Listado de la etiqueta: Conflictos sociales

Muqui Sur concluirá con éxito el proceso de fortalecimiento de abogados jóvenes del sur andino

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Desde el mes de julio la Red Muqui Sur integrado por APRODEH, IDECA, DHSF y la Universidad Tecnológica de los Andes y la Universidad Nacional del Altiplano, vienen desarrollando talleres de fortalecimiento en el marco de la “Escuela de Formación en Derechos Humanos para Jóvenes Abogados (as) y Defensoras (es) del Sur Andino”. La escuela tiene como objetivo fortalecer la formación de estudiantes y egresados de la carrera profesional de derecho, abogados (as) jóvenes y activistas de las regiones de Cusco, Apurímac y Puno, en materia de derechos humanos y la defensa en contexto de conflictos eco-territoriales; bajos los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. Con ello se busca que los participantes puedan tener una reflexión crítica del derecho y del contexto extractivista y de conflictos socio ambientales, que caracteriza al sur andino. 

Los temas que se han ido desarrollando hasta el momento son: los derechos humanos y la justicia intercultural en el contexto global post pandemia, el litigio estratégico y defensa de los derechos de los pueblos originarios, derecho a la protesta y criminalización de defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales y el análisis de casos emblemáticos en materia del derecho a la protesta social. El desarrollo de los temas ha estado a cargo de abogados y abogadas de amplia experiencia en la defensa de derechos humanos y colectivos en el Sur Andino. 

A lo largo de los talleres los abogados (as) jóvenes han compartido casos y problemáticas minero ambientales, presentes en sus regiones. Esto ha aportado aún desarrollo más reflexivo de los temas, involucrándolos activamente. Al concluir la escuela se espera que los abogados (as) presentarán artículos, que analizarán las principales problemáticas de sus regiones planteando alternativas de solución, a partir de los aprendizajes y reflexiones de la escuela. 

Este próximo viernes 24 y sábado 25 de setiembre, en la ciudad de Cusco, se desarrollará el último taller, concluyéndose así con este proceso de fortalecimiento.

Esta escuela ha sido un esfuerzo colectivo de todos los miembros de la Red Muqui Sur, quienes han apostado por contribuir en la formación de jóvenes abogados del Sur Andino; y así apoyar en la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los derechos colectivos de las comunidades campesinas (pueblos indígenas u originarios) afectadas por proyectos mineros.

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Gobierno inició diálogo con comunidades de Chumbivilcas y minera Las Bambas

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En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el último sábado 21 de agosto se realizó un proceso de diálogo en la comunidad de Cancahuani del distrito de Capaccmarca, entre las 7 comunidades originarias de la provincia de Chumbivilcas, autoridades de gobierno, y representantes de la empresa minera Las Bambas. Esta reunión representó una reunión preparatoria entre este sector de la población y la comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para instalar la mesa de diálogo que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de agosto.

Si bien, como lo informó Red Muqui [ver nota], las comunidades esperaban la presencia del presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, en la reunión preparatoria, esta no se dio. Sin embargo, desde la PCM, se comunicó que Bellido estará en la mesa de diálogo del 28 de agosto en la comunidad de Huininquiri.

Luego de aproximadamente 6 horas de discusión en la reunión preparatoria, los representantes de las ocho comunidades quechuas presentes y del Ejecutivo, acordaron la conformación de cuatro subcomisiones de trabajo para atender las demandas de las comunidades en torno al corredor minero

Antecedentes

Recordemos que el 23 de julio del presente año, las comunidades de Chumbivilcas iniciaron un bloqueo de la vía y protestas para reclamar la Nulidad de la R.M. N° 372-2018-MTC, que usurpa los terrenos y declara como Vía Nacional las carreteras comunales. Por estas vías re-categorizadas como vías nacionales, transitan vehículos que ocasionan -en diferentes grados- contaminación sonora y del aire, el agua y los suelos de las comunidades ubicadas en los distritos de Velille, Ccapacmarca, Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y Colquemarca, tal como lo señala el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el 2019.

De esta manera, además de la nulidad de la norma, las comunidades exigen a la empresa minera el pago de indemnizaciones justas por sus tierras y ser proveedoras de servicios de la minera para que pueda aportar a la economía local de las comunidades.

4 comisiones de trabajo

Una de las cuatro comisiones de trabajo que se definieron en la reunión del sábado 21, fue el 1er subgrupo de trabajo, presidido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que se encargará de analizar la nulidad de la RM N° 372-2018-MTC, la cual, como se mencionó antes, autorizó crear una ruta nacional en sus territorios sin mínimamente implementar la consulta previa.

El subgrupo 2, presidido por el Ministerio del Ambiente (MINAM), se dedicará a evaluar las afectaciones ambientales y a analizar las posibles compensaciones e indemnizaciones de las 7 comunidades. 

