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La compañía minera Zafranal, de propiedad de la canadiense TECK RESOURCES Y MITSUBISHI MATERIALS CORPORATIÓN desistió del proceso de evaluación de su Estudio de Evaluación Ambiental (EIA) ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), que presentó el 18 de agosto pasado.

El SENACE, acepto dicho desistimiento y declaro por concluido dicho procedimiento administrativo. Quedando a decisión de la empresa minera la decisión de volver a presentar un nuevo EIA detallado. Cabe precisar que este proyecto esperaba su aprobación este 2022, para luego comenzar trabajos de ingeniería.

Para el presidente del Frente de Defensa del distrito de Huancarqui, Manuel Martínez, la empresa minera desapareció del lugar, hace 3 años no tienen contacto con la misma. Precisa que nunca se les informó, ni los hicieron partícipes de algún plan de participación ciudadana; es más, nunca fueron notificados sobre el E.I.A que la compañía Zafranal había presentado el 18 de agosto.

Los pobladores de las provincias de Caylloma y Castilla que serían afectados por dicho proyecto minero, denuncian que la empresa pretende engañar a las autoridades locales y nacionales, cuando mencionan que el proyecto traería alta rentabilidad social y desarrollo a sus pueblos. Señalan que, más bien, el proyecto minero Zafranal traerá contaminación, saqueo a sus recursos naturales y destrucción de su biodiversidad. El valle agrícola de Majes de la provincia de Caylloma sería afectado y también los ríos donde hacen pesca, precisaron los dirigentes. Además de resquebrajar su tejido social y convivencia pacífica entre los pueblos de la zona.

Arequipa 20 de setiembre, 2021

La Cumbre de Sistemas Alimentarios se realizará el próximo Jueves, 23 de septiembre de 2021, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York en un formato virtual. Esta cumbre es un encuentro de las grandes corporaciones y líderes de los agronegocios, que ya se han asegurado un rol dominante. Su objetivo es asegurarse las mejores condiciones en todo el mundo para desplegar la agricultura 4.0. Es decir, agricultura industrial dependiente de alta tecnología, que comprende tanto cultivos transgénicos y semillas corporativas como sistemas digitalizados en producción y comercio, todo controlado por las trasnacionales de agronegocios y las plataformas digitales con las que están aliadas.

Por eso no es de extrañar que haya surgido un movimiento global alternativo, integrando numerosos movimientos campesinos, ambientalistas, de agroecología, de mujeres y pueblos indígenas de todo el mundo, que rechazan esta cumbre y se han propuesto organizarse e informar sobre las alternativas ya existentes en una contracumbre realizada a finales de julio.

Para hacer frente a la creciente demanda de alimentos para cerca de diez mil millones de habitantes que poblarán la tierra para el año 2050, las corporaciones de la industria agroindustrial reiteran que, con el despliegue global de sus cadenas de producción, mediante nuevas tecnologías agrupadas en lo que denominan “agricultura inteligente”, nos ayudarán a sobrevivir el caos climático y la inseguridad alimentaria que ya padece actualmente más de la mitad de población mundial.

O, dicho de otro modo, si se abren las compuertas a lo que la agroindustria califica de progreso, ahora sí podrán dar respuesta a lo que no han hecho durante las pasadas siete décadas. Tiempo que han tenido para asentarse y expandir su negocio a nivel planetario hasta acaparar el 75 por ciento de las tierras cultivables.

En este proceso destruye anualmente 75 mil millones de toneladas de superficie apta para el arado y talan 7.5 millones de hectáreas de bosque, según cifras entregadas por el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, organización dedicada a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos.

La agricultura familiar, en cambio, que sólo dispone de un 25 por ciento de las tierras es capaz de proveer alimentos al 70 por ciento de la población mundial. Una ecuación a la inversa como se observa en todo el mundo. Y es que tal vez uno se podría preguntar si acaso el objetivo de los consorcios agroindustriales es satisfacer las urgencias de los hambrientos o el bolsillo de sus dueños.

En este contexto el secretario general de la ONU Antonio Guterres anunció para septiembre de 2021 la realización de la Cumbre de Sistemas Alimentarios como una respuesta al aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional.

