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Poder Judicial archivó caso de 54 denunciados por protestas contra proyecto minero Conga

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EN CAJAMARCA

Autoridades (Presidente Regional y Alcalde Provincial de Cajamarca), líderes sociales y ambientales, y población, fueron acusados de “Autoría Intelectual” por oponerse al Megaproyecto Conga.

54 personas -autoridades del Gobierno Regional, alcaldes de municipalidades provinciales y distritales, líderes sociales y ambientales, y pobladores de la región Cajamarca- que participaron en las movilizaciones contra el Megaproyecto Conga en el 2011, que fueron denunciados y procesados como autores intelectuales de delitos como extorsión agravada, disturbios, entorpecimiento de servicios públicos entre otros delitos, han quedado recientemente liberados de los cargos tras un largo proceso judicial de casi seis años.

El Poder Judicial ha declarado el archivo del caso por sobreseimiento, tras señalar que no se ha podido probar la perpetración de estos delitos ni la participación de los imputados.

Las pruebas que el Ministerio Público presentó en un inicio para formular la acusación solo estaban constituidas por videos donde los líderes y autoridades expresaban en diversos discursos su llamado a las movilizaciones pacíficas tras sustentar su oposición al proyecto Conga que pretendía afectar fuentes naturales de agua y devastar amplias áreas de las jalcas cajamarquinas. Las protestas se iniciaron el 24 de noviembre del 2011, logrando abarcar las 13 provincias de la región de Cajamarca.

En este proceso habían sido comprendidas las autoridades de ese entonces, el Presidente Regional, Gregorio Santos Guerrero, el Alcalde Provincial, Ramiro Bardales y alcaldes municipales y provinciales.

Proceso sin sustento

“El proceso judicial seguido contra las autoridades, líderes sociales y ambientales y población no tenía ningún sustento, preocupaba por ello, debido no solo a que era la manifestación de la criminalización de la protesta social, sino un serio atentado contra la libertad de expresión”, refirió la abogada, Mirtha Vásquez Chuquilín, defensora de varios líderes ambientales y autoridades procesadas en este caso.

Entre los denunciados estuvieron: Gregorio Santos Guerrero, ex Presidente Regional de Cajamarca; Alcaldes de diversas provincias y distritos de aquel entonces, como Ramiro Bardales (Alcalde provincial de Cajamarca), Jorge Vásquez Bazan (Alcalde de la Encañada), Hernán Vásquez Saavedra (Alcalde de Bambamarca), Juan Aranda Crisologo (Alcalde de San Juan), entre otros; también se encontraban comprendidos en la investigación Edy Benavides Ruiz, actual Alcalde de Bambamarca, Marco Arana Zegarra, actual Congresista; Sergio Sanchez Ibañez, Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional, Carmela Sifuentes, Presidenta de la CGTP, entre más autoridades y líderes sociales y ambientales.

Autoría intelectual

Fue el Estado Peruano, a través de la Procuraduría y a partir de las denuncias de los asesores legales de Minera Yanacocha, quien denunció a estas 54 personas por tales delitos, atribuyendoles ‘Autoría Intelectual’ de los hechos, imputándoles el haber manipulado a la población para movilizarse y causar disturbios cuando lo que hacían era movilizarse pacíficamente para impedir la imposición del Proyecto Minero Conga. Con esto termina casi 6 años de proceso que afectaba la tranquilidad de estos líderes y los exponía a una condena efectiva.

Fuente y Fotos: GRUFIDES

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Familia Chaupe Acuña cuestiona que Newmont busque dialogar cuando Yanacocha continúa con acciones violentas

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A TRAVÉS DE UNA CARTA PÚBLICA

  • Empresa minera presiona hacia un diálogo con funcionarios prepotentes que han actuado en contra de Máxima Acuña y sus otros familiares

La familia Chaupe Acuña dirigió una carta a Newmont –accionista mayoritaria Yanacocha– pidiendo que cesen los actos de hostilidad y cumplan con las recomendaciones del informe RESOLVE para dar solución al conflicto que mantienen ambas partes por el predio «Tragadero grande”, ubicado en Celendín (Cajamarca).

“Pensamos que producto de los resultados del informe RESOLVE, Newmont cambiaría su enfoque luego de aplicar algunas recomendaciones, como hacer na evaluación de riesgos específicos del caso, realizar un análisis de causa a raíz del conflicto de Tragadero grande; y hacer una investigación exhaustiva de los problemas de seguridad que son motivo de nuestra preocupación”, expresaron.

Empresa presiona con “diálogo”

En la carta dirigida al Presidente de Newmont Mining, David Goldberg, los Chaupe Acuña, cuestionan que la minera haya buscado dialogar con ellos de manera informal y con actos de agresión de por medio a cargo de algunos funcionarios de Yanacocha, como: Raúl Farfan (vocero de la empresa), Carlos Mercado y Héctor Zegarra.