Por otro lado, el subgrupo 3, presidido por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción y la empresa minera Las Bambas, se encargará de promover que las comunidades tengan la posibilidad de convertirse en proveedores de bienes y servicios e integrar a la cadena de valor de la empresa minera. 

Finalmente, el subgrupo 4, presidido por el Ministerio de Justicia (MINJUS), será el responsable de recoger las situaciones de criminalización de la protesta, procesos judiciales contra dirigentes y afectaciones a los derechos humanos.

Estos 4 subgrupos serán parte de la instalación de la mesa de diálogo el próximo 28 de agosto con la presencia del presidente de la PCM, Guido Bellido. Estas acciones de parte del gobierno son fruto de la protesta de las comunidades retomada el 16 de agosto, que, al no ver que la PCM implementaba la mesa de diálogo y no contestaba las llamadas ni cartas – enviada el 9 de agosto -, decidieron hacer un llamado de atención. La mesa de diálogo debió instalarse el 11 de agosto, tal como lo había prometido el premier Guido Bellido el 2 de agosto. 

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Emergencia sanitaria, elecciones nacionales y la agenda minera

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Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Desde el pasado 31 de enero hemos entrado formalmente en una cuarentena focalizada en todo el país, decretado por el poder ejecutivo. Esta vez, las medidas de confinamiento han sido diferentes, no como el año pasado con muchas restricciones, aunque parece una cuarentena “chicha” como lo han llamado algunas personas. Vemos en las calles a comerciantes, ambulantes y vendedores que no tienen más opción que salir a trabajar para poder comer y sobrevivir a la pandemia. La situación sigue siendo compleja y difícil, ya no hay camas UCI, escasea el oxígeno, la llegada de la vacuna todavía es lejana, los bonos van a llegar después de la quincena de febrero, y la cantidad de fallecidos por la Covid-19 aumenta todos los días. Sin duda, las próximas semanas serán aun mas difíciles, así que el llamado sigue siendo la protección personal, familiar y colectiva, hay que seguir activando las redes de solidaridad en nuestros lugares de residencia.

A la par de esta dramática situación que estamos viviendo a nivel sanitario, tenemos que encarar en las próximas semanas (11 de abril) las elecciones nacionales presidenciales, congresales y de parlamentarios andinos, y pareciera que la población en lo último que está pensando son en las elecciones. Según la ultima encuesta del IEP sobre intención de voto en enero, cuando se les preguntó por las elecciones presidenciales y por quién votarían, el 74% de los encuestados señaló que no votaría por nadie, o simplemente no les interesa las elecciones en este momento, probablemente esto cambie en las ultimas semanas de la elección, pero éste dato si debe preocuparnos. Por otro lado, los debates sobre las reformas y temas de fondo todavía no han empezado a discutirse, por ahora tenemos algunas plataformas virtuales que vienen organizando debates con algunos candidatos presidenciales; lo cierto es que tenemos un escenario muy difícil para hacer una campaña electoral en medio de una segunda ola que todavía no llega a su pico más alto.

Si ya tenemos problemas para atender la pandemia y a la par tenemos una carrera electoral incierta, la pregunta que nos hacemos es ¿Cómo y donde vamos a discutir los temas y cambios de fondo que se requieren hacer en nuestro país?, por ejemplo el rol de la minería en el país, los impactos a la salud y el ambiente que genera la actividad extractiva y que no se quiere reconocer, los conflictos sociales y la criminalización a los defensores ambientales en contextos extractivos, la reforma de la PNP, entre otros; son cuestiones centrales que tenemos que revisar y discutir; sin embargo, parece que todos estos temas resultan ser relativos para el actual gobierno y para los candidatos/as presidenciales y congresales. Desde la Red Muqui hace varios años que venimos levantando una agenda construida desde los territorios con los afectados y afectadas por las actividades mineras, y creemos que se tiene que hacer cambios en la forma cómo se relaciona y se concibe la minería en el país.

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Entre la reactivación de conflictos socioambientales y el agotamiento de las mesas de diálogo

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Durante las últimas semanas nuestro país ha enfrentado una serie de crisis: sanitaria, económica, política, agraria, entre otras; y que han sido acompañadas de movilizaciones y protestas sociales. Algunas se reactivaron ya que habían sido suspendidas debido a la cuarentena a causa de la Covid-19, pero otras han surgido como consecuencias de la crisis que actualmente enfrentamos, entre ellas los conflictos socioambientales.

Hacia noviembre del año 2019, la Defensoría del Pueblo había reportado que en el país existían 126 conflictos de tipo socioambientales, de estos 81 estaban relacionado con las actividades mineras[1]. Después de casi un año, este escenario no ha mejorado mucho, pues en su último reporte de conflicto sociales la Defensoría del Pueblo reportó que actualmente existen 125 casos de conflicto socioambientales de los cuales 77 están relacionadas a actividades mineras[2]. De ambos datos claramente se evidencia que en este año no hay una tendencia al decrecimiento de los casos. Esto puede tener como causa que los mecanismos empleados para la resolución de los conflictos no están siendo efectivos, como lo que ocurre con las mesas de diálogo.