Una reunión anunciada desde un cargo público y ofreciendo las instalaciones de Naciones Unidas, pero con actores privados. Participantes y dinámica dependen de las posibilidades económicas a menos que solventen los gastos empresas promotoras o filantrocapitalistas. La dinámica, decisiones y declaraciones son decididas por esos organizadores.

De hecho, Guterres anunció que la Cumbre se realizará en colaboración con el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), donde se reúnen las trasnacionales y los más ricos del mundo. La FAO y otras agencias multilaterales de la ONU no fueron consultadas, sino convidadas posteriormente  a participar.

La percepción de que el debate alentado por los organizadores de la Cumbre gira en torno al aumento de la productividad y privilegia las propuestas que profundizan las desigualdades y dependencias tecnológicas, ha conducido al rechazo de la cumbre por un gran número agrupaciones de pequeños productores de alimentos y organizaciones de trabajadores rurales y movimientos sociales de base y comunitarios. E incluso organismos públicos de gran prestigio en sus países como el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor se han negado a participar en este encuentro y han exigido, en cambio, que el debate sobre alimentación enfoque cuestiones fundamentales como el derecho humano a la alimentación adecuada y saludable, la garantía de soberanía alimentaria así como el respeto y la valorización de tradiciones, culturas y saberes locales.

Contracumbre

Más de 300 organizaciones de todo el mundo de productoras y productores de alimentos a pequeña escala de la sociedad civil, personas que trabajan en el ámbito de la investigación y pueblos indígenas se han dado cita a fines de julio en un encuentro virtual, denominado “Respuesta autónoma de los pueblos a la Cumbre”, para protestar contra la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.

Para Omar Aziki, representante de la Red Norafricana por la Soberanía Alimentaria, la pandemia de Covid-19 ha significado mirar al espejo de lo que significa nuestro sistema de alimentación, ya que ha desnudado las grandes fallas de la agroindustria que afecta tanto a territorios como cuerpos y causa serios daños a nuestra salud, biodiversidad y ecosistemas. Además la crisis ha mostrado la profundidad de las inequidades estructurales, la discriminación, la explotación, el racismo y el dominio patriarcal prevaleciente en nuestras sociedades, exacerbando el hambre y las deficiencias de los sistemas de salud.

Por eso, Aziki y organizaciones de agricultores organizadas en red como La Vía Campesina exigen un cambio radical en la manera de producir y consumir los alimentos. Señalan todo lo que se puede aprender de las redes de solidaridad y cuidado que la gente, en especial los más vulnerables e históricamente oprimidos, han desarrollados durante la pandemia.

La Alianza por la Soberanía Alimentaria en África presenta el ejemplo de Zambia, donde el gobierno ha apostado por subsidiar directamente insumos controlados por agroconsorcios: fertilizantes y pesticidas químicos y semillas híbridas. Con lo cual crea dependencias de mercados controlados precisamente por esos consorcios.  La Alianza Zambiana por Agroecología y Biodiversidad impugna estas políticas porque destruye las prácticas agroecológicas y los sistemas de cuidado e intercambio de semillas locales. Además dice que en algún momento el gobierno no tendrá presupuesto para seguir subsidiando los insumos corporativos, mientras que la necesidad de alimentarse no se acabará.

Como primer paso para asegurar la autosuficiencia en la producción de alimentos los pequeños campesinos ya habrían ganado algo, si el gobierno promoviera el uso de fertilizantes orgánicos y permitiese su venta en las tiendas al igual que las semillas locales. De lo contrario, cuando el gobierno ya no tenga los medios para subsidiar el paquete agroindustrial, los campesinos deberán pagar más por los insumos mientras los suelos ya habrán perdido su fertilidad natural.

Y es que no se trata de un ejemplo aislado. Por el contario forma parte de lo que por ejemplo en el continente más antiguamente poblado se ha denominado Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) alentada y financiado por una alianza de gobiernos, la cooperación internacional e instituciones filantrópicas como la Fundaciones Gates y Rockefeller.

Según una declaración de 2006, año de su fundación la iniciativa planeaba duplicar hasta 2020 el ingreso de 20 millones de pequeños agricultores y reducir a la mitad la escasez de alimentos en 20 países africanos.

