrativo para la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental. llevar adelante un adecuado proceso de participación ciudadana cobra vital importancia para la prevención de conflictos y de respeto de los derechos fundamentales; legalizar la virtualización de este proceso así como el uso de “otros medios de comunicación” solo traerá como consecuencia mayor debilitación en el desarrollo de los procesos de participación ciudadana.

Uno de los casos donde ya se ha venido desarrollando procesos de participación ciudadana muy débiles es el caso Toromocho, este es un proyecto minero ubicado en los distritos de Morococha y Yauli (Junin). En 2012 se llevó a cabo el proceso de reasentamiento de la ciudad de Morococha y en la actualidad aún no se firma el Convenio Marco entre Chinalco y las organizaciones de la sociedad civil, debido a los cuestionamientos de las organizaciones sociales respecto a los impactos y daños sociales, culturales, económicos y ambientales que les ha provocado el proyecto minero.

Actualmente se viene llevando a cabo el proceso de aprobación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la expansión del proyecto Toromocho  y el SENACE ha anunciado el proceso de participación ciudadana en la etapa de evaluación del MEIA-d. Este proceso se llevaría a cabo en el marco del cuestionado Decreto Legislativo 1500 y establece métodos como una “Oficina permanente virtual” para comunicación a través de correo electrónico y sesiones informativos a través de programas de radio. Ya en las etapas anteriores de planificación y elaboración del MEIA los métodos de participación habían sido muy limitados, sin criterios de diálogo efectivo.

El MEIA-d de la ampliación de Toromocho busca incrementar la producción de esa unidad minera y para ello realizará modificaciones que tendrán gran impacto en el territorio: 1) Modificación del plan de minado del tajo 2) Ampliaciones de los desmontes y depósitos de mineral 3)Instalación de una nueva chancadora de mineral  3) Aumento de maquinaria, equipo e instalaciones para el procesamiento del mineral  4) Un nuevo plan de disposición de relaves mineros por su incremento 5) Ampliación de la Plata de Tratamiento de agua del Túnel Kingsmil 6) Construcción de un nuevo acceso a la carretera Central.

Con esta nueva forma de participación ciudadana que se pretende implementar en el caso Toromocho no se garantiza un pleno proceso participación y de control ciudadano; pues muchas de las personas ubicadas en el área de influencia del proyecto Toromocho no cuentan con pleno acceso a internet u otros medios de comunicación. La información sobre el MEIA-d no podrá ser conocida por todos los pobladores, esta es una inconsistencia con el derecho a la participación ciudadana.

Es muy importante que la población conozca los objetivos del MEIA de la ampliación de Toromocho  y que pueda  realizarse una participación ciudadana efectiva de la gobernanza ambiental tal como lo señala la Ley General del Ambiente. Pero con estas normas y criterios de flexibilización ambiental y social emitidos por el gobierno para el contexto de pandemia como el DL 1500 estamos ante un escenario de precarización de los procesos de participación ciudadana bajo el argumento de salvaguardar la salud de las personas de las instituciones del estado y las organizaciones sociales.

Beatriz Cortez del equipo técnico legal de Red Muqui señala al respecto que: “SENACE está aplicando automáticamente el Decreto Legislativo 1500, sin tener mayores criterios sociales y legales para garantizar la participación ciudadana virtual. Los procesos de participación ciudadana deben ser desarrollados de manera cuidadosa sobre todo en modificaciones que generarán grandes impactos acumulativos en el territorio y esto toma su tiempo. Las organizaciones de la zona están demandando una protección efectiva a sus derechos, SENACE no puede invisibilizar esta situación en esta etapa de evaluación del MEIA.”

La situación es preocupante porque el derecho a la participación ciudadana es básico para la garantía de otros derechos fundamentales, como el derecho al ambiente sano, a la vivienda, a la salud, al agua. El impacto que ha tenido el proyecto Toromocho en la zona es muy grande, en la Antigua Morococha aún hay familias que no aceptan la reubicación y vienen siendo constantemente hostigadas y presionadas para que abandonen sus viviendas que se encuentran justamente en la zona donde se realizará la ampliación del proyecto.