“Estamos experimentando, en los últimos meses, es un insistente y forzado intento de acercamiento hacia nosotros, usando para ello a los peores interlocutores, los propios funcionarios responsables del mal manejo de este conflicto. Los que han dirigido y sostienen los ataques contra nuestra familia, tanto físicos, psicológicos, como mediáticos”, refieren.

Mirtha Vásquez, abogada de los Chaupe Acuña, indicó que el 5 de noviembre pasado, estos altos funcionarios de la empresa se acercaron a la casa de la familia, donde fueron escuchados. En esta reunión los representantes de Yanacocha insistieron sobre la adquisición del terreno, que para esta familia campesina es innegociable.

“La empresa ha enviado dos cartas – a mí y a Máxima- con el fin de dialogar. El problema es que desde entonces vienen presionando e insistiendo día a día para concretar otra reunión, lo cual constituye también un acto de presión y hostigamiento. Esta no es la manera de propiciar un acercamiento”, dijo la directora del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES).

Ante ello, la familia manifiesta que precisamente son estos funcionarios los que siguen presionando, de manera confrontacional y agresiva, para llevar a cabo un diálogo.

“Sin duda algunos de estos funcionarios han sido los causantes de que el conflicto llegue hasta su estado actual, y hoy continúan empeorando la situación”, señalan a Newmont.

En ese sentido, Mirtha Vásquez, quien también ha sufrido actos de hostigamiento por ejercer la defensa del caso de Máxima Chaupe, aclaró que hasta el momento no existe ningún diálogo iniciado con Yanacocha, ya que, hasta el momento, no se han establecido los puntos a conversar.

“La empresa debe comprender que este tema va más allá de una transacción comercial. En este caso se han trasgredido los derechos humanos de la familia. Si el diálogo que plantea la empresa va por negociar en base al terreno, no se llegará a nada, porque el terreno no está en venta, ni en posición de intercambio”, aseveró.

Asimismo, los Chaupe Acuña pidieron que la trasnacional, especifique bajo qué puntos pretende entablar un diálogo con ellos.

“Escribimos esta carta a la máxima autoridad de Newmont para pedirle que, mediante una comunicación clara, precisa y pública, nos exprese cuales son los puntos sobre los que Newmont desea dialogar con nuestra familia”, solicita Máxima Acuña junto a su esposo Jaime Chaupe.

En gran parte de la carta dirigida a Goldberg, Máxima y su esposo Jaime, le recordaron el resultado del informe RESOLVE, a cargo de la Misión Independiente de Constatación de los hechos de Yanacocha, que Newmont contrató para recopilar información sobre su caso. Específicamente lo referido a violaciones a derechos humanos.

“Lamentamos que el informe, a pesar de todas las importantes constataciones que hace, incluyendo el registro del uso sistemático de la fuerza contra nosotros, concluya ambiguamente en que no existen evidencias de violación de derechos humanos, aunque señale que sí existe riesgo sobre los mismos”, manifiestan los esposo Chaupe Acuña.

Fuente: Carta abierta a Newmont Mining

Foto: Gabriela Delgado

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Piden que ONU interceda para otorgar garantías a Máxima Acuña y Mirtha Vásquez

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DESDE LATINOAMÉRICA
• Mujeres denuncian que proyectos extractivos generan violencia
• Petición fue firmada por 15 mil personas de varios países en el mundo

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales pidió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), interceda ante el gobierno del Perú, para que se otorguen garantías a Máxima Acuña y su abogada Mirtha Vásquez.

En el día internacional de la no violencia contra la mujer (25 de noviembre, último), este colectivo femenino internacional presentó una petición firmada por 15 mil personas de todo el mundo para pedir por la seguridad de todas las defensoras de la tierra y la vida en América Latina.

En la carta, se denuncia cómo es que los proyectos extractivos, y en particular las actividades mineras, están generando violencia con el cuerpo y el territorio, donde habitan mujeres indígenas que vienen denunciado y defendiendo ante la vulneración de derechos sociales y ambientales.

Esta entrega de petición, se hizo en cada una de las sedes de la ONU en Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, México, Uruguay, Colombia, El Salvador, Honduras, Perú. Próximamente serán entregadas en Panamá y en otros países.

En la carta a dirigida a Naciones Unidas se resalta que las mujeres son las más afectadas por las economías extractivistas. “Estamos expuestas a diversas formas de violencia que causan las actividades extractivas: agresiones físicas, sexuales y psicológicas que ponen en riesgo sus vidas, sus cuerpos y sus territorios; contaminación que afecta a su salud; criminalización que afecta a su integridad; y despojo de sus territorios”, indican.

En el caso de Máxima Acuña, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, recordó a la ONU que, desde hace 4 años, Máxima Acuña y toda su familia han sufrido un claro hostigamiento por parte de la empresa minera Yanacocha, a causa de la disputa legal que mantiene por la posesión del predio Tragadero Grande.