Si su desempeño se midiera de acuerdo e estas proyecciones, el resultado, obtenido en las mismas categorías, es un fracaso total. De acuerdo a un estudio de 2020 publicado por varias organizaciones de desarrollo alemanas y africanas, la cantidad de personas que sufren hambre no solo no ha bajado en los 13 países africanos socios, sino que ha aumentado en más de un 33 por ciento. En tanto la productividad agrícola en ocho países creció a un ritmo menor que en el periodo previo al AGRA y en dos incluso disminuyó.

Y para volver al ejemplo de Zambia, aquí ya se observa una crísis de endeudamiento, pues los campesinos tuvieron que tomar créditos para poder comprar semillas híbridas y abono químico.

Y, como las cosechas no fueron las que esperaban, no pueden pagar sus deudas. También el gobierno de Zambia tiene una montaña de deuda impaga porque compró semillas y abono a altos precios para repartirlos entre los campesinos. Ahora adeuda 106 millones de dólares. En otros países africanos se producen situaciones similares. Nuevamente cabe preguntarse a quién beneficia esta política.

La iniciativa AGRA en tanto, ha encontrado otra forma de obviar preguntas incómodas y hacer desaparecer de la página web actual -en la que abundan números como aquél de 23 millones de pequeños campesinos a los que habría beneficiado la iniciativa con un costo de inversión de más de 550 millones de euros – sus proyecciones hechas en 2006 que 15 años después resultaron una quimera con más hambre que nunca en la región a pesar de toda la moderna tecnología.

La situación en América Latina y la posición de La Vía Campesina

La vasta mayoría de movimientos campesinos, ambientalistas, de agroecología, de mujeres y pueblos indígenas en América Latina rechazan la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas y se han propuesto desmantelar las intenciones que entraña. Entre las organizaciones más activas en la región La Vía Campesina ha hecho hincapié en la necesidad de devolver el control de la producción de alimentos a los pequeños productores y en la necesidad de la agroecología como única vía de alcanzar la soberanía alimentaria.

Jesús Vázquez Negrón de la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica que forma parte de La Vía Campesina Caribe destaca que su país cuenta con tierra y agua suficiente para producir en forma agroecológica el 100 por ciento de alimentos saludables para toda la población de Puerto Rico. „Además tenemos conocimientos jíbaros, campesinos, semillas, personas motivadas en (hacer) producir la tierra y que sin embargo no tienen acceso a ella“.

Su organización ha estado promoviendo cambios para el beneficio de quienes trabajan la tierra y quienes representan los sectores más olvidados e ignorados por parte de la sociedad y del Estado.

“Gracias a la concientización, las luchas y las movilizaciones, el movimiento campesino ha logrado que el Estado apruebe una ley en la que se define como política pública reservar más de 600 mil cuerdas (una cuerda, es la métrica usada en Puertto Rico y que equivale a 0,4 hectáreas) o 240 mil hectáreas, para producir alimentos, para el desarrollo de la agricultura“, afirma Vásquez.

Un avance, qué sin embargo, aún no se traducido en medidas tangibles o en programas que se estén ejecutando, algo por lo que la organización boricuá y otras organizaciones campesinas siguen abogando.

Una conclusión que a Jesús Vásquez le importa destacar es la política pública como herramienta fundamental para transformar los sistemas agroalimentarios „porque hay que hacerles entender a los estados la responsabilidad que tienen con el ambiente y con la alimentación como un derecho humano básico“.

 

 

El domingo 27 de septiembre se conmemoraron 11 años de la consulta popular realizada en los distritos de Cocachacra, Punta del Bombón y Dean Valdivia de valle de Tambo. Ese 27 de septiembre del 2009, una mayoría abrumadora le dijo sí a la agricultura, pesca artesanal y turismo sostenible; y no a la minería.

En el marco del 11avo aniversario de la consulta, desde Red Muqui se realizó un foro para rememorar ese importante hecho con la participación del economista y especialista en gestión ambiental; Juan Aste Daffós; Dilvia Gálvez, comunicadora y activista de DDHH en Arequipa; y Nico Pareja, agricultor, ex miembro de mesa de la consulta popular del 2009, actualmente enjuiciado por haber sido parte de las protestasen los años anteriores.

Durante el conversatorio, Nico Pareja señaló que en esos tiempos no había la fuerza de las redes sociales como ahora y tuvieron que hacer un gran esfuerzo para sacar adelante la consulta y que participe la mayor cantidad de agricultores y población en general. Recordó que ahora ya no están varios compañeros y compañeras, pero es importante nombrarlos como homenaje por estos 11 años de resistencia. Mencionó a Augusto Pareces, ex dirigente de la Junta de Usuarios que falleció hace aproximadamente un mes.