Las mesas de diálogo son espacios que “suelen conformarse a partir de un conflicto social que ha escalado y hecho crisis. Se trata de un espacio político donde acuden los protagonistas del mismo en busca de soluciones al problema que lo motivó. En teoría, se trataría de un espacio donde los actores se conocen, intercambian e incorporan las reivindicaciones de uno en las del otro, tratando de establecer un clima previo de confianza que facilite las ulteriores negociaciones y acuerdos”[3]. Pero más allá de los objetivos con el que lo instituyó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS, existen críticas muy duras al incumplimiento de los acuerdos a los que se arriban, lo cual motiva nuevamente el surgimiento de nuevos conflictos.

Esto, por ejemplo, viene ocurriendo con la población de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas (Apurímac), que en los últimos años vienen protestando (el más reciente iniciado el 01 de diciembre del 2020) en contra de MMG Las Bambas y su proyecto minero. Los pobladores locales denuncian que tanto la empresa como el Estado vienen incumpliendo los acuerdos de la mesa de diálogo.

La implementación de las mesas de diálogo ha enfrentado muchos desafíos con cada conflicto, la primera que sale a relucir claramente es que este mecanismo no se encuentra regulado. Esto puede en primer momento representar una oportunidad, pues permitiría una mayor flexibilidad de acuerdo al caso concreto, pero al mismo tiempo genera muchos vacíos al momento de la toma de decisiones o el cumplimiento de acuerdos. De la misma forma, la naturaleza de cada conflicto puede demandar la presencia de diferentes sectores en la mesa de diálogo para la búsqueda de solución a las demandas, pero una falta de articulación interinstitucional para dar una respuesta conjunta e integral es una barrera. Sobre todo, teniendo en cuenta que en muchos conflictos socioambientales relacionados a la minería están presentes las materias de fiscalización ambiental, protección del territorio comunal, consulta previa, monitores de la calidad de agua y suelo, salud humana, proyectos de inversión, entre otros.

Muchas de estas demandas están estrechamente vinculas a derechos fundamentales, no solo los de naturaleza individual sino los colectivos que corresponde a los pueblos indígenas, reconocidos en nuestra Constitución Política y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Las mesas de diálogo en contextos mineros deben constituirse en verdaderos espacios de diálogo democrático e intercultural, con pertinencia cultural, que permitan atender las demandas de las poblaciones a través de la construcción de alternativas en forma conjunta (Estado, empresa y comunidades), y sobre todo debe garantizarse el cumplimiento de los acuerdos en los plazos y términos establecidos. Solo así se podrá recobrar la confianza de la población en la buena fe de los actores involucrados y su compromiso.

Lamentablemente los hechos en los últimos años evidencian que las mesas de diálogo no siempre terminan por resolver los problemas de fondo expresados en la conflictividad social; debido a que se instalan después de la escalada del conflicto, desencadenado pérdidas de vidas y heridos, a las que se suman el incumplimiento de las actas y acuerdos que firman el gobierno y las empresas debido a los plazos y la falta de presupuesto. Finalmente, en ocasiones se percibe erróneamente que las mesas de diálogo son solo para otorgar más dinero a la gente y a las autoridades locales, cuando en realidad los pobladores solo buscan ser escuchados y respetados en su posición. Si bien el dialogo y las mesas de diálogo pueden ser una oportunidad para atender demandas justas de la gente, su incumplimiento puede ser la causa de un nuevo conflicto.

 

 

[1] Defensoría del Pueblo.  REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N.° 189. Pág. 19 y sig. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Conflictos-Sociales-N%C2%B0-189-Noviembre-2019.pdf

[2] Defensoría del Pueblo. REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N.° 199. Pág. 18 y sig. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/10/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-199-septiembre-2020.pdf

[3]  Rodrigo Arce Rojas. Mesas de Diálogo, Mesas de Desarrollo y Gestión Territorial Sostenible. SERVINDI. https://www.servindi.org/actualidad/93733

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El caso Espinar -Cusco- y la reactivación de los conflictos sociales

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Por: Jaime Borda /Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Durante las últimas semanas hemos venido advirtiendo de la reactivación de varios conflictos sociales en el país, principalmente los vinculados al tema minero, y como si esto no fuera suficiente, el nuevo premier Pedro Cateriano y su gabinete han señalado que ellos han entrado a destrabar las inversiones mineras para reactivar la economía del país. Ya los gremios mineros habían salido a decir que para atender la actual crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del Covid-19, proyectos mineros como Tía María en Arequipa tienen que retomarse, y que con Conga en Cajamarca debe revisarse y que debían agilizarse los “tramites burocráticos” para aprobar cuanto antes Quellaveco en Moquegua, Mina Justa en Ica, ampliación Coroccohuayco en Espinar, entre otros.