“La familia quiere utilizar su tierra para desarrollar la agricultura, la ganadería y sobre todo para continuar en relación directa con la Madre Tierra. Distintas organizaciones peruanas que les apoyan en su resistencia denuncian la vigilancia extrema incluso con cámaras y hasta drones, ataques a sus animales y hasta retiro de sus cosechas de papas sin ningún reparo”, relatan en la carta dirigida a la ONU.

De igual manera refieren el caso de la abogada Mirtha Vásquez, quien también es víctima de intimidación, amenazas y seguimientos tanto ella como a su familia, desde que decidió tomar la defensa legal de la familia Chaupe Acuña. Asimismo, se le remite a la ONU que Vásquez Chuquilin se ha convertido en el blanco de campañas mediáticas de desprestigio y desinformación.

Por la gravedad de los hechos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una serie de medidas cautelares a Mirtha Vásquez y a Máxima Acuña, a fin de que el Estado peruano garantice la integridad de ambas, sin embargo, hasta el momento no se han cumplido.Entre otros casos que marcan la violencia extractivista, se expuso el asesinato de la lideresa indígena, Berta Cáceres, en Honduras en marzo de 2016; los desalojos forzados en medio de militarización y hostigamientos a mujeres y sus pueblos indígenas en Ecuador para implantar actividades mineras; el dejar sin agua y en condiciones de alta contaminación minera a comunidades enteras en Bolivia; los atentados con armas de fuego a la vida de mujeres por defender el territorio en Guatemala, etc.

“Las organizaciones, instituciones y personas firmantes de esta petición nos dirigimos a los gobiernos de América Latina, para denunciar y exigir el cese inmediato de toda forma de violencia contra las mujeres, y pedimos medidas efectivas de protección para todas aquellas que se sientan amenazadas”, enfatiza la petición.

DATO:
La campaña de firmas virtuales fue impulsada por la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales en coordinación con Salva la Selva desde su sitio web www.salvalaselva.org con mucha interacción de personas de diferentes países, que al conocer los ejemplos de violencia contra las mujeres por actividades mineras se sumaron a la petición con una firma.

Fuente: Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales

Foto: SERVINDI

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Ganadores del Premio Goldman piden que gobierno peruano garantice integridad de Máxima Acuña

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  • Por medio de un comunicado expresaron su solidaridad con la campesina y su familia tras última irrupción de minera Yanacocha
  • Medida cautelar de la CIDH que protege a Acuña sigue sin implementarse en el Perú

La comunidad de ganadores del Goldman Prize, publicó el comunicado «Ganadores del premio Goldman se levantan con Máxima», en el que mostraron su solidaridad a Máxima Chaupe y pidieron que el gobierno del Perú tome las medidas necesarias para garantizar la integridad de la vida de Máxima Acuña y su familia, que se ve amenazada por los constantes ataques del personal de seguridad contratado por la empresa minera Yanacocha.

Este documento, fue firmado por 73 activistas de todo el mundo, que fueron galardonados con la Fundación Goldman en los último 25 años (1991-2016).

«Urge que el gobierno peruano garantice la seguridad de Acuña y su familia, incluyendo su derecho a vivir en su tierra. Sus derechos humanos deben ser respetados. Tal como lo indica la Constitución peruana, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, señala el comunicado publicado en la página web de Goldman Prize.

Asimismo, los ganadores del Goldman, apelaron a la última disposición de la Corte Internacional de La Haya sobre compañías, políticos y otros individuos por delitos relacionados «al acaparamiento de tierras y destrucción del ambiente».

De igual modo dirigieron este pronunciamiento a la trasnacional aurífera, Newmont, al ser principal accionista del proyecto minero Conga. Para ello mencionaron que Newmont, en su calidad de integrante del Consejo Internacional de Minería y Metalurgia (ICMM, siglas en inglés), debe sostener uno de sus diez principios, que consiste en «aplicar prácticas comerciales éticas» para apoyar el desarrollo sostenible.

«Denunciamos cualquier acto de violencia que ha sido llevado a cabo contra la señora Acuña y su familia, y pedimos a Newmont (empresa que conforma la minera Yanacocha) y sus subsidiarios (Buenaventura) retirar inmediatamente sus contratados de seguridad que rodean la propiedad de la señora Acuña. Igualmente, pedimos cesar todo tipo de acoso e intimidación, incluyendo alguna acción legal contra Máxima, la familia Chaupe, u otros miembros de la comunidad», enfatizaron activistas de varios rincones del mundo.

En el documento, los firmantes se mostraron «indignados» por todas acciones perpetradas por la minera Yanacocha, que sigue justificando sus acciones en su derecho a la defensa posesoria, actos que los activistas calificaron como «intento de acoso para forzarla a dejar su casa en Tragadero Grande» con el objetivo «de intentar desarrollar el proyecto Conga».

“Nos levantamos junto con Máxima y su familia en su derecho de defender los páramos y las fuentes de agua de Cajamarca, y de todos los peruanos que sufren los estragos de la minería irresponsable con el medio ambiente y las personas”, manifestaron.