A su turno, el economista Juan Aste señaló que las poblaciones impulsan las consultas populares en zonas donde hay minería para visibilizar también cuáles son sus alternativas de vida y economías locales. En el caso del valle: la agricultura y pesca artesanal. Asimismo, recalcó que «en el Perú no tenemos ordenamiento territorial, tenemos ordenamiento minero. Necesitamos que el territorio se planifique de acuerdo a las potencialidades de las economías locales sostenibles, que no afectan negativamente al ambiente como la minería».

Dilvia Gálvez, comunicadora y activista de DDHH señaló que el conflicto de Tía María es el que más muertos ha generado en comparación con otros conflictos sociales, y eso debe de investigarse y sancionarse. «Creemos importante que se genere una comisión investigadora de derechos humanos desde el Estado, sobre quiénes mandaron a disparar a los hermanos que han sido asesinados estos años, y también a quiénes han sido perseguidos. No es posible que no haya ningún responsable por lo que ha pasado», precisó.

Los participantes del conversatorio señalaron que la consulta popular fue un hecho muy importante que contó con la veeduría de la Defensoría del Pueblo y fue impulsado por las municipalidades del valle; a diferencia de la actualidad las normas emitidas por el gobierno y el Congreso recortan la participación ciudadana y no incorporan a la Defensoría del Pueblo y otras instituciones para la garantía del ejercicio ciudadano a la participación.

Ver VIDEO del conversatorio.

A pesar que la PNP y la Fiscalía notificó a algunos voceros de Valle de Tambo -Mario Chirapo- el día de ayer por pretender desacatar la orden de sanidad y estado de emergencia al supuestamente convocar a la marcha realizada el día de hoy y, durante la mañana, la PNP trató de impedir que se realice la denominada «marcha verde»; los agricultores y pobladores de valle de Tambo, autoconvocados, realizaron una caminata desde Dean Valdivia hasta Cocachacra en conmemoración los 11 años de consulta popular en el valle que le dijo SÍ a la agricultura, pesca artesanal, turismo comunitario y NO a la minería.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la caminata realizaron una parada en la casa de Augusto Paredes, ex vicepresidente de la Junta de Usuarios, quien falleció en la pandemia producto de una enfermedad llamada embolia. El ex dirigente se encontraba preocupado por los múltiples juicios que enfrentaba de parte del Estado por participar en las movilizaciones en defensa del Valle de Tambo.

El día de mañana, lunes 28 de septiembre, desde Red Muqui realizaremos un Foro «A 11 años de la consulta popular en valle de Tambo y la resistencia del agro en pandemia», en conmemoración al aniversario de tan importante hecho político social en Arequipa y a nivel nacional. Participarán el economista Juan Aste; la comunicadora y activista de DDHH, Dilvia Gálvez; uno de los voceros de valle de Tambo, Mario Chirapo; y Nico Pareja, agricultor y ex miembro de mesa de la consulta popular realizada el 27 de septiembre del 2009.

 

 

 

 