Y Espinar es la provincia que ha estado en el foco del conflicto esta semana, como se sabe los pobladores reclaman el uso de los fondos del convenio marco firmado el año 2003 y del cual se desprenden varias clausulas, entre ellos la entrega del 3% de utilidades anuales generadas por la minera Glencore. El alcalde provincial de Espinar, los alcaldes distritales, las organizaciones sociales y la empresa minera Antapaccay han sostenido varias reuniones en las ultimas semanas para ponerse de acuerdo sobre la entrega de este bono solidario a más de 50 mil pobladores de la provincia, el monto acordado inicialmente fue de 1000 soles; sin embargo, en la ultima reunión del 14 de julio la empresa minera de manera unilateral decidido no aceptar este pedido, es más presentaron otro programa denominado “Reactiva Espinar”, todo esto ha generado un malestar comprensible en los pobladores de la provincia.

Luego de agotarse el diálogo, la población ha decidido iniciar un paro indefinido desde el pasado miércoles 15 de julio, y entre el miércoles y jueves de esta semana se han registrado situaciones de represión y violencia contra los pobladores de la ciudad de Espinar, denunciándose varios casos de abuso de derechos humanos por parte de los efectivos policiales y las fuerzas armadas. Hemos podido observar por los medios y las redes sociales, además, el incendio de un camión minero de Las Bambas en circunstancias más que extrañas que tienen que investigarse, ya que desde el gobierno nacional y la empresa minera se busca responsabilizar de estas acciones a los espinarences. Por ello, lo ocurrido en la noche del miércoles 22 de julio en pleno centro de la ciudad de Espinar es más que preocupante, desde mayo del 2012 no se registraban estos de niveles de violencia y de abuso denunciados por la población, inclusive los mismos periodistas han sido atacados por la PNP, también hay denuncias de agresiones sexuales a las mujeres, entre otros. Todos estos hechos tendrán que ser investigados por las autoridades competentes, no se puede pasar por alto estos excesos.

Por lo pronto, las autoridades locales de Espinar, así como los representantes de las organizaciones sociales han llamado al diálogo y piden la presencia del Premier Cateriano. Desde la Red Muqui hacemos un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto ha restablecer el diálogo, así mismo pedimos el cese a la violencia de parte de la PNP y las FFAA, y el pleno respeto por los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de Espinar.

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Relativizando los derechos no se puede abordar la conflictividad social ni hablar de diálogo en el país

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El día 11 de enero mediante el Decreto Supremo N° 006-2018-PCM, el gobierno del presidente Kuczynski, una vez más declaró en Estado de Emergencia el Corredor Vial Apurímac – Cusco y además Arequipa por 30 días. La zona de Apurímac-Cusco-Puno, justamente es la denominada por Red Muqui y sus instituciones miembros en el Sur como “el corredor minero”, por la realización de una serie de proyectos mineros a los largo de las carreteras que unen dichas regiones, que generan una serie de impactos acumulativos en la naturaleza, el ambiente y la salud de las personas, sin que haya institucionalidad ambiental que fiscalice adecuadamente la situación, y un Estado que garantice el derecho a la propiedad y posesión ancestral de las tierras de las comunidades campesinas, generando conflictividad social a la que el gobierno no ha sabido dar respuesta hasta la fecha, sin voluntad para un diálogo participativo e informado, y ante las protestas teniendo sólo como reacción la declaración de estados de emergencia, con la subsecuente suspensión de ciertos derechos y la represión de las fuerzas del orden. Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF, institución miembro de Red Muqui, ha puesto en claro que la zona que ha sido declarada en estado de emergencia comprende 500 metros adyacentes a cada lado del corredor, que es una vía donde se presentan constantes manifestaciones de las poblaciones locales frente a empresas mineras como: MMG Las Bambas, HudBay, Glencore, entre otras, para exigir que se les otorgue un resarcimiento económico por el deterioro a sus viviendas, derrames, accidentes, enfermedades respiratorias y otras afectaciones causadas por el paso de camiones que transportan minerales o residuos tóxicos. Por esta vía transitan más de 500 vehículos por día y sumado a esta problemática los accidentes se están volviendo más frecuentes en este corredor vial.

La región Arequipa, también en estado de emergencia, no ha estado ajena a ello. La insistente imposición del proyecto minero Tía María de parte del gobierno y de la empresa Southern, pese a los graves y demostrados riesgos al ambiente, al agua, a la actividad agrícola y agroindustrial que conlleva, y con ello a la salud de las personas, ha generado la entendible reacción de los agricultores del Valle del Tambo, pero no hay ninguna voluntad de diálogo sincero del gobierno, con escucha y comprensión, sino con indiferencia, rechazo y reiterada “mano dura”. Por todo ello, desde Red Muqui manifestamos nuestra profunda preocupación por las prácticas autoritarias e inconstitucionales que viene tomando el gobierno del presidente Kuczynski frente a los conflictos sociales que vienen sucediendo en gran parte de nuestro país. La medida tomada por la PCM es lo que se ha denominado estado de emergencia “preventivo” y que tiene un carácter claramente inconstitucional ya que ordena suspender derechos fundamentales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio sin que se cumplan los requisitos constitucionales para ello, pues no nos encontrarnos ante casos de perturbación de la paz o del orden interno, ni de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.