Fuente / Foto: Goldman Evironmental Prize

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Informe ignoró pruebas presentadas ante la CIDH sobre violaciones a los derechos humanos de familia Chaupe Acuña

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EN PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS
• Consultoría financiada por Newmont señala que no existen pruebas concretas en contra de Yanacocha pese a medida cautelar de la CIDH
• Se concluye que empresa minera no persistió en mantener diálogo continuo con la familia Chaupe

RED MUQUI advirtió que en los resultados del Informe “independiente” de la consultora RESOLVE*, que fue encargado y financiado por la trasnacional minera Newmont, se ignoran las pruebas que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir la medida cautelar (Nº 452-11), que obliga al Estado Peruano proteger y garantizar la vida e integridad personal de la familia Chaupe Acuña.

Entre los hallazgos que la Misión Independiente de Constatación de los hechos de Yanacocha, recogió entre agosto de 2015 y marzo de 2016, no se consideran los elementos de prueba que se presentó ante la CIDH, y más bien concluye que no existen pruebas concretas de violaciones de derechos humanos por parte de la minera Yanacocha.

“Es incoherente desconocer como hallazgo importante a la medida cautela que la CIDH dictó en este caso. El informe encargado por Newmont también olvidadó que hace unos meses, el propio Estado le otorgó garantías a Máxima y su familia; además tampoco menciona que la medida cautelar todavía requiere ser debidamente implementada por el Estado. Todo esto surge a raíz de las agresiones e incursiones realizadas por la empresa en los cultivos de Máxima Chaupe y su familia”, recordó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de RED MUQUI.

En ese sentido RED MUQUI cuestionó los criterios para establecer violaciones a los derechos humanos, de quienes elaboraron el Informe Tragadero Grande: Tierra, derechos humanos y normas internacionales en el conflicto entre la familia Chaupe y Minera Yanacocha. (YIFFM, por sus siglas en inglés).

¿Por qué un informe?

En mayo de 2015, Newmont le encargó a esta misión examinar el conflicto que generó tras la disputa que mantienen con la familia Chaupe, por la posesión de la parcela de tierra denominada “Tragadero Grande” (Ubicada dentro de la Comunidad Campesina de Sorochuco).

Según señala la trasnacional –accionista mayoritaria de Yanacocha– decidieron contratar la elaboración de este informe ante las “persistentes acusaciones por parte de la familia y de ONGs locales, nacionales e internacionales, hacia Minera Yanacocha, por haber estado implicada en violaciones de derechos humanos, como parte de la disputa de tierras”.

Es así que encargaron le encargaron a Tim Martin (ex embajador de Canadá), liderar esta Misión que tuvo como labor, examinar tres aristas del problema: el proceso de adquisición de tierras por parte de Minera Yanacocha, las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas contra la familia Chaupe y el cumplimiento de Minera Yanacocha de las políticas y normas internacionales propias de Newmont.

La Misión insiste en que no tuvo por objeto llegar a una conclusión sobre la validez de los derechos de posesión, ni ofrecer una resolución legal respecto a potenciales violaciones de derechos humanos, ya que todo esto solo puede ser determinado por cortes judiciales o acuerdos negociados entre las partes. “La misión no es una investigación judicial. La información recogida no va a reunir los estándares para constituir evidencia judicial. No tiene como fin afectar procesos judiciales”, aclaró RESOLVE.

Vulneración de derechos

En este rubro, el informe de la Misión concluye que Yanacocha no realizó una adecuada diligencia en materia de derechos humanos, lo cual representa uno de los factores que contribuyó a una situación en la que los derechos humanos de la familia se pusieron en riesgo durante este conflicto. Pero en otra conclusión, el informe señala que no existe evidencia concluyente de que Minera Yanacocha cometiera “violaciones de derechos humanos”.

Adquisición de tierras

Respecto a este punto, el informe YIFFM, deja en el aire la información sobre la venta previa de los derechos de posesión de Tragadero Grande, ya que se realizó en la década de los 90 (1996 y 1997), por lo que resulta es compleja y no concluyente.

Asimismo, RESOLVE puntualiza que el proceso general de adquisición de tierras desde Yanacocha fue razonable. No obstante, para RED MUQUI, en el informe no se muestra de qué manera se llevó a cabo el proceso de transferencia de tierras a la empresa por parte de la Comunidad Campesina de Sorochuco; si la decisión fue tomada en Asamblea Comunal en un día y hora determinados, con votación de los comuneros calificados y que estaban en el padrón comunal; o si Yanacocha brindó información suficiente a dicha comunidad para que tome una decisión adecuada (de venta), entre otras cuestiones.

“No está claro cómo es que la Comunidad Campesina decidió acordar la venta. RESOLVE solo muestra como hallazgo, la declaración del Presidente de la Comunidad y con ello no se puede definir la legalidad y legitimidad del proceso”, acotó Jahncke Benavente.