RED MUQUI, ante la situación de conflictividad social que persiste en el Valle de Tambo en Arequipa, y que se ha extendido a Moquegua, Tacna, Cusco, y otros lugares del país, y frente a las recientes decisiones asumidas por el gobierno y la postura de los gremios empresariales, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. El Estado necesita fortalecer, priorizar y ejercer su rol protector de la persona humana y de su dignidad ante cualquier decisión que requiera tomar.
  2. Consideramos que las inversiones son importantes para la economía del país, pero deben darse o promoverse en el marco del respeto de los derechos humanos. Los últimos gobiernos, acogiendo el discurso de los sectores empresariales, han buscado incrementar las inversiones, en particular para las actividades extractivas, y en especial en minería, con marcos normativos y políticas que sacrifican la regulación de protección del ambiente y los derechos de las personas bajo una justificación de “simplificación administrativa” o de “reducción de la tramitología”.
  3. Estos “paquetazos” normativos debilitaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre otras cosas, facilitando su modificación por Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) cuyo plazo de aprobación es de tan solo 15 días. También se debilitó la fiscalización ambiental al limitar la función sancionadora de OEFA durante tres años.
  4. Nos preocupa que las presiones de los gremios empresariales sigan incidiendo en las decisiones que se toman en diversas instancias del gobierno nacional, y ello evite que el Estado asuma su rol garante de derechos frente a situaciones que pueden generar conflictividad social. El Estado no puede reducir su rol a ser sólo “mediador”.
  5. El caso del proyecto minero Tía María nos plantea la necesidad de contar con un Estado que recupere su rol constitucional, garante de derechos como prioritario; y desde esa perspectiva revise sus decisiones en marcos normativos y políticas públicas sobre temas ambientales, sociales y de criminalización de la protesta, que hoy en día facilitan las actividades extractivas en desmedro de derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades de las zonas de influencia de los proyectos, propiciando mayor conflictividad social.
  6. En ese sentido, es necesario comprender que las protestas que hoy se extienden a nivel nacional son legítimas, porque las poblaciones y comunidades lo único que hacen es defender sus territorios y bienes comunes; en particular, exigiendo se respeten sus modos de vida y sus actividades económicas ancestrales. Se trata de poblaciones que subsisten sin mayor apoyo de un Estado, que, en vez de despreciar sus actividades como la agricultura, la ganadería, la artesanía, y el turismo sostenible; o ponerlas en riesgo, debiera apoyarlas para que mejoren sus condiciones de existencia. Este apoyo es una exigencia porque es el Estado el responsable de que todos y todas lleven una vida con dignidad y justicia en el país.

Después de la última marcha de sacrificio de más de 8 mil pobladores de las comunidades de la provincia de Candarave, que llegaron el 17 de julio a la ciudad de Tacna; el día de hoy se llevó a cabo la reunión en que dirigentes comunales, campesinos, de usuarios y regantes, pertenecientes a la provincia de Candarave, junto a sus alcaldes, instalarían la mesa de diálogo con el Ejecutivo para plantear formalmente el pedido de revocación de la licencia de agua de Southern Perú Copper Corporation (SPCC) . Sin embargo, al observar solo la presencia de la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz; explicaron que ellos esperaban también la presencia de otros sectores de Ejecutivo, tal como habían cursado la invitación anteriormente.

El problema abarca a otros sectores como Energía y Minas, y Salud; porque hay un problema grave con la explotación de minerales que se hace en la cabecera de cuenca del río Callasos; y el otro problema, es que el agua que consume la población de Candarave tiene alto contenido de arsénico y boro, explicó el alcalde provincial de Candarave, Roberto Nina.

Finalmente, los dirigentes decidieron suspender la reunión que se estaba desarrollando en el auditorio del centro de salud de la capital de provincia; y, a su turno, la ministra de Agricultura, señaló: “Yo he venido como ministra de Agricultura, yo los he escuchado, a pesar de que no han querido instalar la mesa de diálogo, tengo que reconocer que fueron muy respetuosos en expresarse”. Agregó que trasladará el sentir de la población al presidente de la república, Martín Vizcarra a la espera de retomar las conversaciones en Candarave.

El problema con Southern

Southern viene extrayendo el agua de las lagunas Aricota y Suches – que se vienen secando-, y también el agua subterránea. Southern tiene licencias de uso de agua en la provincia desde hace 59 años, y actualmente utilizan el agua para sus proyectos de extracción de cobre de Toquepala en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. La población y sus dirigentes han estado señalando que el agua para consumo humano es limitado, y la agricultura y la ganadería se han perjudicado por la falta de agua. El uso excesivo de agua por parte de la empresa también ha deteriorado bofedales en las zonas más altas y en la parte del valle de la provincia.

Frente a este escenario, los dirigentes ya habían señalado en días anteriores que no quieren ninguna negociación con la empresa Southern. Precisan que es un diálogo entre la población y el Estado, para solucionar problemas de interés público, que a la empresa solo le toca acatar, como ente privado particular con sus propios intereses.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Uno de los graves problemas es que no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. Desde la Red Muqui nos preguntamos: ¿Cómo la ANA ha estado otorgando licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone, y necesita Candarave y Tacna?