La potestad del Estado peruano para las declaratorias de Estados de emergencia no es una potestad discrecional sino que debe responder a un análisis de proporcionalidad para que esta medida sea constitucional, por el contrario lo que advertimos es una reiterada práctica abusiva de restricción del derecho a la protesta que legítimamente pueden ejercer las comunidades afectadas por actividades extractivas. No es la primera vez que el Ejecutivo decide declarar estado de emergencia sin justificación razonable. Ya anteriormente han existido dos prórrogas en las zonas de Apurímac y Cusco, ahora con la presente declaratoria, se extiende esta medida a una vía de transporte estratégica para facilitar el desarrollo de un proyecto minero como Las Bambas. Consideramos que lo mencionado evidencia la intención del Estado de mantener el control de este territorio haciendo uso de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado señalando sobre el uso de la fuerza y la acción de las Fuerzas Armadas , que se tienen que limitar al máximo en contextos de protesta social por el grave riesgo que corren la libertad e integridad de las personas.

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Relativizando los derechos no se puede abordar la conflictividad social ni hablar de diálogo en el país

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El día 11 de enero mediante el Decreto Supremo N° 006-2018-PCM, el gobierno del presidente Kuczynski, una vez más declaró en Estado de Emergencia el Corredor Vial Apurímac – Cusco y además Arequipa por 30 días. La zona de Apurímac-Cusco-Puno, justamente es la denominada por Red Muqui y sus instituciones miembros en el Sur como “el corredor minero”, por la realización de una serie de proyectos mineros a los largo de las carreteras que unen dichas regiones, que generan una serie de impactos acumulativos en la naturaleza, el ambiente y la salud de las personas, sin que haya institucionalidad ambiental que fiscalice adecuadamente la situación, y un Estado que garantice el derecho a la propiedad y posesión ancestral de las tierras de las comunidades campesinas, generando conflictividad social a la que el gobierno no ha sabido dar respuesta hasta la fecha, sin voluntad para un diálogo participativo e informado, y ante las protestas teniendo sólo como reacción la declaración de estados de emergencia, con la subsecuente suspensión de ciertos derechos y la represión de las fuerzas del orden. Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF, institución miembro de Red Muqui, ha puesto en claro que la zona que ha sido declarada en estado de emergencia comprende 500 metros adyacentes a cada lado del corredor, que es una vía donde se presentan constantes manifestaciones de las poblaciones locales frente a empresas mineras como: MMG Las Bambas, HudBay, Glencore, entre otras, para exigir que se les otorgue un resarcimiento económico por el deterioro a sus viviendas, derrames, accidentes, enfermedades respiratorias y otras afectaciones causadas por el paso de camiones que transportan minerales o residuos tóxicos. Por esta vía transitan más de 500 vehículos por día y sumado a esta problemática los accidentes se están volviendo más frecuentes en este corredor vial.

La región Arequipa, también en estado de emergencia, no ha estado ajena a ello. La insistente imposición del proyecto minero Tía María de parte del gobierno y de la empresa Southern, pese a los graves y demostrados riesgos al ambiente, al agua, a la actividad agrícola y agroindustrial que conlleva, y con ello a la salud de las personas, ha generado la entendible reacción de los agricultores del Valle del Tambo, pero no hay ninguna voluntad de diálogo sincero del gobierno, con escucha y comprensión, sino con indiferencia, rechazo y reiterada “mano dura”. Por todo ello, desde Red Muqui manifestamos nuestra profunda preocupación por las prácticas autoritarias e inconstitucionales que viene tomando el gobierno del presidente Kuczynski frente a los conflictos sociales que vienen sucediendo en gran parte de nuestro país. La medida tomada por la PCM es lo que se ha denominado estado de emergencia “preventivo” y que tiene un carácter claramente inconstitucional ya que ordena suspender derechos fundamentales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio sin que se cumplan los requisitos constitucionales para ello, pues no nos encontrarnos ante casos de perturbación de la paz o del orden interno, ni de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.