Cumplimiento de estándares Newmont

Cabe remarcar que Newmont es miembro fundador del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) cuyos lineamientos corporativos se basan en Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas (UNGP, por sus siglas en inglés) y los Principios Voluntarios. Algo que los realizadores del informe, reconocen.

«Los requisitos de las políticas internacionales y de Newmont para el diálogo en la solución de controversias no se satisficieron en el caso Chaupe. Ha habido un retraso para encontrar un camino a la solución debido a una estrategia que priorizó el litigio sobre el diálogo”, puntualizan.

Asimismo, el informe señala la falta de una evaluación de riesgos específica para el caso (con los Chaupe Acuña), un análisis sobre las causas del conflicto y una investigación integral de los asuntos de seguridad.

Respuesta de la minera

El vicepresidente, gerente general y Asuntos Corporativos de Yanacocha, Javier Velarde, insistió en que la empresa minera ha buscado permanente un diálogo con los Chaupe Acuña, sin embargo, se perpetró otro ataque contra Máxima Acuña, y su esposo Jaime, el último 18 de setiembre. Velarde tomó el informe pagado por Newmont como otro punto de vista sobre el problema.

“Algunas de las conclusiones del informe no corresponden con nuestra visión del conflicto, pero reconocemos que debemos estar abiertos a comprender todos los puntos de vista involucrados, para superar el estancamiento actual. Confiamos en que este proceso –que ha durado un año y medio– y el informe final abrirán caminos para iniciar un diálogo con la familia Chaupe, el que hemos estado buscando desde hace unos meses para resolver finalmente la disputa con Yanacocha”, indicó.

DATOS:

  • *El recojo de información y realización del informe fue supervisado RESOLVE, organización sin fines de lucro dedicada a la construcción del consenso multisectorial. Newmont financió las actividades de la Misión con todos los fondos del proyecto transferidos a RESOLVE.
  • El equipo de la misión estuvo compuesto por las siguientes personas: Tim Martin, Director; Myriam Montalvo-Méndez, y Miguel Cervantes Rodríguez, miembros del equipo; Dana Goodson, Asesora en Políticas.
  • La adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido durante más de 30 años un mecanismo para la defensa preventiva de violaciones a los derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
  • Newmont es un productor líder de oro y cobre, cuyas operaciones se realizan principalmente en los Estados Unidos, Australia, Ghana, Perú, Indonesia y Surinam.

Fuente: Informe Yanacocha Independent Fact Finding Mission / RESOLVE / Yanacocha.com

Foto: Gabriela Delgado RED MUQUI / eltecolote.org / lamula.pe 

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Bambamarca-Hualgayoc espera que gobierno firme declaratoria de emergencia ambiental de la provincia

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EN ESTA SEMANA

  • Hace dos meses se formó mesa técnica conformada por distritos y autoridades
  • GORE Cajamarca informó al Minam sobre situación de más de 800 pasivos ambientales mineros

Una delegación de los diferentes distritos de Bambamarca-Hualgayoc llega a Lima este lunes para solicitar al Ministerio del Ambiente (Minam), la declaratoria de emergencia que debió firmarse hace más de dos meses para comenzar el plan de remediación de pasivos ambientales en esta provincia de Cajamarca.

Así lo anunció, Sergio Sánchez, Gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Renama) de Cajamarca, quien además sostuvo (este jueves 22) una reunión con el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre Chang, para presentarle un informe sobre los 800 pasivos ambientales mineros que persisten en la zona.

“Nosotros como Gobierno Regional (GORE) hemos entregado documentación al viceministro Alegre, la cual se han comprometido a revisar hasta el día martes 27. Según nos respondieron, de acuerdo a ello, el sector tomará la decisión de declarar en emergencia ambiental a la provincia de Bambamarca-Hualgayoc”, comentó a RED MUQUI.

En ese sentido, Sánchez aclaró que en esta gestión de reuniones con los funcionarios del Ministerio del Ambiente (Minam), no se ha pedido ninguna partida de dinero al Estado, y que ese no ha sido el fin de la declaratoria de emergencia en la zona.

“Lo que queremos lograr es una articulación con todos los sectores del Estado con atención estricta a Cajamarca. Para ello solicitamos poner en marcha el plan de trabajo que se formuló dos meses atrás (julio) y así, determinar en cuánto tiempo se pueden tener algunas zonas remediadas y recuperadas”, puntualizó el representante ambiental del GORE Cajamarca.

Sánchez recordó al Minam, que luego de trabajar en mesas técnicas durante dos meses, el exministro del sector, Manuel Pulgar Vidal, se negó a que se declare en emergencia ambiental esta provincia cajamarquina que soporta casi 1000 pasivos ambientales, proveniente de la actividad minera.

“El 11 de julio se esperaba esta resolución de declaratoria. A ello se había comprometido el sector durante el gobierno anterior”, señaló.