Ello, teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hídricos: “para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas”; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Propuestas de Red Muqui en materia hídrica

  • Es necesaria una vigilancia y monitoreo ambiental de la cantidad y calidad de los recursos hídricos, con participación de las Juntas de Usuarios de Agua y de la población en general.
  • La ANA tiene que actualizar el inventario de recursos hídricos para saber qué cantidad y calidad de agua se tiene en la región y la provincia de Candarave.
  • Se debe realizar un estudio de balance hídrico en la provincia para saber cuánto ha disminuido los recursos hídricos en éstas décadas de extracción de agua por parte de la empresa minera Southern y se establezca una compensación ambiental por parte de la empresa.
  • Se debe declarar como zonas intangibles los ecosistemas altamente sensibles como las cabeceras de cuenca hidrográficas: glaciales, lagos y lagunas, bofedales y páramos, para así garantizar en el presente y a futuro la disponibilidad del agua para las poblaciones, y lograr la sostenibilidad del recurso hídrico.

Para conocer nuestras propuestas generales a nivel nacional respecto al manejo sostenible del agua, pueden encontrarlo en nuestra Agenda Muqui 2018 – 2021

El día de hoy fue publicado en El Peruano la resolución suprema N° 080 – 2019, que autoriza la “intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”. La resolución suprema es emitida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y refrendada por el ministro del Interior y Defensa. Ello en virtud de la solicitud del Comandante General de la PNP – mediante Oficio N° 1054-2019-CG PNP/SEC-, que pide apoyo a las FF.AA para garantizar el orden interno frente a las protestas, ya que “sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú”, como se señala en la resolución suprema.

Huelga Indefinida

Como es de conocimiento público, este lunes 5 de agosto desde las 00 horas, inicia la huelga indefinida en Arequipa, y diversas organizaciones y población de todas las provincias, incluyendo a la población de Mollendo – provincia de Islay-, donde se ubica el puerto de Matarani, han acordado implementar la medida de fuerza.

La población de Mollendo protesta por el impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero que pertenece a Matarani, al desalinizar el agua del mar para el proyecto Tía María; situación que pone en riesgo la actividad de pesca artesanal en Mollendo.

Resolución ilegal

Como se observa en la resolución suprema emitida; esta se sustenta en el anterior Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales–ACN; que hemos criticado con un Pronunciamiento por ser ilegal. Esta norma permite la intervención de las FFAA cuando se pone en riesgo instalaciones del Estado que permiten efectivizar sus capacidades nacionales para el desarrollo de sus actividades. Es muy amplio y permite aplicarlo al transporte marítimo para las exportaciones, entre ellos también las actividades mineras, como ha sucedido con la norma publicada hoy. Pero también es cierto que el marco normativo de la PNP establece que la policía es la responsable del orden interno, que a nivel constitucional está refrendado.

La resolución suprema también se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece “Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”, sin embargo; según el abogado y director de FEDEPAZ, David Velazco: la Constitución establece que solo hay una excepción en la que las FF.AA pueden entrar a controlar el orden interno y ello se da cuando hay una declaración de Estado de Emergencia previa, que además debe estar debidamente justificada. Ello supone un acuerdo de Consejo de Ministros, y luego dar cuenta al parlamento, añadió. “En este caso se están saltando la valla y solo a través de una resolución suprema están haciendo intervenir a las fuerzas armadas”, precisó Velazco, que también es parte de la Red Muqui. Además de la Constitución, se estaría contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado peruano es parte; señaló finalmente.

Lo que se hace con estas normas es desnaturalizar el rol constitucional de las fuerzas armadas, posibilitando el uso desproporcionado de la fuerza con el uso de armas de fuego de largo alcance (de guerra) en el mantenimiento del orden interno, que no le compete a las FF.AA sino a la policía nacional.

Finalmente, como Red Muqui rechazamos esta intervención militar y llamamos al presidente Vizcarra a respetar la voluntad popular de todo el Valle de Tambo y la provincia de Islay, dando una respuesta positiva a la cancelación de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, que está en revisión hace unos días en el Ministerio de Energía y Minas. Las observaciones graves al Estudio de Impacto Ambiental de Tía María se siguen manteniendo y no han sido debidamente levantadas.

Reiteramos, como lo hemos estado señalando en redes sociales, que estaremos atentos junto a la Misión de Derechos Humanos que integramos con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asamblea Nacional de Centros y Amnistía Internacional, para denunciar cualquier posible violación de derechos humanos de parte de la policía y las fuerzas armadas en el marco de la legítima protesta del Valle de Tambo.