La potestad del Estado peruano para las declaratorias de Estados de emergencia no es una potestad discrecional sino que debe responder a un análisis de proporcionalidad para que esta medida sea constitucional, por el contrario lo que advertimos es una reiterada práctica abusiva de restricción del derecho a la protesta que legítimamente pueden ejercer las comunidades afectadas por actividades extractivas. No es la primera vez que el Ejecutivo decide declarar estado de emergencia sin justificación razonable. Ya anteriormente han existido dos prórrogas en las zonas de Apurímac y Cusco, ahora con la presente declaratoria, se extiende esta medida a una vía de transporte estratégica para facilitar el desarrollo de un proyecto minero como Las Bambas. Consideramos que lo mencionado evidencia la intención del Estado de mantener el control de este territorio haciendo uso de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado señalando sobre el uso de la fuerza y la acción de las Fuerzas Armadas , que se tienen que limitar al máximo en contextos de protesta social por el grave riesgo que corren la libertad e integridad de las personas.

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La caída de las inversiones puede haber generado menos conflictos socioambientales este año

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El miércoles 13 de diciembre de 2017 se presentó el 21° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), a cargo de las y los representantes de las instituciones que conforman dicho observatorio como son CooperAcción, Fedepaz y Grufides.

Dentro de las principales conclusiones de este informe se señala que este año ha sido peculiar porque los conflictos sociales bajaron en comparación a otros periodos. Las movilizaciones se han dado por los derechos laborales y por el derecho a la salud, mientras que la conflictividad social reporta unos 171 conflictos a noviembre. Se presume que puede estar relacionado al hecho de que a partir del 2009 hay una caída sostenida en las inversiones. Se estaría dando una reconfiguración de conflictos donde la macro región norte desplaza al sur del país como zona de mayor conflictividad.

De Echave señaló que, actualmente, un 14% del territorio nacional está concesionado. Luego de una caída estrepitosa de las exploraciones mineras, entre 2010 y 2015 (de un 15.1% a 5.9%), hacia el 2016 estas se han incrementado a un 10%. Y que este dato no deja de ser un indicador que refleja la incipiente recuperación del sector, sin embargo, de ninguna manera representaría un nuevo boom minero como un sector del empresariado quiere hacer creer.

Por su parte, Mirtha Vásquez, directora de Grufides, precisó que en la región de Cajamarca existen conflictos socioambientales relacionados con reclamos de dos tipos. Por un lado, reclamos por los serios impactos ambientales generados por los pasivos mineros, como los casos de Condebamba y Hualgayoc; por otro lado, reclamos por la expansión de proyectos mineros que incorporan el novedoso “Fondo de Adelanto Social”.

Vásquez sostuvo que la represión de Yanacocha contra la familia de Máxima Acuña y la familia Pajares continúa, al punto de reproducir escenarios de violencia con disparos por parte de la policía, un grave panorama que revela la carencia de una política pública de tratamiento de los conflictos que ya existen y la prevención de los que podrían iniciarse.

David Velazco, director de Fedepaz abordó la situación de criminalización que afecta a la población implicada en conflictos sociales relacionados con minería, a nivel nacional. Mencionó como ejemplo el caso de Ayabaca y Huancabamba, provincias de la región de Piura, en donde existe un gran número de campesinos y comuneros que han sido acusados por delitos de daños, lesiones, secuestro, usurpación y mal uso de los símbolos patrios. Esto, como respuesta a su rechazo y legítima protesta ante la imposición del proyecto minero Río Blanco en sus territorios.

Ana Leyva, directora de CooperAcción, abordó el entramado de normas que se han generado para seguir flexibilizando los estándares de cuidado y conservación ambiental, así como debilitando a las instancias reguladoras y fiscalizadoras. Algunos de los ejemplos señalados son la ampliación para la formalización de la minería ilegal, la flexibilidad para proyectos de entre 20 y 40 plataformas que ya no requieren certificaciones ambientales, o que algunas obras pueden iniciarse sin tener autorización de exploración minera.

Leyva mencionó, también, algunos avances en el ámbito normativo, tales como la sanción inmediata por parte de la OEFA en caso de no cumplir con la medida correctiva, la creación de un registro de infractores, aunque éste solo dura un año, o las modificaciones en relación a la contaminación de suelos que han sido orientadas hacia la remediación. Adicionalmente, precisó que aunque existe una ley de cabeceras de cuencas, no hay ninguna declarada intangible, probablemente, por no estar claros los criterios para definir lo que es una cabecera de cuenca en nuestro país.

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Ante la declaratoria de Estado de Emergencia en Cusco y Puno

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras y las instituciones abajo firmantes que promueven y defienden los derechos humanos, nos pronunciamos ante la declaratoria de estado de emergencia1 en los distritos de Wanchaq y San Sebastián de la región Cusco, y el distrito de Juliaca de la región Puno. Por lo que expresamos ante la opinión pública lo siguiente:

1.- De acuerdo a la Constitución Política del Perú y normatividad internacional la declaración de estados de emergencia es una medida aplicable de manera “excepcional” y solo debe emplearse cuando se produce perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, por lo que creemos que el ejecutivo abusa de las facultades que le otorga la Constitución Política limitando y restringiendo el derecho a la protesta social que vienen ejerciendo los maestros. Anteriores declaratorias de estado de emergencia en las propias regiones de Cusco y Puno, en casos como la conflictividad generada por la actividad minera solo los han agudizado.