Desde la conformación de una mesa técnica (26 de mayo) se llevaron a cabo varias reuniones en las que se acordó establecer la declaratoria de Emergencia Ambiental, establecer un plan de Remediación de las 973 zonas contaminadas, así como la elaboración de un estudio que evalúe donde colocar plantas de descontaminación.

Presupuesto

Respecto a la asignación de 65 millones de soles para el seguimiento técnico y financiero de los procesos de remediación de los programas de adecuación y manejo ambiental; Sánchez refirió que hace dos semanas (lunes 12 de setiembre), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) transfirió 45 millones de soles a la subsidiaria “Activos mineros”, encargada de la remediación de los pasivos ambientales en la zona.

“En octubre comienza el proceso de licitación con este dinero transferido. Cabe aclarar que este presupuesto (65 millones de soles) corresponde a la remediación de los pasivos ambientales “huérfanos”, es decir, los que corresponden a minas abandonadas desde hace varios años y que están bajo la responsabilidad del Estado”, indicó a RED MUQUI.

Sánchez explicó que este presupuesto a cargo del MEM solo cubre la remediación de 173 pasivos ambientales, los otros 800 existentes en la provincia corresponden íntegramente a las empresas mineras que siguen activas. Es por ello que no se está pidiendo ningún presupuesto extra al Ejecutivo, tan solo el Estado de Emergencia.7

DATOS

  • En mayo de este año, la población de Bambamarca acató un paro provincial de 9 días en reclamo a la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros en la zona (973) que han afectado los ríos Tingo – Maygasbamba y Hualgayoc – Arascorgue.
  • Desde hace décadas las autoridades locales reclaman el haber encontrado plomo en la sangre en varios pobladores y contaminación de nacientes de recursos hídricos, debido a la expansión minera indiscriminada.

Fotos: La República / RED MUQUI / Radio Coremarca

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Último ataque a Máxima Acuña demuestra que Ley N° 30230 y Paquetazos Normativos facilitan violaciones de derechos

RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. Lamentamos que nuevamente, el personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha haya perpetrado una acción de violencia contra Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe, el 18 de setiembre último. En un comunicado público dicha empresa reconoce haber ingresado a las tierras de los Chaupe Acuña con el fin de remover “unos sembríos ubicados en un área de 200 metros cuadrados“.

2. En un video difundido por la propia empresa Yanacocha, se puede ver como un contingente de alrededor de veinte miembros de seguridad -provistos de escudos y armas disuasivas contundentes- cruzan el cerco perimétrico establecido por la propia empresa minera, que delimita sus tierras, respecto a la propiedad de los Chaupe Acuña.

3. En la grabación se aprecia la fuerza desmedida y desigual que ejerce la seguridad de la empresa minera contra los esfuerzos de Máxima Acuña y su esposo quienes, estando solos, tratan de defender lo que consideran suyo. Como consecuencia la pareja de campesinos termina con severas lesiones, las mismas que han llevado a que ambos sean evaluados y diagnosticados como policontusos. Sobre estos hechos la Defensoría del Pueblo ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público.

4. Exigimos al Ministerio Público que investigue a profundidad y con la debida celeridad y transparencia lo sucedido, y denuncie a quienes resultaran responsables.

5. Nos sumamos a la invocación de la Defensoría del Pueblo, y exigimos al Estado peruano que respete sus obligaciones internacionales, cumpliendo con la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de Máxima Acuña. El Estado debe brindar las garantías y seguridad necesaria a ella y su familia, para evitar que la empresa minera Yanacocha y la empresa que le brinda servicios de seguridad, sigan ejerciendo actos de violencia en su contra, afectando sus derechos a la integridad personal y a la salud.

6. Hacemos de público conocimiento que la acción prepotente ejercida por la empresa minera y la empresa que le brinda servicios de seguridad es favorecida por la Ley N° 30230, norma que forma parte de los paquetazos normativos aprobados entre el 2013-2015. Esta norma, mediante sus artículos 65, 66 y 67, modificaron el artículo 920 del Código Civil respecto a la defensa extrajudicial de la posesión, de la que hace mención la empresa minera Yanacocha en su comunicado para sustentar su acción violenta.

7. RED MUQUI y GRUFIDES, en su momento, denunciamos el peligro de ésta normativa al indicar que permite la “recuperación rápida e inmediata de la posesión”1, sin necesidad de recurrir a la autoridad judicial, permitiendo el uso de la fuerza, o ejerciendo “la justicia por mano propia”. Así ha ocurrido en este caso. Teniendo Máxima Acuña documentos que acreditan la legalidad de su posesión y más aún, encontrándose judicializado el caso, minera Yanacocha ejerce el uso de la fuerza, sin tener ningún tipo de mandato judicial que la ampare.

8. Finalmente, el acto de violencia sufrido por Máxima Acuña y su esposo a través de la aplicación de la “defensa posesoria”, es sólo un ejemplo de las múltiples violaciones de derechos que las normas de los paquetazos normativos (aprobados y promulgados entre el 2013 y el 2015) pueden ocasionar. Por ello demandamos al Poder Legislativo la necesidad de derogar las Leyes N° 30230, N° 30327 y el D.S. N° 001-2015-EM, entre otras normativas, que consideramos lesivas a los derechos fundamentales, y que solo están generando mayor conflictividad social con su aplicación.

Lima, 19 de setiembre de 2016

 

1. En “Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú –Análisis”, 2015. RED MUQUI y GRUFIDES.

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Seguridad de minera Yanacocha agrede a Máxima Acuña y destruye sembríos en su terreno

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DÍAS DESPUÉS DE VIGILAR A LA FAMILIA

  • Defensoría denunció hecho ante Ministerio Público y hará seguimiento a medida cautelar a favor de Máxima
  • Médicos confirman diagnóstico policontuso tras agresión a la ganadora del Golden Prize

El día de ayer (domingo 18 de setiembre), aproximadamente a las 9.30 de la mañana. La familia Chaupe Acuña reportó un nuevo ataque por parte de la empresa minera Yanacocha. Esta vez la agredida fue la propia Máxima Acuña, quien se encontraba sola en casa junto a su esposo Jaime ese día.

Personal de la empresa irrumpió sin ninguna autorización al predio y empezaron a destruir los sembríos de papa y ollucos que anteriormente también fueron removidos por órdenes de Yanacocha. Ante esta situación Máxima se acercó a reclamar este nuevo atropello, y al tratar de conversar con el personal de la minera, fue agredida por los de seguridad.

“La empresa minera ha entrado al Tragadero Grande, el terreno que tenemos en litigio. Mi mamá se acercó a preguntarles porqué están entrando y a conocer de quienes se trataba, es ahí donde la seguridad la ha golpeado para impedir que se acerque a estas personas. Algunos de ellos la han tomado de los brazos y le han desabotonado de la blusa. Mi mamá tiene heridas en los brazos, en el pecho y las piernas”, relató Isidora Chaupe, hija mayor de la pareja.

Mientras tanto, Jaime Chaupe no pudo ser “atrapado” por el contingente de 80 personas, entre policías, comuneros del lugar, personal de seguridad e ingenieros de la empresa. Lamentablemente, el esposo de Máxima no puedo hacer nada por ella.

“Desde el día miércoles han estado vigilando para ver cuántas personas están en la casa para ver si se pueden defender. Han comprobado que mi mamá y mi papá han estado solos el día domingo para entrar”, aseguró Isidora Chaupe mientras atendían a su madre en una clínica local de Cajamarca.

Traslado a una clínica

Isidora narró a medios internacionales que cerca al mediodía, un policía del distrito Huasmín (Celendín, Cajamarca) pasaba cumpliendo su rutina, cuando el esposo de Máxima le pidió prestado su celular para comunicarse con ella. “Mi papá me pidió que enviáramos una movilidad para trasladar a mi mamá porque estaba grave”, añadió.

Tras cuatro horas de viaje, la ganadora del Goldman Prize fue trasladada a una clínica en la ciudad de Cajamarca en donde confirmó que fue agredida por personal de la empresa que pretendió ingresar a su propiedad. El periodista cajamarquino, Juan Chillón, pudo recoger escasas declaraciones que fueron publicadas en la cuenta del Facebook del portal Wayka.

«Me han aventado, me han empujado. Me han agarrado del brazo, me han jaloneado y en mi mano me han dado con la escoba. De acá me han cogido (el hombro) y me duele (…) casi me han desnudado. Me duele»

“En estos momentos está imposibilitada, porque le ataca el corazón y le duele el cuerpo por los golpes”, refirió Isidora Chaupe sobre el estado actual de su madre.

Defensoría presente

Cabe mencionar que representantes de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca, acompañaron a Máxima Chaupe apenas llegó a la ciudad. Agustín Fernando Moreno Díaz, declaró a Portafolio periodístico de Cajamarca, que este hecho ha sido denunciado ante el Ministerio Público, con el fin de que la señora Acuña de Chaupe pase un reconocimiento médico y sea la Fiscalía quien determinen el grado de lesiones.

“Ella tiene mucho dolor. Su diagnóstico, según el médico con el que conversamos, es policontuso. Hemos colocado el caso en manos del Ministerio Público, ellos evaluarán si corresponde una investigación preliminar”, puntualizó.

Asimismo, el representante de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca, recalcó que la agricultora ganadora del Goldman Prize, cuenta con una medida cautelar que busca la garantía de su integridad física.

“La Defensoría ha venido pidiendo bastante información al Ministerio Público y al Ministerio del Interior para ver cómo se ha ido implementando esta medida cautelar. Nos corresponde preguntar al responsable de implementarla, cómo es que se pueden mejorar las acciones de protección y garantía a los derechos de la señora Chaupe”, informó.