2.- Esta medida demuestra una vez más, la incapacidad del gobierno para resolver, de forma pacífica y dialogada, la demanda de los maestros que mantienen una huelga de 35 días y reafirma la práctica recurrente del Estado de usar la fuerza para contener los conflictos, pero que no atacan ni resuelven las causas de fondo que las originan. De igual manera, pone en manifiesto el desorden o desconocimiento del gobierno frente a esta situación donde incluso de manera posterior tiene que emitir una fe de errata excluyendo una provincia.

3.- Exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial que cumplan su papel de garantes del orden constitucional; así mismo instamos a la Defensoría del Pueblo mantener un rol activo y vigilante para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía.

4.- Invocamos al gobierno peruano a dar solución inmediata y pacífica a las demandas de los maestros y por lo tanto al conflicto que viene afectando a la comunidad educativa y sociedad cusqueña y puneña, dejando sin efecto la medida de declaratoria de estado de emergencia, que lo único que hacen es agudizar más el conflicto y polarizar más el enfrentamiento entre los actores sociales y el Estado.

5.- Instamos a la ciudadanía que ante cualquier restricción y vulneración de derechos están expeditas las acciones de hábeas corpus, entre otras acciones legales, y/o denunciar públicamente cualquier atropello a sus derechos fundamentales ante las instancias correspondientes.

Finalmente; salidas arbitrarias y violentas al abordaje de los conflictos como la declaratoria de estados de emergencia en el país ponen en riesgo el respeto por los derechos humanos y la democracia. El rol de Estado es garantizar estos derechos fundamentales de la ciudadanía. El dialogo es fundamental en democracia por lo que esta medida no es justificada.

Suscriben:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Red Muqui Nacional
Red Muqui Sur
Derechos Humanos Sin Fronteras-DHSF
Derechos Humanos y Medio Ambiente-DHUMA
Asociación por la Vida y Dignidad-APORVIDAH
Instituto de Estudios de las Culturas Andinas-IDECA
Instituto de Defensa Legal- IDL

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1 Mediante el Decreto Supremo N° 078-2017-PCM del 20 de julio se declaró el Estado de Emergencia, sin embargo, el 21 de julio se ha emitido la Fe de Erratas que precisa los ámbitos de aplicación, excluyendo una provincia de región Cusco.

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ONU evidencia debilidad del Estado peruano en manejo de conflictos sociales mineros

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  • RED MUQUI facilitó que afectados presenten caso de niños contaminados en Simón Bolívar
  • El colectivo también gestionó que ONU conociera caso de reasentamiento de Morococha
  • En salud ambiental y humana, ONU recomienda que el Estado fortalezca fiscalización ambiental

El Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos visitó el Perú entre el 10 y 19 de julio, con el fin de revisar si se están implementando los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.

En esa misión, estos representantes de la ONU determinaron que el Estado peruano ha tenido una limitada presencia en donde operan las empresas mineras y existen conflictividad social. Es así que la misión internacional observó que, al no notarse la gobernabilidad y el estado de derecho, se hace más difícil el diálogo con las comunidades y ello contribuye a un ambiente de desconfianza, descontento y agitación social.

“El alto número de protestas sociales sugiere que las estrategias existentes para prevenir y mitigar los efectos adversos de la inversión extranjera directa en los derechos humanos han fallado”, alerta en reciente documento.

Si bien, el informe final de misión oficial será presentado en la 38ª sesión del Consejo de derechos humanos en junio de 2018, esta comisión de trabajo emitió una declaración expresando su preocupación sobre el manejo de los Derechos Humanos durante los conflictos sociales en el Perú.

Tomando en cuenta los reportes de conflictividad de la Defensoría del Pueblo, los representantes de la ONU vieron que el alto número de conflictos sociales en nuestro país, está relacionados a comunidades locales que protestan contra los efectos adversos causados por las operaciones mineras, petroleras y energéticas.

Es por ello que, en sus conclusiones preliminares, los miembros de este grupo de la ONU incluyeron han remarcado -con preocupación- la cifra de 70 muertos (65 civiles y 5 policías) en el período 2012-2016, durante estallidos de conflictos sociales.

Durante su visita a nuestro país, los expertos de Naciones Unidas escucharon y recibieron denuncias de personas potencialmente afectadas por actividades mineras. La contaminación del agua, el agotamiento de las aguas superficiales y subterráneas, la presencia de metales pesados en la sangre de trabajadores mineros y habitantes locales, son las más recurrentes, como es el caso en La Oroya (Junín) Cerro de Pasco (Pasco), Chumbilvilca y Espinar (Cusco), entre otros.