La mina responde

En un comunicado difundido el mismo domingo 18, la empresa minera Yanacocha reconoció que removió los sembríos de la familia, y según indicó, estos estuvieron ubicados en un área de 200 metros cuadrados, dentro de la propiedad de Yanacocha y a 300 metros de la casa de los Chaupe Acuña. Nuevamente adujeron que realizaron una defensa posesoria con presencia de su personal de seguridad.

“La empresa está actuando dentro de su propiedad, en firme defensa de sus derechos, y protegiendo la integridad física y los derechos humanos de nuestros trabajadores y los miembros de la familia Chaupe, que no cuentan con autorización judicial para expandir sus actividades en los terrenos de Yanacocha, por lo que la actividad realizada hoy (domingo) responde al cumplimiento estricto de la ley”, señalaron.

En respuesta, la hija mayor de Máxima, dijo que la empresa no cesa en vigilar el predio de sus padres. “Siempre que pueden provocan, en cuanto mi mamá puede defenderse, sacan videos diciendo que ella es la agresora, pero eso es totalmente falso”, aseveró.

DATO

La empresa ha perdido el caso en el Poder Judicial pues Acuña y su esposo probaron con documentos la propiedad de su terreno de 18 hectáreas, adquirido en 1994. Sin embargo, continuamente realiza acciones de intimidación a la familia Chaupe-Acuña, alegando que la familia siembra en su propiedad.

Fuente: Congaconflict / LaMula.pe / Portafolio Periodístico / Yanacocha

Fotos: Facebook Juan Chillón / Captura del YouTube Portafolio Periodístico /YouTube Yanacocha 

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Región Cajamarca otorgó reconocimiento a Máxima Acuña por la defensa de sus tierras y el medio ambiente

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El Gobernador Regional de Cajamarca, Porfirio Medina, fue en encargado de condecorar con la medalla de honor a Máxima Acuña, en reconocimiento a su actitud y fuerza para defender y permanecer en sus tierras frente a la empresa minera Yanacocha que las reclama como propiedad.

La máxima autoridad regional, dijo que esta condecoración se le otorga a una mujer luchadora que ha demostrado, a los cajamarquinos, que la lucha por el agua no es equivocada, y que además la sociedad internacional empieza a reconocerla como una lucha justa.

Esta ceremonia que tuvo lugar en el auditorio del GORE Cajamarca, también se realizó para felicitar a Máxima Acuña por haber obtenido el premio Goldman 2016, fundación internacional que la ha colocado como una líder social a nivel mundial, debido a su destacada y tenaz defensa del medioambiente.

“Para nosotros es una alegría inmensa tener a una cajamarquina y todavía de un lugar muy apartado, que haya logrado recibir uno de los máximos galardones del planeta”, expresó el gobernador regional.

“Esta lucha no es para una sola persona, es para todo el pueblo. Yo confirmo mi resistencia, no como la empresa que me recrimina que soy una mujer que quiere dinero… Les pido compañeros tomar conciencia y seguir en pie de lucha. Porque la cosa más valiosa que Dios nos dio es la tierra y el agua. ¿Porque si no hay tierra, si no hay agua qué vida vamos a tener?”, manifestó Acuña tras recibir la medalla de honor.

Inversión sin abusos

Durante la ceremonia, el gobernador Regional de Cajamarca, Porfirio Medina, aseguró ser un un gobernante creyente y promotor de las inversiones privadas., siempre y cuando estas no afecten los derechos de las personas y la vida de los cajamarquinos.

“Nunca nos hemos opuesto, ni nos opondremos al capital, a las inversiones, bienvenido sea el capital. Nuestra región está llena de inversiones y capitales extranjeros; bienvenido sea el capital. No nos oponemos al capital, nos oponemos al abuso”, señaló.

A su turno Máxima Acuña señaló que con enfrentamiento librado ante la empresa minera Yanacocha no busca beneficios o dinero alguno.

“Yo quisiera decirles que no busco beneficios o dinero, de repente hubiera abandonado mi tierra por un trabajo, por una miseria; lo hago pensando en el pueblo, en el futuro. Pido tomar conciencia y seguir en pie de lucha, por nuestra madre tierra y el agua. Hay que pensar en el futuro”, señaló la activista reconocida con el premio internacional Goldman.

Al término de la ceremonia, Máxima Acuña declaró a la prensa local y fue consultada sobre el destino que le dará al dinero que recibió como parte de su premiación por la Fundación Goldman.

“Aun no lo decido bien, debo conversarlo con mi familia. Parte de ese dinero servirá para seguir llevando los procesos (judiciales) que mantengo con la empresa y para aquellos que se siguen abriendo en mi contra”, indicó.

DATO:

La Medalla de Honor de la Región Cajamarca es la más alta condecoración que se otorga solo a aquellos personas naturales y jurídicas que se distinguen de manera excepcional por su labor cultural, científica, tecnológica, social, deportiva, artística en favor del desarrollo de la región Cajamarca.

 

Foto: Captura YouTube de Portafolio Periodístico

VIDEOS: Portafolio Periodístico / Enlace regional

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