RED MUQUI dio a conocer caso Simón Bolívar y Morococha

El pasado 10 de julio, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, invitó a una reunión a la RED MUQUI y otras de sus instituciones miembros como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CooperAcción, FEDEPAZ, APRODEH.

En dicha oportunidad RED MUQUI facilitó que se conozca el caso de contaminación de la población de Simón Bolívar (Pasco), fue así que Jaime Silva, Regidor de dicho distrito, expuso sobre violaciones de derechos que sufrían sus poblaciones por efecto de la intervención de empresas mineras, en especial los derechos a la vida y salud, al ambiente adecuado y equilibrado, a la vivienda digna, entre otros derechos que los casos evidencian.

“La emergencia de salud pública en Pasco relacionada con la contaminación industrial debe servir como un llamado de atención para fortalecer la debida diligencia en materia de derechos humanos a través de evaluaciones de impacto ambiental y fiscalización fuertes. Además, pone en evidencia la necesidad de tener en cuenta los costos a más largo plazo de las salvaguardias ambientales subestándar”, advirtió la ONU luego de conocer el caso.

Asimismo, la misión tomó cuenta del caso Morococha, el primer caso en Perú de reasentamiento de un pueblo entero a causa de un proyecto minero. César Reyna, Asesor de la Municipalidad Distrital de Morococha, fue el encargado de informar de la situación de los pobladores que fueron reubicados en octubre de 2012 (a unos 12 kilómetros de distancia), por la minera china Chinalco, para poder llevar a cabo el proyecto Toromocho.

Los expertos de la ONU supieron que Morococha se está quedando vacía por la falta de oportunidades y de actividad económica, debido a que Chinalco no ha cumplido con sus promesas de trabajo y de instalar cerca el campamento minero.

Consulta previa previene conflictos

Por su parte, la RED MUQUI y sus instituciones miembros plantearon las dificultades de la aplicación del derecho a la consulta previa en minería, y la situación de las defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos.

En la reunión con la misión, la RED MUQUI informó los requisitos de participación pública relacionados con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y el otorgamiento de concesiones para operaciones mineras, son solo informativas y, por tanto, no corresponden procesos de consulta legítimos.

“La participación ciudadana y consultas con las comunidades afectadas por las operaciones empresariales es otra fuente principal de conflicto social (…) Recomendamos que todo tipo de consulta y participación se realice en la fase de planificación más temprana de un proyecto y que la misma incluya todas las fases, incluso hasta el cierre”, puntualizó este grupo especial de la ONU.

Los días posteriores los miembros de la Misión viajaron a Cajamarca, Cusco y Challhuahuacho (Apurímac), donde tuvieron diversas reuniones sobre la conflictividad social generada por la actividad mineras en dichas localidades. En esos casos, Grufides (Cajamarca) y Derechos Humanos sin Fronteras (Cusco) les informaron sobre esta problemática.

Criminalización y defensores ambientales

En su declaración, las Naciones Unidas recuerda que sus Principios Rectores se basan en la importancia del espacio ciudadano donde las voces críticas puedan expresarse con el fin de que las empresas entiendan las inquietudes y los riesgos relacionados con los derechos humanos vinculados con sus operaciones.

“Cuando la gente expresa su preocupación por los efectos negativos de las operaciones comerciales, a menudo se enfrentan a intimidación y criminalización”, dijo Dante Pesce, el segundo miembro de la delegación del Grupo de Trabajo.

Durante su visita, la misión se reunió con varios de los líderes comunitarios acusados de «extorsión» y otras imputaciones, debido a las modificaciones del código penal –en la última década- que han facilitado la criminalización de la protesta social y han impuesto sanciones más severas para delitos como «perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos».

“La criminalización de las protestas no ayuda a lograr la paz, y se deben hacer más esfuerzos para mejorar las condiciones de diálogo”, concluyen en una parte de su declaración.

Convenios mineros con la Policía

La misión de empresas y derechos humanos de la ONU, también reparó en los convenios que las empresas mineras sostienen con la Policía Nacional, los cuales consideró como un “arreglo crea confusión acerca de la función policial, que es la de proteger a la población (artículo 44 de la Constitución).

“En la práctica, esto se materializa a través de la presencia de policías pagados por la compañía para prestar servicios de seguridad portando el uniforme policial y las armas de reglamento. Esto solo refuerza la desconfianza en la policía nacional”, aseveró el grupo de trabajo.

DATO:

  • El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Sus miembros actuales son: el Sr. Michael Addo, el Sr. Surya Deva (actual Presidente), el Sr. Dante Pesce, el Sr. Pavel Sulyandziga, y la Sra. Anita Ramasastry actual Vicepresidente).
  • El grupo recorrió Lima, Loreto, Cajamarca, Cusco y Apurímac, donde se reunirán con autoridades gubernamentales y miembros de la sociedad civil.

Foto: Naciones Unidas / GRUFIDES

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